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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  no.24 Santiago jul. 2015

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722015000100007 

Comentarios de jurisprudencia

 

Contratos especiales

 

Ricardo Torres Urzúa

Universidad Diego Portales


 

Compraventa de vehículos motorizados, obligación de entrega y buena fe. Corte Suprema, 2 de septiembre de 2014, rol No14243-2013

 

Con la finalidad de adquirir una grúa horquilla, para el desarrollo de sus actividades comerciales, la sociedad Muebles López y López Limitada (en adelante la compradora, sociedad o demandante) recurrió al Banco Itaú con la intención de obtener financiamiento para su compra. El banco, a través de una operación de leasing financiero, compró el vehículo correspondiente y, a continuación, lo arrendó a la sociedad interesada, con opción de compra.

Según consta en los hechos confirmados por los sentenciadores, al momento de hacerse efectiva la opción, la sociedad había pagado el total del precio, y el banco hizo la entrega material de la grúa:

"Cuarto: [...] el contrato operó sin problemas, en el sentido de que el banco otorgó el crédito, se compró el bien, en este caso una grúa horquilla, que fue recibida en propiedad por el banco y entregada para su uso en arrendamiento al cliente, quien pagó regularmente el crédito, por la vía de un pago mensual".

Si bien, ninguna de las dos partes discutió que se llevó a cabo la entrega material del vehículo, el conflicto se produce como consecuencia de que el banco no entregó los documentos necesarios para hacer la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados, a nombre de la sociedad. Para la parte compradora, esta omisión significó un incumplimiento del contrato de leasing, por lo que solicita en tribunales la ejecución forzosa con indemnización de perjuicios.

El Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago consideró que al haberse hecho el traspaso material del vehículo, se había cumplido con la tradición y, de este modo, con la obligación de entrega:

"Decimo: Que en el caso de autos, se encuentra acreditado con la prueba aportada por las partes que ambas partes cumplieron las obligaciones que para ellas emanaban del contrato, y que la demandada cumplió con los presupuestos establecidos por el legislador para realizar la tradición de los bienes muebles, esto es la entrega material de la cosa, (...)"1.

La sociedad presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmando -de esta forma- el fallo del tribunal ad quo.

Finalmente, por vía de la casación, el comprador alegó la infracción de dos conjuntos de normas:

El primero de ellos, tiene relación con la forma en que debe realizarse la tradición de los vehículos motorizados. Señala el recurrente que se han vulnerado los art. 679 y 684 del Código Civil, en relación con los arts. 38 y 41 de la Ley de Tránsito (N° 18.290). La vulneración alegada reposa en que la inscripción es una solemnidad necesaria para el perfeccionamiento de la tradición del art. 684, toda vez que los arts. 38 y 41 (actual 35) de la Ley de Tránsito disponen dos efectos fundamentales de la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados:

a) una presunción de dominio para el titular inscrito2 y

b) la facultad de oponer a terceros, los títulos que justifiquen derechos sobre la cosa3.

En palabras del propio recurrente:

"cuando se haya efectuado la venta del vehículo sub lite, esta venta debe, para su perfeccionamiento, anotarse en el respectivo registro, toda vez que mientras ello no ocurra, la venta es inoponible a terceros, constituyendo una norma imperativa, que si bien es cierto, no acarrea la nulidad, implica la sanción de la inoponiblidad.

Adiciona que este precepto está en perfecta relación con el artículo 679 del Código Sustantivo, del cual se desprende que sin el cumplimiento de la solemnidad legal de inscribir el vehículo a nombre de su parte no es posible concretar su tradición. Por ende, asevera, no habiéndose hecho hasta la fecha de inscripción en el registro de vehículos motorizados la variación del dominio, desde el banco demandado a su parte, no se ha materializado la tradición del mismo, aunque se le haya permitido a la actora la aprehensión material de aquel y se haya entregado la respectiva factura de venta".

La Corte da razón al recurrente, y sostiene que la falta de inscripción en el registro vehicular constituye un incumplimiento del contrato por privar a la parte compradora de los beneficios jurídicos antes señalados:

"Séptimo: (...) Se trata de una peculiaridad del régimen de los vehículos motorizados que no pueden desatenderse, en un contrato de leasing como el de autos, porque el usuario del crédito, con todo derecho, tiene la expectativa que, al término del contrato, efectivamente obtendrá la inscripción a su nombre del bien, para gozar del beneficio jurídico que ya se ha indicado. Por lo mismo, es de cargo del banco, cumplir con la obligación final de poner los antecedentes necesarios para lograr la inscripción del vehículo, a nombre del cliente. No basta en este sentido con haberse hecho la tradición material, conforme con el Código Civil, si esa tradición no logra darle la presunción de dominio al accipiens, por faltarle la inscripción; (...)".

Agrega, además, que esta obligación se integra al contrato por medio de la buena fe objetiva, como estándar de conducta que exige un comportamiento leal y honesto entre las partes contratantes que buscan un beneficio jurídico eficiente:

"Duodécimo: (...) en el caso sub judice se ha incumplido el contrato firmado entre las partes, desde que si bien el traspaso del dominio se logró, lo cierto es que la inscripción, hasta ahora frustrada, es necesaria para lograr el beneficio jurídico cabal de dicha tradición. En efecto, no puede considerarse que el contrato que liga a las partes se ha cumplido conforme a la buena fe (...), si aquello que emana de la naturaleza de la obligación -como es poder obtener la inscripción del vehículo a nombre del comprador, efectuada que fuera la tradición- no se logra por hechos atribuibles a la entidad bancaria demandada, esto es, por haber omitido aportar la documentación necesaria para que el trámite mencionado se verifique (...)".

Finalmente, concluye:

"... Que el banco demandado no puede desentenderse de su obligación de aportar los documentos necesarios para lograr la inscripción requerida y en esta parte la demanda debe ser acogida, pues, su deber de hacer una tradición plenamente eficaz así se lo impone".

El fallo en comento nos invita a reflexionar sobre dos problemas que nos ayudarán tener una mejor comprensión de la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados:

(i) el papel que cumple la inscripción en la tradición de los vehículos y

(ii) su importancia en la verificación de un posible incumplimiento del contrato.

I. La inscripción en el registro y tradición

Cuando hablamos del eventual papel de la inscripción en la tradición, nos cuestionamos si este procedimiento es una formalidad necesaria para transferir el dominio de los vehículos motorizados. Como se verá a continuación, este tema ha sido tratado por nuestros tribunales en múltiples ocasiones, sin embargo, la pregunta parece encontrar respuesta en la misma Ley de Tránsito, ya que en su art. 33 se puede leer:

"La constitución del dominio, su transmisión, transferencia y los gravámenes sobre vehículos motorizados se sujetarán a las normas que el derecho común establece para los bienes muebles".

En el ámbito doctrinario, Daniel Peñailillo Arévalo4 es categórico en seguir esta norma, y sostiene que no se exigen formalidades especiales para la confección de los títulos que tengan relación con estos bienes o con su tradición:

"En cuanto a los vehículos motorizados terrestres (...) el título respectivo no está sometido a formas especiales (si es compraventa es consensual, sin perjuicio de la limitación probatoria) y la tradición se rige por el art. 684 del CC. (...).

Estas inscripciones no son requisito de los respectivos actos. Pero se presume propietaria de un vehículo motorizado a la persona a cuyo nombre figure inscrito en el Registro, salvo prueba en contrario".

Nuestros tribunales de justicia comparten esta postura.

En sentencia de junio de 2012, la Corte Suprema5 resolvió que la inscripción no constituía tradición, sino solo un mecanismo de protección del comprador por medio de la presunción de dominio. Los hechos fueron los siguientes: En enero del año 2005 una empresa transportista vendió a un particular, un bus. Se llevó a cabo la entrega material, pero no la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados. Luego, en abril del mismo año, el comprador atropelló a un peatón, causándole daños graves. La víctima demandó solidariamente a la empresa vendedora y al comprador, haciendo alusión a que la empresa era dueña del vehículo por encontrarse inscrito a su nombre, la Corte deshecha la argumentación de la demandante, ya que se logró probar el traspaso del dominio. Sobre lo que nos importa se resolvió:

"Séptimo: Que no obsta la circunstancia que exista un Sistema de Registro de Vehículos Motorizados a que se refiere el artículo 34 y siguientes de la Ley N° 18.290, pues la inscripción que ordena la ley, no opera como modo de adquirir el dominio -tradición- sino como un medio de publicidad".

En el mismo orden de ideas, la Corte Suprema resolvió que el registro es un medio de publicidad no constitutivo de tradición6. En el caso en cuestión, se trabó embargo sobre un vehículo en juicio ejecutivo. El problema está en que se ejecutó al titular inscrito del vehículo, quien había transferido el dominio a una persona distinta antes de que se trabara el embargo. Este último presentó una tercería de dominio para que el bien no sea rematado. La Corte acoge la pretensión del tercerista, y resuelve, a propósito del Registro e inscripción:

"6°. Que el artículo 38 de la Ley N° 18.290, en su texto refundido por el DFL N° 1 del año 2007, establece que la constitución del dominio, su transmisión, transferencia y los gravámenes sobre vehículos motorizados se sujetarán a las normas que el derecho común establece para los bienes muebles. Así entonces, aplicando esas disposiciones, debe entenderse que la compraventa de un vehículo motorizado es un contrato de carácter consensual, siendo necesario para su perfeccionamiento que exista entre las partes un acuerdo de voluntades sobre la cosa y el precio, según lo que establece el artículo 1801 del Código Civil. En relación a esto último, el artículo 41 de la Ley de Tránsito estatuye que ‘En el Registro de Vehículos Motorizados se inscribirán, además, las variaciones de dominio de los vehículos inscritos’, agregando que ‘No serán oponibles a terceros ni se podrán hacer valer en juicio los gravámenes, prohibiciones, embargos, medidas precautorias, arrendamientos con opción de compra u otros títulos que otorguen la tenencia material del vehículo, mientras no se efectúe la correspondiente anotación en el Registro’. Más adelante esta disposición legal expresa: ‘Si el acto que sirvió de título a la transferencia de un vehículo fuere consensual, se acreditará mediante declaración escrita conjunta que suscribirán ante el Oficial de Registro Civil e Identificación el adquirente y la persona a cuyo nombre figura inscrito el vehículo, o mediante instrumento público o instrumento privado autorizado por Notario’. No obsta a lo anterior la circunstancia que exista un Sistema de Registro de Vehículos Motorizados a que se refiere el artículo 39 y siguientes de la Ley N° 18.290, pues la inscripción que ordena la ley no opera como modo de adquirir el dominio tradición sino como un medio de publicidad. Finalmente, debe recordarse que el artículo 38 de la ley N° 18.290 que menciona la recurrente y que corresponde al artículo 44 del texto legal refundido establece que se presumirá propietario de un vehículo motorizado la persona a cuyo nombre figure inscrito en el registro. Se trata, como se aprecia, de una presunción simplemente legal que, al tenor del artículo 47 del Código Civil, admite prueba en contrario;

7°. Que el fallo cuestionado ha aplicado acertadamente las disposiciones recién referidas, pues el contrato de compraventa acompañado por la tercerista, debidamente autorizado por un notario y agregado al repertorio, acredita que el vehículo le fue transferido en una fecha anterior a la traba del embargo, antecedente que ha permitido desvirtuar la presunción de que ese bien pertenecía al ejecutado, por encontrarse inscrito a su nombre a la época en que fuera embargado".

Un caso exactamente igual se puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel7, que falló de la siguiente manera:

"Tercero: Que, tratándose de bienes muebles la forma de adquirir el dominio se encuentra perfecta, esto es, justo título y tradición según aparece de los documentos mencionados y que rolan a fs. 8 y 11 de autos, sin que se requiera de ninguna otra formalidad para su constitución, de acuerdo a la normativa común para este tipo de bienes, de los que no se excluyen los vehículos motorizados por decirlo expresamente el artículo 33 de la ley N° 18.290".

Y a propósito de la inscripción, sostuvo:

"Séptimo: Que, las solemnidades antes citadas son medidas de publicidad que pone en conocimiento de la comunidad todos los antecedentes necesarios para una adecuada identificación de los bienes cuya inscripción se ordena, ello atendida su importancia patrimonial y como forma de asegurar a terceros la información necesaria, para ejercer adecuadamente sus derechos respecto a ese tipo de bienes, pero, las formalidades señaladas no obstan a la constitución de derechos sobre los bienes sujetos a ellas".

No parece haber discusión alguna. La tradición de los vehículos motorizados se realiza conforme a las reglas del artículo 684 del CC, de modo que para constituir propietario al comprador, basta la transferencia material del vehículo. Así lo dispone la ley, y lo entiende nuestra jurisprudencia y doctrina.

No obstante, el hecho de que no influya en la transferencia del dominio, no quiere decir que no tenga efectos jurídicos. Como bien han resuelto nuestros tribunales, la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados corresponde a una formalidad de publicidad8, a la que se le asignan efectos particularmente importantes, como son la posibilidad de oponer los títulos que justifican derechos sobre los vehículos, y una presunción de dominio. A partir de esto debemos preguntarnos si -aun cuando no constituya tradición- tiene importancia para la calificación del cumplimiento del contrato.

II. Inscripción e incumplimiento

Según el art. 1824, las obligaciones del vendedor se reducen generalmente a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Tratándose de la obligación de entrega, el profesor Arturo Alessandri Rodríguez9 sugiere que debemos entender que:

"...tiene por objeto poner la cosa vendida en poder legal y material del comprador para que la tenga, use y goce como señor y dueño. Por esta obligación el vendedor no se obliga a transferir el dominio de la cosa al comprador sino únicamente a darle su posesión legal y material".

En consecuencia, la pregunta es: ¿se pone un vehículo en poder legal y material del comprador para que lo tenga, use y goce como señor y dueño cuando, no obstante haberse hecho su traspaso físico, no se realiza la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados? Revisaremos dos fallos que anteceden al que comentamos, para revisar la posición -hasta entonces- de nuestros tribunales.

La primera sentencia trata de una demanda de resolución de contrato más indemnización de perjuicios que solicita el comprador de un taxibus por no haberse hecho la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados. La Corte Suprema en sentencia de 2 de julio de 200210, resolvió que no existía incumplimiento de ninguna de las partes, puesto que una enteró el precio y la otra hizo la entrega material del vehículo. Puede leerse en el fallo:

"En efecto, en la sentencia impugnada se establece que el demandado le hizo entrega material al actor del taxibus vendido, hecho básico que sustenta la decisión del fallo atacado y que al no haber sido impugnado denunciando infracción a las leyes reguladoras de la prueba es inamovible por este Tribunal; por ende, la casación en estudio, adolece de manifiesta falta de fundamento".

Se echa en falta un mayor análisis al respecto. Sin embargo, es innegable que lo resuelto por la Corte deja entrever que para el cumplimiento de la obligación de entrega, basta el traspaso material del vehículo, independiente la inscripción.

La segunda es más explícita. La Corte de Apelaciones de Concepción, en un fallo del año 201011, conoció de una compraventa de un vehículo, en que el comprador pagó el precio y en el mismo acto dio en arriendo el automóvil a la vendedora a cambio de una renta mensual de $200.000. La Corte da por acreditada la entrega hecha por el vendedor, ya que de otro modo no podía el comprador haber dado en arriendo el vehículo. No obstante, no se hizo la inscripción en el Registro, por lo que el comprador alega el incumplimiento del contrato de venta. La Corte sostiene, de manera tajante:

"18)... [El comprador] ha reconocido que operó el título de la compraventa; la convención de las partes en la cosa y en el precio que éstas escrituraron el 27 de diciembre de 2005 y la tradición: esto es, la entrega del vehículo. (...)

19) Que de esta manera, el vendedor cumplió con la obligación de entregar la cosa vendida al comprador, por lo que no puede acogerse la demanda de cumplimiento del contrato de compraventa con indemnización de perjuicios.

La inscripción del vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados en el Registro Civil e Identificación a su nombre, que echa de menos el actor es sólo un trámite administrativo y no implica incumplimiento de la obligación de hacer la tradición del automóvil de que se trata".

Ambos fallos equiparan el cumplimiento de la obligación de entrega con el ejercicio de la tradición, de modo que la inscripción no sería necesaria. Pero esto no parece ser suficiente para los sentenciadores de la resolución en comento.

Según la Corte Suprema en 2014, no basta la tradición para que se dé por satisfecho el contrato. El vendedor debe ejecutar su prestación conforme a la buena fe, esto es, cumpliendo -además- con todo aquello que emana de la naturaleza de la obligación:

"no puede considerarse que el contrato que liga a las partes se ha cumplido conforme a la buena fe (...), si aquello que emana de la naturaleza de la obligación -como es poder obtener la inscripción del vehículo a nombre del comprador, efectuada que fuera la tradición- no se logra por hechos atribuibles a la entidad bancaria demandada".

Esta referencia a un "cumplimiento conforme a la buena fe", es la clave para entender por qué la inscripción puede constituir un elemento determinante en el cumplimiento del contrato de venta de vehículos motorizados.

III. La buena fe como fuente de obligaciones

El reconocimiento de que la buena fe puede servir como instrumento creador de obligaciones, no es ninguna novedad para el Derecho12. Tanto en Chile como en el extranjero, se reconoce a la buena fe como un principio general que puede engendrar obligaciones para las partes. A modo de ejemplo, en España, el profesor Luis Diez Picazo, ha sido muy claro al respecto:

"La buena fe es tenida en cuenta en segundo lugar como una causa o una fuente de creación de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes a través de ella. Las partes no se deben sólo a aquello que ellas mismas han estipulado o escuetamente a aquello que determina el texto legal, sino a todo aquello que en cada situación impone la buena fe"13.

Por su parte, en el ámbito nacional, el profesor Hernán Corral Talciani, bien apunta:

"... la existencia de deberes contractuales que, aunque no han sido explicitados, son accesorios a la obligación principal declarada en el contrato o a su propósito práctico. Constituyen, pues, la perfecta aplicación de la regla segunda del art. 1546, que estima que como consecuencia de la buena fe pueden añadirse deberes a las partes cuando así se desprende de la naturaleza de la obligación principal o cuando lo imponen la ley o la costumbre"14.

Ambas opiniones resultan ilustrativas respecto de cómo actúa la función integradora de la buena fe.

Así, para poder incorporar obligaciones no estipuladas de forma expresa por las partes, o por la ley, es necesario tomar atención a la naturaleza de la relación jurídica, o del contrato. Esto es, determinar el propósito que las partes tenían en la convención, a partir del contexto contractual, partiendo por la calidad de las partes y la cosa o servicio objeto del contrato, pasando por la información suministrada durante el periodo precontractual, la función que cumple el contrato en el mercado, como el tráfico jurídico evalúa la ejecución de la prestación debida, etcétera15.

Así pareció entenderlo también nuestra Corte en el caso que comentamos:

"Octavo: (...) tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Corte Suprema ha considerado a la buena fe, en su aspecto objetivo, como la conducta que puede esperarse de un hombre correcto, puesto que es un estándar de conducta, que al darle contenido es empleado como sinónimo de probidad, lealtad, confianza, seguridad, honorabilidad, de no contradicción del comportamiento observado y fair play o juego limpio, considerando, en su caso, la función económica que tienen los negocios jurídicos, que impone la cooperación, colaboración, asesoramiento e información entre las partes, comportándose de manera activa, pues le asiste la obligación de salvaguardar el interés de la otra parte, en un contrato (...).

Undécimo: Que al juzgar sobre relaciones contractuales, el criterio de la buena fe exige del juez que considere todas las consecuencias que se derivan de la reciprocidad de las obligaciones y de su génesis consensual. Tiene así un parámetro claro, fundado en la realidad del mismo caso que juzga, para ir definiendo lo que jurídicamente son los contenidos concretos de las prestaciones (...).

Es más, para Cristian Boetsch, el proceso de interpretación contractual supone, siempre, una lectura de la relación jurídica sobre la base de la buena fe. Dice el autor:

"El artículo 1560 del Código Civil establece la norma general de interpretación de los contratos, la cual señala que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. En esta intensión la hermenéutica siempre deberá buscar los elementos de cooperación, lealtad y rectitud que encierra la buena fe contractual"16.

La cita anterior evidencia la importancia de este principio como agente corrector de relaciones jurídicas, en términos tales de que puede incorporar, modificar o sustraer contenido al contrato17.

Ahora bien, cuando se trata de interpretación, no debemos indagar en la voluntad de las partes con el fin de descifrar sus intenciones más íntimas en el negocio. El proceso de interpretación conforme a la buena fe, debe observar los aspectos objetivamente relevantes en la relación contractual, estos son: situaciones, contextos y características manifestadas de una parte a otra de forma expresa o tácita.

Las palabras del profesor Federico de Castro y Bravo, son concluyentes al respecto:

"el recurso de la buena fe no es instrumento para buscar la verdadera voluntad (interpretación en sentido estricto), sino una manifestación, y la más importante, de la responsabilidad objetiva por la conducta negocial. Obliga, como si fuera querido, lo que como tal aparece de la conducta observada; en cuanto apreciada conforme a la buena fe"18.

En otros términos, podríamos decir que la buena fe se integra al contrato e incorpora especiales deberes de conducta, en la medida de que las partes generan en la otra, expectativas razonables (a partir de las "conductas observadas"). Esto es, la esperanza jurídicamente razonable de que el contrato se ejecutará de una determinada manera19.

IV. Lo resuelto por la Corte

¿Está en lo correcto la Corte al declarar que el banco no cumplió con las exigencias de la buena fe por no suministrar los documentos necesarios para la inscripción? A nuestro parecer la respuesta es que sí.

Al no suministrar los documentos necesarios para hacer la inscripción pertinente, el Banco Itaú ha privado a la sociedad compradora de la presunción de dominio y la posibilidad de oponer los títulos sobre la cosa, conforme a la Ley de Tránsito20.

Así las cosas, evidentemente se transgreden las expectativas mínimas que todo adquirente de bienes tiene al momento de celebrar un contrato de venta.

Esto queda aún más de manifiesto, si consideramos la tradición de bienes muebles ajenos a un sistema registral. En estos casos no se requiere ninguna inscripción para que se presuma el dominio del poseedor, de eso se hace cargo el art. 700 inciso segundo del CC. Como tampoco se ven restringidos en la oponibilidad de los títulos.

Es por todo lo dicho que la Corte tiene razón cuando concluye que, si bien se ha realizado la tradición, el contrato no se ha cumplido conforme a las exigencias de la buena fe. Si se interpreta el contrato a la luz del régimen especial que protege la titularidad de los vehículos motorizados y a la calidad del vendedor, que en este caso es un banco (operador sofisticado del tráfico que se dedica a este tipo de negocios, y sabe -o debe saber- las implicancias de la falta de inscripción), es esperable que el comprador tenga un interés jurídicamente relevante en que se lleve a cabo la inscripción.

Por último, una precaución. El examen de la función integradora de la buena fe significa un trabajo bastante más extenso que este comentario. Sin embargo, el fallo en estudio es un valioso antecedente que ilustra de manera precisa como se desenvuelve este principio en materia contractual.

Notas

1 Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, 19 de diciembre de 2011, rol N°2870-2010.

2 Art. 38: Se presumirá propietario de un vehículo motorizado la persona a cuyo nombre figure inscrito en el Registro, salvo prueba en contrario.

3 En el Registro de Vehículos Motorizados se inscribirán, además, las variaciones de dominio de los vehículos inscritos.

No serán oponibles a terceros ni se podrán hacer valer en juicio los gravámenes, prohibiciones, embargos, medidas precautorias, arrendamientos con opción de compra u otros títulos que otorguen la tenencia material del vehículo, mientras no se efectúe la correspondiente anotación en el Registro. (...)

4 Peñailillo Arévalo (2006). p. 299

5 Corte Suprema, 12 de junio de 2012, rol N° 1842-10. Cita Microjuris: MJJ32129.

6 Corte Suprema, 9 de marzo de 2015, rol N° 30769-2014. Cita Thomson Reuters: CL/JUR/1351/2015.

7 Corte de Apelaciones de San Miguel, 8 de junio de 2001, rol N° 356-2000. Cita Thomson Reuters: CL/JUR/720/2001.

8 López Santa María (2010), p. 204.

9 Alessandri Rodríguez (2003), p. 662.

10 Corte Suprema, 2 de julio de 2002, rol N° 931-2002. Cita Thomson Reuters: CL/JUR/1334/2002.

11 Corte de Apelaciones de Concepción, 29 de enero de 2010. Rol N° 1078-2009. Cita Microjuris: MJJ23112.

12 La concepción de la buena fe como elemento integrador de obligaciones no expresadas en el contrato, proviene del Derecho Romano. Whittaker y Zimmermann [(2000) p. 16], explican que el Derecho de Contratos en Roma reposaba sobre dos piedras angulares: (i) el cumplimiento estricto de lo pactado expresamente en la convención, y (ii) el cumplimiento como despliegue de lo disciplinado expresamente en el contrato junto a todo aquello que resulta honesto y leal.

El cumplimiento estricto de la letra de la convención, o iudicum stricti iuris, no era más que la exigencia de cumplir el contrato de acuerdo con su tenor literal. En este curso de la historia, para corregir comportamientos desleales entre los contratantes, era necesario introducir la cláusula de exceptio doli. Que no es otra cosa que la integración del principio de buena fe al contrato por medio de una cláusula expresa. Luego, con la aparición de la iudicia bona fides -que nace particularmente para los contratos consensuales donde probar la inclusión de la exceptio doli hubiese resultado infernal- ya no era necesaria una cláusula contractual para exigir a los contratantes un comportamiento leal y honesto. En este caso, el juez se encontraba facultado para determinar discrecionalmente si las partes del contrato habían actuado en términos correctos según señalaba la formulae correspondiente.

En vista de los antecedentes históricos, Guzmán Brito [(2002), p. 13] apunta que nuestro art. 1546 encuentra su origen en el Derecho Romano, y explica: "Bello tenia perfectamente captada esta esencial conexión de la bona fides con el circulo de obligaciones más amplio que el expresado en el contrato a que sus partes se ven sometidas". De esta manera, el pretor se veia facultado para solicitarle al juez "que investigara todo lo que el demandado debía dar y hacer a favor del demandante ‘según la buena fe’, no según los términos del contrato". Lo que hoy vendría a ser la interpretación que el juez debe hacer del contrato cuando se alegue el incumplimiento de alguna de sus obligaciones.

13 Díez-Picazo (1977), p. 19.

14 Corral Talciani (2006), p. 200.

15 López Santa María (2010), pp. 371-372.

16 Boetsch (2011), p. 133.

17 López Santa María (2010). p. 346, ha sostenido: "Como el estándar o regla de la buena fe objetiva tiene valor normativo, no solo por figurar entre los preceptos legales del ordenamiento (art. 1546 del CC), sino por autorizar al tribunal para determinar los efectos jurídicos del contrato en discusión, ampliando, precisando o restringiendo el tenor del negocio según las circunstancias, resulta que su aplicación configura una cuestión de derecho".

18 De Castro y Bravo (1967), pp. 89-90.

19 Según Peñailillo Arévalo (2003), p. 54: "Quien actúa guiándose por las situaciones que contempla a su alrededor debe ser protegido si posteriormente se pretende que esas situaciones no existen o tienen características distintas de las ostensibles".

20 A la privación de estos dos efectos, puede agregarse el congelamiento económico del vehículo. Es previsible, que desde un punto de vista comercial, el comprador encuentra dificultades en un futuro, realizar transacciones sobre el vehículo si es que no consta como el titular inscrito.

 

Bibliografía

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Boetsch G, Cristián (2011). La buena fe contractual. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.         [ Links ]

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