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Estudios constitucionales

versión On-line ISSN 0718-5200

Estudios constitucionales vol.9 no.2 Santiago  2011

 

Estudios Constitucionales, Año 9, Nº 2, 2011, pp. 11 - 14.

PRESENTACIÓN

 

El año que termina ha sido intenso en Chile, producto de las movilizaciones estudiantiles de educación media y universitaria, lo que ha puesto en el centro de atención el desequilibrio existente en nuestra Constitución en materia de derechos fundamentales, entre los derechos individuales y los derechos sociales, como asimismo, las garantías jurisdiccionales de estos últimos. Pareciera que se acerca el tiempo de revisar y fortalecer en el capítulo III de nuestra Constitución los derechos sociales. Seguramente, el derecho a la educación será el primero en ser objeto de fortalecimiento y reequilibrio respecto a la libertad de enseñanza. Sin embargo, el déficit de derechos sociales es amplio y requiere reexaminar las disposiciones sobre derecho a la protección de la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho de sindicación, de negociación colectiva y derecho de huelga.

Por otra parte, la realidad muestra la necesidad de mejorar el recurso de protección en nuestro texto constitucional, las deficiencias de éste en la protección de derechos sociales son evidentes, Chile es el único país en Latinoamérica que tiene una disposición constitucional limitativa en materia de garantía jurisdiccional de derechos fundamentales. Las constituciones latinoamericanas de los últimos quince años no sólo determinan la cobertura mediante el amparo de todos los derechos fundamentales asegurados por los textos constitucionales, sino también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello es una exigencia que viene dada por el artículo 25 de la CADH, la que ya ha sido objeto de consideración en dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de Chile. Por ello, la revisión del recurso de protección debe ser más amplia que el simple retoque del artículo 20 de la Constitución para agregar como derecho protegido el derecho a la educación.

El texto constitucional necesita un remozamiento en materia de derechos funda mentales integral, es necesario establecer constitucionalmente las garantías básicas del derecho al debido proceso en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución para otorgar seguridad jurídica de ellas, por lo menos en los estándares exigidos por el artículo 8º de la CADH y el 14 del PIDCP de Naciones Unidas. Es necesario asegurar constitucionalmente los derechos fundamentales a la identidad, a la imagen, la autodeterminación informativa, a la nacionalidad, asegurar los derechos políticos en cuanto tales en forma adecuada y no sólo como un status jurídico, modificar el artículo 16 de la Constitución que choca

frontalmente con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre lo cual hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, la que ha sido reiterada recientemente por el caso López Mendoza vs. Venezuela de septiembre de 2011. La necesidad de superar la concepción deficiente e inadecuada de la regulación del derecho de reunión, que posibilita la regulación del mismo por disposiciones administrativas, lo que viola frontalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos que exige que la regulación de los derechos fundamentales debe ser efectuada por ley, que exige restablecer la reserva de ley para dicha regulación, como es lo normal para todos los derechos fundamentales. A su vez, pareciera que Chile debe mejorar su normativa en materia de incorporación del Derecho internacional de los derechos humanos, en lo que no se avanzó sustantivamente en la reforma de 2005, como asimismo, en incorporar los estándares básicos de los principios favor homine o pro persona, el principio de progresividad y de aplicación directa de los derechos, otorgando seguridad jurídica en que es la dignidad de la persona humana, efectivamente, el fundamento básico del sistema constitucional chileno, como asimismo honrando el deber jurídico de asegurar y garantizar los derechos contenidos en tratados ratificados y vigentes, como asimismo adecuar nuestro ordenamiento jurídico a los estándares mínimos exigidos internacionalmente. Éstos son sólo algunos de los aspectos básicos que deben ser revisados en una futura y es de esperar pronta revisión constitucional en materia de derechos fundamentales.

Asimismo, entrando en el contenido de este último número del año de Estudios Constitucionales se presentan doce artículos, cuatro de ellos referentes a los nuevos desafíos que presenta el mundo interdependiente en el ámbito jurisdiccional, con las consiguientes comunicaciones transjudiciales y el diálogo entre los jueces con el uso de la jurisprudencia comparada y el derecho internacional y los estándares mínimos determinados por los tribunales internacionales vinculantes para los jueces nacionales, a los que se refieren los artículos de Víctor Bazán de Argentina, Karlos Castilla de México, Marcela Escobar y su equipo colombiano, Eduardo Maier de Venezuela y el documento de Eduardo Ferrer Mac-Gregor de México, como asimismo, el trabajo sobre comunicaciones transjudiciales de las jurisdicciones constitucionales en el derecho comparado.

En el ámbito más concreto, pero relacionado con las materias anteriores, se encuentran los artículos de Pablo Contreras sobre independencia e imparcialidad en sistemas de justicia militar, el que analiza los estándares internacionales sobre la materia; como asimismo, el trabajo de Ignacio Barrientos sobre el tema problemático de la suspensión del derecho de sufragio por acusación penal contenido en nuestra Constitución y que vulnera el estándar de los artículos 8º y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Completan la sección Artículos las reflexiones de r aúl Letelier sobre la Justicia Constitucional en el pensamiento de Habermas; el trabajo de Alejandro Olano sobre los precedentes constitucionales y contenciosos administrativos en Colombia; el análisis de Eduardo Jequier sobre un enfoque constitucional del arbitraje forzoso en Chile; el trabajo de ricardo Antela sobre el presidencialismo venezolano en la actual Constitución de 1999 reformada y su evolución y práctica política; como asimismo, el refrescante artículo de Hernán Corral sobre el discurso de Tomás Moro como speaker del Parlamento inglés y su contribución a la historia de la libertad de expresión parlamentaria.

Las secciones de documentos y de jurisprudencia comentada presentan un conjunto de trabajos de actualidad en el ámbito latinoamericano, además de un interesante comentario jurisprudencial del profesor Fernando rey de la Universidad de Valladolid en España, sobre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en materia de aborto a partir de la sentencia "a, b y c vs. Irlanda".

Cierran la presente entrega dos comentarios bibliográficos: el primero del profesor Viera sobre uno de los temas centrales de la reflexión del derecho constitucional comparado, que es el libro de Giuseppe de Vergotinni, cuya edición italiana ha sido traducida recientemente al español, con un prólogo del distinguido profesor español Javier García roca de la Universidad Complutense de Madrid; y el comentario del profesor Domingo Hernández al libro de Francisco Zúñiga sobre acciones de inaplicabilidad e inconstitucionalidad, en su segunda edición actualizada.

Humberto Nogueira Alcalá

Director