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Revista de derecho (Valdivia)

versión On-line ISSN 0718-0950

Rev. derecho (Valdivia) v.21 n.1 Valdivia jul. 2008

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502008000100009 

 

Revista de Derecho, Vol. XXI - N° 1 - Julio 2008, Páginas 189-190

RECENSIONES

 

GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO. Las Transformaciones de la Justicia Administrativa: De excepción singular a la plenitud jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma?, Thomson, Civitas, Madrid, 2007 (148 pp).

 


 

Si bien este libro no constituye una gran novedad temática y de posición, para quienes han leído trabajos anteriores de este profesor español, tiene el mérito de exponer de una forma clara y sencilla los cambios producidos en la justicia administrativa europea en las últimas dos décadas. El punto de partida es claro: la justicia administrativa, cuyo orígenes históricos e ideológicos pueden situarse en la revolución francesa y, particularmente, en la Constitución de año VIII (1799), ha sufrido un cambio de paradigma (p. 126), cuya nota característica es el abandono de su carácter objetivo y una reafirmación de los derechos de las personas como fundamento y finalidad principal de su actividad (pp. 138 y ss).

En este contexto, el profesor García de Enterría realiza un notable esfuerzo reconstructivo de los principios y fundamentos de la justicia administrativa francesa, explicando con claridad admirable –y envidiable, sin duda– la formación de este sistema de justicia administrativa, los dogmas sobre los que descansa y el lento proceso de construcción y evolución del recurso por exceso de poder, como mecanismo más relevante de este sistema. Así, el autor llama especialmente la atención sobre las circunstancias históricas que rodearon el nacimiento y desarrollo de este instrumento de control de la Administración, que llega a su máximo desarrollo a fines del siglo XIX, coincidiendo con la transformación del Consejo de Estado –y por su extensión, los Consejos de Prefectura– desde una “justicia retenida” a una “justicia delegada” (pp. 43 y ss).

Estas circunstancias históricas también se presentaron en España e Italia, como lo destaca el autor, siendo la experiencia francesa un elemento relevante a la hora de estructurar la justicia administrativa en sus ordenamientos. Así, la aparición de sus respectivos Consejos de Estado como órganos consultivos y jurisdiccionales en lo administrativo, marcarán todo el desarrollo del contencioso administrativo en cada uno de estos países, llegando a tener incluso un efecto perverso en Italia en la distribución de los asuntos administrativos entre la jurisdicción del Consejo y los tribunales ordinarios, sobre la base de la difícil distinción entre “intereses legítimos” y “derechos subjetivos” (pp. 55 y ss., y 112 y ss.).

Ahora bien, todo este proceso histórico llevará envuelta una característica esencial: la formación de la justicia administrativa se hace desde la perspectiva de la construcción procesal de ésta como un proceso al acto (pp. 51-52), es decir, un proceso objetivo, donde los particulares sólo tienen un “interés legítimo” por la legalidad quebranta por la actuación administrativa, pero en donde no se tutelan directamente derechos. Ello traerá como consecuencia, a juicio del autor, algunas carencias evidentes en el contencioso administrativo francés y en el de los demás países europeos tributarios de esta concepción, destacándose especialmente las restricciones a la aplicación de las medidas cautelares y las limitaciones a la ejecución directa por el tribunal de las sentencias condenatorias contra la Administración del Estado (pp. 79 y ss.).

Precisamente estas dos últimas afirmaciones son las controvertibles, a mi juicio, de este texto. Vincular las carencias históricas del proceso contencioso administrativo en ámbitos tan relevantes como la justicia cautelar y la ejecución de las sentencias sobre el carácter meramente “objetivo” de aquel, es una afirmación poco fundamental en el texto y bien discutible en doctrina. En mi opinión ellas son notas que caracterizarán el contencioso administrativo de los siglos XIX y buena parte del XX a partir de la posición que tienen los derechos de las personas en el sistema jurídico, cuestión que excede sin duda la justicia administrativa misma. De hecho, el propio autor lo reconoce implícitamente al destacar la protección reforzada del derecho fundamental a la tutela judicial en las cartas española y alemana y en la Convención Europea de Derechos Humanos de la segunda mitad del siglo XX, derecho que permitirá una reconstrucción completa del derecho de acceso a la jurisdicción, pero no sólo en el ámbito administrativo y no sólo en los países del entorno francés (véase el caso de inglaterra, que el mismo autor destaca, pp. 118-124)

Una última observación. No puedo terminar estas palabras sin llamar la atención sobre las vinculaciones que hace el autor entre principio de legalidad, justicia administrativa y Estado de Derecho (pp. 19 y ss.). Sus reflexiones son tan sencillas, claras e irrefutables que llevan a una legítima pregunta a un profesor de Derecho Administrativo chileno: ¿se podrá seguir sosteniendo la plena vigencia de un Estado de Derecho en nuestro medio con el remedo de justicia administrativa que tenemos?

 

Juan Carlos Ferrada Bórquez