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Revista chilena de derecho privado

versión On-line ISSN 0718-8072

RChDP  n.12 Santiago jul. 2009

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722009000100009 

Revista Chilena de Derecho Privado, N° 12, pp. 239-245 [julio 2009]

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

 

Obligaciones y responsabilidad civil

 

Alejandra Aguad Deik1, Carlos Pizarro Wilson2

1Profesora de Derecho Civil Universidad Diego Portales
2Profesor de Derecho Civil Universidades Diego Portales y de Chile


OBLIGACIONES

RESOLUCIÓN DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. LUCRO CESANTE (CORTE SUPREMA, 25 DE MARZO DE 2009, EN LEGAL PUBLISHING N° 39872)

Puede decirse que la institución de la resolución por incumplimiento es una de aquéllas que más desarrollo doctrinario y jurisprudencial ha tenido en los últimos años. No es extraño encontrar fallos que con ocasión de la aplicación de la condición resolutoria tácita del artículo 1489 del Código Civil, del pacto comisorio o ambos, entienden que la resolución por incumplimiento constituye un remedio contractual que encuentra su sustento en la idea de reciprocidad e interdependencia propia del contrato bilateral y que, como tal, debe ser juzgada a la luz del equilibrio económico del contrato. A partir de lo anterior, es que se ha sostenido, por ejemplo -como lo hace el fallo que ahora comentamos-, que:

"el incumplimiento de alguna de las obligaciones de las varias que pueden emanar de una convención, de carácter totalmente accesorio o secundario, no obstante haberse cumplido las principales, no puede dar lugar a la resolución, por cuanto este efecto -el más drástico para los contratantes, que han celebrado el acto jurídico precisamente para que se produzcan las consecuencias que de él naturalmente se derivan- no se corresponde con la esencia de la institución, derivada de la infracción de las obligaciones recíprocas que constituye la bilateralidad del contrato" (considerando cuarto del fallo de mayoría de la Corte Suprema)

Por lo anterior, resulta especialmente curioso que este mismo criterio -la interdependencia de las obligaciones, que determina que todo cuanto ocurra con la obligación de una de las partes repercute necesariamente en la obligación de la otra, unida a la idea de equilibrio económico del contrato- no se imponga a la hora de juzgar, por ejemplo, la entidad del lucro cesante.

Los hechos que dieron origen al conflicto son simples: entre la empresa Seguridad Vialher Chile Limitada y el Servicio de Salud Talcahuano se celebró un convenio de protección y vigilancia de las dependencias del Servicio de Salud, de fecha 30 de diciembre de 1999, por el plazo inicial de un año y prorrogable de manera automática por períodos iguales y sucesivos, salvo aviso de contrario con una anticipación mínima de treinta días al respectivo vencimiento. Mediante ordinario N° 5503 de 18 de diciembre de 2000, el Servicio de Salud comunicó a la empresa de seguridad su decisión de poner término al contrato a contar del 21 de ese mismo mes y año, aduciendo que esta decisión tenía su origen en los diversos atrasos en el pago de cotizaciones de los dos últimos meses, referidas a los trabajadores de la empresa. Luego, el 19 de diciembre de 2000, por ordinario N° 5533, el Servicio de Salud informa a la empresa de seguridad el término del contrato, sustentando como fundamento que el 15 de ese mes no se efectuó la supervisión del personal en terreno, a lo que la empresa que prestaba el servicio se encontraba expresamente obligada.

Atendido lo anterior, y ante el término unilateral del contrato, la empresa de seguridad interpuso una demanda de resolución (terminación) del contrato de seguridad celebrado entre las partes, solicitando, además, el pago de una indemnización de perjuicios por un monto equivalente a la diferencia no pagada del mes de diciembre del año 2000, sumado el precio convenido por cada mes de servicio durante el año 2001, por concepto de lucro cesante, todo ello con reajustes según IPC.

Los jueces del fondo dieron por establecido, en tanto hecho de la causa, que la empresa de seguridad había incurrido en el incumplimiento que le imputó el Servicio de Salud en el ordinario del 19 de diciembre de 2000 (falta de supervisión del personal en terreno) y que dicha infracción contractual autorizaba a la demandada para pedir la resolución. Sin embargo, sostuvieron que el pacto comisorio incorporado por las partes a la convención no tenía la virtualidad de operar ipso facto o de pleno derecho, por lo que la demandada habría incurrido en incumplimiento al poner en forma extemporánea, imprevista e ilegal, término a la relación contractual. En esta virtud, y junto con declarar la terminación del contrato celebrado entre las partes, se condenó al Servicio de Salud de Talcahuano al pago de las sumas demandadas a título de indemnización de perjuicios.

En contra de la sentencia de segunda instancia, la demandada interpuso recurso de casación en el fondo, aduciendo, como primer capítulo de casación, que el fallo impugnado habría infringido los artículos 1489 y 1545 del Código Civil, al no considerar que el pacto comisorio incorporado en la cláusula cuarta del contrato era calificado, por expresa voluntad de las partes, no siendo necesaria resolución judicial alguna que pusiera término al contrato. Argumentó, la recurrente, como segundo capítulo de casación, que el fallo habría incurrido en error de derecho en la apreciación del lucro cesante, toda vez que éste debe determinarse exclusivamente por la utilidad que generaba el contrato para la actora, debiendo descontarse del precio mensual del servicio, sus costos de operación, lo que arrojaba para la demandante, según ella misma lo habría declarado, una utilidad neta mensual de $ 201.730.-

En lo que se refiere al primer capítulo de casación, la Corte Suprema desestimó la causal invocada, aunque bajo argumentos diferentes de aquellos razonados por los jueces del fondo. En efecto, sin siquiera entrar a pronunciarse acerca de la naturaleza de la condición resolutoria tácita expresada en el contrato, nuestro máximo tribunal hizo decidida aplicación de la doctrina, ampliamente difundida en nuestro medio, que atiende a la entidad de la infracción contractual que autoriza la resolución. Sostuvo, al efecto:

"Que es evidente que las obligaciones principales que emanaban de la convención celebrada por las partes de este juicio eran, para la demandante, prestar servicios de vigilancia y protección en dependencias de la Dirección del Servicio de Salud de Talcahuano, y para la demandada, pagar el valor correspondiente por dichos servicios, de manera tal que la obligación invocada por esta última para procurar justificar la resolución -consistente en la falta de supervisión en terreno el día 15 de diciembre de 2000- no reviste la naturaleza de aquellas que permiten tal resolución y, por ende, no vulneran los sentenciadores el artículo 1489 citado al declararlo así. Por lo mismo, tampoco hay contravención al artículo 1545 del Código Civil, como se denuncia en el recurso".

Como se adelantó al inicio de este comentario, el criterio que en la resolución por incumplimiento sustenta el razonamiento del sentenciador no tuvo eco en la segunda causal de casación esgrimida por la recurrente. En efecto, en un voto dividido, la Corte Suprema sentenció:

"[...] alo que debe atenderse al momento de determinar el lucro cesante es a la prestación a que tenía derecho el acreedor en virtud del contrato del que emanaba la obligación incumplida por el deudor. Como acertadamente establecen los magistrados, esa prestación -en el caso de autos- es la pactada en la cláusula tercera del convenio y que se refiere al pago de $ 2.256.325 mensuales reajustables por la entrega de servicios de protección y vigilancia. El destino que la acreedora dé a esa suma de dinero o el fin para el que la utilice, no es una cuestión que interese al deudor, quién sólo satisface su obligación en tanto la pague en forma íntegra, por el monto contractualmente convenido".

En términos similares, el fallo de la Corte de Concepción, que se impugnaba en el recurso de nulidad, había resuelto:

"[...] lo que ha demandado la actora a título de reparación de perjuicios es una indemnización compensatoria por la falta de cumplimiento de la obligación principal en que incurrió la demandada, vale decir, lo que se pretende es el cumplimiento en equivalencia de la obligación incumplida, porque a ello tenía derecho la actora al haberse prorrogado automáticamente el contrato hasta el 31 de diciembre de 2001 [...] La tesis propugnada por el recurrente es igual a sostener que el arrendador no tiene derecho a cobrar rentas cuando el arrendatario abandona el inmueble antes del vencimiento del plazo pactado, porque arrendándolo inmediatamente no habría sufrido perjuicios, lo que es absurdo y demuestra la inconsistencia jurídica de esa tesis, porque el derecho a reclamarlas se lo confiere el contrato mismo, que es ley para los contratantes"..

Para completar el panorama, digamos que en voto disidente, los ministros de la Corte Suprema señores Sergio Muñoz G. y Guillermo Silva G., sostuvieron:

"[...] la privación de las ganancias que podría haber obtenido el acreedor de la prestación una vez incorporada ésta a su patrimonio, mediante el cumplimiento efectivo de la obligación, está constituida por esa ganancia menos los gastos en que hubiera incurrido para producirla. [...] No se discute que aquello a que el Servicio de Salud de Talcahuano se obligó fue a pagar la cantidad indicada en la referida estipulación, pero no puede soslayarse que a fin de prestar los servicios por los cuales la actora tenía derecho a percibir esa cantidad, esta última hubo, a su vez, de incurrir en gastos que, evidentemente, deben descontarse de aquellos que, en términos técnicos, constituyen sus ingresos brutos".

Convengamos que la forma de concebir el lucro cesante por parte de los ministros disidentes se aviene más con la concepción que la doctrina atribuye a esta clase de perjuicios (véase Enrique Barros, Tratado de responsabilidad extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 262). No se trata simplemente de ingresos que se habrían percibido de no haber mediado el incumplimiento, sino, más bien, de la utilidad o provecho que el acreedor habría obtenido de haberse cumplido de manera íntegra y oportuna con la obligación contraída por su deudor. Por ello, esta clase de perjuicio atiende a la idea de un acrecimiento patrimonial legítimamente esperado que se ve frustrado por la infracción contractual. Ocurre, sin embargo, que esta concepción del lucro cesante, que no debiera generar mayor polémica, se vuelve difusa tratándose de la pérdida de utilidad asociada a un contrato bilateral que no fue ni podrá, en los hechos, ser satisfecho por las partes, ni tampoco les permitirá, dada la naturaleza de la prestación comprometida, volver al estado anterior.

Sabemos que en los contratos que envuelven obligaciones de tracto sucesivo, como es el caso del contrato de prestación de servicios de vigilancia que fue objeto de este juicio, la resolución por incumplimiento no opera con efecto retroactivo, sino sólo hacia el futuro; por ello se habla de terminación. Y la razón de ello responde a una cuestión meramente fáctica que se relaciona con la imposibilidad de restituir a las partes al estado anterior, dada la naturaleza de la prestación. De esta forma, si una de las prestaciones no admite restitución, aunque la otra la admita, es justo mantener el estado existente sin restituirse lo que es posible restituir (Daniel Peñailillo, Obligaciones. Teoría general y clasificaciones. La resolución por incumplimiento, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 348).

La situación es distinta tratándose de obligaciones que, por su naturaleza, admiten restitución y esta diferencia no es indiferente a la hora de estimar el problema de los perjuicios. En efecto, si en un contrato de compraventa se declara la resolución del mismo por el incumplimiento del vendedor de hacer entrega al comprador de la cosa vendida, el vendedor deberá restituir al comprador el precio pagado, sin perjuicio de indemnizar, si así se ha demandado, los perjuicios que este incumplimiento le ha causado el comprador. Supongamos que el comprador había celebrado con un tercero un contrato de promesa de compraventa sobre la misma cosa que fue objeto del contrato resuelto y que el precio de la compraventa prometida era un 20% superior al precio pactado en el contrato resuelto. En tal caso, resulta evidente que el perjuicio que sufre el comprador por concepto de lucro cesante no es el valor de la cosa que fue objeto del contrato resuelto (la prestación comprometida por el vendedor), sino el mayor valor que habría obtenido con su venta al tercero (la utilidad); ganancia que se vio frustrada por el incumplimiento del vendedor. En este mismo caso, el comprador, que ha visto insatisfecha su acreencia, podrá demandar el cumplimiento forzado de la obligación contraída por el vendedor, si la cosa subsiste en su poder, y obtener por esa vía la entrega del bien (cumplimiento en naturaleza), además de reclamar los perjuicios que este incumplimiento le ha ocasionado. Sin embargo, en este supuesto, esto es, en caso de que exija el cumplimiento, el comprador no podrá pedir la restitución del precio, y si no ha cumplido por su parte con su propia obligación, pero ha estado llano a cumplirla, deberá proceder al pago del precio pactado. Esta situación no puede replicarse en el caso que ahora comentamos.

En efecto, dado que el demandado puso término unilateral y extemporáneo a los servicios de vigilancia contratados, impidió en los hechos que el actor pudiera continuar sirviendo el contrato, dejándolo sin la posibilidad de exigir, a su turno, el cumplimiento forzado de la obligación correlativa de pago del precio por los servicios contratados. Llegado a este punto, no parece razonable sostener, como lo hace la Corte de Concepción y que subyace en el razonamiento de la Corte Suprema, que:

"lo que ha demandado la actora a título de reparación de perjuicios es una indemnización compensatoria por la falta de cumplimiento de la obligación principal en que incurrió la demandada, vale decir, lo que se pretende es el cumplimiento en equivalencia de la obligación incumplida",

toda vez que tratándose de obligaciones de dinero, el cumplimiento en equivalencia se identifica con la prestación en naturaleza, y para que el acreedor tenga derecho a ella, es necesario que haya cumplido, por su parte, con su obligación correlativa, lo que en el caso no ha sucedido. De suerte que, al menos desde el punto de vista de la justicia conmutativa, lo resuelto por la Corte teniendo como único fundamento la indemnización compensatoria por lucro cesante, importa, a nuestro juicio, un quiebre al equilibrio económico del contrato; una desnaturalización de la noción del perjuicio y, por ende, una fuente de lucro indebida para el actor.

Tampoco cabe -como lo hace la Corte- equiparar esta situación con la del arrendatario que abandona el inmueble antes del vencimiento del plazo pactado. A juicio de los sentenciadores, la tesis del recurrente supondría que el arrendador no tendría derecho a cobrar las rentas de arrendamiento por todo el período de vigencia del contrato, porque arrendándolo inmediatamente no habría sufrido perjuicios, lo que sería absurdo, ya que el derecho a reclamarlas se lo confiere el contrato mismo, que es ley para los contratantes. A nuestro juicio, el error en que incurre la Corte se debe a la omisión en su análisis de las particularidades que exhiben cada uno de estos negocios. Creemos que el arrendador sí tiene derecho, en este supuesto, a cobrar las rentas de arrendamiento por todo el período de vigencia del contrato a titulo de indemnización compensatoria de perjuicios. Sólo que en este caso, la renta de arrendamiento pactada equivale técnicamente a la utilidad que le reporta el contrato, pues para generar ese ingreso no necesita incurrir en gastos. En cambio, en el caso de la empresa de servicios, el precio pactado no equivale técnicamente a la utilidad que le reporta el contrato, sino al ingreso bruto al que deben descontarse los gastos necesarios para producir la renta (v.gr. remuneración y leyes sociales de los guardias de seguridad); y en ambos casos con independencia del destino que el arrendador podría haber dado a la cosa, o a los servicios que la empresa de vigilancia podría haber destinado a sus empleados, por todo el tiempo de vigencia del contrato. No debemos olvidar que la finalidad de la indemnización contractual consiste precisamente en restablecer en el patrimonio del acreedor todo cuanto le habría valido el cumplimiento íntegro y oportuno del contrato.

 

BIBLIOGRAFÍA

Barros, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006.        [ Links ]

Peñailillo, Daniel, Obligaciones. Teoría general y clasificaciones. La resolución por incumplimiento, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003.        [ Links ]

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