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Revista de derecho (Valdivia)

versión On-line ISSN 0718-0950

Rev. derecho (Valdivia) v.16  Valdivia jul. 2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502004000100017 

Revista de Derecho, Vol. XVI, julio 2004, p. 288-290

RECENSIONES

 

Patricio M. Sammartino: Principios constitucionales del amparo administrativo. El contencioso constitucional administrativo urgente. Editorial Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003 (465 pp.).


 

Pese a la profunda crisis social y económica que desde hace ya unos años sufre Argentina, llama la atención sin embargo la producción literaria de su doctrina jurídica. Una de esas últimas producciones es la que comentaré en estas páginas. Se trata de una obra de un profesor de Derecho Administrativo argentino que, como muchos de sus colegas publicistas, incursiona en el estudio del control jurisdiccional de la Administración del Estado, desarrollando por tanto un trabajo que podría incardinarse en el área del Derecho Procesal Administrativo, y en este caso, por tratarse del amparo de derechos fundamentales vulnerados por la Administración del Estado, podría decirse que estamos frente a un estudio de Derecho Procesal Constitucional.

El amparo argentino es muy similar al Recurso de Protección de derechos fundamentales chileno. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, la doctrina y jurisprudencia argentinas han podido depurar y dar unos contornos más o menos precisos a dicho amparo, de conformidad con las exigencias jurídico fundamentales de la Constitución trasandina, como asimismo con los conceptos que la doctrina procesal del civil law ha delineado este último siglo.

Frente a la oscura e inconstitucional construcción doctrinal y jurisprudencial chilenas del Recurso de Protección, en orden a que se trataría de una acción cautelar que no da origen a una contienda entre partes, Sammartino, siguiendo ya una línea bastante asentada en su país, afirma que el amparo argentino es un proceso constitucional de carácter urgente que, en el caso concreto que él analiza, sirve además para controlar a la Administración del Estado para que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso habla de un proceso constitucional administrativo.

Es adecuada la descripción que hace del amparo como proceso y no como acción. Es que en el amparo de derechos fundamentales lo relevante no es que los ciudadanos puedan acceder a la jurisdicción y deducir una determinada pretensión, que es lo que garantiza el genérico derecho de acción a todos los ciudadanos, sino que lo fundamental en él será una especial forma de tramitar y responder a esa pretensión de protección del ciudadano, respuesta que se caracteriza por su urgencia. Por ello hace bien el autor en hablar derechamente de proceso y no de acción constitucional.

Pero no sólo el término proceso es correcto, sino que, como no podría ser de otra manera, lo describe como contencioso, es decir, como estructura relacional donde se enfrentan una pretensión con una resistencia.

Por otra parte, y en relación a la conocida aseveración en nuestro medio que el Recurso de Protección es una acción cautelar, afirma Sammartino que el amparo argentino corresponde a una tutela urgente de derechos de carácter no cautelar, ya que se trata de una técnica autónoma y no preordenada a la eficacia de un proceso principal. En este sentido, lo asemeja a la trasandina denominación de tutela autosatisfactiva.

Sentadas dichas premisas conceptuales, el autor señala que el amparo, en cuanto proceso constitucional administrativo, debe diferenciarse de un simple proceso contencioso-administrativo: “si bien en ambos casos estamos en presencia de procesos contenciosos, la jurisdicción constitucional amparista está impuesta por la materia constitucional involucrada consistente en la protección de los derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad argentino y por las leyes que lo desarrollan” (pág. 65). De este modo, el amparo argentino contra la Administración del Estado sólo se puede utilizar cuando esta última viola un derecho fundamental de un ciudadano, y no puede utilizarse como una vía ordinaria de control de la Administración del Estado.

Delimitado correctamente el amparo como proceso constitucional administrativo, ello lleva al autor a considerar que los derechos de origen y naturaleza administrativa, tales como los derechos nacidos de un contrato o acto administrativo, están excluidos del ámbito amparista, siendo en tales casos el proceso administrativo o el recurso directo, en aquellos casos en que éste se encontrara previsto, el cauce formal de tutela adecuado para su debate.

A diferencia de las vías tradicionales de control de la Administración del Estado, es decir, como control abstracto de legalidad y como control de respeto de las competencias legalmente atribuidas del poder público, el amparo argentino, señala Sammartino, tiene otro fin, determinado por el auxilio urgente al ciudadano vulnerado en su esfera jurídico subjetiva fundamental. Por ello es que, a diferencia del control tradicional de la Administración, en el amparo no hay denunciante, sino partes; no es un proceso objetivo contra un acto, sino subjetivo. Y obviamente no tiene como único propósito controlar la sumisión de las autoridades públicas al principio de legitimidad.

Analiza también el autor en su libro un tema esencial para una efectiva tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, como lo es contar con una adecuada tutela cautelar. En este sentido, señala que la orden de no innovar y la suspensión (que existen también en nuestro Recurso de Protección), no cubrirían todo el abanico de medidas cautelares que pueden adoptar los jueces amparistas argentinos, sino que éstos, a su juicio, están dotados de la necesaria potestad para dictar la providencia cautelar que estime adecuada con arreglo a la naturaleza o clase de obrar contra el cual se quiera prevenir. Entre éstas destacan las de carácter positivas, es decir, aquellas órdenes del juez que prescriben un hacer o dar, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, y las denominadas anticipatorias, que, como su nombre lo indica, adelantan provisoriamente el resultado de la pretensión deducida cuando la integridad del derecho fundamental en juego así lo exigiera.

En definitiva, estamos frente a una obra muy interesante, bien escrita y fundamentada, que utiliza correctamente los conceptos y categorías que ha construido la Teoría General del Proceso, aplicadas en este caso al Derecho Procesal Administrativo y Constitucional. Pero el mérito obviamente no consiste sólo en eso, sino en fijar las bases mediante las cuales será posible demandar a la Administración del Estado mediante un proceso judicial que, sin romper con las exigencias de la contradicción e igualdad, supone una urgencia y preferencia en la respuesta jurisdiccional. Todo ello se traduce en dos conclusiones principales: que la Administración del Estado no será controlada ordinariamente por esta vía, sino sólo excepcionalmente cuando aparezcan derechos fundamentales involucrados, y que la Administración del Estado, como en todo proceso judicial, será considerada como una parte procesal que se enfrenta en iguales términos con la parte demandante, y ello se traduce en que cuenta con todas las cargas y expectativas procesales que hoy en día conforman un derecho fundamental a un debido proceso.

Andrés Bordalí Salamanca