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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  n.15 Santiago dic. 2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722010000200001 

Revista Chilena de Derecho Privado, N° 15, pp. 9-28 [diciembre 2010]

ARTÍCULOS DE DOCTRINA

 

LOS LÍMITES AL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL*

THE LIMITS OF THE PRINCIPLE OF FULL REPARATION

OS LIMITES DO PRINCIPIO DE REPARAÇÃO INTEGRAL

 

Ramón Domínguez Águila**

**Doctor en Derecho Université de Toulouse. Profesor de Derecho Civil Universidad del Desarrollo. Dirección postal: Alnavillo 45, Concepción, Chile. Correo electrónico: rda@entelchile.net


Resumen

El principio de reparación integral es uno esencial en la responsabilidad civil del presente. Su contenido impone que la medida de la reparación corresponda con la entidad del daño causado, dejando fuera cualquiera otra consideración. No obstante, en ciertos casos, ese principio reconoce límites o excepciones de diverso origen y por variados fundamentos. Con todo, ninguna de ellas supone una derogación del mismo. Por el contrario, todas son plenamente compatibles con su reconocimiento.

Palabras claves: responsabilidad civil, daño, reparación integral


Abstract

The principle of full reparation is an essential part in the modern civil liability. Its content requires the measure of compensation commensurate with the extent of damage caused, leaving out any other consideration.

However, in some cases, this principle recognizes limits or exceptions of various origins and various foundations. On the contrary, none of them is a revocation. On the contrary, all are fully compatible with their recognition.

Key words. Liability, damages, full reparation


Resumo

O principio de reparação integral é essencial na responsabilidade civil do presente. Seu conteúdo se impoe na medida em que a reparação corresponda com a entidade do daño causado, deixando de lado qualquer outra consideração. No entanto, em certos casos, esse principio reconhece limites ou exceções de diversas origens e por diferentes fundamentos. Embora, nenhuma délas supoe urna derrogação do mesmo. Pelo contrario, todas sao plenamente compatíveis com seu reconhecimento.

Palavras chaves: responsabilidade civil, daño, reparação integral.


I.       INTRODUCCIÓN

El principio de reparación integral, tal cual ha sido clásicamente reconocido, manda que el perjuicio sea el límite de la reparación. Se indemniza todo el perjuicio, pero nada más que el perjuicio. Este principio forma parte del sistema de responsabilidad civil y más ampliamente aún, del sistema general de reparación del daño1.

Pero el hecho de ser un principio no significa que no comprenda limitaciones. En numerosos supuestos la indemnización no alcanza a la integridad del perjuicio sufrido.

En todo caso, se tratará siempre de excepciones, las que, por esencia, no hacen sino confirmar la existencia, fuera de ellas, del principio y que, por lo mismo, adquieren un carácter restrictivo.

Las excepciones son variadas. Algunas que derivan del funcionamiento mismo del sistema de reparación, otras en razones de tipo económico y, otras, tienen un fundamento legal, jurisprudencial o convencional.

II.             LOS LÍMITES DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN DE REPARACIÓN

El principio de reparación integral está sujeto siempre, en su aplicación concreta, al tema de la evaluación del daño. Entre nosotros, esa evaluación queda librada a la competencia exclusiva de los jueces del fondo2 y ello mismo determina, en numerosas situaciones, limitaciones al principio de reparación integral porque los criterios jurisprudenciales son variables y se carece de un sistema que permita una uniformidad en la reparación.

El ejemplo en el que pensamos se relaciona con el lucro cesante. Determinar qué es pérdida de ganancias es una cuestión variable en la jurisprudencia y qué conduce a que un mismo supuesto sea a veces indemnizado y otras no y cuándo lo es, demuestra que la reparación queda sujeta a criterios distintos.

Pero además, el juez, en la evaluación del daño, puede enfrentarse a dificultades de orden económico para dimensionar el daño. La prueba resulta aquí esencial y las dificultades a que enfrentan las víctimas al respecto por nuestro sistema probatorio conducen, en múltiples oportunidades, a una reparación no satisfactoria frente a la entidad de los daños.

Teóricamente, el daño emergente no debería presentar dificultades. Se trata de la pérdida sufrida y, por lo mismo, bastaría una simple evaluación económica del valor de lo perdido para fijar el quantum, de la reparación. Mas, ello no siempre es fácil y la pérdida de entradas económicas ofrece un buen ejemplo. Como se afirma en el Derecho francés el principio de reparación integral

"debería constreñir a los jueces del fondo a indemnizar las pérdidas de ingresos profesionales probados y cifrados en concreto, de manera casi contable"3.

Sin embargo, en innumerables supuestos es casi imposible establecer de ese modo. Pensemos en un médico u otro profesional liberal que, a consecuencia de un accidente culpable es obligado a dejar de trabajar por dos meses. ¿Qué criterios deberán permitir la fijación de una reparación integral de la pérdida de ganancias pasadas y, por tanto, parte del daño emergente? O, lo que es frecuente en la práctica: un taxista pierde su vehículo en un accidente del que él no es culpable. Debería indemnizársele la pérdida de ganancias durante todo el tiempo en que ha estado sin poder trabajar. En ambas situaciones se trata de reparar la incapacidad temporal de trabajo; pero la inexistencia de parámetros ciertos para fijarla podrá precisar, en numerosos casos, una reparación insuficiente por falta de medios para la determinación efectiva de la pérdida sufrida. En la práctica, no queda otro medio que recurrir a indemnizaciones basadas en el promedio de ganancias anteriores probadas, al menos en al ámbito meramente civil.

Todo lo anterior, bajo el supuesto de actividades profesionales remuneradas. No obstante, también es posible imaginar una pérdida económica de una víctima sin actividad profesional y, como lo apunta una autora, la situación de la mujer que sólo trabaja en su hogar en las tareas domésticas es esclarecedora4. Su trabajo es necesario y aun esencial en la marcha del hogar y la incapacidad que pueda afectarla implica un daño patrimonial al hogar; pero esas actividades no tienen un parámetro económico con el cual dimensionarlas.

Por último, dentro de este mismo ámbito, la reparación del daño moral, con sus evidentes dificultades para su evaluación ofrece un ejemplo claro de los límites del principio de reparación integral. Entre nosotros, esta cuestión es tan evidente que sólo la mencionamos: no todas las víctimas por iguales daños reciben igual reparación y todo depende, según un autor clásico entre nosotros, del criterio de los jueces5 el que, desde luego, no ofrece ningún parámetro objetivo de evaluación del daño.

III.       LOS LÍMITES POR RAZONES ECONÓMICAS

Otro ámbito en que el principio de reparación integral sufre limitaciones es el debido a las consideraciones económicas.

Sería ideal que todo daño fuese reparado en su integridad. Pero la indemnización supone un peso económico para quien debe soportar la carga de reparación, consideración que requiere de especial preocupación cuando la indemnización va a recaer, de cualquier modo, en el Estado, que tiene sus fondos sujetos a determinaciones presupuestarias. Y así, aunque la doctrina estima, en general, que la evaluación de la reparación queda limitada sólo por la dimensión del daño, consideraciones económicas llevan en la práctica a tener en cuenta la situación de quien debe reparar, para que la indemnización no llegue a significar un peso económico ruinoso o a recargar imprevistamente presupuestos acotados. Son numerosas las sentencias que han señalado que el patrimonio del deudor es un factor a considerarse al tiempo de la evaluación del daño. En una tesis clásica ya, Marie E. Rouiou de Boubée afirma:

"los medios financieros del individuo no son extensibles sin límites; si no se le quiere empujar a la ruina, debe fijarse un límite que su deuda directa hacia la víctima no debería superar"6.

Dentro de estas limitaciones es interesante recordar la que se contiene en el art. 19 N° 24 de la Constitución Política respecto a la indemnización debida al propietario expropiado. La regla dispone que éste recibirá indemnización por el perjuicio económico efectivamente causado, con lo que queda excluida la reparación del daño moral en todas sus formas y todo menoscabo que no entre en el ámbito de la calificación constitucional. Se recordará que ella no se contenía en el antiguo art. 10 N° 10 de la Constitución Política de 1925; pero es seguramente la experiencia tenida a este respecto en la historia práctica de las expropiaciones la que llevó a esa limitación. En efecto, la consideración de daños no patrimoniales desde luego no parece adecuada en el ámbito de la propiedad, de contenido eminentemente patrimonial; pero no es imposible que la privación de ella cause daños morales. Sin embargo, si el Estado tuviere que reparar daños de tal especie, sumados al valor efectivo del bien, harían difícil, sino imposible, la ejecución de obras públicas de beneficio común por el costo de las mismas.

Parecidas consideraciones permiten controvertir lo que ocurre con la ley N° 19.123, que contiene un sistema de reparación a víctimas de las transgresiones a los derechos humanos bajo el gobierno militar. Se establecen allí satisfacciones bajo la forma de ventajas patrimoniales que, indudablemente, no pueden comprender todos los daños sufridos. La cuestión que se presenta, entonces, es la de determinar si ellas cierran la vía a obtener la reparación, por ejemplo, del daño moral sufrido con cargo al Estado. Una reciente sentencia de la Corte de Santiago de 3 de agosto de 2009 señala que nada impide esa acción7; pero la cuestión no es evidente y consideraciones fundadas en el peso económico que ello significaría para los fondos estatales, llevan a entender que al ofrecerse legalmente las satisfacciones económicas allí previstas, la ley ha querido determinar los daños indemnizables.

Del mismo modo, no cabe duda qué consideraciones económicas son las que han determinado la regla del art. 19 N° 7 i) de la Constitución, en cuanto permiten indemnizar el error judicial en materia de juicios penales; pero sujeta esa reparación a una declaración previa de la Corte Suprema que califique a la decisión como "injustificadamente errónea o arbitraria". Se excluye, así, de reparación toda otra decisión absolutoria, aunque el afectado haya sido privado de su libertad y, finalmente, se reconozca su inocencia y a pesar de que haya existido en el proceso error judicial, si éste no cabe en la calificación de "injustificadamente erróneo o arbitrario".

Son también consideraciones económicas las que mandan que legalmente se establezcan indemnizaciones limitadas a sumas fijas o abaremos establecidos por ley.

Ello ocurre en dos situaciones: cuando la actividad por su naturaleza puede generar daños de tal envergadura que su reparación total se hace imposible, so pena de hacer desaparecer la actividad económica del responsable y cuando la indemnización está hecha por un fondo común o un seguro.

El primer caso ofrece un buen ejemplo en el contrato de transporte marítimo. La sección cuarta del título v del libro m del Código de Comercio, art. 992 y ss. se intitula "Límites de la responsabilidad". Allí se contienen montos máximos a que está sujeta la responsabilidad del transportador por los perjuicios resultantes de la pérdida o daño de las mercaderías. Se limita a un máximo

"equivalente a ochocientas treinta y cinco unidades de cuenta por bulto u otra unidad de carga transportada o a dos y media unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas, si esta cantidad es mayor" (art. 992).

También se limita la responsabilidad por los daños causados por el retraso en la entrega, en que se restringe la indemnización a dos y media veces el flete que deba pagarse por las mercaderías que sufran retardo, sin poder exceder la cuantía total del flete pagado por el contrato (art. 993). Y las disposiciones siguientes contienen otras limitaciones y formas de cálculo, aunque permiten derogar esos topes por pacto entre las partes del contrato (art. 997) y existen excepciones a la restricción de responsabilidad (arts. 1001 y 1002).

Otro tanto ocurre con el transporte aéreo. Sin perjuicio de las convenciones internacionales en la materia, el Código Aeronáutico chileno (ley N° 18.916) contiene en su título X, capítulo I, las normas sobre la responsabilidad en el transporte aéreo. En ellas se fijan máximos a la indemnización por muerte o lesión de cada pasajero de una aeronave, de UF 4.000, aunque puede pactarse una suma superior (art. 144). Por retardo en el transporte de los pasajeros, una suma de UF 250 por cada uno de ellos (art. 147). En lo que respecta al equipaje, su pérdida o avería se repara con 10 UF por kilo transportado (art. 148) y la de la mercadería con UF 1 por kilo. Puede, sin embargo, acordarse que por un pago adicional la indemnización sea superior a esas sumas (art. 15).

La Convención de Varsovia, de 12 de octubre de 1929, en su art. 22 fija otros límites para el transporte internacional.

Se trata de dos actividades, el transporte marítimo y el aéreo en que los daños posibles pueden ser de enormes dimensiones y en que, por lo mismo, no es posible que el transportista soporte cabalmente esta reparación sin llevarlo a su ruina. No cabe dudas, entonces, de que las consideraciones de orden económico fijan un techo a las indemnizaciones, contrariando el principio de reparación integral.

Otro límite legal se encuentra en aquellos casos en que la reparación está a cargo de fondos comunes o de seguros organizados socialmente. Sería imposible en ellos que la indemnización fuese completa. Los límites económicos del fondo, si se quiere que la carga para formarlo sea tolerable, determinan que todo sistema así organizado disponga de límites a la indemnización. No habría forma de financiar un régimen de reparación integral con cargo a los fondos establecidos y como ellos se forman por medio de seguros, tienen una limitación doble: en su alcance y en su costo. Este último limita al primero. Para hacerlos posibles, todo sistema de reparación con cargo a fondos debe considerar que su costo sea abordable por las actividades económicas o los sujetos que los sustentan y ello implica fijar un sistema de topes o baremos, los que, a su vez, generan una limitación al principio de reparación integral.

Entre nosotros ocurre así en dos supuestos muy evidentes.

Uno es el sistema de Seguro Obligatorio de Accidentes Causados por Circulación de Vehículos Motorizados de la ley N° 18.490. El art. 25 establece:

"El seguro de accidentes personales garantizará las siguientes indemnizaciones: 1. Una cantidad equivalente a UF 300 en caso de muerte; 2. Una cantidad de UF 300 en caso de incapacidad total; 3. Una cantidad equivalente de hasta UF 200 en caso de incapacidad permanente parcial 4. Una cantidad equivalente de hasta UF 300 por concepto de gastos de hospitalización o de atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, implantes, farmacéutica y cualquiera otra que se requiera para su rehabilitación...".

Pero no hay reparación del daño moral.

El otro es el que contiene la ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo, en lo que concierne a las prestaciones financiadas con el sistema de seguro social de accidentes del trabajo. Las entregas, en su mayoría tienen límites. Así, las pensiones por invalidez con una disminución de la aptitud laboral de entre un 40% y un 70% tienen una indemnización global, cuyo monto no excederá quince veces el sueldo base, aunque en ningún caso puede ser inferior a medio sueldo vital mensual de Santiago (art. 35) y si la disminución es igual o superior a un 40% e inferior a un 70%, el accidentado o enfermo tiene derecho a una pensión mensual cuyo monto es del 35% del sueldo base. Las pensiones por supervivencia concedida a los causahabientes del accidentado fallecido, tienen también limitaciones fijadas en el art. 44 y ss. de la ley, dependiendo del grado de parentesco.

Con todo, la ley respeta el principio de reparación integral al concederle a la víctima una acción de indemnización complementaria por los perjuicios no cubiertos por el sistema legal de prestaciones, que comprende, incluso, el daño moral (art. 69).

En este caso, el límite al principio de reparación integral se hace, no en el sistema de responsabilidad civil por accidentes del trabajo, sino en el sistema de seguridad social incorporado en las prestaciones objetivas de la ley N° 16.744. De allí que pueda afirmarse que el principio de reparación integral, como decimos, queda respetado al ofrecer a la víctima, ahora en el ámbito de la responsabilidad civil, una acción complementaria para la indemnización de los daños no cubiertos por el sistema de reparación social, incluyéndose en ésta, como dice el art. 69, letra b, el daño moral, que aquel régimen no cubre.

IV.       LÍMITES JURISPRUDENCIALES

En otro orden de ideas, hay también limitaciones al principio de reparación integral que, entre nosotros, sólo derivan de una interpretación jurisprudencial de los textos y que éstos no determinan necesariamente.

La situación se encuentra en los casos de terminación injustificada del vínculo laboral. Como es sabido, el Código del Trabajo nuestro no contiene una efectiva garantía a la estabilidad laboral. El empleador puede despedir a su arbitrio al trabajador; pero si el despido no tiene causa justificada, el empleador debe indemnizar al trabajador y la ley fija, entonces, una reparación variable que depende no del daño causado, sino de la antigüedad en el trabajo. Es el sistema consagrado en el Código del Trabajo8.

En otra oportunidad9 hemos señalado que, a nuestro juicio, con esa prestación no se pretenden resarcir de todos los daños que el despido injustificado causa al trabajador, sino sólo implica entregar una indemnización por el tiempo de vida laboral entregado al empleador. Su monto no se mide por el daño causado, sino por el tiempo de antigüedad en el empleo, lo que prueba que su parámetro no responde al principio de reparación integral. Debería, pues, admitirse al trabajador una acción complementaria para la compensación efectiva de los daños causados por una conducta que no es lícita, desde que el despido no responde a los fundamentos que fija la ley.

Sin embargo, en forma muy excepcional los tribunales han admitido que esa acción, particularmente por el daño moral, sea procedente. En la mayoría de las situaciones, han sostenido que la indemnización laboral fijada en el Código del Trabajo comprende la totalidad de los daños, con independencia del monto de éstos, de tal forma que con su pago se extingue toda posibilidad de reparación integral del trabajador, a pesar de que la indemnización calculada por antigüedad no se mida en función de la entidad del menoscabo efectivo que causa el despido.

Nadie puede sostener, empero, que el despido ilegal no cause perjuicios al trabajador. La pérdida de la fuente laboral causa daños evidentes y el moral es, desde luego, en la mayoría de los casos, uno de los más evidentes.

Es sólo en determinados casos en que alguna jurisprudencia ha admitido la reparación del daño moral con independencia de la indemnización fijada por la ley. Se trata de supuestos en los cuales se ha aducido una causal agraviante para la dignidad y honor del trabajador, sin probarla; pero, entonces, procede la indemnización más bien por la conducta del empleador que por el despido mismo10.

Otra limitación jurisprudencial a la reparación integral estaba constituida por la reparación del daño moral en materia contractual. Se sabe que tradicionalmente la doctrina clásica y la jurisprudencia entendían que en materia contractual no se indemnizaba el daño moral en caso de incumplimiento porque el art. 1556 del Código Civil -en su opinión- limitaba la reparación al daño emergente y al lucro cesante. Ello, no obstante que la regla no contiene limitación alguna. Se sabe que, al menos mientras se mantenga la nueva jurisprudencia, desde la sentencia de principio de 20 de octubre de 199411, esa limitación ha desaparecido, porque con base al mismo texto del art. 1556, se ha concluido que no conteniendo prohibición para el daño moral, éste admite plena indemnización en materia contractual. Con todo, de tanto en tanto, jurisprudencias aisladas de Cortes de Apelaciones vuelven sobre la limitación clásica en esta materia12.

V.            LOS LÍMITES LEGALES CLÁSICOS

Entendemos por límites clásicos aquéllos que han sido fijados por la ley civil desde su origen y, aun, fundados en principios históricos que ella reproduce.

El más claro de todos es el del art. 1558 del Código Civil que, en materia contractual, únicamente permite la reparación del perjuicio directo previsto si sólo hay culpa. Se trata de un principio clásico que nuestro Código tomó del Código francés, cuyo art. 1150 contiene la misma limitación. Los comentaristas atribuyen históricamente la regla a precedentes romanos y a los glosadores; pero más bien aparece en Charles Dumoulin y luego en Jean Domat y claramente en Robert J. Pothier, que inspira al Código francés y al nuestro por tanto. Es conocida la expresión de él en Rober J. Pothier:

"Cuando no puede atribuirse a dolo, sino a una negligencia reprensible la falta de cumplimiento por parte del deudor; cuando se ve que ha dejado de ejecutar lo que debía, o por haberse comprometido temerariamente a una cosa que no podía cumplir, o por verse posteriormente reducido por su culpa a un estado en que le es imposible acudir a sus promesas; en tales casos está solamente tenido a aquellos daños y perjuicios que se pudo prever al tiempo de celebrarse el contrato, que sucederían en caso de no ejecutarse lo convenido; porque a ellos solamente parece que ha querido sujetarse el deudor".

"Y aun en cuanto a éstos presúmese por lo regular que se limitó la intención de las partes a los que pudiera sufrir el acreedor con res pecto a la misma cosa objeto de la obligación, sin tomar en cuenta lo que por otro motivo experimentase en los demás bienes, aunque tuviesen su origen en la falta de cumplimiento de que tratamos. Por lo mismo el deudor no es responsable de los últimos, sino de los primeros: damni interessepropter ipsam rem non habitam13.

De ahí la regla aparece indefectiblemente en los Códigos clásicos como, por ejemplo, el art. 1107 español. De acuerdo con los doctrinadores:

"es en este artículo que se encuentra contenida la más importante derogación al principio de la no proporcionalidad de la indemnización a la culpa, la que hace en materia contractual, casi desaparecer la regla",

afirman los hermanos Henri y León Mazeaud14, y Boris Starck en su notable tesis, sostenía cosa parecida:

"el fracaso más considerable de la teoría de la reparación integral resulta de la regla planteada por el art. 1150"15.

Su justificación parece lógica y se insinúa en las frases de Robert J. Pothier: "porque a ella ha querido sujetarse el deudor". Se trata de la intervención en materia contractual de la idea de previsibilidad. "Todo en materia contractual se basa, en efecto, sobre la previsión" dicen Henri y León Mazeaud16. Las partes hacen entrar en el ámbito de lo contractual todo aquello que han podido prever al tiempo de la celebración del negocio jurídico. A ello se extiende entonces su responsabilidad. Se ha tenido en previsión ciertas ganancias y correlativamente ciertas pérdidas, de acuerdo con las cuales han tomado los riesgos de la obligación. Lo que salga de esa previsión no forma parte del estricto ámbito de lo contractual. No es, pues, posible hacer responder al deudor de los perjuicios que las partes no pudieron prever al tiempo del contrato, porque de haberlos conocido, seguramente no se habría obligado.

Con todo, algunos doctrinadores repugnan la limitación. No se observa, expresan Henri y León Mazeaud y François Chabas porqué habría de preferirse al deudor cuya culpa causó los perjuicios a la víctima acreedora que nada tuvo que ver con ellos y hacer cargar a ésta con daños provo cados de todas formas por aquél.

"La violación del contrato causa un daño que las partes no podían prever. ¿De quién es la culpa si el daño se realiza? Entre aquel que ha violado el contrato, así no fuese sino por negligencia, y aquel que ha sido víctima de esta violación, ¿cómo tomar partido por el primero? ¿Cómo darle un derecho a no reparar más de lo que podía prever, dejando el exceso a cargo de la víctima? ¿Y cómo justificar la diferencia entre la indemnización en materia contractual y la indemnización en materia extracontractual?"17.

Ello, además de que la distinción entre lo previsible y lo imprevisible es cuestión ardua que sólo produce confusión en la responsabilidad contractual. De allí, por lo demás, que la jurisprudencia francesa haya sido reticente en aplicar la regla18.

En España, Florencio García Goyena criticaba la regla y decía, en torno al art. 1016 del Proyecto de 1851, que

"la dificultad de estimar el cuanto del daño está íntimamente enlazada con la de fijar los límites a la responsabilidad, las palabras del artículo francés para el caso de no haber dolo, no dan una idea clara ¿Qué es lo que se previo o pudo preverse? Cada contrayente dirá que él previo los daños de diferente manera"19.

Y por ello señala que el proyecto español reemplaza la idea de perjuicios previstos por la de perjuicios que sean "consecuencia inmediata y necesaria" del incumplimiento del contrato. Pero finalmente el Código español adopta ambos criterios en el art. 1107.

Sin embargo, curiosamente, la regla referida es mantenida en codificaciones más recientes. Desde luego, el anteproyecto francés de las Obligaciones, conocido como proyecto Cátala, mantiene la distinción y propone un texto del nuevo art. 1366:

"Salvo dolo o culpa grave de su parte, el deudor no está obligado a reparar sino las consecuencias del incumplimiento razonablemente previsibles a la celebración del contrato".   

Los Principios UNIDROIT la contienen (art. 7-4-4) y también los que propone la Comisión Lando (art. 4-503). Asimismo, la convención de la Haya sobre Ley uniforme sobre la venta internacional de objetos muebles corporales, la establece (art. 84) y, también la convención de Viena de 11 de abril de 1980 sobre Venta internacional de mercaderías (art. 74). De igual modo, es conocida la regla que limita los daños recuperables en caso de ruptura de contrato en el Common Lavo a aquéllos que estaban "en la previsión al tiempo en que el contrato se convino, como probable resultado de su infracción", según la conocida regla que proviene del caso Hadley v. Baxendale20.

Las críticas que se han resumido no tienen consistencia. Es la naturaleza de la relación contractual la que la justifica. Como se ha afirmado "si el daño imprevisible queda como no reparable, es primero porque no ha entrado en el campo de la voluntad contractual"21. Luego, si se producen daños imprevistos, es porque las más de las veces ha sido el propio acreedor el que no puso al deudor en condiciones de apreciar los riesgos. Por último, hay un equilibrio entre las prestaciones de las partes como símbolo de la justicia contractual o, al menos, entre sus intereses, y agravar la responsabilidad del deudor con daños imprevisibles implica romper ese equilibrio. Se ha sostenido también que la regla tiene razón de ser por consideraciones económicas, ya que se favorecen las transacciones repartiendo razonablemente los riesgos22. Bien resume Luis Diez-Picazo la razón de la regla:

"La previsión o la previsibilidad exige una información o conocimiento por ambas partes de los riesgos que el contrato entraña, pero exige también, de manera expresa o implícita, un cierto sistema de distribución de tales riesgos, de manera que la contemplación de éstos o la contemplación de la finalidad de la prestación, como causa concreta, en la esfera del acreedor, constituye causa concreta del contrato o motivo determinante de él"23

La limitación no tiene justificación en el ámbito extracontractual, pues en éste no existe el espacio previo al que las partes han querido reducir sus intereses y la limitación "no puede justificarse por una realidad psicológica aquí inexistente"24. Puede, no obstante, dudarse si la diferencia es tan notable La previsibilidad se desplaza a la apreciación de la culpa, porque se trata de juzgar el comportamiento social del hechor frente a las circunstancias en que se causó el daño. Empero, apreciar la falta de previsión en el actuar, es verificar también si el daño causado era una consecuencia que el autor debió prever antes de actuar como lo hizo y, por ende, la diferencia nos parece más teórica que práctica y real.

Además, ha podido sostenerse que como la limitación queda excluida en caso de dolo, y, por tanto, en caso de culpa grave por aplicación del art. 44 inc. 2, la regla contractual no tiene ya sino una aplicación marginal25. La limitación en el caso de deudas de dinero

Por el art. 1559 del Código Civil, tratándose de obligaciones de dinero, la indemnización es sólo moratoria y queda reducida al pago de intereses. Se recordará que esa regla está profundamente modificada por la ley N° 18.010, en cuanto el art. 19 de ésta sustituye el interés corriente allí donde en el art. 1559 se habla del interés legal.

Con todo, la limitación al principio de la reparación integral está dispuesta por el hecho de que los perjuicios que se reparan quedan reducidos al pago de intereses. La regla está inspirada en varias fuentes, pues se acerca al art. 1931 del Código de Louisiana, al art. 1017 del proyecto español de 1851 y al art. 1135 francés. Hay en ellas ascendientes enjean Domat que había previsto:

"Quienquiera deba dinero, sea por un préstamo o por otras causas, no debe por todos los daños, si no paga, que el interés regulado por la ley"26.

Robert J. Pothier, por su parte, escribía:

"Hay otra de peculiar (regla) cuando la demora del deudor recae sobre una obligación que consiste en dar una suma de dinero. Como los diferentes daños y perjuicios que del retardo en el cumplimiento de una obligación de esta especie pueden seguirse, varían hasta lo infinito; y como es tan difícil preverlos al tiempo del contrato como justificarlos después, ha sido preciso regularlos, y acudir a una especie de arbitramiento, digámoslo así, para reducirlos a límites determinados. Así en efecto se ha hecho, circunscribiéndolos a los intereses legales que corren contra el deudor desde el instante mismo en que se haya constituida su tardanza hasta el de la solución. Estos intereses son el precio común que la ley ha prefijado a los provechos regulares que el acreedor habría podido sacar de la suma debida, si le hubiese sido pagada.

En consecuencia de esta especie de arbitramiento del legislador, por más grandes que sean los perjuicios que ha sufrido el acreedor por la razón de la tardanza del deudor, ya de dolo o contumacia, no puede pedir más que los intereses señalados. Mas en compensación puede pedirlos sin probar los perjuicios experimentados a causa de la demora"27.

De esta regla que sigue a la letra el art. 1153 del Código francés, los autores galos han derivado la existencia de una clara limitación al principio de reparación integral del daño contractual28. La realidad ha debido, no obstante, imponerse a ideas que eran propias del antiguo Derecho, heredero de la vieja repugnancia canonista al precio del dinero y es así como ha debido elevarse la tasa de interés legal, al mismo tiempo que introducir una modificación del citado artículo por ley de 1900 que le agregó un inciso según el cual:

"El acreedor al que su deudor ha causado por su mala fe, un perjuicio independiente de ese retardo puede obtener daños y perjuicios distinto de los intereses moratorios del crédito".

Nuestro art. 1559 es, como puede advertirse, original, pues combina todas las fuentes ya referidas con una regla que es más variada que la doctrina de Robert J. Pothier. Sin embargo, lo que aquí interesa es que, en todo caso, los daños quedan limitados al pago de intereses.

Su fundamento radica en que si se trata de pagar una suma de dinero y el deudor no la entrega, cada acreedor puede sostener que él habría usado ese dinero de un modo diverso y que, por lo mismo, habría una enorme dificultad para fijar los daños a pagarse29. En cambio, si se establecen como perjuicios reparables una suma legal o convencionalmente prevista y determinada, se evitan todos esos inconvenientes. El precio del dinero es, pues, el daño reparable.

Sin embargo, la regla ha tenido una evolución jurisprudencial que le ha hecho perder el carácter limitativo que contenía.

Hacia la década de 1970 se plantea con urgencia, entre nosotros, el problema de depreciación monetaria y prevaleciendo entonces una concepción nominalista del dinero, la jurisprudencia se ve enfrentada a la cuestión de reparar el perjuicio sufrido por aquella depreciación. En uno de los casos más notables en que la cuestión se planteó y que hizo escuela, se adopta una interpretación particular de la norma: su número 2 dispone: "El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo"; pero nada impide que el acreedor justifique perjuicios diversos a los intereses y si los prueba, puede cobrarlos. Entre tales perjuicios podía concebirse el causado por la depreciación monetaria30.

Antes, no obstante, se había resuelto que el art. 1559 excluía la posibilidad de demanda de otros perjuicios distintos de los intereses, doctrina que ha podido reiterarse años después31.

En cuanto a los autores, un sector entendió clásicamente que el art. 1559 del Código Civil impide cobrar otros perjuicios que no sean los intereses, pues la regla estaría inspirada en el Código francés y éste en Robert J. Pothier de donde surge esa idea32. Un autor expresa:

"lo que justifica una legislación de excepción en esta materia es la naturaleza especial de las obligaciones de dinero, cuyo incumplimiento puede provocar una variedad infinita de daños, de diversa especie y monto, sin que el deudor haya estado siquiera en condiciones de preverlos, puesto que no existe entre aquél y el objeto de la obligación la relación más o menos precisa, que es dable observar en las obligaciones no pecuniarias. De ahí que el legislador haya cortado por lo sano y para evitar argumentaciones bizantinas, haya establecido que en caso de incumplimiento, el acreedor sólo tiene derecho a los intereses moratorios de la suma debida, cualquiera que sea la magnitud del perjuicio experimentado y la buena o mala fe con que haya procedido el deudor"33,

reiterando los términos de RobertJ. Pothier. El art. 1559 sería, entonces, la más clara y tajante excepción al principio de reparación integral.

Otros autores, por el contrario, han sostenido la posibilidad de cobrar otros perjuicios si se prueban34, con lo que la limitación no existiría.

Por lo demás, no es efectivo que aquí se haya seguido al Derecho francés y a RobertJ. Pothier, como ya se dijo antes. Existen, incluso, otras disposiciones que autorizan nuevos perjuicios en obligaciones de dinero, como en el art. 2370 del Código Civil, al conceder acción de reembolso al fiador que pagó y el inciso primero le permite obtener la restitución de lo pagado con intereses y gastos. El inc. 2 agrega: "Tendrá también derecho a indemnización de perjuicios conforme a las reglas generales" y otro tanto aparece en el art. 2083 del Código Civilpara el pago del aporte por parte del socio que lo retarda, en que se dice que éste "resarcirá a la sociedad todos los perjuicios que le haya ocasionado el retardo".

VI.             LIMITACIONES CONVENCIONALES

El principio de reparación integral no es regla que quede fuera del ámbito dispositivo de los interesados. No se trata de un criterio no disponible. Es protector de los derechos de la víctima lesionada, pero nada impide que, dentro de ciertos criterios, puedan introducirse límites convencionales al mentado principio.

Dejaremos de lado las cláusulas limitativas de responsabilidad que, por su propia naturaleza, implican, no pocas veces, dejar sin reparación los daños producidos. No obstante, se trata, entonces, de limitar la responsabilidad del autor o deudor y, por ello, no profundizaremos de ellas aquí, aunque su efecto se traduzca en dejar sin reparación alguna entidad de daños.

Para abordar concretamente los límites del principio de reparación integral, parece más propio referirse de forma breve a las cláusulas que inciden de manera directa sobre el quantum, o la naturaleza de los perjuicios que deben repararse.

Desde este punto de vista, la cláusula penal de que tratan en el art. 1535 y ss. del Código Civil, puede significar una limitación en tal sentido si el acreedor se limita a cobrar la pena y no opta, como por lo demás se lo permite el art. 1543, por cobrar la indemnización de perjuicios ordinaria. En efecto, el art. 1542 manda:

"habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio".

Esa regla dispone, en otros términos, que, fijada una pena convencional, los perjuicios quedan absorbidos por ella y su cobro es independiente de la naturaleza y del quantum, de los daños efectivamente producidos. Se trata de una fijación a suma alzada que, por lo mismo, puede ser, en definitiva, mayor; pero también menor que los daños causados por el incumplimiento del deudor.

A su vez, el art. 1534 del Código Civil dispone:

"no podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena".

Salvo estipulación en contrario, en que la cláusula penal aparece verdaderamente como sanción convencional, ella se sustituye a los perjuicios y adquiere una autonomía a su respecto. Es claro que el acreedor puede renunciar a ella e inclinarse por cobrar los perjuicios realmente producidos( art. 1543); pero si demanda la pena, queda liberado de la prueba de perjuicios y como contrapartida, no puede pedir más que su monto y no acumularlos a los daños producidos. Cuando así ocurre, la pena adquiere, al decir de unos autores, "autonomía con respecto al perjuicio"35.

El art. 1152 del Código francés es aún más taxativo al respecto:

"cuando la convención disponga que aquel que deje de cumplir pagará una cierta suma a título de daños e intereses, no puede atribuirse a la otra parte una suma mayor o menor".

Entre nosotros, se ha podido afirmar que en la cláusula penal

"el legislador ha instituido una verdadera presunción de derecho, que da por establecida la existencia del daño y su cuantía y que impide la modificación de esta última aun cuando en el hecho no exista equivalencia entre el monto de los daños y la suma estipulada como pena"36.

Así, pues, hay excepción al principio de reparación integral cada vez que los perjuicios efectivamente producidos superen al monto establecido en la cláusula penal, porque el hecho de que pudiera haber más daños que los previstos como pena no permitirá ejercer el acreedor el derecho a demandar una mejora de la pena.

Es lo mismo que ocurre con las llamadas cláusulas limitativas de la reparación, en las que las partes fijan convencionalmente un límite al monto de la indemnización que deberá el deudor en caso de incumplimiento o retardo en el cumplimiento. Allí, para favorecer la celebración del contrato, las partes hacen abstracción del principio de reparación integral para determinar los límites a que se obliga el deudor. Es frecuente, por ejemplo, en los contratos de seguro, la existencia de sumas no cubiertas a partir de las cuales responderá la aseguradora, llamadas comúnmente deducibles.

VII       CONCLUSIÓN

Por importantes que puedan parecer algunas de las limitaciones al principio de la reparación integral que se han examinado, se observará que ninguna pone en cuestionamiento la existencia del mismo. Todas quedan reducidas al ámbito de la excepción, por lo demás discutible en varios de los casos analizados y justificadas por razones inherentes al propio principio o por convenciones en que participa la víctima, en las que se hace prevalecer la autonomía de la voluntad. No obstante, el principio de reparación integral no es borrado por las excepciones y por ello puede siempre afirmarse que éste constituye la idea directriz del sistema indemnizatorio chileno.

 

NOTAS

*       Este trabajo forma parte de la investigación desarrollada dentro del proyecto FONDECYT 1085221 sobre El principio de reparación integral.

1       No todo el sistema de reparación del daño está cubierto por la responsabilidad civil. Así, por ejemplo, también forman parte de ese sistema los medios existentes en la seguridad social, como en la indemnización de los daños por accidentes del trabajo de la ley N° 16.744.

2       Se ha resuelto innumerables veces que la determinación del monto de los daños no es cuestión de derecho que, por lo mismo, no queda sujeta al control de la Corte Suprema por la vía de la casación en el fondo.

3       Yvonne Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel- Systèmes d'indemnisation, 4ème éd., París, Dalloz, 2000, N° 116 a).

4       Lambert-Faivre (n. 3), N° 119.

5       Fernando Fueyo, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 463.

6       Marie Eve Roujou de Boubée, Essaisur la notion de réparation, París, Editorial Librairie Genérale de Droit et dejurispradence, 1974, p. 411.

7       Corte Apelaciones de Santiago, 3 de agosto 2009, en Gaceta jurídica, N° 350, Santiago, 2009, pp. 55-62.

8       Artículos 163 y 168 del Código del Trabajo.

9       Véase Ramón Domínguez Águila, "Reparación del daño moral por despido injustificado", en Revista Chilena de Derecho, vol. XXV, N° 2, Santiago, 1998, pp. 431-445.

10       Sobre ello en Domínguez (n. 9), pp. 431-438; Corte Suprema, 5 de mayo de 1999 y comentario de Ramón Domínguez, en Revista de Derecho, N° 204, Concepción, 1998, p. 186.También, Corte de Apelaciones de Concepción, 27 de marzo de 2000, rol 1414-99 y su comentario de Ramón Domínguez, en Revista de Derecho, N° 205, Concepción, 1999, p. 187.

11       Corte Suprema, 20 de octubre de 1994, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XCI N° 3, Santiago, 1994, sección Ia, pp. 100-105 y su comentario de Ramón Domínguez, en Revista de Derecho, N° 196, Concepción, 1994, p. 155; también Corte Suprema, 5 de noviembre de 2001, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XCVIII, Santiago, 2001, sección Ia, pp. 234- 242 y su comentario de Ramón Domínguez, Revista de Derecho, N° 209, Concepción, 2001, p. 233.

12       Entre otras, Corte de Apelaciones de Concepción, 20 de mayo de 2002, en Gaceta Jurídica, N° 268, Santiago, 2002, pp. 93-96.

13       Robert-Joseph Pothier, Traite des obligations, dans Oeuvres de Pothier, París, Sous la direction de Bugnet, 1861, vol. II, N° 160 et 161.

14       Henri et Léon Mazeaud et François Chabas, Traite théorique etpratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, París, Edition Montchrestien, 1978, vol. ni, N° 2375.

15       Boris Starck, Essai d'une théorie genérale de la responsabilité civile considerée en sa double fonction de garantie et de peine privée, París, Editorial L. Rodstein, 1947, p. 404.

16       Mazeaud et Chabas (n. 14), N° 2375-3.

17       Mazeaud et Chabas (n. 14), N° 2391.

18       Así, Geneviéve Viney et PatriceJourdain, Les effets de la responsabilité, París, Editorial Librairie Genérale de Droit et dejurisprudence, 2001, N° 319.

19       Florencio García Goyena, Concordancias, Motivos y comentarios del Código civil español, Madrid, Imprenta de la Sociedad Tipográfico-Editorial. 1852, tomo IV, p. 51. Y por ello señala que el proyecto español reemplaza la idea de perjuicios previstos por la de perjuicios que sean "consecuencia inmediata y necesaria" del incumplimiento del contrato.

20       Hadley v. Baxendale, 9 Exch. 341, 156 Eng. Rep., N° 145, 1854.

21       Isabelle Souleau, La prévisibilité du dommage contractuel, París, Université de Droit, d'Economie et Sciences Sociales, 1979, N° 423.

22       Roujou de Boubée (n. 6), p. 303 et ss.

23       Luis Díez-Picazo, Fundamentos de derecho civil patrimonial, Pamplona, Editorial Civitas, 2008, vol. n, p. 787.

24       Roujou de Boubée (n. 6), p. 303.

25       En la jurisprudencia francesa se tiende a hacer una aplicación muy extensiva de la noción de culpa grave, lo que reduce notablemente al alcance de la regla. Así, Viney etJourdain (n. 18), N° 327.

26       Jean Domat, Les lois civiles, Paris, edic. J. Rémy, 1835, livre III, titre V, p. 95.

27       Pothier (n. 13), N° 170.

28       Así, Christell Coutant-Lapallus, Le principe de la reparation intégrale en droit privé, París, Université Aix-Marseille, 2002, N° 261; Roujou de Boubée (n. 6) p. 70; Viney et Jourdain (n. 18), N° 334 y ss.

29       Así, Coutant-Lapallus (n. 28), N° 261.

30       Corte del Trabajo de Santiago, 30 diciembre 1964, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo lxii, Santiago, 1965, sección 3a, pp. 9-14. En el mismo sentido, que es posible cobrar otros perjuicios, pero probándolos, Corte de Apelaciones de Valparaíso, 25 junio 1970, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVII, Santiago, 1971, sección 2a, pp. 116-126; Corte Suprema, 8 de enero 1975, en Fallos del Mes, N° 194, Santiago, año, sent. 1, pp. 285-288, analiza detalladamente la cuestión y en Corte Suprema, 9 de septiembre 1992, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXXXIX, Santiago, año, sección 5a, pp. 254- 264.

31       Corte de Apelaciones de Santiago, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XVIII, Santiago, 1921, sección Ia, sin fecha. Doctrina reiterada en Corte Suprema 22 de enero 1981, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXXVIIII, Santiago, 1992, sección Ia, pp. 10-12.

32       Así, Luis Claro Solar, Derecho civil chileno, Santiago, Imprenta Nascimento, 1898, tomo XII, N° 1264.

33       Sergio Gatica Pacheco, Aspectos de la indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, Santiago, Editorial Universitaria, 1956, N° 202.

34       Rene Abeliuk, Las obligaciones, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2008, vol. II, N° 799; Fueyo (n. 4), N° 355; Arturo Alessandri, Teoría de las obligaciones, versiones taquigráficas de la cátedra del Derecho Civil por Ramón Latorre Zúñiga, Santiago, Editorial Zamorano y Caperán, 1938, p. 98.

35       Viney et Jourdain (n. 18), N° 241.

36       Gatica (n. 33), N° 319.

 

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Artículo recibido el 5 de mayo de 2010 y aceptado para su publicación el 23 de junio de 2010.

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