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Revista de derecho (Coquimbo)

versión On-line ISSN 0718-9753

RDUCN v.17 n.2 Coquimbo  2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532010000200014 

Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 17 -N° 2, 2010 pp. 339-343

COMENTARIOS DE BIBLIOGRAFÍA

PICA FLORES, Rodrigo. (2010). Control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley en Chile: Los procesos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de competencia del tribunal constitucional. Santiago: Ediciones Jurídicas de Santiago, 132 pp.

 

La Ley de Reforma Constitucional N° 20.050, de 26 de agosto de 2005, introdujo significativos cambios a la jurisdicción constitucional en nuestro país.

En lo orgánico, aumentó el número de integrantes del Tribunal Constitucional (7 a 10), estableció nuevos requisitos para ser designado ministro, modificó la forma de su generación, estableció la duración del mandato de sus miembros en 9 años con renovación parcial e impuso un estricto estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para los Ministros. Por su parte, la Ley N° 20.390, que modificó la ley orgánica constitucional del tribunal, creó dos cargos de ministros suplentes que se nombran en la forma que dicho cuerpo legal regula.

Junto a lo anterior, inspirado en el propósito de fortalecer la defensa del principio de supremacía constitucional, el Constituyente de 2005 le asignó a la magistratura constitucional nuevas competencias: ejercer el control preventivo y obligatorio de constitucionalidad de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de ley orgánica constitucional, resolver las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones, declarar la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución y resolver la inconstitucionalidad de un precepto legal previamente declarado inaplicable por la magistratura constitucional, entre otras.

Con abonados fundamentos se ha sostenido que la Reforma Constitucional de 2005, tarea que recientemente completó el legislador orgánico, configuró una nueva magistratura constitucional, con mayor legitimidad democrática, que está llamada a resolver una amplia gama de conflictos de constitucionalidad.

La necesidad, pues, de contar con estudios sistemáticos y de rigor científico que expliquen el rol que el supremo guardián de la supremacía constitucional cumple dentro de nuestra institutional! dad, justifican plenamente la obra Control Jurisdiccional de Constitucionalidad de la Ley en Chile: Los procesos de inconstitucionalidad j de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de competencia del Tribunal Constitucional de que es autor el Profesor y Magíster en Derecho Constitucional Rodrigo Pica F., quién además, como testigo privilegiado -en su condición de abogado asistente y relator del Tribunal Constitucional - es un perfecto conocedor de las tendencias jurisprudenciales que fluyen de las decisiones de esa Magistratura.

Con la visión propia del académico, el autor examina un tema central para la jurisdicción constitucional del siglo XXI: el control jurisdiccional de la constitucionalidad de la ley, y lo hace de un modo simple, ordenado, para que el lector quede debidamente informado de las principales cuestiones que suscitan la acción de inaplicabilidad de la ley y la acción de inconstitucionalidad dirigida en contra de un precepto legal previamente declarado inaplicable.

Citando a García de Enterría, el profesor Pica reflexiona que una Constitución sin tribunal que la haga efectiva es una Constitución herida de muerte, que liga su suerte a la del partido en el poder. De allí que se muestre como un decidido defensor del control jurisdiccional de la constitucionalidad de la ley a través del proceso, que sostiene es el medio racional e idóneo de solución de los conflictos constitucionales en una sociedad democrática, aunque observa que la mayor o menor legitimidad de la magistratura constitucional dependerá de la auctoritas que aquella imponga a partir de las sentencias que dicte.

Luego de analizar los orígenes de la jurisdicción constitucional, de destacar las características del conflicto de constitucionalidad de la ley (infracción formal o sustancial, sobre el todo o parte de la norma objeto del examen, de leyes vigentes o proyectos de ley), de distinguir las clases de control (preventivo y represivo, abstracto y concreto), pasa revista a los dos grandes modelos de control (el norteamericano o difuso y el austríaco o kelseniano concentrado), con pertinentes citas a autores que los describen.

El capítulo que sigue lo destina al estudio de la inaplicabilidad en la Carta de 1925: sus orígenes, características, rol que cumplió la Corte Suprema en el ejercicio de la atribución que le fue conferida, son algunos de los tópicos que examina, pero evalúa negativamente el desempeño del máximo Tribunal en el control de la constitucionalidad de preceptos legales, pues afirma que éste renunció a declarar su inaplicabilidad por vicios de forma y porque en la mayoría de los casos aplicó una lógica propia de un tribunal de casación sin comprender cabalmente la esencia que envuelve un conflicto de constitucionalidad.

En base a estas consideraciones justifica que el constituyente de 2005 sustrajera dicha competencia de la Corte Suprema y la traspasara al Tribunal Constitucional, pues de ese modo, sostiene, se garantiza una jurisdicción constitucional concentrada que operará con unidad de criterio y en base a una correcta aplicación de la hermenéutica constitucional.

La creación del Tribunal Constitucional por la reforma de 1970, cuyos antecedentes históricos expone sintéticamente, preceden el estudio del instituto de la inaplicabilidad en el texto primitivo de la Constitución de 1980. Los grandes temas que suscitó la inaplicabilidad en el período 1980-2005 el autor los refiere a la derogación tácita y las leyes preconstitucionales, al carácter abstracto o concreto del recurso, al control de constitucionalidad de preceptos legales por vicios de forma, a la procedencia de la inaplicabilidad respecto de normas ordenatoria litis y si tal declaración podía incidir en gestiones seguidas ante tribunales especiales.

La acción de inaplicabilidad y su regulación en el sistema chileno a partir de la Reforma Constitucional de 2005, preocupan al autor en el apartado que sigue. Luego de estudiar los antecedentes que dieron origen a tan significativa enmienda, para lo cual invoca la historia fidedigna del establecimiento de la nueva preceptiva, observa que su examen es necesario para entender la real dimensión, sentido y alcance del nuevo instituto, que explica y prueba -con citas doctrinarias y jurisprudenciales- difiere sustancialmente de aquél que era de competencia de la Corte Suprema hasta el 26 de febrero de 2006.

En cuanto a las características de la inaplicabilidad en su regulación actual, señala que es una acción de competencia privativa y excluyente del Tribunal Constitucional que persigue una única declaración -que no se aplique un precepto legal en una gestión pendiente- lo que conlleva siempre el ejercicio de un control concreto, al exigírsele a la Magistratura resolver si una probable aplicación del precepto legal produce en ella resultados contrarios a la Constitución, declaración que genera solo efectos inter partes y que puede pronunciarse tanto por vicios de forma como de fondo respecto de preceptos legales, cualquiera sea su naturaleza, cuando lo soliciten las partes de la gestión o el juez de ella, todo lo cual examina con referencia a numerosas y actuales sentencias.

El autor prosigue con el estudio de los requisitos de admisibilidad de la acción que la preceptiva constitucional consulta, materia de singular importancia si se considera el alto número de requerimientos declarados inadmisibles por alguna de las dos salas del tribunal. Los criterios de cuándo se estima que no está razonablemente fundado, los casos en que no se ha acreditado la existencia de una gestión pendiente seguida ante un tribunal ordinario o especial, las situaciones en que se ha considerado que por esta vía se impugnan o pretenden controlar actuaciones judiciales y no los efectos contrarios a la Constitución que en ella puedan producir los preceptos legales que se objetan, o los casos en que se ha resuelto que estos no son decisivos en la resolución del asunto, son algunas de las cuestiones que, con citas a diversos fallos, el autor examina.

El estudio del procedimiento con sujeción al cual debe sustanciarse ante el Tribunal Constitucional el requerimiento de inaplicabilidad constituye uno de los apartados que, necesariamente, deben ser consultados. En éste, el profesor Pica examina las normas específicas de orden procesal que introdujo a la ley orgánica N° 20.390; los requisitos que debe cumplir el libelo, las certificaciones que se deben acompañar, la descripción del rol que cumple cada una de las salas del tribunal en la fase de admisión a trámite del requerimiento, la facultad de solicitar alegatos para discutir sobre la admisibilidad del mismo, las causales de inadmisibilidad y los efectos de la resolución que así lo declare, como las consecuencias de que se acoja a tramitación el requerimiento, el procedimiento que sigue a la declaración de admisibilidad, la vista de la causa, las medidas para mejor resolver que el tribunal puede decretar, el plazo para dictar sentencia, los requisitos que ésta debe cumplir, junto a los efectos especiales que produce la sentencia de inaplicabilidad, son algunas de las cuestiones de índole sustantivo-procesal que el autor pone de relieve para ilustrar sobre la tramitación de la acción de inaplicabilidad.

La acción de inconstitucionalidad, entendida como la potestad del tribunal para declarar inconstitucional in abstracto, con efectos ex nunc y erga omnes un precepto legal ya declarado inaplicable, y que puede ser ejercida de oficio o impulsada por vía de acción pública, es objeto también de acabado estudio por el autor.

Dicha acción, enteramente nueva en nuestro sistema de control de constitucionalidad -que fue creada por el Constituyente de 2005 con el propósito de fortalecer la defensa del principio de supremacía constitucional- ha sido ejercida, a la fecha, en cuatro oportunidades por el Tribunal Constitucional, al declarar la inconstitucionalidad y, por ende, expulsar del ordenamiento jurídico los artículos 116 del Código Tributario (delegación de facultades jurisdiccionales en jueces tributarios) y 171 del Código Sanitario [solve etrepeté), luego de que esa magistratura verificara que en todas las hipótesis posibles de aplicación dichos preceptos legales resultaban totalmente inconciliables con los valores, principios y reglas contenidas en la Carta Fundamental. Pero ha sido desestimada en los casos de los artículos 416 del Código Procesal Penal (fuero parlamentario) y 474 del Código del Trabajo (solve et repeté) al estimar el tribunal que pueden existir situaciones en que la aplicación de tales normas en una gestión pendiente no producen resultados contrarios a la Constitución, o al considerar que de declararse inconstitucionales se generarán efectos más dañosos que su supervivencia en él.

Los antecedentes que dieron origen a la acción de inconstitucionalidad y que el autor refiere al debate que en torno a este instituto tuvo lugar en la CENC, como la discusión parlamentaria que se produjo con ocasión de la Reforma Constitucional de 2005, son registrados por el autor para explicar los fines, naturaleza y características de esta nueva acción.

Los requisitos o presupuestos que se deben cumplir para que el Tribunal declare la inconstitucionalidad de preceptos legales, las características que exhibe este control -abstracto y represivo- junto a una acabada explicación del proceso de inconstitucionalidad: forma de iniciación, admisión a trámite del requerimiento, requisitos del libelo, causales de inadmisibilidad, trámites posteriores a la declaración de admisibilidad, vista de la causa, plazo para dictar sentencia, son algunas de las cuestiones, de índole procesal, que el profesor Pica expone con particular claridad.

Sigue al análisis del marco normativo que regula la acción de inconstitucionalidad, un apartado destinado al estudio de las cuatro sentencias que, en ejercicio de esta nueva atribución, ha dictado ya el Tribunal, lo que exhibe singular interés si se considera que, la doctrina jurisprudencial que en ellas se contiene trasluce el entendimiento y comprensión que la propia magistratura tiene de esta nueva institución.

El examen de algunos criterios de hermenéutica que, como observa el profesor Pica limitan la potestad del tribunal para declarar la inconstitucionalidad de preceptos legales: el de la presunción de constitucionalidad del orden normativo inferior, el de la interpretación de éste conforme a la Constitución, entre otros, junto a un clarificador paralelo que pone de relieve las semejanzas y diferencias de esta institución con la acción de inaplicabilidad cierran esta sección destinada al estudio de la acción de inconstitucionalidad.

Concluye el autor su libro con el análisis de los efectos que producen las sentencias de inaplicabilidad e inconstitucionalidad dictadas por el Tribunal Constitucional que, según se aprecia de su lectura, constituye uno de los temas más polémicos y controvertidos.

Se trata, como se ve, de una obra que comprende el examen de todas las cuestiones que suscitan la acción de inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad, escrita con rigor académico, sin excesos, con abonadas citas doctrinarias y jurisprudenciales, que, para quien tenga interés en el estudio de estas instituciones es de lectura obligada por la completa y actual información que contiene.

Emilio Pfeffer Urquiaga*

Abogado, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales (CHILE). Correo electrónico: emiliopfeffer@pfeffer.cl


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