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Estudios atacameños

versão On-line ISSN 0718-1043

Estud. atacam.  no.54 San Pedro de Atacama  2017  Epub 02-Fev-2016

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432016005000030 

 

CLAUSURAS DE BARES Y CANTINAS: SEGURIDAD CIVIL, LABOR POLICIAL Y ESTADO EN BOLIVIA URBANA

Helene Risør1

1 Programa de Antropología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul (Campus San Joaquín, Santiago, CHILE. Email: hrisor@uc.cl)

Helene Risør es antropóloga, PhD. Es profesora asistente del Programa de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile donde también se desempeña como investigadora principal del ICIIS, Centro de Estudios Indígenas a Interculturales. Es además post doctorante en la Universidad de Copenhague.


Resumen

Usando como punto de partida una protesta contra baresy burdeles (ilegales) en el centro de la ciudad de El Alto, este artículo se centra en la relación entre las prácticas de (in) seguridad civil, labor policialy la formación de Estado en y desde las zonas urbanas de Bolivia. El análisis de las relaciones entre la policía y los ciudadanos locales ilustra cómo las experiencias en torno a la (in) seguridad están contenidas en las comprensiones y las prácticas de Estado y de ciudadanía. El artículo ilustra cómo las demandas por derechos ciudadanos substanciales de poblaciones marginales pueden adoptar laforma de acciones ilegales. Sin embargo, la etnografía también indica cómo las instituciones estatales dependen de estas acciones comunitarias (ilegales) para poder asegurar el bienestar, seguridad y el orden,y, por tanto, cómo los grupos comunitarios terminan generando expresiones de estatalidad. Así pues, se argumenta que las actividades que a primera vista aparecen como un desafío a la autoridad del Estado y la soberanía, también pueden ser consideradas como un fortalecimiento del Estado o como una transformación de las prácticas estatales.

Palabras claves: Ciudadanos - Estado - juventud - protestas - política - alcohol.


Abstract

Based on an ethnography of a protest against (illegal) bars and brothels in the city center of El Alto the chapter focuses on the relationship between practices of civilin/security, police work and state formation in urban Bolivia. The analysis of the local police-citizen relations illustrates how peoples experiences with civil in/security are entangled with understandings and practices of statehood and citizenship. The article illustrates how marginalized populations' claims on substantial citizenship can take the form of illegal actions. Yet, the ethnography also indicates how state institutions depend upon the citizens(illegal) order making activities to ensure people's safety and public order and hence how community groups may enact 'stateness themselves. It is thus argued that activities that appear as defiance of state authority and sovereignty might also work as state enhancing and state transforming activities.

Keywords: Citizens - State - youth - protests - politics - alcohol.


INTRODUCCIÓN

El 17 de octubre del año 2007 ocurre una quema de botellas de alcohol, muebles y otros objetos en distintas calles de La Ceja, el densamente poblado centro de El Alto, Bolivia. Estos hechos se enmarcan al interior de una marcha organizada por la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) de El Alto. Las cholitas vendedoras y sus clientes, trabajadores, profesionales jóvenes y alteños en general, fueron testigos de cómo los changos [jóvenes] se movilizaban por computadoras y laboratorios de química para sus colegios, así como por la clausura de los bares, cantinas y burdeles ilegales de la zona. Los estudiantes coreaban "¿Qué queremos?", y a continuación respondían estruendosamente a su propia pregunta: "¡Clausura de bares y cantinas!". La marcha se convirtió en disturbio cuando un grupo de estudiantes comenzó a arrojar piedras a las ventanas de los bares cercanos, invadiendo los locales y sacando el mobiliario y el alcohol a la calle. Posteriormente, procedieron a prenderles fuego a estos objetos, todo lo cual ocurrió a plena luz del día. Para cuando la policía logró dispersar a la muchedumbre, al menos tres bares habían sido destruidos o dañados. En una primera instancia la policía actuó tratando de llevar detenidos a algunos jóvenes, aunque posteriormente nadie fue imputado jurídicamente por los destrozos. Al contrario, estos jóvenes han sido aplaudidos por sus acciones en una ciudad donde la delincuencia es una preocupación constante para los habitantes, y donde la proliferación de bares y cantinas, además del consumo excesivo de alcohol, es asociada a la ocurrencia de robos y asaltos, a lo que se suma la condena generalizada del consumo alcohólico como una forma de decadencia moral en el ámbito urbano.

Este artículo se funda sobre un año de trabajo de campo etnográfico en la ciudad de El Alto, realizado entre los años 2007 y 2008. Basándome en esto presento un análisis etnográfico extendido de la "clausura" y uso este evento como punto de partida para analizar la relación entre las prácticas de (in)seguridad civil, labor policial y la formación de Estado y ciudadanía en y desde las zonas urbanas de Bolivia. En el año 2007 mi incipiente investigación estaba centrada en las formas en que residentes ("vecinos") se organizaban para generar bienestar y seguridad en una ciudad con escasa presencia policial e infraestructura precaria, por lo que las organizaciones gremiales y sindicales aún no habían captado mi atención. Por esta razón cuando se realizó la clausura todavía no tenía conocimiento de la FES, y tampoco estuve presente durante el evento, aunque por otras vías había presenciado otras marchas juveniles contra el consumo de alcohol y -por casualidad- había sido testigo de otra protesta contra un bar en La Ceja. Fue recién después de la clausura que llegué a conocer a algunos dirigentes y miembros de base de la FES de esta época, y con un grupo de ellos realizamos talleres de investigación y conversaciones en torno a la temática de seguridad en forma sostenida durante el año 2008. Mi conocimiento sobre los eventos de clausura corresponde por lo tanto a entrevistas, conversaciones y recorridos por la ciudad con estudiantes que participaron en ellos y entrevistas con otros actores relevantes. El análisis desarrollado en el presente artículo surge de dichas entrevistas y conversaciones, en combinación con material etnográfico más amplio de El Alto sobre seguridad y formación de relaciones entre ciudadanos y Estado, en una época en que Evo Morales había sido electo presidente de Bolivia pero la consolidación del llamado "proceso de cambio" era todavía incierta y la nueva constitución que hoy en día define al país como un Estado plurinacional aún se estaba debatiendo en la asamblea constituyente en Sucre.

Situado en este contexto de gran transformación social y política, este análisis ilustra la manera en que las experiencias y protestas relacionadas con la (in)seguridad y orden público se relacionan con comprensiones y prácticas de ciudadanía y con expectativas sobre el rol del Estado desde un sector (los estudiantes organizados en la FES) en ese momento histórico. A la vez, uso el caso de la clausura para analizar las maneras en que determinadas prácticas ilegales pueden resultar en el fortalecimiento mutuo de algunos grupos de la sociedad civil y el Estado, e ilustro cómo el ámbito de la labor policial es indicativo en este sentido, ya que apunta al meollo de nuestra comprensión del Estado como garante de seguridad. Pues, en vez de asumir a priori la ilegalidad y la informalidad como antagónicas a la formación y consolidación de la soberanía estatal, esta etnografía ilustra que las instituciones estatales en ciertos momentos dependen de estas acciones comunitarias ilegales para asegurar el bienestar, la seguridad y el orden. De este modo, puede observarse cómo los grupos comunitarios terminan efectuando acciones de estatalidad y de paso se consolidan como actores sociales y políticos relevantes a los ojos de su comunidad y del Estado. Así pues, se argumenta que actividades que a primera vista aparecen como un desafío a la autoridad del Estado y a la soberanía, también pueden ser consideradas como un fortalecimiento del Estado o como una transformación de las prácticas estatales.

Inspirada en la noción de ciudadanía insurgente propuesta por James Holston (2008), ejemplifico cómo las demandas por una ciudadanía sustantiva con derechos sociales y legales por sobre solo una ciudadanía formal (expresada en el derecho a voto, siguiendo la tipología clásica de T. S. Marshall) de las poblaciones marginadas, pueden adoptar la forma de acciones ilegales. Señalo que las acciones populares ubicadas en los intersticios de la participación ciudadana formal e informal, y las acciones legales e ilegales, no necesariamente se sitúan en una relación de antagonismo con el Estado y las autoridades estatales. Esta práctica de extra-formalidad diluye los límites entre los ámbitos estatales y ciudadanos que parecen estar implícitos en muchos textos sobre Estado y ciudadanía. Siguiendo el importante trabajo de Veena Das y Deborah Poole (2004) sobre los márgenes del Estado como las zonas y prácticas desde donde el Estado es transformado -debido a las continuas presiones y necesidades de la población y el afán de control estatal de las poblaciones "otras"-, enfatizo la importancia de esta presencia estatal para una comprensión de los márgenes urbanos. El Estado está cada vez más presente en los márgenes urbanos de Bolivia, lo que se ha acentuado durante la última década, aun cuando por momentos adopta lo que Daniel Goldstein (2012) ha denominado una "presencia fantasmal". A veces se presenta a través de la represión policial y otras mediante los efectos e imaginarios que genera su ausencia; en tiempos más recientes también se ha hecho presente por medio de subsidios (los llamados "bonos") y obras de infraestructura, pero principalmente por las negociaciones y diálogos que promueven los grupos civiles y de base organizados en juntas de vecinos, sindicatos, agrupaciones culturales, etcétera.

Como lo ha indicado entre otros Alberti (2015) en Bolivia, los partidos -en el contexto actual el MAS- establecen relaciones con organizaciones indígenas y campesinos, quienes a la vez tienden a votar en bloque de acuerdo a decisiones tomadas en asambleas. Las organizaciones sociales y civiles juegan un rol importante, no solo en la decisión de voto de las personas sino también como instancia comunitaria y medio de presión hacia las autoridades. El rol central de dichas organizaciones es particularmente relevante en El Alto, donde el reconocimiento como ciudad diferenciada de La Paz y la creación del municipio en 1985 nacen más como producto de las presiones civiles que como consecuencia de una planificación centralizada. Asimismo, la ciudadanía organizada ha sido clave para movilizar cambios importantes en el país, como fue el caso durante la llamada "Guerra del Gas" en 2003, cuando las protestas de organizaciones alteñas en coordinación con organizaciones campesinas, finalmente provocaron el fin de la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada y abrieron el camino que conduciría a la elección de Evo Morales en diciembre de 2005. En este sentido, el Estado surge como una presencia palpable a través de la acción popular y de las organizaciones sociales que buscan su reconocimiento y/o entran en una relación oportunista con él, de acuerdo a sus propios propósitos. Independientemente de su fortaleza, las organizaciones sociales (vecinales, gremiales, culturales) están inevitablemente asociadas a la noción de un Estado, por último por ser conceptualmente definidas en oposición a éste como organizaciones civiles o sociales. En términos prácticos también necesitan el reconocimiento oficial expresado en la concesión de una personalidad jurídica, entre otras razones porque les permite postular a proyectos con organismos estatales e internacionales. También les resulta atractivo tener contacto con funcionarios que les puedan facilitar la comprensión de leyes, normas e intenciones de organismos, o mejor aún, cuando estos funcionarios representan una entrada para presionar por mejoras en sus zonas de residencia, para conseguir trabajo o acceder a información sobre nuevas iniciativas. El Estado es, en otras palabras, atractivo, y aun cuando organismos estatales no proveen las soluciones, o solo las proveen parcialmente, éste sigue teniendo un especial encanto cuyas cualidades casi mágicas (cf. Taussig 1997) residen, por un lado, en su poder soberano de infligir violencia y decidir impunemente sobre la vida y la muerte (Hansen y Stepputat 2005) y, por otro, en la ilegibilidad de sus prácticas e intenciones (Das 2004). Esta ilegibilidad genera una ambivalencia acerca de sus intenciones, que no solo permite los abusos del Estado sino también la creatividad ciudadana al momento de dialogar con él. Finalmente, es clave que no tan solo los ciudadanos necesitan el reconocimiento estatal, sino que el Estado también requiere de las acciones o participación ciudadana para llevar a cabo sus programas y mantener su encanto.

Como muestro mediante la etnografía desarrollada en las siguientes secciones del artículo, esta dependencia mutua es particularmente evidente en el ámbito de seguridad ciudadana, donde los Estados, y en particular aquéllos con recursos limitados como es el caso de Bolivia, dependen de la cooperación ciudadana, cuyos miembros son llamados a organizarse en sus vecindarios, apoyarse mutuamente, poner alarmas comunitarias, etcétera. Vemos aquí cómo la policía depende a menudo de las actividades ordenadoras (ilegales) de los ciudadanos. Por tanto, si bien la capacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad ciudadana es un aspecto fundamental de su "estatalidad" -tanto en la comprensión de la gente como en las teorías clásicas de soberanía (i.e. Hobbes 1968 [1651]; Weber 1958)-, en la práctica el ejercicio de la soberanía estatal depende de la colaboración de los ciudadanos, y la labor policial es, más bien colaborativa. Albrecht y Kyed (2015) han argumentado que los actores que realizan labores policiales constituyen un ensamblaje en donde las distintas entidades (por ejemplo, policía estatal, servicios de seguridad ciudadana, empresas privadas de seguridad y grupos civiles de vigilancia) en conjunto van constituyendo el orden y la autoridad. Desde esta perspectiva, el ejercicio de soberanía estatal es más bien parcial (cf. Comaroff y Comaroff 2006) y las distinciones entre quienes son actores estatales y no-estatales se vuelven borrosas. Por cierto que esta colaboración en la labor policial es compleja y está marcada por fricción, competencia y agendas divergentes. En ocasiones, esta relación se vuelve tensa y la búsqueda de seguridad a manos de las personas asume una forma que a primera vista parece indicar un desafío a la soberanía estatal; por ejemplo, quemas ilegales a bares y burdeles, o de manera más espectacular, el linchamiento de presuntos criminales a manos de una turba. De cualquier modo, deberíamos ser cautelosos de no considerar sin más las acciones de este tipo únicamente como expresiones propias de legalidad y soberanía popular o como desafíos a la soberanía estatal, porque también se pueden entender como intentos desesperados por llamar la atención del Estado (Goldstein 2004, 2012) o como maneras de dar forma al Estado y mediante la mimesis adoptar un lenguaje estatal (Risør 2010). Es por ello que, en el presente artículo, analizo la "clausura" y las labores policiales extraformales en relación con la formación del Estado en la Bolivia actual.

En este artículo introduzco primero el contexto urbano de El Alto, enfocando la forma en que se ejerce la ciudadanía a través de agrupaciones colectivas y sindicatos de base comunitaria. Estos colectivos constituyen el entramado institucional a través del cual los habitantes urbanos pobres se involucran con el Estado y viceversa, dentro del contexto más amplio de las reformas neoliberales que han marcado las relaciones entre la ciudadanía y el Estado hasta recientemente en Bolivia (véase también Goodale y Postero 2013; Postero 2007). En la segunda parte, analizo cómo esta particular relación entre Estado y ciudadanía se manifiesta respecto a la (in) seguridad ciudadana y las labores policiales. En los tres acápites siguientes vuelvo a un análisis etnográfico de los acontecimientos y actores de la "clausura", analizándola en relación con las prácticas de formación estatal y ciudadana. Allí sostengo que, aunque la "clausura" no mejoró sustancialmente las condiciones de vida ni la situación de seguridad de los alteños, no debería ser simplemente desestimada como una forma violenta de clientelismo o como una batalla inútil por el acceso a recursos municipales escasos. También se la puede destacar como una instancia a través de la cual sectores poblacionales marginados, en este caso jóvenes estudiantes, se involucran en negociaciones con el Estado y en su transformación, dialogando con otras organizaciones sociales.

 

EL ALTO: RELACIONES ENTRE ESTADO Y CIUDADANOS EN LA NUEVA BOLIVIA

Para el observador externo, El Alto es el área urbana empobrecida que rodea el aeropuerto internacional de La Paz, la capital de Bolivia. Se trata de una zona marginal que necesariamente hay que cruzar para llegar a otros lugares más atractivos. Sin embargo, El Alto cobija a cerca de un millón de personas, y es por tanto la segunda ciudad más grande de Bolivia. El Alto es conocido por su elevado grado de organización sociopolítica, impulsada por la necesidad cotidiana de asegurar los servicios básicos y la demanda ciudadana de reconocimiento político y social. La gente se organiza en juntas vecinales, juntas escolares y organizaciones sindicales para lograr distintos objetivos, desde el agua corriente, la electricidad y un sistema de alcantarillado, hasta la pavimentación de las calles, aumentar la cantidad de escuelas o una mejor seguridad ciudadana. Se pueden entender dichas formas de organización como expresiones de dos maneras interrelacionadas en las que la expansión de derechos sociales y civiles se ha desarrollado en Bolivia desde la Revolución Nacional en 1952 cuando fue otorgado el sufragio universal (masculino) y por primera vez se permitió a la población indígena y analfabeta ejercer el derecho ciudadano político a voto (para una revisión de la Revolución Nacional y su impacto sobre Bolivia actual, vea por ejemplo Klein 2003; Grindle y Domingo 2003). Primero, las organizaciones alteñas están directamente relacionadas con la migración campo-ciudad y el surgimiento de márgenes urbanos pobres donde sobran las esperanzas por un futuro mejor, pero escasea la infraestructura adecuada. En estos contextos nacen las organizaciones sociales como las juntas vecinales, gremios y sindicatos como la manera más eficiente para presionar a las autoridades a brindar la infraestructura y bienestar adecuados, ya que la presión colectiva -mediante negociaciones o protestas-funciona mejor que las peticiones individuales. En esta perspectiva podemos entender las organizaciones sociales y cívicas como instancias de ciudadanía colectiva (vea también Arbona 2006; Lazar 2008; RISØR 2012) desde donde la población urbana, pobre y mayoritariamente indígena busca mejorar su calidad de vida y hacer valer su derechos ciudadanos. En ese sentido, son las propias organizaciones sociales, como las juntas de vecinos, las que constituyen la autoridad principal en el cotidiano de los habitantes de El Alto, quienes frecuentemente se refieren a sí mismos como "vecinos", en el sentido de "ciudadano". Estas organizaciones sociales también se pueden entender como una forma de ciudadanía que ha sido moldeada por las épocas de gobernanza neoliberal. Esto se debe a que los campesinos y habitantes urbanos pobres, han llegado a ocupar, a través de sus organizaciones, el espacio de gobernanza y protección que dejó la retirada del Estado desde que las reformas neoliberales se iniciaran en 1985, usando esta plataforma para cuestionar el marco ideológico en que se sustentaron estas reformas y para demandar más presencia estatal (Arbona 2006; Goldstein 2012; McNeish 2006; Postero 2007). La segunda -e interrelacionada- manera de comprender dichas organizaciones es recalcar sus aspectos indígenas de organización heredadas de los ayllus indígenas como forma de organización que se traslada (y por tanto también se transforma) en la ciudad. Como De Munter y Salman (2009) y Albro (2006), entre otros, han indicado, El Alto es una ciudad donde las nociones liberales de democracia y ciudadanía estándar son expandidas y en consecuencia modificadas por comprensiones indígenas (mayoritariamente aymaras) acerca de cómo generar participación y bienestar desde las particularidades culturales y las autonomías de las organizaciones sociales. De este modo, nociones andinas de bienestar (o buen vivir), liderazgo y progreso están implícita o explícitamente presentes cuando las organizaciones alteñas interactúan con una institucionalidad estatal y municipal.

No obstante, las relaciones entre las organizaciones sociales y civiles y las autoridades estatales no son simples. No solo existe una tendencia a que dirigentes sociales, gremiales y sindicales se conviertan en autoridades estatales, lo que a ratos vuelve difícil definir si se pronuncian en calidad de una u otra función, también sigue habiendo un permanente sentir entre la población alteña de que esta urbe está siendo postergada en términos de inversión en proyectos de desarrollo e infraestructura. En este sentido se hace patente en El Alto un sentimiento paradójico de que no se valora mucho la presencia estatal existente y que, sin embargo, o por lo mismo, frecuentemente se expresa el deseo de una mayor -y mejor-. Pues si bien las autoridades estatales no están ausentes en El Alto y otras áreas urbanas marginales de Bolivia, raras veces se hacen presentes de la manera que desea la gente. Con mucha frecuencia el Estado solo aparece mediante actividades para-estatales de los barrios organizados, entre las cuales encontramos grupos de seguridad autoorganizados (Goldstein 2004; Risør 2010, 2013).

Para comprender las actuales transformaciones de Bolivia -a menudo simbolizadas por la elección presidencial de Evo Morales en 2005 como primer presidente indígena del país- se requiere poner atención a las nuevas expresiones de ciudadanía que condujeron a su elección y que se han vuelto formas hegemónicas de participación política y representación de la ciudadanía en Bolivia. Pues, la "clausura" como un tipo de acción política adquiere sentido cuando se la analiza en relación con formas parecidas de protesta popular, creciente agitación social y participación política que han caracterizado a Bolivia desde el año 2000 (véase también Gray 2008). Este clima de agitación social se incrementó durante la llamada Guerra del Gas de 2003, cuando el entonces presidente Sánchez de Lozada sacó al Ejército para dispersar las masivas protestas contra el plan de su gobierno para exportar gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos. Cerca de 70 personas fueron masacradas en El Alto y sus alrededores antes de que el Presidente se viera obligado a renunciar y a refugiarse en Estados Unidos, donde continúa residiendo hasta hoy (Hylton y Thompson 2007; Mamani Conde 2006). Los acontecimientos colocaron a El Alto en el mapa político como la ciudad donde los movimientos sociales lograron cambiar la agenda política del país: después de la Guerra del Gas la mayor parte de los partidos tradicionales del período posterior a la Revolución nacional de 1952 quedaron disueltos o atravesaron un proceso de reestructuración mientras que las organizaciones sociales se fortalecieron. Como movimiento de coordinación de sindicatos, organizaciones indígenas y juntas vecinales, el Movimiento al Socialismo (MAS) creció también como fuerza política y en diciembre de 2005 su líder, Evo Morales, fue elegido Presidente de Bolivia. Con su llegada a la Presidencia, los movimientos sociales han pasado a formar parte del gobierno, con representantes tanto de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto como de la Central Obrera Regional (COR, que agrupa a varias organizaciones sindicales) que han llegado a ser ministros. Esta transformación en la representación política ha significado que la división entre el Estado y las agrupaciones sociales y ciudadanas sea aún más borrosa que antes, y también que el análisis y la práctica, de la acción sociopolítica sea no menos compleja, ya que las organizaciones sociales están en riesgo de perder su autonomía. Pero con todo, las demandas sociales aún se canalizan a través de las organizaciones sociales, ya sea a través de manifestaciones colectivas, de marchas o acciones como la "clausura".

Durante mi trabajo de campo en 2007-2008, las organizaciones de El Alto estuvieron simultáneamente involucradas en posiciones de gobierno y actividades estatales, y también en desafiar la autoridad estatal. En suma, la realidad sociopolítica de El Alto es compleja, lo que hace difícil definir quiénes son y dónde se ubican el Estado y la ciudadanía y en qué momentos las organizaciones sociales colaboran con el Estado con el propósito de ganar visibilidad ante el ojo estatal, y en qué momentos lo hacen con agenda propia y autónoma de los propósitos estatales. En términos prácticos, la línea divisoria entre el Estado y las organizaciones sociopolíticas civiles de la población pobre urbana es -a ratos- poco clara. Mientras los sufrimientos y carencias de los pobres son muy reales, el Estado adopta un carácter mucho más indeterminado, y por lo tanto la ciudadanía insurgente no siempre se dirige a un Estado que pueda identificarse claramente.

(lN) SEGURIDAD CIUDADANA Y RELACIONES ENTRE POLICÍA Y CIUDADANOS

Las preocupaciones y prácticas en relación a la (in) seguridad ciudadana constituyen un espacio privilegiado para el análisis de las configuraciones fluidas entre Estado y ciudadanos. En particular, las discrepancias respecto a la delincuencia y el orden público permiten aclarar las expectativas de los ciudadanos hacia el Estado como proveedor de protección, y también indican, a veces de manera violenta y muy concreta, a quiénes de entre los integrantes del vecindario se los considera dignos de protección y a quiénes no. En otro texto he descrito cómo se organizan los vecinos alteños de una manera más o menos estructurada para prevenir la delincuencia en sus barrios de residencia. Esto se realiza a través de prácticas de seguridad que implican una "lectura" del paisaje urbano buscando reconocer la estrategia de los delincuentes.

También la gente imita el trabajo policial y a las empresas de seguridad cuando escriben pancartas de advertencia a nombre de "la ley", y buscan burlar a los delincuentes potenciales haciéndoles creer que hay empresas de seguridad privada que protegen su calle. Por ejemplo, colocan letreros de empresas de seguridad ficticias que supuestamente vigilan el vecindario. De esta manera, la gente adopta posiciones de sujeto diferentes y ambiguas, apareciendo de modo alternado como los "vecinos", la "ley" y las "empresas" de seguridad privada. Es esencial en este sentido que estas cambiantes posiciones de sujeto funcionan al mismo tiempo tanto para ocultar a los sujetos concretos que puedan haber participado en actividades ilegales, sean éstas castigos de la comunidad o linchamientos por la turba, como para visibilizar a los vecinos en su calidad de víctimas de la delincuencia y ciudadanos con derecho a protección estatal (Risør 2010, 2013).

Si bien la policía no está ausente en El Alto, ésta no ofrece seguridad de una manera consistente y estructurada, debido a que su presencia es limitada y porque incurre en actos de corrupción. La mayor parte de las veces, son los propios vecinos los que actúan con su propia versión de lo que es un trabajo policial adecuado, tomando la forma de grupos de seguridad autoorganizados, aun si estas prácticas tienen un carácter semiclandestino debido a que para las leyes del Estado son ilegales. La expresión más espectacularmente violenta de estas prácticas es aquella del linchamiento de presuntos delincuentes a manos de una turba. Sin embargo, incluso estas evidentes transgresiones al monopolio estatal de la violencia no son solamente prácticas que desafían al Estado. Ellas imitan asimismo el lenguaje estatal incorporando los interrogatorios, incluida la tortura, del presunto criminal y la referencia frecuente a la "ley" (estatal, o supuestamente comunitaria).

A pesar de la difundida crítica y quejas contra la policía, los vecindarios también demandan más presencia policial, y a su vez ésta busca establecer relaciones constructivas con el vecindario. Además, en su informe sobre seguridad ciudadana de 2007, el municipio afirma que el bienestar y la seguridad son responsabilidades compartidas entre los vecinos y las autoridades. Esta visión de las labores de seguridad como "tareas de todos", se puede comprender también como una expresión de una ciudad neoliberal y como parte de una tendencia global a la descentralización y privatización de la seguridad (Abrahamsen y Williams 2011). Sin embargo, y como Albrecht y Kyed (2015: 10) han notado, aun antes de los procesos de descentralización neoliberal en los márgenes urbanos, la relación entre el Estado y los ciudadanos en el sur global ya era ambigua cuando se trataba de proveer seguridad y bienestar. En este sentido, es plausible argumentar que la labor policial colaborativa se ha intensificado en la ciudad neoliberal boliviana, pero que este fenómeno en sí no es algo nuevo.2 Como sea, mi impresión es que muchos vecinos valoran ser incluidos en los procesos de generar seguridad y bienestar en sus zonas de residencia. Sin embargo, la relación con la policía no es fácil en la práctica y las acusaciones de corrupción policial (véase también Mansilla 2003; Quintana 2005) y de violencia ilegal y excesiva por parte de los vecinos, están siempre asomando a la superficie, poniendo en peligro la colaboración. La siguiente descripción de una reunión en la que participé con la policía, el municipio y el vecindario del tercer distrito de la ciudad, es un buen ejemplo de ello. Ésta tuvo lugar una tarde de sábado y, después de la reunión ordinaria de los vecinos, dos oficiales de la policía y dos guardias civiles del municipio aparecieron en motocicletas. Ellos distribuyeron unos volantes y luego empezaron a ejemplificar las diferentes maneras en que los vecinos podían ser engañados o asaltados por delincuentes. El oficial de policía y el guardia municipal representaron un sketch sobre "el cuento del tío" (triquiñuela de ladrón),3 y aconsejaron a las mujeres no usar joyas caras en los mercados, y a todos en general a no llevar grandes cantidades de dinero por las calles. La presentación estaba centrada en la prevención, y los oficiales subrayaban que la prevención del crimen era una responsabilidad compartida y que los miembros del vecindario debían organizarse, poner rejas en sus ventanas y protegerse unos a otros. El oficial de policía también recomendó la utilización de silbatos como una forma de alarma, que podría ahuyentar a los delincuentes y llamar la atención de los vecinos, de modo que los ladrones pudieran ser aprehendidos.

El tema de la captura colectiva de delincuentes por parte de los vecinos era una cuestión delicada. En primer lugar, porque "podría ser peligroso" tratar con delincuentes, como explicó el oficial de policía. En segundo lugar, porque las capturas eran asuntos que tenía que manejar la policía, enfatizando el oficial, además, que "el linchamiento es ilegal" y moralmente reprobable. Señaló también que si los vecinos realizaban actividades de linchamiento, se pondrían al nivel de asesinos criminales, arriesgándose a ser imputados judicialmente. El tema del linchamiento ocasionó intranquilidad entre los vecinos, quienes rechazaban ser etiquetados con categorías que criminalizaban sus prácticas. Hasta este punto de la presentación, la gente había escuchado al oficial y examinaba los volantes, pero ahora empezaba a cuestionar la utilidad de estos consejos: si ellos no detuvieran a los ladrones, entonces, ¿quién lo haría? ¿Por qué la policía nunca respondía sus llamadas? ¿Por qué no había patrullas? ¿Por qué no encarcelaban a los delincuentes por largos períodos? El oficial replicó que la policía carecía de equipamiento y de efectivos, que la ley favorecía a los delincuentes, y que la justicia no podía conseguirse porque la ley era injusta. Señaló que la ley fue promulgada como si "Bolivia fuera los Estados Unidos", donde supuestamente la policía tendría equipamiento técnico y forense ilimitado a su disposición para ampliar las investigaciones, generar evidencias y aprehender a los delincuentes. "Pero esto no es Estados Unidos, es Bolivia, y es por ello que los delincuentes se están riendo de nosotros", añadió el oficial. De esta manera, logró convencer a los vecinos de que tanto la policía como los ciudadanos estaban atrapados en una red de leyes injustas, falta de recursos y deseos de la élite boliviana por adoptar normas occidentales. Los vecinos se tranquilizaron un poco. Se externalizó la culpa hacia el sistema judicial y la modificación del Código Penal, implementada en 1997 por el entonces ministro de Justicia René Blatmann, lográndose cierto consenso entre los que participaron en la reunión. De cualquier modo, el panorama general era el de una situación donde todos perdían. La totalidad de los asistentes estábamos compartiendo una frustración común, y el asunto del castigo colectivo y los linchamientos siguió siendo un asunto latente e irresuelto. El oficial se puso de pie, y en un último intento por alcanzar algún nivel de consenso con la comunidad, anunció: "Ustedes pueden golpearlos, pero no los pueden matar, porque si los matan vendrán [los de] Derechos Humanos".4

Sobre este trasfondo de frustración común, y a pesar de sus obvios elementos ilegales, la "clausura" sobresale como reforzamiento mutuo entre grupos sociales, la policía y la policía municipal. Como se ilustró en el análisis anterior, el punto es que, para garantizar el orden y cierta versión de la ley, la policía depende efectivamente del trabajo sucio de los vecinos o de grupos organizados en sindicatos, como es el caso de la FES. Puesto que la "clausura" había encarado una amplia preocupación por el consumo excesivo de alcohol y la proliferación de asaltos en el centro de la ciudad, el oficial a cargo del Departamento de Seguridad Ciudadana del municipio elogió la acción (véase también Risør 2016). Este fue el caso, incluso al tiempo de reconocer el hecho de que la quema de propiedad privada era obviamente ilegal. En un discurso público, el oficial a cargo rindió un homenaje a los estudiantes por sus actos, asociando la "clausura" con la labor preventiva de la policía (aun si negó que la policía estuviera involucrada o condonara cualquier actividad ilícita). La policía alteña, como ocurre con las fuerzas policiales en general (cf. Hansen 2006), depende de la cooperación comunitaria, la que se conceptualiza como la entidad que conoce lo que "realmente" está ocurriendo en la ciudad (Jensen 2004, 2009). Sin embargo, la policía no solo se limita a beneficiarse parasitariamente, por así decirlo, de las acciones comunitarias. Como institución estatal, también otorga legitimidad a las actividades de los ciudadanos, en este caso a la "clausura" y en este caso particular, se trata de una situación donde todos aparentemente ganan. Estos procesos por cierto no son ni simples ni unívocos, pues los propósitos de la colaboración pueden ser diferenciados y las desconfian-zas mutuas dejar la colaboración en permanente riesgo de terminar en posiciones antagónicas. Sin embargo, ambas instancias también tienen algo que ganar con la colaboración y con una hábil maniobra de navegación en un terreno inestable de mutua desconfianza y acusaciones; vemos cómo las estructuras estatales pueden verse fortalecidas a través de las acciones vecinales y sindicales y las organizaciones sociales terminan legitimándose con el respaldo de las autoridades estatales.

 

LA PARTICIPACIÓN EN LA "CLAUSURA"

La "clausura" ocurrida en octubre de 2007 fue la continuación de una marcha en contra de los bares que los estudiantes habían protagonizado ya en 2006. La marcha y clausura en La Ceja tuvo lugar en un contexto de varias acciones pro seguridad de la ciudadanía y en contra de los bares y cantinas que habían llegado a epitomizar la inseguridad frente a la delincuencia que vive la población alteña cotidianamente: una semana antes los Centros de Padres5 de las zonas del norte de El Alto habían saqueado bares en un punto nodal del tráfico en Río Seco, cerca de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). La víspera de la marcha estudiantil, la Junta de Vecinos de la zona central de Villa Dolores había "clausurado" bares en el centro citadino. En ese sentido, la "clausura" no era un acontecimiento único. Sin embargo, se ganó el estatus de inusual debido a que fue llevada a cabo por estudiantes y por la forma en que éstos lograron capitalizar políticamente el evento al convertir la protesta en una negociación política.

La planificación de la marcha no era una tarea simple: a los estudiantes había que convocarlos y normalmente la FES hace eso a través del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), ubicando las protestas estudiantiles indirectamente bajo el control de las instituciones estatales. Los estudiantes también coordinan con la Central Obrera Regional (COR), a la que la FES está afiliada, asociando de esta manera las demandas estudiantiles con una larga historia de luchas de la clase trabajadora en Bolivia. Por tanto, si bien la FES es un reciente actor de relevancia para la política alteña,6 su modus operandi se inspira en una larga tradición de activismo laboral y manifestaciones políticas dentro de El Alto y Bolivia. Retratando la naturaleza fluida de las relaciones entre Estado y ciudadanía, un relato detallado de la organización de las manifestaciones ilustra la participación del municipio en la demanda de los estudiantes para que se clausuren los bares. Un funcionario municipal dice:

Fuimos sensibilizando a los jóvenes en temas de pandillas, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol, consumo de drogas Lamentablemente hace un tiempo [...] se fue incrementando [el] número de consumo de alcohol [...] En ese sentido es que [...] llevamos la movilización estudiantil denominada "la primera caminata de la juventud alteña por la seguridad ciudadana". En ese sentido contamos con la ayuda también de la Dirección Distrital de Educación [y] hubo una movilización grande donde participaron alrededor de 10 mil jóvenes [...] donde la exigencia de los jóvenes [...] era el cierre inmediato de bares y cantinas en la Ceja de la ciudad de El Alto...

El funcionario interpreta la preocupación de los jóvenes con los bares como resultado del trabajo del municipio para "sensibilizar a los estudiantes", y subraya que este último organizó la primera movilización.

Los dirigentes estudiantiles reconocen la mutua cooperación con las autoridades estatales. Ellos enfatizan que la FES, como una organización sindical afiliada a la COR, funciona como una organización social reconocida que monitorea a los directores y profesores de las escuelas. Forman parte de un sistema de reconocimiento mutuo entre autoridades estatales y organizaciones sociales, el cual otorga cierta autoridad a las organizaciones sociales y sindicales. Es por esta razón que la FES convoca a marchas a través del sistema del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA). Así, las marchas de una organización sindical se vuelven obligatorias mediante un sello de la organización estatal. En este sentido, la FES depende de la institución estatal para llevar a cabo sus actividades de la mejor manera posible, lo que quiere decir mostrar un gran número de manifestantes en las calles. Al mismo tiempo, debido a su capacidad de organizar grandes contingentes es que puede obtener resultados tangibles en sus negociaciones con las autoridades estatales. Por lo tanto, los dirigentes de la FES también pueden negociar directamente con los directores de las escuelas. Un dirigente estudiantil, "Claudio", cuenta:

Obligatoriamente salen [con convocatoria por vía de la distrital]. Ahora, cuando no hacemos [la convocatoria] con la distrital, somos más estratégicos [y] nosotros ponemos condicionantes a los colegios. Por ejemplo [...] en la huelga de hambre que hemos hecho ocho días con [...] 12 compañeros estudiantes hemos conseguido laboratorios de Física y Química, [y] nosotros vamos a las unidades educativas y les decimos "aquella Unidad Educativa que quiere laboratorios de física y química tiene que participar en la marcha convocada por la FES. Si no participa pierde el laboratorio defísica y química". Entonces velando ese interés, porque hay directores buenos [...] mandan a los estudiantes y se les consigue laboratorios defísicay química...

En este sentido, la FES es un poder político defacto en El Alto, aunque su fuerza radica en su ambigua relación con las autoridades estatales, de las que depende y a las que, asimismo, desafía. En ocasiones, también realiza marchas sin el apoyo del SEDUCA y sigue autónomamente su propia agenda. La "clausura" de 2007 fue un ejemplo de ello. Puesto que la marcha acabó con la quema de propiedad privada, las autoridades municipales dicen no tener nada que ver:

Bien, la dirección de seguridad ciudadana de la unidad de prevención en primer lugar no tenía conocimiento de estas actividades [...] ya que esto [lo] planificaron los estudiantes organizados de secundaria [y] los padres de familia de la ciudad de ElAlto en ese sentido es que la dirección, la unidad de prevención no tuvo conocimiento de esto [. ] se organizaron principalmente los jóvenes y los padres defamilia pero no acudieron al municipio [...] prácticamente si se quiere y vale el término hicieron justicia por mano propia [...] creemos que ese acto debilitó al municipio porque prácticamente nos dijeron que el municipio no ponía un alto a esta situación. Después de la quema de los lenocinios de la ciudad de ElAlto en la zona 12 de Octubreya se instauró inmediatamente la ordenanza municipal, la 132, o sea la ordenanza que prohíbe la cercanía de estos locales a los centros educativos...

El funcionario simultáneamente define la "clausura" como un acto ilegal sin ninguna referencia al municipio y, sin embargo, reconoce que condujo a que la nueva ley fuera implementada. Sin embargo, no todas las autoridades locales comparten esta posición: cuando entrevisté al conocido concejal municipal Roberto de la Cruz en julio de 2008, él parecía menos preocupado por mantener una división entre legalidad e ilegalidad. Interpretaba la "clausura" como un acto legítimo en contra de bares y propietarios de bares, quienes "de modo ilegítimo hacen dinero con el alcohol en la ciudad de El Alto". Como concejal municipal y dirigente del partido político Movimiento Social de Octubre (M-17), de buena gana se identificó con las quemas llevadas a cabo por los vecinos. Sin embargo, no pretendió tener una conexión con las acciones de la FES (las que tampoco pretendieron tener relación con aquél) y subrayó que no participó en persona, aunque sí lo hicieron sus "seguidores".7

Según De la Cruz, algunos propietarios de bares eran intocables antes de las clausuras debido a la corrupción existente entre funcionarios municipales que debían controlar las licencias de los bares. Describe El Alto previo de las "clausuras" como una "ciudad de nadie", lo que significa que la ley era constantemente infringida y que la soberanía [estatal] era un rasgo ausente. En este sentido, define la "clausura" como una medida extraordinaria en una situación extraordinaria. El concejal sabe que las quemas son ilegales, pero enfatiza que han hecho que los bares "se tranquilicen", y afirma: "Para mí, no es legal, pero es legítimo cuando pensamos en las demandas de los padres de familia, que no quieren que la juventud siga drogándose, dañando su salud mental".

La "clausura" no solo tuvo ganadores sino también perdedores. Desde la perspectiva de los dirigentes de los dueños de bares legales afiliados a la "Asociación de peñas, bares, restaurantes y karaokes" (ASPEBREK), las clausuras funcionan simplemente para remarcar el estatus de El Alto como una "ciudad de nadie", o como lo dijo uno de ellos, "una ciudad sin ley". Lily Cortez, la dirigenta de las trabajadoras sexuales, quien inmediatamente después de la clausura de 2007 inició una huelga de hambre como una forma de protesta porque se les impedía llevar a cabo sus actividades lícitas, me hizo comentarios similares. A la inversa, el funcionario municipal no piensa que la "clausura" haya cambiado nada radicalmente en El Alto. Para él las quemas ilegales, aunque comprensibles y posiblemente legítimas, no hacen sino confirmar a El Alto como "una ciudad de nadie". Desde su perspectiva con la clausura, se realiza una labor policial extraformal, pero ésta no hace disminuir la experiencia de inseguridad provocada por la falta de una soberanía clara.

LA PROTESTA

La magnitud de la "clausura" sorprendió a los jóvenes que participaron. Aunque la marcha fue planificada cuidadosamente, ellos explican la violencia como un resultado no previsto de la bronca y rebeldía de las masas. Pareciera como si las acciones violentas sencillamente ocurrieran. Las quemas no fueron planificadas. En cambio, se las describe como surgidas al calor del momento y los líderes enfatizaban que un dirigente "debe obedecer la voluntad de las bases". Normalmente, esta concepción de liderazgo es puesta en práctica mediante asambleas en las que se discuten los asuntos (a menudo durante horas) hasta lograr un acuerdo, ya sea mediante consenso o por votación. A los dirigentes se les considera literalmente como ejecutores de la voluntad de las bases, en lugar de líderes que las dirigen según sus visiones. Por supuesto, un dirigente trata de convencer a las bases de sus propios puntos de vista, y la capacidad de oratoria es importante para un líder, pero al final de cuentas a él o ella se le considera la encarnación de la voluntad del colectivo. En este sentido, a los dirigentes no se les ve como figuras individualizadas a través de las cuales las demandas de las masas llegan a expresarse. Desde este ideal el sujeto político central es el colectivo, sea éste los estudiantes, los padres de familia, los vecinos o los alteños.

Por consiguiente, los dirigentes estudiantiles describen el inicio del ataque a los bares como una demanda de las bases a las que tenían que obedecer. Este argumento hace resonancia con los relatos que circulan sobre la Guerra del Gas en los que se decía que los dirigentes fueron "rebalsados" por las bases. Durante la "clausura" era casi como si ellos fueran un instrumento de la furia de las masas. Según un estudiante:

Hemos alzado una piedra grandotay luego había el primer bar; ahí estaba cerrado con, como te digo, esto con rejilla estaba y bien asegurado, su candado bien grueso [...]y hemos alzado una gran piedra [...] [y] nos hemos empezado a meter y luego poco a poco los chicos se han metido aglomerándose, luego lo han metido con pies y [...] luego ya después de media hora hemos tratado de derrumbar esa puerta, hemos roto ese candado lo hemos sacado la reja que estaba; ahí todo hemos sacado y después de tanto esfuerzo, hemos entrado y hemos pescado [a] unos borrachos [...]y ahíya habían estado puestos sus sillones ahí [y] hemos empezado a sacar los sillones ahí afuera, [y] todo el material que había de la discoteca: sus sillones, sus parlantes y todo eso lo hemos sacado afuera y no había con que quemar. Pero había alcohol, con ese mismo alcohol [con] que trago sirven [...] con eso lo hemos quemado. Le hemos empezado aprender y arde bien fuerte y era de 4 metros que se ha armado [...], una montaña de sillones y con sus artefactos todo se ha armado y [...] rápido ha prendido. Y había cables [de luz] ahí, [y] esos cables también se han quemado.

Lo que sorprende de estos relatos es que la violencia es descrita como algo que surge naturalmente de la multitud de jóvenes, a quienes los sobrepasa su rabia contra la inseguridad cotidiana, el alcoholismo y la violencia. De este modo, los relatos ubican a los jóvenes como instrumento de la voluntad del pueblo alteño, y la iniciativa individual queda atomizada en el cuerpo del colectivo. Según Claudio: "La cosa más importante que nunca olvidaré es que las señoras que venden papa en La Ceja empezaron a darnos fósforos y alcohol cuando empezamos las quemas". En su relato, las señoras, las vendedoras callejeras de El Alto, representan al sujeto popular. El hecho de que alcanzaran alcohol y fósforos a los jóvenes convierte a los manifestantes en meros ejecutores de las demandas del pueblo. Sin embargo, la narración de Claudio de "la cosa más importante" continúa, y dice: "y todo el mundo, todo El Alto, ha señalado que los estudiantes han tomado las calles [y ha visto] lo que hicimos, y desde entonces la FES es conocida por su capacidad para movilizar".

Al igual que los letreros de advertencia de los vecinos contra delincuentes potenciales a los que se hizo referencia antes en este artículo, los relatos de los estudiantes delatan que el alteño como agente sociopolítico activo es difícil de clasificar con claridad. Sea que miremos los letreros firmados por los "vecinos" o los relatos de los estudiantes sobre la "clausura", la posición del sujeto cambia entre la primera y la tercera persona. A veces ellos actúan como las masas y el pueblo, a veces lo hacen en nombre de la "juventud" y a veces constituyen la FES. Es por ello que la "cosa más importante" puede ser que fueran las cholitas las que alcanzaron los fósforos y, simultáneamente, que la FES haya obtenido reconocimiento político y credibilidad debido a su "capacidad para movilizar". El arte de manejar estas fluidas posiciones de subjetividad es una cuestión de habilidad política que quedó demostrada durante las negociaciones que siguieron al acontecimiento mismo.

De ahí que el poder político al que Claudio se refiere no aparece automáticamente. Tampoco los bares se vuelven una referencia estable y fija como sitios de inseguridad simplemente porque a unos cuantos se les prendió fuego. Es gracias a la habilidad política de los jóvenes que los propietarios de bares y las trabajadoras sexuales, y no ellos mismos, son quienes acaban en la posición moralmente censurable de sujeto delincuencial. Esto se logra mediante una huelga de hambre y negociaciones políticas con el alcalde. De hecho, los estudiantes cuentan que durante la clausura inicialmente la policía los trató como pandilleros y vándalos, a consecuencia de lo cual se sintieron muy ofendidos. Sin embargo, no fueron arrestados, y pronto lograron atribuir una racionalidad y utilidad política a la violencia. Esto se produjo cuando los estudiantes iniciaron una huelga de hambre.

 

LA HUELGA DE HAMBRE COMO NEGOCIACION

Los estudiantes no terminaron su movilización con las quemas. Una vez que la multitud se había dispersado, ocho de ellos iniciaron una huelga de hambre. La huelga de hambre es un recurso político reconocido en Bolivia (Fabricant y Postero 2013) y puede entenderse como el inicio de una negociación que de manera activa (y perfor-mativa) coloca el tema de inseguridad ciudadana como un asunto de vida o muerte. Una de las muchachas que participó me señaló:

Yo fui una de las huelguistas, entonces estuvimos ocho días, ocho días secos, comenzamos un miércoles por la noche, esa mañana incluso teníamos marcha, una marcha de todos los estudiantes en contra de bares y cantinas se había convocado el 17 de octubre [...] por esas fechas era la huelga de hambre, nos retuvimos por ocho días; en los dos primeros días estuvimos sin respuesta alguna, nadie nos hizo caso; al tercer día empezó a venir gente de la Alcaldía diciéndonos que levantemos esta huelga y que nos iban a dar todas las peticiones y todo eso; al quinto día se preocuparon un poco, vinieron los medios [...] y al séptimo día ya hicimos el acuerdo y al octavo díaya teníamos quefirmar el acta pero a las dos horas antes ya me dieron de baja, ya no soportaba [la huelga de hambre], a dos horas, al mediodía teníamos que firmar el acuerdo con todo el comité ejecutivo así, los huelguistas, la COR, el alcalde y todo eso con una cláusula, no, que si no cumplía el acuerdo mencionado él tenía que renunciar a su cargo.

Al pasar los días, las demandas de los estudiantes transitaron desde peticiones específicas en relación a las escuelas y la seguridad, hasta una demanda política por la renuncia del alcalde, porque éste había fracasado en controlar los bares, y por tanto la situación de la seguridad ciudadana. En ese sentido, la "clausura" adquirió la forma de una versión a escala pequeña de anteriores protestas, entre las cuales las manifestaciones, los bloqueos y las huelgas de hambre son elementos comunes.8 A medida que la protesta mudaba de forma, desde una manifestación pasando por las quemas hasta la huelga de hambre, las demandas de los estudiantes transitaron del desayuno gratis pasando por la clausura de bares hasta la renuncia del alcalde.

Finalmente, se llegó a un acuerdo por el cual el alcalde se comprometía a la implementación de la nueva ley municipal que prohibía la existencia de bares en un radio de 500 metros de distancia a escuelas públicas, hospitales e iglesias. Se acordó además que la FES podía participar en las inspecciones públicas de bares, cantinas y burdeles. Con posterioridad a este acuerdo, los estudiantes acompañan en ocasiones a los funcionarios del municipio y a la policía en sus redadas nocturnas a bares y burdeles escogidos al azar, participando así en la realización de labores policiales. De hecho, la FES se ha vuelto un actor político relevante -no solo para las autoridades estatales, sino también para las otras organizaciones gremiales donde suelen prevalecer relaciones jerárquicas y verticales entre las generaciones- y los estudiantes participan en actividades de la COR, organizando periódicamente actividades públicas y marchas en coordinación con el municipio. En los términos de Claudio, ellos "movilizan a la gente".

CONCLUSIÓN

En el presente artículo he indicado cómo las preocupaciones por la seguridad ciudadana constituyen un escenario privilegiado en las relaciones entre Estado y ciudadanos. Mientras la policía como representante del Estado puede parecer debilitada, insuficiente o incapaz de satisfacer las expectativas de seguridad ciudadana de las personas, las acciones (ilegales) del vecindario en busca de prevención y seguridad no necesariamente socavan la autoridad y soberanía estatales. Pueden también -mediante procesos contradictorios donde la gente critica el Estado para luego demandar "más" Estado y mayor incidencia sobre él-, funcionar para mantener la credibilidad del Estado o al menos obligar a una mayor y mejor presencia policial. La "clausura" destaca como un ejemplo de esta complejidad. En los hechos, la formación estatal puede darse también en contextos de aparente desafío al Estado y, cuando las autoridades estatales respaldan las acciones de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil son simultáneamente ratificadas.

El análisis de la "clausura" indica la importancia de la seguridad ciudadana en la ciudad de El Alto, y la manera en que este tema fue integrado, de modo que los estudiantes de la FES son ahora un actor político relevante. Indica también cómo el espacio intermedio entre la política formal e informal está entrelazado en El Alto, al igual que en otros lugares. Los jóvenes han adoptado el rostro de manifestantes furiosos, de autoridades locales que realizan inspecciones a bares y burdeles (o inspeccionan a los inspectores del municipio) y de dirigentes sindicales.

Estos distintos roles son adoptados en el contexto de un terreno sociopolítico inestable en el que intentan navegar en busca de mejores oportunidades de vida, y de situar a sus dirigentes estudiantiles como actores sociales y políticos de relevancia, y a la juventud alteña como un referente moral de buen vivir y ciudadanía participativa en la nueva Bolivia (véase también Risør 2016). En ese sentido, el análisis de la "clausura" muestra cómo la política y el devenir de los actores políticos adquieren forma en un terreno político donde el Estado y lo no estatal, la ley y su ruptura, cambian constantemente y adoptan la forma del otro. Es esta indeterminación del terreno político lo que primero abrió la posibilidad del involucramiento de los estudiantes en él, y es su habilidad para adoptar determinadas posiciones de sujeto según las circunstancias prevalecientes, lo que les permite ser tomados en serio. La seguridad ciudadana es un escenario importante para estos procesos, porque es un asunto que afecta gravemente a la gente en su vida cotidiana. Es también un escenario político que, interpretado en su forma extrema, y siguiendo a Schmidt (2007 [1927]), define quién es amigo y quién enemigo. El resultado de la "clausura" fue el posicionamiento moral de los estudiantes, no como delincuentes o borrachos (que es una imagen corriente de la juventud alteña), sino más bien como ciudadanos responsables y dirigentes locales. Los perdedores fueron los dueños de bares y las trabajadoras sexuales que quedaron como figuras de dudosa moralidad y sin lugar en el futuro de la nación boliviana.

En octubre de 2008 participé en el congreso nacional de la FES, que se desarrolló en El Alto en las instalaciones de la COR. Hubo delegaciones de las federaciones de estudiantes de toda Bolivia que estuvieron allí para discutir asuntos educativos y la política de los jóvenes. Entre las autoridades locales presentes se encontraba el coronel Pérez, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana del municipio, quien, vistiendo su uniforme policial, elogió a los jóvenes por su capacidad de tomar la justicia en sus propias manos para crear un El Alto más seguro. En ese momento no parecía extraño que el jefe de seguridad ciudadana y representante de la policía boliviana estuviera alabando a la gente por tomar la ley en sus propias manos. En realidad, parecería extraño solo desde una perspectiva formal que asume la existencia de una división tajante entre el Estado y los actores no estatales, entre la ley y su ruptura. En ese momento particular, los jóvenes parecían ser la ley, o mejor dicho, una ley entre otras. Como entidad que vigila el cumplimiento de la ley, el coronel de la policía dependía de los jóvenes y de los vecinos en general, y como funcionario estatal homenajeó a los jóvenes.

Estas formas de organización y actividades sociopolíticas nos recuerdan que la política y la formación del Estado no solamente se dan desde los centros hacia la periferia, sino también en los márgenes estatales, los que aquí entendemos como "lugares de prácticas en los cuales la ley y otras prácticas estatales son colonizadas por otras formas de regulación que surgen de las necesidades apremiantes de poblaciones por lograr la sobrevivencia política y económica" (Das y Poole 2004: 8). A partir de esta perspectiva, la insurgencia de mis interlocutores alteños es visible en sus intentos por tratar, no solo de mejorar sus condiciones de vida y derechos ciudadanos, es decir, de hacerse más visibles al Estado, sino también de hacer que las relaciones entre Estado y ciudadanos sean en su beneficio. En otras palabras, tratan de exorcizar lo que Daniel Goldstein (2012) definió recientemente como el "Estado fantasma" boliviano. Luchan por dar corporalidad al Estado en las áreas marginales, aun si ellos mismos deben encarnar esta estatalidad y, por lo mismo, terminan reproduciendo este carácter fantasmal del Estado que intentan circunscribir en primer lugar. De esta manera, los alteños nos incitan a considerar las acciones políticas (como la "clausura") y las figuras políticas (como el Estado y la ciudadanía) no en términos abstractos y estáticos sino como una práctica performativa (Hansen y Steppu-tat 2001, 2005); es decir, como figuraciones en movimiento que la gente busca navegar socialmente (cf. Vigh 2006) a fin de posicionarse en una ubicación favorable.

Sigue siendo una cuestión abierta si la "clausura" ha mejorado efectivamente la situación de la seguridad ciudadana en El Alto. Lo más probable es que el funcionario municipal citado anteriormente se encuentre en lo cierto en tanto el statu quo más o menos continúa. Los bares aún forman parte del panorama citadino de La Ceja, y es probable que ocurran nuevas protestas y haya nuevas negociaciones políticas. Pero que la "clausura" no haya resuelto los graves problemas de inseguridad ciudadana en El Alto no debería llevarnos simplemente a desmerecer esas acciones, considerándolas como meros disturbios o como una pelea por los escasos recursos municipales.

Es decir, no hay que suponer simplemente las acciones de este tipo como rebeliones incesantes más que revoluciones decisivas, como Vigh (2009) ha sugerido en un reciente artículo acerca de la juventud violenta en África Occidental.

Basándose en Gluckman (1963), Vigh sostiene que las rebeliones sucesivas no pueden considerarse como precedentes de una revolución, puesto que las rebeliones y las revoluciones son diferentes en sus propósitos y efectos. Desde esta perspectiva, una "revolución designa un cambio en el sistema político en cuestión —es decir, un cambio en la distribución de los recursos y la organización del poder dentro del sistema"—, mientras que "las rebeliones se pelean por un cambio en los personajes que detentan las posiciones políticas" (Vigh 2009: 148, traducción propia). Analizado desde esta perspectiva, la "clausura" y sus resultados pueden considerarse como una rebelión inútil que no ofrece ninguna transformación estructural profunda de las condiciones de vida y la seguridad de la población alteña. Sin embargo, un análisis de ella también indica que las acciones de ese tipo sobresalen como casos a través de los cuales grupos marginalizados se involucran en negociaciones con el Estado y logran sobresalir como ciudadanos con derechos, además de definir y ampliar el alcance de quién puede ser considerado digno de protección, y como actores políticos legítimos. En este sentido, la "clausura" no permitió únicamente a un grupo de estudiantes tener acceso a recursos y posiciones políticas, también amplió la noción de qué grupos tienen el derecho a constituir el Estado.

El análisis de la "clausura" es un ejemplo de que las relaciones entre Estado y ciudadanos no son estables, sino más bien un conjunto de prácticas que están siendo constantemente reconfiguradas y transformadas en El Alto y otros lugares. Finalmente, la etnografía de la "clausura" subraya también que el estudio de la (in)seguridad ciudadana y de la labor policial es un camino privilegiado para el estudio de estos procesos. De hecho, esta volatilidad de las relaciones entre Estado y ciudadanos apunta al meollo de nuestra comprensión del Estado como titular del monopolio de la violencia legítima y de nuestra comprensión de una ciudadanía apropiada. Es con estas consideraciones en mente que el caso de la "clausura" nos permite considerar que a veces lo que aparece como un desafío a la autoridad estatal y a su soberanía, podría asimismo ser considerado como una actividad de ampliación y transformación del Estado.

 

AGRADECIMIENTOS

El presente artículo es una reelaboración en español del capítulo "Closure of Bars, Cantinas and Brothels: Practices of Civil in/security and the Emergence of new Political Actors in Urban Bolivia", publicado en la antología Policing and Politics of Order-making, Peter Albrecht and Helene Maria Kyed (Eds.), Routledge (2014). Agradezco a los editores por su buena disposición a que elementos de él sean ahora publicados en español. El material etnográfico presentado aquí fue generado durante mi tiempo como becaria para el doctorado en antropología social en la Universidad de Copenhague. Esta beca fue otorgada por el Consejo Danés de Investigación (FKK) y mi trabajo de campo financiado por Dignity Institute (Danish Institute Against Torture).

El presente artículo no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de amigos, interlocutores e instituciones en El Alto y otros lugares, muchos de los cuales se mantienen anónimos. Estoy particularmente agradecida de los profesionales del CEADL (Centro de Estudio y Apoyo al Desarrollo Local) por su apoyo, y de Carmen Rosa Mamani Espinal por su asistencia durante el trabajo de campo en 2007-2008 y con los dirigentes y miembros de base de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) de El Alto, quienes me permitieron dar un vistazo a sus vidas, luchas y consideraciones. Confío en que encuentren que las descripciones y reflexiones presentadas en el presente texto estén en concordancia con sus propias experiencias. Es, sin embargo, importante recalcar que el presente artículo no pretende ofrecer una historia institucional de la FES ni tampoco abarcar todas las aristas de la práctica de la clausura, sino únicamente asociar este fenómeno a la temática de seguridad civil, la labor policial y la transformación sociopolítica en Bolivia. En este sentido, el análisis, y por tanto también la responsabilidad por los ineludibles errores y mal interpretaciones, son únicamente mías. Estoy además agradecida de Hernando Calla por su labor de traductor y de Daniela Jacob y Alejandro Salinas por sus revisiones finales de la presente versión del artículo.

Todas las personas, salvo el concejal De la Cruz, la dirigente Lily Pérez y el coronel Pérez, han sido anonimizados y para los propósitos de este artículo sus nombres son inventados.

 

Notas

2    Me refiero aquí a la ciudad de El Alto y las urbes bolivianas como "neoliberales" a pesar de que este país ya lleva 10 años bajo el gobierno del presidente Evo Morales y el MAS (Movimiento al Socialismo). En parte mantengo esta referencia porque el material etnográfico utilizado en este artículo fue recopilado durante 2007-2008, pocos años después de que Evo Morales asumiera el poder y en un momento en que las reformas conducentes a una creciente estatalización aún no se habían realizado. Por otro lado, la naturaleza socialista del gobierno boliviano es objeto de debate (vea por ejemplo Dunkerley 2007; Gilly 2009; Petras 2006) y en cuanto proveedor de seguridad y presencia policial en los márgenes urbanos, el Estado boliviano mantiene una presencia ambigua o, en las palabras de Goldstein (2012) citado arriba, fantasmal.

3   Denominación local empleada en América Latina para referirse a apropiación indebida mediante estafa o engaño.

4 Daniel Goldstein (2007) ha notado también cómo los Derechos Humanos adoptan un carácter negativo entre los habitantes de las márgenes urbanas en Bolivia, en donde son cuestionados por ser considerados por encima del derecho de los pobladores a protección y bienestar.

5 Los Centros de Padres son las organizaciones a través de las cuales los padres, madres y apoderados de los estudiantes están organizados en cada escuela o liceo secundario.

6 La FES fue formada en 1988 y en ese sentido no es un actor nuevo. Sin embargo, al igual que muchas otras organizaciones sociales y sindicales, recobró fuerzas con posterioridad a los eventos de octubre de 2003 (la llamada Guerra de Gas) y la elección de Evo Morales en 2005. En 2006 la dirigencia de la FES es ganada por un grupo de estudiantes secundarios que irrumpen con una nueva directiva.

7 Como secuela de la "clausura", Roberto de la Cruz fue acusado de corrupción y de pedir dinero a los dueños de bares a cambio de no prender fuego a sus instalaciones. Estas acusaciones llegaron hasta los titulares de las noticias, así que cuando me encontré con él, estaba particularmente interesado en negarlas y explicarlas como el resultado del resentimiento de los propietarios de bares, quienes solían ser "intocables", según su propia expresión. Es relevante aquí notar que acusaciones de corrupción en relación a los bares y cantinas son relativamente comunes, y dirigentes estudiantiles igualmente han sido acusados (o se han acusado mutuamente) por recibir coimas por parte de dueños de bares.

8 Según uno de mis interlocutores alteños, la huelga de hambre es vista como el primer paso de la radicalización del conflicto. También es popular escribir pancartas con la propia sangre, extraída en público con una aguja. Entre las medidas más extremas están la crucifixión (primero con sogas y luego con clavos) y tapiarse (emparedamiento) uno mismo, donde las entradas al espacio de confinamiento son obstruidas con ladrillos hasta que solo queda una pequeña ventana para comunicarse con el mundo exterior y recibir agua y hojas de coca. Cabe mencionar que personalmente he sido testigo de huelgas de hambre y crucifixión con sogas y no de las otras prácticas mencionadas.

 

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Recibido: enero 2016. Aceptado: septiembre 2016.

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