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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  no.25 Santiago dic. 2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722015000200015 

Comentarios de jurisprudencia

 

Derecho Procesal Civil

 

Maite Aguirrézabal Grünstein

Universidad de los Andes


 

El deber de colaboración y la conducta procesal de las partes1

 

I. Introducción

Se analiza la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 24 de junio de 2014, en los autos rol número 5312014, caratulados "Banco del Estado de Chile con Alfredo Jiner Pérez Manríquez", y en que se revoca la sentencia de primera instancia rechazándose el incidente de abandono de procedimiento por no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 88 del Código de Procedimiento Civil.

Se efectúa un análisis del citado artículo en relación con el principio de probidad que debe regir la conducta procesal de las partes.

II.- Hechos relevantes que motivan el fallo

Banco Estado demanda en un procedimiento hipotecario regido por la Ley General de Bancos a Alfredo Pérez Manríquez.

El demandado deduce y pierde incidentes en varias ocasiones, por lo que el 21 de diciembre de 2004 el tribunal, haciendo aplicación de lo dispuesto por el art. 88 del Código de Procedimiento Civil, ordena a la parte demandada la consignación de 2 U.T.M en la cuenta corriente del tribunal para que pudiera deducir nuevos incidentes, consignación que en definitiva no se efectúa.

Con fecha 21 de marzo de 2014, el demandado deduce incidente de abandono de procedimiento, el que se tuvo por el tribunal como no interpuesto, al no haberse realizado la consignación decretada en 2004.

La demandada repone dicha resolución acompañando comprobante de la consignación realizada con fecha 26 de marzo de 2014, acogiendo el tribunal el recurso y ordenando la tramitación del incidente de abandono alegado por la recurrente, y acogiéndolo en definitiva.

La demandante apela la resolución fundada en el hecho de que el incidente debió haberse tenido por no interpuesto, acogiendo el recurso la Corte de Apelaciones y revocando lo apelado, rechazando el incidente de abandono por no haber cumplido el incidentista con lo dispuesto por el art. 88 del citado cuerpo legal.

III. La cooperación de las partes en el proceso como derivación del principio de la moralidad

A lo largo de la historia, la relación entre la Ética y el Derecho Procesal ha experimentado importantes cambios2 y estas fluctuaciones no han sido indiferentes al espíritu de las concepciones ideológicas que han imperado en las distintas etapas de su desarrollo.

La forma como se conducen los sujetos en el proceso ha sido una preocupación constante para la dogmática procesal, incorporándose bajo el alero del principio genérico de moralidad3, que, a su vez, se disgrega en predicados con concreción normativa como el de la buena fe, la colaboración o cooperación procesal y la proscripción del fraude o abuso en la actividad de defensa, regida primordialmente por el principio dispositivo.

El principio dispositivo puede conceptuarse como aquel que en el proceso civil

"atribuye a las partes la tarea de estimular la actividad judicial y aportar los materiales del proceso..."4,

y que les reconoce la iniciativa exclusiva para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, permitiendo al ciudadano, sobre la base de un criterio de oportunidad, decidir si lleva a la tutela judicial el derecho subjetivo e interés legítimo del que cree ser titular.

Lino Palacio lo define como

"aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez"5,

agregando Eduardo Oteiza que el principio dispositivo supone:

"el dominio de la parte sobre el derecho que sustenta su pretensión"6.

Su vigencia obedece principalmente a la ideología liberal que imperaba en la época de la codificación a fines del siglo XIX y que se manifiesta en una desconfianza en los poderes del Estado, y donde se considera que el proceso civil sirve en lo principal para la discusión de intereses privados.

Tradicionalmente este principio, que se explica con la formula nemo iudex sine actoré7, confía a las partes el inicio del proceso civil y la aportación del material probatorio.

La doctrina alemana se encargó de limitar el concepto de principio dispositivo al de dominio por los litigantes del interés privado, distinguiéndolo del principio de aportación de parte, relativo a la introducción de la prueba en el proceso, separación que ha sido acogida por doctrinas como la italiana y la española8.

José María Manresa, redactor de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881, refleja tal sentir, cuando expresa:

que "la mejor ley de procedimiento es la que deja menos campo al arbitrio judicial",

en la medida que este es "incompatible con las instituciones liberales", confundiendo el autor el dominio del objeto litigioso con el dominio respecto del proceso9.

En sentido similar discurren Emilio Gómez Orbaneja y Vicente Herce Quemada, para quienes el principio dispositivo propiamente dicho

"consiste en que las partes poseen dominio completo, tanto sobre su derecho sustantivo, como sobre los derechos procesales implícitos en el juicio, en el sentido que son libres de ejercitarlos o no"10.

Agrega Robert Wynes Millar que debería tratarse como un "principio de elección dispositiva"11, porque si las partes tienen el completo dominio de sus derechos en el proceso, también tienen la libertad para decidir el ejercicio de los mismos, y utilizar o no los medios procesales que la ley coloca a su disposición.

El principio dispositivo ha sido también caracterizado en un sentido formal y en sentido material12.

En la primera de sus manifestaciones, se refiere al manejo del proceso por parte de los interesados como instrumento técnico que garantiza el ejercicio de los derechos subjetivos que corresponderían a las partes en virtud del sentido material de este mismo principio, lo que les permitiría decidir sobre el ejercicio de la acción y los planteamientos que formulen al tribunal, pero dentro de las limitaciones formales establecidas por el proceso.

Como bien señala Piero Calamandrei, es:

"la proyección en el campo procesal de aquella autonomía privada en los límites señalados por la ley, que encuentra su más enérgica afirmación en la tradicional figura del derecho subjetivo y, mientras la legislación substancial reconozca la autonomía, el principio dispositivo debe ser coherentemente mantenido en el proceso civil, como expresión insuprimible del poder reconocido a los particulares de disponer de su propia esfera jurídica"13.

En su orientación material, el principio dispositivo resulta de mayor aplicación cuando se trata de derechos subjetivos enteramente disponibles, disminuyendo su vigencia cuando se trata de derechos o intereses donde se encuentran comprometidos derechos indisponibles o el interés general, aumentando en dichas hipótesis el principio de actuación de oficio, no siendo en estos casos lícito para las partes limitar la actividad jurisdiccional14.

La consagración de la buena fe como un principio rector y el deber de colaboración morigeran de cierta manera la supremacía de la disposición del proceso por las partes.

Ambos han sido considerados como verdaderos deberes o imperativos jurídicos tendientes a la ordenación del proceso, pero imposibles de cumplir forzadamente, por lo que el ordenamiento trata de evitar su infracción a través de la imposición de diversas sanciones de carácter pecuniario, personal o disciplinario a quien los infrinja15, ello en atención al carácter abstracto y la dificultad para reconocer los casos específicos en que la conducta es desleal o de mala fe.

Se diferencian de las obligaciones y cargas procesales en que los deberes refieren a todos los intervinientes en un proceso y tienen por objetivo su correcta realización, primando el interés común por sobre el interés individual del litigante, y que se refleja en su actuar de buena fe16.

Así, en este marco de exigencia de la buena fe, el principio de colaboración procesal coloca al justiciable en un papel de cooperación con el servicio judicial para que el proceso llegue a su fin solucionando la controversia, puesto que se desarrolla a partir de una visión solidaria del proceso, que se asienta e implementa a partir de la probidad procesal, con la finalidad de afianzar la ética en los intervinientes y el resultado útil de la jurisdicción.

La concepción del proceso como un conflicto de carácter adversarial, ha dado paso a una ideología menos conflictual y más colaborativa, y en este esquema:

"la moralización del proceso y el llamado solidarismo toman la palabra buscando dejar atrás la idea del proceso como una contienda entre partes parciales enfrentadas ante un tercero imparcial, y en el afán de la búsqueda de la verdad objetiva impone la redefinición del principio de la buena fe procesal para dar lugar a un deber de colaboración entre todos los que intervienen en el proceso, incluyendo deberes de asistencia del juez, y los deberes de veracidad e integridad de las partes"17.

Hernando Devis Echandía reconoce esta distinción cuando señala que del proceso surgen verdaderos deberes procesales, a cargo de las partes y de sus apoderados, los cuales implican un comportamiento exigible durante el desarrollo del proceso, y que puede cumplirse de modo voluntario o bien coactivamente18.

La lealtad y la probidad vendrían a ser manifestaciones inseparables del principio de la buena fe, puesto que esta última encuentra su principal apoyo en la idea de que el proceso civil no es una contienda que se desarrolla ante un tercero imparcial, sino que, por el contrario, el proceso constituye un camino que termina en una solución legal basada en la verdad objetiva y en el deber de las partes colaborar con el juez asumiendo este último deberes no con las partes sino con la sociedad, en el ejercicio de la función jurisdiccional19.

El deber de colaboración constituye una especificación del principio de la moralidad o lealtad procesal, definida como:

"el conjunto de reglas de conducta, gobernadas por el imperativo ético, a las cuales deben ajustarse todos los sujetos del proceso...",

y que:

"proscribe la malicia, la mala fe y la deshonestidad como instrumentos inaceptables para ganar los pleitos"20,

de manera que la buena fe, la veracidad y la probidad son parte de este principio general, y que en la práctica equivale a mencionar lo recto, lo honrado, lo moral abarcando desde un punto de vista ético toda actuación de las partes en el proceso, oponiéndose el litigante probo al improbus litigator21, que es aquel que actúa con falta de rectitud ya sea con referencia a todo el proceso como instrumento para la aplicación del derecho sustantivo o respecto de determinadas actuaciones del mismo.

Se traduce principalmente en la conducta procesal observada por las partes en todas sus intervenciones, y en virtud del cual se sancionan las actuaciones abusivas de quienes traicionan el ideal de la búsqueda en el éxito del proceso civil para que produzca los resultados de justicia esperados.

Las actuaciones sancionadas son aquellas que se cometen con abuso del proceso, lo que en palabras de Osvaldo Gozaíni:

"es el ejercicio abusivo de los actos procesales regulares, válidos y eficaces que conformen el debido proceso, pretendiendo alterar su virtualidad",

o

"utilizar una facultad procesal con un destino distinto al previsto constitucionalmente"22.

Sin perjuicio de lo señalado, parte de la doctrina considera que no es correcto establecer que en el proceso existan tales deberes u obligaciones, puesto que ambas nociones contrarían el espíritu dispositivo de los derechos de los que gozan las partes, diferenciándose los conceptos de carga, deber y obligación23.

Sabido es, sin embargo, que a través de diversas prácticas judiciales activas o pasivas los intervinientes en un proceso, partes, abogados y funcionarios judiciales contrarían estos principios24, y de acuerdo con lo que se ha venido señalando, existe una tendencia a depurar el proceso de la mala conducta procesal, y cuyos resultados prácticos se traducen primordialmente en la atribución de poderes del tribunal como

"el más ponderable elemento para la agilización del proceso a la sancionabilidad de la inconducta que tienda a entorpecer el trámite"25,

y que normalmente se traduce en la imposición de multas o indemnizaciones26.

El art. 88 del actual Código de Procedimiento Civil recoge estas tendencias, cuando ordena al juez la imposición de consignaciones previas o la facultad para sancionar al mandatario judicial de la parte que goza de privilegio de pobreza, por la interposición de incidentes, cuando en ellos ha existido mala fe o el claro propósito de dilatar el proceso y que, repitiendo el proyecto de Código Procesal Civil actualmente en tramitación, conserva el deber de consignar como obligatorio, pero mantiene como facultativo para el tribunal la imposición de multas a los abogados o mandatarios judiciales, que deriven de incidentes dilatorios o abusivos.

En este sentido, dispone el art. 135 del mencionado Proyecto:

"la parte que haya promovido y perdido dos o más incidentes planteados fuera de audiencia no podrá promover ningún otro de esa índole, sin que previamente consigne en la cuenta corriente del tribunal la cantidad que este fije. El tribunal, de oficio y en la resolución que deseche el último incidente, determinará el monto a consignar. Este fluctuará entre una y diez unidades tributarias mensuales, y se aplicará como multa a beneficio fiscal, cada vez que fuere rechazado un incidente que promueva con posterioridad. El tribunal determinará dicho monto considerando la actuación procesal de la parte, y si observare mala fe en la interposición de los nuevos incidentes, podrá aumentar su cuantía hasta por el duplo",

agregando la norma que aquellos que gocen de privilegio de pobreza no estarán obligados a efectuar dichas consignaciones, pero permitiendo al juez, en este caso, imponer personalmente al abogado o al mandatario judicial que lo hubiere promovido, por vía de pena, una multa a beneficio fiscal de una a diez unidades tributarias mensuales, siempre que estimare que en su interposición ha existido mala fe o el claro propósito de dilatar el proceso, y en la misma resolución que rechace cualquiera de los incidentes.

En relación con la sentencia de la Corte de Apelaciones, debemos señalar que nos parece adecuado el criterio revocatorio de la resolución de primera instancia, ya que el tenor del art. 88 es claro cuando expresa en su inciso primero que la parte que haya promovido y perdido dos o más incidentes

"no podrá promover ningún otro sin que previamente deposite en la cuenta corriente del tribunal la cantidad que éste fije".

Por lo tanto, puede concluirse que la consignación debe efectuarse antes de la promoción del nuevo incidente, y el abandono de procedimiento alegado en los autos que se comentan se promovió sin esa consignación previa, atentando de esta manera contra el texto expreso de la norma, señalándolo así la primera decisión.

Luego, el intento de salvar esta infracción consignando junto con el recurso de reposición, no solo constituye una segunda infracción de la ejecutada al artículo en comento sino que, también, un abuso en la utilización de los medios de impugnación, puesto que en las circunstancias descritas, el recurso de reposición interpuesto carecía de agravio, constituyendo solo un mecanismo carente de fundamento plausible que perseguía modificar la correcta decisión del tribunal dando cumplimiento extemporánea a la carga que le correspondía, habiendo ya caducado el plazo para su realización.

IV. Conclusiones

1) Las nuevas tendencias presentes en la forma como debe desarrollarse la actividad jurisdiccional que superan la versión adversarial del proceso, han repercutido en un cambio en la concepción sobre la conducta de los sujetos que intervienen en el proceso.

2) Se alzan como deberes dignos de reconocimiento, el de obrar de buena fe y el de la colaboración de las partes en el proceso, que tienen como finalidad última alcanzar un resultado justo y útil a través de la jurisdicción.

3) En ocasiones resulta muy complejo determinar si el actuar de las partes ha sido realizado con mala fe, mas cuando debe respetarse el pleno ejercicio del derecho de defensa.

4) Por lo anterior, el juez debe poseer herramientas que le permitan controlar que la conducta de las partes se ajuste a los deberes de lealtad y probidad procesal, ya sea de modo preventivo o, bien, a través de la imposición de multas y sanciones una vez que se acredita el actuar abusivo.

Notas

1 El presente trabajo se elabora en el marco del proyecto FONDECYT regular N° 1150276, titulado "La colaboración procesal como elemento configurador del principio dispositivo en el proceso civil por audiencias", del que la autora es la investigadora responsable.

2 Así por ejemplo, el Derecho Romano no contemplaba la buena fe como principio general y abstracto que debía informar al ordenamiento procesal, sino, más bien, como un factor creador de derecho que imponía conductas particulares a los litigantes.

3 Que Alvarado (2008), p. 262, define como "la erradicación del proceso de toda fuerza ilegítima", agregando Gelsi (1982), p. 4, que "el abuso del proceso se fundamenta en la aplicación del principio ético".

4 Montero, Ortells, Gómez-Colomer (1995), 1993, pp. 465-471. En el mismo sentido, Esparza (1995), p. 33.

5 Palacio (1979), tomo I, pp. 253-254.

6 Oteiza (2003), p. 83 y ss.

7 Lo que significa que solo habrá actividad jurisdiccional si hay un demandante.

8 En este sentido, Cappelletti (1974); Liebman (1960), p. 551 y ss.; Proto (2014). En lo que respecta a la dogmática española, entre otros, Aragoneses (1997), pp. 182-183; Gómez (1962), p. 191 y ss.; Serra (1972), p. 519 y ss.; Cordón (1995), p. 140 y ss. y Picó y Junoy (1996), p. 207 y ss.

9 Manresa (1881), tomo I, p. 10, a lo que agrega Montero (1982), p. 80: "la base ideológica liberal de los autores de la LEC les lleva a desconocer el reparto de funciones del juez y de las partes en el proceso, convirtiendo a aquél en un ente pasivo y a estas en verdaderas dueñas de la litis".

10 Gómez, Herce (1979), p. 191. Esta reflexión permite efectuar también la conocida distinción entre obligación y carga procesal, a partir de la cual el principio dispositivo tiene también un contenido de responsabilidad en su ejercicio.

11 Wynesss (1945), p. 65.

12 En este sentido cfr. Cappelletti, (1974).

13 Calamandrei (1981), pp. 404-405.

14 Couture (1958), p. 186. Sería el caso, por ejemplo, de los procesos relativos al estado civil de las personas o los procesos ante los tribunales de familia e, incluso, ante los tribunales del trabajo.

15 Cfr. en este sentido Couture (1958), p. 210.

16 Sobre la distinción entre cargas, deberes y obligaciones procesales véas Carretta (2008), pp. 101-127. James Goldsmichdt y Francesco Carnellutti los visualizan como cargas procesales y no como obligaciones o deberes, puesto que se fundan en el hecho de que las partes actúan movidas por sus propios intereses y no por el servicio de intereses ajenos. Golsdchmidt (1936), p. 20, define la carga como "la necesidad de realizar un acto para prevenir un perjuicio procesal", agregando Carnellütti, (1944), pp. 155-166 que la distinción entre carga y obligación se fundaba en "la diversa sanción conminada a quien no realiza el acto; existe sólo obligación cuando la inercia da lugar a una sanción jurídica (ejecución o pena); en cambio si la abstención del acto hace perder sólo los efectos útiles del acto mismo, tenemos la figura de la carga".

17 Palomo (2013), p. 449. Cfr. también este sentido, Cappelletti (1969), p. 169.

18 Devis Echandía 1990), p. 401.

19 Así lo ha reconocido, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil alemán, cuando señala: "las partes tienen el derecho y el deber de participar en el proceso y, especialmente, de colaborar para la declaración de la situación de hecho. Sus respectivas declaraciones y deposiciones deben ser completas y veraces".

20 Bustamante (2010), p. 98.

21 Que puede conceptuarse como el litigante temerario, el que carece de fundamento para demandar y que permite también establecer ciertos parámetros para definir el estándar del correcto litigante.

22 Gozaíni (2009), p. 510.

23 Cfr. Couture (1958), p. 171 y ss.

24 Agrega Gozaíni (2009), p. 465, que la discusión sobre la necesidad de obrar con lealtad y probidad se instala cuando se advierten los desatinos de la conducta de las partes y las continuas posibilidades de exceso que facilitaba el principio dispositivo, interpretado sin otro límite que el interés de los litigantes o el ejercicio del derecho de defensa.

25 Clariá (1970), p. 3. En sentido contrario Fernando de la Rúa, citado por Condorelli (1986), p. 180 y ss., quien considera que la represión de conductas abusivas infundiría en las partes un temor por las sanciones que podrían aplicarse, lo que perjudicaría el derecho de defensa de las partes. Plantea que la solución debería radicar en la prevención y no en la sanción, pero que esta solución se vería obstaculizada por la falta de inmediatez en el proceso. Esta opción ha sido abiertamente criticada por Epifanio Condorelli, quien sostiene: "no se ve muy claramente de qué manera en concreto, se violenta el derecho de defensa en juicio..." y que "pareciera difícil conciliar el concepto de Litis temeraria con el principio de que es lícito utilizar todos los medios para hacer valer un derecho que se pretende".

26 En Colombia, la ley N° 1.285 de 2009, que reforma el Estatuto de la Administración de Justicia, aborda los poderes del juez y lo faculta para sancionar ciertas conductas que contravienen la buena fe, la lealtad y la moralidad procesal, estableciendo que el juez podrá imponer multas a las partes o a sus abogados cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales; cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas o injustificadamente no suministren de manera oportuna la información o los documentos que estén en su poder y les fueren requeridos en inspección judicial o mediante oficio y cuando sin justificación no presten colaboración en la práctica de pruebas y diligencias y cuando adopten una conducta procesal tendiente a dilatar el proceso o por cualquier medio se entorpezca el desarrollo normal del proceso. Así, la Corte Constitucional de dicho país, en sentencia C-713-2008, ha hecho algunas precisiones en torno al artículo, precisando cuándo es válida la imposición de sanciones o los criterios para determinar dicha aplicación. Así, se ha señalado que debe valorarse la naturaleza del proceso, la trascendencia de la falta, las condiciones particulares del responsable y su situación económica, debiendo, además, la imposición de la multa debe deberse necesariamente a la temeridad o mala fe del responsable y no del ejercicio legítimo de un derecho de las partes.

 

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