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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  no.19 Santiago dic. 2012

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722012000200007 

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

 

Obligaciones y responsabilidad civil

 

Carlos Pizarro Wilson

Profesor de Derecho Civil Universidad Diego Portales y de Chile


RESPONSABILIDAD CIVIL

El caso de Aaron Vásquez y la responsabilidad por el hecho ajeno. Corte Suprema, Santiago, 22 de agosto de 2012. Rol 2830-2012, acceso www.poderjudicial.cl y Corte de Apelaciones de Santiago, 19 de enero de 2012, rol 6427-2010.

La torpeza en el foro a veces tiene exponentes conspicuos. El caso fallado por la Corte Suprema, que acogió la nulidad sustantiva de la resolución que había accedido a otorgar carácter ejecutivo a la sentencia penal en que se condenó al agente directo del daño a la indemnización de perjuicios, haciéndola oponible a los terceros civilmente responsables, es una manifestación paradigmática. El caso es de sobra conocido. La brutal agresión de Aarón Vásquez, menor de edad a la época de los hechos, provocó la muerte por golpes con un objeto contundente de la víctima, suceso que motivó la persecución penal y posterior condena civil a la suma de

ciento cincuenta millones, en el mismo juicio penal. Sabido es que para el caso que la víctima del hecho punible fallezca, conforme al artículo 108 del Código Procesal Penal, pueden asumir el carácter de víctima algunas de las personas que ese precepto indica en orden de prelación. Así ocurrió.

Los padres del fallecido se querellaron y demandaron la indemnización contra el autor del hecho punible, único legitimado pasivo posible en el juicio penal, de acuerdo con el artículo 59 del Código Procesal Penal. Lo particular de este caso radica en que al momento de cometerse el homicidio, el autor era menor —diecisiete años—, lo que, si bien lo hace capaz a la luz de las reglas de la responsabilidad civil extracontractual —artículo 2316 del Código civil—, concurriendo las condiciones del artículo 2320 puede proceder, también, la responsabilidad de su padre o madre, en calidad de tercero civilmente responsable o, incluso, en forma simultánea con la situación prevista en el artículo 2321 del mismo Código. En no pocas ocasiones el interés en perseguir la responsabilidad de estos terceros radica en la posibilidad de obtener un pago de la indemnización ante la falta de recursos en el patrimonio del menor.

Es evidente que nada puede obtenerse desde un punto de vista patrimonial del autor del hecho punible, quien sólo tiene patrimonio en el sen tido clásico de esa noción, mas, dinero no se encontrará para solucionar la deuda.

Dictada la sentencia penal en que se acogió la demanda civil, la posibilidad de hacer efectiva la indemnización en el patrimonio del padre o madre era la única vía de acceder a un pago, si es que detentaban bienes. Y así se hizo, pero con un severo error, al demandarse por la vía ejecutiva, invocando el fallo penal contra el tercero civilmente responsable.

Proveído de la sentencia penal, cuyo tenor incluyó la sanción civil al autor del hecho punible, se requirió de pago en juicio ejecutivo invocando la solidaridad entre el agente directo del daño y los terceros civilmente responsables —ambos padres del hechor Aaron Vásquez—.

Los padres del victimario, como era razonable esperar, opusieron a título de excepción, aquélla contemplada en el artículo 464 N0 7 del Código de Procedimiento Civil, al no tener carácter ejecutivo el título invocado a su respecto. En segunda instancia obtuvieron un voto, redactado por el magistradoJavier Moya, quien sostuvo:

"Que, en este escenario, es dable precisar que el artículo 2321 del Código Civil conlleva una presunción de carácter legal, esto es, que amerita prueba en contraria y sobre la cual no existen evidencias en el actual procedimiento ejecutivo".

De allí que resulta de interés resaltar la inexistencia de un título ejecutivo en contra de los demandados, situación que debe relacionarse con la institución del hecho ajeno que explicita el artículo 2320 del cuerpo legal citado, esto es, el tipo de responsabilidad que constituye un caso de presunción de culpa que no alcanza los demandados.

Que, concordante, el actual sistema procesal penal, en su artículo 59, limita la legitimación activa en el proceso penal de la víctima directa y, en cuanto a la legitimación pasiva, solo se permite demandar al imputado.

Por ello es que la demanda ejecutiva sobre la base de responsabilidad civil contra los padres del menor —autor y responsable penalmente—debe ser intentada en el juicio civil de igual naturaleza, por cuanto la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, exige la prueba de la culpa para establecer la presunción anotada, lo que, evidentemente, no ha ocurrido en los antecedentes.

Lo anterior, sin perjuicio de insistir que el título ejecutivo lo es en relación con el ejecutado principal y no en contra de los padres del menor sancionado penalmente, mientras no haya una sentencia condenatoria en contra de ellos.

Sólo queda a los meandros de la prescripción extintiva responder si los padres de la víctima aún podrán reclamar, como corresponde, la indemnización de los daños ante el tribunal civil competente.

La pluma del redactor de la disidencia es precisa y pertinente, optando en forma acertada por el rechazo de la demanda ejecutiva, no sólo porque lo contrario contraviene las condiciones requeridas para establecer la responsabilidad por el hecho ajeno sino, también, por carecer la sentencia del carácter oponible a esos terceros civilmente responsables.

La mesa estaba servida para la casación en el fondo, aseverando la E. Corte Suprema:

"Que si se pretende hacer valer la responsabilidad de los denominados 'terceros civilmente responsables', conforme con lo dispuesto en los artículos 2320 y 2321 del Código Civil, exista o no proceso penal, ella siempre habrá de ventilarse en un juicio declarativo de lato conocimiento, desde que cualquiera de estas disposiciones que se invoquen suponen, de una u otra manera, la posibilidad de que quienes tienen a su cargo o cuidado a un tercero, puedan descargar su responsabilidad probando diversas circunstancias que la misma ley contempla para ello. Es más, en el caso del artículo 2320, aún si el tercer no es condenado por la responsabilidad de quien depende de él, éste todavía queda en condiciones de poder repetir en contra del autor material del ilícito conforme con lo preceptuado en el artículo 2325 del mismo Código".

El fallo de la Corte Suprema se ajusta a derecho, siendo improcedente el cobro por vía ejecutiva de la indemnización a que se condenó en sede penal al agente directo del daño, pues, si bien la culpabilidad de éste no podrá controvertirse conforme al efecto de cosa juzgada en sede civil de la sentencia penal —artículo 179 del Código de Procedimiento Civil—, no están todos los elementos de la responsabilidad por el hecho ajeno, conforme al artículo 2320 o 2321 del Código Civil. Por una parte, en relación con el artículo 2320, es necesario aún acreditar el vínculo de dependencia, que en el caso específico de los padres, requiere que habite el mismo techo y, todavía, es posible para los terceros civilmente responsable desvirtuar la presunción de culpa que emana del inciso final de esa regla, acreditando diligencia. Al no otorgarle esta oportunidad a los padres demandados, se violenta el derecho a defensa y las condiciones de la responsabilidad por el hecho ajeno.

Otro tanto ocurre a propósito del artículo 2321 del Código Civil, cuyas condiciones, distintas a las previstas en el artículo 2320, en cuanto refieren a tolerar los vicios y malos hábitos del hijo, tampoco constituye una presunción irrefragable de culpa, pudiendo desvirtuarse por los padres, lo que sólo puede verificarse en un juicio de lato conocimiento.

¿La solidaridad invocada podría desvirtuar las conclusiones precedentes? No es así. Si bien la discusión podría plantearse acerca de la procedencia de la solidaridad en la hipótesis del artículo 2320, entendiéndose en sentido literal el artículo 2317 del Código Civil y exigiendo la concurrencia de conductas de los codeudores en un mismo acto, lo cierto es que debiera inclinarse la opinión aceptando la solidaridad en esa hipótesis, pues las excepciones aparecen impuestas por el mismo precepto, en casos que exista desconocimiento de quien causó el daño en particular, quedando circunscrito el perjuicio a actos imputables a varios copropietarios de un edificio. En nada altera esta conclusión el perjuicio originado en el menor capaz, haciéndose responsable a su padre o madre, según corresponda.

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