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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  no.23 Santiago dic. 2014

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722014000200017 

Comentarios de jurisprudencia

 

Derecho de familia, sucesorio y regímenes matrimoniales

 

Susana Espada Mallorquín

Profesora de Derecho Civil
Universidad Adolfo Ibáñez


 

Los derechos hereditarios de los hijos reconocidos voluntariamente en el acta de nacimiento antes de la ley Nº 10271. Corte Suprema, 19 de agosto de 2014, rol 6316-131.

Según los hechos de la sentencia, la primera sala de la Corte Suprema ha acogido el recurso de casación en el fondo interpuesto contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que revocaba la sentencia del Juzgado de Letras de lo Civil de Ancud, la cual acogía la demanda interpuesta y declaraba que la demandante era heredera de Manuel J. Vidal Muñoz, disponiendo su inclusión en la posesión efectiva y ordenando a los demandados (esposa e hijo del fallecido) restituirle la parte o cuota que le corresponde la actora en la herencia del causante.

Según la citada sentencia de Juzgado de Letras de Ancud, si bien el 10 de junio de 1996 se concedió la posesión efectiva de la herencia intestada de Manuel J. Vidal Muñoz, a su hijo legítimo Víctor P. Vidal Vidal y a su cónyuge María C. Vidal González, también le correspondía ser llamada a la herencia en la calidad de hija natural y, por ende, heredera del causante a la actora Nancy M. Vidal Serón, nacida en 1943. Considera que tal condición queda acreditada por el certificado de nacimiento y la copia del acta de partida de nacimiento, en los que el causante figura como padre de la actora, siendo requerida la inscripción de su nacimiento de forma voluntaria, lo que constituye un reconocimiento expreso de la calidad de hijo.

Por su parte, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt entiende que el reconocimiento de la actora no se realizó conforme a ninguna de las formas autorizadas por la legislación anterior a la ley N° 10.271 de 1952, que exigía la escritura pública de reconocimiento o el testamento, norma que mantiene su vigencia conforme al artículo transitorio 6° de la citada ley. La Corte de Apelaciones afirma que la demandante tiene la calidad de hija ilegítima no reconocida solemnemente, lo que solo la habilita para pedir alimentos. Según la sentencia del tribunal de alzada en 1972, fecha del fallecimiento del causante, la demandante carecía de la calidad de hija natural, no pudiendo ser legitimaria en la herencia del fallecido, motivo que se considera suficiente para rechazar la acción de petición de herencia entablada, pues al ser hija ilegítima carece de derechos hereditarios (art. 1182.3 del CC vigente en la época de la apertura de la sucesión) y, por ello, de legitimación para entablar la mencionada acción.

La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo, invalida la sentencia de la Corte de Apelaciones y confirma la sentencia del Juzgado de Letras.

Los titulares y el objeto de la acción de petición de herencia

Uno de los primeros problemas que se plantean en la sentencia es la legitimación de la actora para interponer la acción de petición de herencia. En virtud del art. 1264 del CC la acción de petición de herencia le compete al heredero para obtener la restitución de la universalidad de la herencia, contra el que la está poseyendo, invocando también su calidad de heredero. Luego el sujeto activo de esta acción es aquel que probare su derecho a la herencia ocupada por otra persona.

El objetivo de esta acción no es solo la adjudicación de la herencia y la restitución de las cosas hereditarias poseídas por el demandado y que constituye todo o parte del patrimonio dejado por el difunto sino, también, el reconocimiento de la calidad de heredero, que deberá probarse en juicio. Es por ello que es posible afirmar que esta acción de petición de herencia tiene un doble propósito, por un lado, persigue el reconocimiento judicial del carácter de heredero y, por otro, que los falsos herederos sean condenados a la entrega o restitución de las cosas que componen la herencia2.

La Corte Suprema considera que en el presente litigio debe prosperar la acción de petición de herencia interpuesta, ya que efectivamente lo esencial es determinar en este caso si la demandante tenía la filiación natural necesaria para ser considerada heredera.

La evolución legislativa de la filiación: el reconocimiento voluntario y el derecho transitorio

En la presente sentencia tenemos que tener presentes dos problemas y su correspondiente referencia temporal. El primero de ellos es el relativo a los requisitos necesarios para el reconocimiento voluntario de la filiación en 1943, momento del nacimiento de la demandante, para poder precisar, teniendo en cuenta la legislación vigente, la atribución del correspondiente estado civil como hija ilegítima o como hija natural. Y el segundo problema consiste en determinar teniendo en cuenta el derecho vigente al momento del fallecimiento del causante en 1972 qué derechos sucesorios le podrían corresponder de ostentar el estado civil de hija natural o de hija ilegítima.

Para resolver el primero de los problemas, estimo que con buen criterio, la Corte Suprema considera necesario hacer una breve mención a la evolución histórica de la legislación en materia de filiación que pone en evidencia los importantes cambios que el orden público familiar ha sufrido desde la época en que se dictó el Código Civil hasta nuestros días.

Dentro de la regulación de la filiación y, en relación con el caso, se destaca en la sentencia la ley N° 4.808 de 1930, que permitió considerar ilegítimos a aquellos respecto de los cuales el nombre del padre constaba en la partida de nacimiento; la ley N° 10.271 de 1952, que introduce modificaciones esenciales en filiación mejorando la situación de los hijos naturales y la ley N° 19.585 de 1998, que elimina la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, estableciendo la igualdad y poniendo término a la distinción entre hijos legítimos, naturales y simplemente ilegítimos.

Consideramos oportuno destacar que es justo esta última ley donde en relación con los hijos que nacen fuera del matrimonio p asa a cobrar relevancia la investigación de la maternidad y de la paternidad. En sus origines, el Código Civil no permitía la investigación de la paternidad, ya que la única fuente de la filiación natural era el reconocimiento voluntario y espontáneo por parte del padre o la madre. La ley N° 5.750 del año 1935 aceptó la investigación de la paternidad a los efectos de que el hijo ilegítimo pudiera reclamar alimentos a su padre. Con posterioridad, la ley N° 10.271 de 1952 autorizó dicha investigación para obtener la calidad de hijo natural, pero en forma muy limitada, ya que tal y como señalaba el art. 271.2 del CC la acción del presunto hijo debía fundase necesariamente en un instrumento público o privado, emanado del supuesto padre o madre del cual se desprendiera una confesión manifiesta de paternidad o maternidad. Será la ley N° 19.585 de 1998, la que contemple una real investigación de maternidad y paternidad, donde el reconocimiento voluntario del hijo ya deja de ser una facultad del padre para pasar a ser un derecho del hijo. Para ello se admite "toda clase de pruebas decretadas de oficio o a petición de parte" (art. 198 del CC), siendo el único límite que la sola prueba testifical es insuficiente y que tratándose de presunciones, estas deben ser graves, precisas y concordantes (art. 1712 del CC)3.

Dentro de la reforma, en relación con los medios de prueba, el art. 198 del CC se destacó por la doctrina, en primer lugar, porque las pruebas no solo podían aportarse por las partes sino que se reconoció al tribunal el poder decretarlas de oficio y, en segundo lugar, respecto de los medios de prueba admisibles, porque se entiende que no son solo los medios de los arts. 1968 del CC y 341 del CPC sino cualquier medio de prueba que un tribunal estime idóneo4.

Por último, en este proceso de reforma legislativa, en materia de derechos sucesorios, la ley N° 19.585 termina con la injusta regla de que los hijos naturales recibieran la mitad de lo que le correspondía a los hijos legítimos. Con ello se lograba respetar no solo el principio de igualdad consagrado en el artículo 1 de la Constitución sino, también, el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por Chile.

Volviendo al caso objeto de comentario, según los hechos probados, ambos padres dejaron constancia de sus nombres tanto en la inscripción como en el certificado de nacimiento en 1943. Y la madre con posterioridad efectuó el reconocimiento por escritura pública en 1949, la que fue anotada al margen de la inscripción de nacimiento en 1967.

La sentencia de alzada fundamenta su sentencia en el artículo transitorio 6° de la ley N° 10.271. Dicho artículo establecía que aquellos que hubieran nacido bajo el imperio de la ley anterior cuyos padres solo hubieran dejado constancia de su nombre en la inscripción de nacimiento, no adquirían por ese solo hecho la calidad de hijos naturales, pero tenían derecho para deducir la acción de reconocimiento de la filiación natural fundada en esa circunstancia dentro del plazo de dos años contados desde la vigencia de la citada ley.

Es en este punto donde la Corte Suprema entiende que no es posible resolver el caso acudiendo simplemente a esta regla transitoria, sin tener en cuenta la evolución legislativa en materia de filiación. Se parte del principio de que en la actualidad lo que se considera fundamental es determinar la verdad de la filiación y no tanto el cumplimiento de una formalidad. Lo esencial es que de los hechos pueda evidenciarse que lo que se pretende es el reconocimiento libre y voluntario de un hijo como propio, con independencia de que se cumplan todas las exigencias formales requeridas en un determinado momento. Así la Corte Suprema afirma:

"la intención que tuvieron los padres de darle la calidad de hijo natural queda demostrada, primero, al dejar constancia de sus nombres en la partida de nacimiento y luego, al reconocerle expresamente tal calidad en escritura pública, aun cuando sólo la otorgada por la madre haya cumplido la formalidad de subinscribirse al margen de la partida de nacimiento, resultando palmaria la intención de reconocimiento del hijo natural" (considerando noveno).

De igual forma, la Corte Suprema tiene en cuenta para fundamentar su fallo la jurisprudencia anterior donde respecto del derecho transitorio se afirma que resulta contrario a derecho dar primacía a una norma transitoria dictada en una época pretérita y rechazar la eficacia del reconocimiento de un hijo que no se sujeta estrictamente al cumplimiento de todas las formalidades exigidas en la ley vigente en su momento (rol 7032-2007 y 6160-2012)5. Del mismo modo se señala por estas sentencias que el reconocimiento en la partida de nacimiento en el Registro Civil es un reconocimiento en un instrumento público, del que nadie puede dudar que de llevarse a cabo deja constancia de la voluntad seria y libre del padre reconocer al hijo como propio y, conforme a la regulación vigente, como hijo natural.

Es cierto que antes de la entrada en vigor de la ley N° 10.271 de 1952, la doctrina dudaba sobre si el reconocimiento que debía realizarse por instrumento entre vivos o acto testamentario, tal y como disponía en aquel momento el art. 272 del CC, incluía el reconocimiento a través de la inscripción de nacimiento. Sin embargo, dicha controversia quedó resuelta después por la ley de 1952, que autorizó el reconocimiento voluntario efectuado en el acta de nacimiento, ya que finalmente se consideró que era indudable que dicha inscripción era un documento público entre vivos, de conformidad con la definición del art. 1699 del CC.

No obstante, es la propia disposición transitoria 6a de la citada ley N° 10.271, la que nos introduce un elemento discordante en la argumentación de la sentencia, ya que parece privar de valor suficiente a esta forma de reconocimiento voluntario a los nacidos bajo el imperio de la ley anterior, pues literalmente establece que aquellos que hubieran nacido bajo el imperio de la ley anterior cuyos padres solo hubieran dejado constancia de su nombre en la inscripción de nacimiento, no adquirían por ese sólo hecho la calidad de hijos naturales.

En este punto, concordamos con la sentencia en que hay veces que el estatuto filiativo prefiere la realidad formal por sobre la intencionalidad real de las partes y que, en realidad debería huirse del exceso de formalismo cuando dicha forma deja de ser medio para proteger derechos legítimos y pasa a convertirse en un fin en sí mismo. De admitir esta premisa debería entenderse, como hace la presente sentencia objeto de comentario, que la omisión de formalidades es subsanable si por otros actos también inequívocos es clara la intencionalidad del reconocimiento voluntario del hijo, más aún si dichos actos la legislación posterior los considera formas válidas de reconocimiento, deviniendo la observancia de la formalidad anterior innecesaria6.

Sin embargo, también sería oportuno mencionar que en el ámbito legal, el contenido de la disposición transitoria es claro y el hecho de que la Corte Suprema no la aplique por considerarla una norma

"de hace más de medio siglo, que no atiende a la evolución legislativa que ha experimentado del derecho de familia" (considerando noveno, la cursiva es mía),

serviría de igual justificación para no aplicar ninguna otra disposición legal que no fuera coincidente con los criterios filiativos actuales. Cosa distinta sería en el ámbito argumental que desde un punto de vista constitucional o de normativa internacional en virtud de la consagración del principio que garantiza la igualdad entre todos los hijos se defienda la amplitud de la facultad judicial para consagrar en defensa de ese principio constitucional la derogación tácita de la citada disposición transitoria por su exceso de formalismo que lleva a rechazar la eficacia de un reconocimiento voluntario por omisión de formalidades que en la actualidad se consideran innecesarias7.

Llegados a este punto y siguiendo con las normas de Derecho Transitorio, también consideramos que es preciso para resolver el problema relativo a los Derechos sucesorios que hemos de reconocer a la actora, tener en cuenta las reglas generales aplicables contenidas en la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes y las Disposiciones Relativas al Estado Civil.

En virtud del artículo 3° de la mencionada ley, el estado civil adquirido debe ser respetado por la nueva ley, pero las consecuencias se subordinan de inmediato a la nueva ley, sin que esto importe retroactividad. El estado civil puede constituir un derecho adquirido, mas no las facultades o aptitudes no ejercidas que puedan emanar de dicho estado. Así, de acuerdo con la teoría de Paul Roubier, los derechos y obligaciones anexos al estado civil son situaciones legales, es decir, establecidas por ley y susceptibles, por ello, de ser modificadas por ella en cualquier momento8. En nuestro caso, la adquisición del estado civil de hija natural, implicaría su respeto por la ley posterior.

De igual forma hay que tener presente el artículo 5° de la Ley sobre Efecto Retroactivo en relación con el presente caso, ya que de afirmarse como hace la sentencia que es posible considerar que la actora es hija natural del causante, su estado civil subsistiría bajo la vigencia de la nueva ley. No obstante, desde la nueva ley aplicable esto es la ley N° 10.271, gozaría de todas las ventajas -en nuestro caso del reconocimiento de derechos hereditarios- y de todas las obligaciones que la nueva ley le imponga a dicho estado. Dado que la ley aplicable a la sucesión es la ley vigente al momento del fallecimiento, esto es en nuestro caso la ley 10.217, habría que reconocer derechos hereditarios a quienes ostentasen la condición de hijo natural al momento del fallecimiento, si bien en el momento en el que llevó a cabo el reconocimiento voluntario, los hijos naturales estaban excluidos de la herencia de los hijos legítimos. Eso sí, en el momento de la apertura de la sucesión, los derechos hereditarios que se le reconocen en la sucesión intestada no son los mismos que los derechos de los hijos legítimos, sino la mitad de lo que a dichos hijos les correspondería9.

Podemos concluir el presente comentario afirmando que con esta sentencia se consolida la jurisprudencia que considera que el reconocimiento voluntario efectuado por el padre o la madre en el acta de nacimiento realizado antes de la entrada en vigor de la ley N° 10.271 de 1952, es un reconocimiento de hijo natural a pesar del tenor literal del artículo transitorio 6° de la citada ley. De este reconocimiento se deriva que en virtud del artículo 5° de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las leyes, dichos hijos naturales gozarán de todas las ventajas y estarán sujetos a todas las obligaciones que les impusiese una ley posterior. Entre las ventajas que posteriormente las nuevas leyes concedieron a los hijos naturales -en la actualidad hijos no matrimoniales- son los derechos hereditarios que la ley N° 10.271 de 1952 les otorgó en la herencia intestada del padre o la madre y que la ley N° 19.585 de 1998 les reconoció equiparándolos a los derechos sucesorios de los hijos matrimoniales del mismo padre o madre.

Por todo ello, si bien estamos de acuerdo con la sentencia en el sentido de reconocer a la actora el estado civil de hija natural y su legitimidad para reclamar los derechos sucesorios que le corresponden en la herencia de su padre, consideramos que el fundamento de tal reconocimiento no se encuentra en la inaplicabilidad del artículo transitorio 6° por ser esta una regla "de hace más de medio siglo" (considerando noveno).

Entendemos que el fundamento de la inaplicabilidad del artículo transitorio se basa en que dentro de una comprensión amplia de las facultades jurisdiccionales se encuentra la defensa y protección de principios constitucionales y en este caso en concreto sería aplicable el principio de igualdad que supone garantizar la igualdad entre todos los hijos con independencia de su filiación. Precisamente la aplicación de este principio constitucional en este caso permitiría que el tribunal declarase la derogación tácita de la citada disposición transitoria porque su exceso de formalismo implica rechazar la eficacia de un reconocimiento voluntario por omisión de formalidades que en la actualidad se consideran innecesarias. Dicha disposición transitoria haría prevalecer criterios formales-superados en la actualidad- por sobre la intencionalidad real de las partes de la que se deriva el reconocimiento voluntario de una filiación natural. Se podría argumentar que a la luz del principio de igualdad, la omisión de la formalidad necesaria exigida por la disposición transitoria es subsanable por la presencia otros actos también inequívocos que manifiestan la clara intención del reconocimiento voluntario del hijo, más aun si tenemos en cuenta que dichos actos la legislación posterior los considera formas válidas de reconocimiento voluntario.

Notas

1 El presente comentario se desarrolla dentro del marco del proyecto de iniciación a la investigación FONDECYT 11110204 relativo a "El Derecho sucesorio ante los cambios sociológicos y jurídicos de la familia chilena", del cual la autora es investigadora responsable.

2 Elorriaga (2010), p. 518.

3 Court Murasso (2010), pp. 33-35 y Ramos Pazos (1999), p. 126.

4 Peñailillo (1998), p. 27

5 En los hechos de ambas sentencias se rechazaban, al igual que en el caso objeto de comentario, el ejercicio de la acción de petición de herencia por herederos excluidos de la posesión efectiva por ser considerados hijos simplemente ilegítimos. En ambos casos el reconocimiento voluntario de los hijos se habría realizado mediante la inscripción de nacimiento, pero no en una escritura pública inter vivos o por testamento.

6 Rodríguez (2013).

7 Gandarillas Serani y Molinari Valdés (2010), pp. 615-628.

8 Alessandri, Somarriva y Vodanovic (1998), pp. 233-236.

9 Se entendía justificada esta distinción en su momento argumentando que los hijos extramatrimoniales no habían contribuido con su esfuerzo al patrimonio del grupo familiar. Ramos Pazos (1999), p. 128.

 

Bibliografía citada

Alessandri, Arturo, Manuel Somarriva y Antonio Vodanovic (1998). Tratado de Derecho civil. Parte preliminar y general. Santiago: Editorial Jurídica de Chile tomo I.         [ Links ]

Court Murasso, Eduardo (2010). Curso de Derecho de Familia. La filiación por naturaleza. Santiago: Abeledo Perrot Legal Publishing.         [ Links ]

Elorriaga de Bonis, Fabián (2010). Derecho sucesorio. Santiago: Abeledo Perrot Legal Publishing.         [ Links ]

Gandarillas Serani, Cristián y Molinari Valdés, Aldo (2010). "Legitimidad pasiva de la acción de reclamación de la filiación no matrimonial y caducidad de la acción de impugnación de la filiación determinada antes de la Ley 19585: necesidad de uniformar criterios", en Universidad de Concepción, Departamento de Derecho Privado. Estudios de Derecho civil V. Santiago: LegalPublishing.         [ Links ]

Peñailillo, Daniel (1998). "Las categorías de filiación y la investigación de la paternidad". Revista de Derecho. N° 204. Concepción: julio-diciembre.         [ Links ]

Ramos Pazos, René (1999), "Análisis crítico de la Ley 19585". Revista de Derecho. Vol. X. Valdivia. Diciembre.         [ Links ]

Rodríguez, Ma Sara (2013), "El reconocimiento de derechos hereditarios de hijos no matrimoniales". El Mercurio legal. Santiago. 9 de mayo.         [ Links ]

 

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