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Psicoperspectivas

versión On-line ISSN 0718-6924

Psicoperspectivas vol.11 no.1 Valparaíso  2012

http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol11-Issue1-fulltext-183 

Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, Vol. 11, No. 1 (2012), Págs.: 53-81
10.5027/psicoperspectivas-Vol11-Issue1-fulltext-183

ARTICULO

 

Cohesión Social y Ordenamiento Ecológico en un Municipio Rural del Sureste Mexicano

Social Cohesion and Environmental Management in a Rural Municipality in Southeast Mexico

 

Teresita Castillo
Universidad Autónoma de Yucatán, México

Carlos Carrillo
Universidad Autónoma de Yucatán, México

Rebelín Echeverría
Universidad Autónoma de Yucatán, México

José Fuentes
Universidad Autónoma de Yucatán, México


Dirección para Correspondencia


RESUMEN

Un concepto central de la agenda actual de políticas públicas es la sustentabilidad. Para lograrla se requieren acciones favorecedoras del equilibrio ecológico que contrarresten el desarraigo social generador de comportamientos que no consideran los efectos ambientales a corto/mediano/largo plazo. Por ello es importante incorporar factores sociales que posibiliten modos de relación y organización social que sirvan de sostén de acciones promotoras del desarrollo sostenible y sustentable. En este contexto, el propósito de este artículo es presentar los resultados sobre la caracterización respecto de indicadores de cohesión social (CS) de catorce comunidades de un municipio rural en el sureste mexicano. Se evidenció que ninguna comunidad alcanzó un nivel máximo de CS. En general presentan un nivel intermedio de CS pero aún cuando comparten el mismo nivel de CS, cada comunidad presenta necesidades diferentes para su desarrollo, por lo que se requiere trabajar con cada una de ellas de manera particular considerando sus características propias.

Palabras clave: cohesión social, ordenamiento ecológico, sustentabilidad, municipios rurales


ABSTRACT

A central concept of the current agenda of public policies is sustainability. Achieving it requires actions favoring ecological balance that can counteract social uprooting which generates behaviors that do not consider environmental effects in the short / medium / long term. It is therefore important to incorporate social factors that make possible modes of relationship and social organization that support actions promoting sustainable development. In this context, the purpose of this paper is to present the characterization results for indicators of social cohesion (CS) of fourteen communities in a rural town in southeastern Mexico. Results show that no community reached a maximum level of SC. In general, the communities had a medium level of SC but even when they shared the same level of SC, each community had different needs for its development, which requires working with each one of them particularly considering their own characteristics.

Keywords: social cohesion, environmental management, sustainability, rural municipality


Introducción  

La pobreza, la inseguridad alimentaria y social, el deterioro de la salud y la degradación ambiental son problemas que aún aquejan a la población mundial, particularmente la de carácter rural (Altieri y Nicholls, 2000). Para contrarrestarlos se han desarrollado proyectos que trabajan con el objetivo de construir alternativas de acción y, así mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos para solventar dichos problemas de carácter socioeconómico. Sin embargo, muchos de ellos se basan solo en proporcionar información a los ciudadanos lo cual no es suficiente para alcanzar los objetivos.

Por ello se requiere de la construcción de enfoques alternativos para abordar estas problemáticas, siendo uno de ellos el que trabaja sobre la base de la conservación de los recursos. De ahí que, en la actualidad, uno de los conceptos centrales de muchas políticas públicas, nacionales e internacionales, sea la sostenibilidad entendida como un concepto holístico y sistémico de interrelación e interdependencia del medio como ecosistema y de factores individuales y sociales con valores y estilos de vida, políticas y estructura social (Moreno y Pol, 1999). También se habla de promover el desarrollo sustentable definido como satisfacer las necesidades básicas y las aspiraciones de bienestar de la población presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones (Brundtland, 1987 c.p. Bravo, 2010). Así, cuando hablamos de esta relación entre el hombre y la naturaleza y de la interrelación ambiente - desarrollo, por ejemplo dentro de un programa de ordenamiento territorial, debe tener en cuenta tanto aspectos objetivos (el entorno físico y los recursos naturales), como subjetivos (percepción y valoraciones personales de los recursos), y los mecanismos de interacción y comparación social (grupos de referencia, expectativas, estilos de vida, etc.) (Plo, Guardia, Valera, Wiesenfeld y Uzzell, 2000). Esto supone entonces, no trabajar solamente con aspectos del medio ambiente natural sino con diversos factores de carácter social que son fundamentales para que las acciones en el campo de la sostenibilidad puedan ser eficientes y efectivas; de este modo, la intervención y la gestión ambiental deben considerar la sustentabilidad en todas sus dimensiones incluyendo las sociales que implican actitudes, valores y comportamientos.

Así, cuidar el ambiente no es cuestión de solo evitar comportamientos anti ambientales dañinos del medio ambiente físico, sino que los seres humanos deben involucrarse en comportamientos pro ecológicos, que promuevan la equidad y la integración (Corral, Tapia, Fraijo, Mireles y Márquez, 2008). Dentro de este contexto, Plo et al. (2000) enfatizan la necesidad de trabajar para contrarrestar el desarraigo social que lleva a adoptar patrones de comportamiento que no consideran, por ejemplo, los efectos ambientales a corto y a largo plazo. En este sentido, señalan la importancia de trabajar con los aspectos sociales y colectivos debido a que actualmente las formas y estructuras, así como el tipo de relaciones sociales que las permiten, no posibilitan adoptar los valores y comportamientos necesarios para avanzar hacia un adecuado desarrollo sostenible y sustentable, pues se favorecen las fuerzas tendientes a la individualización. Estos autores proponen promover este tipo de desarrollo mediante acciones directas donde no predominen las estrategias individuales de supervivencia por encima de los principios de solidaridad implícitos en el concepto de sostenibilidad. Todo lo anterior ante la idea implícita de que adecuar, corregir o transformar las estructuras sociales, las prácticas o los estilos de gestión que inhiben la participación social y la implicación ciudadana, es fundamental para la sostenibilidad (Plo et al., 2000).

Ante esta situación, se requiere una perspectiva que reconozca la complejidad de las realidades, locales y globales, en el abordaje de problemas socioeconómicos y ambientales ya mencionados, si es que se desea realmente cambiar las condiciones existentes. Lo anterior implica repensar el quehacer de las múltiples disciplinas científicas, para realizar un trabajo interdisciplinario que permita la comprensión y la acción en la solución de grandes problemáticas sociales, económicas y ambientales de nuestro mundo. Particularmente, se reconoce la necesidad de desarrollar acciones favorecedoras del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente mediante diversas estrategias, por ejemplo los ordenamientos ecológicos.

El trabajo en esta área es algo muy complejo, requiere del esfuerzo de un trabajo interdisciplinario que permita abordar gran diversidad de factores de influencia de carácter social, biológico, económico, de infraestructura, entre muchos otros. No obstante, a pesar de su importancia es común que las propuestas promotoras del equilibrio ecológico no consideren aspectos sociales y psicológicos (e.g. participación política y religiosa, formas de liderazgo), o bien son presentados como datos estadísticos, subordinados a factores económicos, biológicos o de ingeniería. Los psicólogos, sin duda, pueden tener en el campo ambiental una gran oportunidad de desarrollo profesional pero, a pesar de ello, se han involucrado poco en las tareas de sostenibilidad, sustentabilidad y desarrollo ecológico.

En este contexto, la Universidad Autónoma de Yucatán, institución de educación superior socialmente responsable, no es ajena a estas políticas, ni a la construcción de una cultura de protección y conservación del medio ambiente. Por ello, ha desarrollado diversos proyectos de carácter ecológico, entre los cuales está el de ordenamiento ecológico en el municipio de Tzucacab, al sur del estado de Yucatán en el sureste de México, como estrategia para promover la sostenibilidad, la sustentabilidad y el desarrollo ecológico de manera ordenada.

El Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de esta universidad, a través del Cuerpo Académico de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales fue responsable del mismo y convocó a diversos académicos de otras disciplinas (economía, biología, psicología, veterinaria) para colaborar en él. Como parte de la primera fase del proceso de ordenamiento ecológico que se denomina formulación (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006), el trabajo de los psicólogos en este proyecto consistió en caracterizar el municipio en cuanto a diversos indicadores sociales de tipo institucional, de distancia social y pertenencia que son aspectos que permiten conocer el grado de cohesión social (Feres, 2007), la cual incide de manera importante para lograr un trabajo efectivo en este campo. El propósito de este artículo es presentar los resultados dicha caracterización social del municipio de Tzucacab.

Marco referencial

Plo et al. (2000) exponen el surgimiento y mantenimiento predominante de "estrategias individuales de supervivencia", por encima de los principios de solidaridad intra e intergeneracional necesarios para lograr la sostenibilidad. Todo ello es consecuencia del desarraigo social, la complejidad urbana, así como de la inexistencia de vertebración social la cual consiste en la red de relaciones sociales que conforman la identidad colectiva y actúan como soporte espontáneo entre personas y colectivos, confiriéndoles sentido de comunidad. La carencia de vertebración social, señalan los autores, puede ser ocasionada por el rompimiento de las redes previas, las modificaciones urbanísticas, las reubicaciones de población o las variaciones en el ritmo de la vida social debido a cambios estructurales en los modos de producción, niveles migración, composición de la población, entre otros. Promover el desarrollo sostenible y sustentable, supone entonces considerar diversas características estructurales en la forma de organizar el espacio y las relaciones sociales (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1998 c.p. Plo et al., 2000). Se requiere conocer los grupos en lo político, religioso y social, las relaciones guardan entre sí, los posibles conflictos que pueden generarse, las formas como se apropian y utilizan los espacios, entre muchos otros aspectos.

Aunado a lo anterior, Moreno y Pol (1999) exponen que la gestión ambiental para el desarrollo sostenible y sustentable no es cuestión solamente de cambiar organigramas o transmitir conocimientos tecnológicos cuando se desea lograr metas de carácter ecológico. Puntualizan la necesidad de un trabajo promotor de valores, centrado en la formación de principios pues esto facilita dotar de sentido a las acciones por realizar. Las personas, al compartir valores, como la solidaridad ya mencionada, pueden establecer conjuntamente objetivos congruentes. En este sentido, el punto no está en trabajar con sujetos individuales sino con personas en colectivo, como integrantes de grupos con los cuales se sienten identificados, en mayor o menor medida, obteniendo con ello un sentido de pertenencia.

Al respecto, Plo et al. (2000) retoman un modelo integrador de Turner (1987, c.p. Plo et al., 2000) compuesto de cinco componentes: identificación, cohesión, identidad, satisfacción y sostenibilidad. En este modelo se incorporan teorías tradicionales sobre identidad social en las cuales existe una relación jerárquica entre cohesión e identidad, en el sentido de que si no hay cohesión social, no habrá identidad colectiva suficiente. Al no existir identidad colectiva, dominará la propensión al individualismo y la falta de solidaridad, lo que dificulta, en última instancia, la conducta ecológica responsable, o sea, la sostenibilidad. A esto Turner incorpora la identificación con el grupo, donde la identidad social está marcada también por una identificación acentuada perceptivamente por las semejanzas entre los integrantes del grupo y las diferencias con los otros grupos, lo que propicia la adopción de los patrones de comportamiento del propio grupo.

Así, se logra la cohesión social, identidad social, identificación y el desarrollo de valores colectivos será más fácil sensibilizar, asumir compromisos y responsabilizarse de las acciones a ejecutar, las cuales son características indispensables al trabajar en cuestiones ambientales pues facilitan la participación social. Más específicamente, cuando se trata de implementar un programa de ordenamiento ecológico, se plantea que desde su planificación se promueva una participación social corresponsable. Esto es debido a que, como exponen Arriaga y Cordova (2006), el ordenamiento ecológico ya no se ve como una cuestión meramente técnica que incluye solo la visión unívoca de los especialistas como determinante de la vocación del territorio para las distintas actividades. Por el contrario, dicen los autores, en la formulación de este tipo de programas, se incluyen los intereses y se trata de resolver los conflictos que se dan entre los diversos sectores de la sociedad, como un insumo indispensable para encontrar el mejor arreglo espacial. Todo esto con el único fin de promover el consenso social en la definición de los usos del territorio que permita dar certidumbre a la inversión, así como a la preservación del medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales.

Pero, lograr la participación corresponsable y llegar a consensos es sumamente difícil si antes no se tiene cohesión social, pues es la base para promover las actitudes, valores y comportamientos orientados a la solidaridad y a comportamientos sostenibles y sustentables. Ya Moreno y Pol (1999) señalaron que la sostenibilidad no es posible sin un mínimo de cohesión social pues cuando se privilegian las estrategias individuales de supervivencia no es posible esperar ni pedir solidaridad intra ni intergeneracional. Se necesitan mínimos de cohesión social para lograr la solidaridad, esto es, un tejido social consolidado. No es garantía pero sí condición necesaria. Sin embargo, con frecuencia en los programas de planificación del territorio se tiene poco en cuenta si existe este tejido social mínimo necesario para poder implementar con éxito las acciones. Es por ello que muchos de estos programas finalmente tienen poco impacto en el bienestar social y la conservación del medio ambiente.

Por ello, como estrategia inicial dentro de la primera fase del programa de ordenamiento ecológico del municipio de Tzucacab se trabajó en caracterizar a dicho municipio en cuanto a indicadores de cohesión social para conocer las condiciones de interrelación social existentes que servirían como uno de los recursos base para las siguientes acciones dentro del programa. Partimos de este concepto dado que tenerla resulta algo básico y fundamental si se pretende lograr identidad social y principios como la solidaridad que son tan necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable, por ejemplo a través de un programa de ordenamiento ecológico.

El trabajo se diseñó a partir de la propuesta conceptual sobre cohesión social de Feres (2007). En este marco se definió a la cohesión social, básicamente, como la capacidad de una sociedad de asegurar el bienestar de todos sus miembros en conjunto, minimizando las disparidades y evitando la marginalización, reflejando la consistencia y la calidad de los enlaces sociales e institucionales necesarios para dichos fines. Supone la existencia de una red de relaciones sociales formales e informales que conforman la identidad colectiva y actúan como soporte espontáneo entre personas y colectivos, confiriéndoles un sentido de comunidad. Así, los procesos grupales y relacionales asociados con el desarrollo de la cohesión social pueden funcionar como facilitadores para adoptar los valores y comportamientos necesarios para un desarrollo sostenible y sustentable. De ahí la importancia de abordar esta temática en proyectos y programas de ordenamiento ecológico.

De acuerdo con la propuesta de Feres (2007), se consideró que la cohesión social incluye cuatro ejes principales: 1) capital social (acervo de redes y lazos de agentes sociales); 2) integración social (participación de un nivel mínimo de bienestar); 3) inclusión social (incorporación de una diversidad de actores) y 4) ética social (comunidad de valores que permiten la buena convivencia). El desarrollo de cada uno de ellos se va dando simultáneamente, aunque no necesariamente al mismo ritmo. Se pueden caracterizar estos ejes a partir de indicadores cuantitativos (e.g. índices estadísticos y formas de organización grupal) y cualitativos (e.g. percepciones, prácticas y diversos procesos psicosociales) agrupados en aspectos de distancia social, de pertenencia e institucionales (preferentemente religiosos y políticos). Para este trabajo se eligieron los que se muestran en la Tabla 1.

Al caracterizar los cuatro ejes identificando la presencia de indicadores en los tres aspectos mencionados, se posibilita distinguir a las comunidades en cuatro diferentes niveles de cohesión social, donde cada nivel superior supone haber alcanzado un grado mínimo de los anteriores. Los niveles van desde un primer nivel inferior que considera al menos la provisión general de derechos sociales. De ahí se pasa a un segundo nivel consistente en lograr acciones públicas igualitarias de los derechos. Se avanza a un tercer nivel donde las condiciones garantizan la indivisibilidad del sistema de derechos en diferentes esferas de la vida como: empleo, salud, educación, cultura, ingresos, vivienda y nutrición. Se llega, finalmente, a un cuarto nivel donde se logra la participación social equitativa de diferentes grupos sociales, sobre todo de los más vulnerables.

Tabla 1
Ejes, aspectos y niveles de cohesión social

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De acuerdo con Feres (2007) para mejorar cohesión social se debe invertir en acortar brechas, disminuir desigualdades, reducir la pobreza. Se debe invertir en la gente: en capital humano, en capital social y en desarrollar una mayor y mejor ciudadanía social. Se debe promover que las instituciones sean integradoras, tengan credibilidad y legitimidad en la población. En este sentido la cohesión social es tanto un medio como un fin. Como un fin porque las políticas sociales deben apuntar a que todos los miembros de la sociedad aporten a la sociedad y a su vez sean beneficiarios del desarrollo social generado. Peo es un medio en el sentido de que las políticas de largo plazo en muchos campos requieren de un contrato social, de sentirse parte del todo.

Así, de un modo u otro, debe promoverse la participación, la de todos, por lo que ésta debe ser inclusiva. Y si partimos que la base de ella es la cohesión social, a partir de su desarrollo, deben promoverse mecanismos de inclusión como generar empleo para todos, que cualquier persona tenga acceso y utilice realmente los sistemas educativos y de salud, que estén en posibilidad de ejercer sus derechos, que se promuevan políticas pro-equidad, pro-bienestar y de protección social para toda persona independientemente del grupo social al que pertenezca y con el cual se identifique. Por último, debe trabajarse en acciones que den sentido de pertenencia lo cual se facilita si se logra que se tenga confianza en las personas e instituciones, que se tengan expectativas de mayor bienestar, valores de convivencia y ausencia de discriminación.

Método

Objetivo

Caracterizar trece comunidades del municipio de Tzucacab y la cabecera municipal del municipio de Tzucacab en términos de cuatro ejes de cohesión social: capital social, integración social, inclusión social y ética social, considerando los indicadores de aspectos institucionales, de distancia social y de pertenencia.

Participantes

Participaron comisarios ejidales y municipales, representantes de grupos religiosos, así como mujeres y hombres, mayores de 18 años, habitantes de las trece comunidades y de la cabecera municipal del municipio de Tzucacab en el sureste mexicano (véase Figura 1) y que aceptaron participar voluntariamente una vez que se les explicó el motivo de la entrevista y el contexto sobre el programa de ordenamiento ecológico por desarrollar. La cantidad de personas a entrevistar en cada comunidad, se basó en un cálculo de muestra al 90% de confiabilidad siguiendo a Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2010).

El municipio de Tzucacab es uno de los 106 municipios del Estado de Yucatán, México. Se localiza en la región sur del estado. Posee una altura promedio de 36 metros sobre el nivel del mar y ocupa una superficie de 1289.00 Km2. Su clima es cálido sub-húmedo, con lluvias en verano. Tiene una temperatura media anual de 25.8º C. y su precipitación pluvial media alcanza los 108.4 milímetros. El municipio cuenta con una cabecera municipal y trece comunidades distribuidas a lo largo del municipio, las cuales se denominan comisarías.

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Figura 1. Mapa del estado de Yucatán con la ubicación del municipio de Tzucacab. Fuente: elaboración propia

Técnicas y procedimiento

Para la caracterización de cada comunidad se emplearon diversas técnicas para generar información sobre los diferentes indicadores en cuanto a aspectos institucionales, de distancia social y pertenencia. La primera de ellas consistió en realizar un proceso de investigación documental, consistente en la revisión, lectura y análisis de, principalmente, documentos sobre las temáticas que nos ocupan, recogidos en archivos oficiales o privados, cuya elaboración y supervivencia no estuvo presidida, necesariamente, por objetivos de investigación social (Valles, 1999). Técnicamente, el análisis documental se basó en el uso de fichas de trabajo donde se resumieron aspectos relevantes de las lecturas, destacando las ideas más importantes sobre los aspectos investigados, principalmente en cuanto a los indicadores de distancia social. Para ello revisamos informes de investigación realizados previamente en el municipio, planes e informes municipales (de la administración pasada y la que estaba en funciones), índices estadísticos proporcionados por INEGI, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre otras fuentes. También se incluyó la revisión hemerográfica de noticias municipales en los principales periódicos del estafo de los últimos tres años.

Se emplearon también entrevistas semi – estructuradas a diferentes actores de cada comunidad participante solicitando información mediante un proceso dinámico e intencionado de comunicación interpersonal (Ander-Egg, 2003), para producir datos específicos de cada comisaría, evidenciando y describiendo el punto de vista de las personas participantes por medio de su respuesta a modo de relato a las preguntas realizadas (Coffey y Atkinson, 2005). Se utilizó esta técnica dado que, como señalan Marshall y Rossman (2006), la entrevista posibilita la generación de mucha información de manera rápida y permite también tener retroalimentación y clarificación de dudas en forma inmediata. Las entrevistas tuvieron como meta principal lograr la comprensión (Fontana y Frey, 2005) de los aspectos para cada eje ya mencionados, que se consideraron dentro de un guión de entrevista dentro del cual las preguntas no tuvieron una secuencia predeterminada sino que se rigió por la dinámica de la conversación (Kandzior, 2001).

Junto con las entrevistas se realizaron observaciones in situ en cada una de las comunidades, para observar la ejecución de actividades cotidianas del lugar que complementaran la caracterización. Definimos esta técnica como una forma de percibir el desarrollo de un fenómeno en su proceso natural y cotidiano, sin manipularlo (Zapata, 2005) y registrando la información (conductas, eventos, etc.) de manera detallada mediante relatorías de las visitas (Pla y Sánchez-Candamio, 2002). Al estudiar el fenómeno en donde se da el proceso de manera natural, se procura captar lo relevante del mismo y con ello estructurar la reconstrucción del significado de las acciones relacionadas en la misma situación en que se produce (Zapata, 2005). Estas observaciones fueron fundamentales y permitieron identificar y/o verificar elementos importantes para la caracterización, además de conocer aspectos de la dinámica social y cultural de cada comunidad participante.

Una vez concluida la aplicación de técnicas en el trabajo de campo, tanto de archivo como de visitas in situ, se procedió a la transcripción de las entrevistas y relatorías en archivos digitales elaborados con el procesador de textos Word 2007. Después de dicha transcripción se realizó un análisis de contenido (Colle, 2001; Krippendorff, 1997; Porta y Silva, 2003) de todas las transcripciones y documentos, con el propósito de identificar todos aquellos elementos relacionados con los diferentes indicadores de los aspectos por cada eje conceptual. Esta información fue categorizada en matrices elaboradas para cada comunidad que contenían los indicadores de cada aspecto por cada uno de los cuatro ejes.

De esta manera, al final de este proceso analítico, se obtuvo información específica sobre los diferentes indicadores de cada aspecto (institucionales, distancia social y pertenencia) por cada uno de los ejes (capital social, integración social, inclusión social, ética social) por cada comunidad, lo cual facilitaba su posterior revisión. Finalmente, se analizó la información categorizada, calificando cada indicador, de cada aspecto, en todos los ejes y una vez calificados, se analizaron en cuanto al grado de desarrollo total de cada eje, para con ello determinar el nivel de cohesión social de cada comunidad.

Resultados

Se cuenta con las caracterizaciones específicas por comunidad, con la información por indicador en todos los ejes pero, considerando la disponibilidad de espacio, a continuación se presentan resultados globales, a nivel de municipio y no por cada comunidad. Así, se retoman los indicadores de los diferentes aspectos institucionales, de distancia social y pertenencia, extrayendo aquellos elementos que permiten tener una comprensión general sobre la caracterización social en los aspectos mencionados. A grosso modo, las catorce comunidades comparten diversas características (e.g. en cuanto a indicadores institucionales de tipo político), sin importar si se trata de comisarías o la cabecera municipal. Sin embargo, respecto a otras características (e.g. cantidad de habitantes o disponibilidad de servicios, etc.) sí existen diferencias importantes entre la cabecera municipal y las trece comisarías en su conjunto. A continuación se presentan los resultados generales del municipio señalando, cuando es el caso, las diferencias entre la cabecera municipal y las comunidades al interior del municipio.

En cuanto a indicadores de distancia social, de acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática –INEGI-, 2011), la población total del municipio es de 14,011 habitantes, que representa el 0.72%, con relación a la población total del estado, de los cuales 7,102 son hombres y 6,909 son mujeres. De ellos 6,947 personas hablan alguna lengua indígena. El municipio cuenta con un total de 3,253 viviendas particulares, con un promedio de 4.3 habitantes. Aproximadamente el 65% de la población de 5 años o más es católica y el 15% son cristianos pero no católicos. El INEGI (2008) estableció un índice de envejecimiento de 8.14 (personas de 60 años o más) y un índice de juventud igual a 52.23% (personas de 0 a 19 años), con lo que el 39.63% corresponde a la población entre los 20 y 59 años. El índice de dependencia económica es de 1.52%. La población económicamente activa, entre 15 y 50 años, constituye las dos terceras partes de cada comunidad. También es de destacar el contraste entre el número de nacimientos registrados anualmente y las defunciones, puesto que los nacimientos son mucho mayores, con un índice de natalidad alto y un índice de mortalidad neonata e infantil bajo.

La mayoría de las comisarías son bastante pequeñas y de carácter rural, con una población entre 100 y 350 habitantes, a excepción de una comisaría que tiene aproximadamente 950 habitantes. Esto contrasta con la cabecera municipal que tiene varios miles de habitantes (9,544). En todas las comunidades se mantiene la tendencia de un ligero número mayor de hombres que mujeres en la distribución por sexo.

Todas las comisarías cuentan con escuelas de nivel primaria en formato de multigrado que en sus primeros años son bilingües. Algunas pocas comisarías ofrecen otros niveles educativos (e.g. preescolar, secundaria o preparatoria). La situación es diferente en la cabecera municipal que dispone de varios planteles educativos para los diferentes niveles educativos. En las comisarías son pocos los que estudian la secundaria y mucho menos la preparatoria por las implicaciones que tiene: mudarse a otra comunidad (generalmente a la cabecera) para poder continuar los estudios con los consecuentes incrementos en costos que esto conlleva.

En su gran mayoría, las comisarías cuentan con dispensarios de salud que atienden a la población abierta (muchos no cuentan con seguridad social) resolviendo problemas de atención de partos, seguimiento de embarazos, sistemas de inmunización detección de enfermedades crónico degenerativas y su control, atención de enfermedades comunes, entre otras. Situaciones más complicadas son referidas a la cabecera o las clínicas que hay en dos de las comisarias del municipio. Son las enfermeras las que tienen mayor contacto y comunicación con los habitantes, ya que los médicos suelen mantenerse al margen del desarrollo de la vida cotidiana del lugar. Todavía prevalece el uso de la medicina tradicional, aunque ésta va en un proceso de retirada como parte de las prácticas cotidianas de las diferentes poblaciones.

En cuanto a la infraestructura y servicios, todas las comunidades cuentan con agua potable y energía eléctrica, pero no todas tienen calles pavimentadas. La brecha digital es importante, a excepción de la cabecera, pues no hay servicios desarrollados de comunicación (e.g. teléfono o internet). En cuanto a carreteras, todas las comunidades están comunicadas por una red mínima en buen estado, a excepción de una que requiere utilizar un camino blanco de seis kilómetros, lo cual hace que se mantenga mucho más incomunicada que las demás. La mayoría de las casas se han construido alrededor de una plaza y/o cancha principal. Son, en su mayoría, viviendas tradicionales, pero tienen alguna habitación hecha de mampostería. Mientras más pequeña es la población es más frecuente la presencia de solares familiares.

Destaca que los matrimonios son estables, con un índice muy bajo de divorcios en el municipio (más de cien matrimonios se realizan al año por entre tres y cinco divorcios). Es decir, se privilegia la vida en familia como un valor en la comunidad. Predominan los hogares de tipo nuclear y compuestos. La familia nuclear comprende únicamente a los padres e hijos, mientras que los hogares compuestos, como su nombre lo indica, se integran por dos o más familias nucleares, frecuentemente relacionadas consanguíneamente.

La lengua Maya prevalece en las comisarías, sobre todo en las más pequeñas, pero cada día el español se está volviendo predominante, en virtud de que las nuevas generaciones ya prácticamente sólo hablan entre ellos en esta lengua aunque entienden la Maya. Es común que todavía se identifiquen como indígenas mayas, pero reconocen cada vez más la presencia de grupos culturales diferentes, sobre todo provenientes de los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas.

En lo referente a indicadores del aspecto institucional de carácter religioso se evidenció que la religión no es un elemento central que influya de manera determinante en los valores de las comunidades participantes. Su influencia es a nivel personal, no comunitario, de modo que no es una fuente importante de cohesión social. En la mayoría de las comunidades conviven diversas denominaciones religiosas, existiendo respeto entre ellas y con líderes perfectamente identificados. La religión católica es la de mayor presencia en el municipio. Sin embargo, ésta está poco organizada, todo el municipio cuenta con un solo sacerdote, quien oficia misas mensuales en las comisarías, lo cual no favorece la integración. Lo único que contrarresta esta situación es la presencia anual de misioneros católicos, en su mayoría jóvenes de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, quienes viajan al municipio de Tzucacab durante la Semana Santa y cuyas actividades son muy valoradas por los habitantes de la mayoría de las comunidades.

Esta circunstancia de la Iglesia Católica ha favorecido el desarrollo de otras denominaciones religiosas que sí cuentan con la presencia continua de pastores en cada comunidad donde se desarrollan, lo cual favorece una mayor organización e integración dentro de estos grupos. Entre las principales religiones en constante desarrollo en el municipio se encuentran la Adventista, Pentecostal y Asamblea de Dios. También están presentes los Testigos de Jehová, quienes desarrollan mayor actividad de visita y evangelización en las diferentes comunidades. La mayoría de las actividades que realizan estos grupos religiosos son de tipo eclesial (catecismo, grupos de reflexión, entre otros) pues las actividades de carácter más social se concentran solo en situaciones de emergencia, como el paso de un huracán. Es en esos casos cuando se organizan, por ejemplo, para la repartición de despensas. Por otro lado, los habitantes han disminuido de manera importante la realización de prácticas tradicionales mayas ligadas a la naturaleza.

El gobierno municipal generalmente apoya a la Iglesia Católica para la construcción de sus iglesias, mientras que los templos de otras religiones son construidos con ingresos propios. Esto demuestra que se están desarrollando procesos de organización grupal entre feligreses de denominaciones religiosas diferentes a la católica. Lo anteriormente dicho no se aplica de igual manera en la cabecera municipal. Ella coincide con las comisarías en cuanto a la presencia de diversas religiones y el respeto entre ellas. Sin embargo, en la cabecera todas las religiones, incluso la católica, están mucho más organizadas y presentes en la vida cotidiana, aunque también con actividades primordialmente eclesiales y poco con otras de carácter más social.

Otro aspecto institucional es el relativo a la política. En cada comunidad hay un comisario ejidal y un comisario municipal, quienes viven en la población y tienen definidas actividades propias, que son complementarias para la buena organización de la población. Así, el comisario ejidal se concentra en el trabajo en el ejido, la organización de los ejidatarios, la resolución de problemas que surjan en el ejido o entre sus integrantes y la búsqueda de recursos para proyectos productivos de carácter principalmente agrícola, ganadero y apícola. Mientras tanto, el comisario municipal se enfoca a la búsqueda y manejo de recursos para el desarrollo de infraestructura de la comunidad (agua, carreteras, calles, alumbrado, parques, entre otros) y la resolución de problemas que surjan entre los habitantes. Son poco frecuentes los conflictos entre los pobladores. Cuando se presentan, generalmente son resueltos mediante el diálogo entre los afectados.

Son comunes las asambleas convocadas ex profeso para la solución de problemas y la toma de decisiones, además de las asambleas regulares que se dan, generalmente, de manera mensual. Un punto de divergencia entre las poblaciones es que en estas reuniones -convocadas por el comisario municipal- en algunas comunidades incluye la participación de las mujeres, mientras que en otras no. Este punto de equidad genérica es interesante pues es muy diverso entre las comunidades. Mientras que en algunos pueblos las mujeres están bien organizadas en proyectos productivos y/o participan en las asambleas municipales, en otras su participación se constriñe al cuidado de la casa y los hijos, teniendo poco involucramiento en actividades comunitarias. De cualquier modo, aún en aquellas comunidades con mayor participación femenina, la distribución del poder sigue siendo desigual, quedando en poder de los varones.

En muchas ocasiones los comisarios trabajan juntos, pero esto generalmente se da cuando coincide que ambos puestos están ocupados por parientes, situación que se presentó en varias de las comunidades durante el presente proceso de investigación. La mayoría de los apoyos en dinero o especie que recibe cada comunidad proviene de proyectos federales de asistencia social (e.g. oportunidades) o de carácter productivo (e.g. Procampo). En mucho menor grado reciben apoyo del estado y tampoco han sido importantes las aportaciones del gobierno municipal. Si bien existe comunicación con la alcaldía del municipio, los apoyos finalmente no llegan o lo hacen de manera muy fragmentada. Son muchas las explicaciones que dan a la falta de recursos y éstas al parecer dependen, en muchos casos, del grado de cercanía que los comisarios tienen con el alcalde.

Los ejidatarios de cada comunidad son el principal grupo organizado, aunque pocos de estos grupos están constituidos de manera legal, lo cual es un aspecto que limita mucho su obtención de recursos mediante convocatorias nacionales. En unas pocas comunidades existen grupos organizados en torno a unidades de riego lo cual facilita la producción principalmente agrícola. Actualmente, prácticamente todos los ejidos de las comunidades participan de programas nacionales para el cuidado de la diversidad forestal (e.g. CONAFOR). Sin embargo, su participación en este tipo de programas obedece más al recurso económico que reciben como pago de la participación, que a la conciencia del beneficio que significa su participación en cuanto al cuidado del medio ambiente. Esta búsqueda por el apoyo económico se debe en gran medida a que en los últimos años han perdido gran parte de sus cosechas (por la sequía). Esto ha significado una merma económica importante que han requerido solventar mediante la solicitud de financiamientos en programas como los ya mencionados.

La obtención de estos recursos económicos mediante la participación en programas nacionales constituye solamente un paliativo, pues realmente no resuelve el problema agropecuario de fondo. Además, realmente tampoco satisface las necesidades básicas inmediatas debido a que los recursos rara vez terminan llegando a la comunidad de manera completa, a pesar de haber sido aprobados. Esto coloca a los ejidatarios en una situación de grave precariedad económica al no contar con los recursos suficientes para mantener niveles adecuados de alimentación, ni para el desarrollo de actividades económicas alternativas y mucho menos para sostener procesos educativos en los jóvenes integrantes de las familias.

Esta situación tan precaria para agricultores pero también para los ganaderos y apicultores (aunque en menor grado) ha llevado a que un número importante de ejidatarios migren por temporadas, sobre todo a hacia la cabecera municipal y otros estados o, incluso, fuera del país (pero esto último en menor grado que otros municipios del estado). La migración ha debilitado a los grupos de ejidatarios de manera importante. También se presenta el fenómeno de ejidatarios que han dejado de trabajar su tierra para ir a trabajar en proyectos agrícolas que llegan al municipio desde el exterior para el cultivo de limón o pepino y que pertenecen a empresas yucatecas asentadas en Mérida o que proceden del exterior del país, principalmente de Estados Unidos.

Las mujeres, en general, están poco organizadas y cuando lo están su desarrollo como grupo es menor que el de los ejidatarios. Sólo en una tercera parte de las comunidades las mujeres han logrado organizarse de manera importante, incluso más que los hombres. Ellas han conseguido apoyos generalmente de programas que se basan en el logro de la equidad genérica. De este modo, participan en proyectos como la instalación de invernaderos, molinos, tortillerías, también en la fabricación de hamacas y otros productos artesanales, pero donde la participación de las personas se limita a unas cuantas mujeres. El trabajo agrícola de mujeres en espacios establecidos está perfectamente delimitado, pero muy pocas unidades agrícolas femeninas funcionan adecuadamente, incluso en la mayoría están abandonadas.

En todas las comunidades existe la presencia de los dos principales partidos políticos del estado (Partido Revolucionario Institucional -PRI- y Partido de Acción Nacional -PAN-). En algunas pocas hay un tercer partido (Partido de la Revolución Democrática –PRD-), a pesar de que en la administración municipal inmediata anterior a la actual, este tercer partido estuvo en el poder. En la mayoría de las comunidades es mayor la presencia de uno de los dos partidos, el PRI, (centralista que durante décadas fue prácticamente el partido oficial del país), cuyos representantes últimamente han realizando acciones más formales para lograr una mayor participación partidista, como la afiliación mediante la entrega de credenciales oficiales que era una acción que en años anteriores no se realizaba en la misma magnitud que ahora pues las personas, aun no estando afiliadas votaban por el partido. Estas acciones de mayor formalidad han cobrado gran importancia actualmente considerando que en los últimos años se ha multiplicado la promoción de los diferentes partidos, no sólo en el municipio sino en todo el estado.

Si bien en la vida cotidiana no parecen existir grandes conflictos por posible división partidista, en las pocas comunidades donde ha ganado un partido diferente al de la cabecera municipal, se expresan ideas en el sentido de que reciben menor apoyo por ser de un partido distinto debido la rivalidad existente entre los partidos. A pesar de esto existe estabilidad política. Las elecciones suelen ser procesos tranquilos donde se respeta el voto de las personas. Para muchos habitantes constituyen motivos de fiesta ante la poca oferta de alternativas de diversión y ocupación del tiempo libre. Prácticamente toda persona mayor de 18 años tiene credencial de votar y la mayoría suele hacerlo, sin diferencia en edad, religión o sexo.

No se confía plenamente en las autoridades gubernamentales pero, por otro lado, es en quienes terminan depositando un mínimo de confianza ante la ausencia de otras alternativas para obtener recursos y la falta de opciones para solucionar sus problemas económicos. Sin embargo, son frecuentemente escépticos de que el gobierno realmente termine entregando todos los apoyos que ellos necesitan. Salvo para las familias que reciben remesas de sus parientes migrantes, las expectativas a futuro son pobres, pues ven la situación de sus comunidades como muy precaria y con pocas oportunidades en todos sentidos.

Reconocen la existencia de corrupción en diversos niveles de la sociedad pero los habitantes de las diferentes comunidades difieren en su postura respecto a ella. En algunos casos la consideran como algo negativo, se oponen a ella y comentan la necesidad de tener mayor vigilancia como una forma de controlarla. Pero, por otra parte, están aquellos que la reconocen como parte de la realidad social, no sólo del municipio sino del país, por lo que es inevitable que surja e imposible acabar con ella. Sin embargo, mencionan que ahora está un poco más restringida pues han aumentado los sistemas de control y rendición de cuentas, si bien éstos resultan insuficientes todavía para acabar de raíz el problema.

Por último, en cuanto al aspecto de pertenencia ya se han mencionado algunos puntos como la existencia de grupos organizados de diversa índole y el respeto entre grupos diferentes. Se considera que existe seguridad individual y social más no en los aspectos económicos, dado que no ven un futuro prometedor al respecto. No es notoria la discriminación de “los otros” en ninguna de las comunidades, salvo algunas excepciones pues en general, hay apertura diferentes grupos sociales, tanto en lo político como en lo religioso o social. Sobresale la confianza en los demás, particularmente a nivel familiar y vecinal, quienes constituyen las principales fuentes de apoyo social siendo mucho menor en cuanto a representantes políticos. Así también la solidaridad, reciprocidad y cooperación se presenta usualmente cuando se han encontrado en situaciones de emergencia, como un huracán, más que en situaciones de la vida cotidiana.

Consideran que la aplicación de la justicia es bastante adecuada. En pocas ocasiones requieren del uso de la policía, pues la mayoría de las situaciones que se presentan en las comunidades son resueltas internamente (a diferencia de la cabecera municipal donde el número de actos delictivos es mayor). En las pocas oportunidades en que han requerido la participación de la policía, del juez de paz o autoridades de mayor nivel, los problemas se han resuelto adecuadamente. No reconocen la existencia de grandes problemas sociales en los pueblos, si bien en algunos pocos externaron la presencia de niveles importantes de alcoholismo y su preocupación por el aumento de la drogadicción, sobre todo entre la gente joven. Este problema lo han asociado como producto de la migración existente.

Reconocen que son pocos los habitantes que conocen y comprenden claramente diversas leyes o de la normatividad promotora de sus derechos. Difícilmente la gente expresa su opinión aún cuando estén en desacuerdo. Sólo algunos, en general los hombres más ancianos, son los que conocen algunas leyes relacionadas principalmente con el funcionamiento municipal o ejidal. Esto debido a que han ocupado cargos en el pasado y es por ello que ante las necesidades y actividades propias de su cargo requirieron aprender sobre estos aspectos. No es algo generalizado en el pueblo y consideran que deberían tener mayor capacitación al respecto. Por otro lado, en años recientes se ha incrementado el conocimiento en cuanto a derechos en niños/as y mujeres a través de pláticas impartidas en los módulos de salud, pero esta labor todavía no puede considerarse como consolidada en su totalidad.

A partir de toda la información antes presentada podemos resumir la caracterización general por ejes de cohesión social del municipio de la siguiente manera: se distingue que las comunidades del municipio cuentan con un capital social definido y en la mayor parte de los casos es el mínimo suficiente. Esto es debido a que cuentan con infraestructura mínima (electricidad, caminos, escuelas, módulos de salud), un sistema político claro, presencia de diversas religiones y de grupos de origen étnico diferente que, en su mayoría, conviven sin grandes conflictos. Existen grupos organizados, muchos de ellos con varios años de haberse constituido. Cuentan con una mayoría de población en etapa productiva pero también con un mínimo necesario de personas mayores que permite la transmisión saberes por la experiencia vivida y de valores tradicionales especialmente los promotores de una buena relación con la naturaleza.

Sin embargo, falta promover y/o consolidar otro tipo de redes de apoyo social que vayan más allá de las familiares. Los servicios educativos y de salud pueden mejorarse. Lamentablemente la lengua indígena maya se está perdiendo, por lo que es importante también trabajar en la recuperación de la misma como un elemento de identidad social pues, como expone Krotz (2003), la lengua es uno de los elementos más importantes para muchos aspectos del hecho social, ella nos constituye como lo que somos, nos da ser y existencia, nos instituye como personas, es un don sin el cual no estaríamos, sin el cual no seríamos. Evidenciar y hacer conciencia sobre otros elementos de la cosmovisión maya, en su idea de la relación en equilibrio entre el hombre y la naturaleza sería otro punto a fortalecer como modo de facilitar la apropiación de acciones encaminadas al desarrollo sostenible y sustentable dentro del programa de ordenamiento ecológico.

En cuanto a la integración social se procura que los beneficios de diferentes programas y acciones institucionales a nivel federal, estatal y municipal lleguen a todos, aunque este objetivo no siempre se alcanza plenamente. Los programas institucionales, en general, no promueven desarrollo social pues no generan cambios de fondo en la dinámica social de la población, sino que permiten la reproducción de la precariedad de las condiciones de vida de los pobladores, pues son programas de carácter asistencial que sólo sirven como paliativo a las necesidades existentes, ante las grandes carencias económicas de las familias. Esto no facilita tener expectativas positivas para el futuro, lo cual ha promovido migración hacia poblaciones fuera del municipio. Además, se presenta un nivel alto de desconocimiento sobre los mecanismos para acceder de manera directa a diferentes programas, sobre todo los de carácter federal e internacional. Existen grupos organizados pero, a excepción de los ejidatarios, son pocas las personas que pertenecen a ellos, de modo que sus beneficios no le llegan a muchos. Además, pocos de ellos están constituidos legalmente por lo que esto limita las posibilidades de obtener recursos mediante programas nacionales e internacionales.

Sin embargo, existen aspectos positivos en el municipio: existe estabilidad familiar, cuentan con sistemas de toma de decisiones definidos, las personas se identifican con grupos sociales, políticos, religiosos y culturales específicos que generan identidad social y les motiva participar en actividades programadas. Todavía son relativamente bajos los índices de problemas sociales como la delincuencia o la drogadicción, si bien en unas pocas de las comisarías se presenta un nivel importante de alcoholismo.

Por otro lado, se promueven comportamientos de respeto entre todos, pero se trabaja poco para lograr verdaderos espacios de inclusión. Las condiciones económicas prevalecientes pueden ser generadoras de fragmentación social de las comunidades, pues han comenzado a presentarse fenómenos como la migración (a otras comunidades del estado y a un estado vecino). Esto está incrementando las diferencias económicas entre los pobladores ante la llegada de remesas. La crisis económica también ha promovido que familias provenientes de otros estados del país se asienten en diversas comunidades del municipio. Estas no han sido rechazadas, de hecho existe apertura, pero todavía se requiere trabajar más para su inclusión completa a la comunidad, pues no se están desarrollando estrategias interculturales que contribuyan a sostener formas de convivencia armónica ante la inminente llegada de la multiculturalidad. Adicionalmente, la lengua maya ha iniciado un proceso de declive en la mayoría de las comunidades.

No existen suficientes programas promotores de la equidad, ni oportunidades iguales para todos; sin embargo, esto no es percibido como discriminación por parte de los habitantes de las comunidades en la mayoría de los casos, sino como parte natural de los procesos inherentes a la dinámica social de sus comunidades. Tanto hombres como mujeres son considerados fuerza de trabajo. Los habitantes de las comunidades todavía sienten vivir en un lugar seguro, tanto individual como socialmente. Son pocos los conflictos importantes.

Finalmente, sobre la ética social, existe un mínimo de normas que favorecen la sana convivencia, y las personas procuran cumplirlas. Se expresan abiertamente los valores que sostienen su convivencia en comunidad (cooperación, solidaridad, apoyo) pero también es una realidad que muchos de ellos aparecen en situaciones de emergencia y no durante actividades cotidianas. Reconocen un sistema de justicia definido y eficiente. Los procesos políticos suelen darse con tranquilidad y los consideran democráticos. También advierten la existencia de la corrupción como algo inevitable y difícil de luchar contra ella, por lo que la confianza en las instituciones dista de ser la deseable. Sobresale el poco conocimiento sobre leyes, derechos y las formas de implementarlos. Los habitantes de las diferentes comunidades se manifiestan como personas que, aunque reconocen que existe libertad de opinión sin represión por emitirlas, en muchos casos prefieren guardarse sus opiniones para evitarse posibles problemas, principalmente a nivel de relaciones interpersonales. Ni la religión ni la política promueven valores a nivel comunitario que incrementen la cohesión social de las comunidades. Tampoco se promueve la participación en acciones sin fines de lucro, por el contrario la mayoría de las acciones institucionales de participación de carácter colectivo llevan un pago de por medio.

A partir de lo anterior se evidencia que, en general, las comunidades no alcanzan un nivel máximo de cohesión social. Los principales elementos positivos se notan en el capital social y la integración social mientras que la inclusión social y la ética social presentan elementos menos consolidados, dado que se encuentran elementos promotores de cohesión social (existencia de grupos organizados, respeto por los otros, un sistema de justicia definido, infraestructura básica, entre otros), pero también existen obstáculos importantes (insuficiente desarrollo de valores, poco trabajo promotor de la inclusión social, condiciones económicas críticas, etc.) para lograrla plenamente.

Esto es algo común a través de las comunidades si bien la caracterización particular de cada una de ellas presenta elementos distintivos que les hace distinguirse unas de otras en algunos elementos específicos. Por ejemplo, en una la migración es lo que determina su dinámica social; en otra el alcoholismo está muy por encima de otras comisarías; en otra más destaca la organización de las mujeres. Todo ello resulta en niveles diferentes de desarrollo por ejes y el consecuente nivel de cohesión social puede ser diferente entre ellas. Ninguna de las comunidades llega a un nivel máximo de cohesión social y, en general, las comisarias presentan un nivel intermedio de cohesión social. Es por ello que se requiere trabajar de manera concreta con cada comunidad por separado para promover el desarrollo de diversas estrategias que generen mayores niveles de cohesión social, dado que bien pueden compartir el mismo nivel de cohesión social, pero esto no significa que compartan exactamente las mismas necesidades, ni requieran de las mismas estrategias, para su desarrollo en este sentido.

Finalmente, sin duda, conocer la caracterización de indicadores que posibiliten tener una idea sobre los niveles de cohesión social es de mucha ayuda dentro del programa de ordenamiento territorial pues permite pronosticar (Arriaga et al., 2006) lo que puede suceder al ir desarrollando las diferentes fases del programa y tomar medidas preventivas, por un lado, y promotoras por el otro, de modo que se posibilite un mayor éxito en la implementación de diversas acciones. Por ejemplo, permite examinar la posibilidad de conflictos, y entre quienes pueden darse. Para el caso de Tzucacab, salvo pequeñas excepciones de tipo político, la posibilidad de grandes conflictos no parece ser un problema importante. Tener información sobre los indicadores de cohesión social también permite conocer cuáles comportamientos y valores se requieren promover para favorecer la sostenibilidad y la sustentabilidad. En este caso particular se vio la importancia de retomar aspectos de la cosmovisión maya aun vigente como estrategia que facilite la apropiación de diversas acciones al vincularlas de manera directa a su forma tradicional de vida. Además de la necesidad de promover mayores acciones en la cotidianidad que sean promotoras de la solidaridad, reciprocidad y cooperación más allá de la familia.

También posibilitó saber qué se cuenta con suficientes personas en edad productiva que pudieran apoyar el desarrollo de acciones, así como un mínimo de personas con experiencia en actividades agropecuarias las cuales siguen siendo prioritarias en la comunidad pero que, dadas las condiciones climáticas que han imperado, están a la baja pues no permiten resolver el problema económico y de supervivencia en la zona. Es conveniente que el programa de ordenamiento considere reactivar este tipo de economía dentro de la distribución del territorio pues es base del desarrollo social de estado. También la caracterización permitió conocer las principales acciones que se realizan generalmente de manera institucional, cuáles de ellas se relacionan directamente con aspectos ambientales y de qué manera se ejecutan, como son Procampo y Conafor. Además, conocer los grupos existentes (de tipo político, religioso, productivo y social) y cómo se relacionan entre ellos permitirá establecer las bases para identificar formas en las que todas las partes pueden participar y con ello contribuir a alcanzar los objetivos comunes que deberán ser definidos en consenso.

Debe recordarse la importancia que actualmente se da a la participación social corresponsable dentro de este tipo de programas ambientales. En este sentido, un ordenamiento ecológico en nuestros días considera que el proceso hacia el desarrollo sostenible y sustentable requiere de una amplia participación tanto de los sectores productivos, como de los diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad en general, para con ello construir escenarios deseables que permitan definir políticas y estrategias de desarrollo. Éstas se deberán planificar de modo que contribuyan a fortalecer las actividades productivas con base en el potencial de los recursos naturales existentes y de algún modo contribuir también a mejorar la condición socioeconómica de la población participante. De lo contrario, de seguir las cosas como están, las expectativas sobre el futuro seguirán siendo pobres con el consecuente desarrollo de fenómenos como la migración, que ya empieza a jugar un papel importante, con lo cual se promueve la fragmentación y el desarraigo social.

Conclusiones

La interrelación entre aspectos naturales, sociales y económicos desempeña un papel muy importante en el ordenamiento ecológico. Es preciso generar un conocimiento profundo e integral para proponer alternativas para su funcionamiento, lo cual es insuficientemente considerado dentro de los estudios de ordenamiento ecológico desde la perspectiva tradicional. Es decir, antaño no existía un enfoque integrador pues no se establecían criterios que permitieran organizar y jerarquizar en forma correcta la información para facilitar la toma de decisiones en cuanto a acciones y la forma de implementarlas. Se daba mayor importancia a la caracterización biológica de la región sobre el diagnóstico integral. Estos estudios carecían de preguntas concretas que buscaran la respuesta a objetivos precisos, por lo que los resultados no eran los más adecuados. Ante esta situación, se hizo necesario un replanteamiento global que considerara el funcionamiento integral de la región a través de indicadores representativos de las relaciones socioestructurales más importantes.

En este sentido, el tratamiento del tema ambiental desde la perspectiva conceptual y metodológica más compleja genera nuevos retos y obliga a reconsiderar otras perspectivas hacia la sostenibilidad y la sustentabilidad, tarea de gran relevancia que podría desarrollarse a través de uno de los instrumentos de la política ambiental: el ordenamiento ecológico. El tratamiento metodológico que se ejemplifica en el presente estudio, que parte de la base necesaria de la cohesión social, pretende dar cuenta de las interrelaciones complejas que permean el territorio de un municipio concreto en cuanto a los procesos característicos y cambios estructurales que se han dado, el estado actual de los recursos naturales, y las formas de uso del suelo representadas en las actividades productivas y los asentamientos humanos, así como sus posibles repercusiones sobre el medio ambiente.

A partir de lo anterior, insistimos en la importancia del trabajo interdisciplinario y el papel preponderante que la psicología puede llegar a tener en este campo. Si bien esta disciplina tiene ya tiempo abordando cuestiones ambientales, no abundan las referencias en cuanto a un trabajo dentro del campo de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Ciertamente lo ambiental y lo sostenible se relacionan pero el segundo es un concepto más amplio que incluye al primero. Mucho de la actual crisis ecológica y social que afecta al mundo, tiene a la conducta humana como causa fundamental por lo que se requiere el conocimiento de los factores cognitivos, emocionales y comportamentales que afectan la sustentabilidad (Corral, 2010). El psicólogo tiene mucho por hacer en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de actitudes, la promoción de valores, la organización de grupos, estrategias de sensibilización y concientización para la participación social en acciones promotoras de la conservación de recursos, sin olvidar una de las áreas de la intervención psicosocial: la evaluación de proyectos y programas, por solo nombrar algunos pocos de los aspectos dentro de los cuales el psicólogo puede hacer ejercicio de su profesión de un modo socialmente responsable.

Finalmente, pero no menos importante, el ordenamiento ecológico puede constituirse como un área de oportunidad que, enmarcada dentro de una estrategia de desarrollo sostenible y sustentable, contribuya a construir elementos para reducir la creciente tendencia hacia la individualización. Dicho ordenamiento implicará la promoción de redes sociales tanto formales como informales que contribuirán a la identidad social dando un sentido de comunidad tan necesario en la promoción de la participación social corresponsable. Así, la reconstitución del tejido social a nivel comunitario e identitario puede consolidar la cohesión social que conduzca a la adopción de valores y comportamientos para el desarrollo sostenible y sustentable, así como generar un círculo virtuoso para salir de la precariedad y marginalidad atávica, en este caso de las de las comisarias del municipio de Tzucabab, Yucatán, en el sureste de México.


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Correspondencia a: La correspondencia relativa a este artículo deberá ser dirigida al autor. Universidad Autónoma de Yucatán, México, E-mail: tete.castillo@uady.mx

Fecha de recepción: 9 de Junio 2011
Fecha de aceptación: 30 de Diciembre 2011