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Psykhe (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-2228

Psykhe v.19 n.2 Santiago nov. 2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282010000200005 

PSYKHE 2010, Vol. 19, N° 2, 39-50

 

La Economía Política y las Motivaciones de Participación Socio-Política de Jóvenes Chilenos: Una Interpretación de los Hallazgos de Martínez, Silva y Hernández (2010)

 

Political Economy and Youth Motivations of Socio-Political Participation: An Interpretation of the Findings From Martínez, Silva and Hernández (2010)

 

Eduardo Silva1, Carmen Silva2

1 Tulane University

2 Universidad Alberto Hurtado


El artículo de Martínez, Silva y Hernández (en este número) argumenta que los jóvenes chilenos se han distanciado de la participación sociopolítica convencional, porque perciben una falta de validación de las personas en el sistema sociopolítico actual, debido a la vulneración de derechos, inequidad social y falta de voz y poder de los ciudadanos. Esto choca con sus valores de fraternidad y desarrollo justo y digno de las personas. En este ensayo se examina si ese sentir tiene fundamentos reales en la estructura y lógica del modelo político-económico que ellos critican. Se aborda el tema desde el marco analítico de la economía política, que parte del supuesto de que las estructuras económicas y políticas determinan sujetos sociales, sus intereses y su poder relativo. Se encontró una asociación directa entre la lógica del modelo político-económico y los sentimientos de exclusión que expresaron los entrevistados.

Palabras clave: ciudadanía, jóvenes, participación política, valores, economía


he article by Martínez, Silva, and Hernández (in this issue) argues that Chilean youth have disengaged from participation in conventional socio-political institutions because they believe that the sociopolitical system does not validate the persons, violates their rights, is highly inequitable, and excludes them from having a real voice in public decision-making. This perception clashes with their values of fraternity and a just and dignified development for everyone. This essay examines if these beliefs have a real basis in the structure and logic of the economic and political model they criticize. This issue is analyzed from a political economy perspective, built on the assumption that economic and political structures determine social subjects, their interests, and their relative power. A direct association was found between the logic of Chile's political-economic model and the feelings of exclusion that the interviewees expressed.

Keywords: citizenship, youth, political participation, values, economy


 

El distanciamiento juvenil de la participación política convencional ha sido un fenómeno creciente en Chile. El alto nivel de desinterés que muestran los jóvenes por inscribirse en los registros electorales y votar constituye un indicador de esta tendencia. Más de un tercio de los jóvenes entre los 18 y los 29 años no está inscrito y existe una gran desafección por los asuntos públicos (Instituto Nacional de la Juventud, 2007). Solo el 20% de los ciudadanos entre los 18 y 25 años declara haber votado en la elección presidencial del 2004-2005 (Luna, 2008). Esto ha causado preocupación entre las elites políticas, la academia, los medios de comunicación y sectores de la ciudadanía, porque a largo plazo ese retiro podría tener consecuencias negativas para la goberna-bilidad democrática. Esta preocupación ha generado una discusión sobre reformas de los partidos políticos y del sistema electoral que ha quedado plasmada en una serie de obras de autores que representan una amplia gama del espectro político del país (Fontaine, Larroulet, Navarrete & Walker, 2008, 2009; Fuentes & Villar, 2006).

Hay que reconocer que el descenso de la participación electoral no es solo un problema chileno; se observa tanto en las democracias del mundo desarrollado como en el resto de América Latina. Pero esto no significa que no sea un problema o que los estudios de caso no tengan importancia. Primero, el hecho de que suceda lo mismo en Chile que en las democracias de los países desarrollados no es motivo de autocompla-cencia. Como lo señalan muchos analistas, también en ellos el declive en la participación es considerado problemático (Almond & Verba, 1963; DeBardeleben & Pammett, 2009; Putnam, 2000; Wattenberg, 2002). Segundo, en nuestra región las estadísticas de participación electoral para Chile están consistentemente bajo la media, a veces muy por debajo (Luna, 2007). Tercero, como señala elocuentemente Luna (2008), "el contexto en el cual los potenciales electores no votan es diferente [en cada caso], lo que torna discutible una comparación directa" (p. 82). Es decir, conocer las características específicas de un caso en un momento concreto es necesario para entender sus problemas y resolverlos.

El artículo de Martínez, Silva y Hernández (en este número) hace un aporte significativo a la explicación del distanciamiento juvenil de la participación política en Chile. Su estudio sobre las creencias y aspiraciones de ciudadanía de jóvenes chilenos con participación social encontró que estos tienen un juicio negativo sobre el sistema sociopolítico actual. Sienten que existe una falta de validación de las personas, porque perciben que el sistema vulnera sus derechos, reproduce inequidades y no da oportunidades de poder y voz real. El estudio también revela que las aspiraciones de ciudadanía de los jóvenes tienen raíces en valores de comunidad, fraternidad, dignidad, justicia, equidad socioeconómica y voz en asuntos políticos. Esto los motiva a participar en nuevos espacios donde pueden desarrollar esos valores. Los resultados se basaron en datos de una muestra de jóvenes con participación social de ambos sexos, entre los 16 y los 25 años y de nivel socioeconómico diverso, utilizando una metodología cualitativa con entrevistas semiestructuradas en profundidad y grupos focales.

Este ensayo ahonda en la explicación avanzada por Martínez et al. sobre el creciente retiro de los jóvenes chilenos de la participación política tradicional -votación, actividad partidaria y servicio público-. Los resultados de su investigación sugieren la siguiente pregunta sobre un tema poco estudiado: ¿Tiene fundamento real en la estructura y lógica del modelo político-económico la percepción de los jóvenes que esta contraviene sus creencias y aspiraciones de ciudadanía? Para abordar esta pregunta, conectaremos los resultados del trabajo de Martínez et al. sobre las creencias y aspiraciones de ciudadanía de los jóvenes con la lógica del sistema político-económico. Dado que utilizamos citas textuales de sus entrevistas, usaremos la misma codificación para identificar a los jóvenes. El análisis tiene implicaciones para políticas públicas. Aporta a la discusión sobre las reformas necesarias para revertir el distanciamiento de la juventud de la participación política convencional. Aunque no es un tema que podemos abordar aquí, una relación positiva llamaría a reflexionar sobre reformas que no se limiten a cambios superficiales y puntuales.

Economía Política Como Enfoque Analítico

Analizamos la estructura y lógica del sistema político-económico desde la perspectiva de la economía política. Este enfoque analítico estudia cómo la economía afecta a la política y viceversa. En sus versiones más economicistas se parte del supuesto de que las estructuras económicas determinan sujetos sociales, sus intereses y, junto a estructuras políticas, su poder relativo. En este ensayo nos concentraremos en el último tema. Examinaremos cómo la relación entre la economía y la política refuerza un determinado modelo de desarrollo económico y régimen democrático en Chile. Estos estructuran pautas de inclusión y, lo que es de mayor importancia para nosotros, exclusión de individuos y grupos sociales y sus intereses. Relajaremos los supuestos de la derivación económica de intereses para incluir valores, o sea, los modelos económicos y políticos también potencian o marginan valores. Para hacer esta conexión nos afirmamos en vertientes más sociológicas y antropológicas de economía política, como las que emanan del pensamiento de Max Weber (1978) y Karl Polanyi (1957).

Aunque hay muchas corrientes de economía política, estas tienen elementos en común: analizan las fuerzas sociales, instituciones y políticas públicas que posibilitan la creación, acumulación y distribución de la riqueza, generalmente en economías capitalistas. Visto de esta manera, como argumentan Frieden (1991) y Esping-Andersen (1990), la eficacia de las instituciones políticas para apoyar procesos de acumulación y distribución de la riqueza es un tema clave. Esta problemática incluye el estudio de cómo las fuerzas sociales influencian políticas públicas y la construcción de instituciones. En resumen, el rol de lo político —Estado y régimen político— en la creación y distribución de la riqueza es un tema central de la economía política. Naturalmente, sobre este punto hay varias corrientes de pensamiento. Aquí solo resumimos el que tiene más injerencia para el caso chileno, junto a las críticas de más relevancia para la comprensión de las percepciones de los jóvenes.

Las economías clásica (Ricardo, 1973; Smith, 1776/1961) y neoclásica (Friedman, 1982; Hayek, 1944, 1960) enfatizan la primacía del mercado y un rol mínimo del Estado. El mercado, mediante el sistema de precios, asigna los recursos trabajo, tierra y capital de forma más eficiente, creando así las condiciones más eficaces para la creación de riqueza. Al aplicarse correctamente las reglas del mercado, estas crean un mercado autónomo y auto-regulado. Desde esta perspectiva, el Estado no debe interferir con el funcionamiento del mercado. Al hacerlo, solo distorsiona precios, baja la eficiencia y reduce la creación de riqueza. Pero los mercados no funcionan por si solos y no proveen todos los bienes públicos necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. Por eso, las funciones del Estado deben concentrarse en instituciones que complementen, apoyen o refuercen al mercado, con instrumentos que distorsionen lo menos posible el funcionamiento del sistema de precios en la asignación de recursos (tierra, trabajo y capital).

En relación al tema central de este ensayo, es importante resaltar que las perspectivas clásica y neoclásica privilegian al individuo, la competencia y los valores de la eficiencia y eficacia económicas. En su visión, estas posibilitan el máximo de bienestar a personas libres de seguir sus propios intereses. Por lo tanto, es filosóficamente deseable crear las condiciones para que el mercado sea independiente del Estado.

Frente a esta postura, hay corrientes más críticas que sostienen que, además de la eficiencia económica, hay otros valores necesarios para obtener el máximo de bienestar para el conjunto de la sociedad. Primero, como lo ha señalado una amplia gama de economistas políticos (Esping-Andersen, 1990; Lindblom, 1977; Marshall, 1950; Rueschemeyer, Stephens & Stephens, 1992), el mercado no es neutro. El poder se distribuye de acuerdo a quienes tienen mayores recursos y organización económicos. En la medida que el poder político se ajusta primordialmente a los requerimientos de la economía privada, se refuerza el poder de los últimos. Por lo tanto, como señala Esping-Andersen (1990), potenciar otros valores, como la solidaridad, la comunidad, la justicia y la equidad socioeconómica, requiere de instituciones políticas que interfieran en el mercado a través de la redistribución por la vía tributaria, la educación y la previsión social, acercándose más a modelos universales.

Un punto clave en esta discusión, ya a partir de Adam Smith (1776/1961) en el siglo XVIII, han sido los temas del intercambio (exchange) y de la mercantilización (commodificatiori) de los factores trabajo, capital y tierra, por su rol primordial en la acumulación de riqueza. Desde las ópticas clásica y neoclásica, es necesario y deseable pensar en estos como factores exclusivamente económicos, como mercancías que se compran y venden. Karl Polanyi (1957) criticó esta postura desde una perspectiva antropológica de la economía política. Él y sus seguidores argumentaron que trabajo, tierra y capital eran mercancías ficticias porque no existen independientes de su conexión con relaciones sociales entre seres humanos que tienen valores y necesidades más profundas que el intercambio de dinero (Block & Somers, 1984; McMichael, 2005). Las personas se resisten a ser compradas, vendidas y descartadas según los vaivenes (a menudo bruscos) del sistema de precios en el mercado. Necesitan de una cierta estabilidad material y psíquica (tanto personal como para la familia), sentido de solidaridad y dignidad humana, satisfacción de un sentido de justicia, sentirse valorados en comunidad con un status social estable y, por cierto, supervivencia física. El mercado solo no promueve estas cualidades; muchas veces las destruye. Por eso las personas buscan protegerse del mercado.

A continuación examinaremos como las observaciones y juicios de jóvenes chilenos del estudio de Martínez et al. reflejan elementos centrales de la estructura y lógica del sistema económico y político actual chileno. Los motivos de su rechazo al sistema validan expectativas de comportamiento desde el punto de vista de la economía política crítica al sistema. Y, aunque no lo podamos desarrollar aquí, también avanza una explicación de las razones para buscar otros tipos de asociación.

Estado, Mercado y la Crítica de los Jóvenes

Una de las conclusiones del artículo de Martínez et al. fue que los jóvenes entrevistados percibían una "falta de validación de las personas en el sistema sociopolítico actual, debido a la vulneración de derechos, inequidad social y falta de voz y poder de los ciudadanos" (ver resumen). También encontraron que esa percepción había contribuido al distanciamiento de estos jóvenes de la participación política convencional. Abordando el tema desde la óptica de la economía política, en este ensayo argumentaremos que esa percepción tiene fundamentos reales en la lógica y estructura del sistema económico y político que se ha venido construyendo en Chile.

El sentimiento de los jóvenes de que "todo se compra" se ajusta a la realidad de la economía de mercado que se ha creado desde 1975, en la cual el Estado ejerce un rol subsidiario. Una amplia gama de analistas concuerda en que tanto las relaciones económicas como las sociales se rigen, lo más posible, por el sistema de precios que determina los términos de intercambio (compra y venta) y, por ende, se rigen por la lógica de la eficiencia económica y la ganancia (Bates & Krueger, 1993; Edwards, 1995; Edwards & Cox Edwards, 1987; Foxley, 1983). El Estado no tiene un rol económico más allá de proveer bienes comunes que el sector privado no produce o produce poco, tales como orden, defensa, la mínima regulación e institucionalidad necesaria para el funcionamiento de mercados y la protección de los sectores sociales más vulnerables. En relación a este punto, las modernizaciones sociales que se iniciaron a partir de 1979 refuerzan el sentimiento de que "todo se compra" (véase a Oppenheim, 2007). Los estudios sobre flexibilización del mercado laboral (Angelí, 1995; Cook, 2006; Frank, 2002; Sehnbruch, 2006), la privatización de la salud (Raczinski, 1983, 1998, 2000), la educación (Raczinski, 1998) y la previsión (Borzutzky, 2006) establecen que las reformas en estas áreas se hicieron para complementar al mercado. Es decir, las políticas sociales someten a la mayoría de las relaciones sociales a la lógica del mercado porque fueron diseñadas acorde a ella. Como argumentara elocuentemente Esping-Andersen (1990), esta lógica reduce a mercancías a las personas y a los servicios sociales que sustentan su bienestar y oportunidades de vida. Consecuentemente, el nivel de bienestar de las personas depende de su capacidad de compra y venta en los mercados laborales en la forma de sueldos y salarios, para consumir servicios en los mercados educacionales, previsionales y de pensiones. Además, estos analistas concuerdan en que las reformas de los gobiernos de la Concerta-ción a las políticas sociales del gobierno militar intencionalmente no han sido lo suficientemente profundas como para cambiar su fundamentación en la lógica de mercado que las inspiró.

El sentimiento de injusticia que albergan los jóvenes entrevistados en el estudio de Martínez et al. también tiene raíces en esta misma lógica de mercado. En un estudio comparativo amplio, Silver (2003) mostró que al tratar a las personas y sus oportunidades de bienestar principalmente como mercancías, cuyo consumo depende de su capacidad de compra, se genera un sentido de injusticia porque, a la par con generar riqueza, la economía de mercado crea grandes desigualdades.

En Chile los índices de concentración del ingreso revelan una realidad de bajas remuneraciones para la mayoría y de alto ingreso para una minoría. Por ejemplo, el coeficiente de Gini era igual en 1998 que en 1987 (0,55), uno de los más altos de Latinoamérica (Borzutzky, 2006). Según las Naciones Unidas, la cifra prácticamente no habría cambiado para el 2003. Según la Encuesta Casen, entre 1990 y 2003 el coeficiente de Gini había oscilado entre 0,58 y 0,57 (Oppenheim, 2007).

La minoría de altos ingresos goza de capacidad de compra para consumir servicios privados de bienestar a niveles que posibilitan relativo éxito. Pueden adquirir buena educación para sus hijos, permitiendo que compitan por los mejores empleos, y también tienen los medios para comprar amplia protección contra desventuras (seguros de previsión y ahorros para pensiones). Para la mayoría, los servicios privados de bienestar de primera calidad están fuera de su capacidad de compra o, en el mejor de los casos, solo los puede consumir selectivamente con gran precariedad y sacrificio. Por ende, como han demostrado muchos estudios (Borzutzky, 2002; Borzutzky & Oppenheim, 2006; Oppenheim, 2007; Raczinski, 1983, 1998), la mayoría o queda relegada al sistema público, cuya calidad es por lo general inferior al privado, o a duras penas consume servicios privados de segunda o tercera calidad. Según Esping-Andersen (1990), esta es una característica general de los sistemas de bienestar liberales y Chile es un ejemplo de este tipo.

Esta lógica (y realidad) del sistema económico es una de las causas de la visión crítica de los jóvenes sobre la injusticia y los derechos sociales que encontraron Martínez et al. Es lo que condiciona su percepción de que en los servicios de salud "no van a atender de un modo a un niño en distintas partes. Eso depende súper harto de la plata" (E6, 149). "Hay personas en este país que no tienen qué comer y el otro tiene un chorreo de plata" (GF1, 99). "Siempre me ha (...) llegado mucho a mí mismo (...) las injusticias y sufrimientos de ellos [los pobres]" (E5, 24). Es decir, su visión de que esos derechos sociales están condicionados al poder adquisitivo o a la situación económica, como concluyeran Martínez et al., tiene fundamentos sólidos en la economía de mercado que se ha construido en Chile.

El punto central es que bajo estas circunstancias a la mayoría de las personas le es muy difícil consumir servicios de bienestar a niveles que permitan movilidad social. O sea, la dualidad en la calidad de servicios privados de primera necesidad versus servicios públicos (o privados inferiores) refuerza la rigidez de la estratificación social que ha encontrado Portes (Portes & Hoffman, 2003). Esto ahonda el sentimiento de injusticia de los jóvenes, reflejado en la siguiente demanda: "Terminar con el sistema, terminar (...) que se colapsan los consultorios, que la gente se muere en los pasillos y eso, digamos, que hay que esperar un mes o dos meses para que alguien lo puedan atender, digamos, en una enfermedad particular" (E5, 84-92).

Más aún, siguiendo a Frank (2002), el código laboral -es decir, la institucionali-dad del Estado- resalta la calidad de mercancía de las personas que, como argumenta McConnell (1967), las enfrenta al poder económico en su calidad de individuos, o sea, solos. Los jóvenes captaron esto perfectamente al decir: "Acá también, un trabajador queda igual prácticamente botado, lo echan, van y con suerte le pagan indemnización (...)" (E2, 189).

La mercantilización de los derechos sociales es precisamente lo que busca profundizar la lógica del mercado en las relaciones sociales. En este sistema los individuos son la unidad social fundamental y tienen que buscar cómo satisfacer sus necesidades en el mercado de acuerdo con su capacidad de compra. Sin embargo, como algunos estudios han documentado (Angelí, 1995; Cook, 2006; Sehnbruch, 2006), en el mercado laboral la mayoría de las personas tiene poca capacidad para negociar sus condiciones de trabajo; tiene que aceptar lo que se le ofrece y, por ende, no puede consumir mucho bienestar. La minoría privilegiada negocia buenos contratos, compra servicios sociales de calidad y dispone con gran flexibilidad sobre el trabajo de los demás, especialmente en cuanto a despidos, horas y condiciones de trabajo.

Un comentario de los jóvenes resume una gama de conflictos de valor causados, en parte, por la mercantilización de las relaciones sociales. Estos van más allá de los valores económicos, pero no están desligados de ellos: "Me ha llegado mucho (...) los sufrimientos de ellos (...) levantarse a las cinco de la mañana pa' ir a trabajar y vuelven a las nueve de la noche, y (...) esas dos horas que están en su casa, digamos, a su mujer ya no la tocan, a sus hijos no los conocen, no los ven crecer (...) yo tampoco quiero vivir eso y no me gustaría que mi familia y que toda la gente que quiero viva en eso" (E5, 24).

¿Cómo se relacionan estas críticas sobre los derechos sociales en el sistema socioeconómico con el distanciamiento de los jóvenes de la participación en instituciones políticas convencionales, como elecciones, votación, militancia partidaria, comisiones oficiales? El estudio de Martínez et al. descubrió una motivación importante: los jóvenes entrevistados valoran las relaciones comunitarias saludables y fraternas y aprecian la validación del desarrollo justo y digno de cada uno, respetando sus derechos en un contexto de equidad. Pero desconfían en que el mundo de la política convencional esté interesado en cambiar el status quo socioeconómico que vulnera esos valores. No creen que toma en serio los planteamientos sobre la necesidad de reformar las instituciones políticas para hacerle más contrapeso al mercado, y esto no solo en el sentido material sino, también, de potenciar espacios que permitan la satisfacción de valores no materiales. Según los jóvenes entrevistados, sería necesario democratizar el poder para que las decisiones fueran menos verticales. Habría que crear canales de participación política ciudadana que permitieran voz real de la sociedad en las políticas públicas. Aunque no saben cuáles serían, objetan las propuestas "pantalla", es decir, el maquillaje al sistema imperante, que es lo usual.

Estas percepciones de los jóvenes, como en el caso de la lógica del mercado, tienen fundamentos reales en la formación del Estado y el régimen democrático actual de Chile. A partir del gobierno militar y durante la transición a la democracia, el Estado y la institucionalidad política han sido diseñados para proteger y apoyar a la economía de mercado y para restringir y controlar la participación ciudadana. Desarrollaremos el argumento de la siguiente manera: primero, analizaremos la lógica del orden político económico, que tiene sus raíces en el gobierno militar, y, luego, examinaremos cómo las observaciones de los jóvenes entrevistados ilustran esa lógica.

Chile ha sido parte de —algunos dirían liderado- procesos históricos globales y latinoamericanos analizados por Polanyi (1957) y Topik (1999, 2001). Aunque el Estado no interviene mucho en la economía de libre mercado, no es que esté ausente o sea neutro. Empleó su poder en la creación del sistema socioeconómico y, en el caso chileno, sigue ejerciéndolo en su reproducción, aunque con algunas reformas importantes después del gobierno militar. Para conocer las reformas a la Constitución de 1980, puede leerse a Oppenheim (2007) y a Borzutzky y Oppenheim (2006). En Chile, como ha argumentado Loveman (1991, 1995), el rol del Estado en la economía y la sociedad quedó plasmado en la Constitución de 1980. Entre los artículos más importantes resaltan los que protegen la propiedad privada y una serie de "amarres" a la democracia para resguardarla del marxismo y del populismo o, incluso, de la economía mixta y la social democracia. Esos amarres fueron muchos, incluyendo espacios significativos de autonomía de la autoridad política civil cedidos a las Fuerzas Armadas, tutela del régimen democrático por parte de las fuerzas armadas, senadores designados, reglas de quorum en el poder legislativo que obligan a negociar con la oposición (que fue de la centro-derecha durante los gobiernos de la Concertación) y el sistema electoral, al que nos referiremos más adelante.

Acuerdos tácitos y explícitos entre elites que han perdurado desde la transición a la democracia a fines de 1980 refuerzan substancialmente la mantención de un Estado minimalista en la economía de libre mercado y las instituciones representativas correspondientes. Barton (2002) y Loveman (1994) han mostrado cómo en una situación complicada de juego de fuerzas la Alianza Democrática (que luego pasó a ser la Con-certación de Partidos por el No durante el plebiscito de 1989), para asegurar la transición a la democracia a fines de los años 80, dio garantías de mantener en lo fundamental el modelo socioeconómico implantado por el gobierno militar. Como han señalado autores tan variados como Silva (2009), Loveman (1993) y Puryear (1994), el convencimiento de importantes sectores del li-derazgo político de la centro-izquierda y de sus cuadros técnicos sobre la superioridad del mercado para generar crecimiento económico, fue otro elemento importante en la solidez del apoyo político al mercado desde la transición a la democracia.

Académicos como Paul Posner (2008) y Eduardo Silva (1992) han argumentado que estos factores han sido claves para asegurar la preponderancia del poder privado sobre el sector público en democracia. Estos factores, entre otros, y, no obstante la paulatina eliminación de enclaves autoritarios en democracia (notoriamente los senadores designados y la drástica reducción de autonomía y tutela militar), limitan la capacidad de gobiernos de orientación social democrática de reformar substancialmente el código laboral, la ley de educación y el sistema previ-sional en salud y pensiones. Varios autores se han referido a los intentos de reforma de estas políticas públicas (véase a Borzutzky, 2002; Borzutzky & Oppenheim, 2006; Cook, 2006; Drake & Jaksic, 1999; Frank, 2002; Oppenheim, 2007; Raczinski, 1983, 1998; Sehnbruch, 2006).

Discrepancias entre los partidos de la Concertación sobre estos temas (Navia, 2006; Siavelis, 2005) y el "partido transversal" dentro de la Concertación también influyeron en la perpetuación de esta condición. El partido transversal se refiere a redes informales de líderes políticos de la Concertación que transcendieron lealtades partidistas. Estos líderes concuerdan en que, como sistema socioeconómico, el mercado es superior para el desarrollo de Chile porque genera mayor crecimiento económico. Ellos ejercieron gran influencia en la definición estratégica de la política de la Concertación y en el diseño de políticas públicas: hacían posible la llamada democracia de los acuerdos entre la Concertación y los partidos de la oposición de centro-derecha en el poder legislativo (Siavelis, 2006).

A estos factores que refuerzan el status quo habría que agregar tres más: las reglas de quorum para la aprobación de leyes en el parlamento, el sistema electoral binominal y la transformación de partidos políticos en partidos netamente electorales. Los primeros dos operan de forma complementaria. Las reglas de quorum se refieren a las mayorías calificadas que se necesitan para aprobar una legislación. Para leyes con alguna connotación constitucional se requieren grandes mayorías que varían según la categoría constitucional de la ley, es decir, requieren significativamente más que una simple mayoría del 50% más uno. En todos los temas en los que los jóvenes ven la necesidad de reformas, las leyes tienen alguna implicación constitucional, como en educación, trabajo, salud, previsión, leyes de partido, el sistema electoral y las mismas reglas de quorum.

El sistema electoral binomial contribuyó significativamente a que durante los gobiernos de la Concertación la centro-derecha —que apoya fuertemente el Estado minimalista dentro de una sociedad de mercado- tenía la capacidad de usar las reglas de quorum para evitar los proyectos de ley sobre reformas no deseadas o para paralizarlos del todo, porque el sistema binominal en la práctica, como argumentan Siavelis (2005) y Posner (2008), genera sobre representación de la centro-derecha en el parlamento. Cada distrito elige a dos candidatos. Para que un partido o coalición de partidos gane ambos escaños tiene que obtener el 66% de los votos. En caso contrario, el partido o coalición "perdedora" gana el otro escaño. Durante los gobiernos de la Concertación esto favorecía a los partidos de la centro-derecha que, aunque en muchos distritos perdían por mayoría, aún quedaban con un representante. Por ende, la centro-derecha tenía suficientes votos para asegurar que las reformas tendrían que negociarse al punto de que les fueran aceptables o ejercer de facto un veto.

El modo de articulación entre partidos políticos chilenos y la ciudadanía refuerza el sentido de exclusión de los jóvenes. Como ha argumentado Carretón (1989), antes del gobierno militar los partidos políticos tenían una profunda interpenetración con organizaciones sociales, incluyendo las populares en el caso de los partidos más progresistas y de izquierda (Carretón, 1989). Lamentablemente, según la interpretación más aceptada, las cúpulas políticas irresponsablemente incrementaron la participación política y las expectativas de bienestar más allá de lo que podían procesar y contener los partidos políticos y las instituciones del Estado (Huntington, 1968; Johnson, 1982; Sigmund, 1977). Según el planteamiento de Valenzuela (1978), el sistema electoral mul-tipartidario, con representación proporcional y concentrado en tres polos ideológicos (izquierda, centro, y derecha), contribuyó al desenlace del 11 de septiembre de 1973.

Basándose en este análisis de la ruptura democrática, tanto el gobierno militar como la Concertación tomaron medidas para superar esos problemas y asegurar el orden y la gobernabilidad. El gobierno militar estableció el sistema electoral binominal para incentivar la creación de dos polos, la centro-derecha y la centro-izquierda, y, como vimos anteriormente, para incrementar artificialmente la representación del primero en el poder legislativo. Eso acercaría a Chile a un sistema bipartidista, que una vertiente importante de la literatura considera un ideal de estabilidad, comparado a los sistemas multipartidistas, porque incentiva posturas centristas para captar la mayor votación posible (Downs, 1957; LaPalombara & Weiner, 1966; Lijphart, 1984; Linz & Valenzuela, 1994).

Complementando esta postura, a fines de los años 80 los partidos políticos de centro-izquierda (los de la Concertación) concluyeron que la estabilidad política requería romper con el antiguo patrón de relación con la base social. Como han argumentado Carretón (1991, 1993) y Quiroga e Insignia (2010), una vez en democracia se limitaron más bien a elegir líderes políticos y la participación política de los ciudadanos se acotó al acto de votar y a trabajos ocasionales en campañas electorales, por ejemplo, en el "puerta a puerta", concepción que se ajusta estrechamente al modelo democrático de Joseph Schumpeter (1950). Más aún, una vez elegido, como señala Silva (2009), el liderazgo político tomaba decisiones sobre políticas públicas por su cuenta, apoyado por una tecnocracia, y sin participación real ciudadana. Con el correr del tiempo, según varios estudios (Quiroga & Insignia, 2010; Tironi, 2010), durante los gobiernos de la Concertación los partidos políticos fueron perdiendo la función de contribuir al diseño de políticas públicas. El poder ejecutivo llegó a ejercer prácticamente toda la iniciativa, apoyado en sus equipos técnicos, y los partidos pasaron a ser vistos como organizaciones que se "moteaban" puestos en el Gobierno y en el parlamento. En este esquema, las organizaciones estudiantiles universitarias pasaron a ser básicamente campo de reclutamiento y socialización de una nueva generación de liderazgo para los partidos que crecían en su desprestigio.

Dado que fue diseñado para apoyar al mercado en la articulación de intereses, este sistema político privilegió la relación entre el sector público y el sector privado. Analistas han descrito cómo, en reuniones oficiales y extra-oficiales, los líderes políticos y los grandes empresarios chilenos (o sus representantes) decidían los parámetros generales de una política pública económica (Barrett, 2001; Posner, 2008; Silva, 1997). Luego, los cuadros técnicos correspondientes los afinaban. Este modo de articulación de intereses regía especialmente para políticas económicas. En el área de políticas sociales, laborales, de servicios o del medio ambiente también se invitaba a la mesa de discusión a grupos de consultores -a veces concentrados en organizaciones no gubernamentales o corporaciones—, como explican Borzutzky y Weeks (2010).

Con este estado de cosas, la frustración de los jóvenes entrevistados para el estudio de Martínez et al. queda manifiesta, especialmente en referencia a la comisión que se formó para la reforma de la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, después de las grandes movilizaciones estudiantiles de mayo y junio de 2006. Las mismas críticas rigen para sus experiencias con autoridades universitarias (Kubal, 2010): "En el día a día, en la gente de mi edad, es que cada vez le importa menos o a lo mejor tienen opiniones, pero sienten que no van a poder hacer nada con esas opiniones" (GF1, 53). Los jóvenes sienten que las autoridades los manipulan, hacen como si escuchan"(...) pero, en realidad, es para afirmar lo que ellos están pensando no más" (GF3, 91). "Yo siento que no [hay canales de participación]. Sé que los hay, pero prácticamente (...) todos (...) son mentiras. Siento que la mayoría son para calmarnos, para apaciguarnos, para hacernos sentir que estamos haciendo algo no más. Pero de allí, nos hacen preguntas, las anotan y luego se van y las notas las botan a la basura (...)." (GF1, 107).

En cuanto al sufragio como principal expresión de ciudadanía política, Martínez et al. encontraron profundo malestar entre los jóvenes: "Se puede votar cada vez que hay elecciones, pero si no se hace nada el resto del tiempo, no va a tener ningún sentido" (GF1, 43). Pero la crítica cala más hondo. La votación, como máxima expresión de ciudadanía, queda viciada fácilmente mediante la corrupción, insuficiencia de información, manipulación de la misma y falta de conciencia de los votantes:

[Sufragar es un tema] que también está relacionado con la pobreza (...) tú te mueres como los políticos hacen campañas en los campamentos (...) y les pagan a la gente para que sean como militantes de ellos (...) Y cuando están en campañas es cuando más aparecen en las contingencias. Entonces, como que se compran a la gente y la gente vota por ellos. Pero la gente no sabe por quién está votando, no tiene ni idea cuál es el proyecto (...) del que se está candidateando. No saben en qué van a ayudar, cuáles son sus ideologías... (E3, 64)

En resumen, la centro-izquierda, primero durante los últimos años de la dictadura y después en los gobiernos de la Con-certación, apoyó la creación de un régimen democrático en el que la participación ciudadana se limitaba a votar y las cúpulas políticas tomaban decisiones con bastante autonomía para, en parte, manejar responsablemente las expectativas de bienestar en una economía de libre mercado. Desde esta perspectiva, el énfasis en la democracia de los acuerdos y la tecnocracia para el diseño e implementación de políticas públicas maximizaba la gobernabilidad.

Los jóvenes interpretan esta institucio-nalidad como obstáculo a la validación de sus valores y, por lo tanto, no participan en ella. Creen que al liderazgo político no le interesa la construcción de instituciones políticas, sociales y económicas que le hagan contrapeso al mercado. Sin reformas a una institucionalidad expresamente construida para apoyar fuertemente al mercado, tampoco creen en la posibilidad de la plena realización de los derechos universales que legitiman a la democracia liberal; todo lo contrario. La imposibilidad de hacer reformas más profundas, o la fácil derrota política de los pocos intentos que se han hecho, demuestra que las instituciones apoyan a un sistema sociopolítico que, desde su punto de vista, resta validación a las personas. Al reforzar su condición de mercancía, vulnera sus derechos, promueve inequidad y excluye del poder y voz real a la ciudadanía. Por ende, a los jóvenes no les interesa militar en partidos políticos, votar o prestar servicio público. Tildan de "pantalla" a estas instituciones, porque no están pensadas como instancias generadoras de ideas y fuerza sociopolítica que complementen las insuficiencias del mercado y, así, contribuyan a realizar el pleno goce de derechos ciudadanos y los valores a que aspiran.

Conclusión

El ideal de los que dirigieron la transición a la democracia en Chile seguramente fue la construcción de un régimen de ciudadanía liberal. Según Yashar (2005), un régimen de ciudadanía articula la relación entre las personas y el Estado, especificando sus derechos y deberes. Un régimen de ciudadanía liberal establece una relación entre el individuo y el Estado, basada en derechos formales universales. Siguiendo los lincamientos del concepto de modernización expuesto por el Consenso de Washington, la plena realización de esos derechos requiere un sistema legal, regulatorio e institucional estatal que permita el pleno ejercicio de esos derechos (Kuczynski & Williamson, 2003; Williamson, 1993).

En teoría el ejercicio de esos derechos debería dejar abierta la posibilidad de crear instituciones que le hagan contrapeso a la lógica del mercado que solo incentiva valores relacionados a la eficiencia económica -lo que individuos puedan comprar o vender con ganancia—. Sin embargo, como hemos visto, en Chile esas instituciones explícitamente inclinan la balanza de poder a favor de la sociedad de mercado, la misma que los jóvenes quieren reformar para realzar valores que van más allá de la eficiencia económica. La primacía del mercado con pleno apoyo del Estado y de los partidos políticos crea significativas desigualdades en la satisfacción de derechos sociales, económicos y de participación en la toma de decisiones sobre políticas públicas. El mercado restringe los espacios de otros valores, como la solidaridad, las relaciones fraternales, la comunidad y el desarrollo justo y digno de las personas en un contexto de equidad. No es de extrañarse, entonces, que muchos jóvenes piensen que "el sistema" es injusto.

Por ende, si las instituciones de participación política convencionales en Chile quieren atraer a la juventud para asegurar su socialización política de forma congruente con la consolidación democrática, tendrán que ofrecer mecanismos de inclusión que permitan la resolución de sus inquietudes. Como plantea Altman (2006), tienen que crear espacios de discusión y acción que claramente contribuyan a la construcción o perfeccionamiento de instituciones que hagan posible el pleno goce de derechos ciudadanos, es decir, más allá del mercado. Soluciones "pantalla" o que abren espacios de participación sin cambios en la orientación de las instituciones, por lo visto, no tendrán éxito.

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Eduardo Silva,
Departamento de Ciencia Política, Tulane University, New Orleans, LA, Estados Unidos.

Carmen Silva,
Centro de Investigaciones Socioculturales, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile.

La correspondencia relativa a este artículo debe ser dirigida a G. Eduardo Silva, Department of Political Science, Tulane University, 316 Norman Mayer Building, 6823 St. Charles Ave., New Orleans, LA 70118-5698, USA. E-mail: gesilva@tulane.edu