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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho v.37 n.1 Santiago abr. 2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372010000100010 

Revista Chilena de Derecho, vol. 37 Nº 1, pp. 173 - 175 [2010]

RECENSIONES

 

JOSÉ GABRIEL OCAMPO Y LA CODIFICACIÓN COMERCIAL CHILENA*, Editado por Enrique Brahm García, TomoS I y II, Colección Jurídica N° 5 - Universidad de los Andes, ISBN 978-956-7160-16-7

 

Rony Jara Amigo**

**Abogado y Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Derecho (LL.M Duke University, USA). Profesor de Derecho Comercial, Universidad de Los Andes. Correo electrónico: rjaraa@bbva.cl


 

El siglo XIX fue el siglo de las grandes codificaciones en el derecho moderno, y los pilares fundamentales de dicho proceso lo constituyeron los cuerpos legales napoleónicos, representados por sus códigos civil y de comercio. Estos instrumentos normativos dictados al comienzo de dicho siglo, sirvieron como elemento de comparación o imitación, en mayor o menor medida, a todos los códigos de derecho privado que cobrarían vida durante dicho siglo.
Con respecto a Chile y a la materia comercial, y habiéndose dictado los códigos de comercio francés de 1807 y el español de 1829, ya en la década de los cuarenta y bajo el gobierno de don Manuel Bulnes, se plantea la necesidad de modernizar el derecho comercial, que seguía siendo castellano y fundamentalmente las Ordenanzas de Bilbao. Dicha necesidad estaba basada esencialmente en la importancia que las clases dirigentes daban a la actividad económica en general, y al comercio en particular, como motores del desarrollo del país y al pensamiento iusracionalista de la época, que consideraba al proceso codificador como la expresión máxima de desarrollo en el campo jurídico.
Por ello, el propio presidente Bulnes encomienda ya en diciembre de 1846 la formación de una comisión encargada de elaborar un proyecto de Código de Comercio, la que no fue exitosa en su labor, por lo que se debió designar, en julio de 1851, una segunda comisión que tuvo el mismo destino. Solamente bajo el gobierno de don Manuel Montt el proceso de codificación toma un camino más definitivo, pues en septiembre de 1852 se le faculta para designar con remuneración a las personas encargadas de la redacción de un Código. Efectúa en diciembre del mismo año dicha designación, y ella recae en el jurista argentino don José Gabriel Ocampo.
El Dr. Ocampo, quien se había desempeñado con mucha dedicación y capacidad en la Comisión Revisora del Proyecto de Código Civil de Andrés Bello, era a la sazón un jurista transandino de mucho prestigio que se encontraba radicado en Chile por razones políticas. No era su primera residencia en el país, pues en su juventud, al inicio de la década de los veinte, ya se había desempeñado con mucho éxito y ocupado importantes cargos públicos en el naciente Estado chileno. Dicha participación pública y prestigio como abogado activo en el ejercicio de su profesión, se vio acrecentada en su segunda estadía en el país, en que le correspondió desempeñar importantes cargos no solo en los procesos de codificación de las más importantes materias, sino también como fundador del Colegio de Abogados, decano de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y Abogado integrante de la Corte Suprema de Justicia. Por todos esos méritos, el Congreso Nacional por una ley especial le concedió la nacionalidad chilena.
En el proceso de elaboración del Código de Comercio, el Dr. Ocampo avanzó muy rápido en lo relativo a la preparación de un proyecto de ley de Sociedades Anónimas que se promulgó en 1854, el resto del trabajo se extendió hasta el año 1861 en que se entregó a la Comisión Revisora, la cual siendo presidida por el propio Presidente de la República don José Joaquín Pérez, concluyó su tarea en septiembre de 1864. Una vez concluido el proceso legislativo el proyecto terminaría por ser promulgado el 23 de noviembre de 1865 para empezar a regir en 1867.
Las fuentes utilizadas por el Dr. Ocampo en la elaboración del proyecto de Código son múltiples, pero además de las Ordenanzas de Bilbao, a los códigos comerciales de la época les cabe un lugar fundamental. Como señala el propio profesor Brahm, los “códigos de comercio del siglo XIX tienen una matriz y contenidos fundamentales comunes” pues todos ellos, a excepción del francés, no son obras originales sino que se van creando básicamente a partir de la comparación e imitación con los códigos anteriores. En este sentido, y como lo destaca el propio editor, la obra de Fortuné Antoine de Saint-Joseph publicada en 1844, recoge en forma comparada, el contenido de los principales proyectos de código, elaborados hasta ese momento en Europa, constituyó sin duda un elemento de fundamental ayuda para la tarea del Dr. Ocampo, como queda de manifiesto en sus propios borradores de trabajo.
En esta obra del profesor Brahm, junto con profundizarse sobre todos los antecedentes del Código de Comercio chileno y de su autor ya esbozados, el editor realiza una labor que no podemos sino calificar de extraordinariamente útil e importante, pues transcribe con todas sus anotaciones marginales el manuscrito que contiene los tres borradores del proyecto de Código escritos de puño y letra del Dr. Ocampo, en lo relativo al Título Preliminar de disposiciones generales, al Libro Primero que se refiere a los comerciantes y los agentes de comercio, y al Libro Segundo de los contratos y obligaciones mercantiles en general. Ahora, este trabajo continúa en el Tomo II, en que siguiendo el mismo método las materias abordadas corresponden a las del Libro Tercero, “Del Comercio Marítimo”, y del Cuarto, “De las quiebras”. Aunque nos pueda parecer difícil de entender, es un hecho que el manuscrito transcrito por el profesor Brahm prácticamente no había sido trabajado durante todos estos años, y como se podrá fácilmente comprender, él constituye una pieza esencial en el conocimiento y comprensión de la historia de nuestro derecho comercial y un elemento de interpretación jurídica de fundamental importancia y actualidad. De hecho, los denominados “actos de comercio” y los “actos mixtos o de doble carácter” constituyen la base para la aplicación de la actual Ley de Protección del Consumidor.
Al ir revisándose los distintos borradores, es posible formarse una idea muy clara y precisa, en muchos casos, respecto del desarrollo de la solución normativa planteada por el Dr. Ocampo. En dicha labor, resultan de extraordinaria importancia las propias notas en el documento mismo, donde muchas veces se cita el origen de la norma, y aquellas marginales, que no solo permiten conocer tal origen sino además se desarrollan ejemplos de aplicación de normas, de principios, se citan comentarios, distintas posturas, en fin, un conjunto de elementos que debieran ser de extraordinaria importancia para el intérprete.
Ejemplos de normas y comentarios de interés existen muchos en todos los borradores, pero solo baste citar algunos –un par del Título Preliminar y otros dos en materia de quiebras– para percibir la importancia de la obra.
En el caso de la compra como acto de comercio, se señala que esta debe versar sobre muebles, pero no se especifica si ella incluye los muebles corporales y los incorporales, o solo los corporales, cuestión de enorme relevancia actual por la importancia creciente de los derechos muebles como objeto de tráfico económico. Pues bien, en la nota marginal se señala específicamente que la “venta de derechos incorporales se omite porque en el derecho Civil no se comprenden los Derechos incorporales entre los muebles”. Un segundo caso, la discusión doctrinaria y jurisprudencial que hasta hoy persiste respecto de la naturaleza de la enumeración de actos de comercio que hace el artículo 3° del Código, si es o no ella taxativa y el rol que cabe a la analogía para la incorporación de nuevos casos de actos de comercio. Pues bien, puede ser de importancia considerar que en artículos del primer y segundo borrador se establecía (con algunas variaciones menores) que “Los artículos ... (que enumeraban los actos de comercio) son declaratorios y no limitativos; y en consecuencia los tribunales de comercio resolverán los casos ocurrentes por analogía de las disposiciones que ellos contienen”, ello fue eliminado en la versión promulgada definitivamente.
En relación al significado de la expresión “cesación de pagos”, como elemento esencial de una de las actualmente más utilizadas causales de quiebra, resulta útil tener en consideración, que en el primer borrador se señalaba que: “El comerciante que cesa en el pago de algunas deudas comerciales no está necesariamente en quiebra; sin embargo no es indispensable que la cesación sea general para que se le considere quebrado”. En el segundo borrador ello evolucionó a: “Para constituir el estado de quiebra no es menester que la cesación sea general”, concluyendo en el tercer borrador con: “Para constituir el estado de quiebra es menester que la cesación del pago sea general”, lo que finalmente no se requirió en el Código aprobado por el Congreso, sino que la cesación en los pagos en algunas obligaciones podía configurar la causal, pero no se aclaró en cuántas de ellas. En la Ley N° 4.558 de 1929, que posteriormente fue recogida en el texto de la Ley N° 18.575 que en esta materia rige hasta hoy, se estableció que basta la cesación de pagos de una sola obligación para constituir la causal de quiebra. De tiempo en tiempo se vuelve a discutir en Tribunales lo mismo, ¿cuándo se entiende que el deudor ha cesado en sus pagos?
En relación a la verificación de créditos y la necesidad de acompañar los documentos justificativos de los mismos, norma contemplada en el actual artículo 133 de la Ley de Quiebras incluida en el Código de Comercio, se señalaba en el primer borrador que: “El acreedor que carezca de documento, presentará a los síndicos una minuta enunciativa de los medios probatorios de su crédito. Refiriéndose a los libros del fallido, el acreedor podrá exigir a los síndicos un extracto de ellos”. Esta última fórmula, se perfecciona en el segundo borrador señalando: “…el acreedor podrá exigir a los síndicos un extracto de los asientos respectivos firmado por ellos”. En el tercer borrador se vuelve a la fórmula contemplada en el primero. Qué duda cabe que el recurso a las anotaciones contables del fallido pudiera ser muy útil para un acreedor que no cuente hoy con documentos justificativos, y nada debiera optar a ello.
Como los anteriores ejemplos, los documentos editados contienen una enorme cantidad de elementos que debieran ayudar a historiadores del derecho, a profesores de derecho comercial, a jueces y a abogados a conocer en forma más completa y eficaz la interpretación verdadera de la norma respectiva y en consecuencia la aplicación que debe hacerse de ella. Esta tarea hubiera podido ser ayudada en una importante medida si existieran las actas de la Comisión Revisora del Proyecto de Código, pero ellas, por una parte, se han perdido, y por la otra, los testimonios de quienes tuvieron acceso a dicha fuente coinciden en señalar que hay escasas referencias a los fundamentos por los cuales se introdujeron modificaciones al proyecto de Ocampo. Por ello, y con mayor razón, disponer de la edición del manuscrito del Dr. Ocampo constituye un privilegio que sin duda será de enorme utilidad.

 

NOTAS

* Traducción título: José Gabriel Ocampo and the Chilean commercial law codification.