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Revista de derecho (Valdivia)

versión On-line ISSN 0718-0950

Rev. derecho (Valdivia) v.16  Valdivia jul. 2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502004000100020 

Revista de Derecho, Vol. XVI, julio 2004, p. 299-310

DOCUMENTOS

 

Sobre el estado constitucional de derecho como paradigma jurídico *

 

José Luis Cea Egaña **

* Presentación del libro La Constitucionalización del Derecho chileno, coordinado por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, don Juan Carlos Ferrada Bórquez, el lunes 17 de mayo de 2004, en el Salón de Plenarios de dicha Facultad, Campus Isla Teja, Valdivia.
** Profesor Titular de Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile.


 

Vuelvo a los claustros de esta Universidad y de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ambas tan queridas y admiradas, para presentar una evidencia del nivel de desarrollo alcanzado por nuestra disciplina en Valdivia y la décima región.

Trátase del libro La Constitucionalización del Derecho Chileno, coordinado por el Decano de esta Facultad, el profesor y buen amigo Juan Carlos Ferrada Bórquez, que con el sello de la Editorial Jurídica de Chile ha entrado recientemente en circulación.

Permítaseme, desde luego, exteriorizarles la alegría que siento de hallarme nuevamente, después de dos años, en este hermoso recinto, rodeado de las hojas siempre verdes del bosque valdiviano; divisando el paisaje sureño que singulariza a este Campus; recordando, casi incrédulo, que lo conocí pequeño, humilde y dañado por el terremoto de 1960 y que hoy es modelo de belleza, modernidad y pujante vida universitaria.

Me siento feliz en esta ciudad, tan hermosa, llena para mí de nostalgias por los hermosos recuerdos de décadas vividas en ella, primero como periodista, después con la responsabilidad de asesorar a la rectoría y al decanato en la fundación de la Facultad; y ahora con la alegría de comprobar que la semilla sembrada quince años atrás ha rendido frutos, abundantes y sanos.

Llego esta mañana, de neblina pero hermosa, para exponerles mi punto de vista sobre el libro ya mencionado. No dudé en asumir tal misión al instante que me llamó el Decano para solicitármela. Había oído acerca del seminario celebrado aquí a fines de octubre de 2002 pero ignoraba quiénes eran los expositores, cuáles habían sido sus temas y en qué nivel de profundidad y originalidad se situaban las contribuciones de los participantes. Pero, me provocó el solo título de aquel encuentro y, ahora, del libro que reúne las monografías oídas años atrás en este claustro. Confieso, desde ya, que leyéndolo he aprendido.

Quería volver a mi ciudad de recuerdos y sueños. Ciudad en que gocé de aquellas que Herman Hesse llamó las pequeñas alegrías, motivadas por sus calles y ríos, por edificios llenos de historia, a veces penosamente exhibidos; por su gente amable y generosa; y también por lo nuevo que advierto y lo antiguo que quiero y ojalá sea posible remozar.

I. RAÍZ FORÁNEA CON REELABORACIÓN CHILENA

He vuelto, como dije, a presentarles un libro. Es el producto maduro del esfuerzo de nueve académicos, cinco de nuestra Facultad y cuatro de otras instituciones congéneres chilenas. El texto se halla lógicamente organizado, abordando los tópicos más relevantes, con insistencia en los de índole procesal. Se lee fácilmente y no tiene erratas. Apreciamos la prontitud con que fue entregado a la lectura del público.

De igual manera que, con otros fenómenos jurídicos, la Constitucionalización del Derecho nos llegó del extranjero, esta vez de Francia a través de una conferencia inolvidable que pronunció, en abril de 1994, durante su primera visita a Chile, el amigo ilustre Louis Joseph Favoreu. En el número monográfico de la Revista de Derecho de esta Universidad correspondiente al año 2001, Uds. pueden consultar una traducción de ese aporte señero.

Meses después, yo mismo sentí la obligación de contribuir a la clarificación y perfilamiento del tema, enfocándolo desde el ángulo del Derecho chileno. Me parece que fue la primera publicación nacional al respecto.1 Desde entonces supe de otras investigaciones, difundidas como monografías y memorias de licenciado.2 Me produjo alegría saberlo, porque era evidente que el interés había prendido y que, de los jóvenes abogados, cabía aguardar avances valiosos en el tema.

Esa era la situación cuando supe del seminario celebrado aquí dos años atrás y, ahora, de la obra que presento. La he leído tres veces, anotando comentarios al margen de sus páginas o en las hojas que he traído. Son reflexiones suscitadas por su lectura. Admito que son tantas las evocaciones, juicios y comentarios que aquí puedo resumir sólo algunas de tales vivencias. Sin embargo, es un mérito del volumen, ustedes comprenderán, provocar ideas, sea para compartirlas o con el ánimo de complementarlas o, en algunas situaciones, a los efectos de pensar en rectificaciones, precisiones o nuevos criterios que puedan enriquecer el debate sobre ellas.

II. MARCO DE REFERENCIA

Uno mismo va evolucionando, aunque preserve la indispensable coherencia con el perfil que forjó en sus años de formación intelectual y moral. Creo, estimados amigos, que el cambio es un rasgo inherente a la persona y que en él debe hallarse no un afán de acomodamiento a las circunstancias sino que de asimilación a los signos de los tiempos.

Afirmo lo anterior porque Uds. y yo hemos seguido leyendo, escribiendo y discutiendo acerca de la Constitucionalización del Derecho. Está lejos de ser un asunto cerrado, diáfano y sin aristas desconcertantes. Por eso, tampoco puedo hoy conformarme con los enunciados, vacilantes y escuetos, que redacté en 1995. Mucho de lo que expondré a continuación es una revisión de mi postura en el tema, a veces reiterada y en otras reemplazada o contradicha. Son las nueve monografías reunidas en esta valiosa obra las que me han llevado a repensar qué es aquél fenómeno, dónde yacen sus limitaciones y potencialidades, por qué causa reticencias y cuál es su aporte a la democracia y al constitucionalismo de nuestra época.

Permítaseme, para explicar lo que digo, situar el análisis en un marco histórico y teórico de referencia, con la ayuda del cual espero que seamos capaces de responder las preguntas planteadas, descubrir el significado de este libro y su aporte al Derecho chileno.

Tiendo a seguir, al efecto, la filosofía de Thomas Kuhn en su concepción de los paradigmas de las revoluciones científicas.3 En términos breves y simplificados, creo que, en lo concerniente a nuestro tema, en los cuatro últimos siglos de la civilización occidental tanto los europeos como, desde su independencia política, los pueblos latinoamericanos herederos de aquellos hemos vivido dos grandes paradigmas, o sea, modelos que se imponen para el desarrollo de la ciencia o de la técnica y que significan dejar una época que se espera sea para avanzar, progresando, a otra época mejor.

1. Estado Legislador

El primero de esos paradigmas fue el del Estado, fundado en la doctrina del pacto político-social, con Thomas Hobbes, en mi convicción, como el padre indiscutido de su origen y postulados esenciales.4 Pues bien, aquella estructura política se caracterizaba por una serie de rasgos capitales, muchos de los cuales no se explican o se dan por sabidos y aceptados. Util es reseñar algunos de ellos para captar el calado del cambio que va dejando el neoconstitucionalismo.5

Por ejemplo, me refiero a que el Estado nació como depositario único de la dominación humana en general y no sólo política; que ejerciendo ese poder o soberanía incontrarrestable asumió la capacidad, exclusiva y excluyente, de hacer y nunca recibir la ley, como lo quiso Jean Bodin;6 que tal especie o categoría de norma jurídica se hallaba identificada con la justicia, porque, como afirmó Hobbes, antes del Estado y de la ley no se conocía la diferencia jurídica entre lo justo y lo injusto; en fin, que en el pacto social enajenamos todos los derechos para que el Estado, a través de la dominación legal, nos garantizara la igualdad y libertad en el ejercicio, cierto o seguro, de ellos.

Despréndense varias consecuencias de tales premisas. Efectivamente, las primeras Constituciones europeas y de nuestra América fueron, en realidad, nada más que Instrumentos de Gobierno; los jueces se limitaban al rol que les fijó Montesquieu,7 es decir, conformarse como seres inanimados que modulaban las palabras de la ley; el control de los gobernantes quedaba radicado en las asambleas parlamentarias; el legislador establecía la casación para que los tribunales supremos custodiaran la interpretación y aplicación, tasada o segura, de los mandatos legislativos; y los ciudadanos carecíamos de garantías, sobre todo para ejercerlas en contra del legislador y de los funcionarios administrativos.

Pues bien, mientras el pacto social y la ley tuvieron forma y sustancia democráticas, el paradigma abrió el surco a progresos ostensibles en el gobierno nacional de las comunidades políticas. Lamentablemente, por múltiples hechos históricamente establecidos, ocurrió el vaciamiento de la democracia representativa y de la ley, ésta como producto de los órganos gobernativos.

Desde entonces, sobrevinieron décadas o, al menos largos años, de dictaduras y totalitarismos, siempre vanamente apuntalados en la legalidad formal resultante de esa concepción legiferante y positivista del Estado. Todos eran, se ha dicho sin que pueda ser rebatido, Estados de Derecho desde tan reducido y pobre punto de vista. Las tragedias se multiplicaron, fueron resonantes por su oprobio, pero muchos callaron las causas y secuelas ostensibles en el siglo XX que en ellas tuvo la construcción sólo estatalista del ordenamiento normativo.

Por eso, queridos amigos, pienso que no descubre, entiende ni asimila los signos de los tiempos jurídicos quien sigue anclado a la visión de la soberanía y de la ley que he descrito. Gustavo Zagrebelsky, hoy Presidente de la Corte Constitucional de Italia, ha acuñado la expresión pulverización para denominar la situación en que se halla el cúmulo de supuestos, enseñados en las Facultades de Derecho, seguidos aún por muchos en la Judicatura y la abogacía, que habían convertido a la ley, y sobremanera a los códigos, en una construcción intocable, inobjetable, cuasi divina en su perfección.8

Para confirmar lo escrito basta rememorar a otro contractualista de fuste, Jean Jacques Rousseau, quien, en el epítome del entusiasmo con que caracterizó a esa elaboración racionalista, llegó a calificarla de expresión de la voluntad general, por ende democrática, y con cualidades de infalible, absoluta, indelegable e inalienable.9 El ciudadano y los grupos quedaban así entregados a la voluntad de los órganos públicos, superlativamente del legislador.

2. Estado Constitucional de Derecho

Prescindiendo de otros elementos dignos de comentario,10 permítaseme avanzar al segundo de los paradigmas que deseo bosquejar para comprender el fenómeno analizado en este libro. Me refiero a la irrupción de la dignidad de la persona y de los derechos inalienables que fluyen de ella. Si por siglos se padeció la impronta del legalismo formal, en los últimos decenios ha despuntado este nuevo paradigma, que no sólo rectifica al precedente, porque humaniza la letra, hasta entonces inerte, del ordenamiento jurídico, llenándola de valores y principios de los cuales no puede prescindir el intérprete que obra de buena fe.

En nuestra época, llamada postmodernidad,11 se ha planteado, como lugar común, la crisis del Estado y de la ley con el carácter de rasgos matrices del proceso que vivimos. Este es el momento propicio para declararles mi coincidencia con esa aseveración, adhesión que no significa, sin embargo, propugnar la supresión de tal forma política y de la legislación como instrumento de configuración de la convivencia legítima.

Pues bien, ¿cuáles son las características matrices del nuevo paradigma?

Consciente que estamos aún en curso de alumbramiento, sobre todo en Chile que, tardíamente, se incorporó al proceso, pienso que, entre esas características, se hallan, en primer lugar, la revalorización de la persona humana, de su dignidad y derechos inalienables; que de esa premisa capital fluye la nueva legitimidad que debe singularizar al Derecho en la democracia, esto es, la Constitución, cuya Parte Dogmática y de garantías es anterior y superior al Instrumento de Gobierno; la supremacía, sustantiva y formal, del Código Político; secuela de lo cual es la fuerza normativa, propia y directa, de los valores, principios y normas incluidos en su texto y en el Bloque de Constitucionalidad, 12 de modo que ya no se requiere la intermediación de la ley para que las disposiciones constitucionales pasen del libro a la vida. Agrego, con énfasis, la subordinación de la ley a la constitucionales pasen del libro a la vida.

Agrego, con énfasis, la subordinación de la ley a la Constitución, de manera que la primera vale sólo en la medida que respeta a la segunda. Con palabras elocuentes, Herbert Krügger13 lo plantea en la aseveración siguiente: si por siglos el ejercicio de los derechos fundamentales fue posible en la medida que lo permitía la ley, o la ley vale en la medida que respeta a los derechos esenciales.

Pero esa supremacía exige control para que sea efectiva, revisión que ha de ser especialmente hecha por los Tribunales Constitucionales, como Magistratura diferente de la Judicatura ordinaria y resueltamente configurada con la misión de guardián del Código Político.

Por supuesto, el garantismo resulta ser clave en el paradigma que describo. Así es, pues poco o nada vale, en los hechos, lo asegurado por la Constitución si la persona y los grupos carecen de acceso, fácil y expedito, a las acciones y recursos, deducibles ante tribunales independientes e imparciales, que les permitan prevenir o rectificar los atentados en contra de la dignidad humana y del ejercicio legítimo de los derechos que tal cualidad única lleva consigo.14

En fin, es rasgo esencial del nuevo paradigma el rol protagónico, activo o dinámico, de todos los jueces en el despliegue de las potencialidades humanistas de la Constitución. Aunque orientados e impulsados por la jurisprudencia irradiante del Tribunal encargado de defender a la Carta Fundamental, los jueces, sin excepción, tienen que pensar y decidir con tal mentalidad garantista, encuadrándose, como es obvio, en los parámetros configurados por las sentencias de esa Magistratura.

III. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL NUEVO PARADIGMA

Tal Constitucionalización se halla bien descrita por el profesor Ferrada en la introducción del libro en comentario. De allí leo las frases siguientes:

“(…) a partir de una afirmación rotunda de la supremacía de la Constitución sobre todas las normas del ordenamiento jurídico, derivado del nuevo carácter normativo de ésta (…), se establece una reconstrucción de todo el sistema jurídico, en el que los derechos fundamentales, especialmente, se transforman en el eje central del sistema (…), irradiando sus efectos sobre todas las demás normas e instituciones jurídicas”.15

A raíz del gobierno militar, es claro que a ese proceso nos incorporamos con dos décadas de atraso, pero hemos avanzado rápido en la consecución de sus objetivos.

Ahora bien, creo que la Constitucionalización aludida es uno de los efectos o resultados, con certeza de los más importantes, del nuevo paradigma que vivimos. Pero tal Constitucionalización no es sinónimo de aquel paradigma, pues tampoco lo abarca plenamente o en la variada gama de asuntos que comprende.

Rectamente entendido, el paradigma del Estado Constitucional de Derecho equivale a una reformulación, desde sus bases hasta sus más elevados y determinantes objetivos, de lo que es el Derecho en su naturaleza y génesis, en su interpretación y aplicación, incluyendo las fuentes, la hermenéutica, el rol del Estado en el ordenamiento jurídico, las conexiones con la Sociedad Civil en democracia y otros vectores de semejante importancia. De ese paradigma es criterio esencial la mayor independencia del Derecho con respecto a la soberanía, única manera que aquél se imponga a ésta, postulado que debe seguir en el orden jurídico interno y también, no cabe duda, en el ámbito internacional.

Bien se razona, entonces, cuando se asume tan densa trama y se dispone el jurista a compartir sus consecuencias. Perseverar en el paradigma estatalista, como lo hace todavía más de un jurisconsulto distinguido16 equivale, por ende y sin más, a continuar insistiendo en concepciones casi por completo superadas, ojalá que irreversiblemente por el costo enorme que la humanidad sufrió bajo tal designio, incluyendo la destrucción de la democracia o el sufrimiento para recuperarla.

IV. CONTRIBUCIONES REALZABLES

Demos ahora una mirada al contenido del libro que presento.

El profesor de la Universidad Católica de Valparaíso don Eduardo Aldunate Lizana se refiere al efecto de irradiación u horizontal de la Constitucionalización del Derecho. En una concisa y lúcida síntesis, el lector queda interiorizado de tan importante secuela, por vez primera examinada en nuestra doctrina.

Continúa el profesor Kamel Cazor Aliste analizando ciertos rasgos del nuevo paradigma, concluyendo que presenciamos el ocaso del positivismo y que nunca fue cierta o segura la aplicación del Derecho en el paradigma estatista.

Prosigue el profesor Ferrada refiriéndose a la incisión de tal proceso en el Derecho Administrativo, declarando reiteradamente su adhesión a la tesis, que hago mía sin reticencias, en el sentido que el proceso justo se aplica, en plenitud, al Derecho Administrativo tanto Disciplinario como Sancionador.

Eduardo Court Murasso, docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, dedica su estudio al impacto del fenómeno en el Derecho de daños, aclarando la terminología, tras lo cual efectúa una revisión, somera pero acertada, de la jurisprudencia chilena sobre la reparación de los perjuicios morales, más correctamente llamados extrapatrimoniales y personales.

Declaro que disfruté especialmente leyendo la contribución de Susan Turner Saelzer. En particular, le agradezco dilucidar tantos conceptos, llegando más allá de los límites de su monografía para demostrar que la Constitucionalización del Derecho debe ser efectuada con el Derecho Civil y no prescindiendo de éste o en contra de sus elaboraciones dogmáticas. En otro rasgo encomiable del libro, advertirá el lector que la profesora Turner complementa lo expuesto por el profesor Aldunate a propósito del efecto de irradiación o reflejo, pues ilustra sobre la ponderación como método que el juez constitucional debe utilizar para lograr decisiones, balanceadas o de equilibrio justo, entre derechos esenciales en conflicto muchas veces sólo aparente y no real.

Análogamente interesante es el capítulo en que Juan Andrés Varas Braun demuestra la coherencia que existe entre la esencia de dominio, sus limitaciones y obligaciones a la luz del Derecho Civil, por un lado, y el enunciado de esos conceptos en la Constitución, más la función social de la propiedad, de otro. Culmina demostrando la armonía y complementación de tales disciplinas y cómo la tesis correcta consiste en conjugarlas unificadas por los criterios matrices que hoy se encuentran articulados en el Código Fundamental.

Humberto Nogueira Alcalá, Alex Carocca y Andrés Bordalí Salamanca se refieren, desde ángulos distintos pero cofluyentes, al proceso justo en la Constitución, los tratados internacionales y su incisión en los códigos de enjuiciamiento vigentes en Chile. La sistematización del profesor Nogueira ya es conocida y ha encontrado acogida en sentencias, incluso una muy reciente de las Cortes de Alzada chilenas.17 Firme pero elevado en la crítica es el señor Carocca cuando analiza el texto escueto de los principios que la Carta Fundamental contiene en la materia. Andrés Bordalí, por último, deja de manifiesto que la Constitucionalización comentada no ha logrado aún penetrar en otros ámbitos legales del proceso debido, siendo notable la inconstitucionalidad por omisión en lo pertinente a la instauración de tribunales para conocer y decidir, con independencia, en el contencioso tributario.

V. IDEAS PARA CONTINUAR INVESTIGANDO

La lectura del libro que presento me llevó a plantearme diversas inquietudes, algunas de las cuales aparecen bosquejadas en sus páginas y otras presentadas con el carácter de proposiciones, en sentido lógico, de los autores respectivos. Permítaseme resumir algunas sugerencias al respecto, las que entrego con el ánimo de incentivar estudios rigurosos adicionales en el tema del libro.

Me refiero, desde luego, a que la Constitución de Valores, como la llama Antonio Baldassarre,18 no puede ser entendida, interpretada ni aplicada valiéndose de los cánones hermenéuticos que la dogmática de la ley estructuró como claves en la codificación del Derecho positivo. Es en la argumentación, persuasiva por los motivos y acuciosa en su exposición que, como escribe Robert Alexy, se halla una técnica típica del nuevo constitucionalismo. Cito a ese profesor de la Universidad de Kiel donde escribe19:

“Los principios objetivos supremos son flexibles y de general aplicación, aunque imprecisos (…). Influyen en la interpretación del Derecho privado, sobre todo en la concreción de las cláusulas generales y, en casos especiales, como justificación para apartarse del texto de la ley. Pero las normas del Derecho privado siguen aplicándose (…). El juez debe examinar el Derecho privado para determinar si está influido por el Derecho Constitucional y desprender las consecuencias (…). No se olvide que la autonomía de la voluntad privada es también objeto de garantías constitucionales”.

En la más de dos veces milenaria y hermosa Teoría de la Argumentación, originada en la Retórica de Aristóteles y explicada y defendida en la década de 1960 por Theodor Viehweg, Joseph Esser, Stephen Toulmin y Chaim Perelman, encontramos, por ende, la clave de la tarea que la Constitución exige cumplir por el juez constitucional. En esa argumentación queda incluida la ponderación o razonabilidad, con prioridad a las reglas hermenéuticas típicas de la codificación y en reemplazo de la subsunción positivista.

A mayor abundamiento, estimo apremiante preocuparse de la sentencia constitucional, desde múltiples puntos de vista pero, con especial urgencia, en punto al efecto de irradiación u horizontal que lleva consigo. En realidad, tales sentencias son de alcance necesariamente erga omnes, rasgo que obliga a evaluar la concepción clásica plasmada en el artículo 3 del Código Civil, cuya característica es la relatividad del casuismo en la Judicatura común. ¿Cuán lejos o cercanos al precedente nos hallamos, entonces, con el efecto de irradiación de tales sentencias? ¿no es cierto, acaso, que el neoconstitucionalismo expresa una aproximación ostensible del constitucionalismo continental al homónimo norteamericano? 20 ¿responde nuestra inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos legales al viejo paradigma pro legalista? ¿es presagio alentador de la entronización del nuevo paradigma la reforma, aún en el Senado, que establece la derogación de la ley después que el Tribunal Constitucional la declare, en tres casos, sustantiva o formalmente insostenible ante el Código Político?

Pertinente es subrayar, en análogo orden de ideas, la deferencia razonada, la autocontención o la prudencia que debe demostrar el Tribunal Constitucional ante la competencia ejercida por los demás órganos fundamentales en el Estado democrático. Por consiguiente, sólo cuando el análisis del caso lleva, inexorablemente, a una conclusión reprobatoria de la ley o del acto administrativo controlado, entonces procede que sea declarado el vicio, que culmina en la nulidad de los preceptos respectivos. Pero el Tribunal tiene que razonar sobre la base, para mí opuesta a la desarrollada por Ronald Dworkin, que nunca un caso es idéntico a otro y que, por lo mismo, tampoco existen las respuestas universales, únicas, excluyentes y exclusivas.21

No obstante, cabe reforzar el rol de los jueces en el nuevo paradigma, doblegando los recelos que, con frecuencia, se levantan en contra de un hipotético activismo judicial. Planteo, en consecuencia, ayudar a la Magistratura explicándole su rol en el Estado Constitucional de Derecho y capacitándola en la argumentación, ponderada y razonada, de cada caso que involucre la promoción y defensa de los derechos esenciales. Más todavía: resulta menester demostrarles que el Derecho puede aproximarse más al ideal de un sistema cuando los valores y principios constitucionales se irradian hacia todos los confines del régimen normativo. El cambio es de gran envergadura y es a las Facultades de Derecho que incumbe darle impulso y canalización. Entre otros beneficios, ese esfuerzo redundará en el incremento de la seguridad jurídica.

Termino realzando un mérito, pocas veces mencionado, de la Constitucionalización del Derecho. Me refiero a que, en dicho proceso, ha sido decisiva la Judicatura Constitucional, la cual, impulsándolo, ha fortalecido la democracia. Dominique Rousseau se percató de eso, denominando al fenómeno como la democracia continua,22 es decir, que aumenta la participación de la ciudadanía en el control diario de nuestros representantes y que lo hace a través del Derecho, es decir, pacíficamente. Acudiendo a consideraciones sustantivas, se culmina así en lo que la sentencia siempre debe ser, esto es, que las partes y la comunidad, sin excepción, la hacen suya por ser irrebatible la legitimidad tanto del proceso que lleva a ella como del contenido de lo decidido.23

Señor Rector, Sr. Decano y queridos amigos:

¡Ya es hora de terminar y despedirme!

¡Lo hago felicitando a la Universidad Austral y a su Facultad de Ciencias Jurídicas por la publicación del libro que he comentado! Sólo espero que, después de oír mis reflexiones quede en todos Uds. la convicción que se trata de una obra valiosa, fruto maduro de la institución que la generó y de la cual, como es natural, confiamos que sigan resultando nuevos aportes, tan meritorios como este, para el despliegue de la democracia constitucional en esta región y en toda nuestra Patria.

¡Gracias por venir y escucharme!

NOTAS

1 Véase “La Constitucionalización del Derecho”, Revista de Derecho Público N° 60 (1996) pp. 50 ss.         [ Links ]

2 Me refiero a los estudios del profesor Ramón Domínguez Águila: “La Constitucionalización del Derecho Civil”, incluida en Veinte Años de la Constitución de 1980 (Santiago, Ed. Universidad Finis Terrae, 2001) pp. 200 ss.;         [ Links ] Hugo Castellón y Laura Rebolledo: Aspectos sobre la Constitucionalización del Derecho Civil (Concepción, Universidad de Concepción, 1996);         [ Links ] y Louis Joseph Favoreu: “La Constitucionalización del Derecho Penal”, XXIII Revista Chilena de Derecho (1998) pp. 112 ss.        [ Links ]

3 Russell Sage Foundation (1974) pp. 12 ss.

4 Consúltese De Cive o El Ciudadano (1642) y El Leviatán (1650).

5 Véase, en general, L. Carbonell (editor): Neoconstitucionalismo(s) (Madrid, Ed. Trotta, 2003).         [ Links ]

6 Los Seis Libros de la República (1576).

7 El Espíritu de las Leyes (1748).

8 El Derecho Dúctil. Ley, Derechos, Justicia (Madrid, Ed. Trotta, 2003).         [ Links ]

9 El Contrato Social (1754) pp. 60-61.

10 Véase mi Transformación del Derecho por el Constitucionalismo (Tribunal Constitucional de Chile, 2004).

11 Véase Klaus Von Beyme: Teoría Política de la Postmodernidad (Madrid, Alianza Editorial, 1997).         [ Links ]

12 Louis Joseph Favoreu y Francisco Rubio Llorente: El Bloque de Constitucionalidad (Madrid, Ed. Civitas, 1996).         [ Links ]

13 Citado por Otto Bachof: Jueces y Constitución (Madrid, Ed. Civitas, 1994) p. 43.        [ Links ]

14 Véase Luigi Ferrajoli: derechos y Garantías. La Ley del Más Débil (Madrid, Ed. Trotta, 1999).         [ Links ]

15 La Constitucionalización del Derecho, cit., p. 7.

16 Revísese Eduardo García de Enterría: “El Principio de Protección de la Confianza Legítima como Supuesto Título Justificativo de la Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador”, Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Madrid, 2003) Nº 33 pp. 138 ss.        [ Links ]

17 Consúltese Gaceta Jurídica Nº 286 (2004) y IX Ius et Praxis Nº 2 (2003).

18 “Parlamento y Justicia Constitucional”, en Francesc Pau i Vall (coordinador): Parlamento y Justicia Constitucional (Pamplona, Ed. Aranzadi, 1997) pp. 183 ss.

19 Teoría de los Derechos Fundamentales (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997) pp. 512, 516, 519, 520.         [ Links ]

20 Suscita optimismo y satisfacción constatar que la filosofía de John Locke en sus Dos Tratados del Gobierno Civil tan influyente en el constitucionalismo norteamericano, ha comenzado a reemplazar la doctrina de Hobbes, Rousseau y Hegel, entre otros.

21 Los Derechos en Serio (Barcelona, Ed. Ariel, 1991).         [ Links ]

22 La Justicia Constitucional en Europa (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002) p. 107.         [ Links ]

23 Véase Paul Ricoeur: Lo Justo (Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2000).        [ Links ]