SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número19DERECHO PROBATORIO DE FAMILIARENÉ ABELIUK MANASEVICH, CONTRATO DE PROMESA, DE OPCIÓN Y OTROS ACUERDOS PREVIOS índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  no.19 Santiago dic. 2012

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722012000200014 

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
DERECHO PROCESAL CIVIL

 

DERECHO A UN DEBIDO PROCESO. ALCANCES Y CONTENIDO

Macarena Vargas Pavez

Profesora de Derecho Procesal Universidad Diego Portales

 


CASO MEJÍA IDROVO RA. ECUADOR. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SENTENCIA DE 5 DE JULIO DE 2011

En diciembre del año 2000 el coronel de Ejército José Alfredo Mejía Idrovo fue dado de baja por medio de una nota que agradecía sus servicios y le informaba de su nueva condición como oficial en servicio pasivo. Esta resolución fue tomada por el Consejo de Oficiales Generales del Ejército. El afectado solicitó a la autoridad castrense la reconsideración de esta decisión, la cual que fue rechazada. Al mes siguiente el Presidente de la República de Ecuador expidió dos decretos ejecutivos mediante los cuales se declaró que el Sr. Mejía dejaría de pertenecer a la Fuerza Terrestre a partir del 15 de enero de 2001.

Ese mismo año el señor Mejía interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito solicitando se dejaran sin efecto los decretos ejecutivos antes señalados. Con fecha 28 de junio de 2001 el recurso fue declarado inadmisible por considerarse incompleto, pues sólo impugnaba los decretos presidenciales y no los actos ejecutados por el Consejo de Oficiales Generales. El recurrente apeló de esta decisión ante el Tribunal Constitucional, el cual confirmó la sentencia apelada por considerar que el peticionario habría errado en la vía judicial utilizada para obtener la suspensión de los efectos de los decretos ejecutivos.

En octubre de 2001 el señor Mejía presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando se declarara la inconstitucionalidad e ilegalidad de los referidos decretos y se reordenara su reincorporación a las Fuerzas Armadas. Con fecha 25 de marzo de 2002 el recurso fue acogido, declarándose la inconsti-tucionalidad de los actos que determinaron la baja del señor Mejía y disponiéndose la reparación por los daños ocasionados al afectado. Dicha sentencia fue notificada a las partes y publicada en el Registro Oficial en abril de 2002, fecha a partir de la cual —en virtud de la normativa vigente— se hace ejecutable.

La Comandancia del Ejército solicitó al Tribunal Constitucional una aclaración del fallo catorce días después su notificación y cuatro días después de su publicación en el Registro Oficial. Ante esta petición, con fecha 30 de mayo de 2002, el Presidente del Tribunal Constitucional emitió una resolución en la que señaló que la decisión del Pleno entró en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial y dispuso el cumplimiento inmediato de la sentencia.

Pese a lo anterior, el fallo siguió sin cumplirse. Ello llevó al señor Mejía a presentar en octubre de 2002 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego del procedimiento de rigor, en noviembre de 2009 dicha Comisión presentó una demanda en contra de la república de Ecuador ante la Corte IDH por violación a los artículos 8.1 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, pues desde la dictación de la sentencia por el Tribunal Constitucional en el 2002 habían trascurrido más de 7 años, sin que el Estado hubiese cumplido el referido fallo.

Es importante señalar que en el año 2008, y previo a la presentación de la demanda ante la Corte IDH, la Constitución Política de la República de Ecuador fue objeto de una reforma que, entre otras modificaciones, incorporó la denominada acción de incumplimiento1. Con fecha 22 de abril de 2009 el señor Mejía interpuso ante la Corte Constitucional de Ecuador una acción de incumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional. El 8 de octubre de 2009 dicha Corte dispuso la reincorporación del señor Mejía a la Fuerza Terrestre, el reconocimiento de sus derechos patrimoniales y el derecho de repetición a favor del Estado.

Con fecha 5 de julio de 2011 la Corte IDH acoge la demanda y condena al estado de Ecuador a pagar las cantidades fijadas por concepto de daños materiales e inmateriales, costas y gastos y a publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional y publicar la sent encia íntegramente en un sitio web oficial.

En el párrafo 105 de la sentencia, la Corte IDH desarrolla algunas consideraciones sobre la tutela judicial efectiva en materia de ejecución de fallos internos que resultan interesantes de analizar, a saber:

 

"La Corte considera que la ejecución de las sentencias debe serregida por aquellos estándares específicos que permitan hacer efectivos los principios, inter alia, de tutela judicial, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, y estado de derecho. La Corte concuerda con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que para lograr plenamente la efectividad de la sentencia la ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora.

Asimismo, el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral"2.

La Corte IDH basa su fallo en el artículo 25.2 letra c) de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que los estados deben garantizar

 

"el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".3

Ello se observa nítidamente en el párrafo 104 del fallo que señala que, conforme al artículo 25, es deber de los estados,

 

"...garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. El proceso debe tender a la materialización de laprotección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento. Por tanto, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución"4.

Este fallo forma parte de una incipiente línea jurisprudencial que ha venido desarrollando la Corte IDH desde el año 2003 en adelante a través de la cual paulatinamente se reconoce la necesidad de materializar de las resoluciones judiciales para una adecuada protección de los derechos.

Ello se puede observar, por ejemplo, en el caso 5 pensionistas vs. Perú de 28 de febrero de 2003 y en el caso Baena vs. Panamá de 28 de noviembre de 2003. En este último, se señala que

 

"El cumplimiento de las sentencias está fuertemente ligado al derecho de acceso a la justicia, el cual se encuentra consagrado en los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana"5.

Sin embargo, considero que el fallo en comento va un poco más allá. Los considerandos de la Corte enfatizan con fuerza la necesidad de materializar la protección de los derechos contenidos en una sentencia recogiendo la tendencia jurisprudencial que la Corte Europea de Derechos Humanos ha venido desarrollando desde hace más de quince años en esta materia.

Desde una perspectiva procesal, este fallo resulta de especial relevancia por dos razones. En primer lugar, porque ofrece un nuevo enfoque en el tratamiento de la ejecución de las resoluciones judiciales y, en segundo lugar, porque pone sobre los hombros de los estados la obligación de proveer a los justiciables los mecanismos idóneos para una efectiva ejecución.

1.       DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL Y EJECUCIÓN

Como se puede observar del fallo en comento, a juicio de la Corte IDH los estándares que se exigen a los procedimientos declarativos se extienden y aplican de la misma forma a los procedimientos ejecutivos. Con ello se reconoce el valor que tiene la dimensión de eficacia de las resoluciones obligando al Estado, como veremos a más adelante, a proporcionar los procedimientos adecuados para conseguir la ejecución de lo resuelto en forma rápida e integral.

Se trata de un cambio radical en la hasta ahora imperante concepción de los procedimientos ejecutivos, pues sitúa a la ejecución a la par de la declaración de mérito considerándola como parte integrante del derecho a la tutela judicial o derecho de acceso a la justicia.

Tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia nacional han entendido que el derecho de acceso a la justicia se satisface con la posibilidad de concurrir a los tribunales y obtener una resolución fundada como si la actividad jurisdiccional del Estado terminase con la sentencia condenatoria. Ello ha significado que la ejecución de las resoluciones judiciales haya recibido escasa atención, otorgándosele un tratamiento separado y accesorio del procedimiento de mérito. Con razón se ha dicho que la ejecución civil es "uno de los aspectos más abandonados por la doctrina procesal"6.

Una revisión de la literatura nacional revela que varios autores nacionales7, entre ellos, Raúl Espinoza, Alex Avsolomovic y otros, Juan Colombo, Manuel Casarino Viterbo, Francisco Hoyos y Fernando Orellana Torres, analizan esta institución como un procedimiento separado del procedimiento declarativo, secundario y de carácter eventual. En efecto, cuando se estudia la ejecución estos autores se limitan a describir las fases, requisitos o plazos del procedimiento ejecutivo contenido en el Código de Procedimiento Civil, sin ofrecer una mirada comprensiva de este procedimiento como un elemento esencial para la eficacia de las resoluciones judiciales.

Estimo que este fallo de la Corte IDH rompe con esa mirada tradicional, otorgándole a los procedimientos ejecutivos un papel clave en la protección judicial efectiva de los derechos de las personas post sentencia judicial. Así, el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial no se agota en la concurrencia a los tribunales de justicia y en la obtención de una sentencia sobre el asunto debatido. Ello es una condición esencial, pero no suficiente para que los justiciables vean satisfechos en forma completa y eficaz sus derechos.

¿De qué serviría una sentencia si ella no puede ser cumplida? ¿De qué serviría la consagración constitucional del acceso a la justicia en el artículo 19 N° 3 si éste carece de un correlato concreto en la práctica? El derecho a la tutela judicial o derecho de acceso a la justicia no sería más que un "papel mojado" si no lleva como contrapartida una solución rápida del litigio8 y, agregamos nosotros, una solución posible de ser cumplida.

Pero este cumplimiento no debe darse en cualquier tiempo, a juicio de la Corte IDH debe ser oportuno y "sin demora". Ello supone exigir que la ejecución se desarrolle dentro de un plazo razonable, tal como se exige al procedimiento declarativo, pues este parámetro -propio del derecho a un debido proceso- forma parte integrante de las garantías contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana.

El derecho a un debido proceso constituye, entonces, un elemento clave en la configuración de esta nueva noción de la ejecución que complementa y refuerza el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial, tal como ha señalado la Corte IDH en varios casos9.

Ello se observa con nitidez en el caso en comento cuando la Corte IDH sostiene:

 

"...las disposiciones que rigen la independencia del orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para asegurar la puntual ejecución de las sentencias sin que exista interferencia por los otros poderes del Estado y garantizar el carácter vinculante y obligatorio de las decisiones de última instancia. La Corte estima que en un ordenamiento basado sobre el principio del Estado de Derecho todas las autoridades públicas, dentro del marco de su competencia, deben atender las decisiones judiciales, así como dar impulso y ejecución a las mismas sin obstaculizar el sentido y alcance de la decisión ni retrasar indebidamente su ejecución"10.

2.       OBLIGACIONES DEL ESTADO

A través de este fallo la Corte IDH sostiene que los estados tienen el deber de organizar sus sistemas judiciales, de modo de permitir que los tribunales puedan cumplir con los requerimientos del artículo 8 y 25 de la Convención Americana.

Lo anterior supone que el Estado debe proporcionar la infraestructura necesaria y los medios idóneos para la efectiva realización de las resoluciones judiciales a través de la fuerza pública, si ello es necesario, lo que en doctrina se ha denominado el principio de asistencia y que por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha conceptualizado como la doctrina de las obligaciones positivas de los estados.

Esto se puede ligar al extenso desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte IDH en materia de recurso efectivo11. Se ha entendido que un recurso es efectivo cuando es adecuado para conseguir su finalidad, cuando es capaz de producir resultados esperados12. En criterio de la Corte IDH, la efectividad no se satisface sólo con la provisión por parte del Estado de recursos judiciales —en este caso de procedimientos ejecutivos—, sino que debe tratarse de recursos idóneos capaces de cumplir con su finalidad13, en este caso, ejecutar lo juzgado.

En el caso 5 pensionistas vs. Perú de 28 de febrero de 2003, la Corte IDH se refiere expresamente a las obligaciones del Estado en materia de ejecución,

 

"[...] Este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los mediospara ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión".

Considero que este tipo de fallos abren nuevos desafíos para la doctrina y la jurisprudencia nacional, pero también para el legislador, cuestión que resulta especialmente relevante en un contexto de reformas procesales como al que asistimos en la actualidad.

MVP

Notas

1      El artículo 93 de la Constitución ecuatoriana señala: "La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistemajurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional".

2      Corte IDH, caso Mejía Idovro vs. Ecuador, sentencia de 5 de julio de 2011, párrafos 105 y 106, en www.corteidh.org.cr. Consultada el 7 de julio de 2012.

3      Artículo 25. Protección judicial.

      1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

      2. Los Estados partes se comprometen:

            a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
            b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y
            c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

4      Corte IDH, caso Mejía Idovro vs. Ecuador, sentencia de 5 de julio de 2011.

5      Corte IDH, caso Baena vs. Panamá, sentencia de 28 de noviembre de 2003, párrafo 74.

6      Álvaro pérez Ragone, "Deber de transparencia patrimonial y efectividad de la ejecución", en Cuadernos de ExtensiónJurídica, N° 16, Santiago, Ediciones de la Universidad de Los Andes, 2009, 234 pp.

7      Raúl Espinosa, Manual de Procedimiento Civil. El juicio ejecutivo, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 7; Alex Avsolomovich, Germán Lührs y Ernesto Noguera, Nociones de Derecho Procesal, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1965, 219 pp.;Juan Colombo, La jurisdicción, el acto jurídico procesal y la cosa juzgada en el derecho chileno, Santiago, Editorial Jurídica de Chile 1980, 142 pp.; Manuel Casarino Viterbo, Manual de Derecho Procesal Civil: derecho procesal civil, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, pp. 43-44; Francisco Hoyos, Temas fundamentales de Derecho Procesal, Santiago, EditorialJurídica de Chile 1987, pp. 56-57; Fernando Orellana Torres, Manualde Derecho Procesal, Santiago, Librotecnia, 2008, vol. iii, p. 13.

8      José M. Bandrés, El tribunal europeo de los derechos del hombre, Barcelona, Bosch, 1983, p. 91.

9      Corte IDH, caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006; caso La Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006. www.corteidh.org.cr. Consultada el 7 de agosto de 2012.

10      Corte IDH, caso Mejía Idovro vs. Ecuador, sentencia de 5 de julio de 2011. www.corteidh.org.cr. Consultada el 7 de julio de 2012,

11      Si bien la Convención Americana de Derechos Humanos utiliza la expresión 'efectivo' y no 'eficaz', el Diccionario de la Real Academia de la Lengua otorga el mismo significado a ambos términos, definiendo eficacia y efectividad como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. www. rae.es. Consultada el 7 de agosto de 2012.

12      Corte IDH, caso Baldeón García vs. Perú, sentencia de 6 de abril de 2006; caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1998. www.corteidh.org.cr. Consultada el 7 de agosto de 2012.

13      Corte IDH, caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006. www.corteidh.org.cr. Consultada el 7 de agosto de 2012.

 

Bibliografía

Avsolomovich, Alex, Germán Lührs y Ernesto Noguera, Nociones de Derecho Procesal, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1965.         [ Links ]

Bandrés, José M., El tribunal europeo de los derechos del hombre, Barcelona, Editorial Jurídica de Chile, 1983.         [ Links ]

Casarino Viterbo, Manuel, Manual de Derecho Procesal Civil: derecho procesal civil, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005.         [ Links ]

Colombo, Juan, La jurisdicción, el acto jurídico procesal y la cosa juzgada en el derecho chileno, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1980.         [ Links ]

Espinosa, Raúl, Manual de Procedimiento Civil. El juicio ejecutivo, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003.         [ Links ]

Hoyos, Francisco, Temas fundamentales de Derecho Procesal, Santiago, Editorial Jurídica de Chile 1987.         [ Links ]

Orellana Torres, Fernando, Manual de Derecho Procesal, Santiago, Lobrotecnia, 2008, vol. iii.         [ Links ]

Pérez Ragone, Álvaro, "Deber de transparencia patrimonial y efectividad de la ejecución", en Cuadernos de Extensión Jurídica, N° 16, Santiago, Ediciones de la Universidad de Los Andes, 2009.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons