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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho v.37 n.1 Santiago abr. 2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372010000100012 

Revista Chilena de Derecho, vol. 37, Nº 1, pp. 183 - 190 [2010]

ENSAYOS Y CRÓNICAS

COLUMNA DEL - JURISTA DESTACADO

 

NUEVA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SÍNTESIS DE UNA NORMATIVA COMPLEJA

 

NEW CONSTITUTIONAL COURT’S ORGANIC LAW. A COMPLEX REGULATION’S SYNTHESIS

José Luis Cea Egaña*

* Profesor Titular, Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile, Ex Presidente y actual Ministro del Tribunal Constitucional. Doctor en Derecho, Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Correo electrónico: jlcea@uc.cl



INTRODUCCIÓN


La Ley Nº 20.3811 modifica a la Ley Nº 17.9972, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Las reformas introducidas por el primero al segundo de los textos legales mencionados son tan numerosas y complejas que, en realidad, puede sostenerse que se está ante un nuevo estatuto de esa Magistratura. El análisis prolijo de la Ley Nº 20.381 exige una extensión superior a la asignada para esta síntesis, restricción pese a la cual, inevitablemente, se ha llegado a una monografía que no es breve.
El texto que comentaré tuvo historia nomogenética larga y a veces inexplicablemente descontinuada. Recuerdo que junto a los entonces Ministros Juan Colombo Campbell y Eugenio Valenzuela Somarriva, tuve la oportunidad de participar en el debate parlamentario correspondiente a la reforma a la Carta Política que culminó en la Ley Nº 20.0503. Sin embargo, replicando lo que sucede muchas veces con cuerpos normativos de importancia, agrego aquí memorias no escritas aún y que son parte de la crónica informal, aunque decisiva, de tales textos. Me refiero a que, dos meses después de promulgada la enmienda de 2005, siendo Presidente del Tribunal Constitucional, junto al Ministro Valenzuela Somarriva elaboramos el anteproyecto completo que adecuaba la Ley Nº 17.997 a las enmiendas constitucionales recién aludidas. Mediante Oficio Ordinario Nº 120 del 19 de octubre de 2005, envié al Presidente Ricardo Lagos Escobar el aludido anteproyecto, en cuya preparación habían colaborado los funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República Carlos Carmona Santander y Gonzalo García Pino.
Consiguientemente, casi cuatro años demoró la formación de la Ley Nº 20.381. Los escollos para acelerar su despacho estuvieron focalizados en pocos tópicos, aunque decisivos. De ellos escojo por su importancia los siguientes:
Creación de los ahora denominados abogados Suplentes de Ministros;
Reconocimiento que es jurídicamente insostenible imponer al Tribunal el examen de constitucionalidad del asunto que se le haya sometido sobre la base solo de los preceptos fundamentales que le indiquen las partes o los órganos constitucionales interesados;
Distinción entre el trámite de acoger a tramitación un requerimiento y declararlo admisible, precisando el efecto del primero en punto a la cosa juzgada, efecto que no se desprende de la locución, numerosas veces empleada, de tenerlo por no presentado;
El cúmulo de inhabilidades que afectan a los Ministros de esa Magistratura, llegando más allá de la numerosa serie de prohibiciones, sin parangón con otros Magistrados en Chile, prevista en el artículo 92 inciso 2º de la Constitución; y
Finalmente, revisión del mérito constitucional de los tratados internacionales en vía incidental y ex post, a través de la acción de inaplicabilidad.
Fieles a los acuerdos alcanzados por compromisos, es decir, la que es siempre regla de oro de la democracia, fue posible culminar un proceso de tramitación prolongado y difícil. Tan fatigosa labor legislativa no impidió, sin embargo, que el Tribunal funcionara, ininterrumpidamente, honrando el principio de inexcusabilidad4. Mediante reglas mínimas y uniformes de tramitación, elaboradas con prontitud y por consenso unánime de los diez Ministros del Tribunal5, quedamos en situación de hacer regir, eficientemente, el principio aludido. Hoy, después de cuatro años de labor cumplida así, puede afirmarse con certeza que el trabajo fue bien hecho, sin tropiezos de ninguna especie y decidiendo todos los asuntos que nos fueron sometidos, aun los más difíciles. Justo es realzar que el valor del proceso debido quedó estrictamente cautelado.


I. TIEMPO Y CALIDAD DE LA LEGISLACIÓN


Podría sensatamente asumirse que, tanto tiempo examinando el proyecto, con auxilio de especialistas y el aporte de la experiencia entregada desde el propio Tribunal, iba a culminar en preceptos normativos claros en su sentido y bien redactados, agrupados con técnica legislativa impecable. El dilatado estudio de la Ley Nº 20.381 no finalizó, sin embargo, con una normativa singularizable por ser ágil en su aplicación, nítida en su sentido y alcance, completa por cubrir la plenitud de asuntos más relevantes y sencilla a raíz de proporcionar criterios simples para decidirlos sin dilaciones innecesarias. Aunque es necesario esperar años para ganar evidencia y efectuar una evaluación certera, tengo la impresión que el nuevo estatuto adolece de una serie de reparos que tornarán difícil y engorrosa su aplicación. A veces, pienso que el modesto elenco de reglas con que obramos por cuatro años merecía, comparado con el extensísimo texto que ahora nos rige, pervivir en homenaje al ejercicio eficiente de las múltiples competencias que la Constitución asignó al Tribunal6.
Por último, no puede afirmarse que los rasgos matrices de la legislación complicada que comento hallen su explicación, pero tampoco su justificación, en el propósito del legislador en punto a constreñir al Tribunal, indicándole paso a paso los trámites que ha de cumplir, temeroso de que pudiéramos exorbitar tan vasto cúmulo de atribuciones. Pero reconozco haber oído, y no rara vez, que ese temor pesó en parlamentarios del Congreso Nacional, particularmente al observar la implementación práctica que se iba dando por el Tribunal a tales facultades.

II. MORFOLOGÍA

En su estructura, la Ley Nº 20.381 no altera la establecida en el texto que ella modifica. Prosigue, entonces, existiendo un Capítulo I, pero dividido en dos Títulos, el primero dedicado a la organización del Tribunal, y el segundo a su competencia y funcionamiento. El Capítulo II continúa estando dedicado al Procedimiento en esa Magistratura. Se inicia con el Título que contiene las normas generales de procedimiento, y el Título II destinado a las disposiciones especiales en el tema, abarcando en quince párrafos las innovaciones mayores en el tópico, entre ellas las cuestiones de constitucionalidad sobre auto acordados, los requerimientos de inaplicabilidad, los homónimos de inconstitucionalidad de un precepto legal declarado ya inaplicable, los relativos a las contiendas de competencia, a las inhabilidades e incompatibilidades de los ministros de Estado y de los parlamentarios, en fin, a la normativa que rige la tramitación de la renuncia de diputados o senadores.
Cabe observar la repetición de artículos para regular asuntos semejantes. Tal es la situación, genéricamente prevista en el artículo 41 nuevo, coincidente con lo dispuesto en el antiguo artículo 39 de la Ley 17.997, en cuanto a los requisitos que debe cumplir el requerimiento para ser acogido a tramitación, teniéndoselo, en caso contrario, por no presentado para todos los efectos legales7. Pues bien, ese principio aparece, como he dicho, reiterado innecesariamente numerosas veces después8, en ninguna de las cuales se aclara su significado, reparo que el Tribunal tampoco logró salvar en su sentencia9.


III. OPORTUNIDAD PERDIDA


La reforma constitucional de 2005 es relevante desde diversos puntos de vista pero, sin duda, ninguno comparable con las modificaciones introducidas al Tribunal Constitucional. Como he dicho, trátase de una magistratura nueva tanto sustantivamente como en el procedimiento que ha de seguir en el ejercicio de sus atribuciones.
Estimo criticable la técnica con que fueron reelaborados los artículos 92, 93 y 94 de la Carta Fundamental, porque son muy extensos; abarcan en un mismo artículo contenidos tan disímiles que resultaba lógicamente ineludible separarlos; adolecen de redacción tan defectuosa que, en ocasiones, llega al punto de ser contradictoria; y son de consulta y cita difícil, epítome de lo cual es el artículo 93, con veintiún incisos, el primero de los cuales incluye, a su vez y por sí solo, dieciséis numerales.
Tales reparos se replican en la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal. Lejos de fundirse la Constitución y dicha Ley en un sistema coherente, que coincidiera con la armonía típica de la idea de Código como ocurre en Perú y otros países10, esta ley sobrepasó, no rara vez, a la Carta Suprema, de lo cual nuestra Magistratura dejó constancia, como se verá, en el fallo de rigor11. Aquí, y para cerrar el argumento agrego que reproches de esa índole ocurren a propósito del aumento de las prohibiciones impuestas a los Ministros en el artículo 92 inciso 2º del Código Político12; y la repetición de artículos que pudo evitarse con la referencia al principio general incorporado al primero de ellos que lo contiene13.

IV. PUNTOS A FAVOR

Pormenorizando lo preceptuado en las cláusulas amplias de la Constitución, el legislador aclaró que el Presidente del Tribunal no puede ser reelegido dos veces consecutivas14, disposición que entendimos así al efectuar la última elección de esa autoridad, el 27 de julio de 2009.
Por otra parte, el legislador se equivocó, en mi concepto, al conferir a ese Presidente la facultad de formar la tabla de asuntos que verá cada una de las dos salas, misión que es propia de quien encabeza a dicho grupo de Magistrados15, sobre todo cuando ejercen atribuciones que les confía la Ley Suprema;
Impuso al Presidente la obligación de rendir anualmente una cuenta pública, deber que el autor de esta síntesis cumplió, sin que lo mandara precepto alguno, en los dos años de su mandato16.
Aclaró que una sala puede integrarse con miembros de la otra, en caso necesario17.
Distribuyó las materias cuya competencia corresponde al pleno y a cada sala, haciéndolo en términos ostensiblemente favorables a favor del primero, de modo que a la segunda quedó confiada solo pronunciarse acerca de las admisibilidades que no estén reservadas al pleno, resolver las contiendas de competencia y decidir la suspensión de procedimiento en que se ha originado una inaplicabilidad18.
El tema de los alegatos merece comentarios. La reforma que analizo exige oírlos, por regla general, en la vista de causas, permitiéndole al Tribunal disponerlos en los demás casos. Así ocurre cuando se controvierte el mérito constitucional de un decreto con fuerza de ley, la convocatoria a plebiscito, la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad de un precepto ya declarado inaplicable, la declaración del ilícito constitucional en que hayan incurrido organizaciones, movimientos o partidos políticos, los informes que ha de evacuar el Tribunal al Senado y las prohibiciones que afecten a los parlamentarios19.
La ley dice que la duración, forma y condiciones de los alegatos serán establecidas por el Tribunal, mediante auto acordado20. Cumplimos ya ese encargo el 12 de noviembre de 200921, reglamentando los ingresos de causas, la formación de tablas y la vista de aquellas.
Ejerciendo la atribución prevista en el artículo 25 letra A, hemos dictado tres auto acordados: primero, el recién indicado; segundo, el que regula la postulación y formación de nómina de Suplentes de Ministros, publicado en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 2009; y tercero, el relativo a las sesiones ordinarias, horarios de audiencia y de atención de público, difundido en aquel periódico también el 11 de noviembre del año pasado.
Cabe destacar la disposición sobre el cómputo y naturaleza de los plazos contemplados para las decisiones del Tribunal. Así es porque son de días corridos, no se suspenden los feriados, y en ningún caso el vencimiento de un plazo fijado para una actuación o resolución de nuestra Magistratura le impide decretarla o dictarla con posterioridad22.
Punto a favor es también la clasificación introducida a propósito del retiro de firmas por los parlamentarios que hayan promovido una cuestión ante el Tribunal, porque procede hacerlo siempre que se efectúe antes de que se dé cuenta de la cuestión al pleno o a la sala y que, por el número de firmas retiradas, el requerimiento deje de cumplir con el quórum fijado en la Carta Política23.
Queda esclarecido también otro tema de discusión y que había motivado jurisprudencia. Trátase de la fecha en que se entiende hecha la promulgación de la ley. En el asunto, la novedad estriba en que se presume efectuada por el Presidente de la República cuando ingresa a la oficina de partes de la Contraloría General de la República el decreto promulgatorio respectivo24. Útil es advertir que, en ningún caso, se podrán admitir a tramitación requerimientos formulados con posterioridad a ese instante o momento25.
La frondosa legislación en comentario dista de ser autosuficiente, ejemplo de lo cual es que se remite a los Títulos II, V y VII del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, referentes a la comparecencia en juicio, la formación, custodia y comunicación a las partes del proceso y las actuaciones judiciales26. Remisiones a otros códigos se hallan también a propósito de las facultades disciplinarias del Tribunal, de ciertos delitos previstos en el Código Penal y el abandono del procedimiento27.
La experiencia demostrará cuán necesaria era o no efectuar la distinción que hizo el legislador entre órganos y personas legitimadas para promover cuestiones y materias de competencia del Tribunal; órganos constitucionales interesados o que pueden intervenir en cada una de las cuestiones que se promuevan ante esa Magistratura; y quienes son partes en los procesos seguidos ante él o los órganos y la o las personas que han promovido una cuestión, así como las demás partes de una gestión o juicio pendiente en que se ha suscitado una cuestión de inaplicabilidad de un precepto legal o de inconstitucionalidad de un auto acordado28. Adelanto que el punto adquiere relieve especial con respecto a la tramitación que ahora cabe dar a las causas que se tramitan en nuestra Magistratura.

V. FOCO DE ATENCIÓN


La reforma de 2005 radicó en el Tribunal Constitucional el control de supremacía incidental, inter partes y a posteriori que detentaba, desde 1925, la Corte Suprema. Mediante la declaración de inaplicabilidad por un quórum calificado de nuestra Magistratura, se impide al juez de la gestión pendiente decidirla invocando el precepto legal que nuestra Magistratura estima contrario, en forma o fondo, a la Carta Fundamental.
La vitalidad de la Constitución de 1980, puesta a prueba realmente desde la recuperación de la democracia en 1990, ha quedado de relieve con las sentencias del Tribunal recaídas en requerimientos de inaplicabilidad. Basta tener presente que, desde el 27 de febrero de 2006, fecha en que entró a regir la enmienda de 2005, a la fecha, el 90% de las sentencias del Tribunal recaen en este tipo de asunto29 y que la proyección va en aumento.
Comprensiblemente, la nueva legislación orgánica del Tribunal es acuciosa en la regulación del instituto comentado, pero tal vez sea demasiado lo que se hizo. Pienso así a raíz de la serie de trámites, algunos razonablemente prescindibles, agregados en los artículos 47 A y siguientes del nuevo texto referido. Algunas ilustraciones permitirán comprender mejor lo afirmado.
Ya advertí que ahora se distingue entre acoger a tramitación un requerimiento, por un lado, de declararlo admisible, de otro. Pues bien, en un trámite sencillo como es el de acoger a tramitación, si la decisión del Tribunal resulta negativa, lo que debe constar en resolución fundada, se entiende que el requerimiento no ha sido presentado y, más todavía, independientemente de lo anterior, tratándose de defectos de forma o de la omisión de antecedentes, el Tribunal ha de otorgar tres días a los interesados para que los subsanen o completen. Si no ocurre así, otra vez la acción se presume no presentada, generando la duda sobre la cosa juzgada que ya hice presente30 y la posibilidad de renovar, con modificaciones ligeras, la acción ante el Tribunal. La experiencia recogida demuestra que ya se descubrió tal falencia por los litigantes.
Acogido a tramitación, si el requirente pide alegatos sobre la admisibilidad y el Tribunal acoge tal solicitud, debe dar traslado de la cuestión a las partes por cinco días. Obviamente, el trabajo de la sala correspondiente queda así, de frente a cuestiones simples como dije, entrabado por diligencias, actuaciones y una sentencia interlocutoria que prolongan la vista de la causa en el pleno31 y su fallo ulterior definitivo.
Los trámites que complejizan el procedimiento llegan a su máxima expresión con lo dispuesto en el artículo 47 letra H. Sostengo lo dicho puesto que, declarado admisible el requerimiento, tenemos que comunicarlo o notificarlo al tribunal de la gestión pendiente o a las partes de esta, según corresponda, confiriéndoles veinte días para formular observaciones y presentar antecedentes. En la misma oportunidad, el Tribunal ha de poner el requerimiento en conocimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados y del Senado para que, si lo estiman conveniente, acompañen la información ya referida dentro del plazo indicado.
Se fija el término de treinta días para dictar la sentencia, susceptible de ser prorrogado por otros quince días, en casos calificados y en virtud de resolución fundada, plazos que se cuentan desde que se certifique que la tramitación del requerimiento se halla terminada32.
Excepcionalmente y por razones fundadas, el Tribunal se encuentra facultado para declarar la inaplicabilidad basado solo en fundamentos constitucionales distintos de aquellos invocados por las partes en la litis. En tal caso, debe advertirles acerca del uso de ese precepto constitucional no invocado y permitirles así referirse a él33. Trátase de una postura ecléctica, equidistante del extremo de proscribir a nuestra Magistratura fundar decisiones en preceptos diferentes de los aducidos por los litigantes y, por el otro, de dejar libre para hacerlo sin límites ni justificación34.


VI. LA ATRIBUCIÓN MÁS IMPORTANTE

Aunque nada más que en dos ocasiones durante cuatro años ha sido ejercida, estimo que el pronunciamiento de inconstitucionalidad de preceptos legales es la facultad más relevante en el elenco de competencias que el artículo 93 de la Carta Política confiere al Tribunal. El quórum elevado que se exige para acordar que una norma legal sea eliminada del ordenamiento jurídico, se ha erigido, atendida la composición de nuestra Magistratura, más que en una necesidad de consenso en un poder de veto de la minoría. Creo en lo recién escrito por lo visto en un caso concreto35, el cual, habiendo sido seguido de cien requerimientos similares, motivado tres fallos semejantes al caso líder mencionado, y alrededor de cuarenta desistimientos, no ha podido convertirse en pronunciamiento de inconstitucionalidad.
Al tópico se dedican los artículos 47 letra Ñ a 47 letra X de la Ley Nº 20.381. De esas disposiciones espigo los conceptos siguientes:
– La cuestión de inconstitucionalidad no puede ser promovida respecto de un tratado internacional ni de una o más de sus disposiciones;
– Se repite la secuencia ya explicada, es decir, el trámite de acoger a tramitación la cuestión mencionada, en primer lugar, seguido del trámite de admisibilidad de ella;
– Lógicamente, la cuestión de inconstitucionalidad presume que se haya pronunciado la inaplicabilidad de los mismos preceptos legales en fallo ejecutoriado36; y
– El fallo de inconstitucionalidad se publica in extenso en el Diario Oficial y, desde esa fecha, deroga las disposiciones efectuadas, de modo que carece de secuela retroactiva.


VII. MISCELÁNEA


El Tribunal Constitucional cumplía una labor eficiente y valiosa hasta febrero de 2005. Su funcionamiento era cancino, sin embargo, según fluye de las escasas sentencias que pronunciaba: desde marzo de 1981 al día 26 del mes y año indicado, o sea, en veinticuatro años, solo pronunció 463 fallos. Compárese esta cifra con la que corresponde al Tribunal en la actualidad: Hemos pasado desde el Rol Nº 464 al Rol Nº 1.700 en cuatro años.
Creo que el contexto descrito permite comprender varios rasgos característicos del Tribunal de la primera de las épocas señaladas. Resumiré algunos de ellos, puntualizando el cambio que trajo la enmienda de 2005 y que marca el tercero de los períodos de nuestra Magistratura.
Primeramente, eran siete ministros, un secretario, un relator, un oficial primero y dos auxiliares para efectos administrativos. Hoy, la planta que contempla la Ley Nº 20.38137 incluye dos suplentes de ministro, dos relatores, que en la práctica son tres, ocho abogados asistentes, elevados a diez para que cada Ministro cuente con uno de ellos; un relacionador público, un bibliotecario, otro que sea documentalista y un jefe de gabinete de la Presidencia.
Por otra parte, destaco que, en febrero de 2005, funcionábamos solo en la Casa de Velasco, hermosa residencia familiar construida en 1703 pero que, obviamente, dista de ser funcional para el trabajo de nuestra Magistratura. Resueltamente me empeñé, hasta lograrlo, para que la Presidencia de la República destinara al Tribunal el Palacio Ariztía, antigua sede de la Cámara de Diputados en Santiago, asimismo, obtuve de la Presidencia que asignaran los fondos presupuestarios adecuados para ampliar, refaccionar y alhajar aquel Palacio. La obra progresa pero lentamente, circunstancia de fuerza mayor que ha obligado a mantener la sede anexa de calle Morandé y arrendar otro inmueble en el sector céntrico para albergar al personal ya mencionado.
Cinco años atrás carecíamos de biblioteca, pero hoy ya contamos con una, pequeña todavía, pero especializada, al día y que comienza a servir funciones de centro de documentación.
Muchos otros rubros merecen anotación específica, pero no puedo extender más este breve comentario. Realzo, al terminarlo, que el presupuesto de la Institución ha crecido en 400% desde 2006, cifra que no incluye el aporte presupuestario extraordinario, dedicado a las labores en el Palacio Ariztía que destaqué.

VIII. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Está fechada el 25 de agosto de 2009 y enrolada con el Nº 1.288 de ese año. Con sus 168 folios es el segundo fallo más extenso dictado por el Tribunal en su historia38. Demostrando cuán difícil es forjar acuerdos unánimes, el pronunciamiento mencionado contiene numerosas disidencias, un voto particular general y dos votos particulares específicos.
Nos parece definitivamente trascendental la disidencia que sostuvimos con los Ministros Juan Colombo Campbell y Marisol Peña Torres con respecto a los artículos 47 letra B y 47 letra G, inciso 1º Nº 4º, referido a la frase “o respecto de disposiciones de un tratado internacional vigente”. La variada doctrina suscitada por tal disidencia, mayoritariamente en apoyo de ella, demuestra la relevancia del asunto.
Por aquellas razones, insertaré los dos artículos de los cuales era parte la norma que fue suprimida:
Artículo 47 letra B. De conformidad con el número 1 del artículo 54 de la Constitución Política, no procederá la inaplicabilidad respecto de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Artículo 47 letra G. Procederá declarar la inadmisibilidad (de la cuestión de inaplicabilidad) en los siguientes casos: 4º Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal o respecto de disposiciones de un tratado internacional vigente”.
Cierro esta síntesis diciendo que, de las numerosas consideraciones que formularon los tres disidentes para sostener su decisión extraigo una, signada con la letra w) y cuyo tenor reproduzco a continuación:
“Que, sobre la base de lo afirmado, no puede declararse la inaplicabilidad de una norma contenida en un tratado internacional vigente, pues ello importaría una suspensión de la misma y una vulneración del artículo 54, N° 1), inciso quinto, de la Constitución, con clara responsabilidad internacional para el Estado chileno, al que se imputaría una violación de las obligaciones que le impone ese tratado y del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y, por ende, la comisión de un ilícito internacional.
Luego, no resultaría lógico impedir la declaración de inconstitucionalidad de las normas de un tratado, con efectos erga omnes, por importar una derogación de las mismas –como lo hace el inciso final del artículo 47 O del proyecto de ley examinado– y autorizar, en cambio, la declaración de inaplicabilidad de dichas disposiciones, por acarrear una mera suspensión para la gestión concreta de que se trata, si, en uno y otro caso, se vulnera igualmente la Constitución y se genera, en idénticos términos, responsabilidad internacional para el Estado”.

 

NOTAS


1 Publicada en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2009.
2 Publicada en el Diario Oficial el 19 de mayo de 1981.
3 Publicada en el Diario Oficial el 26 de agosto de 2005.
Probablemente, la síntesis más completa de la historia fidedigna de esta reforma se halla en Emilio Pfeffer Urquiaga: Reformas Constitucionales 2005. Antecedentes, Debates, Informes (Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2005). En el punto relativo al Tribunal Constitucional pueden ser consultadas las pp. 334 ss. de esa obra. Útil es también revisar el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, titulado Reforma a la Constitución Política de la República de 1980, y contenido en los Boletines Nos 2.526-07 y 2.534-07, de noviembre de 2001, pp. 363 ss.
4 Artículo 76 inciso 2º de la Constitución.
5 Un ejemplar de estas reglas se adjuntó a cada uno de los expedientes, especialmente de inaplicabilidad, tramitados desde el 27 de febrero de 2006.
6 Véase el extensísimo artículo 93 de la Constitución.
7 En lo sucesivo, citaré los artículos de la Ley Nº 20.381, prescindiendo de la numeración que les da el texto refundido, preparado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, porque la Contraloría General de la República, en dictamen Nº 03841 de 21 de enero de 2010, devolvió sin tomar razón el DFL (Ministerio Secretaría General de la Presidencia) mediante el cual se fijaba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 17.997, sobre la base que no se ajustaba a derecho. En general, los reparos que llevaron a la Contraloría a adoptar tal decisión me parecen solo formales y de entidad menor. Lamentablemente, la situación descrita retardará, por largo tiempo, contar con un texto que ayude en el estudio, cita y aplicación de la normativa respectiva.
8 Consúltense, en sentido semejante, los artículos 37 letra B inciso 1º, 41, 46 letra B inciso 2o, 47 letra D inciso 1º, 47 letra F inciso 2º, 47 letra P incisos 2º, 54, entre otros.
9 Consúltese sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 1288, pronunciada el 25 de agosto de 2009.
10 Consúltese la sentencia del Tribunal Constitucional pronunciada el de 2008, de cuyo considerando extraigo la definición siguiente:
11 Sentencia fechada el 28 de agosto de 2009 (Rol Nº 1.288).
12 Artículo 12 inciso 2º.
13 Revísese la serie señalada en la nota 8.
14 Artículo 5.
15 Artículo 8 Nº 8 letra c).
16 Artículo 8 letra h).
17 Artículo 25 letra B) inciso 1º.
18 Artículo 21 letras C y D.
19 Artículo 32 letra B inciso 1º.
20 Artículo 32 letra B inciso 3º.
21 Auto acordado publicado en el Diario Oficial el 3 de diciembre de 2009.
22 Artículo 33 inciso 2º.
23 Artículo 33 letra A.
24 Artículo 38 bis inciso 1º.
25 Id., inciso 2º.
26 Artículo 33.
27 Artículos 33 letra A inciso final y 33 letra B inciso final, entre otros.
28 Artículo 32 letra C.
29 Véanse la Memoria del Tribunal correspondiente al año 2006 (Santigo, Vicman Impresores, 2007) p. 29 y la Memoria del Tribunal correspondiente a los años 2007-2008 (Santiago, Versión Producciones Gráficas Ltda., 2009) pp. 46 y 47.
Consúltese del autor “Praxis del Control de Constitucionalidad en Chile”, XXXVII Jornadas Chilenas de Derecho Público (Valparaíso, P. Universidad Católica de Valparaíso, 2010) pp. 89 ss.
30 Artículo 47 letra D incisos 1º y 2º.
31 Artículo 47 letra D inciso 3º.
32 Artículo 47 letra I.
33 Artículo 47 letra J.
34 El tópico se halla casi ignorado en nuestra doctrina. Por eso, cito como excepción la reseña de Iván Hunter Ampuero hecha del libro de Guillermo Ormazábal Sánchez titulado Iura Novit Curia. La Vinculación del Juez a la Calificación Jurídica de la Demanda, publicada en XXII Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile Nº 2 (2009) pp. 277 ss.
35 Sentencia fechada el 26 de junio de 2008 (Rol Nº 976).
36 Artículos 47 letra R Nº 1 y 47 letra V.
37 Nuevo artículo 74, incorporado por la Ley citada.
38 El más largo, con 320 folios, es el contenido en el fallo datado el 18 de abril de 2008 (Rol Nº 740), relativo a la