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Ingeniare. Revista chilena de ingeniería

versão On-line ISSN 0718-3305

Ingeniare. Rev. chil. ing. vol.25 no.2 Arica jun. 2017

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052017000200192 

Editorial

La asignación de recursos a las universidades del Estado en un contexto de rendición de cuenta: la lógica de los Convenios Marco en el Caso de Chile

Alvaro Palma-Quiroz, Emilio Rodríguez-Ponce2 

1Vicerrectoría de Administración y Finanzas. Universidad de Tarapacá. Arica, Chile. apalma@uta.cl

2 Instituto de Alta Investigación. Universidad de Tarapacá Arica, Chile. erodriguez@uta.cl

En la sociedad de la información y del conocimiento la fuente esencial de la competitividad de las naciones radica en la capacidad de creación y difusión de conocimiento avanzado, capacidad que, a su turno, depende de la formación de capital humano avanzado. En este contexto, resulta relevante destacar que Chile se posiciona en el lugar N° 35 en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, lo que supone un descenso de ocho lugares en los últimos diez años. Por su parte, la productividad del país cayó durante todo el año 2015, lo que se sumó a una tendencia al decrecimiento que se remonta a mediados del año 2013, llegando a diez trimestres de caída sistemática en este indicador. De esta manera, las opciones que tiene el país de incrementar su eficacia colectiva, en términos de lograr la competitividad y la productividad que se requieren para insertarse activamente en la sociedad de la información y el conocimiento, están necesariamente determinadas por la capacidad de su sistema de educación superior para generar conocimiento y capital humano avanzado.

Bajo esta perspectiva muchos países, particularmente los países desarrollados, han implementado mecanismos de financiamiento de sus sistemas universitarios basados en una diversidad de metas de desempeño, las que exceden la docencia de nivel terciario. En esta óptica, el Ministerio de Educación de Chile ha diseñado un sistema de vinculación con las universidades del Estado para promover el fortalecimiento de estas instituciones, pero bajo una lógica de rendición de cuentas y dando una señal expresa en relación con que las universidades del Estado deben incrementar su complejidad para responder a los requerimientos de la sociedad desde la investigación, la innovación y la vinculación con el medio.

Los Convenios Marco, que es el nombre que recibe el actual mecanismo de vinculación y financiamiento por desempeño impulsado por el Ministerio de Educación con las universidades del Estado, consisten en la asignación de recursos públicos para fines específicos que conducen a la generación de bienes públicos y al fortalecimiento de las instituciones y que maximizan su contribución hacia el entorno. Así las cosas, este dispositivo de financiamiento no proporciona recursos de libre disponibilidad sino que las universidades del Estado se obligan a cumplir con un Plan Plurianual, el que además debe ser difundido tanto al interior de la institución como también ante los stakeholders regionales y nacionales que son relevantes para las instituciones del Estado.

El instrumento específico del caso chileno demanda que las universidades implementen un Plan Plurianual. Ahora bien, es importante distinguir que este Plan Plurianual no es estrictamente el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, sino que corresponde a un subsegmento de ejes y acciones que interesan al Ministerio de Educación y que se pueden alinear con la misión de la institución. Por consiguiente, el Plan Plurianual no reemplaza ni sustituye de ninguna forma los compromisos institucionales definidos en su Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, sino que más bien se trata de un complemento estratégico de relevancia, que atiende a intereses expresos del Estado y que debe estar articulado con los objetivos de mejora cualitativa y cuantitativa que las propias instituciones estatales tengan como norte.

Los Convenios Marco en Chile exigen una profundización en los niveles de complejidad de las instituciones ya que se debe dar cuenta por tareas referidas no solo a la docencia, sino que también a la investigación, innovación y vinculación con el medio. De hecho, la única labor docente sobre la que focalizan los Convenios Marco está constituida por la formación inicial de profesores.

Por lo tanto, la perspectiva que subyace a la propuesta ministerial apunta a avanzar hacia la consolidación de un concepto de universidad integral. Esto es, las universidades del Estado deben consolidar no solo la labor de docencia sino que también la investigación e innovación. Dicho de modo claro, una universidad sin postgrado, investigación e innovación tiende a asimilarse más bien a un instituto profesional o tecnológico que a una universidad en el contexto de la sociedad del conocimiento.

Docencia de pregrado y postgrado, investigación y vinculación con el medio constituyen funciones académicas esenciales e irrenunciables de las universidades del Estado. La imbricación de estas funciones en un modelo de complejidad universitaria se vuelve aún más relevante, cuando se considera que la reforma de la educación superior en curso propone categorizar a las universidades de acuerdo a si logran o no acreditar todas sus áreas de funcionamiento. En la medida que tal categorización también se asocia a la asignación de recursos públicos, su implementación afectaría rotundamente las oportunidades de desarrollo de las universidades, tendiendo a asentar las jerarquías del sistema de educación superior en torno a la complejidad de funciones que asume una institución específica.

En consecuencia, los Convenios Marco no significan recursos de libre disponibilidad para las universidades del Estado, implican rendir cuentas por su empleo. Empleo que, además, debe ser para fines específicos de interés del Ministerio de Educación. En cualquier caso, en la medida que el diseño del Plan Plurianual requerido para el Convenio Marco sea consistente con los propósitos universitarios, es posible generar acciones estratégicas de alto impacto para el fortalecimiento efectivo de las universidades del Estado y para su posicionamiento tanto en las regiones en las que opera como en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad del país.

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