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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  no.23 Santiago dic. 2014

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722014000200011 

Comentarios de jurisprudencia

 

Obligaciones y responsabilidad civil

 

Juan Ignacio Contardo González

Profesor de Derecho Civil
Universidad Diego Portales


Incumplimientos recíprocos. Suspensión del cumplimiento. Mora del deudor como requisito de la resolución por incumplimiento y de la indemnización de perjuicios. Restitución y perjuicios. Corte Suprema, Primera Sala (civil), 18 de marzo de 2014, rol 951-2013. Cita legal Publishing: CL/JUR/454/2014.

Una de las cuestiones bien debatidas en el marco de la construcción de un sistema equilibrado de acciones y remedios contractuales es la concordancia entre la excepción de incumplimiento contractual (o excepción de contrato no cumplido) y la resolución por inejecución. El problema de fondo detrás de la coordinación entre estos medios de tutela es si el incumplimiento recíproco da lugar necesariamente a la resolución o, bien, permite, bajo ciertas circunstancias, que el contrato quede vigente, siempre bajo el entendido que una de las partes solicite que el contrato deba quedar resuelto.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones de ambas partes es total, la respuesta consolidada de la doctrina y jurisprudencia más moderna se ha decantado por estimar que debe resolverse el contrato sin indemnización de perjuicios. Sin embargo, cuando hay cumplimientos parciales de una o ambas partes, la cuestión se vuelve un tanto más compleja, pues debe evaluarse la gravedad de estos incumplimientos frente a la mantención del contrato o su resolución, y los perjuicios que se generan por la inactividad de las partes.

Este es precisamente el problema al que se acometió la Corte Suprema en Lorca con Sociedad Comercial Horizonte Limitada.

La situación que se presentó en el caso es la siguiente. Las partes en el pleito celebraron el año 2009 un contrato de "compraventa, hipoteca y prohibición" en el que el actor compró un inmueble a la demandada. El precio del inmueble se pactó en la suma de doce millones de pesos, pagadero en una cantidad al contado (un millón y medio) y noventa cuotas. El mismo día de la celebración del contrato se efectuó la entrega material del inmueble, pero no la entrega jurídica. En efecto, la inscripción conservatoria nunca se practicó. Esto debido a que al requerirse la inscripción, el Conservador la rechazó debido a que la propiedad había sido inscrita a nombre de un tercero (que en los hechos era cónyuge del representante legal de la sociedad vendedora). Por lo tanto, no pudo tener lugar la entrega jurídica de la cosa. Es necesario agregar que en virtud del contrato de compraventa se había pagado la cantidad al contado más la primera de las cuotas del precio. Y luego se cumplió una segunda. Pero el resto se dejaron de cumplir, pues no se practicó la referida inscripción. Frente a esta situación se demandó de resolución del contrato de compraventa con indemnización de perjuicios.

En primera instancia, la demanda de resolución con perjuicios fue acogida1. Pero, en segunda instancia, la sentencia fue revocada en la parte que concedió los perjuicios y costas, confirmando solo la resolución2. El argumento que ocupó la Corte de Apelaciones para rechazar la acción indemnizatoria fue que en este caso ninguno de los contratantes había dado cumplimiento importante al contrato (recordemos que la parte demandante había dado cumplimiento solo a una parte del precio). De esta manera, ninguno se encontraría en mora (art. 1552 del CC) y, por tanto, el tribunal estimó que no se cumplió con uno de los requisitos de la indemnización de perjuicios, cual es la constitución en mora del deudor.

El actor dedujo recurso de casación en la forma, el que fue acogido (que no comentaremos) y procedió a dictar sentencia de reemplazo. La Corte terminó confirmando la resolución de primera instancia, dando lugar a la resolución del contrato con indemnización de perjuicios.

De la sentencia del tribunal máximo, a nuestro entender, hay dos puntos que son interesantes de comentar: la procedencia de la resolución e indemnización de perjuicios en situaciones de incumplimientos recíprocos, y la relación que existe entre restituciones consecuenciales a la resolución y la indemnización de perjuicios.

Resolución e indemnización de perjuicios en caso de incumplimiento recíproco

Para analizar la sentencia de la Corte, creemos que es necesario dar cuenta de la historia jurisprudencial chilena en materia de incumplimientos recíprocos y resolución de contratos.

Cuando el incumplimiento de ambas partes es total, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha variado en el tiempo. La primera doctrina de la Corte estimaba que debía ser rechazada la demanda resolutoria, pues no se cumplía con uno de los requisitos que la ley establecería para dar lugar a la resolución del contrato, cual es la mora del deudor. El argumento fundamental para llegar a esta conclusión es el siguiente. Si hay incumplimientos recíprocos, ninguno de los contratantes se encontraría en mora de cumplir por su parte lo pactado (art. 1552 del CC). Pues bien, como la mora se ha considerado tradicionalmente como uno de los requisitos necesarios para que tenga lugar la resolución del contrato, y en caso de incumplimiento total de ambas partes, ninguno estaría en mora. Entonces, la solución parece un tanto lógica: debería rechazarse la demanda resolutoria.

Contra este criterio se alzó la doctrina. Al rechazar la demanda resolutoria, habría que conceder que el contrato mantiene vigencia; contrato que después de un largo juicio en la práctica ya no tiene ninguna utilidad para las partes y que probablemente no se cumplirá. Por lo tanto, se propuso frente a estas situaciones que el contrato debiera quedar resuelto, pero sin indemnización de perjuicios. Se sostuvo en estos casos que había laguna legal, pues el art. 1489 del CC no contempla de manera expresa la situación de incumplimientos recíprocos y, por tanto, debía integrarse la laguna permitiendo la resolución. Sin embargo, para los perjuicios, sí sería aplicable el art. 1552 CC y, es por eso que deberían rechazarse los mismos. Esta solución fue recogida por los tribunales, con favorable opinión de la doctrina posterior3.

No obstante, al aplicar esta solución para todos los casos de incumplimientos recíprocos, es probable que prescinda de algunos matices. Por una parte, puede suceder que ambas incumplan el contrato, pero no de forma total. Puede suceder también que exista incumplimiento total de una de las partes, pero cumplimiento parcial de la otra. Es decir, no siempre se presenta el evento de un incumplimiento total por ambas partes. Y, en segundo lugar, tampoco ahonda en las razones del incumplimiento de las partes. Puede suceder que una de las partes incumplió el contrato como medida preventiva al incumplimiento de la otra. Así, como la contraparte no cumple, la otra no está dispuesta a cumplir por su parte lo pactado. Y, también puede suceder, que el incumplimiento de una de las partes provoque el incumplimiento de la contraria, porque las obligaciones de la primera eran necesarias para que incumpla la segunda.

Estos dos elementos a considerar pueden permitir variar la solución establecida para los incumplimientos recíprocos totales, de tal manera que no es necesario en todos los casos dar lugar a la resolución del contrato, sin indemnización de perjuicios.

En un número anterior de esta revista, hemos comentado un caso en que el incumplimiento recíproco se produjo porque una de las partes con su inejecución provocó la de la contraria. Frente a tal situación, la Corte Suprema, a nuestro entender de manera correcta, dio lugar a la resolución, pero con indemnización de perjuicios. En el fondo, tras una situación aparente y objetiva de incumplimientos recíprocos, en realidad hay un solo incumplimiento: el que provoca la inejecución de la contraparte, y esto permite justificar la tanto la declaración de resolución y la condena en daños4.

Pues bien, el fallo que ahora comentamos se refiere a una cuestión diversa, y está relacionada con las motivaciones que le asisten a las partes para suspender el cumplimiento de la prestación, frente al incumplimiento de la contraria.

Tal como se describió en los hechos del caso, la demandante de resolución dio cumplimiento a la parte del precio que debía pagar al contado, y a las dos primeras de tantas cuotas. Pero no siguió cumpliendo las restantes al constatarse que la propiedad había sido transferida a un tercero.

La decisión de la Corte de Apelaciones de La Serena estuvo en otorgar la resolución, pero rechazar la indemnización de perjuicios acudiendo al art. 1552. El fundamento que ocupa el tribunal es que como hay incumplimientos recíprocos, entonces debe darse lugar a la resolución, pero sin perjuicios. En esto, la Corte de La Serena siguió la tesis de la Corte Suprema cuando los incumplimientos son totales. Pero tal como se señaló, esta decisión no consideró un aspecto que permitió la revocación del fallo por la Corte Suprema mediante la sentencia de reemplazo.

De esta manera, el tribunal máximo rechaza la excepción de incumplimiento contractual acudiendo a la noción de gravedad del incumplimiento. Así, el considerando 11° de la sentencia estableció:

"De lo expuesto surge que la gravedad del incumplimiento requerida como presupuesto de la excepción no se divisa en la especie. Basta para arribar a esa conclusión considerar la desproporción entre la conducta atribuida a la demandada y aquella desplegada por el actor, quien cumplió las obligaciones que asumió para con su co-contratante, a lo menos al inicio, llegando a solucionar la cantidad de $1.776.000 por concepto de precio, según se justifica con los documentos agregados a fojas 1, 140 y 141, no objetados por la contraria. Tal evidencia, además de no encuadrar con exactitud en la hipótesis prevista en el artículo 1552 del Código de Bello, impide tener por bastantes los argumentos esgrimidos por la demandada para sustentar la excepción de inejecución contractual, atendida la escasa gravedad o intensidad que se le puede atribuir al incumplimiento parcial que se invoca. Ciertamente, esa ejecución anómala atribuible al demandante no puede considerarse de la entidad suficiente para acoger la excepción impetrada si se tiene presente que se pactaron 91 cuotas mensuales de $120.000 cada una de ellas y que habiendo transcurrido sólo cinco meses desde la celebración del contrato, la demandada procedió a vender, nuevamente la misma propiedad a una tercera persona".

La Corte Suprema entendió que la excepción de incumplimiento contractual no procedía porque la inejecución del actor no era de una magnitud suficiente para que la contraparte pudiera escudarse en esta circunstancia para no ser condenada de perjuicios5. Ello, porque se incumplieron cuotas de menor entidad considerando la magnitud del incumplimiento de la demandada. De esta suerte, se da lugar a la resolución con indemnización de perjuicios.

A nuestro entender, el resultado al que llega la Corte es correcto, pero no su fundamento.

En primer lugar, nos da la impresión que no es correcto el argumento que sostiene que no hubo por parte de la demandante un incumplimiento de importancia. En realidad solo se pagó una parte menor del precio, inferior al cincuenta por ciento del total. Podría argumentarse todavía que hay más bien un problema de proporcionalidad del incumplimiento6, pero de nuevo nos topamos con que solo una parte menor del precio fue pagada.

Por ello, en segundo lugar, el recurso a la excepción de incumplimiento contractual no es correcta, pues coloca el énfasis en el incumplimiento de la demandada y no en las razones que tuvo la demandante para no ejecutar su prestación.

Como se lee de los hechos del caso, la demandante no dio cumplimiento al resto del pago de las cuotas porque la inscripción no se practicó a su nombre. Frente a tal situación, ¿qué actitud lógica cabría esperar del comprador? La respuesta nos parece evidente: suspender el pago de las restantes cuotas. ¿Debe, entonces, el Derecho de Contratos amparar al contratante que se ha comportado protegiendo su patrimonio?

Si observamos los requisitos de la resolución de manera objetiva, es claro que el comprador no dio cumplimiento a su obligación de pagar las restantes cuotas. Pero en lo que importa, tampoco estuvo llano a cumplirlas. Se trató de una inejecución deliberada, dolosa si se observa desde una óptica subjetiva. Pero no es carente de sentido. La lógica tras ella es la protección de su patrimonio de manera de no perder el precio en manos de un vendedor que había enajenado la cosa a un tercero.

Así vistas las cosas, lo que en realidad sucedió es que el comprador ejerció un remedio contractual reconocido en los instrumentos de Derecho Contractual uniforme denominado suspensión del cumplimiento. Está reconocido en el art. 71.1 de la CVCIM:

"Cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si, después de la celebración del contrato, resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa de:

a) un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o de su solvencia, o

b) su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato".

La suspensión del cumplimiento permite excusar al contratante de su cumplimiento, cuando la otra parte o manifiesta dudas acerca su solvencia o, bien, manifiesta dudas sobre la posibilidad de cumplir el contrato a través de su comportamiento.

En nuestro país, la suspensión está regulada en el artículo 1826[4], a propósito de la obligación de entrega del vendedor.

Prescribe el artículo 1826:

"El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él.

Si el vendedor por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales. Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo.

Pero si después del contrato hubiere menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando, o asegurando el pago".

La norma permite ejercer la resolución frente a la falta de entrega de la cosa cuando el comprador "ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo". De aquí se colige que no estaría permitido ejercer la resolución cuando el comprador no está dispuesto a pagar el precio. Por ello, el inciso 4° hace excepción a lo establecido ("pero"), permitiéndole al vendedor suspender la entrega de la cosa cuando teme que le incumplirán. El temor en este caso es justificado, pues la fortuna del comprador ha disminuido considerablemente.

Como se ve, la configuración de la suspensión en el Código Civil no es idéntica a la de la CVCIM. Sin embargo, lo que interesa es la idea que se encuentra detrás de la institución. Lo que se busca es que el incumplimiento del vendedor se encuentre justificado cuando cree que ya no le cumplirán. Ahora bien, la norma en comento, si bien se encuentra reducida a la obligación de entrega de la cosa, no vemos inconvenientes para que el criterio puede ser extendido a otras situaciones, incluso a la obligación de pago del precio del comprador, al estilo de lo que establece la CVCIM.

En la Convención de Viena, autorizada la suspensión, se le permite al acreedor resolver el contrato, de conformidad al art. 73.1. de la CVCIM:

"En los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercaderías, si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial del contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto el contrato en lo que respecta a esa entrega".

Las normas transcritas están pensadas fundamentalmente para el incumplimiento de entregas sucesivas del vendedor. Sin embargo, al estar tratadas en capítulo v de la CVCIM "Disposiciones comunes a las obligaciones del vendedor y del comprador", se aplican a cualquier incumplimiento, sea del comprador o del vendedor7.

El criterio de la CVCIM es de justicia. Se permite la suspensión, y el incumplimiento que la justifica permite, asimismo, el ejercicio de la facultad resolutoria. Si bien hay incumplimientos recíprocos, jurídicamente uno se encuentra justificado (el de la suspensión), y el otro no. Por lo tanto, el problema se soluciona como si existiese un solo incumplimiento y no dos. Creemos que, si bien el Código no contempla de manera expresa esta situación, los criterios de la Convención (que por lo demás es parte de nuestro ordenamiento interno) permitirían adecuar nuestro ordenamiento civil para buscar soluciones no incorporadas en su origen, pero que sí contienen bases que permitan su adecuación.

De lo señalado, puede concluirse que, aunque el comprador suspendió la prestación, dicho incumplimiento está autorizado, de tal suerte que no cabe entender que hay incumplimiento de su parte. Esto permite, a su vez, la resolución del contrato con perjuicios. Y, desde otra perspectiva, no se hace necesario acudir a la excepción de incumplimiento contractual, extendiendo de manera forzada su ámbito de aplicación. Por ello, a nuestro entender, la Corte no aplica de forma correcta la excepción de incumplimiento contractual, que está más bien relacionada con obligaciones exigibles a un mismo momento.

Restituciones e indemnización de perjuicios consecuenciales a la resolución

Luego de dar lugar a la resolución, la Corte Suprema se pronuncia sobre su efecto restitutorio y de la indemnización de perjuicios.

La Corte en el considerando décimo séptimo se pronuncia sobre las restituciones:

"Pues bien, declarada como ha sido la resolución del contrato celebrado entre quienes ahora litigan entre sí, se ha impuesto la necesidad de que las partes queden restituidas al status jurídico que tenían antes de convenir.

Surgen así, las obligaciones restitutorias entre aquéllas y, en el caso de que se trata corresponde, entonces, que el demandado devuelvan la cantidad de $1.776.000 (un millón setecientos setenta y seis mil pesos) pagada como parte del precio acordado, que se justificó en la forma dicha en el raciocinio undécimo que antecede y que se desglosa de la siguiente forma: a) $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) enterados a la fecha de celebración del contrato de compraventa, el 14 de enero de 2009; b) $121.000 (ciento veintiún mil pesos) y c) $155.000 (ciento cincuenta y cinco mil pesos) solucionados, estos dos últimos montos, el 27 de febrero de 2009, según consta en los documentos de fojas 140 y 141 de autos".

Y en el considerando décimo octavo sobre los perjuicios:

"Que, también por concepto de daño emergente, la parte demandante solicitó se le indemnizaran los gastos de cerramiento de la propiedad objeto del contrato, gastos notariales y de redacción de escritura-respectiva. De estos rubros sólo se accederá al primero, a saber, aquél que dice relación con los gastos de cerramiento y únicamente por la suma de $293.950, monto que se tiene por demostrado con la factura agregada a fojas 170. En cuanto a lo demás pretendido por el actor, por los ítems señalados, no es posible estimarlo acreditado con las probanzas aportadas, resultando al efecto insuficiente la testimonial rendida, por carecer de precisión sobre los hechos y los valores reclamados".

Es importante resaltar de la sentencia en comento la separación entre restituciones consecuenciales a la resolución y los perjuicios. La sentencia delimita, por una parte, aquello que debe restituirse, y que constituyó el precio pagado por la demandante al vendedor y, por otra, los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.

Sostenemos que es destacable esta separación toda vez que no siempre los fallos distinguen correctamente entre restituciones consecuenciales a la resolución y los daños sufridos por el actor. En especial, se confunde lo que constituye el daño emergente con la obligación restitutoria. Así, por ejemplo, se ha señalado que constituye daño emergente el valor de la cosa no entregada en una compraventa8, el adelanto del precio pagado respecto de un contrato de promesa de compraventa resuelto9, o las rentas de arrendamiento pagadas por las que no se pudo hacer uso del inmueble según lo pactado10.

Desde otra perspectiva, el fallo es interesante en cuanto al contenido de los perjuicios. La Corte Suprema limitó el daño emergente solo a los gastos de cerramiento del inmueble, descartando los demás perjuicios alegados. Aunque en el caso intervienen en la determinación del daño indemnizable problemas de prueba, nos da la impresión que en este caso la Corte limitó los daños al interés negativo.

En materia de resolución de contratos en doctrina se discute cuál es el interés indeminizable: si el interés positivo o de expectativa o el interés negativo o de confianza. En virtud del primer criterio, la indemnización debería colocar al demandante en una posición como si se le hubiese cumplido el contrato. En cambio, según el criterio del interés negativo, la indemnización debería intentar colocar al acreedor en una posición como si no hubiese entrado al contrato11.

Se trata de una materia que nuestros tribunales no discuten de manera expresa. Y al revisar el contenido de los perjuicios, a pesar de la falta de discusión, tampoco hay un criterio uniforme12. La distinción entre interés positivo y negativo guarda importancia, en lo fundamental, para dos materias: la aplicación de la causalidad en materia contractual a través del criterio de imputación objetiva "ámbito de protección de la norma" y la aplicación de la regla de la previsibilidad del daño (art. 1558 del CC). Por la importancia de la materia, sería conveniente que nuestros tribunales pudieran fijar una regla que permita delimitar el contenido del daño resarcible.

Ahora, tal como lo hizo de manera implícita la Corte, si se circunscriben los daños al interés negativo, es decir, si la indemnización debería colocar al resolvente en una posición como si no hubiese celebrado el contrato, habría que conceder que son previsibles al tiempo del contrato (art. 1558) los gastos en que incurrió el acreedor para celebrar el contrato. Sin embargo, la Corte los desestimó. Reiteramos que una clarificación jurisprudencial sobre el criterio a seguir permitiría avaluar de mejor manera el daño en caso de resolución.

Notas

1 Juzgado de Letras de Villarrica, 4 de junio de 2012, rol N° 21020-2010.

2 Corte de Apelaciones de Temuco, 6 de diciembre de 2012, rol N° 708-2012.

3 Para un repaso exhaustivo sobre la materia, véase Peñailillo (2003), pp. 413-415, especialmente n. 750-752; Alcalde (2011), p. 79 y ss.

4 Contardo (2013), pp. 229-231.

5 Tal como ha investigado Claudia Mejías, los tribunales exigen como condición de aplicación de la excepción de incumplimiento contractual que el incumplimiento de la demandante sea de una gravedad suficiente: Mejías (2014), pp. 123-132.

6 Este criterio es probable que sea el más correcto al analizar los incumplimientos parciales, tal como lo configura Mejías (2014), pp. 133-136.

7 Honnold (1999), p. 441.

8 Contreras con Sociedad de Transportes Quillaicillo Limitada, Corte Suprema, 22 de septiembre de 2009, Cita Legal Publishing: 42697; Maquinarias Agrícolas y Mineras Norte Sur Ltda. con Compañía Minera Marcelita, Corte Suprema, 25 de noviembre de 1999, Cita Legal Publishing: 16428. Según este fallo, constituye daño emergente tanto el valor de la cosa y "un perjuicio a la actora al no poder disponer de ella". Desde otra perspectiva, en Valdivia con Same Madrid y compañía Limitada (Corte Suprema, 16 de abril de 2013, cita legal Publishing: CL/JUR/ 797/2013), el máximo tribunal estimó que la obligación restitutoria es una obligación de dinero compensable con la indemnización de perjuicios por daño emergente y, por tanto, podría disminuirse o aminorarse la indemnización en esta partida.

9 General Marineer S.A. con Inmobiliaria Anakena Ltda. y Scotiabank Sudamericano S.A., Corte Suprema, 21 de enero de 2009, cita legal Publishing:: 41672.

10 Glide Diversiones Limitada con Compañía de Inversiones y Desarrollo Sur S.A, Corte Suprema, 19 de mayo de 2008, cita legal Publishing: 39372.

11 Sobre la distinción entre interés positivo o negativo, puede revisarse un trabajo monográfico de nuestra autoría sobre esta materia: Contardo (2011), passim.

12 Véase a título de ejemplo: Contardo (2011), p. 107 y ss.

 

Bibliografía

Alcalde Silva, Jaime (2011). "El tratamiento de los incumplimientos recíprocos en el Derecho Chileno", en Patricio Ignacio Carvajal y Massimo Miglietta (eds.). Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito. Alessandria: Edizioni dell'Orso.         [ Links ]

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Contardo González, Juan Ignacio (2013). "Resolución por incumplimiento. Indemnización de perjuicios. Incumplimientos recíprocos. Incumplimiento resolutorio. Interés del acreedor. Previsibilidad del daño. Corte Suprema, Primera Sala (Civil), 10 de diciembre de 2012, rol N° 3320-2012, cita Microjuris: MJJ34056". Revista Chilena de Derecho Privado. N° 20. Santiago. Julio.         [ Links ]

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Peñailillo Arévalo, Daniel (2003). Obligaciones. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.         [ Links ]

 

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