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Revista de derecho (Coquimbo)

versión On-line ISSN 0718-9753

RDUCN v.17 n.2 Coquimbo  2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532010000200006 

Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 17 -N° 2, 2010 pp. 133-163

ESTUDIOS

CIUDADANÍA Y GÉNERO. REPRESENTACIONES Y CONCEPTUALIZACIONES EN EL PENSAMIENTO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO*

Citizenship and gender. Representations and Conceptualization in Modern and Contemporary thinking

Yanira Zúñiga Añazco**

**Licenciada en Derecho por la Universidad Austral (CHILE) y Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (ESPAÑA). Profesora de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público de la Universidad Austral (CHILE). Correo electrónico: yzuniga@uach.cl


"Hace sighs que las mujeres han servido de espejos dotados de la virtud mágica y deudosa de reflejar ia figura del hombre al doble de su tamaño natural"

"ha independencia intelectual depende de cosas materiales (...) y las mujeres han sido siempre pobres (...) ¡as mujeres han tenido menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses (...) por eso he insistido tanto en la necesidad de tener dinero y un cuarto propio".

Un cuarto Propio, Virginia Woolfi

RESUMEN: El concepto de ciudadanía ha sufrido múltiples mutaciones a lo largo de la historia. En este trabajo voy a considerar dos grandes épocas de evolución de la noción de ciudadanía: a) el tránsito a la modernidad y b) su reconceptualización contemporánea, y sostendré que en ambas épocas la noción de ciudadanía denota el entrecruce entre un fenómeno de pertenencia y un fenómeno de subjetivación social de los individuos. A fin de examinar el proceso de construcción de la ciudadanía femenina, rescataré la forma en que el pensamiento feminista ha representado el problema de la subjetividad en el contexto de la conceptualization de la noción de ciudadanía y su influencia en la emergencia contemporánea de nuevos modelos de ciudadanía (la ciudadanía como empowerment y el modelo de desarrollo humano promovido por el PNUD) para observar las implicancias jurídicas que entrañan estas nuevas propuestas respecto de los derechos de las mujeres. Siendo admitido que la representación simbólica de los hechos tiene altos componentes performativos, es decir, que el discurso tiene un poder instituyente y no sólo "describe" la realidad, sostendré, como hipótesis dependiente, que las dificultades de construcción y garantía de la ciudadanía femenina se explican, en parte, porque sólo muy recientemente la teoría sobre la ciudadanía ha sido permeada por el enfoque ás. género y que, esta nueva base conceptual, debiera presagiar un fututo proceso de subjetivación femenina más efectiva.

PALABRAS CLAVES: Ciudadanía -género - feminismo- desarrollo- capacidades


ABSTRACT: The concept of citizenship has suffered multiple mutations throughout history. In this work I shall consider two great epochs of evolution in the notion of citizenship: a) the passing to modernism, and b) its contemporary new conception. I shall sustain that in both eras the notion of citizenship denotes the crossing of a phenomenon of belonging and a phenomenon of social process of subjectivity among individuals. In order to examine the process of construction of the feminine citizenship, I will reclaim the form in which the feminist thinking has represented the problem of subjectivity in the context of the conceptualization of citizenship and its influence in the contemporary emergency of new models of citizenship (the latter as empowerment and the model of human development promoted by the UNDP) to observe the legal implications contained in these new proposals regarding women's rights. Given that the symbolic representation of the facts has high performance components, this is, that discourse has the power to establish not only to "describe" reality, I shall sustain, as a dependent hypothesis that the construction and guaranty difficulties of the feminine citizenship can be explained in part due to the recent theory that citizenship has been trespassed by the approach of gender and that this new concept should anticipate a more effective future process of feminine subjectivity.

KEY WORDS: Citizenship — gender - feminism- development- capacity


1) LA CIUDADANÍA LIBERAL MODERNA Y LA EXCLUSIÓN FEMENINA

En el tránsito hacia la modernidad, la ciudadanía muta de un modelo primigenio articulado sobre la relación gobierno-subdito al enfoque liberal moderno propuesto por Locke y ligado a la representación y a la participación política. Mientras que el enfoque del subdito estaba centrado en la actividad benevolente del gobierno hacia la sociedad, el modelo moderno de representación y la participación política, dibuja la ligazón entre gobierno y sociedad como una vía de doble sentido donde tanto el gobierno puede influir en los ciudadanos como éstos en el gobierno, en una especie de diálogo o retroalimentación recíproca.

En el modelo moderno de ciudadanía- a diferencia del modelo de ciudadanía de griegos y romanos-, la participación en la decisión de los asuntos públicos resulta intermediada por los representantes de manera de hacer plausible el proyecto de las democracias a gran escala. Esta amalgama entre democracia y representación, sin embargo, no sólo permite el desarrollo democrático en extensos territorios sino que provoca profundas transformaciones en la práctica y el imaginario ciudadano.

Una de las más conocidas es la que describe Constant en su célebre discurso sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. En la ciudadanía moderna el interés de los sujetos se desplaza desde la participación política hacia la autonomía privada. En este sentido Constant apunta que las libertades personales se vuelven inviolables entre los modernos habida cuenta de la pérdida de influencia directa del individuo en la decisión de los asuntos públicos, ya que, en contrapartida, "el objetivo de los modernos es la seguridad en los disfrutes privados"1. Así las cosas, los derechos políticos capturados en la fórmula de la representación, dejan de ser un objetivo en sí mismos para transformarse en el vehículo de ejercicio de los derechos civiles.

Vinculado con lo anterior, la ciudadanía moderna retrata a un individuo ensimismado y despojado de todo atributo social, cuya única característica relevante, a efectos de la asignación de derechos, es su pertenencia a la especie humana. En esta forma de individualismo se ancla la concepción de la universalidad de los derechos como eje del proyecto liberal-moderno que amenaza con difuminar casi por completo la frontera entre el individuo y el ciudadano. Si en la antigüedad y en la edad media, la ciudadanía coincidía con la plenitud de los derechos que puede alcanzar un individuo en el marco de una comunidad política determinada y, como tal, era un estatus de privilegio; en la modernidad, la retórica revolucionaria instalará la idea de que los derechos son atributos del ser humano. En este sentido, como escribe Benhabib "las democracias modernas [...] conciben a sus ciudadanos como consocios derecho habiente. Los derechos de los ciudadanos descansan en los «derechos del hombre»"2.

No obstante, es sabido que la voluntad general está lejos de ser la voluntad de todos, tanto conceptualmente como en los hechos. De un lado, el desarrollo del Estado moderno como un Estado nacional, y la necesidad de dotar al discurso iusfundamental de una eficacia jurídica sólo que solo es posible garantizar a través de la producción normativa estatal, terminarán circunscribiendo la universalidad a las fronteras nacionales. En este sentido, la igualdad democrática moderna ha sido históricamente finita y lo sigue siendo en nuestros días. Este fenómeno es el que Robert Dahl denomina "principio categórico de igualdad3".

Por otra parte, la separación entre la esfera pública de la sociedad civil y política, y la esfera privada de la familia, sellarán un pacto entre democracia y patriarcado, que tendrá por efecto la exclusión de la mitad de la humanidad de la ciudadanía. Efectivamente, hasta bien entrado el siglo XX, época en que se concede generalizadamente el derecho a voto y a la elegibilidad a las mujeres, el pueblo, no será una comunidad cualquiera de individuos sino la asociación política de nacionales de un Estado que reúnen ciertos requisitos entre los que sobresaldrá la pertenencia al sexo masculino. Ya lo auguraba la célebre declaración francesa, L' Homme (en realidad, el varón) y le Citoyen se fundirán en una misma categoría: el sujeto de derechos por antonomasia.

Sin embargo, por sorprendente que parezca, la instalación de una democracia exclusiva en los términos planteados, no afectará la buena salud del ideario universalista. Por el contrario, la convivencia de los dos modelos de atribución de derechos que mencioné más arriba (el ideal-universalista y el real-exclusivo) permitirá contener las tensiones de este diseño. La ciudadanía será concebida predominantemente como una fuente limitada de derechos: los derechos de participación política, mientras que para la asignación del resto de los derechos (a saber, los derechos civiles), la doxa moderna tendrá éxito en difundir la ilusión de la universalidad.

Con todo, este sistema bicéfalo abrigará durante toda su historia varias crisis que terminarán por mostrar que el contrato social estuvo llamado desde su primera estipulación a sufrir sucesivas renegociaciones. Así, la concepción del individuo abstracto, base del modelo de representación moderno, se revelará ciega a las contingencias que afectan a los sujetos concretos (pobreza, ignorancia etc.) y que redundan en mayores o menores grados de pertenencia y de influencia efectiva en la comunidad política de pertenencia. De esta manera, se sentarán las bases para la problematización de la representación a partir de la puesta en entredicho de sus presupuestos teóricos de legitimación. En efecto, si la representación y, más ampliamente la ciudadanía moderna, descansan sobre la participación indirecta de los sujetos en la toma de decisiones, a fin de permitir que éstos puedan preocuparse principalmente de sus propios planes de vida, ergo de su bienestar, resulta que, en la práctica, ésta se vertebra sobre una cierta disfunción o desencaje: determinados grupos de sujetos no sólo permanecen relativamente excluidos de los procesos de toma de decisiones políticas, sino que esas decisiones no les benefician y, al contrario, su bienestar se degrada. Esta paradoja que contribuirá a la eclosión de los derechos sociales, sellará la permanente tirantez, en el bosquejo de la ciudadanía moderna, entre sistema político y sistema económico (Estado y Mercado), y dará paso a una complejización de la ciudadanía en el marco del pensamiento contemporáneo, según revisaremos más adelante.

Pero, sin duda, la exclusión de las mujeres del proceso de individuación igualatoria prometido, encarnará el contrasentido más incómodo del modelo moderno de ciudadanía liberal y, probablemente, el más enquistado. Para la democracia patriarcal, la subjetivación femenina representará una verdadera piedra en el zapato que va ser inicialmente extirpada a través de la "racionalización" de la desigualdad natural y constitutiva entre los dos sexos. La vertebración de la feminidad como única identidad adscriptiva admitida por el pensamiento ilustrado, será el precio que los revolucionarios y sus continuadores pagarán para mantener los privilegios masculinos. Ello requerirá una empresa orquestada de misoginia plasmada en la representación simbólica de la mujer en la literatura, la ciencia y otras formas culturales, cuya influencia se va extender desde las postrimerías del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XX4. Como explica Valcárcel, la idealización romántica de la mujer5 tuvo como contrapartida dejar "a las mujeres reales sin derechos, sin canales para ejercer su autonomía, sin libertad en suma. Sin derechos, sobre sus propiedades, su familia su domicilio, su educación, su trabajo, su matrimonio, su herencia. Y, para hacer bueno todo ello, sin derechos políticos"6.

Afortunadamente, como insinuábamos previamente, la ciudadanía moderna es un proyecto inacabado que va a sufrir mutaciones tendentes a la complejización de su significación, pavimentando el camino para la incardinación de la noción de género en este nuevo entramado. Revisemos, entonces algunos de los elementos en los que se cimienta este recorrido.

2) LA CIUDADANÍA TRIPARTITA DE MARSHALL Y SUS CRITICAS

El influyente ensayo de T.H. Marshall sobre Ciudadanía y Clase Social (1950), inaugura una etapa de complejización contemporánea de la teorización sobre la ciudadanía en que ésta empieza a ser concebida como una condición que confiere a los sujetos derechos y beneficios, así como también ciertas obligaciones. Esta concepción abrirá las puertas para un gradual reemplazo del arquetipo de ciudadano abstracto por un ciudadano concreto, así como para la consideración, cada vez mayor, del Estado como responsable de la satisfacción de ciertas necesidades individuales de contenido económico, las que, correlativamente, adquirirán el status de derechos humanos. Este cambio de enfoque, creará las condiciones para abrir el debate sobre la pertinencia del género como elemento de la ciudadanía.

Como es sabido, T.H Marshall postula que la ciudadanía se edificó históricamente de manera cumulativa dado que los derechos humanos habrían "emergido" paulatinamente por categorías o capas: primero, los derechos civiles, después los derechos políticos y, finalmente, los derechos sociales. Sobre este punto de partida descansa su célebre modelo tripartito de ciudadanía. La ciudadanía en Marshall es, entonces, la pertenencia a una comunidad política organizada, y dicha pertenencia se juzga en función del disfrute por parte de los individuos no sólo de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos sociales, garantizados por el respectivo Estado. La ciudadanía así entendida es una categoría compleja compuesta por tres dimensiones: una dimensión civil, otra política y otra social; que exige, a su turno, la estructuración de equilibrios virtuosos entre Democracia y Estado, por una parte, Capitalismo y Mercado, por la otra, a fin de conciliar la libertad individual con grados crecientes de igualdad social o bienestar7.

Este enfoque de ciudadanía es considerado, en general, como una superación del individualismo inscrito en el modelo liberal moderno de ciudadanía y una apertura hacia la consideración del bienestar como un componente necesario de la idea de ciudadanía. Con todo, la propuesta de Marshall ha recibido críticas tanto como hipótesis histórica del devenir de la ciudadanía,8 como por trasuntar un excesivo optimismo respecto de las posibilidades de articulación de la justicia social en el marco del capitalismo.

Desde la trinchera feminista- que nos interesa aquí especialmente- se ha cuestionado esta propuesta por no considerar adecuadamente a las mujeres en el análisis. Esta ausencia sugeriría que el pensamiento contemporáneo sobre la ciudadanía y la democracia, lo mismo que el pensamiento moderno precedente, es refractario a simbolizar a las mujeres como verdaderas ciudadanas, pese a que desde el período posterior a la segunda guerra mundial, la mayoría de la población femenina mundial forma parte formalmente de esta categoría, a través de la concesión generalizada del derecho a voto y a la elegibilidad9.

En esta línea, el feminismo le ha reprochado a Marshall y a sus continuadores, un doble reduccionismo: a) en primer lugar, un sesgo androcéntrico, dado que su modelo, en el mejor de los casos, sólo daría cuenta del proceso de construcción histórica de la ciudadanía masculina, sin reflejar las particularidades del devenir de la ciudadanía femenina y, b) en segundo lugar, un sesgo metodológico, puesto que reduciría la ciudadanía al análisis de las clases sociales, no incorporando al factor género ni a otros factores de exclusión social, como elementos de análisis relevantes.

En el marco de la primera crítica feminista, Sylvia Walby, entre otras, ha puesto de relieve que los períodos de adquisición de los derechos varían notablemente entre hombres y mujeres, y también entre países en función de los grados de desarrollo económico. Así, en muchos países desarrollados varios decenios han separado la adquisición de derechos políticos de las mujeres en relación con los hombres. En cambio, en muchos países en desarrollo las mujeres han obtenido el derecho al voto al mismo tiempo que los hombres, esto es, al momento de la independencia. Sin embargo, estas mismas mujeres, aún gozando de la ciudadanía política, no se han beneficiado siempre plenamente de la ciudadanía civil puesto que, en muchos casos, no han adquirido el derecho a controlar sus cuerpos, el derecho a divorciarse y/o el derecho a desarrollar una actividad económica libremente. Casos como Afganistán, Irán o, sin ir más lejos, Chile respecto de los derechos sexuales y reproductivos, ilustran actualmente esta disonancia. Y en los países desarrollados, por otra parte, los hombres han obtenido la ciudadanía civil antes que la ciudadanía política, mientras que el recorrido en el caso de las mujeres ha sido el inverso10. Todavía más, la proliferación en la década de los 90 de los sistemas de cuotas así como el surgimiento y popularización de la noción de democracia paritaria en países como Francia y Bélgica, indica que la ciudadanía política femenina continúa en proceso de vertebración.

Tanto en el trabajo del sociólogo inglés como en un abultado número de análisis sobre la ciudadanía, las diferentes fechas de adquisición de los derechos por parte de las poblaciones femeninas no sólo no son consideradas datos relevantes sino que parecen constituir una suerte de anecdotario. Una muestra elocuente de este fenómeno es la tendencia mayoritaria de textos jurídicos especializados (y no tanto) a calificar como fecha de concesión del voto "universal" aquella que corresponde a la concesión del voto general para los varones.

De otro lado, y en relación con la segunda crítica dirigida al enfoque de Marshall, a partir de la década de los 90, trabajos en la línea del feminismo han empezado a cuestionar la idea de que la única particularidad de la ciudadanía femenina sea que ésta ha sido adquirida con posterioridad a la ciudadanía masculina. Esto implica refutar la representación de la ciudadanía como neutra o ajena al sexo de sus titulares; y sostener, en cambio, que la ciudadanía es "sexuada". Esta emergente línea de investigación sugiere que las experiencias diferenciadas de mujeres y hombres, y la posición estructural desventajada de aquéllas, obstaculizan un acceso completo de las mujeres a los derechos que componen la ciudadanía, en especial -y siguiendo la tipología de Marshall-, a los derechos sociales. En este sentido, se ha puesto de relieve que los derechos sociales históricamente han estado ligados a la condición de asalariado en circunstancias de que un grupo ingente de mujeres ejerce trabajo doméstico no remunerado, y que, además, estos derechos han estado y están, en gran medida, atribuidos en función de la unidad familiar y no del individuo. Expresado de otra manera, la ciudadanía social femenina ha dependido generalmente del vínculo matrimonial y/o de la maternidad lo que no ocurre en el caso de los varones11.

En este orden de ideas, Carole Pateman señala que muchas controversias acerca del Estado de bienestar se han resuelto -y continúan resolviéndose- alrededor de la pregunta de los lugares sociales -y tareas respectivas- de varones y mujeres, la estructura del matrimonio, y la relación de poder entre cónyuges, de manera, que resulta imposible comprender la ciudadanía sin observar las relaciones bi-direccionales entre Estado (de bienestar) y mujer, o sea, "la importancia de la mujer para el estado de bienestar, y la importancia del estado de bienestar para la mujer".12 Las políticas sociales del Estado de bienestar han reflejado ordinariamente la estructuración social de género, tomando como eje la división de funciones propia de la familia patriarcal (el hombre, jefe de familia y proveedor y la mujer, la cuidadora) y han restringido la noción de trabajo, al trabajo remunerado. Sobre esta base, se ha entendido que las políticas de bienestar son aquellas que permiten, impulsan o retraen la desmercantilización del trabajo (remunerado), y, en consecuencia, estas políticas han estado enfocadas principalmente a los varones dado que las mujeres nunca han conseguido un derecho a la desmercantilización de su trabajo similar al de los hombres, porque nunca han experimentado el mismo grado de vinculación con el mercado que éstos13.

De ahí que el pensamiento feminista insista en que la definición de ciudadanía no puede prescindir del factor género y que, específicamente en lo relativo a la dimensión social de ella, debiera introducirse la variable del trabajo no remunerado así como reconocer el importante rol de las mujeres como prestadoras de servicios de bienestar a terceros (cuidados de niños, ancianos y enfermos), en sustitución o complementación de los servicios prestados por el Estado14.

3) LA CIUDADANÍA COMO EMPOWERMENT

La interpelación feminista antes referida ha favorecido, en cierta medida, la emergencia de otros modelos de ciudadanía que recogen de manera más adecuada la relación entre género y ciudadanía. En este sentido, puede citarse el enfoque de ciudadanía como empowerment (empoderamiento) o creación neta del poder, que se transformó en uno de los conceptos-bandera del feminismo, después de la inclusión del término en la Declaración de Beijing con ocasión de la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer15.

La noción de empoderamiento surge en la década de los 70 en un contexto de puesta en entredicho del funcionamiento de un buen número de los presupuestos sobre los que se cimentó la modernidad. Entre éstos, a saber: a) el modelo de Estado centralizado, b) la fórmula de la representación cada vez más parapetada en un monopolio de la técnica, y c) la simbolización liberal individualista del sujeto y de la política como simple agregación de intereses, las que empiezan a ser interpeladas por grupos sociales y por ideologías comunitaristas. En este escenario se van a entrecruzar las demandas de más participación democrática en los niveles locales con los reclamos de grupos excluidos, entre los que se situarán los colectivos feministas.

La idea de empoderamiento busca corregir las falencias de la democracia liberal en el marco de una revitalización de la ciudadanía. A este respecto, Friedman subraya que para que la gente se haga cargo de su propio destino, se requiere algo más que la participación política entendida en su acepción tradicional. Este ingrediente adicional estaría sintetizado en la expresión empowerment que literalmente significa hacer surgir poder en un grupo. El poder, así entendido, viene a ser la capacidad para tener un mayor control de las decisiones que afectan la vida de la comunidad o del grupo de pertenencia. Concordante con esta noción, la pobreza o la exclusión social, constituyen una suerte de "desempoderamiento" y no sólo una cuestión de mínimos de ingreso o de consumo como se ha concebido frecuentemente. Obviamente, desde este prisma, economía y política no son compartimentos estancos, sino caras de un mismo fenómeno. En consecuencia, el desarrollo económico no es algo ajeno a las condiciones políticas16.

De esta manera, el empoderamiento está ligado a la participación, a la autonomía y el bienestar ideas todas que forman parte del ideario moderno. Sin embargo, se desmarca de la tradición individualista de atomización de los sujetos al apelar a la colectividad de los procesos de toma de decisiones y reconocer un lugar protagónico a los grupos o colectivos en las dinámicas de poder. En este sentido, Iris Young representa el intento más sobresaliente de desarrollar el concepto de empoderamiento combinando una teoría de la justicia con una teoría sobre la opresión de las mujeres y demás colectivos en desventaja. En su obra La justicia j la política de la diferencia, Young analiza las condiciones institucionales necesarias para desarrollar capacidades individuales para la autodeterminación así como capacidades colectivas en relación con grupos sociales marginales, para influir en la sociedad17. Para Young la opresión tiene cinco dimensiones o caras: a) explotación, b) marginación, c) carencia de poder, d) imperialismo cultural y e) violencia. El empoderamiento se enlaza a la autonomía y se desarrolla en conexión con el ideal normativo de ciudadanía democrática que es capaz de reconciliar la pluralidad.

Puede decirse, entonces, que el empoderamiento, tiene una faceta empírica y otra normativa. La primera supone admitir que las cuestiones distributivas y de construcción de subjetividades, están condicionadas por los contextos sociales e institucionales, de suerte que la opresión o la exclusión de los sujetos no puede comprenderse sino a partir de la noción de grupos sociales. La segunda, que es corolario de la anterior, postula que la articulación de la justicia implica la participación colectiva de los agentes en la toma de decisiones a través de voz y voto eficaces, es decir, supone una concepción de la democracia que descansa sobre la heterogeneidad y se asienta sobre el reconocimiento mutuo y la aceptación de diferencia.18

La ciudadanía como empoderamiento, pincelada aquí a grandes rasgos, puede considerase un cambio de paradigma en relación con la ciudadanía liberal moderna y con el modelo de ciudadanía tripartito de Marshall antes vistos, debido a que presupone un severo quiebre y una interpelación radical de la tradición previa.

Por un lado, busca corregir el acento desmesurado que, tanto en la praxis como en la teoría política, se ha puesto en el paradigma distributivo de la justicia, con lo que, de paso, apunta a devolver a la discusión pública explícita la cuestión de las asimetrías de poder político, esta vez, no sólo en clave de clase social sino en el marco de un contexto más amplio en el que se inserten otros factores de discriminación o exclusión social (género, etnia, religión, inclinación sexual etc.). Por otra parte, promueve la reconversión de una figura atrofiada de ciudadano - el cliente-consumidor que describe Habermas19- a un tipo-ideal de ciudadano participativo, impulsando la transformación de una política definida como el territorio de los expertos a una política de interés y con injerencia de todos los sujetos. En este sentido, la ciudadanía como "''empoderamiento" persigue la recuperación de la esfera agonal y multidimensional del conflicto político, la que, según denuncian varios autores, el pensamiento liberal ha reducido a la mera negociación sobre la distribución de los beneficios sociales entre grupos de interés en el marco de un fenómeno de sacralización del consenso20.

Finalmente, este enfoque busca redefinir la noción de igualdad como piedra basal de la política de bienestar para sustraerla de la influencia del pensamiento binario que coloca igualdad y diferencia en una relación de oposición, y para desprenderla de sus resabios individualistas. Por consiguiente, la ciudadanía como empoderamiento incorpora, como factores cruciales, dos dimensiones que no tenían cabida en los enfoques previos y que se han vuelto parte integrante del debate político reciente: las asimetrías de poder entre grupos y las necesidades de reconocimiento de la diferencia. Nancy Fraser escribe en esta línea que "la lucha por el reconocimiento se está convirtiendo rápidamente en la forma paradigmática de conflicto político en los últimos años del siglo veinte. Las exigencias de "reconocimiento de la diferencia" alimentan las luchas de grupos que se movilizan bajo las banderas de la nacionalidad, la etnia, la 'raza', el género y la sexualidad. En estos conflictos "postsocialistas", la identidad de grupo sustituye a los intereses de clase como mecanismo principal de movilización política. La dominación cultural reemplaza a la explotación como injusticia fundamental. Y el reconocimiento cultural desplaza a la redistribución socioeconómica como remedio a la injusticia y objetivo de la lucha política21.

4) EL ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO DEL PNUD

El enfoque de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se ha elaborado a través de los diferentes informes anuales sobre desarrollo humano que desde 1990 publica el PNUD, es tributario del enfoque de empoderamiento recién visto. Al mismo tiempo, este modelo ha resultado especialmente adecuado para promover la cuestión de género en el marco de la actividad normativa-práctica del sistema de Naciones Unidas, actuando como un verdadero pensamiento en acción. Las razones por las que el género se ha insertado cómodamente en este esquema están relacionadas tanto con coyunturas históricas como con afinidades teóricas.

En relación con las primeras, a partir de la década de los 70 y hasta entrada la década de los 90, las agencias económicas de las Naciones Unidas se concentraron en el examen de las relaciones entre mujer y desarrollo a través de sucesivas aproximaciones teóricas22, como respuesta al fracaso relativo de las estrategias de crecimiento económico. En efecto, el aumento de la desigualdad interna de los países pobres y de la brecha entre éstos y los países desarrollados, desafiaba al paradigma del crecimiento económico como modelo de desarrollo y obligó a buscar un nuevo registro explicativo de este fenómeno. Las necesidades individuales en las que, a poco andar, se insertaron las necesidades de género, se transformaron, entonces, en el nuevo foco de atención.

Como colofón de todo este proceso, el PNUD creó en 1995 dos índices específicos de género: El índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) que es un ajuste del índice general (índice de Desarrollo Humano) en función del género, esto es, un indicador que mide las desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres; y el Índice de Potenciación de Género (IPG), que mide el nivel de oportunidades de participación de las mujeres en los dominios político y económico en relación con los hombres.

En el segundo orden de causas- el de las afinidades conceptuales- los tres grandes elementos que caracterizan al modelo de desarrollo humano promovido por el PNUD, esto es, su énfasis en las personas como razón de ser del desarrollo, el reconocimiento de las diferencias entre grupos humanos y de la existencia de inequidades en el acceso a las oportunidades y los recursos de la sociedad; son también intrínsecos a los planteamientos de género y, por tanto, podría decirse que el tema del desarrollo humano incluye a priori la búsqueda de género. Sin embargo, es en el marco de la conceptualization de la igualdad, en donde la matriz conceptual del modelo de Desarrollo Humano-la teoría de las capacidades- y la teorización feminista, exhiben sus mayores coincidencias.

Como es sabido, la teoría de las capacidades ha sido propuesta y desarrollada por el economista Amartya Sen quien ha elaborado una línea de investigación sobre las relaciones recíprocas entre Sistema político (particularmente la Democracia) y sistema económico, y sobre la forma en que estas relaciones afectan la vida de los individuos. El planteamiento de Sen sobre las capacidades pretende representar las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser; esto es, los distintos funcionamientos valiosos que una persona puede lograr. Los funcionamientos, a su vez, representan partes del estado de una persona. En particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir, las que están afectadas por contextos sociales e institucionales. En este sentido, Sen advierte que dos personas que tengan el mismo haz de bienes primarios pueden gozar de muy diferentes libertades para perseguir sus respectivas concepciones de lo que es bueno. Por ejemplo, una persona discapacitada no puede funcionar de la misma manera que una persona sana, aunque ambas dispongan exactamente del mismo ingreso. Por esta razón, la desigualdad con respecto a una variable (por ejemplo, ingresos) puede llevarnos a una dirección muy diferente de la desigualdad en el ámbito de otra variable (por ejemplo, capacidad de funcionamiento o bien-estar)23.

Para capturar mejor la dimensión estructural de la igualdad, el modelo de Desarrollo Humano se ha servido progresivamente de la emergente noción de exclusión social. La exclusión social, puede entenderse como un concepto integral de privación que introduce aspectos de participación social y de realización de derechos como seguridad (física, de sustento y protección ante contingencias, protección, identidad y plena ciudadanía) en su conceptualization. Más que la carencia de bienes y servicios este concepto da cuenta de un proceso dinámico asociado a la estructura económica y al cambio social, que procede del funcionamiento de las instituciones y de las políticas, que actúan para incluir o excluir24, y es consecuencia de una serie de agentes sociales (Estados, empresas, autoridades locales, organismos religiosos etc.)25.

El problema de la igualdad visto desde una dimensión estructural como propone el PNUD, tiene una crucial importancia en las políticas sobre desarrollo. De hecho, muchos de los aspectos que pueden pasar prácticamente inadvertidos en sociedades prósperas adquieren gran importancia en sociedades en vías de desarrollo pudiendo restringir o comprometer la eficacia de las políticas públicas. Por tanto, los contextos socio-institucionales o estructurales (incluido el género), son una variable que debiera ser siempre considerada. Así, por ejemplo, si el objetivo perseguido por una política pública es la alfabetización del total de la población, habrá que tener en cuenta que este objetivo requerirá de una dotación mayor de recursos en el caso de las mujeres pertenecientes a algunas sociedades, por la existencia de trabas jerárquicas o de barreras culturales que habrán de removerse conjuntamente.

Estos planteamientos están en sintonía con la aproximación feminista y su postulado central clásico de que las asimetrías de género son la causa explicativa fundamental de los fenómenos de discriminación que sufren las mujeres. Los avances que los estudios de género han experimentado en las tres últimas décadas, han permitido articular la investigación de género con problemáticas transversales tales como la democracia, la ciudadanía, la institucionalidad y la reforma del Estado y encarar con mayor precisión el estudio de los mecanismos que generan las desigualdades en campos específicos dentro de los cuales sobresale la educación, la política y el trabajo. Esto ha permitido, por ejemplo, correlacionar la participación política efectiva con la lucha contra la pobreza que afecta especialmente a las mujeres, en un contexto más amplio de discriminación estructural. Por otra parte, estos estudios han reafirmado la necesidad de tener presente también aquellos elementos que singularizan a las mujeres como parte de un colectivo mayor y que, a su vez, las diferencian unas de otras: las diferencias de poder, las diferencias de ingresos, la organización sociocultural etc. En efecto, las relaciones de género no son estáticas en el tiempo ni en el espacio. Esto implica, que el género no sólo es un elemento relevante para el análisis de las capacidades de las mujeres de pertenecientes a países en desarrollo26. Todos estos avances, han sido también considerados en los más recientes informes PNUD para tratar especialmente los problemas de feminización de la pobreza y de falta de acceso equitativo entre mujeres y hombres respecto de los procesos de toma de decisiones.

Para comprender de mejor manera, las implicancias normativas de este nuevo modelo de ciudadanía, en la siguiente sección analizaremos el resultado de la hibridación entre el modelo de desarrollo humano y la noción de género, particularmente, a través del examen del trabajo de Martha Nussbaum.

5) EL MODELO DE DESARROLLO HUMANO CON ROSTRO DE MUJER. LA PROPUESTA DE NUSSBAUM

Una interesante reformulación del enfoque de Sen sobre las capacidades, ha sido elaborada por Martha Nussbaum en relación específica con la situación de las mujeres y el Desarrollo. Esta reformulación es una propuesta que permite interpretar las exigencias que se desprenden del modelo de desarrollo humano, en tanto modelo de ciudadanía, desde una perspectiva de género27.

Según Nussbaum, el enfoque de las capacidades desde una perspectiva de género, debe operar de dos formas estrechamente ligadas entre sí. Es, en primer lugar, en los términos de las capacidades de funcionar en ciertas áreas centrales que ha de medirse la calidad de vida de una mujer, comparando su calidad de vida con la de otros, y a ello hay que agregar otros datos como la región geográfica, la clase, o la nación, a fin de poder realizar comparaciones, y definir según estos criterios a los que están en peor situación y a los que están en una posición adecuada28.

Para Nussbaum una condición necesaria de justicia para un ordenamiento político-público sería que el mismo brinde a los ciudadanos un nivel básico de capacidad. Si la gente se encuentra sistemáticamente por debajo del nivel mínimo en alguna de estas áreas centrales, este hecho debería verse como una situación injusta y trágica que necesita de atención urgente, aun si, en otros aspectos, las cosas están yendo bien29. Esta reflexión es trascendental porque pone el dedo en la llaga. La exclusión social que sufren sistemáticamente las mujeres no debería, entonces, tratarse como una mera anécdota, o como una distorsión que será corregida por el simple devenir de las cosas, sino que exige perentoriamente la intervención de los Estados30.

A diferencia de Sen que nunca ha propuesto una lista de capacidades centrales, Nussbaum sostiene que podemos llegar a una enumeración de elementos centrales de un funcionamiento verdaderamente humano que puede suscitar un amplio consenso transcultural. La autora destaca que esta lista puede ser aceptada para objetivos políticos como la base moral de garantías constitucionales por gente que tengas visiones distintas sobre el contenido de una vida valiosa.

Esto sería posible tanto porque se trata de una lista de capacidades y de oportunidades de funcionamientos más que de funcionamientos actuales; como porque la lista protege espacios para que las personas persigan otras funciones que consideren valiosas. Esta lista sería el resultado de lo que la autora denomina -siguiendo a Rawls- un "consenso traslapado", esto es, una concepción a la que la gente adhiere como el centro moral independiente de toda otra concepción política, sin aceptar ninguna visión metafísica del mundo en particular, ninguna ética comprehensiva o visión religiosa, como tampoco ninguna visión de la persona y de la naturaleza humana. Finalmente, la lista que propone Nussbaum dejaría margen a la realizabilidad múltiple, es decir, sus puntos pueden especificarse más concretamente de acuerdo con las creencias locales y las circunstancias31.

Aunque la enumeración es larga, vale la pena revisar con cierto detalle la lista elaborada por esta filósofa liberal. Para Martha Nussbaum las capacidades centrales para el funcionamiento humano serían:

1.    Vida: Ser capaz de vivir hasta el fin una vida humana de extensión normal, no morir prematuramente, o antes de que la propia vida se haya reducido de tal modo que ya no merezca vivir.

2.    Salud corporal Ser capaz de tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva; estar adecuadamente alimentado; tener un techo adecuado.

3.    Integridad corporal. Ser capaz de moverse libremente de un lugar a otro, que los límites del propio cuerpo sean tratados como soberanos, es decir, capaces de seguridad ante asalto, incluido el asalto sexual de menores y la violencia doméstica; tener oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en materia de reproducción.

4.    Sentidos, imaginación y pensamiento: Ser capaz de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de hacer todo en forma "verdaderamente humana. Ser capaz de utilizar la imaginación y el pensamiento en conexión con la experiencia y la producción de las obras y eventos de expresión y elección propia, en lo religioso, lo literario, musical etc. Ser capaz de utilizar la propia mente de manera protegida por las garantías de la libertad de expresión con respeto tanto al discurso político, como artístico, y libertad de práctica religiosa. Ser capaz de buscar el sentido último de manera propia y personal. Ser capaz de tener experiencias placenteras y de evitar el sufrimiento innecesario.

5.    Emociones: Ser capaz de tener vinculaciones con cosas y personas fuera de uno mismo. Que el propio desarrollo emocional no esté arruinado por un temor o por una preocupación aplastante, o por sucesos traumáticos de abuso o descuido.

6.    Razón práctica: Ser capaz de plasmar una concepción del bien y de comprometerse en una reflexión crítica acerca de planeamiento de la propia vida.

7.   Afiliación:

a. Ser capaz de vivir con y hacia otros, de reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos y de comprometerse en diferentes maneras de interacción social.

b. Poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de la humillación; ser capaz de ser tratado como un ser dignificado cuyo valor es igual al de los demás. Esto implica, como mínimo, protección contra de la discriminación basada en la raza, el sexo, la orientación sexual, la religión, la casta, la etnia o el origen nacional. En el trabajo, ser capaz de trabajar como un ser humano, haciendo uso de la razón práctica e ingresando en significativas relaciones de reconocimiento mutuo con otros trabajadores.

8.    Otras especies: Ser capaz de vivir con cuidado por los animales, las plantas y el mundo de la naturaleza y en relación con todo ello

9.   Juego: Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de las actividades recreativas.

10.  Control del propio entorno:

a.      Político: Ser capaz de participar efectivamente en elecciones políticas que gobiernen la propia vida; tener el derecho de participación política, de protecciones de la libre expresión y asociación.

b.     Material: Ser capaz de tener propiedad (tanto de la tierra como de bienes muebles), no solamente de manera formal sino en términos de real oportunidad; y tener derechos de propiedad sobre una base de igualdad con otros; tener el derecho de buscar empleo sobre una base de igualdad con otros, no estar sujeto a registro o incautación de forma injustificada32.

Nussbaum sostiene que todas estas capacidades son igualmente importantes y no existe un orden lexicológico entre ellas. Sin perjuicio de lo anterior, dos de estas capacidades tienen una especial relevancia porque engloban y articulan las demás y permiten imprimir a éstas su sentido humano. Éstas son la ra%ón práctica y la afiliación. La importancia de estas capacidades estriba en que nos reconducen a la búsqueda y protección de la dignidad humana en cuanto tal. Permiten establecer una frontera entre aquellas conductas que serán materia de protección y potenciación y las que no. En efecto- como advierte la autora-, utilizar los propios sentidos sin que estén animados por el uso característicamente humano del pensamiento y de la planificación es utilizarlos de una manera humana incompleta. Por ejemplo, al considerar el trabajo, debe entenderse implicada la capacidad de que uno se comporte como un ser pensante, no solamente como parte del engranaje de una máquina33.

La lista de capacidades centrales de Nussbaum, pertenece a lo que ella misma denomina capacidades combinadas, esto es capacidades internas o estados desarrollados de la persona que, en la medida que conciernen a la misma persona, son condición suficiente para el ejercicio del funcionamiento requerido; combinadas con adecuadas condiciones externas para el ejercicio de tales funciones34. Para entender correctamente esta clasificación puede ser útil un ejemplo formulado por la autora respecto del ejercicio de las capacidades de afiliación y de razón práctica en regímenes no democráticos. Según Nussbaum "los ciudadanos que viven en regímenes no democráticos tienen la capacidad interna pero no la capacidad combinada para ejercer el pensamiento y el discurso de acuerdo a su propia conciencia"35 .

De esta menara, el enfoque de las capacidades brinda, por un lado, un patrón de medición en relación con lo que debe entenderse una adecuada garantía de los derechos humanos de suerte que de las capacidades derivan obligaciones sociales y políticas correlativas. Por otro y respecto de los derechos que tienen un contenido socio-económico prevalente; la idea de las capacidades permite justificar una mayor inversión de recursos destinados a grupos desventajados o la creación de programas especiales a fin de ayudarles en su transición a la plena capacidad. Asimismo, la perspectiva de las capacidades permite articular los derechos no como triunfos de occidente sino que en clave multicultural.

Resulta interesante destacar que la lista sugerida por Nussbaum coincide, de buena manera, con la forma en que los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD organizan algunos de los elementos que integran su modelo de desarrollo. Así por ejemplo, el Informe sobre Desarrollo humano de 2000 define como consustanciales al modelo de Desarrollo Humano, las siguientes libertades36: a) Libertad de la discriminación, ya sea en razón del género, la raza, el origen nacional o étnico y la religión, b) Libertad de necesidad, para disfrutar de un nivel de vida decente, c) Libertad para desarrollarse y hacer realidad la potencialidad humana de cada uno, d) Libertad de temor, de las amenazas contra la seguridad personal, de la tortura, de la detención arbitraria y de otros actos violentos, e) Libertad de la injusticia y de las violaciones del imperio de la Ley, f)Libertad para participar en la adopción de decisiones, expresar las opiniones y formar asociaciones y g) Libertad para tener un trabajo decente, sin explotación. A su turno, el Informe sobre Desarrollo Humano de 2002, considera que las capacidades más elementales del desarrollo humano son tener una vida larga y en salud, recibir enseñanza, tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida aceptable y poder participar en la vida de la comunidad a la que se pertenece37.

Como puede apreciarse de este breve análisis, existe un alto grado de coincidencia entre la enumeración de Nussbaum sobre las capacidades centrales y lo que el PNUD entiende como las libertades por las que debe velar el Desarrollo Humano. Esto podría corroborar la idea de la autora sobre la cristalización de un consenso "traslapado" a nivel internacional sobre el contenido de estas capacidades centrales sobre las cuales se vertebraría este nuevo modelo de ciudadanía con consideración del género. Desde el punto normativo, el corolario de ello sería la exigencia de intervención estatal a objeto de asegurar las condiciones externas que propicien la potenciación de las capacidades de las mujeres que, como hemos apuntado, están considerablemente constreñidas por barreras estructurales. Esta exigencia ha sido expresada enfáticamente por el PNUD que entiende que la intervención estatal es obligatoria e importa reformas integrales de las políticas y una serie de medidas de acción afirmativa38.

Desde luego, el crisol de políticas, medidas y estrategias que podrían implementar los Estados es amplio. Vale la pena precisar, no obstante, que respecto de lo que Rawls denomina "bienes naturales", esto es, aquellos en cuya adquisición interviene el azar; lo único que los Estados podrían materialmente asegurar es la base social para el desarrollo de esas capacidades. Por ejemplo, en el caso de la salud emocional de las mujeres, un Estado no puede per se proveer el bien en sí mismo, pero sí puede influir positivamente en su accesibilidad mediante políticas adecuadas en áreas como la ley de familia, la ley de violación y la seguridad pública. Recordemos, a estos efectos, que tanto la lista de capacidades centrales que propone Nussbaum como los componentes de los indicadores de Desarrollo Humano del PNUD, constituyen compendios de capacidades y no de funcionamientos reales. Esto es así porque en el marco de la política una preferencia por los segundos significaría predeterminar la forma de funcionar de los seres humanos, es decir, implicaría una interferencia en la libre elección de sus planes de vida, cuestión que resulta incoherente con este modelo.

En consonancia con lo anterior, una de las exigencias que se desprenderían de este nuevo enfoque de ciudadanía involucra una revisión de la relación entre Estado y familia tal como ha sido entendida por el liberalismo. Si el amor y la imaginación son importantes cuanto como capacidades morales para todas j cada una de las personas, entonces no sólo las mujeres necesitan adquirir las denominadas capacidades masculinas de la elección y de la planificación independiente sino también los hombres requieren adquirir, por lo menos, algunas habilidades tradicionalmente asociadas con el quehacer de las mujeres y con la esfera femenina. El aseguramiento de la adquisición de tales habilidades en el caso de los hombres supone, naturalmente, la transformación de la escuela en una institución potenciadora pero, además, implica abandonar el mito de la neutralidad estatal en materia de la estructura familiar, puesto que los hombres difícilmente trabajarán con empeño en cosas que han aprendido a denigrar en cuanto parte del mundo femenino y es poco probable que tomen en serio habilidades que no han visto utilizar a sus padres en el contexto doméstico.

Estas consideraciones vuelven a colocar el problema de la escisión de lo privado y lo público en el centro del debate. Nussbaum nos recuerda que todas las asociaciones humanas están modeladas por leyes e instituciones que las favorecen o desfavorecen y que las estructuran de varias maneras39. Pero la familia está modelada por la ley de una manera aún más profunda y total, en el sentido de que su misma definición es legal y política; los individuos podrán llamarse "una familia" si así lo desean, pero sólo logran constituir una familia, en el sentido socialmente reconocido, si cumplen las pruebas legales. Así, el Estado define qué grupo de gente constituye una familia y les otorga derechos, privilegios y responsabilidades a sus miembros. Esta constatación, que refuta la idea liberal de que el Estado no tiene injerencia en el núcleo familiar, permite-según Nussbaum, sostener la siguiente conclusión: Con la familia- al igual que con la religión- se debe observar el principio de la capacidad de cada persona. Es decir, debemos preguntar en cada punto no sólo si se preserva el amor sino si se preserva la capacidad de cada persona de escoger relaciones apropiadas de amor y cuidado (y las otras funciones centrales). El amor que existe a expensas de la libertad emocional de otros no merece la protección pública. Tampoco debería proteger la acción pública una unidad orgánica en cuanto tal; lo que debería proteger son las capacidades emocionales y de afiliación de sus miembros40.

De esta manera las leyes contra la violencia doméstica, la violación marital, las leyes que protegen el consentimiento matrimonial, aquellas que mandan la educación obligatoria, las que aseguran un reconocimiento material apropiado para la contribución de la esposa en la familia, las leyes que proveen mecanismos de cuidado a los niños para apoyar a las madres que trabajan, las que promueven la nutrición y la salud de las niñas, la iniciativas destinadas a consolidar la percepción pública de que las mujeres son aptas para desarrollar muy distintos papeles en la vida y los esfuerzos destinados a remodelar las capacidades de los hombres, son todas intervenciones estatales admisibles e incluso imperativas en el marco del afianzamiento de la ciudadanía de los sujetos o, si se prefiere, de los derechos humanos entendidos como capacidades41.

Conviene señalar que, aunque la violencia ha dado lugar en décadas recientes a la creación de instituciones, mecanismos y diversas iniciativas legislativas todavía persisten normas en numerosos ordenamientos jurídicos que entrañan una minusvaloración de la gravedad de los atentados violentos en contra de la mujer. En numerosos códigos penales valores tales como la honra, el pudor social, la doncellez, la castidad, las buenas costumbres, prevalecen sobre capacidades tales como la integridad psicofísica y la libertad sexual, impidiendo así la debida protección legal a las víctimas de tales delitos, u obligándolas a probar que pusieron resistencia en el caso del delito de violación, o sometiéndolas a procedimientos interminables que producen una continua victimizacion42. En muchos países, las mujeres víctimas de violencia de género no cuentan con leyes penales apropiadas pues no se considera la violencia doméstica como delito, o bien las denuncias no prosperan, culminando el proceso generalmente en la libertad del agresor43.

En este marco, especial relevancia reviste la violencia de género en el marco de conflictos armados debido a la frecuencia de las prácticas de violación y agresión sexual como estrategias bélicas44. Hay que tener en cuenta que atendida la particular vulnerabilidad de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado, la respuesta sancionatoria de los Estados- vehiculada por los órganos jurisdiccionales internos e internacionales- debiera ser concordante con la gravedad del delito, es decir, con el alcance e importancia de las capacidades afectadas.

Por otra parte, el modelo de Nussbaum se articula implícitamente sobre una lógica de empoderamiento que alcanza tanto al ámbito privado-familiar como al ámbito público. Desde luego, romper los efectos opresivos de la estructura familiar patriarcal45 implica fortalecer la posición de negociación de la mujer en la familia, incrementando las opciones económicas de las mujeres. El acceso al empleo (en condiciones no discriminatorias en términos de salario) y al crédito, a los derechos de propiedad y a la alfabetización son importantes no solamente en sí mismos, sino también como vigorosos apoyos para las capacidades de las mujeres en general. Parece innegable que la capacidad de las mujeres para ganarse un sueldo y colocarse, especialmente en puestos de trabajo más cualificados, fuera de casa, eleva su condición social e influye, a su vez, en la atención que reciben en el seno familiar. Trabajar fuera de casa les aporta a las mujeres otra visión del mundo que les permite, asimismo, cuestionar el orden económico y social imperante46.

Pero como decíamos, el afianzamiento de la posición de negociación de las mujeres no puede circunscribirse al ámbito privado-doméstico. Por el contrario, una de las notas características del modelo del desarrollo humano es que integra a los derechos humanos como una especie de eslabón (y evenrualmente elemento corrector) entre las políticas públicas y el individuo. En consecuencia, este modelo entiende a las mujeres no sólo como beneficiarías sino que, primordialmente, como agentes de cambio. Esta nueva forma de apreciar la ciudadanía ha sido central en la cruzada emprendida por los movimientos feministas por la paridad política que han denunciado la existencia de un déficit de justicia en relación con la escasa participación femenina en las esferas de poder y han logrado el establecimiento de políticas destinadas a favorecer la participación de las mujeres en la esfera pública tanto en Europa como en América Latina.

Por otro lado, en este esquema la diversidad busca hacerse un lugar en el marco de las actuales sociedades estandarizantes. Para Nussbaum el reconocimiento de la diferencia es un reto decisivo porque el desarrollo de proyectos internacionales a menudo se ha vuelto desafortunado producto de una insuficiente consideración de la variedad cultural y de la particularidad. En esta línea sostiene que el desarrollo de los trabajadores se estructura sobre la asunción (típicamente occidental) de que los núcleos familiares son las unidades primarias de la solidaridad personal y las mujeres se relacionan con otros fundamentalmente como miembros de parejas heterosexuales, se desconoce la existencia de tradiciones de solidaridad femenina y pertenencia a grupos, a menudo, altamente productivas para el desarrollo económico, que son ignoradas47.

Por último, creo útil apuntar a título de reflexión final y anticipando una crítica frecuente, que una cosa es considerar la diversidad como un elemento relevante y otra cosa es caer en un relativismo moral. La constatación de esta diversidad no socava la búsqueda de valores universales, sino que la requiere, en cuanto nos invita a preguntarnos si los valores culturales en cuestión se encuentran entre los que vale la pena preservar o no a fin de enriquecer la libertad del ser humano, es decir, en orden a crear espacios en los que puedan prosperar diferentes formas valiosas de actividad humana. Este respeto de las personas como agentes de elección propia, precisa que defendamos de manera universal un amplio rango de libertades, además de sus condiciones materiales y requiere también que respetemos a las personas como fines separados. Presupone la pregunta acerca de la mejor forma para asegurar a todas y cada una de las personas las condiciones previas de libertad y de autodeterminación. Desde luego, en el caso de las mujeres es imperativo tratarlas como fines en sí mismas y no como apoyo para los fines de otros, es decir, no en cuanto madres, esposas o cuidadoras - al margen de la valoración positiva que se le pueda asignar a estos roles-, sino en tanto seres humanos aunque contextualizados.

CONCLUSIONES

La evolución de los enfoques de ciudadanía, desde el modelo liberal-moderno hasta las propuestas contemporáneas, ha significado-progresivamente-la inclusión del género en una doble vertiente: a) como factor explicativo de las asimetrías de poder traducidas en el goce diferenciado de derechos y b) como elemento normativo que se vertebra sobre una estrategia de igualación que tiene en cuenta la especificad de género de los sujetos (entre otras diferencias)

Lo propio de los nuevos enfoques de ciudadanía aquí revisados {empowerment y desarrollo humano) es enfatizar las interrelaciones entre las cuestiones ideológicas (las formas de comprender la naturaleza y dignidad los sujetos) y las cuestiones estructurales (las organizaciones sociales y los fenómenos de discriminación).

La gran diferencia entre estas nuevas aproximaciones de la ciudadanía y los enfoques que le han precedido (enfoque liberal y teoría de Marshall), estriba en que los conceptos más recientes dirigen especialmente su atención a los contextos de ejercicio de los derechos y a los fenómenos de exclusión social y discriminación. Así, los elementos constitutivos de estos nuevos modelos de ciudadanía brindan referentes para la evaluación sistémica de las limitaciones económicas, sociales e institucionales que afectan los derechos, así como proponen nuevas herramientas conceptuales que orienten las políticas y recursos que se emplean para superar dichas limitaciones. En este sentido, las ideas de capacidad y exclusión social, pueden ser entendidas como reformulaciones que permiten sobrepasar la dicotomía libertad/igualdad y el sesgo individualista de nuestros conceptos primigenios de discriminación.

En este marco de nuevas representaciones de la ciudadanía es posible recién que la historia de la ciudadanía femenina empiece a (re) escribirse de manera adecuada.

NOTAS

1  CONSTANT, Benjamin (1819). "De la liberté des anciens comparée a celle des modernes" (Discours prononcé a l'Athénée royal de Paris, 1819), texto íntegro en línea formato pdf, disponible en: http://scolarite.sciencespobordeaux.fr/IMG/pdf/Benjamin_Constant.pdf. Puede consultarse una reproducción parcial traducida al castellano en línea, formato pdf, en http://wrwwi.der.uva.es/constitucional/materiales/libros/Constant.pdf [Fecha de visita: 11 de octubre de 2010].

2   BENHABIB, Seyla (2004). Los derechos de los otros, extranjeros, residentes y ciudadanos, Traducción de Gabriel Zadunaisky. Barcelona: Editorial Gedisa, p.41.

3  Robert Dahl utiliza esta expresión para referirse a la necesidad de cohesión social en las democracias modernas y como esta necesidad determina que la comunidad política no pueda concebirse como universal. De esta manera, el principio categórico de igualdad designa una situación en que los miembros de un grupo "creen que ninguno de ellos, y ninguna minoría de entre ellos, está mejor capacitado o capacitada, tan definidamente que a esa o esas personas deba permitírseles gobernar sobre el resto de la asociación; por el contrario, piensan que todos están igualmente calificados para participar en un pie de igualdad en el proceso de gobierno de la asociación". DAHL, Robert (2002). La Democracia y sus críticos. Traducción de Leandro Wolsfon. Barcelona: Paidós, p. 43.

4  Es este período, el que toma como referencia Virginia Woolf en su ensayo un Cuarto propio y respecto del cual remarca el contraste que existe entre la cantidad de hombres que escriben acerca de las mujeres y que opinan negativamente sobre ellas, frente a tan solo algunas mujeres que se permitan opinar sobre los hombres.

5  Tanto Amelia Valcárcel como Celia Amorós han analizado en el ámbito español las vinculaciones entre la representación ilustrada de lo femenino y la posterior misoginia romántica que va a consolidar la ontología diferenciada e inferior de las mujeres, con influencia desde las postrimerías del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XX. Véase, VALCÁRCEL, Amelia (1997). La política de las mujeres. Madrid: Ediciones Cátedra-Universitat de Valencia, 233 pp. y AMORÓS, Celia (2000). Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad. Madrid: Ediciones Cátedra-Universitat de Valencia, 464 pp.        [ Links ]

6 VALCÁRCEL (1997) 25-26.

7   MARSHALL, Thomas Humphrey (1950). "Ciudadanía y clase social" en Revista Española de Investigaciones Soáológicas, N° 79/97, pp. 297-344.

8  Para un resumen sobre las críticas al modelo de Marshall, puede verse, FREJEIRO VÁRELA, Marcos (2005). "Ciudadanía, Derechos y Bienestar: Un análisis del modelo de ciudadanía de T. H. Marshall" en Repista de Filosofía, Derecho j Política, N° 2, pp. 63-100.

9  La generalización del derecho a voto en el caso de las mujeres se produjo, en la mayor parte de los países desarrollados, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Este período marca también los albores de las demandas sobre control del cuerpo (derechos reproductivos), acceso a la educación y reconocimientos de derechos en el ámbito de las familias.

10  WALBY, Silvia (2000). «La citoyenneté est-elle sexuée ?», en WAA : Genre etpolitique. Débats et perspectives. Paris: Gallimard, pp. 62 y 63.

11  En el caso chileno, la legislación de seguridad social favorece especialmente a la mujer casada, admitiéndose excepcionalmente a la "conviviente" como titular de derechos sociales. Así, la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el Decreto Ley N° 3.500 confieren el derecho a obtener pensiones a la conviviente que haya sido madre de un hijo reconocido del causante a condición de haber vivido a sus expensas. Igualmente, la Ley de Seguro Obligatorio Automotriz o Accidentes Personales, otorga derecho a pedir la indemnización en orden de precedencia, al cónyuge, a los hijos menores, a los hijos mayores, a los padres y a la madre de los hijos de la víctima (mujer conviviente). Para un tratamiento más general de estos temas puede verse, ElCHLER, Magrit (1999). "Cambios familiares: familias, políticas e igualdad de género" en Fació, Alda. / Fries, Lorena. (Eds.): Géneroy Derecho. Santiago: La Morada, pp. 444-486; y MORENO, Luis (2000). Ciudadanos precarios. La "última red" de protección social. Barcelona: Ed. Ariel, pp. 118 y ss.

12  PATEMAN, Carole (2000). "El Estado de Bienestar Patriarcal" en Contextos, Programa de Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Año 2, N° 5.

13  LEWIS, Jane (2000). "Estado de bienestar y trabajo de cuidado no remunerado", en De Villota, Paloma. (Ed.): La individualización de los derechos socialesy fiscales en la Unión Europea. Madrid: Alianza Editorial, p. 57.

14  El reflejo del trabajo doméstico en las cuentas nacionales estuvo presente en la discusión de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Copenhague y el debate de su inclusión en no en los índices macroeconómicos se reeditó en la Plataforma de Acción de Pekín. Algunos países se mostraron contrarios a su inclusión argumentado, entre otras razones, que el reflejo del trabajo no remunerado de las mujeres en las contabilidad nacionales podría favorecer una consolidación de los estereotipos tradicionales asignados a mujeres y a hombres en la sociedad. Se consideraba, además, que esta medida podría ser la antesala de otras propuestas de mayor complejidad política y técnica como, por ejemplo, la idea de remunerar mediante un salario el trabajo doméstico de las mujeres. La posición mayoritaria, que estaba en la línea de la Recomendación General N° 17 del CEDAW (Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) señalaba que la medición y cuantificación del trabajo no remunerado de las mujeres serviría para poner de manifiesto la contribución real de las mujeres al desarrollo de cada país, constituyendo una base para la formulación de otras políticas relativas a la promoción de la mujer. Finalmente, la Plataforma de Acción de Pekín, dentro de las medidas consideradas en relación con los mecanismos institucionales para el avance de las mujeres; contempla la necesidad de elaborar métodos para evaluar cuantitativamente el valor del trabajo no remunerado de las mujeres no incluido en la contabilidad nacional, para su inclusión en cuentas satélites u otras cuentas oficiales, con miras a reconocer la contribución económica de las mujeres y la desigualdad en la retribución del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres. Cabe mencionar que algunas de las preocupaciones de los países en desarrollo oscilaban en torno a que el posible incremento del PIB propiciado por la inclusión del trabajo doméstico no remunerado se transformara en un obstáculo en relación con la recepción de ayudas al desarrollo.

15 El párrafo séptimo de la declaración reza así: "Nos comprometemos sin reservas a combatir estas limitaciones y obstáculos [que afectan al desarrollo de las mujeres], promoviendo así el avance y el empoderamiento de las mujeres de todo el mundo y convenimos en que esta tarea exige una acción urgente, con espíritu decidido, de esperanza, cooperación y solidaridad, ahora y con la vista puesta en el próximo siglo".

16 FRIEDMAN, John (1992). empowerment: The Politics of Alternative Development, Massachusetts: Blackwell Cambridge, 189 pp.

17  Un aspecto que merece especial atención en la teoría de Young es la noción de "grupo social". La autora advierte que la teoría política ha construido la noción de grupo social subordinándola a una metodología individualista: o son conjuntos o son asociaciones. Pero los grupos sociales son algo distinto a un conjunto o la mera combinación de personas, no se definen -por lo mismo - por una serie de atributos compartidos sino por un sentido de identidad. Los significados de grupo se erigen en relación con otros grupos y constituyen parcialmente la identidad de la gente en términos de la forma cultural, la situación social y la historia que los miembros del grupo internalizan como suya, ya sea que haya sido construida heterónoma, autónoma o híbridamente. En sociedades complejas como las nuestras, complejas y altamente diferenciadas, todas las personas tienen identificaciones grupales múltiples. YOUNG, Iris (2000). La justiáay la política de la diferenáa. Traducción de Silvina Alvarez. Madrid: Ediciones Cátedra-Universitat de Valencia, 457 pp.

18  Según Young el paradigma distributivo tiene dos problemas: Primero, tiende a ignorar el contexto institucional que determina la distribución material al mismo tiempo que, con frecuencia, lo presupone. Por ejemplo, no pone acento en la estructura de toma de decisiones que es determinante en la distribución actual de la riqueza y en la reproducción de pautas de distribución desigual del producto. Segundo, cuando el paradigma se aplica a bienes y recursos no materiales la lógica de la distribución los tergiversa. Esta lógica postula una ontología social atomista que ignora u oculta la importancia de los grupos sociales para la comprensión de las cuestiones de justicia; se olvida que las sociedades no sólo distribuyen bienes entre las personas y que éstas no son lo que son con independencia de dichas sociedades sino que, por el contrario, las identidades y las capacidades de las personas son, en muchos sentidos, productos de procesos y relaciones sociales. YOUNG (2000).

19  Habermas sostiene que en el capitalismo tardío se produce un entrecruce entre Estado y Mercado en que el primero actúa como garante de la ley del valor y, por lo mismo, está afectado por crisis recurrentes de legitimación. Es en este contexto, se produce lo que el autor denomina "colonización del mundo de la vida", y que consiste en que tanto el Estado como los organismos privados someten a los individuos (clientes y consumidores) a una especie de microengranajes de autoridad, cada vez son mayores las áreas que son sujetas a la regulación estatal pero, sin embargo, no son objeto de un real debate político al quedar aprisionadas en una estructura que se satisface con la mera democracia formal y en donde prevalece la gestión de una burocracia cada vez más técnica fraguada al amparo de los procesos de racionalización del derecho, de la política y de la industria. Esta paradoja se perpetúa, a su vez, porque los sistemas políticos actuales trasladan las responsabilidades básicas a los individuos quienes deben tomar decisiones en condiciones de complejidad creciente y racionalidad imperfecta, en un mundo influido notablemente por los intercambios financieros y comerciales internacionales y por las inestabilidades políticas globales. Véase HABERMAS, Jürgens (1999). Problemas de legitimaáón en el capitalismo tardío. Traducción de José Luis Etcheverry. Madrid: Editorial Cátedra, 240 pp.

20   En esta línea Chantal Mouffe advierte que muchos teóricos liberales se niegan a admitir la dimensión antagónica de la política y el rol de los afectos en la construcción de las identidades políticas, porque consideran que pondría en peligro la realización del consenso que consideran como el objetivo de la democracia. MOUFFE, Chantal (2007). En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, p. 36. Por su parte, Alain Touraine ha acuñado la expresión "democracias demasiado razonables" para referirse a "las sociedades más ricas que parecen haberse vuelto incapaces de tratar sus problemas sociales más visibles, ya que no quieren hablar de conflictos estructurales o de conflictos opuestos". Touraine explica que "estamos tan habituados a hablar de minorías, de marginalidad y hasta de exclusión que olvidamos que estos términos contribuyen a dar de la sociedad una imagen purificada de todo conflicto esencial, lo que reduce la democracia a la administración de las relaciones entra demandas sociales dispersas y débiles y exigencias técnicas o económicas a las cuales es imposible resistirse". TOURAINE, Alain (1995). ¿Qué es la democraáa?. Traducción de Horario Pons. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 90-91.

21  FRASER, Nancy (1999). lustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición postsocialista.. Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes, p. 17.

22 A mediados de la década de los 70, del Enfoque del Bienestar y del Enfoque de Equidad. El primero se concreta a través de estrategias de acción residual para "grupos vulnerables", y sus presupuestos eran los siguientes: las mujeres son receptoras pasivas del desarrollo, b) la maternidad es el rol por antonomasia de las mujeres y c) la participación de las mujeres, en la crianza y socialización de los hijos es su mayor contribución al desarrollo económico. El Enfoque de Equidad intentó desviar la atención del bienestar a la igualdad de las mujeres, reconociendo su rol productivo y sus desventajas en cuanto su ingreso a diversos sectores de la economía, particularmente las áreas formales y de trabajo remunerado. Posteriormente la llamada corriente MED (Mujer En el Desarrollo) cuya estrategia es la integración de las mujeres en el proceso de desarrollo y que fue adoptada por las Agencias Especializadas de NU, para la década de las mujeres (1975-1985) integraba aspectos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado y otorgaba una importancia superlativa a la independencia económica de las mujeres como vía de concreción de la igualdad. Más tardíamente, el debate centrado en las relaciones de poder, de conflicto y las relaciones de género para entender la subordinación de las mujeres ha dado origen a otra vía de análisis que difiere un tanto de las antes explicadas. Se trata del Enfoque de la adquisición y Generación del Poder que ha permitido pasar, en el marco del pensamiento sobre el Desarrollo, de un enfoque de Mujer en el Desarrollo a Género en el Desarrollo. Esta última perspectiva que es la vigente, concentra la atención no sólo en las relaciones desiguales entre los géneros sino también en las estructuras que generan la desigualdad. De ahí que se cimiente sobre la premisa de que para producir cambios en las relaciones de género se requieren transformaciones profundas en las estructuras existentes, (hogares, comunidad e instituciones). Sobre estos temas puede profundizarse en DE VlLLOTA, Paloma (Ed.) (1999). Ghbali^acióny Género. Madrid: Editorial Síntesis; ZABALA E., Idote (1999). Un viaje a través del tiempo: 30 años de pensamiento económico feminista en torno al desarrollo. Barcelona: Editorial Icaria, 25 pp.

23  SEN, Amartya (1997). Nuevo examen de la desigualdad, versión de Ana María Bravo, Revisión de Pedro Schwartz, Madrid: Alianza Editorial, 221 pp.

24   Una conceptualización de exclusión social como la aquí planteada guarda extraordinaria semejanza con fórmula binaria opresión-dominación popularizada por Iris Young. Ella entienda por opresión procesos institucionales sistemáticos que impiden a alguna gente usar habilidades satisfactorias y expansivas en medios socialmente reconocidos, o procesos sociales institucionalizados que anulan la capacidad de las personas para interactuar o comunicarse con otras o para expresar sus sentimientos y perspectiva sobre la vida social en contextos donde otras personas puedan escucharlas. Las condiciones sociales de opresión- según esta autora- a menudo incluyen la privación de bienes materiales o su incorrecta distribución, pero conllevan, sin embargo, cuestiones que van más allá de la mera distribución. Paralelamente la dominación es definida por la autora como la presencia de condiciones institucionales que impiden a la gente participar en la determinación de sus acciones o de las condiciones de sus acciones. De esta manera, las personas están inmersas en un contexto de dominación si otras personas o grupos pueden determinar, sin relación de reciprocidad, las condiciones de sus acciones, sea directamente o en virtud de las consecuencias estructurales de sus acciones. De ahí que para Young la Democracia social y política en su expresión más completa sea el opuesto de la dominación. YOUNG (2000).

25  MARTÍNEZ ROMAN, Ma. Asunción (2001). "Género, pobreza y exclusión social: diferentes conceptualizaciones y políticas públicas" en Tortosa, J. Ma (coord.): Pobreraj Perspectiva de Género. Barcelona: Ed. Icaria, pp. 65-83.

26 En esta línea Sen explica que, en términos de muchos funcionamientos sociales, las diferencias entre sexos también pueden ser importantes en los países ricos de Europa y América del Norte. Según él, "las cuestiones de desigualdades entre los sexos en los países adelantados -igual que en los países en desarrollo- pueden entenderse mucho mejor al comparar las cosas que importan intrínsecamente (como funcionamientos y capacidades), en vez de sólo los medios, como son bienes primarios o recursos. El problema de la desigualdad entre sexos es, en última instancia, una cuestión de libertades divergentes". SEN (1999) 143.

27  NUSSBAUM, Martha (2002). Las mujeres y el desarrollo humano. El enfoque de las capacidades, versión castellana de Robert Vernet. Barcelona: Editorial Herder S.A., 416 pp.

28  Un ejemplo de la aplicación de este postulado podemos encontrarlo en el análisis de Paloma de Villota sobre los indicadores utilizados por el PNUD. A partir de las cifras consignadas en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1995 para Chile, que mostraban una tasa de esperanza de vida a nivel estatal de 75,6 años para las mujeres y 68,5 años para los hombres, mientras que en algunas reducciones indígenas estas cifras se reducían a 65 y 61,5 años, respectivamente, la autora concluye que el componente étnico explícita mayores niveles de desigualdad que la variable género. Cruzando ambas variables, de otro lado, se arribaba a la siguiente conclusión: ser mujer india en Chile puede significar un recorte de diez años de vida de esperanza de vida al nacer respecto del promedio estatal femenino. DE VILLOTA, Paloma (1999). "Reflexiones sobre el IDH relacionado con el IDM-IDG del PNUD. La desigualdad de género en España", en De Villota Paloma (Ed.) (1999): Globali^acióny Género. Madrid: Editorial Síntesis, p. 115.

29  NUSSBAUM (2002) 112 y 113.

30   En esta misma línea se ha pronunciado el Informe sobre Desarrollo Humano de 1995 que señala categóricamente que "el desarrollo humano es un proceso de ampliación de opciones de todas las personas y no sólo de una parte de la sociedad. Ese proceso pasa a ser injusto y discriminatorio cuando la mayoría de las mujeres quedan excluidas de sus beneficios. Avanzar hacia la igualdad de los sexos no es una meta tecnocrática, sino un proceso político. Dicho proceso requiere un nuevo tipo de pensamiento en el cual los estereotipos de mujeres y hombres sean reemplazados por una nueva filosofía que considere que todas las personas, sea cualfiuere su sexo, son agentes imprescindibles para el cambio". PNUD (1995). Informe sobre Desarrollo Humano, Capítulo 5, p. 112, documento electrónico en línea, formato pdf, disponible en http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_es_cap5.pdf

31 El PNUD aborda esta cuestión bajo un prisma similar, entendiendo que el modelo de desarrollo centrado en el ser humano si bien debe encaminarse a ampliar las opciones tanto de hombres como de mujeres, no debería predeterminar la manera en que diferentes culturas y diferentes sociedades han de ejercer esas opciones. Lo importante es que exista tanto para las mujeres como para los hombres, igualdad de oportunidades para efectuar las opciones.

32  NUSSBAUM (2002) 120-123.

33  NUSSBAUM (2002) 126.

34  Además Nussbaum habla de capacidades básicas, esto es, el equipamiento innato de los individuos, base necesaria para desarrollar las más avanzadas y terreno de la responsabilidad moral.

35  Nussbaum (2002) 129 y 129.

36  PNUD (2000). Informe sobre Desarrolh Humano, documento electrónico en línea, formato pdf., disponible en http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2000_ES.pdf [Fecha de visita: 09 de abril de 2010] p. 15.

37  Conviene apuntar que el poder participar en la vida de la comunidad constituye una innovación respecto de las capacidades esenciales que se contemplaban en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1995, lo que permite apreciar la evolución que ha tenido esta lista. Véase PNUD (2002). Informe sobre Desarrollo Humano, p. 13 e Informe sobre Desarrollo Humano (1995) p. 27. Documentos electrónicos en línea, formato pdf., disponibles en http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2010/ [Fecha de visita: 09 de abril de 2010].

38  El Informe sobre Desarrollo Humano, sugiere una serie de políticas y estrategias a título ejemplar. PNUD (1995) 21 y ss.

39 En un sentido similar Kymlicka denuncia la falsedad de la afirmación liberal en torno a que los Estados no fomentan o apoyan determinadas identidades etnoculturales. El autor llama "culturas sociales" a un entramado basado en instituciones sociales y un idioma. Según Kymlicka la participación en esas culturas sociales proporciona acceso a formas significativas de vida a lo largo de toda la gama de actividades humanas, incluida la activa social, recreativa, religiosa, recreativa y económica, abarcando tanto la esfera pública como privada. Habida cuenta de que los gobiernos no son neutrales respecto del idioma y la cultura- puesto que claramente privilegian el uso de uno o determinados idiomas- no pueden serlo respecto de los distintos grupos etnoculturales que conviven dentro de los diversos estados multinacionales actuales. KYMLICKA, Will (1999). "Nacionalismo minoritario dentro de las democracias liberales" en García, S. y Lukes, S. (Comps.): Ciudadanía, justiáa soáal, identidad y partiáp adán. Madrid: Siglo XXI Editores, pp. 127-157.

40  NUSSBAUM (2002) 345 - 346.

41   En el sentido contrario, las reservas formuladas por un conglomerado de países a la Convenáón sobre la eliminaáón de todas las formas de discriminaáón contra la mujer (CEDAW) son, a lo menos, preocupantes. Este instrumento ha sido ratificado por 13 de los 22 Estados miembros de la Liga Árabe. Sin embargo, todos los países árabes que son parte de este tratado han presentado reservas a la Convención hasta el punto de que su ímplementación ha sido puesta en entredicho, por no decir completamente obstaculizada. Estas reservas se fundan en una supuesta contradicción entre ciertas cláusulas de la misma y las estructuras políticas, legales, constitucionales o religiosas de los signatarios. Esto implica que asuntos importantísimos relacionados con la vida de las mujeres no han sufrido adelanto, ni lo sufrirán si se mantiene esta situación. Entre estos aspectos pueden mencionarse los relativos a los códigos de familia, la nacionalidad y los derechos políticos. Pero no sólo los países árabes han tenido una actitud refractaria frente a la Convención. Estados Unidos ha esgrimido su constitución para no ratificar la CEDAW y el Vaticano (la Santa Sede) no sólo no ha firmado ni ratificado la mencionada Convención sino que, además, es uno de los pocos Estados que no ha presentado informes sobre la ímplementación de la Plataforma de Acción de Pekín. Esta actitud que suele justificarse en las derivaciones de la ley natural y de la tradición de la Iglesia Católica, se asemeja bastante a la actitud de los Estados islámicos que han invocado la Sharija. España, por su parte, ha formulado reserva a la Convención para limitar su alcance respecto de las disposiciones constitucionales que regulan la sucesión de la Corona española. La preocupación por los efectos perniciosos de las reservas en los tratados sobre derechos humanos en general -incluido los relativos al estatuto de la mujer- ha determinado que el Art. 17 del Protocolo Facultativo de la CEDAW, no permita la formulación de reserva alguna a este instrumento. El listado completo de los Estados que han ratificado la CEDAW y su Protocolo Facultativo, así como el texto (en inglés) de las declaraciones y reservas formuladas al primer instrumento, pueden encontrarse en http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf Documentos electrónicos en formatos pdf y html respectivamente. [Fecha de visita: 05/04/10].

42  La perspectiva de género es útil para explicar por qué, aún obrando cambios legislativos en lo concerniente a la tipificación de los delitos sexuales, los jueces y demás operadores jurídicos siguen considerando que las mujeres víctimas deben observar determinados comportamientos aunque las normas jurídicas no los exijan. Un interesante análisis sobre esta situación, en el ámbito español, puede encontrarse en DE VICENTE MARTÍNEZ, Rosario (1999-2000). "Los delitos contra la libertad sexual desde la perspectiva de género" en Anuario de Derecho Venal, pp. 83-100.

43  En el contexto latinoamericano, verbigrada, el artículo 7.g) de la Convención de Belém do Para establece que los Estados deben establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Dentro de estos mecanismos de resarcimiento, de singular relevancia es la posibilidad de incoar una acción civil para la indemnización de los perjuicios causados. No obstante lo anterior, resulta paradójico que en el caso de la violencia de género se estime, al parecer, que el daño causado recae en un elemento abstracto con contenido moral -la dignidad de la víctima- sin tener en cuenta que al mismo tiempo se ha afectado o cercenado la integridad psicofísica, al igual que su libertad y privacidad. Corregir los aspectos antes señalados significa materializar lo que el PNUD denomina libertad de injustiáay de violaciones del imperio de la ley.

44  Nótese que la práctica de la violación no figuraba entre los crímenes de guerra enumerados por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, a pesar de la gran incidencia de casos de violencia sexual durante la Segunda Guerra Mundial mientras que los procesamientos incoados ante el Tribunal de Tokio prácticamente no incluyeron cargos por violación. Esto se explica porque tradicionalmente se ha considerado que las prácticas de violación y de violencia sexual contra las mujeres son un "daño colateral" inevitable de los conflictos armados. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, contienen 19 disposiciones específicamente relativas a la mujer. El objetivo de esta normativa es prestar una protección especial a las mujeres encintas, las madres lactantes y las madres en general y presentar la cuestión de la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia sexual en tiempo de conflicto armado. En el párrafo 2 del artículo 27 del IV Convenio de Ginebra figura la primera disposición específicamente referente a la práctica de la violación. En este párrafo se estipula que "las mujeres serán espeáalmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violaáón, la prostitución forjada y todo atentado a su pudor"'. Aunque este artículo contiene una censura inequívoca a la práctica de la violación, no se reconoce el alcance ni la gravedad de la misma, dado que esta disposición no se incluye en la categoría de infracciones graves del derecho internacional humanitario (de conformidad con esta categoría, los Estados están obligados a buscar y castigar a las personas que no observen determinadas disposiciones de los Convenios). Tal y como ocurre con otras disposiciones jurídicas relativas a la violencia de género ésta clasifica los actos de violación como atentados al honor de las víctimas y no se refleja, por tanto, la gravedad del delito de violencia sexual. En cuanto a la violencia sexual, el artículo 76 del Protocolo I contiene la importante y lata disposición dedicada específicamente a la protección de las mujeres contra la violación, aunque hay que señalar que esa práctica como una infracción grave. En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer por la Asamblea General en diciembre de 1993 se reconoce expresamente que las mujeres en situaciones de conflicto armado «son particularmente vulnerables a la violencia" mientras En la declaración y el Programa de Acción de Viena (1993), se ratifica que "las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario" y que todos los delitos de ese tipo requieren "una respuesta especialmente eficaz". La Declaración de Beijing, por su parte, se remite a la determinación de los Estados participantes de "garantizar el respeto del derecho internacional, incluido el derecho humanitario, a fin de proteger a las mujeres y las niñas en particular". Como ya mencionamos, la Plataforma de Acción de la Conferencia consideró la cuestión de las mujeres y los conflictos armados como uno de los 12 ámbitos decisivos de especial preocupación, con respecto a los cuales deben adoptar medidas estratégicas los Estados miembros, la comunidad internacional y la sociedad civil. Uno de sus objetivos estratégicos de la Plataforma es "incrementar la participación de la mujer en la solución de los conflictos a niveles de adopción de decisiones y proteger a las mujeres que viven en situaciones de conflictos armados o de otra índole o bajo ocupación extranjera". Con la creación del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia se suscitó el problema de de calificar la gravedad de la violación. Pese a que la Comisión de Expertos establecida por el Consejo de Seguridad para examinar la cuestión del establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sostuvo la tesis de aunque la violación y otras formas de agresión sexual no se denominaban específicamente infracciones graves en los Convenios y los Protocolos, son "torturas o tratos inhumanos" y actos que "deliberadamente causan grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud" y son, en consecuencia, sancionables como infracciones graves en virtud de los Convenios, en los estatutos del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, la práctica de la violación sólo se sancionó como crimen de lesa humanidad siempre y cuando esté dirigida contra la población civil en su conjunto. Este es el criterio que se plasmó en el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional. Un aspecto que requiere una mención especial es la tradicional distinción entre conflictos armados internacionales y conflictos internos, centrándose el Derecho Humanitario en los primeros. Sin embargo, la intersección entre el derecho Internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario se ha ido ampliando. En este orden de ideas, toda consideración de la violencia contra la mujer abarca naturalmente tanto los conflictos internacionales como los conflictos internos sin distinción (división que está cada vez más fuera de lugar en cualquier contexto). Los estatutos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda reflejan este punto de vista al prever el castigo de la práctica de violación como crimen de lesa humanidad y al poner esa práctica bajo la jurisdicción del tribunal, dado que, junto con la prostitución forzosa y el atentado contra el pudor, se la designa específicamente como crimen de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. Esto último reviste una importancia superlativa, puesto que las violaciones del artículo 3- el denominado "minicódigo" para los conflictos internos- tradicionalmente no se han considerado como crímenes de guerra.

45 Sobre este tema, puede verse MORENO (2000).

46 A similar lectura ha arribado el PNUD al aseverar que la revaluación del trabajo de la mujer permite robustecer la posición de las mujeres porque cuestiona a fondo las convenciones actuales. Que los esposos compartan su ingreso con sus esposas dejará de ser un acto de benevoknáa para responder al derecho de las esposas. Será preciso, para ello, que cambien completamente las bases del derecho de propiedad, de los arreglos en caso de divorcio, de las garantías de los créditos bancarios etc.y los hombres tendrán que asumir una mayorparte del trabajo en el hogary en la comunidad. PNUD (1995) capítulo 4.

47 NUSSBAUM (2002) 12.

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* Este trabajo forma parte del proyecto FONDECYT N° 11080280 titulado Género, cuotas y paridad. Análisis de sus interrelaáones, similitudes y diferencias, y del Proyecto de Investigación Mujer 2009-PI-114, financiado por el Instituto de la Mujer de España; respecto de los cuales la autora es investigadora principal y co-investigadora, respectivamente.

Fecha de recepción: 2 de noviembre de 2010. Fecha de aceptación: 27 de noviembre de 2010.


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