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Ingeniare. Revista chilena de ingeniería

versión On-line ISSN 0718-3305

Ingeniare. Rev. chil. ing. v.14 n.3 Arica dic. 2006

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052006000200001 

 

Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 14 No 3, 2006, pp. 168-169

EDITORIAL
In English

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA


Desde que en el siglo XVIII la clase dominante admitió por primera vez la legitimidad de las demandas del pueblo, en cuanto al reconocimiento de sus derechos fundamentales, la historia señala que el acceso a la educación representa el más relevante de estos beneficios, como energía conducente a la movilidad social.

En momentos en que los países revisan las políticas de educación, para adaptarse a la nueva realidad de la globalidad, es necesario reflexionar sobre los principios que fundamentaron las políticas educacionales durante la segunda mitad del siglo XX y cómo estos serán replanteados durante la presente década.

Aunque en Europa el derecho a la educación fue reconocido por las democracias y monarquías de fines del siglo XIX, la mayoría de la población tuvo acceso a una educación masiva solo con posterioridad a la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, en Latinoamérica, las iniciativas tendientes a cerrar la brecha existente entre aquellos que recibían educación formal y la población analfabeta solo se han hecho realidad en forma parcial, faltando mucho para que este derecho se materialice cabalmente, en términos de permitir en forma plena la movilidad social y económica del ciudadano.

En este contexto, el objetivo de las primeras políticas educacionales del gobierno de Chile propugnaba que la legislación velara por implementar la educación de la juventud, sin la cual, como hace ver Camilo Henríquez en 1812, "no florecen los Estados".

La primera medida del Estado chileno para satisfacer este objetivo se refleja en la creación del Instituto Nacional (1813) y se afianza en 1842, con la fundación de la Universidad de Chile y la Escuela Normal de Preceptoras, instituciones que tendrían la responsabilidad de formar profesionales y maestros para satisfacer las necesidades de la nueva República. Vistos así, los lineamientos de la política educacional de Chile, como los de otras nacientes repúblicas latinoamericanas, se caracterizan por un fuerte espíritu integrador de las capas menos favorecidas de la población con el proceso educativo, al tiempo que entregan al Estado la responsabilidad de organizar, financiar e impartir la docencia y la investigación.

Si bien es cierto que la doctrina educacional de Chile mostró su esencia democrática y libertadora desde el comienzo, no fue sino al promediar el siglo XX cuando este objetivo se cumplió en forma cabal, cuando una proporción significativa de estudiantes pudo completar su educación intermedia y acceder a la Universidad.

Fueron los cambios introducidos en el sistema educacional a partir de 1965 los que triplicaron la oportunidad de educación, creando las bases para incorporar en forma real al proceso educativo a las capas sociales postergadas. Se integraba así a miles de jóvenes a un proceso masivo de desarrollo del conocimiento, que redundaría en una mayor autonomía en el plano económico, político, social y cultural del país.

Hoy, a cuarenta años de este hito histórico, reflexionamos otra vez respecto del rol de la educación, especialmente la educación superior, dentro del contexto económico y cultural de nuestra sociedad, que, a diferencia de hace cuatro décadas, debe integrarse a una realidad de carácter global.

La globalidad no concibe la educación como un proceso tendiente a entregar un conjunto de conocimientos fundamentales, que permitan transformar al educando en un ciudadano integral, capacitado para integrarse al desarrollo del país y la comunidad. Por el contrario, la educación global constituye un valor agregado, que impulsa el desarrollo del conocimiento en función de capacitar al individuo para crear riqueza y materializar su plan de vida.

Sin perjuicio de la profunda divergencia de principios y objetivos entre estos conceptos, la discordia parece radicar no tanto en la finalidad del proceso, como en su gestión y su financiamiento. En efecto, por un lado existe la opción de mantener una educación universitaria financiada como inversión en conocimiento y desarrollo científico y, por otro, implementar una educación que se financia a través de la inversión de capitales privados, teniendo como meta la producción de conocimiento y la generación de riqueza.

Dentro de un contexto económico neoliberal, este último planteamiento parece lógico. Una educación que además de satisfacer las necesidades de transferencia y producción de conocimiento genera al mismo tiempo un margen de utilidad, es un buen negocio. Sin embargo, esta posición ignora el hecho de que para tener éxito las empresas necesitan una gran dosis de flexibilidad para operar eficientemente, ingrediente que Friedman (1970) considera indispensable para el éxito de la empresa, que se mide contra la generación de utilidades.

Por la razón antes expuesta, antes de aceptar como un hecho inevitable la aplicación de esta ley del mercado a la educación, es necesario reflexionar profundamente sobre la conveniencia o inconveniencia de que el Estado se desentienda económicamente de la gestión educacional, para quedar relegado al rol de fiador moral del proceso educativo.

Así consideradas las circunstancias, sería saludable, si no imperioso, debatir ampliamente en los claustros universitarios los alcances de los cambios propuestos para la nueva universidad, y prever de este modo errores que pudieran significar un retroceso en el desarrollo y la calidad de la educación.

Chile y el conjunto de naciones latinoamericanas, históricamente mantuvieron una clara postura estatista en materia de educación. Un paradigma que, además de asignar al Estado la responsabilidad financiera del proceso, asimismo le requería velar por la calidad y la perspectiva filosófica y curricular de los estudios.

La educación en manos del Estado no es un fenómeno latinoamericano. Tanto en los países de la Unión Europea, como en China, Rusia, Singapur, la India y otros países del mundo, la administración y el financiamiento de la educación es de responsabilidad del Estado. En los Estados Unidos - país capitalista por definición - aproximadamente un sesenta y cinco por ciento de la educación superior es pública y un noventa por ciento de los estudiantes que asisten a la escuela básica y media lo hacen en establecimientos municipalizados.

En Chile diferimos del resto del mundo. Durante los últimos veinticinco años se ha impulsado vigorosamente la privatización de la educación, dando origen a un sistema escolar subvencionado, que es paralelo al público. Asimismo se han creando decenas de universidades privadas, en tanto que el aporte financiero a sus contrapartes estatales ha sido reducido en forma progresiva.

Las ventajas de la educación privatizada esencialmente radican en la economía de recursos - que pueden ser canalizados hacia otras áreas de inversión pública - al transferir el costo de la educación al estudiante. Sin embargo, esta modalidad plantea preguntas de fondo respecto de la calidad de la docencia y el rigor de la investigación.

Las estadísticas sugieren que una educación superior privatizada y masificada incide positivamente en la movilidad social y económica del individuo, en cuanto aumenta su competitividad en el mercado ocupacional. Sin perjuicio de lo señalado, aunque esta ventaja puede representar un mejoramiento para las expectativas de satisfacción de las necesidades materiales del individuo, desde un punto de vista académico esta ventaja no necesariamente implica que el estudiante habrá recibido una educación de calidad, pues, como se ha dicho, de acuerdo con las leyes del mercado, como empresa, el objetivo primario de una universidad privada es generar utilidades para continuar funcionando, quedando la calidad de la docencia y el rigor de la investigación supeditadas a su éxito económico.

A la luz de los hechos, la actual reforma del sistema universitario chileno no se puede comparar con la expansión de la educación financiada por el Estado a partir de la década del sesenta, transformación que se tradujo en un vuelco dramático respecto de la calidad de vida para quienes ingresaban a la universidad por primera vez. La ampliación de los cupos en la educación superior y la presencia de la universidad en las provincias hace cuatro décadas significó un tremendo esfuerzo económico para el Estado, sacrificio que convirtió a miles de estudiantes provenientes de la clase media y obrera en primeros profesionales universitarios de sus familias, materializando el concepto de integración esbozado por Camilo Henríquez en 1812.

A casi doscientos años de su formulación, la proposición del primer periodista chileno mantiene su vigencia: "Los Estados no florecen, sin la educación de la juventud". La pregunta que es necesario responder es si en los próximos veinticinco años la universidad habrá sido capaz de emular su trayectoria histórica, acomodándose con éxito al espíritu y las necesidades del país o tendrá que revisar sus principios y objetivos para cumplir su misión.


Jaime Gómez Douzet
Universidad de Tarapacá
Arica, Chile

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