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Universum (Talca)

versión On-line ISSN 0718-2376

Universum v.23 n.1 Talca  2008

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762008000100008 

 

Revista Universum Nº 23 Vol. 1: 134-162, 2008

ARTÍCULOS

 

MODERNIZACIÓN, REFORMA POLÍTICA Y UNIDAD ESTATAL EN BOLIVIA

 

Antonio Mitre (*)

(*) Profesor Asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Correo electrónico: afmitre@terra.com.br.


RESUMEN

El presente ensayo parte de una paradoja constada en la trayectoria política de los estados latinoamericanos, los cuales, a pesar de su frágil constitución interna, acusan notable continuidad en el tiempo y, salvo raras excepciones, no experimentaron fracturas territoriales, provocadas por conflictos raciales, guerras civiles o internacionales, que hayan derivado en la formación de nuevas soberanías o en la extinción de las existentes desde el siglo XIX. La pregunta que se plantea es si esa tendencia podrá ser modificada actualmente, en virtud de la ascensión de movimientos étnicos y regionalistas que se verifica en algunos países del continente. El análisis se concentra en Bolivia.

Palabras claves: Estado - Modernización - Movimientos étnicos - Bolivia.

ABSTRACT

The starting point of this essay is the acknowledgment of a paradox present in the political course of Latin American states which, in spite of their fragile internal constitution, show extraordinary continuity in time and, with rare exceptions, have not experienced territorial fractures leading to the formation of new sovereignties or to the extinction of the ones existing since the XIX Century. The question raised is whether such trend could be modified due to the rising of ethnic and regionalist movements taking place in some countries. The analysis focuses on the Bolivian case.

Key words: State - Modernization - Ethnic movements- Bolivia.


El presente ensayo parte de la constatación de una paradoja en la trayectoria política de los países latinoamericanos y, a base de ella, discurre sobre un tema presente en la escena contemporánea1. La paradoja se refiere a que los Estados de la región, a pesar de su frágil estructura interna, acusan notable continuidad en el tiempo y, salvo raras excepciones, no experimentaron fracturas territoriales, provocadas por conflictos raciales, guerras civiles o internacionales, que hayan derivado en la formación de nuevas soberanías o en la extinción de las ya existentes. La pregunta que se plantea es si ese curso podrá ser modificado actualmente, en virtud de la ascensión de movimientos étnicos y regionalistas que se verifica en algunos países del continente. El análisis se concentra en Bolivia, donde tales procesos se presentan con particular intensidad y dramatismo, sobre todo desde la crisis del modelo reformista implantado en las últimas décadas2.

Los procesos secesionistas de la post-guerra se han originado, de manera creciente, en conflictos étnicos. En la actual fase de globalización, la violencia asociada a ese tipo de fenómeno pasó a ser "más común que la guerra entre Estados y también más difícil de cesar"3. En América Latina, sin embargo, los movimientos étnicos, aun cuando llegan a cuestionar varios principios del formato constitucional de sus respectivos países, no contestan la unidad del Estado-nación, ni acusan el carácter redencionista de otras experiencias. Desde la rebelión de Tupac Amaru en el siglo XVIII hasta hoy, el combate de indígenas y campesinos ha sido, casi siempre, contra los representantes del gobierno y por la reforma del Estado, muy raras veces por su destrucción.

En la explicación de ese cuadro, habría que tomar en cuenta un fenómeno de antigua cepa colonial, vale decir, la existencia, bajo el manto del Estado, de dos repúblicas: la de indios y la de europeos. Esa dicotomía, que se prolonga en el período independiente, está en la base del llamado "pacto de reciprocidad" - tácito y decididamente asimétrico- que exigió de las poblaciones sometidas el reconocimiento del derecho del Estado a cobrar tributos y prestación de servicios, y de éste, la disposición de asegurar la reproducción de las comunidades, sin intervenir directamente en su organización interna, ni en la constitución de sus autoridades. Bajo la óptica de ese instituto, la autoridad estatal acabó siendo, como en los clamores de Bartolomé de Las Casas, la última ratio protectora de las poblaciones indígenas contra la rapacidad de encomenderos y corregidores, curas y hacendados, colonos y empresas multinacionales.

En las áreas de colonización antigua predominantemente indígenas, el proyecto de establecer un Estado hobbesiano -es decir, una autoridad por encima de cualquier otro poder y capaz de hacer cumplir sus determinaciones en todo el territorio, acarreó un conflicto secular contra dos columnas de la estructura tradicional: las comunidades indígenas y la Iglesia católica, sobre todo. El liberalismo surgió, entonces, imbuido de la tarea -poco liberal- de instituir y fortalecer la autoridad del Estado, frente al considerable peso de las corporaciones; y las reformas que pretendió establecer, con el afán de estructurar una sociedad de individuos y propietarios, nacieron impopulares, provocando una suerte de guerra civil intermitente que se prolonga hasta nuestros días. No es casualidad que las grandes revueltas y movimientos indígenas (1780-81, 1850-70, 1890-1910, 1980-1990), casi siempre deflagrados contra la usurpación de tierras o gravámenes excesivos, coincidan con la implantación de proyectos modernizadores y reformistas de inspiración liberal.

Sin embargo, cuando se comparan las reformas liberales del siglo XIX con las más recientes (neoliberales) se constata una diferencia digna de nota: en cuanto las primeras se proponían transformar la estructura económica y, al mismo tiempo, reforzar, en los planos jurídico y político, derechos basados en concepciones individualistas, las segundas abren, en el interior de sus proyectos de reforma política, un amplio espacio para la legitimación de formas tradicionales de autoridad y de representación colectiva, así como para el ejercicio de practicas de justicia comunal. Por otro lado, el nuevo ideario reformista contempla la descentralización de la estructura estatal, posibilitando la acomodación de viejas demandas por mayor autonomía. Esa agenda, intensificada actualmente, ha incrementado la adhesión de las poblaciones indígenas al Estado, una vez que el mismo pasó a ser visto como el fiador de un pacto ancestral en lo que se refiere a la legitimación de usos y costumbres.

Bajo tales circunstancias, cabe ponderar el impacto de las reformas políticas sobre el delicado orden democrático. En principio, no hay por qué suponer una relación simbiótica entre la ascensión de los movimientos de base indígena y el fortalecimiento del modelo de democracia asociado convencionalmente a la llamada "tercera ola". El reconocimiento de formas tradicionales de representación y la promoción de instituciones y valores consuetudinarios se muestran, con frecuencia, incompatibles con algunos fundamentos de la democracia liberal, asentada en las ideas de propiedad privada, igualdad de género y libertades individuales -ideas que, por lo demás, están en la base de los derechos políticos y sociales que hoy exigen los propios miembros de las comunidades indígenas. Por eso, no está demás tomar con cautela las afirmaciones que sustentan que la diseminación de la democracia actualmente supone el avance de la plataforma liberal tout court. En realidad, existen evidencias suficientes para sugerir lo contrario, es decir, que la democracia de nuestro tiempo se globaliza a medida que se distancia de principios rectores del liberalismo clásico.

Al mismo tiempo, la institucionalidad democrática abrió nuevos espacios para la acción colectiva de grupos indigenistas, algunos de los cuales han enarbolado proyectos de autonomía que supuestamente podrían representar una amenaza a la unidad del Estado nacional. Si bien los discursos de ciertos líderes indígenas han suscitado la idea de que movimientos o partidos étnicos podrían convertirse en "fuerzas separatistas", no es menos cierto que la realidad social pone coto a las palabras y, con frecuencia, las obliga a desandar4. El repliegue ha sido interpretado, a veces, como un comportamiento defensivo, o como fruto de la ignorancia, o mala fe, de quien no percibe que la perspectiva del colonizado se apoya, al mismo tiempo, en un doble código: "uno moderno y secular que fija y clasifica; el otro, sagrado y cíclico, que su conciencia subalterna registra con la finalidad de disociarse de la modernidad"5. Pero puede ser exactamente lo contrario, vale decir, una estrategia racional del colonizado para insertarse plenamente en la modernidad. Al menos eso es lo que se puede inferir de las declaraciones de uno de tales líderes indígenas cuando subraya no tener "nada en contra del mundo moderno, ni de su desarrollo tecnológico" y que sólo pretende mostrar "que ese mundo puede también beneficiarse con los conocimientos locales de las comunidades indígenas"6 -una propuesta que Mariátegui suscribiría prontamente, y que suscita una pregunta recurrente en los ciclos de modernización. Se trata de saber si, en las actuales circunstancias, las instituciones y los valores comunales sobrevivirán apenas como elementos residuales del sistema social emergente, o si, al contrario, conseguirán afirmarse como orientación normativa de los nuevos formatos constitucionales que se proyectan en varios países de la región7.

La cuestión adquiere especial relevancia cuando se considera el cuadro de intensa exposición de las poblaciones indígenas a los embates de la globalización, así como de crisis de las instituciones políticas bajo cuyo control se procesó su incorporación a la sociedad nacional. En efecto, el impacto de la modernización globalizada, al contrario de lo que sucedió en el siglo XIX y la mayor parte del XX, no alcanza tan solamente bolsones del mundo urbano, sino que se desparrama por el conjunto de la sociedad y lo hace, cada vez más, sin la mediación del Estado, todo lo cual aumenta el "efecto-demostración" sobre las poblaciones indígenas y, concomitantemente, la carga de expectativas entre sus miembros. Un desarrollo dramático de ese influjo es la migración extra regional de individuos provenientes, en números expresivos, de comunidades indígenas y campesinas de Bolivia, Ecuador y Guatemala, los cuales, no sólo continúan manteniendo vínculos familiares, económicos y sociales con el país de origen, sino que exigen que el mismo proteja sus derechos en el exterior. La experiencia boliviana de las últimas décadas es una muestra, entre tantas otras igualmente intensas, del impacto que provoca la migración transnacional tanto en la estructura de las comunidades tradicionales y en sus estrategias de reproducción y supervivencia, como en la base social de los propios Estados, cuyo perfil se ha modificando a tal punto que, antes de comenzar a examinarlo, vale la pena preguntarse dónde está hoy el país.

Según el Servicio Nacional de Migración, el número de bolivianos residentes en el exterior era, en 2004, 1.366.821, o sea 14,18% de la población total, y la cantidad de dinero que ingresó a Bolivia ese año en calidad de remesas familiares alcanzó un valor equivalente a 38% de las exportaciones8. Pues bien, si se toma en cuenta que más de la mitad de los bolivianos tiene algún pariente en el exterior, puede colegirse el impacto generalizado de esa dinámica en la estructura socioeconómica, una vez que 55% de los envíos "se destina a inversiones que van desde la educación hasta la compra de propiedades, pasando por ahorros y activación de negocios"9. No debe sorprender, por tanto, que la migración transnacional se haya constituido, hoy más que nunca, en uno de los procesos de mayor impacto en la estratificación social del país.

El primer distanciamiento, provocado por dicho fenómeno es el que se verifica, dentro de las propias comunidades locales, entre las familias pobres que no cuentan con una plataforma de apoyo en el exterior, y aquellas del mismo origen que, a través de la migración de uno o más de sus miembros, han establecido un sustentáculo fuera del país. Otro factor de diferenciación asociado a los desplazamientos transnacionales deriva de la categoría de la región donde el emigrante se establece. La línea divisoria en ese caso distingue los residentes en el Primer Mundo -principalmente, Estados Unidos y Europa- de aquellos que, por varios motivos, no trascendieron el ámbito regional-Argentina y Brasil, sobre todo. Las remesas familiares de los primeros, por lo general más prósperos económicamente, tienden a ser de valor superior a los envíos que realizan los residentes en países del Tercer Mundo, aunque en ambos casos la voluntad de ahorrar y el sacrificio implícito son igualmente portentosos. Esa circunstancia se traduce, a su vez, en una diferencia de rango entre las familias de una misma comunidad con algún pariente en el exterior, plasmada en el patrón de consumo: mayor y más ostentoso entre los hijos, padres o parientes que reciben estipendios de Arlington, Barcelona o Bérgamo, y menos conspicuo entre los que esperan el giro mensual de Buenos Aires o San Paulo. Las distancias se miden también por el porte y el material de las viviendas levantadas en los pueblos de origen con los euros o dólares remitidos por el emigrante, con instrucciones precisas a sus parientes o allegados: una casa de hormigón armado y ladrillos, de dos pisos, igualita a la de la foto o postal enviada desde algún punto recién incorporado a la cartografía del recordatorio nacional10. Finalmente, las desigualdades se reproducen también en el interior de las familias reforzando vínculos de dependencia económica entre los miembros que se quedaron y los "héroes" que alcanzaron el otro lado de la montaña y allí triunfaron. La situación suele ser ventajosa para ambos términos de la ecuación familiar, a pesar de los costos afectivos y sociales, siempre muy altos11.

Los correlatos culturales, ideológicos y políticos de ese proceso son poco conocidos, aunque evidentemente la mediación estatal ya es una exigencia insoslayable de la dinámica transnacional, y una demanda creciente de las comunidades residentes en el extranjero y de sus familiares que se quedaron en la otra punta del enredo12. Faltaría saber hasta qué punto los contactos cada vez más intensos con el mercado y el mundo exterior vienen afectado el valor que las poblaciones indígenas atribuyen a los bienes colectivos13, pues el hecho de que ciertas instituciones, como el trabajo comunal o recíproco, hayan persistido en los Andes, "a pesar de su constante exposición a la mercantilización, monetización y proletarización", no significa que siempre conseguirán hacerlo14.

La tarea, una vez más, implica la forma de entender las relaciones entre tradición y modernidad. Para los propósitos de este ensayo, resulta más fértil pensar que ambos conceptos, umbilicalmente unidos, se refieren a un mismo proceso, y sólo tienen valor analítico cuando se los encuadra en un determinado sistema de dominación. Esto es particularmente importante para que no se caiga en el error de suponer que, siempre que algo cambia en las sociedades indígenas, es la modernidad que va venciendo a la tradición. En efecto, según el color del cristal con que se mire, siempre será posible concluir que las poblaciones indígenas se disparan hacia la occidentalización, o, al contrario, que los países donde aquellas descuellan se están indigenizando a pasos pantagruélicos. En realidad, no hay por qué imaginar que estamos delante de un ultimátum dado por la modernidad al modo de vida de las comunidades indígenas, sobre todo tomando en cuenta el extraordinario poder de adaptación, así como la capacidad demostrada por las culturas originarias del mundo andino y mesoamericano para difundir, a lo largo de la era moderna, sus propias instituciones, valores y costumbres -hecho que, sin duda, revela la importancia de esas matrices civilizadoras en la producción y sustentación de las respectivas sociedades y economías metropolitanas, nacionales y regionales. Si bien no cabe aquí hacer pronósticos, tarea de altísimo riesgo hasta para el más avezado Nostradamus, el análisis del caso boliviano puede ayudarnos a circunscribir, con alguna base sociológica, el impacto de la modernización globalizada en las poblaciones indígenas para, luego, evaluar los correlatos políticos de ese proceso. Con tal propósito, el foco se desplaza hacia el lugar donde mejor se observa el consorcio de remotos signos y modernas caligrafías: la ciudad de El Alto.

Tradición y Modernidad en el Altiplano

A 3.800 metros de altura, el aeropuerto de El Alto es uno de los más importantes puntos de acceso a Bolivia. A poca distancia se sitúa la ciudad del mismo nombre, puerta de entrada o salida de la capital -La Paz- y encrucijada de carreteras y ferrovías que hacen parte de rutas internacionales de intenso tráfico (Arica, Matarani) y conectan los principales centros urbanos del interior. El Alto o Altupata Marka15 es también el espacio donde se manifiesta, con mayor amplitud e intensidad, el impacto de la modernización sobre una plataforma social y cultural de raíces milenarias que se reorganiza y adapta al gusto de los modelos de desarrollo implantados periódicamente.

Constituido desde el período colonial en centro distribuidor de buena parte del comercio de la región, El Alto alcanzó importancia estratégica en las crisis políticas de antaño (Tupac Katari), como en las más recientes (Guerra del Gas). Pequeña villa-dormitorio de los aymaras que abastecían la capital con mano de obra, productos y servicios de toda índole, El Alto se fue convirtiendo en morada permanente de miles de indígenas comunitarios que, desplazados de sus ocupaciones por los sucesivos colapsos de la agricultura y de la industria minera, o por la elevación de los alquileres cobrados en los conventillos de la ciudad de abajo (La Paz), comenzaron a fluir en esa dirección, sobre todo a partir de los años sesenta del pasado siglo. En pocas décadas, la población alteña pasó de 40.000 a más de 870.000 habitantes, convirtiéndose en la tercera mayor ciudad del país16. Bajo esas tasas de crecimiento, muy superiores a las de la población boliviana, subyacen fuerzas centrífugas, originadas particularmente en las crisis agrarias de la región del Lago Titicaca, y centrípetas, fruto de las redes organizadas históricamente entre los pobladores de El Alto y las comunidades rurales próximas, todo lo cual ha hecho con que hoy tres de cada cuatro habitantes de ese centro urbano se declaren aymaras17.

Fue en 1976 que un informe del Banco Mundial sugirió la creación, en El Alto, de un polo industrial, dando partida a la especulación inmobiliaria, encabezada, muchas veces, por dirigentes o autoridades indígenas. Aun así, los precios de los terrenos continuaron siendo relativamente accesibles para el bolsillo del inmigrante pobre. Por esa época mercaderes y especuladores de tierras "llegaban a vender lotes por el precio de Bs. 10 semanales"18. El cierre de las minas del estado y las sequías en el Altiplano en las décadas de 1980 y 1990 intensificaron los flujos de personas y de pequeños recursos, provenientes de indemnizaciones, hacia el Alto - fenómeno que contribuyó al crecimiento de la construcción de viviendas. En los primeros años del nuevo milenio fueron contabilizadas, en esa ciudad, 165.320 casas, de las cuales 85% con energía eléctrica y 35% con agua potable19. Pese a las precarias condiciones de infraestructura y al ritmo caótico de su expansión, la ocupación de El Alto, contrariamente al patrón de asentamientos por invasión de tierras que se verifica en las periferias de varias metrópolis, se basó en la adquisición de títulos de propiedad20. Hasta hoy, esa característica lo distingue respecto a otros procesos de urbanización acelerada:

En El Alto frígido no ocurren invasiones masivas y organizadas, ni brotan barrios de tugurios hechos con cuatro latas, trapos y otros materiales improvisados, como en otras ciudades del Tercer Mundo. Lo que si hay son calles y calles, unas casi vacías, pero llenas de huecos, polvo o barro, montones de piedras o zanjas por lentas obras públicas o barriales; otras, congestionadas de tráfico, por la mezcla caótica de microbuses -los taxis alteños son pocos y demasiado caros para la gente común- y puestos y más puestos callejeros de comercio hormiga. En barrios más céntricos y antiguos ya se pueden ver casas más sofisticadas, con estructuras de cemento, paredes de ladrillo y techo de calamina, varios edificios de hasta tres y cuatro pisos bien acabados, y hasta alguno emblemático todavía más alto y refinado21.

En el transcurso de las sucesivas olas migratorias, la ciudad de arriba fue indigenizando a la ciudad de abajo, al mismo tiempo que incorporaba a su repertorio social, cultural y económico el ethos moderno de la capital. Nada muestra mejor la primera dinámica que la emergencia y gradual expansión de la fiesta del "Gran Poder", una celebración que, combatida por la Iglesia y las elites, permaneció por mucho tiempo cautiva en los límites de la periferia, hasta que se desparramó por los barrios de clase media, alcanzando el centro de la ciudad. Ya era el festival popular más importante de La Paz cuando, finalmente, el discurso oficial, con un pase de magia, acabó por transfigurarlo en una contundente "respuesta a la globalización"22.

A medida que los cambios socioeconómicos -promovidos, primero, por la revolución de 1952 y, después, por las reformas neoliberales en las décadas de 1980 y 1990- creaban los espacios institucionales para la expresión y valorización de la cultura indígenas, el idioma aymara fue difundiéndose en la capital, a través de la escuela pública, la radio y, más tarde, la televisión. Hoy existen, en La Paz, seis estaciones de radio que sólo transmiten en lengua indígena, contra cuatro que sólo lo hacen en español, y diez en ambos idiomas. El fenómeno es el corolario de una travesía iniciada hace medio siglo por intelectuales, políticos y líderes indígenas que comenzaron a promover el reconocimiento y la valoración de la diversidad étnica. La iniciativa resultó, entre otras cosas, en la creación de Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), una red que "transmitía en quechua y aymara, subrayando la necesidad de comunicar en los idiomas originarios"23. Al mismo tiempo, la difusión del español aumentó de igual manera, siguiendo una tendencia nacional que terminó por colocarlo, por primera vez en la historia boliviana, en la posición de lengua mayoritaria al concluir el siglo XX -vale decir, cuando se cumplía nada menos que el quinto centenario del descubrimiento de América (cuadro 1).


Cuadro 1

Distribución de la población por lengua hablada

Fuente: INE, Cuadro 2.01.14.

El influjo aymará sobre la capital ha sido notable y se manifiesta en fenómenos tales como la conversión de La Paz en un gran mercado campesino que, serpenteando ladera arriba, llega prácticamente a fundirse con las ferias de El Alto. Hoy existen en la capital cerca de 87 mercados y, según censo de la prefectura, 40.370 comerciantes, 80% de los cuales mujeres, trabajan en la vía pública, ocupando un espacio promedio de 1,55 metros cuadrados24. La marca de las instituciones y valores indígenas aflora en la organización espacial del comercio, con su particular cultura del regateo, en las redes tendidas, al modo de los antiguos mitmaqs, entre las comunidades de origen y los nuevos frentes de actividad -una "estrategia de supervivencia y acumulación de riqueza que ha incrementado la flexibilidad económica de la población como un todo"25. Y, al contrario de lo que sucedía anteriormente, cuando el inmigrante indígena cambiaba de papeles para actuar como albañil, obrero o comerciante en el mundo urbano, ahora "desempeña pequeñas actividades comerciales y artesanales de la forma que lo hacía en su lugar de origen" -una situación ya observada perspicazmente por Norman Gall en la década de 1980, época en que 40% de la población de la ciudad de La Paz y 62% de su fuerza de trabajo ya se hallaban constituidas por inmigrantes de las comunidades vecinas.

En el Alto, como era de esperarse, los rasgos resultantes de la traducción contemporánea de patrones ancestrales son todavía mucho más intensos y numerosos que en la capital. Los residentes y sus familias no sólo siguen manteniendo lazos de toda clase con sus comunidades de origen, sino que dependen para conseguir alojamiento y trabajo en el nuevo escenario de las "redes de reciprocidad rural-urbanas que se constituyen en la interacción con parientes y paisanos"26. Y con la llegada de cada nuevo flujo de inmigrantes, se renuevan formas y vínculos tradicionales, ora en los rituales festivos o funerarios, ora en la estructura de los hogares, o de los comités de barrio que culminan en la poderosa "Federación de Juntas Vecinales" (FEJUVE), la cual, fundada en 1979, revela, "en sus distintos niveles, la organización comunal existente en el campo"27. Las relaciones extendidas de parentesco y paisanaje transplantadas al medio urbano promueven la congregación de parientes en un mismo barrio o barrios próximos -una circunstancia que incide directamente en las formas de resistencia y de protesta política28. Y, sin embargo, allí también, sobrepuesto a las estructuras y redes forjadas en la cadencia del tiempo agrario, salta a la vista el pulso eléctrico de los circuitos financieros internacionalizados y de sus gestores, como Bancosol, por ejemplo, cuyas agencias, bajo orientación del Banco Mundial, dirigen sus actividades específicamente hacia ese tipo de público, al igual que en otras regiones de América Latina29. Así, junto con los signos que parecen fluir del más remoto pasado, emergen otros que, de tan flamantes, aproximan los sonidos y las imágenes de El Alto al mismo ruido universal de lo absolutamente contemporáneo.

Una investigación realizada recientemente entre jóvenes alteños muestra hasta qué punto los códigos exteriores de la modernidad están presentes en su cotidiano. Hace algún tiempo que, entre los hijos de antiguos inmigrantes, las ojotas (sandalias rústicas) fueron cediendo su lugar a los "zapatos blancos de orquesta tropical y playera". Radios que transmiten en lengua aymara (Fides, Metropolitana, Panamericana) también difunden música tecno (Sandy Papo, Fulanito) y tropical (La Bamba, Veneno) para el público adolescente, mientras una cantidad cada vez mayor de internautas frecuenta el computador en los numerosos cibercafés de barrio, donde se advierte que las expresiones en inglés van siendo incorporadas tranquilamente a la jerga cotidiana, y en el repertorio de juegos y fantasías, "el trompo ha sido reemplazado por el Nintendo, y la Guerra del Chaco por la Guerra de las Galaxias"30. El mismo fenómeno que, gracias a la piratería, se observa en otras latitudes, y que igualmente suscita, "sin duda, conflictos entre las seducciones del mercado y el bajo poder adquisitivo"31 de esas poblaciones. Estudiantes de colegios públicos pasan horas delante de la televisión, asistiendo video-clips de artistas latinos, como Ricky Martin, Eros Ramazoti, Enrique Iglesias, Fey o Shakira; son los mismos que luego se exhibirán en las calles adoptando, sin rubor, los pantalones de cadera, las chaquetas de cuero, los peinados y el gesto indolente y provocativo de sus ídolos32. Y, en un fin de semana cualquiera, basta aproximarse a la puerta de una discoteca para reconocer en las tribus y pandillas congregadas en la oscuridad de La Ceja33, la misma historia de ritmo y violencia de otras noches en el West Side nuevayorquino, o en el baile funk de una favela de Rio. A propósito, el promedio de homicidios en la urbe boliviana se acerca a paso acelerado al de la Ciudad Maravillosa -y aún así, se trata de dos trayectorias que, siendo perfectamente paralelas, nunca habrán de encontrarse.

Las tasas de violencia con relación a edad y género reflejan la exacerbación de un patrón nacional en El Alto, donde la mitad de la población tiene menos de 20 años. Si, por un lado, los hombres son los perpetradores de 90% de los casos de abuso doméstico o intrafamiliar, por otro, son justamente los jóvenes del sexo masculino que más mueren victimados por la violencia callejera. Y tanto prosperan allí los hechos de sangre como el consumo de drogas y la prostitución de menores que El Alto se posicionó también en las alturas en cuanto a índices de criminalidad -entre los mayores del país (cuadro 2).


Cuadro 2

Delitos con elevada incidencia en la ciudad de El Alto, 2001-2005

Fuente: Mollericona; Tinini; Paredes, 2007:29.

La urbanización acelerada y desordenada deja entrever, dentro y fuera de los hogares, las marcas de viejos estigmas y de traumas recientes. Ha sido precisamente en El Alto donde, en los últimos cinco años, ocurrieron más linchamientos perpetrados por vecinos, en una curiosa aplicación de la llamada "justicia comunitaria" -un fenómeno que denota tanto la falta de Estado en el moderno caos urbano, como la existencia de practicas bárbaras en el seno de ancestrales "usos y costumbres"34. Con 70% de los habitantes viviendo debajo del umbral de la pobreza, los hechos que provocan el juzgamiento expedito, la penalización, con frecuencia desproporcionada y, a veces, hasta el ajusticiamiento del infractor a manos del vecindario, son delitos de poca monta, como hurtos de electrodomésticos, bicicletas, picotas, palas o animales (cuadro 3).


Cuadro 3

Motivos de linchamientos (o intentos) en El Alto, 2005-2006


Tipo de delitos Número de delitos

Hurtos (robo sin violencia) 130
Robo, con violencia 5
Intento de robo 7
Intento de asesinato 1
Se desconoce 1

Total 270

Fuente: Mollericona; Tinini; Paredes, 2007:40.

En la ciudad de El Alto, como en otros municipios, la escuela pública ha ido socavando los fundamentos de la autoridad tradicional y revelando la visión de un mundo que las propias transformaciones socioeconómicas van dejando a descubierto. Socializados desde la infancia por la Internet, el celular y las telenovelas -brasileñas y mexicanas, sobre todo- los jóvenes de hoy viven una realidad muy distinta a la que experimentaron sus padres y abuelos hace tan sólo unas décadas. El itinerario de intenso mestizaje cultural, que incluye con frecuencia la exposición a valores antípodas de los de la matriz heredada, ha profundizado el foso generacional, así como la convivencia, no siempre armoniosa, de valores tradicionales y orientaciones modernas en el seno de las propias familias. Si bien es notoria, en los ámbitos público y doméstico, la diseminación de principios igualitarios y competitivos, no lo es menos la reproducción de comportamientos que afianzan prejuicios y la división de papeles entre los sexos. Así mientras las madres recuerdan a sus hijas las obligaciones habituales que deben cumplir, el varón, liberado de las tareas domésticas, es incentivado por los propios padres a "pasarla bien, ser agresivo, vivo, fuerte, impositivo, macho"35. De igual manera, en tanto que el promedio de analfabetismo de la población mayor a 15 años en El Alto es de 8%, entre las mujeres llega a 13,1% -una desigualdad que, además de reiterar un patrón multisecular de las sociedades predominantemente indígenas, ciertamente incide en las tasas de participación en cargos públicos, puesto que las organizaciones, incluso las juntas vecinales, continúan siendo, y lo serán cada vez más, "instancias letradas"36.

En suma, la exposición a nuevas formas de consumo y la competitividad que el ambiente urbano suscita, sin hablar del dilatado impacto de la migración transnacional, han producido consecuencias notables, sobre todo en la organización familiar de los alteños, exacerbando las contradicciones de clase, de género, y entre generaciones. En El Alto, como en la mayor parte del país, la modernización y la creciente relevancia del mercado han estimulado orientaciones individualistas, y la movilidad social, asociada a ese proceso, modificó el patrón de la estratificación y de las jerarquías sociales, de modo que hoy:

Ya no coinciden el color de la piel o el origen familiar con el tamaño de la billetera, y lo que hasta hace unas décadas eran casos excepcionales, ahora se han hecho comunes y cotidianos: hay miles de pequeños Patiños abriéndose paso en miles de pequeños 'Clubes Sociales' de oligarquías cuyo principal recurso es el pasado, y su mayor poder el oportunismo37.

El nuevo horizonte de la modernización, al mismo tiempo que posibilita la afirmación de preferencias individuales, sobre todo entre los jóvenes, profundiza la línea divisoria demarcada por antiguas relaciones de dominación social, existentes en los ámbitos comunal y nacional; y del mismo modo que se promueven instituciones y valores vernáculos, se desarticula el tejido social en que se sustentaban. Como apunta Archondo, "los anhelos por blanquearse culturalmente coexisten con similares deseos de autoafirmación y búsqueda de lo auténtico"38. Pero, entonces, cabe preguntar: ¿dónde habita lo autentico en esa realidad híbrida y en movimiento, dentro de la cual las personas pasan a definirse, cada día más, "por lo que dejaron de ser"39, mientras la propia idea de nación se agrieta?

Nación, raza y mestizaje

Al contrario de lo que sucedió en México y Brasil, donde el discurso oficial legitimó el carácter fundamentalmente mestizo de sus pueblos, en Bolivia el hibridismo fue disociado, desde el siglo XIX, de la identidad colectiva del país. Tampoco la doctrina declaradamente antioligárquica del Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido que asumió el poder con la Revolución de 1952, consiguió modificar esa situación, a pesar de sus esfuerzos para sustituir la imagen del indio por la del campesino. En efecto, el mestizo, o mejor, su prototipo -el cholo- continuó cargando los estigmas que le endosaron desde la época colonial, sin que hasta hoy se perciba cualquier esfuerzo tendiente a incorporarlo a la idea de Nación40.

Sea cual fuere la connotación que se le atribuya al concepto de mestizaje, parece innegable que, subyacente al conflicto entre "karas" (blancos) y "t'aras" (indios), existe una mentalidad común que se expresa en la tendencia a conferir al hibridismo la marca de la ilegitimidad. Desde los anatemas que Huaman Poma de Ayala lanzara contra la bastardía del "mundo al revés" de su tiempo, pasando por el darwinismo social Ochocentista, y hasta el presente, ese prejuicio y sus secuelas se hallan muy arraigados en la sociedad boliviana. Fue paradójicamente un escritor, tildado de "racista", Alcides Arguedas, quien, con mayor precisión, alertó a sus compatriotas sobre la amenaza que la persistencia del foso racial representaría para la construcción de la nación y el alcance de un mínimo de consenso político:

El patrón:   El indio:
El día en que al indio le pongamos maestros de escuela y mentores, ya pueden tus herederos estar eligiendo otra nacionalidad y hacerse chinos o suecos, porque entonces la vida no les será posible en estas alturas. El indio nos ahoga con su mayoría. De dos millones y medio de habitantes que cuenta Bolivia, dos millones por lo menos son indios, y ¡ay! Del día que esos dos millones sepan leer, hojear códigos y redactar periódicos! Ese día invocarán esos tus principios de justicia e igualdad, y en su nombre acabarán con la propiedad rústica y serán los amos..41.   Alguna vez en mis soledades, he pensado que, siendo como somos, los más, y estando metidos de esclavos en su vida, bien podríamos ponernos de acuerdo y prender fuego a sus casas en las ciudades, en los pueblos y en las haciendas, caerles en su aturdimiento y exterminarlos: pero luego he visto que siempre quedarían soldados, armas y jueces para perseguirnos con rigor, implacablemente, porque alegarían que se defienden y que es lucha de razas que justifica sus medidas de sangre y de odio. También he pensado que sería bueno aprender a leer, pero algún veneno horrible han de tener las letras porque cuantos las conocen de nuestra casta se tornan otros y llegan a servirse de su saber para explotarnos también...42

Con extrema lucidez, el historiador boliviano revela como, en una sociedad "biológicamente democrática", vale decir mestiza, la raza se constituye en uno de los fundamentos del poder social y político. Si bien la "raza blanca ya no existe como tal", el mito sobrevive, y continúa siendo la base de la ascendencia social que ostentan los patrones sobre los indios y mestizos. Sin embargo, los patrones de hoy son los mestizos de ayer que consiguieron penetrar en el "círculo arbitrario y convencional" creado por un pequeño grupo que se considera "superior en sangre, no porque la calidad de ésta sea distinta a la otra injertada, sino por la nominación"43. De todas maneras, para entrar en ese círculo de "gente decente", ser cholo no representa una barrera insalvable, ¡cómo podría, ya que todos lo son! No obstante, cuando el mestizo consigue franquearla, una vez dentro, estigmatiza su origen y llama despectivamente "cholos" a los de abajo. El sistema es perfecto y autorregulado; especialmente si se tiene en cuenta que el único que queda fuera de juego es el indio "que jamás pasa por semejante metamorfosis". ¿Imaginar un indio ministro, diputado o presidente? ¡Imposible! Antes "habría de verse invertir todas las leyes de la mecánica celeste"44. Y ellas fueron invertidas cuando, en las elecciones de 2005, un "indio" llegó a la presidencia... y, junto con el fardo de la política, tuvo que cargar el estigma de ser cholo, pese a que él mismo, previsiblemente, prefirió considerarse indio. Así, actualmente "el término indio ha asumido un estatuto positivo y progresista", pero con relación al cholo nada fue alterado y "mestizaje y cholaje, a diferencia de la identidad indígena, no vehiculizan ingredientes positivos en el imaginario social"45.

Para los grupos dominantes de la época del escritor y de la nuestra, que crecieron viendo el indio "desde el regazo materno, miserable, humilde, solapado, pequeño, y creían que era ése su estado natural", pensar que algún día esta situación pudiese cambiar les parecía una idea "absurda, inexplicable"46. Hoy lo inexplicable sucedió y la realidad social se volteó, pero no la pieza que alimenta el prejuicio:

Que los individuos de mayor éxito económico y de mayor poder, y por tanto los de mejores posibilidades para asumir su origen con orgullo y rechazar las agresiones étnicas, no sean capaces de asumir su condición mestiza, revela la grande magnitud y la profundidad de nuestro problema de identidad nacional47.

El proyecto de forjar la unidad de la Nación por encima de la categoría "raza" aún no se hizo historia, y aquella noción, preñada de reminiscencias lebonianas, continúa rondando las mentes de dominados y dominadores. Actualmente, el rico emergente, ampliamente barbarizado y alelado por los ruidos de una modernización destemplada, continúa irritándose con la presencia del indio, que es, socialmente, su pasado inmediato. Con frecuencia, la misma gente que critica la ignorancia de los indios acto seguido, enarbola, como argumento y demostración de sus ideas políticas sobre las catástrofes que le aguardan al país, el vaticino proferido por una vidente indígena en estado de trance ante un grupo de turistas, y que después de escarnecer trazos de la cultura andina, se levanta, cautiva del mismo aliento telúrico y animista, para coar48 y darle de beber a la pachamama.

Mientras tanto, las reformas políticas, introducidas en la década de 1990 para dar secuencia al proyecto de abrir el país a la economía de mercado, han propiciado espacios institucionales para el acceso de amplios sectores indígenas y campesinos a la política activa, dando origen a una profunda transformación de las relaciones de poder y de la propia estructura estatal. En ese contexto, el conflicto racial quedó a flor de piel y la cuestión étnica se convirtió en un recurso estratégico para distintos actores sociales. Es ese proceso que pasaremos a analizar.

Reforma del Estado: descentralización y municipalización

El proyecto de reforma política tuvo, en su origen, la preocupación de modificar la estructura centralizada del Estado boliviano, la cual, con poca o ninguna inserción en el ámbito rural, carecía de los niveles intermediarios y de los recursos burocrático administrativos que le permitieran un accionar verdaderamente nacional. No se trataba de la descentralización de un Estado ya maduro que, en la búsqueda de mayor eficiencia, confiere autonomía y capacidad decisoria a las instancias subnacionales, sino del establecimiento de una esfera nacional casi inexistente en su configuración. Tanto es así que una investigación auspiciada por el Ministerio de Desarrollo Humano, en la década de 1990, reveló que la matriz institucional del Estado boliviano no conseguía abarcar siquiera el radio de cobertura espacial alcanzado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSTUCB) (cuadro 4). El vacío estatal se hacía sentir, sobre todo, en el ámbito rural que, entonces, representaba 42% de la población boliviana, una parte considerable diseminada en pequeños núcleos de no más de dos mil habitantes.


Cuadro 4

Matriz de organización estatal y del campesinado en Bolivia, 1994


Jurisdicción / Nivel Estado Nacional Gobierno local Confederación Campesina

Nacional Presidente / Ministerios   CSUTCB
Departamento Prefecturas / Corporaciones   Federación Departamental
Provincia Subprefectura   Federación Provincial
Sección Provincia   Municipalidad Central Campesina
Cantón Corregidor   Sub-central campesina
Comunidad   Sub-alcalde Sindicato campesino de base

Fuente: Galindo, 1998:234.

Con base en esa constatación, la reforma buscaba erguir una plataforma local para el ingreso del Estado, de manera que la "descentralización", al tiempo de impulsar la participación e inclusión ciudadana de las poblaciones campesinas e indígenas, estimulase la emergencia de un orden genuinamente nacional y el control institucional de su dinámica. Bajo ese prisma, la reforma, aunque presentada como el reverso del proceso desatado por la revolución de 1952, era, en realidad, la garantía de su continuidad y, en el nuevo horizonte de la modernización, su necesario complemento. Por eso, no resulta paradójico el hecho de que ambas transformaciones hayan sido comandadas por el mismo partido, el MNR.

En 1994, durante el primero gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), sustentado políticamente por la alianza MNR-MRTKL, fue promulgada la Ley de Participación Popular (LPP). Ella llegó para atender algunas demandas que estaban siendo formuladas, hacía algún tiempo, por movimientos, organizaciones sindicales y partidos indígenas constituidos al margen del control corporativo del ancien régime49. Por su parte, organizaciones internacionales de variada índole que impulsaban la defensa de las poblaciones indígenas y la promoción de derechos étnicos convergieron en el proyecto, aunque sin comulgar necesariamente con sus designios políticos50. Para los idealizadores de la propuesta gubernamental, en cambio, se trataba de montar "una estrategia para institucionalizar y hacer viable el Estado Nacional a nivel local"51.

El municipio fue considerado, entonces, el espacio adecuado para promover la incorporación e imbricación de las comunidades tradicionales y de las organizaciones de la sociedad civil a las instituciones del Estado. Con tal finalidad, quedó establecido que 20% de los ingresos nacionales serian transferidos a la esfera municipal, y distribuidos proporcionalmente con base en el número de habitantes de cada jurisdicción52. Al mismo tiempo, se reconoció, "como dominio exclusivo del municipio, el impuesto a la propiedad rural, a los inmuebles urbanos, a los vehículos motorizados, aeronaves, y demás tributos y patentes aprobados en el marco de la Constitución Política del Estado"53.

Desde que se iniciaron las discusiones sobre cuál sería el papel de las comunidades indígenas en el nuevo diseño institucional, despuntó el dilema de cómo abrir canales para la participación directa de esas poblaciones, sin mengua de los fundamentos de la democracia representativa y, particularmente, del papel rector del Estado. La tensión, presente en muchos países, entre "una concepción de lo municipal como ámbito extra estatal y como instancia local del Estado"54, se presentaba, en Bolivia, con mayor intensidad debido a la multisecular suspicacia de las comunidades indígenas con relación a cualquier iniciativa del poder público que interfiriese en su autonomía. Ese era uno de los desafíos a ser enfrentado. La fórmula fue incluir las comunidades originarias, junto con las organizaciones campesinas y las juntas vecinales urbanas55 (comités de barrio) en la categoría genérica de Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), introduciendo, así, "un criterio territorial, en vez de funcional" en la trama de la representación y de la cogestión56.

Si bien la ley reconoció que, en la composición de las OTBs y de los Comités de Vigilancia (CVs), las organizaciones sociales y las comunidades originarias podían elegir o designar sus delegados según usos y costumbres, ese criterio dejaría de regir con relación a los cargos de representación política en los niveles nacional, departamental y municipal, cuyo acceso continuó siendo exclusivamente por vía partidaria. Así, las OTBs, concebidas como una instancia de representación de la sociedad civil, distinta del consejo municipal, tendrían la facultad de sugerir políticas públicas y de presentar planos de desarrollo local, pero carecerían de poder decisorio. De igual modo, los Comités de Vigilancia, encargados de fiscalizar los gastos municipales y el desempeño de los concejales y alcaldes, fueron privados de atribuciones legislativas o administrativas. No obstante la "Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas", promulgada en 2004, haya reconocido el derecho de tales organizaciones y grupos a participar y postular candidatos sin la mediación de los partidos, la arquitectura de las reglas del código electoral y la falta de recursos técnicos y financieros, dificultó al máximo la concretización de dicha posibilidad y, más bien, indujo a que tales grupos ingresasen en los derroteros del sistema partidario para canalizar sus demandas. Una ilustración del virtual monopolio de la representación política por parte de los partidos se observa en la composición de la Asamblea Constituyente electa en 2006, según las nuevas reglas (cuadro 5).


Cuadro 5

Composición de la Asamblea Constituyente según Partidos, Organizaciones y Movimientos Sociales


Partidos Número de Representantes

Movimiento al Socialismo (MAS) 1370
PODEMOS 60
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 18
Unidad Nacional (UN) 08
Movimiento Bolivia Libre (MBL) 08
Concertación Nacional (CN) 05
Autonomías para Bolivia (APB) 03
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 02
Total partidos 2410
   
Organizaciones y Movimientos  
   
AYRA 02
Movimiento Originario Popular (MOP) 03
Alianza Social Patriótica (ASP) 03
Alianza Social (LAS) 06

Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria

01
Alianza Andrés Ibáñez (AAI) 01
Total Organizaciones y Movimientos 16
Total Asamblea 2570

Fuente: Elaborado con base en Mokrani; Gutiérrez, 2006.

Entre los cambios resultantes de la LPP, cabe mencionar, primero, la reorganización territorial promovida por el carácter municipalista del proyecto de descentralización y por los criterios de transferencia de recursos que estimularon la aglutinación de las pequeñas comunidades -sea para la constitución de nuevas entidades edilicias, sea para adherir a las ya existentes. Fruto de esa dinámica fue la explosión en el número municipios que, de 24, en la época del centralismo, pasó para "la torre de Babel de 315" en el nuevo milenio. Como era de esperarse, a medida que la esfera municipal comenzó a absorber una parte considerable de la inversión pública, saltando de 3% a 40%, el municipio se fue convirtiendo en una de las principales arenas del conflicto distributivo57, particularmente en el área rural, donde devino "el nuevo eje ordenador de la vida de las comunidades"58. Por otro lado, la implantación de las reformas en el ámbito local suscitó la articulación del espacio municipal con los niveles nacional e internacional, estimulando a que equipos técnicos, instituciones y comunidades locales buscasen fuentes adicionales de recursos para alcanzar los objetivos de sus respectivos proyectos59. Si bien inicialmente hubo pérdida para los grandes municipios, como La Paz, el crecimiento de la recaudación, vía impuestos internos, compensó con ventaja ese desequilibrio60.

La Organización Territorial de Base fue recibida con recelo por parte de los líderes indígenas y campesinos, a tal punto que la CSTUCB y la Federación de Ayllus y Comunidades Originarias de la Provincia Ingavi (FACOPI) llegaron a difundir, entre sus bases, la consigna de no registrarse bajo esa modalidad. Pero una vez que se les aclaró que, con la medida, no se pretendía crear nuevas organizaciones, sino catastrar las ya existentes, la propuesta fue aceptada "masivamente"61. Que la adhesión de la sociedad al nuevo diseño institucional fue intensa se constata por las 10.000 OTB's rurales y casi 6.000 urbanas que se registraron hasta agosto de 199762. Dos años después, cerca de 1.100 Juntas Vecinales se habían inscrito en las cuatro mayores ciudades del país63. A su vez, la variedad de tareas involucradas en la implementación de la LPP exigió la ampliación de las instituciones del poder público y el desarrollo de un extenso cronograma que contempló, entre otras cosas, la formación y el entrenamiento, en los niveles departamental y municipal, de más de 5.500 funcionarios, 300 alcaldes, 400 concejales municipales, y 10.000 ciudadanos de OTB's y Comités de Vigilancia-constituyéndose en "uno de los procesos de capacitación más amplios y masivos que se haya visto en la historia institucional" de Bolivia64. Aunque es cierto que la LPP no fue el único factor responsable por la ampliación y modernización de la estructura burocrática, ella, sin duda, contribuyó para que la reforma del Estado se aproximase a una configuración nacional, tanto social cuanto espacialmente. Los efectos inducidos por la implementación de la LPP fueron de amplio espectro. Pasemos a considerar, ahora, los correlatos políticos de esa trama, enfocando las relaciones establecidas por los sectores campesinos e indígenas con la esfera estatal.

Tal vez el impacto mayor del proceso de municipalización haya sido la inserción de los campesinos e indígenas en la trama institucional que implica la condición ciudadana, ya no más como electores solamente, sino también como elegibles65. Fue a partir de la plataforma municipal que muchos líderes indígenas se lanzaron al juego político electoral, sea con base partidaria propia, o en alianza con otras agremiaciones. En las primeras elecciones municipales (1995), de un total de 1.624 concejales electos, 464, o sea, 28,6%, eran indígenas o campesinos, y en 73 de los 311 municipios, se constituyeron en mayoría66. Aunque la definición de la categoría "indígena" sea hasta hoy tema de debate, una investigación realizada entre más de 1.600 concejales y alcaldes, hombres y mujeres, investidos para la gestión 2000-2004 mostró que, sobre todo en los departamentos del Altiplano y en los valles centrales, el número de autoridades electas que se sentían miembros de un ayllu o pueblo originario alcanzó un promedio de 77%, aproximadamente (cuadro 6).


Cuadro 6

Porcentaje de personas que se sienten miembros de un ayllu o pueblo originario por departamento


Departamento % Pueblo con el cual se sienten identificados

La Paz 78,4 Aymara (89,2%) Quechua (4,4%)
Chuquisaca 56,0 Quechua (83%), Guarani (15,4)
Cochabamba 72,1 Quechua (97%)
Oruro 82,2 Aymara (72,2 %), Quechua (18,2)
Potosí 78,1 Quechua (76,4), Aymara (12,5%)
Tarija 39,3 Guarani (81,0%); Wheenhayek (19,0%)
Santa Cruz 45,6 Guarani (42,1%), Chiquitano, Guarayo (41,3%), Quechua (14,3%)
Beni 31,5 Mojeño, movida etc. (95,7%)
Pando 23,1 Tacana, ese ejja (100%)

Fuente: Albó; Quispe, 2004:35.

Sin embargo, también con relación a esa escalada de la participación indígena, las mujeres quedaron rezagadas. El ingreso de partidos étnicos en la disputa electoral aparentemente no produjo cambios favorables en la dimensión "género". Al contrario, después de aprobada la Ley de Participación Popular, la proporción de mujeres en los consejos municipales disminuyó, pasando 9,1% en 1993, a 8,3%, en 1995. Esa situación mejoró considerablemente en 2002, pero entonces el impulso lo dieron la "Ley de Cuotas", aprobada en 1997, y el artículo 112 del Código electoral de 1999, el cual extendió esa exigencia para las elecciones municipales e incorporó "mecanismos complementarios que asegurasen la alternancia de genero entre titulares y suplentes a lo largo de la lista para evitar que sólo se las elija como suplentes"67. De todas formas, lo más probable es que los obstáculos sociales y culturales que las mujeres deben superar para acceder a los cargos políticos continúan siendo mayores que los que enfrentan los hombres del mismo grupo, ya que no basta que ellas demuestren capacidad, además "no tienen que ser indígenas, ni analfabetas, mucho menos autodidactas"68.

Una investigación realizada por Blanes en las secciones de las provincias de Achacachi, Pucarani y Viacha, del Departamento de La Paz, ofrece valiosas pistas sobre los cambios que la LPP habría provocado entre las comunidades indígenas del Altiplano a tres años de su implementación. El autor muestra que la reforma municipalista produjo resultados ambivalentes y que, además, no fueron buscados intencionalmente por quienes participaron en dicho proceso. Así, en cuanto los jefes comunales procesaban sus demandas materiales a través de las instituciones edilicias con el propósito de reforzar su autonomía, la lógica territorial del nuevo ordenamiento político los obligaba a ingresar en la trama de los partidos y, por tanto, a sujetarse a sus designios, o a volverse ellos mismos caciques políticos. Esa exposición al universo de la política provocó disputas dentro de las comunidades, estimulando, en algunos casos, la fragmentación de las propias unidades político-administrativas y debilitando los vínculos de solidariedad tradicionales69.

Si bien los caminos abiertos por las reformas fueron capaces de procesar conflictos de antigua cepa, pasaron a hacerlo en un espacio territorial y político que rebasa, con mucho, el control de las autoridades tradicionales, y obliga a los miembros de ayllus a reformular el orden de sus lealtades y preferencias. Bajo tales circunstancias, la migración transnacional devino una cifra importante en la ecuación, habida cuenta que los residentes de ayllus, desparramados por "varias regiones modernas, dentro y fuera de Bolivia", movilizan considerables recursos en sus querellas con los comunarios, haciendo valer su nueva condición de "votantes en otros municipios y democracias"70. De igual manera, dado que la actuación en los Consejos Municipales exige conocimiento e información, esa arena acaba por privilegiar "contextos de argumentación y de discurso centrados en el saber ilustrado de los emigrantes y de los más aculturados" y, las luchas por el poder asumen, previsiblemente, las características de una revuelta contra los más viejos. En las provincias Muñecas, Pacajes, Aroma, Inquisivi y Gualberto Villarroel, por ejemplo, jóvenes representantes de los sindicatos agrarios y autoridades tradicionales compiten a menudo en una embestida política que "ha despojado a la mayoría de las comunidades del Altiplano de formas consensuales de rearticulación con el tejido de autoridades étnicas y han crecido las tensiones entre ambos sistemas"71. Algo parecido acontece en Jesús de Machaqa, donde los Mallkus (jefes comunales), aun cuando consiguen imponer inicialmente su voluntad en la nombramiento de sub-alcaldes o de los miembros de los CVs, pierden el control sobre sus apadrinados una vez que éstos salen del ámbito de la marka para entrar en la dinámica del municipio72.

Al mismo tiempo, la aplicación de la LPP ha estimulado, en una dinámica de doble vía, la transferencia y adaptación al ambiente urbano, de estrategias de control y reproducción "dentro de la conocida lógica ancestral andina de acceso a diversos pisos ecológicos". Expresión de ese fenómeno es el establecimiento, por parte de los municipios rurales del Altiplano, de una "oficina subsidiaria" en la ciudad de El Alto, que es donde el propio alcalde pasa la mayor parte del tiempo, desplazándose a su jurisdicción solamente en los días de ferias o de actividades especiales73. En el mismo sentido, la municipalización ha obligado a los partidos que esperan viabilizarse electoralmente a ajustar sus discursos y formas de acción a las condiciones y demandas de las comunidades locales74.

En síntesis, de la misma forma como las poblaciones y los movimientos indígenas se proyectaron desde la esfera municipal al plano nacional, a partir de los procesos de modernización económica y de reforma política, así también la política y las relaciones sociales fueron afectadas nacionalmente por la transferencia de patrones desde las comunidades a las grandes plataformas de la modernización globalizada. El proceso se dio en circunstancias en que la hacienda fiscal era una mesa parca, y cuando comenzó a mejorar de apariencia en virtud de nuevos recursos naturales a precios jugosos, afloraron las tensiones entre los comensales.

COROLARIO

Las crisis económica y del sistema partidario, desatadas al final de los años noventa, deterioraron los débiles canales de intermediación política e hicieron aumentar las presiones directas sobre las instancias estatales, ellas mismas de consistencia frágil. En ese cuadro de intensa movilización, lo que sobraba, en la sociedad boliviana, eran instituciones, organizaciones y capacidad de acción colectiva. Faltaban, eso sí, recursos materiales, y poder público dotado de autonomía y autoridad legítima. Bajo tales circunstancias, reponer la capacidad de acción efectiva del Estado se volvió una necesidad inaplazable, y la nacionalización del sector exportador devino una estrategia previsible, sobre todo con el auge de los precios y la noticia de que había un tesoro escondido en el subsuelo. Al ponerse en práctica esa política, aumentaron rápida y substancialmente los ingresos fiscales y, concomitantemente, las demandas dirigidas al Estado, haciendo con que aflorase el viejo patrón rentístico por el cual el Estado es percibido, no solamente como el principal responsable del crecimiento económico, sino también como el agente distribuidor de sus frutos75. Y a medida que crecían las expectativas de mayores entradas en función del desarrollo de la industria de hidrocarburos y del descubrimiento de nuevos depósitos, fueron subiendo también el número y la intensidad de los conflictos, al punto de configurar una "verdadera explosión social" en 2005. Entonces, el rentismo corporativo y el clientelismo ya eran, según algunos autores, "el comportamiento colectivo dominante" en los distintos segmentos de la población76.

La reciente implementación, en el plano institucional, de la elección de Prefectos de Departamentos por voto directo y mayoría simple, al mismo tiempo que estimuló la autonomía de una esfera importante de la estructura estatal, ha exacerbado el conflicto distributivo, una vez que aquella pasó a asumir papeles de representación sucedáneos al sistema partidario. Fue a partir de esa instancia que, en la corrida por el control de los recursos, se articuló una alianza política, la cual añade a la lucha corporativa que traban las distintas fuerzas sociales, una cisura regional, teñida de connotaciones raciales, con resultados imprevisibles sobre la ya debilitada estructura estatal. Si bien la dicotomía étnica, en la historia de Bolivia, corresponde, en alguna medida, a la división Oriente-Occidente, actualmente el conflicto regional acusa una motivación fundamentalmente socioeconómica y, en su expresión política, representa la reacción de las elites de la llamada "Media Luna" a las políticas de reforma agraria y al centralismo estatal. Tal vez más que cualquier otro, ese corte se insinúa para muchos como el punto de fuga que amenaza quebrar la unidad del Estado77. Sin embargo hay que tener cautela con los argumentos esgrimidos para fundamentar ese pronóstico.

La interpretación más común reza que habría en el Oriente, sobre todo en Santa Cruz, un capitalismo pujante y competitivo que ya no cabría en la camisa de fuerza de un estado históricamente centralista y corporativo y, por ello, anacrónico. Más aún, como ese Estado tiene tras de sí a la mayoría indígena y campesina, amén de un proyecto constitucional incongruente con el desarrollo de un capitalismo moderno y competitivo, la única forma de supervivencia y continuidad de los intereses del oriente sería la separación. En otras palabras, se trataría simultáneamente de una revolución burguesa, en sentido amplio, y de una revolución de independencia, en sentido estricto. Semejante lectura de los hechos atribuye demasiada singularidad y autonomía de vuelo a la cúpula cruceña que no alberga esos propósitos. Del mismo modo que es un error suponer que los movimientos indigenistas pretenden todos lo mismo, tampoco se debe pensar que las burguesías orientales divergen tanto de las del Occidente. En realidad, ambas surgieron y se alimentaron por obra y gracia del Estado, y acusan hasta hoy una cultura política y empresarial acorde con esa marca de nacimiento. En efecto, el núcleo de la controversia entre oposición y gobierno gira en torno a la distribución de la renta fiscal, y no alrededor de sus fundamentos, vale decir, la propiedad y control estatal de los recursos naturales -un consenso reiterado en varias declaraciones de sus portavoces. Y así se entiende que el costado indígena del país gimoteé por el olvido y la explotación de que fue objeto durante siglos, y que el Oriente se lamente por el abandono y la falta de protección en que lo tuvieron históricamente los gobiernos centrales. Ambos reclaman lo mismo: que el Estado los oiga más y les valga mejor.

La crisis del sistema partidario, la desconfianza que los bolivianos nutren por la justicia y por el gobierno, así como la esmirriada cultura del dialogo -no la de bares y cafés donde la palabra alcanza inusitados vuelos, sino la de las calles y parlamentos- dificultan aun más la conciliación de los intereses78. Inquiridos sobre cuáles serian los factores responsables por los problemas nacionales, 56% de los bolivianos apuntaron la falta de diálogo como el mayor obstáculo, y 26% consideraron el racismo una causa importante de conflictos79. Ese es el trance por el que atraviesa la democracia boliviana; la crisis actualmente se condensa en los debates y enfrentamientos campales que ocurren en la Asamblea Constituyente80, donde la situación se asemeja a la formalizada por Przeworski:

La estructura de los conflictos es tal que algunas instituciones democráticas serian duraderas, si fuesen adoptadas, pero las fuerzas políticas en pugna luchan por establecer una dictadura. Ese resultado puede darse cuando las fuerzas políticas tienen preferencias diferentes en relación a estructuras institucionales específicas, por ejemplo, si una parte del país tiene fuerte preferencia por el sistema federativo, y otra por el unitario81.

Ese cuadro, ensombrecido por las eclosiones de racismo, puede degenerar en conflicto abierto y guerra. Sin embargo, también es posible que el empate, ya verificado reiteradas veces, haga con que todas las partes perciban las pérdidas generalizadas de los enfrentamientos sucesivos y acaben por negociar sus diferencias, adoptando un término medio que, poco a poco, pueda ir ganando la adhesión de los principales contendores. Entonces, será importante que el pacto constitucional no se atenga a responder tan sólo a las fuertes demandas de autonomías centrípetas82, sean ellas de naturaleza regional o étnica, sino también a las necesidades que se organizan en función de la espiral centrífuga generada por el extraordinario impacto de la actual fase de modernización sobre el conjunto de la sociedad boliviana, incluidos ahí amplios segmentos de la población indígenas, cuya realidad social ya transcurre en escenarios domésticos y transnacionales y de ellos pende por igual e indisociablemente.

Si, en la fase del nacional desarrollismo, los contactos de las comunidades indígenas con el mundo de fuera eran esporádicos y no modificaban su estructura interna, ahora "los procesos de cambio son institucionalizados", y los vínculos que las comunidades mantienen con las realidades nacionales e internacionales se muestran cada vez más complejos y determinantes83. Considerada la situación desde esa perspectiva, es probable que la explosión de demandas por parte de las comunidades y poblaciones indígenas -ya fuertemente expuestas y conectadas a la dinámica global- haga aumentar su dependencia del sistema político, y acabe por reforzar la centralidad del Estado, y su papel en los planos nacional e internacional. Claro que todo eso exigiría, entre otras cosas, la recuperación, modernización y capacitación de la máquina burocrática -sobre todo de su matriz doméstica-, de modo a ponerla en condiciones de responder, con alguna eficiencia, a los desafíos de la globalización, entre los cuales neutralizar la pavorosa intrusión del crimen organizado en todas las facetas de la vida nacional. El uso de la cuestión étnica como un recurso estratégico por parte de las distintas fuerzas en conflicto, si bien puede continuar por algún tiempo, tenderá a perder eficacia política a medida que se intensifique la inclusión de los sectores indígenas a la ciudadanía plena, de la cual fueron privados desde el nacimiento de la República.

 

NOTAS

1 Este texto es una versión modificada de un trabajo presentado para el Seminario "Coesão Social em Democracia na América Latina", realizado en São Paulo en mayo de 2007, bajo los auspicios del Instituto Fernando Henrique Cardoso y CIEPLAN. Un texto preliminar fue presentado en un seminario que se llevó a cabo en el mismo IFHC el 23 de octubre de 2006. La realización del proyecto contó con el apoyo de la Unión Europea y el PNUD.

2 Vale la pena aclarar que, en este trabajo, las referencias a movimientos étnicos y comunidades contemplan tan sólo la región occidental de Bolivia. Por otro lado, cabe resaltar también que el examen no pretende analizar o evaluar las acciones de gobiernos que están en la orden del día, sino los impactos de procesos de larga duración respecto a la cuestión propuesta.

3 Bermeo, 2002:96. Según Bermeo, "Since 1945, ethnic violence has played a major role in half of all wars, turned more than 12 million people into refugees, and caused at least 11 million deaths" (Bermeo, 2002:97).

4 Según De La Fuente, 2005:211, el Mallku, "líder contradictorio", habría adoptado una posición de dialogo con el propósito de obtener una cierta atención del Estado para los problemas de las bases campesinas de su movimiento.

5 Sanjinés, 2005:203-4.

6 Sanjinés, 2005:203.

7 Sobre el se tema: Mansilla, 2006:209.

8 De La Torre, 2006:35. Las consideraciones sobre el tema están basadas en informaciones recogidas de este importante estudio.

9 Ibid.

10 La casa es un amasijo de significados y sentimientos en el itinerario del migrante pobre. Ella es la demostración palpable del éxito, pero también una forma de cumplir deberes familiares, adquirir el reconocimiento social del grupo y, a través del financiamiento de fiestas patronales o donaciones públicas, saldar una deuda con la comunidad que le dio "una identidad y una memoria". De La Torre, 2006:104.

11 Que los cálculos económicos inciden sobre los vínculos afectivos, lo atestigua un informante cuando dice: "Mi padre estaba en los Estados Unidos y se volvió. Ahora está aquí y yo tengo que estudiar, pero no tenemos toda la plata. Quisiera que él se vuelva a ir para poder enviarme ese dinero" citado por De La Torre, 2006:129.

12 La abundancia de noticias periodísticas sobre el tema ilustra esta tendencia.

13 Froemming, 2002:27.

14 Guillet, Apud Froemming, 2002:4.

15 El Alto, también denominado Alax Pacha, Ch'usa Marca (Pueblo Vacío) o, en otras épocas, Cruz Pata (Cruz Arriba) y Alto Pata Marka. El Alto alcanzó la condición de ciudad autónoma el 26 de septiembre de 1988.

16 Guss, 2006:259.

17 Albó, 2006:334.

18 Durán; Arias; Rodríguez, 2007:73.

19 Durán; Arias; Rodríguez, 2007:14.

20 Gall, 1985:23-6.

21 Albó, 2006:75.

22 Guss, 2006:321.

23 PNUD, 2002:41.

24 Barragán, 2006:110-117.

25 Gall, 1985:34, afirma que, en esa época, 25% de los migrantes retornaba periódicamente a sus ayllus de origen y cerca de 5% lo hacía a diario.

26 Rivera, 1996:214.

27 Albó, 2006:335-336.

28 Flores; Herbas; Huanta, 2007:43.

29 Rivera, 1996:214.

30 PNUD, 2002:129.

31 Albó, 2006:341.

32 Guaygua; Rivero; Quisbert, 2000:10-2.

33 Barrio de El Alto.

34 Cocarico, 2006:146.

35 Guaygua; Riveros; Quisbert, 2000:64.

36 Flores; Herbas; Huanta, 2007:23.

37 Calderón; Laserna, 1995:57.

38 Guaygua; Riveros; Quisbert, 2000:10.

39 Favre, 1998:130.

40 "En el contexto político y semántico de los años 50, durante la revolución y la reforma agraria del primer MNR, se puso de moda la creencia de que ya no había indios, sino campesinos o, dicho en otros términos, que se daba una especie de evolución de la condición indígena a la campesina… Pero en realidad son dos dimensiones distintas que pueden o no coincidir" Albó; Quispe, 2004:18.

41 Arguedas, 1977b:236.

42 Arguedas, 1977b:296-7.

43 Arguedas, 1977:32.

44 Arguedas, 1977:193.

45 Mayorga, 2003:102.

46 Arguedas, 1977:192.

47 Calderón; Laserna, 1995:55.

48 Ritual de origen agrario, la coa es el acto de sahumar los espacios de la casa o del negocio para espantar los malos espíritus y atraer la prosperidad.

49 Un momento culminante de esa trayectoria fue la fundación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Blanes, 2000:26-7. Los partidos indígenas comenzaron a formarse durante la transición a la democracia (1978-1982), como resultado de dos factores principales: (1) el deterioro de los vínculos entre la población campesina y el MNR; y (2) el avance de la conciencia étnica, particularmente entre la población aymara urbanizada. Ver: Cott, 2003:41.

50 Ver, por ejemplo, el Convenio 169, (artículo 14) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, estipulado, en 1989, por los países que integran la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Consultar también los derechos étnicos insertos en los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; la Directriz Operacional 4.20 adoptada, en 1991, por el Banco Mundial; el documento "Estrategias y Procedimientos en Cuestiones Socioculturales", elaborado por el BID en 1990, entre otros.

51 Ströbele-Gregor, 1999:133-46.

52 El número de concejales para municipios con menos de 25.000 habitantes es de 5. A partir de ahí, por cada 25.000 habitantes a más, se añaden 2 concejales hasta llegar a un máximo de 11 concejales para municipios con población superior a 75.000 habitantes.

53 Posteriormente, se determinó que los gastos de funcionamiento no podían exceder el 15% de los recursos de la coparticipación tributaria y, por la ley número 1551 (conocida también como Ley número 1702) se estableció que 20% de la inversión municipal debía orientarse al desarrollo productivo, de modo que se mantuviese un equilibrio entre la inversión social y la promoción de actividades productivas, Galindo, 1998:237.

54 Barrios, 2004:41.

55 A principios de 1999 ya se habían registrado más de 1100 juntas vecinales en las cuatro grandes ciudades: El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Laserna, 2005:122.

56 Galindo, 1998:235.

57 Barrios, 2004:1-2.

58 Blanes, 2000:76.

59 Laserna, 2005:114.

60 Laserna, 2005:113.

61 Albó; Ticona, 1997.

62 Blanes, 2000:XI y Galindo, 1998:241.

63 Laserna, 2005:122.

64 Galindo, 1988:241.

65 Ese proceso no puede disociarse de las reformas implementadas en el sistema electoral.

66 Cott, 2003:44.

67 Albó; Quispe, 2004:29.

68 Montaño, 1998:298-9.

69 Blanes, 2000:89.

70 Rivera, 1996:74.

71 Rivera, 1996:74.

72 Albó; Ticona 1997:291-2.

73 Albó, 2006:334.

74 Blanes, 2000:116.

75 Esa interpretación fue propuesta y desarrollada por Laserna, Gordillo y Komadina, 2006.

76 Laserna; Gordillo; Komadina, 2006:29 y 111.

77 Para un análisis centrado en los fundamentos del conflicto regional cruceño, consultar Mansilla, 2007.

78 Los índices que miden la confianza en las instituciones apuntan que el parlamento es la institución que goza de menor confianza entre los bolivianos (4%), seguido del gobierno central (7%), mientras que la mayor confianza se deposita en las asociaciones de padres y profesores de escuela (28%), y en las organizaciones de barrio y de comunidades (21%), PNUD, 2002:150.

79 PNUD, 2002:150.

80 Este ensayo fue escrito antes de que la Asamblea Constituyente aprobara, en diciembre de 2007, la nueva Constitución Política del Estado, la cual debe ser sometida a referéndum.

81 Przeworski, 1992:8.

82 Sobre el tema de las autonomías y el amplio espectro de posiciones al respecto, ver: Galindo; Cruz; Pardo; Bueno, 2007, y Zegada; Tórrez; Salinas, 2007. Valerie Bunce, a partir de lo que sucedió en los regimenes post comunistas de la Europa Oriental, infiere que: "If new Democracies inherit a national-federal structure, they tend to be more vulnerable to secessionist pressures", Apud Bermeo, 2002:97.

83 Arnold; Yapita, 1996:308.

 

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Artículo recibido el 15 de enero de 2008. Aceptado por el Comité Editorial el 14 de marzo de 2008.