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Revista de derecho (Valdivia)

versión On-line ISSN 0718-0950

Rev. derecho (Valdivia) v.16  Valdivia jul. 2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502004000100012 

Revista de Derecho, Vol. XVI, julio 2004, p. 241-247

JURISPRUDENCIA COMENTADA

 

Sentencia sobre la naturaleza jurídica del aparcamiento dispuesto por una casa comercial (Segundo Juzgado de Letras de Valdivia)

 

Comentario de Juan Andrés Varas Braun *

* Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Civil en la Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile, jvaras@uach.cl.
Valdivia, nueve de julio de dos mil tres


 

VISTOS:

A fojas 7, JULIO BARRÍA PACHECO, médico veterinario, domiciliado en calle Ángel Muñoz Nº 530, representado procesalmente por Andrés Firmani Garrido, abogado, domiciliado en calle Independencia Nº 427, Valdivia, dedujo demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de menor cuantía contra PROSEVAL LIMITADA (cuyo nombre de fantasía es Falabella), del giro grandes tiendas, representada por su gerente Rodrigo Llanos, de quien expresó ignorar su apellido materno, o por quien lo reemplace o suceda, ambos con domicilio en Picarte Nº 1160, Valdivia, pretendiendo el pago a título de indemnización de perjuicios, la suma de $445.380 por daño emergente más reajustes e intereses desde el día 09 de julio de 2001; $54.000 por concepto de arriendo de un vehículo particular durante tres días; la suma de $200.000 por concepto de honorarios del abogado; y la suma de $2.000.000 por daño moral, más costas, fundándose para ello en que el día 09 de julio de 2001, a las 17:30 horas aproximadamente, estacionó su vehículo marca Subarú, modelo Legacy, año 1995, patente LP-4788, en el estacionamiento privado que mantiene la demandada para sus clientes, percatándose al salir de la tienda, que el parabrisas trasero había sido quebrado, con ostensibles señales de perforación y totalmente astillado. Agregó que informada la empresa de este hecho, se negó a responder del daño, por lo que pide le indemnice el daño por existir entre él y la demandada un contrato de depósito y al incumplir sus obligaciones de depositario, esto es, guardar la cosa empleando la debida diligencia o cuidado al tenor del artículo 2.222 N° 1 del Código Civil, debe responder hasta de culpa leve.

A fojas 16, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, con la asistencia de la parte demandante y en rebeldía de la demandada. Llamadas a conciliación, ésta no se produjo por la inasistencia de la demandada.

A fojas 17 vuelta y 60, se recibió la causa a prueba.

A fojas 99 vuelta, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la objeción de documentos:

PRIMERO: Que en el segundo otrosí de la presentación de fojas 87, la parte demandada objetó “los documentos acompañados, por falsos, no íntegros, no constarle su veracidad ni autenticidad y emanar de terceros ajenos al juicio”. Si bien no singularizó los documentos que objetaba, ha de entenderse que se trata de los acompañados por la parte demandante en forma inmediatamente anterior a la objeción, esto es, la fotocopia de un cheque de fojas 82 y un set de cinco fotografías agregadas de fojas 83 a 84 vta., impugnación que ha de acogerse en tanto tratándose de instrumentos privados; la parte demandante que los presentó, no ofreció acreditar su autenticidad ni cuestionó la omisión de recibir a prueba tales impugnaciones.

En cuanto al fondo:

SEGUNDO: Que correspondió a la parte demandante acreditar los supuestos de la acción deducida, a saber, la existencia de un contrato de depósito, entre él y Proseval Ltda. (Falabella) en términos tales que don Julio Barría Pacheco haya confiado el día 09 de julio de 2001 su vehículo marca Subarú, modelo Legacy, del año 1995, patente LP4788 a la demandada, en el estacionamiento que ella ofrecía a sus clientes en razón de concurrencia a la Tienda como cliente y la consecuencia de daño en el parabrisas trasero o luneta posterior, como asimismo su cuantía en los planos material y moral.

En este sentido, la parte demandante rindió prueba documental de fojas 1 a 6, no objetada por la contraria, consistente en una fotografía de la parte posterior del vehículo Subarú Legacy, placa patente LP 47 88, color blanco que evidencia parabrisas posterior astillado; factura emitida a favor de don Julio Barría Pacheco, por la compra de un vidrio luneta original del mismo vehículo, por la suma de $445.380; y cotización de un Computador en Falabella, el día 09 de julio de 2001.

Además rindió prueba testimonial a fojas 78 y siguientes con los dichos de Máximo Lardíes Villanueva, Guillermo Ramírez Andrade y Verónica Mickelsen Bertetti, sin tachas y legalmente examinados, exponiendo el primero de ellos, en lo sustancial, que le constan los daños en el vidrio trasero del vehículo de propiedad del actor, Subarú Legacy, color blanco, del año 1995, por haberlo visto al día siguiente de ocurrido el hecho en el estacionamiento de Falabella, cuyo origen le fue contado por el propio demandante. El segundo testigo manifestó haber visto el vehículo del actor en el estacionamiento de Falabella, con el parabrisas trasero quebrado, en momentos en que se retiraba de la tienda, percatándose que don Julio Barría Pacheco se encontraba junto al jefe de bodega de la Tienda, encintando el vidrio para evitar que se desmorone, daños que avalúa en $500.000 por tratarse de un vehículo japonés; asimismo, reconoció como el vehículo del actor el que se muestra en la fotografía acompañada a fojas 1; precisó además que en la tienda existe un letrero que indica que el estacionamiento es “exclusivo para clientes de Falabella”; la tercera testigo, señaló a fojas 80 que el día 09 de julio de 2001, don Julio Barría sufrió daños en el vidrio trasero de su vehículo, mientras se encontraba estacionado en el recinto que la Tienda Falabella destina a ese efecto, lo cual le consta por cuanto en esos momentos ella salía de la Tienda y vio el vehículo del actor cuando éste hacía ingreso al estacionamiento, sin tener el parabrisas trasero quebrado, encontrándose al día siguiente con el actor, enterándose en ese momento que le habían quebrado el parabrisas mientras se encontraba en el estacionamiento de Falabella. Además sostuvo que la demandada ofrece explícitamente que el estacionamiento del local está destinado a servir a su clientela en forma exclusiva.

TERCERO: Que con el mérito de la prueba rendida y permenorizada en lo que precede, es dable concluir, vía presunción, que el día 09 de julio de 2001, alrededor de las 17:30 horas, el actor estacionó su vehículo, marca Subarú, modelo Legacy del año 1995, color blanco, en el estacionamiento que mantiene la demandada para sus clientes, mientras efectuaba una cotización al interior de la tienda, ocurriendo que al retirar su vehículo, éste se encontraba con el parabrisas posterior quebrado.

CUARTO: Que las condiciones en que la demandada ofrece estacionamiento a sus clientes, hace presumir concurrencia de todos los elementos para concluir que se trata de una oferta a personas indeterminadas, del contrato de depósito, en términos tales que éste se perfeccionó cuando el cliente, en este caso el actor, dejó al cuidado o amparo de la Tienda su vehículo en el recinto dispuesto para tal efecto, sin cobrar por este depósito importe alguno, pero con interés en el cliente, entendiendo que este contrato se mantiene mientras el cliente no retire su vehículo del lugar. Así las cosas, el referido vínculo contractual le impuso a la parte demandada, las obligaciones inherentes al referido contrato de depósito, a saber, guardar la cosa y restituirla a término del mismo, entendiendo que guardar la cosa supone cuidarla a objeto de restituirla “en especie”, tal como fue recibida.

QUINTO: Que de esta forma, la demandada incumplió su deber de cuidado respecto del vehículo en cuestión, lo que permitió que resultara quebrado el vidrio posterior del vehículo, lo que evidentemente constituye un incumplimiento del contrato pactado, más precisamente de su obligación de cuidado, por lo que habiéndose ofrecido libre y voluntariamente y sin restricciones a dicha obligación, debe responder de culpa leve, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.222 del Código Civil. De contraria no se acreditó mediación de caso fortuito o fuerza mayor en el resultado dañoso.

SEXTO: Que respecto a los montos a indemnizar, ha de tenerse presente la prueba documental ya referida y no impugnada por la contraria, especialmente la factura de fojas 2, que da cuenta del pago por parte de Julio Barría Pacheco a la Automotriz Villarroel Ltda. de una luneta o parabrisas original por la suma de $445.380 que puede ser considerada una presunción del gasto en que incurrió el actor para reparar su vehículo, que se ve corroborada por los dichos de los testigos Lardies Villanueva, Ramírez Andrade y Mickelson Bertetti, ya referidos en el acápite segundo, en tanto estiman los daños en alrededor de $500.000 por lo que se estará a la suma de $445.380 a título de indemnización por el perjuicio patrimonial sufrido.

No habiéndose acreditado por el actor el arriendo de un vehículo por tres días ni antecedentes sobre el perjuicio moral sufrido ni parámetros para avaluar su reparación, ha de rechazarse lo solicitado por tales capítulos.

El rubro honorarios de abogado, ha de entenderse referido a costas.

Y visto además lo previsto en los artículos 1.547, 1.549, 1.698, 2.211, 2.212, 2.215, 2.219 y 2.222 del Código Civil; Artículos 698 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA:

I. Que se acoge la objeción documental deducida por la demandada al segundo otrosí de la presentación de fojas 87.

II. Que se acoge, con costas, la demanda de fojas 7, sólo en cuanto se condena a la demandada al pago de $445.380 a título de indemnización de perjuicios por el daño patrimonial sufrido, rechazándose en todo lo demás.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad, si no se fuere apelada.

Rol N° 2.240-2001

Pronunciada por don Nibaldo Cabezas López, Juez titular autoriza, Paulina Chaparro Bossy, Secretaria titular.

En Valdivia, a 09 de junio de 2003, se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 162 del Código de procedimiento Civil.

COMENTARIO

In dubio contra obligatio.

Resulta infrecuente que ocupe espacio de un comentario de jurisprudencia una sentencia de primera instancia, y menos, una relativa a un proceso indemnizatorio de menor cuantía. Con todo, tres circunstancias avalan una excepción en el presente caso. La primera, que se trata de un caso infrecuente de discusión puramente jurídica acerca de la existencia o inexistencia de un vínculo negocial (específicamente, contractual) entre las partes, habiendo acuerdo sustancial respecto de los hechos; la segunda, el hecho de que esa sentencia basó una terminación transaccional del proceso, mediante el pago efectuado por el demandado; y tercera, la frecuencia notable con que hechos parecidos, y por tanto, homologables, ocurren en la vida de todos los ciudadanos en cuanto consumidores de productos y servicios ofrecidos por las “grandes tiendas”.

Como queda claro de la lectura del fallo, la cuestión central del conflicto sometido a consideración judicial intenta explorar la naturaleza de la relación que se genera entre el consumidor que aparca su vehículo en un estacionamiento reservado a clientes, y la persona (jurídica, casi siempre) que pone ese espacio a disposición de sus clientes.

El fallador resuelve (Considerandos cuarto y quinto) que se presentan todos los elementos para entender perfeccionado un contrato de depósito, que la demandada incumple al no cuidar la cosa e impedir su daño por terceros. Analizaré tal solución desde una doble perspectiva: primero, desde la teoría general del negocio jurídico, y en particular, de la teoría de la formación del consentimiento; y luego, desde la perspectiva del análisis económico del derecho.

En teoría, la voluntad puede manifestarse de forma expresa, mediante hechos, o muy excepcionalmente, a través de un silencio absoluto (esto es, lingüístico y fáctico). En el caso sub lite, se encuentra descartada la emisión lingüística, por lo que el análisis debe centrarse en la posible existencia de voluntad tácita (indirecta o fáctica) o de una derivada del silencio. En el caso del silencio, éste puede valer como declaración sólo en tres hipótesis: cuando las partes le han dado ese valor de modo convencional, cuando la ley impera idéntico efecto, o –construcción doctrinal– cuando el juez le atribuye valor declaratorio sobre la base de un conjunto de circunstancias (silencio circunstanciado). Como en la especie no existe pacto privado ni determinación legal alguna, quedan como posibilidades abiertas únicamente la presencia de hechos del demandado que hagan presumir la voluntad, o un silencio rodeado de circunstancias externas tales que permitan al juez atribuirla.

Aun cuando el sentenciador no lo hace explícito, sus palabras parecen suponer la existencia de voluntad fáctica. Aunque la cuestión es debatible, en concreto esa decisión no resulta demasiado relevante, puesto que estas dos hipótesis tienen un sustrato común: en ambas se requiere que la inferencia que colige el consentimiento a partir de ciertos hechos o de un silencio rodeado de ciertas circunstancias sea indudable, indubitada, inequívoca, de modo tal que, en la duda, debe preferirse la inexistencia de voluntad obligacional. En ello está de acuerdo toda la doctrina nacional y comparada que toca el punto. La pregunta esencial del caso resulta ser, por tanto, si es posible explicar la existencia de estacionamientos para clientes de un modo diverso a “una oferta a personas indeterminadas del contrato de depósito”. A mi juicio, hay al menos dos explicaciones que permiten excluir el vínculo contractual. Primero, la existencia de una obligación administrativa. Es decir, es difícil atribuir valor obligacional a la existencia de aparcamientos para clientes cuando el demandado está obligado por la normativa de urbanismo y construcciones a generar tales espacios si quiere obtener la aprobación administrativa de su local comercial. En seguida, y aun cuando no hubiere tal exigencia urbanística, podría explicarse la existencia de estacionamientos sobre la base de una simple estrategia comercial básica para atraer a clientes con la capacidad económica de mantener un automóvil, y en tal sentido, el hecho en cuestión puede interpretarse como una manifestación de simple cortesía hacia el cliente, cortesía que excluye la voluntad negocial, esto es, excluye la intención de obligarse en el plano del Derecho, del mismo modo que no puede sostenerse que incumple un contrato de prestación de servicios gastronómicos quien olvida una invitación que había realizado a otro a cenar a su casa. Será, sin dudas, un signo de una pésima educación, pero no alcanza la categoría de un incumplimiento contractual.

Desde la perspectiva económica, imponer a cada “gran tienda” las obligaciones de un depositario que se ha ofrecido voluntariamente al depósito tiene unos efectos claramente indeseables. En efecto, si se toma la sentencia en comento en serio, y se universaliza su contenido, esto es, se entiende que cada vez que un cliente aparca su automóvil en los espacios destinados al efecto por la empresa se genera un contrato que impone a esta última la obligación de cuidado, tanto respecto de sus dependientes cuanto de la acción de terceros, es evidente que las casas comerciales debieran adoptar los resguardos correspondientes a una adecuada custodia de los bienes dejados a su cargo (cámaras de vigilancia, guardias privados, control de acceso a peatones, entre otros). Además, a efectos de evitar malos entendidos, fraudes o engaños, debieran alternativamente solicitar una declaración de contenido del vehículo, estableciendo que la omisión exime de responsabilidad a la empresa, o –extremo impensable– una revisión de ingreso y de salida de cada vehículo. Todo ello tiene costos de operación –amén de insumir tiempo– que alternativamente conducirán a la terminación del sistema de aparcamientos gratuitos, configurando directamente un contrato de prestación remunerada de servicios de vigilancia y custodia, o a traspasar el costo respectivo a la totalidad de los clientes, vía incremento en los precios. Con ello, claro se producirá la paradoja de que los clientes de menor nivel socioeconómico (que concurren sin automóvil a la casa comercial) terminarían subsidiando la comodidad del servicio prestado sin costo a los clientes que utilizan el aparcamiento.