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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Rev. chil. derecho v.34 n.1 Santiago abr. 2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372007000100008 

 


Revista Chilena de Derecho, vol. 34 Nº 1, pp. 135 - 138 [2007]

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

Negación de Daños Morales a una Persona Jurídica en Materia Contractual

Importadora y Exportadora J.Y.C. Ltda. con sociedad Comercial Cisandina Chile Ltda. (2005): Corte Suprema 14 de marzo de 2005 (demanda en juicio ordinario de cobro de pesos), publicado en Gaceta Jurídica 297 (2005), p. 85

Marcelo Barrientos Zamorano

Doctor con mención Doctor Europeo, Universidad de Salamanca. Magíster en Derecho de la Empresa, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile


RESUMEN

En fallo de la Corte Suprema de catorce de marzo de dos mil cinco, se deja firme la sentencia apelada de la Corte de Apelaciones de Santiago de treinta y uno de enero de dos mil uno, que señalaba que tratándose de entes despersonalizados incapaces de experimentar dolor, sufrimiento o padecimiento debemos descartar de plano el daño moral puro y centrarnos en el daño moral con consecuencias patrimoniales de estas personas al verse afectado su honor, el prestigio o la confianza comercial de que gozaban dentro del ámbito de sus actividades.

Palabras Clave: Personas jurídicas, daños morales, dolor, sufrimiento.


ABSTRACT

Is there a sentence from the Chilean's Supreme Court on March 14 th 2005, which confirms a sentence from Santiago's Appeal Court from January 31 th 2001, in order to clarify that non pecuniary loss, that moral persons argue on trial, it's not possible. It must be consider that those moral persons are unable to suffer any pain or anguish who could be accept as true like a non pecuniary damage as well. The pecuniary compensation on those cases must consider honor, prestige or commercial status in the business traffic.

Keywords: Moral person, non pecuniary loss, pain, suffering.


COMENTARIO

¿Es posible que una persona jurídica pueda sufrir un daño moral?

Nos parece necesario echar una mirada al Derecho comparado en la materia antes de expresar una opinión.

El daño moral que pudiera ser causado a una persona jurídica es un terreno extremadamente debatido en la doctrina mundial, pues solo las personas físicas gozarían realmente de un patrimonio moral. Sin embargo, en una tendencia del Tribunal Supremo español de ampliar la categoría de daño moral, gracias a la discrecionalidad judicial, se ha reconocido e indemnizado menoscabos patrimoniales sufridos por empresas o sociedades “moralmente” dañadas.

Este tema se puede fácilmente complicar en su análisis por la similitud, atendida la existencia de una persona jurídica que sufre daño moral, con el problema de daño patrimonial indirecto, al producirse un menoscabo del crédito comercial. La categoría del daño moral y su propia existencia a nuestro entender solo tiene sentido en el ser humano, no en las personas jurídicas, ontológicamente ajenas a la dimensión espiritual propia del ser humano. Solo las personas naturales poseen dignidad.

La dignidad es la necesidad emocional que todos los seres humanos tenemos de afirmación por parte de los amigos o el círculo social en que nos toca actuar. Es una afirmación de haber hecho bien las cosas. La dignidad se apoya en la enseñanza de lo que está bien o mal. Una persona digna es alguien que se siente libre, juzga las bases que le permiten actuar firmemente y, por lo tanto, se considera capacitado para desplegar cualquier actividad de manera responsable. Expresa su dignidad en la capacidad de ser virtuoso en sus actos. La dignidad es, al fin, el resultado de la sensatez emocional.

Solo las personas naturales, que son las únicas capaces de sentirse dignas, logran ese orgullo que da el buen actuar y logran percibir el efecto que ello tiene en los demás. La dignidad robustece la personalidad, atiza la sensación de integridad y felicidad. Nos resulta difícil pensar entonces en una persona jurídica feliz o digna. Tiene, eso sí, utilidades o pérdidas, daños emergentes o lucros cesantes, en definitiva, pueden tener perjuicios patrimoniales que probados deban ser indemnizados, especialmente en el caso de una exportadora de locos como la de la sentencia que analizamos. Esto no lo discutimos.

Yzquierdo Tolsada, citando abundante jurisprudencia que les reconoce a las personas jurídicas la posibilidad de ser legitimados activos de daños morales y otras tantas que no, estima que no es posible deducir en el ordenamiento español una respuesta firme sobre el tema. El mismo autor citado considera que “sin embargo, a mí me parece que la tendencia resulta exagerada” , aludiendo con ello a que le parece excesivo pretender que además de honor, la persona jurídica tiene también derecho a la intimidad.

Este criterio es el mismo en la doctrina comparada y en la jurisprudencia, las personas jurídicas son indemnizables por daño moral, si logran probar que este se ha producido. Aunque existen sentencias contradictorias en todos los ordenamientos europeos lo que nos hace afirmar que no existe una solución unívoca.

El problema, creemos más bien, es de determinación exacta del perjuicio que se reclama. En el caso de la violación de un derecho de marcas que afecta a bienes o derechos de carácter no estrictamente patrimonial de las personas jurídicas, especialmente la imagen, como señala un autor “más que daños morales cabe hablar de daños al prestigio de la marca”. Es por esta razón que los daños morales en la práctica apenas son objeto de reclamación. La misma sentencia chilena que comentamos lo señala: “ Que no obstante lo dicho, todo daño moral puro o con consecuencias patrimoniales para ser indemnizable requiere que tengan carácter de certidumbre y realidad, por lo que aquellos que obedecen a meras conjeturas o a una posibilidad no lo son, pues constituyen, específicamente daños patrimoniales indirectos”.

La reputación de las personas jurídicas en Inglaterra, dentro del Common Law , no es reconocida. La indemnización procede única y exclusivamente en caso de que la difamación acarree consecuencias a la condición económica, pero en caso alguno por la mera acción de atentar contra la persona jurídica. El daño, en consecuencia, se indemniza en relación al probado en juicio, lo que no es sino volver a la calificación de daño patrimonial indemnizado, es decir, aquel que se ha podido probar desde del punto de vista del patrimonio.

En el Derecho de los EE.UU. una persona jurídica es objeto de indemnización en el caso de difamación a su reputación, asimilable a civil tort , si con tal ataque se menoscaba su capacidad de crédito, que no es más que el concepto de eficiencia de manera genérica en sus relaciones comerciales, dependiendo en gran medida del impacto que en la opinión pública pueda tener el ataque que pueda recibir. La indemnización, en todo caso, siempre deberá ser medida con los daños debidamente producidos y probados en el patrimonio de la persona jurídica.

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago razona bien a nuestro juicio, ya que no se ha probado la disminución del negocio de la demandante . Una cosa es el daño moral directo que deriva de la lesión de la reputación mercantil y otra los daños patrimoniales que surgen de modo indirecto de esa lesión (indudablemente la difamación de una sociedad con fin de lucro y, la consiguiente pérdida de relaciones, implica también una pérdida de ganancias).

En ningún caso lo que afirmamos está en contra de la extensión de las garantías constitucionales. No existe tal incompatibilidad, porque la garantía cons­titucional al honor y prestigio de una persona jurídica no tiene necesariamente que ser reparada mediante una indemnización por daño moral, sino que más bien, por un resarcimiento del lucro cesante. Ello no es inconciliable en modo alguno con la defensa de sus intereses y utilidades o su reputación comercial.

Entendemos que un tribunal no puede conceder una indemnización por daño moral a una persona jurídica, en el caso que se incline por esta tendencia jurisprudencial, si no tiene evidencia de la existencia del mismo. Debe probar el que lo alega no solo que ha sido menguada su actividad comercial, sino que además, corresponde acreditar que tal situación ha tenido su origen en el hecho que imputa al causante de la misma. “En todo caso, el análisis de la jurisprudencia muestra una notable prudencia en la expansión de la reparación indemnizatoria del daño moral a las personas jurídicas. Los casos en que se ha aceptado el daño moral a una empresa son demasiado marginales como para constituir una teoría general acerca de la indemnización del daño moral a las sociedades”.

CONCLUSIÓN

Creemos que otorgar a las personas jurídicas daños morales es extralimitar el ya escurridizo, inasible, borroso e incomprensible para muchos concepto de daño moral. Entendemos que es una vía tentadora para un sentenciador o un litigante que se sentirán indudablemente seducidos por abrir la justificación del daño extrapatrimonial a perjuicios difíciles de demostrar, sobre todo, por la valoración que de él hará de manera discrecional en la sentencia el juzgador de la instancia.

No consideramos que sea el camino más aconsejable, para aliviar los problemas de dificultad probatoria de ciertos daños patrimoniales fronterizos, otorgar daños morales a personas jurídicas. Es mejor, y más honesto también, afrontar la cuestión desde el punto de vista patrimonial en estos casos. Promuévase, con este fin, la prueba del lucro cesante. Autorícese como peritaje suficiente en juicio la conexión estadística significativa para acreditar ganancias futuras que se alegan como perdidas. Consiéntanse las pericias en tribunales para dar mayor entrada a procedimientos estadísticos de valoración de daños. No vemos la dificultad en tales probanzas y su implementación daría criterio científico y contrastable a los daños alegados. Es, por lo tanto, perfectamente viable esta solución en el sistema chileno de prueba en juicio civil.

Abrir paso al daño extrapatrimonial en materia de indemnización a personas jurídicas, no hace sino aumentar esa sensación de sospecha que surge de constatar que muchas veces, lamentablemente, no es sino un complemento esta partida del lucro cesante. Todo lo anterior gracias a que nos movemos, en estos casos, en una línea demarcatoria entre ambos detrimentos que no tiene deslindes suficientemente claros, lo que da pie, frecuentemente, a confusiones en tribunales y en la doctrina que se encarga de su estudio.