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Universum (Talca)

versión On-line ISSN 0718-2376

Universum v.22 n.2 Talca  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762007000200020 

 

Revista Universum Nº 22 Vol.2: 295-304, 2007

DISCURSOS

 

Discurso inaugural año académico, Escuela de derecho, Facultad de ciencias jurídicas y sociales, 2007.

 

Patricio Aylwin (*)

(*) Ex Presidente de la República.


La verdad es que cuando me invitaron a venir a participar en este acto, lo acepté con mucho gusto. No es la primera -no me atrevo a decir que no será la última... a esta altura de la vida- ocasión en que tengo el agrado de estar con ustedes en esta sede de la Universidad de Talca. La verdad es que yo vi nacer esta universidad y no puedo ocultar la admiración y el respeto que me ocasiona el notable desarrollo que ha tenido en tan corto plazo. Creo que ustedes son un ejemplo en el nivel universitario de un esfuerzo fructuoso que se da también en otras partes del país, pero que en pocas ha sido tan exitoso como aquí. Mis felicitaciones más cordiales.

Cuando me pidieron fijar un tema para disertar en esta ocasión, me pareció más adecuado tal vez porque resultaba lo más fácil para mí, pero también porque creo que el tema no pierde nunca su vigencia y su importancia,. Pensé que ese tema debía ser, contarles algo sobre lo que fue una experiencia que se realizó en mi gobierno, me refiero a la Comisión sobre Verdad y Reconciliación, que en su momento se veía muy difícil, pero que resultó menos complicada de lo que nos imaginamos y, en definitiva, cumplió una tarea indispensable no solo para solidificar nuestra democracia, sino que restablecer una convivencia entre los chilenos fundada en el respeto a la verdad, en el reconocimiento de nuestras debilidades y en la búsqueda de justicia.

Esta Comisión se formó al segundo mes de mi gobierno, con el objetivo de esclarecer la verdad de lo ocurrido en relación a las violaciones de derechos humanos, que se habían producido durante el período de la dictadura.

En el programa de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, "Bases Programáticas, Políticas e Institucionales", capítulo primero se trata el tema de los derechos humanos y aparte de señalar que los derechos humanos constituyen uno de los fundamentos de la construcción de una sociedad democrática, lo que implica protegerlos y promoverlos en todos los ámbitos de la vida nacional, se afirmó que el gobierno democrático "se empeñará en el establecimiento de la verdad en los casos de violaciones de derechos humanos que hayan ocurrido a partir del 11 de septiembre de 1973", es decir, de la fecha del quiebre de la democracia en nuestro país. Asimismo, se dice "procurará el juzgamiento de acuerdo a la ley penal vigente, de las violaciones de derechos humanos que importan crímenes atroces contra la vida, la libertad y la integridad personal" y se plantea que "por su propia naturaleza jurídica y verdadero sentido y alcance, el Decreto Ley sobre Amnistía que había dictado el gobierno militar en 1978, no ha podido ni podrá ser impedimento para el establecimiento de la verdad, la investigación de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales y consecuentes sanciones en los casos de crímenes contra los derechos humanos, como son las detenciones seguidas de desaparecimiento, delitos contra la vida y lesiones físicas y psicológicas gravísimos. El gobierno democrático promoverá la derogación o nulidad del Decreto de Ley sobre Amnistía".

La verdad es que la última parte de esta propuesta programática no la pudimos cumplir. Yo confieso que tenía muchas dudas, desde el punto de vista estrictamente jurídico, sobre el valor de una derogación de la Ley de Amnistía en cuanto las leyes al hacer revivir un delito no podrían, siguiendo el viejo principio de Derecho Penal "---------" "la ley penal no tiene efecto retroactivo". Una ley que derogara la amnistía e hiciera revivir los delitos, solo podría hacerlo para el futuro, pero no respecto de lo ocurrido en el pasado.

El problema no se presentó, porque no tuvimos los votos en el Senado para derogar la Ley de Amnistía y este primer punto de nuestro programa quedó sin cumplirse ya que no estaba en nuestros medios poder hacerlo. Pero eso no significaba que podíamos ignorar lo que había ocurrido como si fuera un hecho irrelevante. Nos pareció que la violación de los derechos humanos en el curso de la dictadura, no podía quedar sin esclarecimiento y sin sanción, a lo menos moral.

¿Cómo hacerlo? Había juicios ante los Tribunales, pero éstos se amparaban en la Ley de Amnistía y ordenaban archivar los antecedentes sin avanzar en las investigaciones.

Me reuní con entendidos en derecho, personas de distintas concepciones políticas para pedirles su opinión. No puedo ocultar que mi principal colaborador en esa materia fue el jurista José Zalaquett. Y revisando con él y con los otros colaboradores y mi Ministro de Justicia Francisco Cumplido, profesor de Derecho Constitucional, llegamos a la conclusión de que el mejor camino era a semejanza de lo que se había intentado en algunos otros países, algunos de Centroamérica y también en Argentina, formar una comisión que llamamos "De Verdad y Reconciliación". Una comisión constituida por personas de alta solvencia moral y de reconocido mérito jurídico que pudiera, en un trabajo acelerado en no más de nueve meses, esclarecer la verdad y proponer caminos para enfrentar esa verdad. Nació así lo que se llamó la "Comisión de Verdad y Reconciliación".

Al asumir la Presidencia, en el acto en el Estadio Nacional, abordé el tema: "La conciencia moral de la Nación exige -dije-, que se esclarezca la verdad respecto a los desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura".

Me comprometí a abordar este delicado asunto conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia y agregué textualmente: "En este necesario ejercicio de justicia debemos evitar los riesgos de querer revivir otros tiempos, de reeditar las querellas del pasado y de engolfarnos indefinidamente en pesquisas, recriminaciones y cazas de brujas que nos desvíen de nuestros deberes con el porvenir, considero mi deber evitar que el tiempo se nos vaya entre las manos mirando hacia el pasado. La salud espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para cumplir en plazo razonable esta tarea de saneamiento moral, de modo que más temprano que tarde, llegue el momento en que reconciliados, todos miremos con confianza hacia el futuro y aunemos esfuerzos en la tarea que la Patria nos demanda".

¿Cómo hacerlo? Esa tarea entrañaba muy serias dificultades tanto políticas como jurídicas.

En el orden político, la opinión pública estaba profundamente dividida respecto a esta materia. Mientras grandes sectores de la población, precisamente los que habían apoyado el retorno a la democracia y, sobre todo, los más vinculados a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, reclamaban y esperaban el esclarecimiento de la verdad y el juzgamiento y condena de los culpables, otros sectores, especialmente los que habían sido partidarios del régimen militar y entre éstos, los que formaban parte o eran cercanos a las fuerzas armadas, no ocultaban su rechazo a que se investigara sobre la materia y planteaban que hacerlo era revivir el pasado y generar un conflicto de impredecibles consecuencias, importantes sectores de chilenos de buena fe no creían en la seriedad de las denuncias sobre la materia y preferían que se diera vuelta la página sobre ese tema.

Para el nuevo gobierno era claro que el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido constituía una base indispensable para el reencuentro y reconciliación entre los chilenos. Ninguna sociedad puede convivir, pacíficamente, sobre la base del imperio de la mentira o con la herida de la desconfianza recíproca entre sus miembros. Pero al mismo tiempo, entendíamos que no podíamos centrar, indefinidamente, el debate nacional en escudriñar el pasado, porque eso significaba ahondar las divisiones que queríamos superar, postergar los grandes desafíos en el orden económico-social y, aún poner en riesgo el propio proceso de democratización. Era, pues, indispensable encontrar una fórmula capaz de dar pronta respuesta al justo anhelo de verdad y de justicia sin poner en peligro el proceso de consolidación democrática ni sacrificar las reformas económico sociales que habíamos propuesto al país y que considerábamos indispensables para lograr un desarrollo nacional equitativo.

En el plano jurídico, las dificultades no eran menores. El principio fundamental de todo estado de derecho que nadie puede ser juzgado sino por un tribunal establecido por la ley con anterioridad, así lo establece, expresamente, nuestra Constitución Política. Pero todos sabemos cuánto duran los procesos judiciales. Dejar el asunto simplemente en manos de los Tribunales de Justicia sería eternizarlos. Además, no podía esperarse mucho de la vía judicial, porque estaba vigente la Ley de Amnistía dictada por el régimen militar. Aunque en nuestro programa de gobierno habíamos propuesto su derogación, no teníamos en el Senado la mayoría necesaria para hacerlo y, como ya lo anticipé hace un momento, si hubiéramos podido derogarla, en estricto derecho era dudoso que ello hubiera permitido procesar con éxito a los responsables de los hechos ocurridos con anterioridad.

Por otra parte, la experiencia de algunas naciones hermanas, como Argentina y Uruguay, que habían intentado resolver el problema por la vía judicial, no era nada auspiciosa. En ambos países se había terminado por mecanismos diversos, poniendo fin al asunto sin lograr hacer justicia ni esclarecer la verdad.

Considerando que lo fundamental era restablecer la confianza entre los chilenos, y que para lograrlo había que esclarecer la verdad, siendo indispensable proceder con premura, asumí rápidamente la responsabilidad de poner en marcha un camino distinto, que aún a riesgo de dejar pendiente el anhelo de plena justicia, nos permitiera avanzar en el esclarecimiento de la verdad y abriera puertas para el logro de la reconciliación. Para ello, creamos el 24 de abril de 1990, antes de haber enterado un mes y medio en el gobierno, la "Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación". Lo hicimos por la vía de un Decreto, como una decisión del Presidente de la República.

Como entonces explicamos al país, sabíamos que el juzgamiento de delitos es tarea propia de los Tribunales de Justicia y respetábamos su competencia. La Comisión que creamos no podría asumir funciones judiciales ni interferir en los procesos pendientes ante la justicia y mi gobierno prestaría toda la cooperación que fuera necesaria a los tribunales en su tarea de establecer posibles responsabilidades. Recordamos a nuestros compatriotas que por las características de los procedimientos judiciales, necesariamente circunscritos a la situación particular de cada proceso y con frecuencia demasiado demorosos no era posible esperar que por esa vía se pudiera lograr dentro de un plazo prudente el conocimiento global de la verdad de lo ocurrido en materia de violación de derechos humanos.

Convencidos de que la demora en el esclarecimiento de esa verdad sería un factor de perturbación a la convivencia nacional, quisimos intentar un camino, que sin entrar al juzgamiento de cada caso particular permitiera a la comunidad nacional formarse un concepto colectivo serio y fundado sobre lo que había ocurrido en esta materia. Para eso dictamos un Decreto que creó la Comisión, que tendría como objeto contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidos en los últimos años, sea en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional, con fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos. Para estos efectos, el Decreto precisó que se entendería por graves violaciones, las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo, los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos.

En cumplimiento de su misión, la Comisión debería procurar:

1º Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias.

2º Reunir antecedentes que permitan individualizar a las víctimas y establecer su suerte o paradero.

3º Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que la Comisión crea de justicia, y

4º Recomendar las medidas legales y administrativas que, a su juicio, deban adoptarse para impedir o prevenir la comisión de los hechos a que se refiere este artículo para el futuro.

El Decreto precisó "en caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento". Agregaba el decreto: "que si en el ejercicio de sus funciones, la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite, a disposición de los Tribunales de Justicia".

Para el cumplimiento de su cometido se encargó a la Comisión:

1º Recibir dentro del plazo y en la forma que ella misma fije, los antecedentes que les proporcionen las posibles víctimas, sus representantes, sucesores o familiares.

2º Reunir y evaluar la información que puedan entregarle por propia iniciativa, o a petición suya, las organizaciones de derechos humanos nacionales o internacionales, intergubernamentales o no gubernamentales sobre la materia de su competencia.

3º Practicar todas las indagaciones y diligencias que estime convenientes para cumplir su cometido, incluso la solicitud de informes, documentos y antecedentes a las autoridades y servicios del Estado y,

4º Elaborar un informe sobre la base de los antecedentes que reúna en que exprese las conclusiones a que, según el recto criterio y conciencia de sus miembros la Comisión, arribe acerca de los asuntos referidos en este decreto. Este informe será presentado al Presidente de la República quien lo entregará a conocimiento público y adoptará las decisiones e iniciativas que crea pertinentes. Entregado el informe, la Comisión terminará su cometido y quedará automáticamente disuelta".

Se estableció, además, que "de oficio a petición de parte la Comisión podría tomar medidas para guardar la identidad de quienes le proporcionen información o colaboren en sus tareas. Se dispuso, asimismo, que las autoridades y servicios de la administración del Estado deberían prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, toda la colaboración que ella le solicite; poner a su disposición documentos que les requiera y facilitar su acceso a los lugares que ella estime necesario visitar.

Lo más difícil fue designar a los miembros que constituirían la Comisión. Debían ser personas de gran prestigio moral, que en lo posible fueran representativas de las distintas tendencias existentes en la comunidad nacional y merecieran confianza de la opinión pública del país. Había que buscarlas no solo entre los partidarios del nuevo gobierno, porque en ese caso la Comisión le iba a merecer desconfianza a quienes no eran y yo había sido elegido con poco más del 50% de los votos; prácticamente un 45% de los chilenos no simpatizaba con el gobierno que yo recién había asumido. Había que buscarlos también entre quienes habían colaborado con el régimen militar y habían sido partidarios suyos. Debo confesarles que me costó muchísimo encontrar a sus ocho miembros, especialmente en el ámbito opositor. Nunca terminaré de agradecer a quienes aceptaron integrarla. Ellos fueron:

En primer lugar, el ex senador y ex presidente del Colegio de Abogados don Raúl Rettig, que presidió la Comisión. Con Raúl nos ligaba una estrecha amistad. En tiempos de dictadura, él había sido presidente del Colegio de Abogados y yo, vicepresidente, y habíamos realizado actuaciones conjuntas en defensa de los derechos humanos; teníamos una gran amistad.

La integró como uno de sus miembros, Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Un hombre de un gran prestigio en el mundo de los derechos humanos y en el mundo intelectual; de gran calidad moral; dos veces exiliado durante la dictadura, y claramente opositor a ella.

El profesor universitario José Luis Cea, académico de la Universidad Católica en ese tiempo, quien había sido, en alguna medida, un hombre más colaborador con el régimen militar.

Doña Mónica Jiménez, integrante de la Comisión de Paz y Justicia de la Iglesia Católica. Mujer de gran prestigio, actual Rectora de la Universidad de La Frontera, quien era una persona apolítica, que no había participado en la lucha contra la dictadura, pero que tampoco se había identificado con ella.

La profesora universitaria doña Laura Novoa, también una abogado de gran prestigio, integrante del estudio jurídico Philippi, que había colaborado claramente con el régimen militar.

Don Gonzalo Vial, ex Ministro de Pinochet, historiador, abogado que había sido mi alumno en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y, El abogado José Zalaquett, ex presidente de Amnisty Internacional, que había estado exiliado durante la dictadura.

Cuatro claramente opositores; los otros cuatro que habían tenido alguna vinculación o simpatía por el régimen militar.

Todos ellos aceptaron y desempeñaron sus funciones ad honorem: no recibieron un centavo por un trabajo que les costó nueve meses de intensa ocupación.

Actuó como Secretario, el abogado y profesor universitario don Jorge Correa y se organizó una secretaría que asesoró a la Comisión con un grupo reducido y muy calificado de 17 abogados, 18 egresados de Derecho, 6 asistentes sociales y varias secretarias y auxiliares.

Para dar cumplimiento a su tarea, la Comisión luego de organizarse y aprobar un plan general de trabajo y los procedimientos de que se valdría, convocó mediante avisos a los familiares de las posibles víctimas a presentar sus denuncias tanto en la capital del país como en provincias y aún en el exterior ante los Consulados. Se presentaron poco más de 3.400 casos. Se abrió un expediente para cada uno. Se recibieron las declaraciones de los denunciantes y los testigos que éstos presentaron. Se requirió informes a instituciones y organismos públicos como Carabineros e Investigaciones, Fuerzas Armadas, Registro Civil y cualquier otro servicio público que pudiera saber algo al respecto.

Se solicitó también informe a las personas que en la investigación aparecían como posibles inculpados o testigos, pero habiendo sido creada por simple decreto y no por ley, la Comisión no tuvo potestad para exigir la comparecencia de los particulares, es decir, oyó a los testigos que voluntariamente estuvieron dispuestos a concurrir. Reunidos todos los antecedentes que pudo conseguir, la Comisión deliberó sobre cada caso y formuló sus conclusiones.

El 8 de febrero de 1991, dentro del plazo de nueve meses que se le fijó como máximo para cumplir su tarea, la Comisión entregó su informe, acordado por unanimidad, al Presidente de la República.

Nunca olvidaré esa ceremonia ni lo que para mí vino después. Estaba nervioso, yo estaba pasando temporada de vacaciones en el mes de febrero y me encerré en el campo donde estaba a leer estos cuatro tomos dramáticos, imponerme sobre ellos y pensar en cuál debía ser el camino a seguir.

El Informe dejaba constancia expresa de que la Comisión trabajó con la más absoluta y total autonomía. Ni el gobierno que la había creado ni ningún otro poder o autoridad intentó influir de manera alguna en sus decisiones las que fueron siempre tomadas conforme a la conciencia de sus miembros, circunstancia esta que creo necesario destacar porque, en mi concepto, fue decisiva para la valoración que la opinión pública hizo del trabajo de la Comisión y de su Informe.

El Informe está dividido en dos volúmenes: el primero contiene cuatro partes fraccionadas cada una de ellas en varios capítulos. Luego de una síntesis de la labor desplegada y de exponer las normas y criterios en que basaron sus deliberaciones y conclusiones, el Informe en su segunda parte analizó el marco político - legal e institucional en que ocurrieron los hechos y la actuación de los Tribunales de Justicia ante las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 90.

En su tercera parte el Informe distingue tres etapas en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar:

Primera: de septiembre a diciembre de1973.

Segunda: de enero de 1974 a agosto de 1977, período de funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional conocida como Dina, creada precisamente para la represión política y a la que el Informe califica de organización ilícita.

Tercera: de agosto de 1977 a marzo de 1990, época en que ese organismo represivo, la Dina, fue reemplazado por la Central Nacional de Informaciones Concluye esta parte con un capítulo sobre los efectos familiares y sociales de las más graves violaciones a los derechos humanos y otro en que se refiere a casos en que la Comisión no logró formarse convicción.

Cuarta: contiene las propuestas y recomendaciones de la Comisión sobre reivindicación simbólica a las víctimas, sobre reparaciones a sus familiares y sobre una política nacional de prevención a las violaciones de derechos humanos.

El segundo volumen contiene, por orden alfabético, los nombres y datos biográficos de todas las personas a que la Comisión declara que murieron como víctimas de violación de sus derechos humanos. En síntesis, el Informe concluye señalando que de las 2.920 personas cuya muerte o desaparecimiento se sometió a su conocimiento, 2.115 fueron víctimas de violaciones de derechos humanos; 164 murieron a consecuencia de actos de violencia política y en 641 casos no logró la Comisión formarse convicción.

De las 2.115 personas que la Comisión declara víctimas de violaciones de derechos humanos, 1068 fueron muertas en ejecuciones, torturas, por decisión de consejo de guerra, alegando la llamada ley de fuga, en represión a protestas; 90 murieron por acciones de particulares actuando bajo pretextos políticos.

La opinión pública tomó conciencia de lo ocurrido y valoró su gravedad. Quienes hasta entonces no creían que las acusaciones de violaciones de derechos humanos fueran verídicas y, especialmente, que las desapariciones de personas detenidas fueran fundadas, tuvieron que admitirlas.

La seriedad y ponderación del Informe fue valorada en acuerdos unánimes por el Senado y por la Cámara de Diputados: ¡unánimes acuerdos! que expresaron su reconocimiento a los miembros de la Comisión por el aporte que hicieron al conocimiento de la verdad y al reencuentro nacional. Ambas cámaras manifestaron su confianza en que los Tribunales de Justicia investigarían a fondo, de acuerdo con la legislación vigente y con la prontitud necesaria, los hechos constitutivos de delito.

Las instituciones armadas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros plantearon ante el Consejo Nacional de Seguridad Nacional y ante la opinión pública sus reservas; pero éstas más que desconocer la verdad de los cruentos hechos que el Informe estableció, hicieron alcances sobre las circunstancias en que esos hechos ocurrieron y que podrían explicarlos.

No me olvidaré nunca uno de los momentos más delicados de mi gobierno. Los cuatro comandantes en jefe de las fuerzas armadas me pidieron reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Hube de convocarlos y escuchar sus planteamientos en esa reunión, pretendiendo desconocer el significado y aún en algunos casos, la verdad del Informe. Y hubo asistentes al Consejo, Ministros de mi gobierno que replicaron exponiendo las experiencias que ellos mismos habían vivido bajo el régimen militar.

Creo oportuno repetir en esta oportunidad algunas de las ideas que al dar a conocer al país el Informe de la Comisión expresé. Sobre el tema de la verdad dije textualmente: "El Informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad. Por los propios antecedentes del Informe y por la calidad de sus autores, varios de los cuales fueron partidarios y colaboradores del régimen pasado, esa verdad debe ser aceptada por todos; nadie de buena fe podría desconocerla; no digo que sea una verdad oficial; el Estado no tiene derecho a imponer una verdad, pero convencido de ella yo llamo a todos mis compatriotas a asumirla y actuar en consecuencia. Compartida por todos, esa verdad, por cruel y dolorosa que sea, removerá un motivo de disputa y de división entre los chilenos. El reconocimiento de esa verdad es independiente del juicio que cada cual tenga sobre los acontecimientos políticos de la época ni sobre la legitimidad del 11 de septiembre de 1973. Esto lo juzgará la historia, pero ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el Informe".

Sobre el tema del perdón y la reconciliación, entre otras cosas, expresé: "Muchos compatriotas piensan que es tiempo de poner punto final a este asunto. Por el bien de Chile debiéramos mirar hacia el futuro que nos une más que hacia el pasado que nos divide. Es mucho lo que tenemos que hacer para construir una sociedad verdaderamente democrática; impulsar el desarrollo y alcanzar la justicia social; para qué desgastamos nuestros esfuerzos en escudriñar heridas que son irremediables. Y nos recuerdan las palabras de SS Juan Pablo II en su visita a Chile: "Chile -dijo el Santo Padre- tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento. No se puede progresar profundizando las divisiones. Es la hora del perdón y de la reconciliación".

¿Quién podría no compartir estos anhelos? Pero, sin embargo, para realizarlos hay que empezar por precisar quiénes son los ofendidos llamados a perdonar y quiénes los ofensores que han de ser perdonados. Yo no puedo perdonar por otro. El perdón no se impone por decreto; el perdón requiere arrepentimiento de una parte y de la otra, generosidad. Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento y los órganos competentes del Estado no pudierono no supieron evitarlos o sancionarlos, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción u omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Por eso es que la sugerencia sobre reparación moral y material que formula el Informe es compartida por todos los sectores. Por eso es -dije entonces- que yo me atrevo, en calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la Nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas.

Y sobre el tema de la justicia dije: "La justicia no es venganza, por el contrario, la excluye. No se sanciona ni repara un delito cometiendo otro. Nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo ni menos atentar contra la vida ajena a pretexto de justicia".

En este tema de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento y aceptación de la justicia, como surge del Informe, ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas. También importan la reivindicación moral de la dignidad de éstas y las reparaciones a sus familiares que el Informe propone. Pero ello no basta. La justicia exige también que se esclarezca el paradero de los desaparecidos y que se determinen las responsabilidades personales.

En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el Informe es incompleta, puesto que en la mayoría de los casos los detenidos desaparecidos y de ejecutados sin entrega de sus restos a sus familiares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su paradero. En lo que respecta a la determinación de las responsabilidades es tarea que dentro de un Estado de derecho corresponde a los Tribunales de Justicia en conformidad al ordenamiento jurídico y con las garantías del debido proceso. La Comisión de Verdad y Reconciliación no pudo entrar en este aspecto porque el propio decreto que la creó le negó esa facultad en virtud de claros preceptos constitucionales.

Consecuente con los planteamientos referidos y acogiendo las sugerencias del Informe, el gobierno adoptó en ese momento las siguientes medidas, entre otras:

Se presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre reparaciones a las víctimas que dio origen a la ley 19.123 de 8 de febrero del 92 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, organismo de derecho público que tuvo como tarea coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe. En conformidad a sus sugerencias, dicha ley estableció una pensión mensual en beneficio de los familiares directos de las víctimas de violaciones de derechos humanos o de violencia política, cónyuge sobreviviente, madre o padre, hijos menores de 25 años, como asimismo al derecho de ciertas prestaciones de salud por los servicios públicos respectivos y a becas de estudio para la enseñanza media y superior para sus hijos.

Asimismo, la ley facultó a la nueva Corporación para resolver los casos de eventuales violaciones graves a derechos humanos con resultado de muerte sobre los cuales la Comisión no había alcanzado a formarse convicción, no se pronunció por falta de antecedentes o no tuvo conocimiento oportuno. Le encomendó también promover y coadyuvar a las acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de personas detenidas - desaparecidas.

En ejercicio de estas atribuciones conociendo de las denuncias que la Comisión de Verdad y Reconciliación logró resolver y de los 1200 casos nuevos que se le presentaron, la Corporación declaró víctimas de violaciones de derechos humanos a 899 personas de entre ellas 776 muertas y 123 desaparecidas. De este modo, el total de víctimas reconocidas oficialmente por el Estado chileno se eleva a 3.014 personas, de las cuales 1.080 fueron detenidos desaparecidos.

Por otra parte, la Corporación reconoció a casi 5.000 familiares de las víctimas, el derecho a pensiones de reparación de cargo fiscal que le otorgaba la ley, cuyo monto como promedio fue una cantidad equivalente a 500 dólares por causante.

Junto con esto el Presidente de la República, quien les habla, en esa época envió un oficio a la Excelentísima Corte Suprema acompañándole el texto completo del Informe, y pidiéndole que se activaran por los Tribunales las correspondientes investigaciones para esclarecer los delitos que se hubieran cometido, para ubicar el paradero de las personas desaparecidas y para aplicar las sanciones que correspondieran. En ese oficio se hizo presente que en concepto del gobierno, la vigencia de la Ley de Amnistía no podía ser obstáculo para llevar adelantela investigación judicial. Tres razones invoqué para esta interpretación.

1º Que para sobreseer en un proceso en razón de amnistía la ley procesal exige que, previamente, se agote la investigación sobre el hecho delictuoso y los posibles responsables. Hasta entonces, a los Tribunales llegaba la denuncia y decían: "encontrándose este hecho amparado por la Ley de Amnistía, archívense los antecedentes". Yo les dije ¡no señores!; conforme al Código de Procedimiento Penal la amnistía solo se puede aplicar una vez agotada la investigación.

2º Que en los casos de desaparecimientos de personas se trata de delitos continuados que se prolongan en el tiempo hasta que no se aclare lo que ocurrió con las víctimas, lo que impide aplicar la amnistía relativa a delitos cometidos antes de su dictación en 1978, y

3º Que la Reforma Constitucional de 1989, reforma constitucional que se negoció entre la oposición que había ganado en el plebiscito del No del año 88 y el gobierno militar reconoció a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile como una de las bases de la institucionalidad nacional, lo que obliga al Estado chileno a reconocer el carácter de imprescriptible y no amnistiable a los delitos de lesa humanidad.

En el hecho, aunque desde entonces fueron muchos procesos activados en los Tribunales, en la mayoría de los casos la investigación resultó infructuosa y los Tribunales terminaron declarándola agotada y dictando sobreseimientos cuando no, aplicando derechamente la Ley de Amnistía. Pero en varios otros casos los Tribunales han resuelto que el tratado internacional invocado por la parte querellante en virtud de la Reforma Constitucional de 1989, sería aplicable a estos casos, porque el delito se cometió con anterioridad a esa reforma.

Creo importante señalar que, tratándose de delitos no comprendidos en la Ley de Amnistía como el asesinato del ex Ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier y los cometidos después de la dictación de esa ley, los Tribunales han dictado varias sentencias condenatorias y varios funcionarios de los servicios represivos, tanto de policía como de fuerzas armadas se encuentran cumpliendo condenas o procesados, aún actualmente. El caso más relevante, sin duda, el del asesinato de Orlando Letelier por el cual fueron condenados a presidio dos generales de ejército, los más altos jefes de la Dina.

Acogiendo la sugerencia del Informe de la Comisión, se procuró, por diversas acciones, reivindicar el honor de las víctimas de las principales violaciones de derechos humanos. Dentro de ese propósito se inscribe la erección de un monumento que se construyó en el Cementerio General de Santiago, en homenaje a esas víctimas.

Sin duda, no tengo yo la imparcialidad necesaria para hacer una evaluación objetiva de lo que para la solución de los problemas derivados de las violaciones de derechos humanos cometidos en nuestro país, representó la Comisión de Verdad y Reconciliación. Invitado a emitir una opinión al respecto, no puedo ocultar que considero ampliamente favorable el balance de su creación y funcionamiento.

No es mi ánimo presentar como modelo lo que hicimos en Chile. Varios países han sufrido la misma tragedia que sufrió nuestro país y cada cual ha actuado a su manera. Pero en conciencia, creo que lo que hicimos es de las experiencias que han sido más fructuosas en este terreno.

En nuestro caso concreto, al recuperarse la democracia después del régimen militar de 16 años y medio, varias circunstancias justifican el camino escogido:

1º La dictadura chilena no fue derribada por una revolución o sublevación triunfante. Fue derrotada por la vía electoral en un plebiscito y en unas elecciones previstas en la institucionalidad establecida por la propia dictadura. El traspaso de cambio de poder autoritario al poder democrático fue, en consecuencia, un proceso pacífico, ordenado y sujeto a la ley. Tal vez esto sea difícil de entender por muchos, pero es, en alguna medida, parte de la tradición juricista y legalista de que los chilenos nos sentimos satisfechos, y

2º Tal vez el factor determinante del triunfo democrático del plebiscito de 1988 y en la elección presidencial de 1989, fue el anhelo de paz de los chilenos. Nuestro país vivió alrededor de 20 años de hondas divisiones gestadas en la competencia entre modelos de sociedades incompatibles, propugnadas por sectores altamente ideologizados y profundizadas por la imposición brutal de la fuerza durante la dictadura y en las postrimerías de ésta los chilenos no querían más guerra ni más violencia ni más odios. Querían restablecer el imperio del derecho para vivir en paz.

Pienso que estas dos circunstancias fueron determinantes para que, a pesar del legítimo anhelo de muchos de que se hiciera justicia condenando a los culpables, la mayoría de los chilenos admitiera que lo fundamental era esclarecer la verdad y que en cuanto a la justicia habría que conformarse con procurar lo más que fuera posible, dentro de las circunstancias. Aunque la sociedad chilena no renuncia a su natural anhelo de mayor justicia y, en especial, de que se esclarezca el paradero de los desaparecidos, para lo cual se siguen buscando fórmulas que puedan resultar eficaces, pienso que al cabo de toda esta experiencia podemos admitir que Chile ha llegado a ser una nación reconciliada.