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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  n.15 Santiago dic. 2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722010000200007 

Revista Chilena de Derecho Privado, N° 15, pp. 197-205 [diciembre 2010]

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

 

Obligaciones y responsabilidad civil

 

Alejandra Aguad Deik1, Carlos Pizarro Wilson2

1 Profesora de Derecho Civil Universidad Diego Portales
2 Profesor de Derecho Civil Universidad Diego Portales y de Chile


OBLIGACIONES

EL PAPEL MORIGERADOR DE LA BUENA FE EN LA DETERMINACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO. LA TÉCNICA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO Y LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. CORTE SUPREMA, 2 DE JUNIO DE 2009, ROL 1527-2008, N° LEGAL PUBLISHING: 42232.

Cada vez está siendo más común encontrarse con sentencias de nuestros tribunales superiores de justicia que juzgan el conflicto sometido a su decisión a partir de la aplicación de ciertas instituciones doctrinarias que, a pesar de no tener una recepción positiva en nuestro ordenamiento jurídico, cumplen una función integradora como manifestaciones del deber general de actuar de buena fe. Ya lo anticipaba el profesor Jorge López Santa María cuando celebrando importantes fallos de tribunales extranjeros que extraían consecuencias jurídicas de la buena fe, aun a falta de texto legal que les sirva de apoyo inmediato, veía en la perspicacia de los abogados chilenos la posibilidad de conducir, en los años venideros, a resultados jurisprudenciales semejantes en nuestro país (Jorge López Santa María, Los contratos, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1986, Parte General, p. 288).

Pues bien, el abuso del Derecho (en su sentido objetivo), la doctrina del levantamiento del velo societario, la teoría de los actos propios y la protección de la apariencia, por nombrar sólo algunas, no son sino expresiones —en los diversos supuestos de hecho que quedan disciplinados por dichas construcciones doctrinarias— de la protección que el Derecho otorga a quien actúa recta y lealmente en desmedro de aquél que guía su conducta en sentido contrario.

Es en este contexto en que destacamos la sentencia que ahora comentamos. La sociedad A.G.F. Allianz Compañía de Seguros Generales S.A., interpuso demanda ordinaria de indemnización de perjuicios en contra de Sociedad Naviera Ultragas Limitada y de Ultramar Agencia Marítima Limitada. Funda su acción en que el día 4 de septiembre de 1999 Allianz Compañía de Seguros Generales S.A., emitió póliza de seguros del ramo casco marítimo a nombre y en beneficio de la empresa Tripesca S.A., empresa pesquera, en virtud de la cual la actora tomó sobre sí los riesgos del remolque del muelle flotante llamado Tricauco, desde astilleros Sitecna en Puerto Montt hasta la planta de Tripesca en Corral, obligándose a indemnizar al asegurado por los siniestros que pudieren afectar al pontón en cuestión durante el trayecto mencionado. Agrega que con fecha 6 de septiembre de 1999, durante la vigencia de la póliza, el asegurado Tripesca S.A., experimentó un siniestro que dañó gravemente al pontón o muelle flotante, cuando éste era remolcado por una embarcación dependiente de la empresa demandada. Señala que el asegurado contrató a la Sociedad Naviera Ultragas Limitada para efectuar el transporte del artefacto naval, y que el siniestro se habría ocasionado por culpa del remolcador, incurriendo en responsabilidad contractual por incumplimiento del contrato de transporte. Contando el siniestro con cobertura, por encontrarse los hechos denunciados y los daños reclamados dentro de los términos de la póliza afectada, la actora indemnizó al asegurado en el monto que le imponía el contrato de seguros, subrogándose al asegurado en los derechos y acciones que éste tenía contra terceros, en razón del siniestro. Al contestar la demanda, Sociedad Naviera Ultragas Limitada y Ultramar Agencia Marítima Limitada alegan, entre otras cosas, la inoponibilidad de la demanda y, en consecuencia, la falta de legitimación pasiva fundada en que el contrato de remolque-maniobra se celebró entre Tripesca S.A. y Remolcadores Ultragas Limitada, por lo que la contraparte de Tripesca S.A. en el contrato no fue Ultramar Agencia Marítima Limitada ni Sociedad Naviera Ultragas Limitada, sino que Remolcadores Ultragas Limitada. Agrega que las empresas referidas, a saber, Ultramar Agencia Marítima Limitada, Sociedad Naviera Ultragas Limitada y Remolcadores Ultragas Limitada son, cada una de ellas, una persona jurídica distinta, con objeto y representantes legales diversos, por lo que la demandante ha confundido la empresa con la cual Tripesca S.A. contrató los servicios de remolque del pontón materia de autos.

La sentencia de primer grado, dictada por el juez arbitro Juan Pablo Monti Medina acoge la demanda, desestimando las excepciones y alegaciones formuladas por las demandadas. En cuanto a la excepción de falta de legitimidad pasiva, sostiene el juez arbitro que la documentación acompañada al proceso demuestra:

"Sociedad Naviera Ultragas, demandada en estos autos, es dueña del 99,90% de Remolcadores Ultragas Ltda., lo que configura una situación de identificación de socios e interés social que permiten establecen la participación de ambas sociedades en el presente caso, indistintamente. Esta identidad permite demandar a cualquiera de ellas por el siniestro acontecido".

Agrega que el documento enviado por fax en el que se acepta por la actora la oferta de contratación de transporte no está dirigido a Remolcadores Ultragas Ltda., sino a Ultragas Ltda., de lo que se colige que su destinatario podría haber sido cualquiera de las tres sociedades involucradas con idéntico nombre de fantasía, y que en el documento que da cuenta de la entrega del muelle flotante se designa como agente remolcador a Sociedad Naviera Ultragas Ltda., indicándose en su protocolo de entrega, que el señor Miguel Sherman G. en representación de Sociedad Naviera Ultramar Ltda. declara recibir el artefacto naval a conformidad. Dicho documento contiene un timbre y firma perteneciente a Remolcadores Ultragas Ltda.

"de lo que se colige que ambas entidades, actuando conjuntamente en un mismo acto jurídico, poseen finalidades similares, facultades similares y similares representantes, por lo que no se observa un obstáculo para la notificación a una de ellas, de una demanda dirigida a otra, ya que todas configuran en la realidad, una misma entidad en la especie",

todo lo cual se ve reforzado con lo consignado en la declaración general de autorización de zarpe, donde consta que el Agente del remolcador es Ultragas Agencia Marítima Ltda. (la otra empresa demandada). Por los argumentos anteriores, estima el sentenciador plenamente acreditado que entre Tripesca S.A. y Sociedad Naviera Ultragas Ltda. se celebró un contrato de remolque-transporte, actuando la segunda indistintamente a través de su nombre de fantasía o de Remolcadores Ultragas Ltda.

La sentencia arbitral fue confirmada en todas sus partes por la Corte de Apelaciones de Santiago por resolución de fecha 4 de enero de 2008, en contra de la cual la parte demandada dedujo recurso de casación en el fondo. Como era de esperar, uno de los capítulos centrales de este recurso de nulidad y que está a la base del razonamiento del recurrente, es la infracción a las normas que atribuyen personalidad jurídica a la sociedad, reconociéndole la calidad de sujeto de derechos, obligaciones y responsabilidades, como centro de imputación de normas diferenciado de sus miembros, lo que habría sido vulnerado en el fallo recurrido al hacer personalmente responsable aun socio (Sociedad Naviera Ultragas Ltda.) de una deuda de la sociedad (Remolcadores Ultragas Ltda.); ello, teniendo en consideración que los principales privilegios que otorga la personalidad jurídica del ente moral son la autonomía patrimonial y la responsabilidad en forma diferenciada de la de sus miembros y representantes.

El razonamiento de nuestro máximo tribunal en orden a rechazar el vicio de casación denunciado se funda principalmente en la doctrina de los actos propios y en la teoría del levantamiento del velo societario, dotando de un mayor sustento jurídico a la decisión adoptada por los jueces del fondo. En efecto, la sentencia de primer grado parece contentarse con la estrecha vinculación e identidad entre las sociedades demandadas y aquélla que figuraba como contratante de la actora, para afirmar sin más la legitimidad pasiva de las primeras y la extensión de responsabilidad a ellas. La Corte Suprema, en cambio, se aventura en los fundamentos que permitían al juez prescindir de la estructura formal del ente personificado.

En referencia a la doctrina que impone el respeto a los actos propios, sostiene la Corte Suprema:

"Como toda la argumentación presentada discurre sobre la base de que Remolcadores Ultragas Limitada no es parte en el juicio, pese a que sus actuaciones acreditadas en el proceso demuestran su intervención activa en la contratación correspondiente, su alegato sobre el particular implica ir contra sus propios actos, comportamiento que no se aviene con la buena fe exigible a todo contratante en el artículo 1.564 del Código Civil. Por lo anterior, ninguna de las normas estimadas como infringidas en este primer grupo, pueden apreciarse transgredidas" (considerando tercero).

Idea sobre la que más adelante vuelve al sentenciar que la documentación agregada al proceso evidencia que la compañía presuntamente ajena a los hechos intervino activamente en la ejecución del contrato de remolque transporte, indistintamente con las dos demandadas, de manera que al cuestionar el recurso su legitimidad pasiva, intenta excusar extemporáneamente su intervención en el proceso contractual, lo que, a más de ir contra sus actos propios, importa una pretensión de revisar los hechos asentados soberanamente por los jueces del fondo (considerando séptimo).

Como se ve, aun sin echar mano a la teoría del levantamiento del velo societario, los jueces tenían buenas razones para desestimar el vicio denunciado sobre la base, únicamente, de la doctrina que impone a los contratantes el respeto a los actos propios. Toda vez que si el propio socio no ha respetado la independencia de la sociedad, faltando, en su conducta, a la disociación típica entre propiedad y control directo de la gestión social, los tribunales están igualmente legitimados para no respetarla. Los hechos demuestran que las empresas demandadas intervinieron de manera activa en la ejecución de la obligación contractual formalmente contraída por una de ellas, comportándose como una sola entidad gobernada por un mismo interés. De manera que lo que determina la aplicación de la doctrina que impone el respeto a los actos propios no es la mera identidad de personas o empresas, sino la conducta desplegada por ellas en la ejecución de la prestación convenida.

Más adelante, y en apoyo de su decisión, nuestro máximo tribunal argumenta:

"Sexto: Que, como fuere, subyace en toda la dialéctica del recurso la pretensión de elevar a la condición de principio insoslayable la regla según la cual una persona jurídica no puede jamás responder por las conductas de otra, cualquiera sea la similitud entre ellas. Pero esta visión resulta en nuestro tiempo inconciliable con la proliferación de entidades comerciales coligadas o vinculadas entre sí, alrededor de organizaciones matrices dirigidas muchas veces a ocultar la realidad de controladores únicos, para fines de eludir o reducir obligaciones tributarias, cuando no prohibiciones o limitaciones impuestas a ciertos tipos societarios para determinadas actividades, que sí pueden ser emprendidas bajo fórmulas jurídicas alternativas. Séptimo: Que, desde la década de los treinta, ya en el siglo pasado, se ha venido generalizando en el derecho norteamericano, la teoría denominada 'disregard of legal entitiy', traducida libremente en lengua española como del "levantamiento del velo" de las personas ju rídicas, la que postula que es lícito a los tribunales, en ocasiones, prescindir de la forma externa de las personas jurídicas para, posteriormente, penetrar en su interioridad a fin de develar los intereses subjetivos subyacentes que se esconden tras ellas y alcanzar a las personas y bienes que se amparan bajo el ropaje de una entidad subyacente. Esta formulación doctrinaria, que ha tenido también desarrollo en el derecho europeo continental —especialmente en Alemania y España— permite dar solución a situaciones de manifiesto abuso de la personalidad jurídica, en que sociedades aparentemente autónomas e independientes jurídica y económicamente, responden a una misma unidad económica y de organización, porque existe tal control de la una sobre la o las otras, que esta o estas últimas no son sino el alter ego de la dominante, utilizada para obtener un resultado antijurídico. Se previene de este modo abusos del derecho y fraudes a la ley, privilegiándose los principios de supremacía de la realidad y de buena fe, que podrían verse sobrepasados si, en virtud de una interpretación puramente formalista, se diera estricta aplicación a los preceptos que la recurrente entiende vulnerados [...]"

Es interesante notar que la doctrina anglosajona ha dado paso desde antiguo a la aplicación de la teoría de los actos propios (instituto del Estoppel) como fundamentación del disregard of legal entity. De esta manera, dos sociedades anónimas que tienen personalidad jurídica distinta y separada se ven impedidas de afirmar esa separación si por medio de su conducta y palabra han afirmado la unidad. Así como ocurre en el caso que ahora comentamos, si el socio mayoritario y la sociedad a la que pertenece han mantenido una apariencia de unidad en el desarrollo de un negocio o actividad empresarial, no le sería admisible luego al socio alegar falta de legitimidad procesal pasiva por tratarse la persona jurídica de un sujeto de derecho distinto con un ámbito único de responsabilidad, pues la conducta del socio y de la sociedad ha creado una apariencia de unidad, y la contradicción que implica negar esa unidad supone una contravención de la buena fe.

No olvidemos que en muchas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico positivo la buena fe constituye el supuesto de hecho de la norma jurídica, previendo directamente la sanción aplicable a la conducta contraria a la buena fe. Con relación a los terceros, la forma más usual de protección es la ineficacia o inoponibilidad del acto respecto de ellos [v.gr. acción pauliana o revocatoria, simulación, etc.). En este caso, la consecuencia de esta protección será la ineficacia o inoponibilidad al actor de la personificación del ente moral como centro de imputación separado de los socios.

 

BIBLIOGRAFÍA

Santa María, Jorge López, Los contratos, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1986, Parte General.

A.A.

 

RESPONSABILIDAD CIVIL

LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA CULPA EN LAS OBLIGACIONES DE MEDIO O DILIGENCIA. CORTE SUPREMA, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010, ROL 1089-2009, N° IDENTIFICADOR LEGAL PUBLISHING 45464.

La buena doctrina comienza a imponerse. En sede de casación vuelve a presentarse la interesante, al menos desde una perspectiva teórica, mas no práctica, como diría el profesor Ramón Domínguez Águila, problemática acerca de la correcta interpretación del artículo 1547 inciso 3o del Código Civil, en relación con el artículo 1698 del mismo texto legal. El caso no deja de ser curioso, pues involucra la imputación de incumplimiento del contrato de educación celebrado entre el padre y un establecimiento privado de educación, al haber decidido durante la gira de estudios del curso de la hija del demandante devolver a ésta sola a Chile por presentar un comportamiento impropio, en opinión de la autoridad educacional. En razón de estos hechos el padre interpone demanda de inedemnización de perjuicios fundada en incumplimiento contractual solicitando reparación del daño material y moral. Por su parte, el colegio demandado aseveró la falta de concurrencia de los elementos de la responsabilidad contractual y, que, además, le favorece una cláusula de exoneración de responsabilidad, siendo, por último, el resultado de los perjuicios la conducta de la menor.

La sentencia de primera instancia rechaza la demanda, y también fueron desechados los recursos de casación en la forma y apelación deducidos, por la Corte de Apelaciones de Concepción.

El recurso de nulidad contra la sentencia de 2a instancia justifica su razonamiento en que se contraviene el artículo 1547 inciso 3o y el artículo 1698, ambos del Código Civil, en razón de que el considerando séptimo del fallo colocó de cargo del acreedor demostrar que existió incumplimiento y que además éste ha sido culpable, invirtiendo, de esta forma, la carga probatoria, contraviniendo formalmente el texto de las normas legales citadas. Se agregó que el peso de la prueba está en el obligado para demostrar que cumplió o, si no lo hizo, que al menos empleó la debida diligencia y cuidado. Se señaló, además, que se incurre en un segundo error de derecho al haber estimado que mediante el reglamento interno redactado por el colegio demandado

e impuesto a los padres y, que deben necesariamente firmar para que sus hijos pudiesen partir a la gira en cuestión, se podía derogar el principio del deber de cuidado inherente a todo contrato de educación.

En la parte atingente a este comentario, la sentencia de casación en su considerando octavo precisa que es necesario referirse a la culpa contractual. Y señala:

"En primer término debe recalcarse que, en principio, el legislador considera que la infracción de toda obligación que encuentra su fuente en un contrato es imputable a culpa del deudor, sin necesidad que el acreedor pruebe que aquél no empleó la diligencia o cuidado debidos".

Así, aún cuando la ley no lo ha dicho exactamente con esas expresiones, tal conclusión se desprende con claridad de las normas legales que rigen la materia. El inciso 3o del artículo 1547 del Código Civil prevé:

"La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega".

A partir de este considerando queda claro que para el sentenciador

"el deudor debe probar que ha sido diligente y cuidadoso, no obstante lo cual no pudo cumplir la obligación o lo hizo tardíamente, es porque la ley presume lo contrario, esto es, que la infracción de la obligación se debe a su falta de diligencia o cuidado".

En consecuencia:

"el acreedor no está obligado a acreditar la culpa, sino el deudor debe demostrar que no incurrió en ella, probando el debido cuidado o diligencia empleado en el cumplimiento".

La pregunta que subyace a esta cuestión es si la prueba de la diligencia constituye una cuestión diversa de la prueba del incumplimiento o, por el contrario, le correspondería al acreedor probar el incumplimiento y sólo una vez acrediatado éste se presumiría la culpa dejando al deudor en condiciones de exonerarse aportando la prueba de la diligencia o de la fuerza mayor o caso fortuito. La cuestión no es baladí, pues una de dos cosas: o aceptamos que el acreedor demandante debe probar la existencia de la obligación, en otros términos, el contrato, alegando nada más sin la carga de probar el incumplimiento y eso ameritaría la presunción de culpa o, en cambio, sería necesario a ese mismo acreedor demandante probar no sólo la existencia de la obligación sino, también, el incumplimiento como cuestión diversa de la culpa. Tal como lo he indicado con anterioridad (Carlos Pizarro Wilson, "La culpa como elemento constitutivo del incumplimiento en las obligaciones de medio o de diligencia", en Revista de Derecho, N° 31, Valparsíso, 2008, pp. 255-265. Véase el comentario a la sentencia 1771-2007 en Alvaro Vidal Olivares, "Incumplimiento y atribución de responsabilidad en las obligaciones de medio y resultado (a propósito de una sentencia de la Corte Suprema N° ingreso 1771-2007)", en Estudios de Derecho Civil, vol. v, Concepción 2009, Santiago, LegalPublishing, 2010, pp. 569-585), en mi opinión no puede exigírsele al acreedor sin traicionar el texto del artículo 1547 inciso 3o del Código Civil la prueba del incumplimiento en obligaciones cuyo cumplimiento se defina por el despliegue de una conducta —obligaciones de diligencia o de medios—, pues al acreditar el incumplimiento se estaría al mismo tiempo probando la falta de diligencia, lo que redundaría en dejar sin efecto a la presunción de culpa del artículo citado.

Acierta, por ende, la Corte Suprema al indicar:

"En consecuencia, sea cual sea la situación, en caso que el contrato —por haberlo acordado así las partes, por preverlo las normas que regulan esa específica convención o por aplicación de la regla general— haga al deudor responsable de la culpa leve, la ley presume que la infracción de la obligación es imputable a esa culpa del deudor, es decir, que éste faltó a la diligencia o cuidado de un buen padre de familia. Asimismo, presume también la ley la culpa levísima y la culpa grave, si el contrato que genera la obligación incumplida hace responsable al deudor de una u otra".

Queda por dilucidar si esta solución se hará extensiva al ámbito de la responsabilidad contractual médica. Habrá que esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema.

 

BIBLIOGRAFÍA

Pizarro Wilson, Carlos, "La culpa como elemento constitutivo del incumplimiento en las obligaciones de medio o de diligencia", en Revista de Derecho, N° 31, Valparaíso, 2008, pp. 255-265.        [ Links ]

Vidal Olivares, Alvaro, "Incumplimiento y atribución de responsabilidad en las obligaciones de medio y resultado (a propósito de una sentencia de la Corte Suprema N° ingreso 1771-2007)", en Estudios de Derecho Civil, vol. v, Concepción 2009, Santiago, LegalPublishing, 2010.        [ Links ]

C.P.

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