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Revista de derecho (Valdivia)

versión On-line ISSN 0718-0950

Rev. derecho (Valdivia) v.16  Valdivia jul. 2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502004000100014 

Revista de Derecho, Vol. XVI, julio 2004, p. 279-281

RECENSIONES

 

Ignacio Colomer Hernández: La motivación de las sentencias : sus exigencias constitucionales y legales. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003 (454 pp.).


 

Desde hace algunas décadas que una nueva cultura de la motivación de las sentencias recorre Europa. A medida que se ha alejado de la ingenuidad del legalismo decimonónico y ha fortalecido su adhesión a los valores de la democracia constitucional, la cultura jurídica europea ha forjado una renovada comprensión de la centralidad de la exigencia de fundamentación de las decisiones judiciales en la configuración institucional de la judicatura, así como un modelo crecientemente exigente para el control, tanto jurisdiccional como público, de su adecuada satisfacción. España no ha sido ajena a esta evolución y de ello da cuenta la monografía que comento, la primera que la doctrina procesal española dedica al estudio sistemático de la motivación de las decisiones judiciales y que ofrece al lector una interesante reconstrucción crítica del desarrollo reciente de esa institución.

Un protagonista fundamental en ese retrato es el Tribunal Constitucional español, que con su jurisprudencia ha contribuido determinantemente a delinear la posición constitucional y el contenido debido de la motivación de las sentencias, al entender que es, además de un deber constitucionalmente consagrado (artículo 120.3 de la Constitución española) del juzgador, un derecho del justiciable, comprendido –como derecho a obtener una resolución fundada en derecho– en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución española) y susceptible, por consiguiente, de ser defendido a través de amparo constitucional.

Sin perjuicio de las críticas que puedan merecer ciertos aspectos de la labor interpretativa desarrollada por el Tribunal Constitucional –algunas de las cuales formula Colomer Hernández, según veremos luego–, es notable el esfuerzo argumentativo que ese tribunal ha desplegado para mostrar como la exigencia de motivación de las decisiones judiciales constituye un componente esencial del modelo de jurisdicción propio de un estado democrático de derecho. Posiblemente porque todavía hay en España magistrados que suponen que la toga que portan los inviste de una autoridad que se sustenta más en el misterio y el secreto que en la publicidad de sus buenas razones, el Tribunal Constitucional español ha insistido en el vínculo existente entre la exigencia de motivación, la interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los órganos jurisdiccionales y un modelo de legitimidad de la función jurisdiccional que se funda en su sujeción, públicamente controlable, a derecho. Adicionalmente se encuentran en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español significativas referencias al papel de la motivación de las sentencias como garantía de otros derechos fundamentales, tales como el derecho de defensa en juicio, el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y las libertades y derechos que puedan ser objeto de restricción a través de una resolución judicial (cuya motivación deberá expresar la debida ponderación de los bienes en juego, dando cuenta del respeto a la exigencia de proporcionalidad de la restricción adoptada).

Entre los puntos débiles de la interpretación de la exigencia de motivación que ha desarrollado el Tribunal Constitucional español, que Colomer nota y discute con detenimiento, el más grave dice relación con la fijación de criterios de suficiencia de la motivación que resultan, por así decir, demasiado mínimos, restringiendo injustificadamente la extensión de esa obligación. Así, esa corte constitucional ha considerado que la motivación de una sentencia no necesita contener respuesta a todas las alegaciones de las partes –los elementos fácticos y fundamentos jurídicos que sustentan sus peticiones (o causa petendi)–, sino sólo a las que designa como “sustanciales”, sin ofrecer un criterio cierto que permita distinguir entre éstas y las no sustanciales. En el ámbito de la justificación de la conclusión judicial sobre la quaestio facti (que sólo recientemente ha comenzado a despertar la atención legislativa, jurisprudencial y doctrinal), por ejemplo, ese criterio se ha traducido en la aceptación como suficiente de una motivación que sólo incluya el relato de hechos probados y la indicación de las pruebas que lo sustentan, sin requerir la justificación del valor probatorio atribuido o negado a cada uno de los medios de prueba aportados.

Como aclara el autor, esta actitud restrictiva del Tribunal Constitucional español puede explicarse en el contexto de su constante preocupación por deslindar el ámbito del control de constitucionalidad –en el caso que nos ocupa, de la tutela del derecho fundamental a una resolución judicial fundada–, del ámbito del control de la legalidad –en este caso, el control de la satisfacción de la exigencias legales de motivación– a través de los recursos que son competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. El costo de esa autorrestricción ha sido, sin embargo, muy alto, no sólo porque las distinciones conceptuales que supone resultan difícilmente justificables, sino también porque los tribunales ordinarios, en lugar de desarrollar un modelo de motivación (legalmente) completa que vaya más allá del mínimo representado por la motivación (constitucionalmente) suficiente, han terminado imitando la postura minimalista de la corte constitucional.

El desafío que Colomer Hernández aborda en la obra que comento es precisamente el de estructurar ese faltante modelo de motivación completa de las sentencias. Apoyándose en la nueva regulación de la exigencia de motivación introducida por la Ley de Enjuiciamiento Civil que comenzó a regir el año 2000, así como en la doctrina procesal –particularmente en la italiana– y en las indagaciones de la teoría de la argumentación jurídica, el autor delinea un modelo de motivación que se estructura, en síntesis, en torno a tres ejes centrales: racionalidad, coherencia y razonabilidad. Aunque la explicación de esos criterios resulta a veces reiterativa y otras insuficiente y poco clara (en buena medida, me parece, porque si bien toma en cuenta la distinción teórica entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación y acepta un concepto justificativo de la motivación, rechazando el tradicional concepto psicologista, que entiende a la motivación como un relato del iter mental del juzgador, luego no es del todo coherente con esa opción conceptual y se concentra más en el proceso de deliberación que en la motivación como producto lingüístico), el ensayo de Ignacio Colomer abre interesantes perspectivas.

Abre interesantes perspectivas para trabajos futuros porque establece al menos dos vínculos que resultan, en mi opinión, iluminadores: el vínculo entre la estructura de la motivación y la estructura del procedimiento judicial contradictorio y el vínculo entre el alcance de la motivación y el grado de libertad de apreciación y de elección disfrutado por el juez. Por otra parte, abre también perspectivas de diálogo y colaboración entre la dogmática procesal y la teoría de la argumentación jurídica, cuyos cultores parecen haber comenzado por fin en España a leerse recíprocamente.

Daniela Accatino Scagliotti