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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  no.24 Santiago jul. 2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722015000100012 

Comentarios de jurisprudencia

 

Derecho Mercantil

 

Guillermo Caballero Germain

Profesor de Derecho Comercial
Universidad Adolfo Ibáñez


 

Comentario. Sociedad colectiva comercial. Pacto de continuación forzosa de la sociedad. Solidaridad. Sentencia Corte Suprema, de 6 de enero de 2015, rol 9976-2014; sentencia Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 10 de marzo de 2014, rol 2241-2013 y sentencia Primer Juzgado Civil de San Antonio, de 3 de septiembre de 2013, rol C-1170-2011

En lo sustancial, los hechos del pleito son los siguientes: el 26 de mayo de 1971, Luis Monasterio García y José Antonio Monasterio Aljaro, constituyeron una sociedad colectiva mercantil bajo la razón social "Luis Monasterio G. y Compañía", cumpliéndose con las demás formalidades legales. Los socios pactaron expresamente que la sociedad no se disolverá en caso de fallecimiento de alguno de ellos sino que continuará con la sucesión del fallecido (cláusula 12).

Con fecha 17 de agosto de 1981, se inscribió el extracto donde quedó constancia del retiro de Luis Monasterio García, el ingreso como nuevos socios de Manuel Jaime Monasterio Aljaro, María del Pilar Monasterio Aljaro y Julia Josefa Aljaro Torrecilla y la designación de Manuel Jaime Monasterio Aljaro y Julia Josefa Aljaro Torrecilla como administradores. Posteriormente, el 28 de octubre de ese mismo año, se modificó la razón social por "Monasterio, Aljaro y Compañía".

El año 1990, tras el fallecimiento de la socia María del Pilar Monasterio Aljaro, se incorporaron como socios, en su calidad de herederos, Pablo José Nogueira Monasterio, Carlos Luis Nogueira Monasterio y Carlos Guillermo Nogueira Cave.

El año 2009, falleció el socio administrador Manuel Jaime Monasterio Aljaro.

Con fecha 21 de agosto de 2009, el Segundo Juzgado del Trabajo de San Antonio, acogió la demanda laboral presentada por Eduardo Gamboa Padilla en contra de Monasterio, Aljaro y Compañía, condenándose, por sentencia firme y ejecutoriada, a la referida sociedad al pago de $18.805.246.

El 14 de noviembre de 2011, Eduardo Gamboa Padilla demanda la declaración judicial de Margarita Fernández Jiménez como deudora solidaria legal del pago decretado a su favor por la sentencia laboral antes referida en su calidad de socia de Monasterio, Aljaro y Compañía (al ingresar a la sociedad como heredera de su cónyuge Manuel Jaime Monasterio Aljaro).

El tribunal de primera instancia fundó el rechazo de la demanda en la idea de significar la petición del demandante la constitución de un nuevo título ejecutivo con una obligación independiente a la declarada por la sentencia laboral:

"12°.- Que previo al análisis del fondo, y por lo ya previamente expuesto aparece que lo pedido por la actora en su libelo se hace jurídicamente improcedente, toda vez que no puede por ésta vía elevar como pretensión, que el Tribunal, condene a la demandada al pago de una suma de dinero, teniendo como fundamento la solidaridad del modo alegado, porque más allá de la procedencia o no, de ésta situación excepcional de solidaridad, argüida, de dar lugar el Tribunal a lo pedido, tal sentencia constituiría un nuevo título ejecutivo, con una obligación independiente, de la que motiva estos autos, situación jurídica muy diversa de aquella en que fundamentando la procedencia de la solidaridad, se solicite la declaración que una determinada persona debe concurrir en forma solidaria al pago de una obligación" (consi. 12°).

La Corte de Apelaciones confirmó por unanimidad la sentencia de primera instancia, sin declaraciones.

A su turno, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la solicitante, fundándose en dos ideas:

i) la demandada no es socia de Monasterio, Aljaro y Compañía:

"Que, al contrario de lo que sostiene quien recurre, no es posible entender que, por la estipulación del contrato de sociedad según la cual ella continúa con la sucesión del socio fallecido, los herederos de éste pasen a ser socios de la compañía de su causante por el solo hecho de la muerte del mismo. Muy por el contrario, en los casos en que las personas que otorgan el contrato de sociedad han pactado la cláusula que se analiza, aquellos que las suceden por causa de muerte adquieren sólo ‘el derecho para entrar en ella [en la sociedad]’, como lo ordena el artículo 2105 del Código Civil, aplicable a las sociedades colectivas comerciales por expresa disposición del artículo 407 del Código de Comercio" (cons. 8°) y

ii) la demandada no es solidariamente responsable del pago de las obligaciones de Monasterio, Aljaro y Compañía:

"Que, así las cosas, la demandada, en su calidad de heredera del socio antes nombrado, sólo es responsable respecto del total de aquellas deudas a que el causante se hallaba obligado solidariamente, en forma simplemente conjunta con los demás herederos. En efecto, los herederos de un deudor solidario son, en conjunto, deudores del total de la obligación solidaria de aquél" (cons. 9°).

Comentario

La disputa resuelta en las sentencias antes reseñadas tiene como punto de partida la incorporación de una cláusula en un contrato de sociedad colectiva mercantil en virtud de la cual la sociedad no se disolverá en caso de fallecimiento de alguno de los socios sino que continuará con la sucesión del fallecido (cláusula 12°).

Se trata de una cláusula de sucesión, merced la cual se admite anticipadamente como socios a los respectivos herederos relajándose sustancialmente el carácter intuito personae del vínculo societario (art. 2103.I del CC). El pleito resuelto en las sentencias objeto de este comentario plantea (solo) dos (de los muchos) problemas vinculados a los efectos de una cláusula de sucesión: ¿los herederos ingresan en forma automática a la sociedad o es necesario cumplir alguna ritualidad previa? Y luego, una vez ingresados a la sociedad, ¿cómo responden los (nuevos) socios (herederos) de las deudas sociales? A ellos nos referiremos seguidamente y en el mismo orden.

I. El ingreso a una sociedad colectiva en virtud de una cláusula de sucesión

En la sentencia antes referida, la Corte Suprema declaró:

"en los casos en que las personas que otorgan el contrato de sociedad han pactado la cláusula que se analiza, aquellos que las suceden por causa de muerte adquieren sólo ‘el derecho para entrar en ella [en la sociedad]’" (cons. 8°).

La interpretación de la cláusula de sucesión como una facultad del heredero es fundada por la Corte en un argumento de texto:

"si la sociedad ha de continuar con los herederos del difunto, tendrán derecho para entrar en ella todos, exceptuándose solamente aquellos que por su edad u otra calidad hayan sido expresamente excluidos en la ley o el contrato" (art. 1205.II del CC).

El razonamiento explícito de la Corte Suprema es el siguiente: el pacto acordado entre los socios de Monasterio, Aljaro y Compañía, interpretado a la luz del art. 1205.II del CC, otorga a cada heredero (sólo) un derecho a ingresar en la sociedad (según expresamente establece el Código). La idea implícita es que la demandada no ha ejercido ese derecho (a entrar en la sociedad) y, por consiguiente, no es socia. Faltando a la demandada la calidad de socia, pero no de heredera, responde de forma simplemente conjunta de las obligaciones hereditarias. Esto es, responde de acuerdo con las reglas hereditarias y no societarias.

En nuestra opinión, esta sentencia, eventualmente correcta en su conclusión, yerra -en todo caso- en la fundamentación de la decisión, según se explicará.

i) los antecedentes históricos del art. 2105.II del CC

La influencia en Andrés Bello de Raymond-Théodore Troplong respecto a la regulación de la sociedad es bien conocida1. La regla citada por la sentencia de la Corte Suprema para resolver la controversia (el art. 2105 del CC), también bebe de esa fuente inspiradora. Si bien el Código Civil francés admite la licitud de una cláusula de sucesión en una sociedad colectiva (art. 1868 del Código Civil francés), guarda silencio para el caso de existir entre los herederos un incapaz, siendo debatido, a la sazón, por la doctrina si en ese caso la cláusula de sucesión debía o no tener efecto. Raymond Troplong consideró inaceptable frustrar la continuación de la sociedad con los herederos del socio fallecido en razón de existir un menor entre los herederos. En ese supuesto, la sociedad debe continuar, pues es una mejor forma (en comparación a la disolución) de proteger los intereses del menor2. El art. 2105.II del CC recoge esta idea de Raymond Troplong, según dejó constancia el propio Andrés Bello en sus notas a la citada norma3.

De acuerdo con lo anterior, la interpretación de la Corte Suprema de la citada regla se aleja de forma ostensible de la intención de la ley, manifestada de manera clara en la historia fidedigna de su establecimiento (art. 19 del CC). El problema resuelto por la norma examinada es allanar la continuación de la sociedad en la eventualidad de existir herederos incapaces. En consecuencia, la frase "tendrá derecho para entrar en ella" debe entenderse en ese contexto. Esto es, en el sentido de no poder negarse al heredero incapaz el ingreso a la sociedad si los socios han pactado una cláusula de sucesión, salvo haya sido expresamente excluido en la ley o en el contrato, eliminándose, de esa forma, un eventual obstáculo para la continuación de la sociedad. Se trata, en suma, de una cuestión por completo diversa a la disputa de este pleito, centrada en los efectos de una cláusula de sucesión respecto de unos sujetos plenamente capaces.

Demostrada la impertinencia de la argumentación ofrecida por la sentencia, queda sin respuesta cuál debe ser el criterio de adjudicación en el caso comentado, cuestión tratada inmediatamente.

ii) La función y los efectos de la cláusula de sucesión

La muerte de un socio implica la disolución de una sociedad colectiva, pasando la cuota de liquidación a formar parte de la herencia, pero no la condición de tal, en principio, intransmisible. La cláusula de sucesión tiene como función hacer transmisible la posición de socio a los herederos del fallecido4.

Los efectos de una cláusula de sucesión varían según sea facultativa u obligatoria, cuestión entregada enteramente a la decisión de socios plasmada en el estatuto social, pues -conviene recordarlo- estamos ante una cláusula contractual.

La cláusula de sucesión facultativa otorga al heredero la opción de ingresar a la sociedad: si el heredero ejerce esta facultad podrá adquirir la condición de socio, debiendo los demás concurrir a los actos necesarios para materializar la incorporación del heredero como nuevo socio de conformidad al contrato social (acto inter vivos). Como se aprecia, no se trata estricto sensu de una cláusula de sucesión, sino de un pacto de continuación de la sociedad entre los miembros sobrevivientes y una estipulación en favor de tercero (el heredero) en virtud de la cual este tiene derecho a ingresar en la sociedad5.

La cláusula de sucesión obligatoria determina el ingreso a la sociedad del heredero del socio fallecido. Ese ingreso se produce automáticamente, una vez aceptada la herencia por parte del heredero6, 7.

Aunque en las sentencias objeto de este comentario no se transcribe textualmente el pacto social, la cláusula acordada se describe en la sentencia de primera instancia del modo siguiente:

"la sociedad no se disolverá en caso de fallecimiento de alguno de los socios sino que continuará con la sucesión del socio fallecido".

Si ese fuere literalmente el tenor de lo pactado, en nuestra opinión, se trata de una cláusula de sucesión obligatoria o en sentido estricto: cada uno de los herederos ingresa en forma automática a la sociedad.

Siendo la hipótesis más probable (no es posible más con la información contenida en las sentencia comentadas) que el pacto de los socios de Monasterio, Aljaro y Compañía es una cláusula de sucesión obligatoria y que la demandada aceptó la herencia8, debe concluirse que ha ingresado automáticamente como socia en la referida sociedad colectiva mercantil. Despejada la primera incógnita planteada, queda por dilucidar si debe declararse a la demandada, socia de Monasterio, Aljaro y Compañía, responsable solidaria de la deuda a favor del demandante.

II. La responsabilidad del socio-heredero

La incorporación de la demandada como socia en una sociedad colectiva comercial abre la posibilidad de atribuirle una responsabilidad solidaria por las deudas sociales (ex art. 370 del CdC). Esa es la argumentación del demandante (cdo. 1°). La falencia de ese raciocinio es ignorar la influencia del Derecho Sucesorio en la cuestión debatida. En efecto, en el caso de una cláusula de sucesión, el nuevo socio adquiere esa condición mortis causa y no por un acto entre vivos9. De allí que el régimen de responsabilidad del socio colectivo mercantil deba ajustarse parcialmente a las reglas sucesorias. Esa adecuación se produce diferenciando entre el régimen de responsabilidad del (nuevo) socio-heredero por las deudas sociales anteriores y posteriores a la muerte del socio-causante. Los herederos-socios colectivos mercantiles responden solidaria e ilimitadamente con todo su patrimonio de las deudas nacidas luego de la muerte del socio-causante, pues se trata de deudas personales derivadas de la posición de socio (adquirida automáticamente, en virtud de la cláusula de sucesión obligatoria, a la muerte del causante)10.

En cambio, las deudas sociales nacidas con anterioridad a la muerte del socio-causante son deudas hereditarias (por analogía, ex art. 2105.I del CC), debiendo determinarse la responsabilidad por las mismas de acuerdo a las reglas sucesorias. Como es bien sabido, por la muerte del deudor una obligación solidaria pasa a ser divisible entre los herederos, de modo que responderán de forma simplemente conjunta, conforme a la cuota correspondiente en la herencia (art. 1523 del CC)11. Todavía esa responsabilidad simplemente conjunta del socio-heredero puede quedar limitada "hasta concurrencia de lo que valga lo que hereda", si este acepta la herencia con beneficio de inventario (art. 1354.III del CC)12.

De acuerdo con todo lo anterior, el dato fundamental para resolver la disputa de este juicio es determinar si se trata de una deuda anterior o posterior a la muerte del socio-causante Manuel Jaime Monasterio Aljaro. El hecho, no obstante su trascendencia, pasa desapercibido durante el juicio, sin quedar fijado en las sentencias comentadas. Ante esta incertidumbre no podemos afirmar cuál debiera haber sido el criterio para resolver la contienda sino solo describir las soluciones para cada posible escenario.

Si la deuda de origen laboral reclamada por el demandante nació antes de la muerte de Manuel Jaime Monasterio Aljaro, esa responsabilidad debió pasar a los herederos (entre ellos, la demandada) de forma simplemente conjunta, pudiendo todavía haberse limitado, si la herencia fue aceptada con beneficio de inventario (de lo cual no existe constancia en las sentencias tantas veces referidas). Por el contrario, si la referida deuda nació con posterioridad a la muerte de Manuel Jaime Monasterio Aljaro, la demandada debió ser declarada solidariamente responsable, por tratarse de una deuda social y ser ella socia de Monasterio, Aljaro y Compañía a la época del nacimiento de esa deuda.

De lo hasta aquí indicado se desprende que la sentencia de la Corte Suprema arriba a una conclusión similar a la correspondiente para el caso de haber nacido la deuda laboral a favor del demandante con anterioridad a la muerte del socio-causante (la división de la obligación solidaria entre los herederos), aunque esos hechos no aparecen probados ni los fundamentos de Derecho esgrimidos para resolver en ese sentido son los adecuados, según esperamos haber demostrado precedentemente.

A modo de cierre de este comentario, puede afirmarse que no cabe duda de la validez de una cláusula de sucesión obligatoria en nuestro ordenamiento, expresamente reconocida en los arts. 2103.I y 1205.II de nuestro Código Civil. En ese caso, en nuestra opinión, las cuestiones de responsabilidad de un nuevo heredero-socio siguen un régimen diferenciado según se trate de una deuda anterior o posterior a la muerte del socio-causante, sin que sobre el punto tenga incidencia alguna la regla contenida en el art. 2105.II del CC.

Notas

1 Por todos, Guzmán (1982), p. 424.

2 "Mais, je le répète, ils ne sont pas mieux fondés pour les autres espèces de société. Jadis les sociétés taisibles se continuaient sans difficulté avec les héritiers mineurs de l’associé prédécédé et cela, bien qu’on ne pût commencer une société taisible avec un mineur.Je ne sache pas qu’on ait élevé des doutes sur un point si universellement admis dans la jurisprudence coutumière. Voyez, d’ailleurs, combien deviendrait difficile la position des sociétés qui, pour agir utilement dans leur entreprise, ne se sont formées qu’à la condition de n’être pas dissoutes par la mort, et qui, sous prétexte de minorité, se verraient enlever le bénéfice d’un pacte nécessaire à leur prospérité!!! Il ne serait pas impossible qu’une brusque interruption ne les conduit à une faillite!! Du moins, la dissolution serait presque toujours une cause de perte, d’embarras, de mécomptes. Autant vaudrait en revenir franchement au droit romain et á sa prohibition absolue; une défense formelle aurait moins de désavantages qu’une autorisation accompagnée de ces embûches ou de ces incertitudes". Troplong (1843), pp. 426-427.

3 En el Proyecto Inédito del Código Civil, se lee una nota de Andrés Bello al inciso segundo del art. 2105 en los términos siguientes: "Troplong, Société, nota 954". Bello (1955), tomo XIII, p. 805.

4 De allí, entonces, que la cláusula de sucesión no constituye un pacto de sucesión futura, pues no dispone sobre bienes hereditarios (la cuota de liquidación), sino permite el ingreso (vedado de acuerdo a las reglas generales) de los herederos a la sociedad, adquiriendo éstos la posición de socio. Véase Girón (1976), p. 655; Paz-Ares (1993), p. 1504; Capilla (1986), p. 16.

5 La doctrina concuerda en esta punto, véase Girón (1976), p. 656; Paz-Ares (1993), p. 1506; Capilla (1986), p. 16.

6 Con precisión, Paz-Ares (1993), p. 1504. La doctrina considera que una cláusula de sucesión obligatoria sitúa al heredero ante un dilema, pues si no quiere rechazar la herencia, se verá forzado a responder ilimitadamente por las deudas sociales (de la sociedad colectiva) con su propio patrimonio y a involucrarse en la actividad de la sociedad. La salida a esa encrucijada apunta a reconocer al heredero el derecho a pedir la disolución de la sociedad (existiendo diversidad en cuanto a la causal pertinente) y los efectos (disolución total o parcial). Véase Girón (1976), p. 654; Paz-Ares (1993), p. 1505.

7 La cláusula de sucesión solo produce efectos una vez aceptada la asignación hereditaria por el heredero. Así lo ha declarado la jurisprudencia (Corpora Aconcagua con Exportadora y Distribuidora Decal Limitada). Conforme, Jequier (2013), p. 245.

8 En la relación de hechos de la sentencia de primera instancia se deja constancia de la afirmación por parte de la demandante de haber, la demandada, aceptado por actos expresos la herencia de su cónyuge Manuel Jaime Monasterio Aljaro, aunque sobre el punto no existe un pronunciamiento por parte del tribunal.

9 En nuestra doctrina se ha entendido que se trata de una carga para el heredero, de la cual no puede desembarazarse, salvo repudie la asignación hereditaria (Varela (1955), p. 221; Sandoval (2007), p. 64).

10 Nuestra doctrina se ha ocupado con precisión del punto, concluyendo en el mismo sentido: Varela (1955), p. 221. Conforme, Girón (1976), p. 656; Paz-Ares (1993), p. 1504; Capilla (1986), p. 16.

11 Elorriaga (2010), p. 600. La división de las deudas del causante no opera si se trata de una obligación indivisible (art. 1528 del CC).

12 Razón por la cual, se recomienda utilizar esa prerrogativa si la sucesión comprenda la posición de socio en una sociedad colectiva.

Véase Sandoval (2007), p. 64. Conviene puntualizar que la aceptación de la herencia con beneficio de inventario no es una excepción a la división de pleno derecho entre los herederos de las deudas hereditarias. Véase Elorriaga (2010), p. 605.

 

Bibliografía citada

Bello, Andrés (1955). Obras completas. Caracas, Ministerio de educación. Tomo XIII: Código civil de la República de Chile.         [ Links ]

Capilla, Francisco (1986). "Artículo 1704". Comentario al Código Civil. Base de datos VLEX-254283.         [ Links ]

Girón, José (1976). Derecho de Sociedades. Madrid: Artes Gráficas Benzal.         [ Links ]

Guzmán, Alejandro (1982). Andrés Bello codificador. Santiago: Ediciones Universidad de Chile, Tomo I.         [ Links ] 

Elorriaga, Fabián (2010). Derecho sucesorio. Santiago: Abeledo-Perrot.         [ Links ]

Jequier, Eduardo (2013). Curso de Derecho comercial. Santiago: Legal Publishing.         [ Links ]

Paz-Ares, Cándido (1993). "Artículo 1704", en Cándido Paz-Ares et al. (dir.). Comentario del Código Civil. Madrid: Ministerio de Justicia. Tomo II.         [ Links ]

Puelma Accorsi, Alvaro (2006). Sociedades: Santiago: Editorial Jurídica de Chile. Tomo I.         [ Links ]

Sandoval, Ricardo (2007). Derecho Comercial. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. Tomo I. Vol. 2.         [ Links ]

Troplong, Raymond-Théodore (1843). Le Droit Civil expliqué. Du contrat de société. París: Charles Hingray. Tome II.         [ Links ]

Varela, Raúl (1955). Derecho Comercial. Santiago: Editorial Universitaria. Tomo I.         [ Links ]

Jurisprudencia citada

Corpora Aconcagua con Exportadora y Distribuidora Decal Limitada, Corte Suprema, 3 de diciembre de 1997 (casación en el fondo), cita Legal Publishing CL/JUR/47/1997.         [ Links ]

 

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