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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) vol.32 no.1 Santiago  2012

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2012000100010 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 32 / N0 1 / 2012 / 193 - 210

MÉXICO 2010-2011. LOS ÚLTIMOS AÑOS DE UNA GESTIÓN CUESTIONADA*

Mexico 2010-2011. The last years of an administration under scrutiny

 

BENJAMÍN TEMKIN YEDWAB
FLACSO-México

RODRIGO SALAZAR-ELENA
FLACSO-México


RESUMEN

El presente artículo describe los eventos políticos y económicos más relevantes ocurridos en México durante los años de 2010 y 2011. Durante estos años la economía mostró signos de recuperación, tras la recesión de 2009, pero la violencia continuó su incremento, en parte como resultado de la política de combate al crimen organizado. El gobierno intentó, sin éxito, impulsar una reforma del sistema político. En el terreno electoral, el PRI fue el partido con mejor desempeño en las elecciones locales, al mismo tiempo que su candidato a la presidencia aparece en las encuestas como favorito.

Palabras clave: México, Calderón, economía, reforma política, crimen organizado, elecciones.


ABSTRACT

This essay describes the most relevant economic and political events that transpired during the years 2010 and 2011. During those years the economy showed some signs of recovery following the recession of 2009. However, violent activities continued to grow, in part as a result of the policies involved in the "war" against organized crime. The government tried unsuccessfully, to push for reforms of the political system. In the electoral terrain, the PRI had the best performance in local elections, while its presidential candidate is leading in public opinion polls.

Key words: Mexico, Calderon, economy, political reform, organized crime, elections.


 

INTRODUCCIÓN

Para México, el año 2010 revestía un simbolismo extraordinario. Un siglo antes estallaba la Revolución Mexicana, una saga colectiva de orden militar, político, social, cultural y económico con un catastrófico costo en vidas y recursos, que determinó, para bien y para mal, la faz del México moderno y el carácter del régimen político bajo el cual se gobernó el país durante el siglo XX. La revolución produjo también el documento fundacional de ese régimen: la Constitución Mexicana de 1917.

Por si esa carga simbólica del 2010 no fuese suficiente, ese año marcaba también el Bicentenario del comienzo de la Guerra de Independencia que puso fin a la dominación de la Corona española sobre la Nueva España y dio origen a la nación mexicana independiente.

Si bien las autoridades gubernamentales y el pueblo de México se preparaban para conmemorar y celebrar esas memorables efemérides, no podía decirse que la atmósfera pública fuese particularmente celebratoria. La conjunción del agravamiento de la inseguridad pública con la insatisfacción con el desempeño de las instituciones políticas y la persistente crisis económica, no contribuía a generar un sentimiento optimista y esperanzador en la población. En el año 2010, únicamente un 27 por ciento de la población afirmaba estar satisfecho con la democracia, ubicando a México en el último lugar de los 18 medidos en la encuesta Latinobarómetro (Corporación Latinobarómetro, 2010).

A principios del 2010, el pesimismo generalizado respecto a la situación económica reflejaba el declive sufrido por el país en los dos años anteriores. De acuerdo con cifras del INEGI, mientras en el 2008 la economía creció un magro 1,3 por ciento, en el 2009 se contrajo en un 6,5 por ciento, la peor contracción anual registrada desde que se tiene esta medida estadística. De hecho, de acuerdo con el Latin American Weekly Report (LAWR, 25/2/2010), la recesión del 2009 fue 10 por ciento peor que la que se registró en la crisis de 1995.

El impacto de la crisis sobre los grupos más vulnerables fue particularmente doloroso. En marzo del 2010 una investigación realizada por el Tecnológico de Monterrey reportaba que la recesión que dio inicio en el 2008 había empujado a 8 millones de mexicanos más por debajo de la línea de la pobreza, lo cual significaba que el número de pobres alcanzaba aproximadamente 53 millones de personas (LAWR, 11/3/2010).

Motivos adicionales de preocupación no escaseaban. A fines del 2009 la economía mexicana sufría de una creciente presión inflacionaria, y un muy débil ritmo de creación de empleo. Además, las remesas de los mexicanos en los Estados Unidos decrecían desde el 2008. Todo ello generaba entre los hombres y mujeres de negocio y entre los inversionistas potenciales bajos niveles de confianza en alcanzar sus metas de crecimiento en el 2010.1

Sin embargo, a pesar y en contra de las expectativas compartidas por los expertos y el público, la economía mexicana creció un 5,4 por ciento en el año 2010, el mayor incremento que había experimentado desde el año 2000, aunque ese crecimiento no fue suficiente para compensar el declive de más del 6 por ciento que ocurrió en el 2009 (Milenio, 12/1/2011). De hecho, todas las ramas de actividad económica mostraron el mismo comportamiento, lo que llevó a que el gobierno tuviese que corregir al alza en cinco ocasiones su pronóstico de crecimiento durante el transcurso del 2010 del 3,8 al 5,5 por ciento (América Economía, 6/1/2011). Este crecimiento de la actividad económica se reflejó también en un incremento de más del 5 por ciento en el número de empleos formales. El gobierno federal anunció que durante el 2010 se generaron 730 mil nuevos empleos (Milenio, 4/1/11).

Una razón fundamental de la recuperación económica mexicana del 2010 fue el crecimiento de las exportaciones a los Estados Unidos. El total de las exportaciones mexicanas (de las cuales aproximadamente el 80 por ciento son a los EU) creció en el 2010 en un 26 por ciento. La inversión externa directa se incrementó un 17 por ciento aproximadamente. La inversión privada creció en un 3 por ciento después de la caída en 2009 de un 16 por ciento. También la demanda interna contribuyó a la recuperación del 2010, pues creció durante ese año en un 5 por ciento (Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo, 2011). La Bolsa Mexicana de Valores ganó 20,2% en el año y el peso incrementó su valor respecto al dólar en un 7% (Expansión, 18/1/2011).

En resumen, el año del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Independencia resultó positivo desde el punto de vista de la macroeconomía mexicana, y generó expectativas optimistas respecto al 2011.

LA ECONOMIA MEXICANA EN EL 2011

Los resultados económicos del 2010 generaron expectativas positivas para el 2011. A finales del 2010, México se ubicaba en la cuarta posición mundial por su optimismo respecto al entorno económico según el International Business Report (IBR) 2011 publicado por Sallez Sainz-Grant Thornton. Las expectativas positivas hacia el 2011 de los empresarios y ejecutivos mexicanos entrevistados por el IBR se manifestaban a pesar de la incertidumbre global (Terra, 3/11/2011).

En contraste, los altos funcionarios públicos encargados de la política económica se mostraban bastante más cautelosos. Los ministros de Hacienda y del Trabajo y el Gobernador del Banco de México reconocían que el crecimiento del PIB en el 2011 sería bastante inferior al del año anterior. Sin embargo, consideraban que el sector interno constituiría un motor central que impulsaría un nivel respetable de expansión económica. En la opinión del ministro de Hacienda Ernesto Cordero, a pesar del escenario internacional incierto: "En México afortunadamente no tenemos cadáveres en el clóset que nos preocupen y podemos enfocar todas las baterías a que el sector interno se reactive lo más posible el año entrante". El Gobernador del Banco de México, por su parte, valoraba que la depreciación del tipo de cambio, aunada al bajo nivel inflacionario, estaba permitiendo a México ganar competitividad internacional. Finalmente, el ministro del Trabajo, expresaba su esperanza de que durante el 2011 se aprobaría la reforma laboral, la cual produciría mayores inversiones y generaría numerosos empleos, particularmente en las pequeñas y medianas empresas. En su opinión, "nunca hemos estado tan cerca de concretar una reforma laboral".

La evaluación oficial de que el crecimiento económico en el 2011 sería menor que en el año anterior se fundamentaba en los pronósticos de la ONU acerca de la desaceleración de la economía mundial. Según esas estimaciones la economía norteamericana crecería un magro 2,2 por ciento, y la mundial en un 3,1 por ciento (El Economista, 2/12/2010).

Al término del año 2011, se confirmó que la economía mexicana creció a menor ritmo que en el 2010. El crecimiento registrado fue de un 3,9 por ciento, tasa inferior al 5,4 en el 2010 (Milenio, 16/2/2012).

La desaceleración en el ritmo de expansión de la economía se reflejó en una disminución de un 20 por ciento en el número de nuevas plazas de trabajo formales de 730.000 en 2010 a menos de 600.000 en el 2011 (El Economista, 5/1/2012). Además, un gran número de esas nuevas plazas eran eventuales. A finales del 2011, la cifra de los ocupados en el sector informal alcanzó los 14 millones de personas, y el número de trabajadores informales (es decir, que no gozan de seguridad social y otros beneficios sociales sin importar si trabajan en empresas formales o informales) sobrepasó el 60% de la fuerza de trabajo rural y urbana (De la Cruz Gallegos, 2010).

En el 2011, México cayó un peldaño (al lugar 14) en el ranking de las economías del mundo. Observadores críticos advirtieron que en diez años la economía mexicana cayó cinco lugares, mientras la brasileña subió del 15 al 6 (La Jornada, 28/12/2011).

La desaceleración del crecimiento de la economía mexicana en el 2011 debe ser contextualizada en el marco de una serie de factores negativos: México padeció la peor sequía en los últimos 70 años, lo cual tuvo como resultado una reducción del 0,6 por ciento en el valor de la producción en el sector primario (agricultura, ganadería y pesca). El problemático entorno global afectado por el tsunami y los accidentes nucleares en Japón, la crisis financiera europea, las insurgencias en África del Norte y los países árabes, y por sobre todo la débil dinámica de la economía norteamericana no ayudaron a impulsar a la economía mexicana a continuar el ritmo de expansión del 2010.

De hecho, y de acuerdo con datos de la CEPAL, México creció en el 2011 a un ritmo muy parecido al nivel medio de América Latina (Brasil por ejemplo creció aproximadamente un 3 por ciento), y a un nivel superior al promedio de crecimiento de la economía global.

Las actividades de la economía que ayudaron al relativamente modesto crecimiento del PIB en México durante el 2011 fueron, en primer lugar, las terciarias (comercio y servicios) que se expandieron un 4,2 por ciento y las secundarias (minería, industria y otras) un 3,8 por ciento. Las exportaciones de manufacturas crecieron en un 15 por ciento (comparadas con un 26 por ciento en el 2010). La inversión extranjera directa creció en un 9,7 por ciento y las remesas enviadas por mexicanos en los EE.UU. se incrementaron en un 6,8 por ciento respecto al 2010, alcanzando un monto de casi 23.000 millones de dólares (Milenio, 17/2/2012).

Para resumir, en el año 2011 la economía continuó manifestando lo que algunos analistas económicos han diagnosticado como "estancamiento con estabilidad" macroeconómica.

Por un lado las instituciones económicas internacionales felicitan a las autoridades mexicanas por "la solidez de su marco de políticas basado en reglas, que ha sustentado la hábil gestión macroeconómica y la rápida mejora de la actividad económica". Por el otro, se observa la permanencia de la pobreza de millones de familias, la profundización de la desigualdad, la falta de crecimiento sostenido, la precarización del mercado laboral, la debilidad del mercado interno y la exagerada dependencia respecto al dinamismo de la economía estadounidense (León, 2011).

SEGURIDAD PÚBLICA Y VIOLENCIA

Desde el inicio de su gestión, el presidente Felipe Calderón definió como una de sus prioridades el combate frontal a las bandas de narcotraficantes que operan en el país. Su estrategia se ha caracterizado por el uso del ejército en tareas que en buena medida sustituyen las funciones de la policía. Los años de 2010 y 2011 fueron los más violentos desde que se iniciara la gestión de Felipe Calderón. En 2010, el número de asesinatos relacionados con el crimen organizado fue de 15.263. En 2011 la cifra aumentó a 16.603 (Guerrero Gutiérrez, 2012). De acuerdo con cifras oficiales, el total de muertes por este motivo desde diciembre de 2006 a diciembre de 2011 ha sido de 47.515.

El gobierno mexicano ha insistido en diversas ocasiones que la criminalidad en el país se mantiene en niveles inferiores a los de otros países de América Latina. En efecto, en el año 2010 México registró 18,1 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Esta es superada ampliamente por los asesinatos registrados ese año en Colombia (33,4), Guatemala (41,4), Venezuela (49), El Salvador (66) y Honduras (82,1).2 Sin embargo, esto no debe ocultar el enorme incremento de la violencia de los últimos años. En 2007 hubo 9,7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2012), lo que implica que la tasa se ha más que duplicado para llegar a 20,3 en 2011.3

Asimismo, una serie de hechos violentos tuvo un alto impacto en la opinión pública. Uno de los más notables fue el asesinato de 72 migrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, en tránsito hacia Estados Unidos en el estado de Tamaulipas. Posteriormente, en ese mismo estado se descubrieron fosas clandestinas con 145 cadáveres. En el estado de Nuevo León, un grupo de narcotraficantes prendió fuego a un casino, ocasionando 52 muertes. En septiembre y octubre de 2011, en el estado de Veracruz, en el oriente del país, fueron encontrados 72 cuerpos, sugiriendo que la violencia dejaba de ser un fenómeno focalizado en el norte. Por su brutalidad, así como por la alta cantidad de vidas perdidas, estos hechos produjeron un alto nivel de inquietud en la población. En Veracruz se pudieron observar escuelas vacías porque las familias habían dejado de enviar a sus hijos.

Junto con estos crímenes de gran escala, otro aspecto de las actividades de las organizaciones criminales que llamó la atención fue el asesinato de políticos de medio y alto perfil. En 2010 fueron ejecutados 14 alcaldes y en 2011, cinco más. El 28 de junio de 2010 fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas y favorito para ganar la elección. El 21 de noviembre del mismo año también muere asesinado Silverio Cavazos, gobernador de Colima entre 2005 y 2009. A esta lista se suma el diputado federal Moisés Villanueva, asesinado en septiembre de 2011. En ninguno de los casos se conoce el móvil del crimen, pero el asesinato de políticos podría ser indicativo de una estrategia más general de intimidación por parte del narcotráfico hacia las autoridades civiles de nivel local.

Los desarrollos en el ámbito de la seguridad pública, en conclusión, están lejos de revelar que la estrategia del gobierno combatiendo al crimen organizado haya sido exitosa -o que en algún momento lo vaya a ser. Ante esto, el gobierno ha insistido en que la mayor parte de la violencia observada responde a enfrentamientos entre las bandas criminales. En particular, el presidente Calderón ha afirmado que el 90 por ciento de las víctimas mortales de la violencia relacionada con las drogas consiste en integrantes de dichas bandas.

Por supuesto, en términos de imagen el gobierno se ve afectado negativamente cada vez que ocurren hechos violentos en los que las víctimas son civiles inocentes. Por este motivo, las autoridades han desarrollado la tendencia a acusar a toda víctima de pertenecer a grupos criminales, aun antes de que se realice una investigación en forma. En algunos casos, esta respuesta mecánica ha llevado a situaciones embarazosas. Así ocurrió en febrero de 2010, cuando 15 jóvenes fueron masacrados mientras estaban en una fiesta en Ciudad Juárez y el propio Presidente afirmó que éstos tenían vínculos con el narcotráfico. Después, cuando fue evidente la inocencia de los asesinados, Calderón tuvo que presentar disculpas. Un mes después, el ejército asesinó accidentalmente a dos estudiantes en la ciudad de Monterrey y se replicó el mismo argumento de criminalizar a los afectados -lo que en esta ocasión incluyó alterar la escena del crimen para hacer parecer que los estudiantes estaban armados.

Este tipo de hechos evidencian que el gobierno busca deliberadamente minimizar el grado en que la población se ve afectada tanto por su enfrentamiento con el crimen organizado como por las actividades de éste. Casos como los expuestos minan la credibilidad del discurso gubernamental. Más allá de esto, durante 2011 se formó un movimiento social que en buena medida representa los intereses de los civiles perjudicados por el enfrentamiento entre el gobierno y el narcotráfico. Tras el asesinato de su hijo a manos del crimen organizado, el poeta Javier Sicilia impulsó la formación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El movimiento ha organizado manifestaciones masivas en distintas ciudades del país en contra de la política de seguridad de Calderón y exigiendo el fin de la violencia y el retiro del ejército de las tareas de combate al crimen.

La guerra contra el narcotráfico, con su extenso uso del ejército en tareas de seguridad pública, ha tenido como consecuencia una situación de vulneración de la vigencia de los derechos humanos. Si entre 2003 y 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió quejas de violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército, en el período 2007-2010 el número de quejas se elevó a 4.803 (Human Rights Watch, 2011). En 2011 se presentaron 1.694 quejas adicionales (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012).

De acuerdo con el informe elaborado por la organización no gubernamental Human Rights Watch (2011), en su lucha contra el narcotráfico las fuerzas de seguridad han llevado a cabo torturas para conseguir confesiones y obtener información. Asimismo, personal tanto del ejército como de la policía ha participado en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Las quejas que los afectados presentan al respecto, afirma la organización, no son debidamente investigadas, por lo que la violación a los derechos humanos se refuerza con la impunidad.

El informe, a su vez, presenta información relevante sobre la eficacia con la que las instituciones de procuración de justicia persiguen a los criminales. Entre diciembre de 2006 y enero de 2011, el gobierno contabiliza 35 mil homicidios relacionados con el crimen organizado. De ellos, sólo se había abierto investigación para 997 y únicamente se han presentado cargos a 343 sospechosos. El número de personas que han recibido sentencia es 22 (íbid.). El gobierno ha interpretado el incremento en el número de muertes por el narcotráfico como evidencia del éxito de su estrategia: los narcotraficantes se matan entre sí como producto de la presión que reciben por parte de las fuerzas del orden. Estos datos, en cambio, sólo pueden ser indicativos de la inoperancia del sistema de justicia. Más allá de que buena parte de los esfuerzos del gobierno se concentran en arrestar a las cabezas visibles de las bandas criminales (muchos de los cuales son extraditados a los Estados Unidos), la política de seguridad no puede ser fructífera si la justicia no procesa en una proporción relevante a los responsables de hechos delictivos.

A esto debe añadirse que la propia eficacia de la acción del ejército en sus tareas policiacas está en duda. Aunque aún está por hacerse una evaluación completa de los resultados de la campaña del gobierno, un estudio reciente muestra que el incremento de homicidios es mucho más pronunciado en los lugares donde se realizaron operativos militares que en el resto del país (Escalante Gonzalbo, 2011). Si este hallazgo se confirma, una conclusión ineludible sería que la estrategia de combate al crimen estuvo mal concebida desde su origen.

Por último, cabe mencionar que el tema del narcotráfico ha estado muy presente en las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. En el terreno discursivo, Felipe Calderón ha sido muy enfático en señalar que el problema tiene su origen en la demanda norteamericana de drogas. Más recientemente, ha declarado repetidamente que el combate al narcotráfico se ve dificultado porque las bandas criminales tienen acceso irrestricto a armamento en los Estados Unidos.

Dado este último argumento, las relaciones entre los dos países pasaron por un momento de tensión cuando se hizo de conocimiento público el operativo Rápido y Furioso. Conducido por la Agencia de Alcohol, Armas, Tabaco y Explosivos de los EE.UU., dicho operativo buscaba exponer la cadena de distribución de armas compradas en Estados Unidos y vendidas a carteles de la droga en México. Para estos efectos, la Agencia se encargaba de proporcionar armas rastreables a supuestos traficantes. El problema fue que no se notificó a las autoridades mexicanas de esta operación, además de que la Agencia perdió el rastro de alrededor de 1.400 de estas armas.

Felipe Calderón aprovechó la debilidad relativa que este escándalo produjo en el gobierno norteamericano para obtener la sustitución del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. El funcionario había criticado a los servicios de inteligencia mexicanos y el papel del ejército en la campaña contra el crimen en cables difundidos por WikiLeaks.

PODER EJECUTIVO

Los dos años de gobierno de Felipe Calderón cubiertos en esta reseña no contribuyeron a mejorar la imagen del Presidente a los ojos del público. La empresa encuestadora Consulta Mitofsky (2012b) reportó que "en los promedios mensuales, 2011 es el más bajo de los cinco años del gobierno de Felipe Calderón al promediar 51% de aprobación". De hecho, con ese porcentaje terminó ese año. La misma empresa señala que el Presidente alcanzó su mejor evaluación en marzo del 2009 con un 68% de aprobación, y su mínimo, 49% durante los meses de marzo, abril y mayo del 2011.

El gabinete del presidente Calderón adoleció de un alto nivel de rotación, en comparación con los de sus predecesores. Hasta el momento de escribir estas líneas, se han realizado 28 cambios en su composición, mientras que Zedillo y Salinas de Gortari realizaron 22 cada uno y Fox solo 19.

Al contrario de la imagen del gabinete de Calderón como fuertemente panista en contraste con el de Vicente Fox, al término de sus respectivos sexenios, su composición partidista era la siguiente: En el gabinete foxista (que inició con nueve panistas) se incluían 16 miembros de su partido, mientras que en el de Calderón (que comenzó con doce panistas) solo ocho pertenecían al PAN. También en términos de la presencia femenina en los dos gabinetes se registraron claras diferencias. Calderón inició su período en la presidencia con cuatro mujeres en su gabinete y concluyó con el mismo número (a marzo del 2012), mientras que Fox inició con tres y concluyó con sólo una mujer en su gabinete. El Cuadro 1 presenta datos sobre la presencia partidista del gabinete de Felipe Calderón, así como sobre su composición de género. El cuadro del anexo presenta los nombres de los integrantes del gabinete.

PRODUCCIÓN LEGISLATIVA

La legislatura que inició sus trabajos en septiembre de 2009 está controlada por la alianza entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, que en conjunto tienen 258 de los 500 escaños de la Cámara baja. El hecho de que el candidato presentado por estos dos partidos sea el que tiene mayores posibilidades de ganar en las elecciones presidenciales de 2012 introduce un elemento de polarización de la mayoría parlamentaria con el gobierno del PAN.




Fuente: http://sil.gobernacion.gob.mx/Numeralia/Iniciativas/index.php

Posiblemente, esto explique la reducción en la tasa de aprobación legislativa. Si se observa el Cuadro 2, el total de leyes aprobadas representa el cuatro por ciento. Aunque la legislatura concluye sus trabajos en agosto de 2012, la comparación con la legislatura anterior sigue siendo desfavorable, que al finalizar había aprobado el 15 por ciento de las iniciativas presentadas (Palma, 2010). La reducción es similar para el PRI (de 13 a tres por ciento), el PAN (del 19 al cuatro por ciento) y el PRD (del 11 al cuatro por ciento). Incluso la aprobación de las iniciativas presentadas por el Presidente, que en ambas legislaturas tiene la mayor tasa, sufre una reducción del 86 al 75 por ciento. De confirmarse estas tendencias, la legislatura en funciones se revelaría como la menos productiva en la historia de la democracia mexicana.

RELACIÓN ENTRE PODERES: LA REFORMA POLÍTICA

En diciembre de 2009, el presidente Felipe Calderón presentó al Congreso una iniciativa de reformas a la Constitución que implicaba una transformación de gran alcance a las instituciones políticas. Las reformas pueden agruparse a partir del objetivo perseguido. Un conjunto de las reformas propuestas buscaba estrechar las relaciones entre el sistema político y la ciudadanía y dar mayor voz a ésta en el proceso político. El otro grupo buscaba apuntalar la gobernabilidad fortaleciendo la figura presidencial.

La mayor incorporación de la ciudadanía se daría por dos mecanismos. El primero de ellos al otorgarles nuevas vías de participación, a través de la posibilidad de que se presenten candidaturas independientes4 y creando la figura de iniciativa ciudadana, mediante la cual un grupo de al menos el uno por ciento del padrón de electores puede presentar iniciativas de ley ante el Congreso. Cabe destacar que esta última propuesta, de aprobarse, tendría un alcance muy limitado, toda vez que las iniciativas así presentadas siguen el proceso legislativo ordinario, por lo que no serán aprobadas aquellas que no tengan el apoyo de la mayoría en el Congreso (Hug & Tsebelis, 2002). En cambio, cuando los grupos de la sociedad civil están habilitados para presentar iniciativas a referéndum, la mayoría en el Congreso no puede vetar la legislación y es más probable que la legislación en general sea más cercana a las preferencias ciudadanas (Matsusaka, 2005).

Otras dos propuestas se dirigían a proporcionar a los políticos electos incentivos para responder a los intereses de la población. México, Filipinas y Costa Rica son los únicos países en los que está prohibida la reelección inmediata de los legisladores. Esta anomalía sólo aparentemente afecta a los políticos en cuestión. En realidad, priva a los ciudadanos de una herramienta para controlar a sus representantes por la vía electoral (Ferejohn, 1986). Ausente la posibilidad de sanción en las elecciones, los legisladores no tienen motivo para tomar en cuenta los efectos de sus decisiones sobre los electores. La propuesta de reforma busca corregir esta situación permitiendo la posibilidad de reelección inmediata de legisladores federales y locales hasta por 12 años, así como una reelección inmediata para funcionarios municipales.

La otra propuesta de reformas que operaría sobre los incentivos de los legisladores únicamente afecta a la Cámara alta. Consiste en la elección de tres senadores por estado bajo el sistema de listas abiertas. Este sistema fomenta la competencia entre los candidatos de un mismo partido, pues aquellos que reciban más votos personales serán electos. Cuando opera en una circunscripción pequeña (y con posibilidad de reelección), el sistema de listas abiertas hace que importe más la reputación de la persona que la etiqueta partidista, promoviendo una actitud más responsiva hacia los electores (Carey & Shugart, 1995).

De manera temprana, Weldon (1997) había notado que la presidencia mexicana se revelaría como débil una vez que desaparecieran el control mayoritario de un partido sobre el Congreso y el control del Presidente sobre ese partido. Efectivamente, desde que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 no se ha dado la situación de que el partido del Presidente pueda aprobar legislación por sí mismo. Esto ha hecho evidente que la presidencia tiene escasas atribuciones para llevar a cabo las medidas legislativas de sus preferencias. Sin una mayoría que lo respalde, y en virtud de sus atribuciones constitucionales, "el Presidente funge más como un guardián de la estabilidad que como un promotor del cambio" (Nacif, 2010, p. 78).

El segundo grupo de reformas propuestas intentaba cambiar esta situación. Lo hace a través de tres vías: apuntalando la legitimidad de la presidencia, incrementado las facultades legislativas de ésta e incrementando la probabilidad de formar mayorías legislativas. El primer objetivo se busca estableciendo para la elección presidencial el requisito de obtener más de la mitad de los votos para ser declarado vencedor; en caso contrario, se contempla una segunda ronda entre los dos candidatos más votados.5

Tres propuestas incrementaban la capacidad del Presidente para influir en el proceso legislativo. La primera es la "iniciativa preferente". En México, el Presidente está facultado para iniciar cambios legislativos, pero sus iniciativas siguen el Procedimiento ordinario. En la propuesta, el Presidente podría, hasta dos veces por año, invocar esta figura, de tal forma que si su propuesta no es votada durante el período ordinario de sesiones de la legislatura, se dará por aprobada. La segunda medida es una disposición para el caso de que la iniciativa presidencial afecte al contenido de la Constitución. En estos casos, la inacción del Congreso haría que la iniciativa fuese sometida a referéndum, y aprobada si obtiene dos terceras partes de los votos. Finalmente, se establece el veto parcial por parte del Presidente a la legislación aprobada por el Congreso. Frente a la situación actual, que sólo contempla el veto total, otorgar al Presidente la posibilidad de bloquear sólo aquellas partes de la legislación con las que no está de acuerdo representa un incremento de su poder (Shugart & Carey, 1992). Como la reforma incluye la Ley de ingresos y extiende estas facultades al Presupuesto de egresos, el Presidente tendría un mayor papel en la confección de la hacienda y el gasto público.

El resto de las reformas propuestas aumentaban la probabilidad de obtener una mayoría legislativa reforzando las tendencias mayoritarias del sistema electoral. En México, las dos Cámaras legislativas se integran por método mixto, en el que una parte es electa por el principio de mayoría, y otra parte por representación proporcional. Las modificaciones de la iniciativa presidencial incluyen la supresión de los 32 senadores que son electos por representación proporcional y la reducción de diputados electos por este principio de 200 a 100 (dejando en 300 el número de diputados electos por mayoría). Adicionalmente, se proponía aumentar la votación mínima para acceder a representación legislativa de dos a cuatro por ciento. Aparicio y Márquez (2010) han mostrado con simulaciones que la supresión de diputados por representación proporcional y el incremento del umbral electoral tienen el efecto de favorecer a los partidos más votados en términos de escaños recibidos.

La tercera medida era en parte un correctivo. Frente a la elección presidencial por mayoría relativa, la elección por segunda vuelta tendría el efecto de incrementar el número de partidos con representación en la asamblea legislativa (Mainwaring & Shugart, 1997). Esto fue neutralizado con la propuesta de que las elecciones congresionales sean el mismo día en que se celebra la segunda vuelta presidencial. Si fuese así, es razonable esperar que la votación se concentre en los partidos de los candidatos que llegan a esta fase.

Por último, una propuesta adicional no se relacionaba con la representación ni con la gobernabilidad, sino que constituía una continuación de la reforma al Poder Judicial realizada en 1994. Consiste en facultar a la Suprema Corte de Justicia para iniciar cambios legislativos en materias de su competencia o relacionadas con su funcionamiento.

En el sistema constitucional mexicano, el Presidente puede iniciar el proceso legislativo en cualquiera de las dos Cámaras, que son libres de hacer las modificaciones que crean pertinentes a la propuesta. Asimismo, sólo será ley el proyecto aprobado por ambas Cámaras. Si un proyecto es aprobado en una Cámara pero en la otra no consigue la mayoría, éste es devuelto a la Cámara de origen para su modificación.

La reforma política propuesta por el Presidente se ha estancado en las fases de este proceso legislativo. El Senado (donde fue presentada la iniciativa) suprimió la segunda ronda electoral, pero aprobó varias de las modificaciones incluidas en la iniciativa presidencial. En la Cámara de Diputados, el PRI, partido con la mayor cantidad de legisladores, consiguió desechar la reelección inmediata de legisladores y alcaldes, el referéndum y el veto presidencial sobre el presupuesto. Al recibir el dictamen así formulado, el Senado insistió en estos puntos y devolvió el proyecto a la Cámara baja para su revisión.

Esta es la situación de la reforma en el momento de escribir estas líneas. Es difícil que en 2012, año de elecciones presidenciales, se llegue a un acuerdo sobre cambios tan significativos. Sin embargo, es probable que el tema sea retomado por la próxima legislatura bajo la nueva distribución de fuerzas que arrojen las elecciones.

ELECCIONES

Desde finales de los ochenta, en México se ha consolidado un sistema de partidos dominado por tres organizaciones políticas: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El PRI estuvo en el poder durante siete décadas, hasta que en las elecciones del año 2000 perdió la presidencia y cedió el poder al PAN, partido identificado con la derecha que repitió el triunfo en 2006. El PRD, por su parte, se ubica en la izquierda ideológica y en las elecciones de 2006 obtuvo el segundo lugar.

Los procesos electorales en las entidades federativas en 2010 y 2011 se caracterizaron por una serie de triunfos a favor del PRI. Como reacción, el PAN y el PRD intentaron superar sus desacuerdos para ensayar alianzas electorales en algunos estados, con vistas a replicar este acuerdo en las elecciones presidenciales de 2012. Aunque las alianzas probaron su eficacia electoral, a la larga esto no fue suficiente para convencer al PAN y el PRD de unirse para evitar el regreso del PRI a la presidencia.

Durante el año 2010 se llevaron a cabo procesos electorales en 14 estados del país: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En 12 de ellos se eligieron titulares del Poder Ejecutivo y en los 14 se realizaron elecciones para diputados locales y alcaldes.

En total se renovaron 1.533 ayuntamientos, 12 gubernaturas y 13 congresos estatales. Estos procesos electorales involucraron a más del 50% del electorado nacional.

Los resultados electorales del 2010 favorecieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En lo que toca a las 12 gubernaturas estatales que estuvieron en juego, el PRI (y sus aliados menores) triunfó en nueve y solo fue derrotado en tres estados en los cuales el PAN y el PRD se aliaron y sumaron a otros partidos pequeños, consiguiendo elegir a tres gobernadores (Oaxaca, Puebla y Sinaloa).

El triunfo del PRI en el 2010 fue más claro de lo que se puede apreciar en base al saldo electoral respecto a las gubernaturas. En el terreno municipal, el PRI resultó triunfador en 889 municipios (casi 60 por ciento del total de municipios donde se llevaron a cabo elecciones), el PAN en 182 (12 por ciento), el PRD en 123 (8 por ciento) y la alianza PAN-PRD en 264 (17 por ciento). En el resto de los municipios, en los cuales se realizaron elecciones de acuerdo a los así llamados usos y costumbres -la gran mayoría de ellos en Oaxaca-, fueron elegidos 336 candidatos identificados con el PRI, con el PRD 63, con diversos partidos minoritarios 40 y con el PAN 1.

En términos del número de habitantes de los respectivos municipios en que se llevaron a cabo elecciones, el PRI estaría gobernando a 23.3 millones (el 57 por ciento), el PAN a 2.2 millones (el 6 por ciento) y el PRD a 1.3 millones (el 3 por ciento). Las alianzas que incluyen al PAN y al PRD gobernarían 11.7 millones de habitantes (casi el 30 por ciento del total).6

Como puede apreciarse, si bien las elecciones del 2010 resultaron en un fortalecimiento del PRI de cara a las elecciones estatales del 2011, y más importantemente a las elecciones presidenciales, federales y estatales a realizarse en el 2012, los éxitos electorales de las alianzas entre el PAN y el PRD en tres importantes estados gobernados por el PRI, más allá de su importancia local, mostraron el fuerte potencial de esa estrategia para derrotar al PRI en futuras contiendas.

Debe señalarse, sin embargo, que de manera paradójica esos mismos triunfos debilitaron el potencial del PAN y del PRD para enfrentar separadamente los retos electorales futuros, pues disminuyeron la presencia de liderazgos fuertes de esos partidos en las regiones gobernadas por las alianzas.7

Este diagnóstico no tardó en ser confirmado por los comicios estatales que se realizaron durante el año 2011. De las seis gubernaturas en juego (Estado de México, Nayarit, Hidalgo, Coahuila, Michoacán y Guerrero) el PRI obtuvo la victoria en cinco. Solo en Guerrero el PRD consiguió conservar el gobierno estatal, al tiempo que perdía el control de su baluarte michoacano.

La incapacidad o falta de voluntad política para repetir la experiencia electoralmente exitosa de las alianzas PRD-PAN del 2010 contribuyó al abrumador triunfo priista. El caso del Estado de México es particularmente importante en este contexto, pues a más de ser el estado con mayor número de votantes en el país, era y es la base política fundamental de Enrique Peña Nieto quien era en ese momento el virtual candidato a la presidencia de la república por parte del PRI. En esas elecciones el PRD y el PAN lograron un acuerdo inicial para competir juntos. Sin embargo, la facción radical del PRD boicoteó el acuerdo y, finalmente, cada partido presentó a su candidato.

Sin pretender especular respecto a un resultado radicalmente diferente de esas elecciones, es decir una derrota del candidato priista Eruviel Ávila Villegas, si se hubiese presentado un candidato de la alianza PRD-PAN, lo que parece claro es que la victoria del PRI (obtuvo más del 60 por ciento de los votos) pudo haber sido menos abrumadora. De cualquier forma, las elecciones del Estado de México fortalecieron las aspiraciones de Peña Nieto, al mismo tiempo que con ellas acabó toda mención de la posibilidad de una candidatura presidencial común para impedir el regreso del PRI.

En términos de sus potenciales consecuencias para las elecciones presidenciales y federales del 2012, los resultados obtenidos por el PAN resultan particularmente significativos. En el Estado de México, por ejemplo, Luis Felipe Bravo Mena, el candidato del partido obtuvo, solo 570.185 votos (el 12,5 por ciento del total ), un poco más de la mitad de los 936.615 que recibió su candidato en las elecciones anteriores a la gubernatura. En Michoacán, la hermana del Presidente de la República Luisa María Calderón no logró obtener la victoria, y fue derrotada por el candidato priista Fausto Vallejo.

LAS CANDIDATURAS PRESIDENCIALES

En las elecciones presidenciales de 2012 se presentarán cuatro candidatos respaldados por siete partidos. Únicamente en el caso del PAN hubo un procedimiento de elecciones internas. En él participaron tres candidatos. Por un lado, Ernesto Cordero, ex ministro de Hacienda y Crédito Público y antes de Desarrollo Social, apoyado por el Presidente Felipe Calderón. A él se enfrentaba Josefina Vázquez Mota, ministra de Desarrollo Social durante la presidencia de Vicente Fox y después de Educación Pública en los primeros dos años de la gestión de Calderón. Por último se presentó el senador Santiago Creel, que ya había sido el principal contendiente de Calderón en las elecciones internas de 2005.

Las elecciones se celebraron el 5 de febrero de 2012, en un proceso en el que participó únicamente la militancia panista. Vázquez Mota resultó vencedora con 53,2 por ciento de los votos, seguida de Cordero con el 39,4 por ciento. Creel obtuvo el 6 por ciento y el resto consistió en votos nulos.

En el PRD, los contendientes fueron Andrés Manuel López Obrador, quien en las elecciones presidenciales del 2006 había obtenido un segundo lugar por menos de un punto porcentual de la votación, y el alcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Ambos acordaron un mecanismo de decisión para evitar competir en una elección interna, que consistió en llevar a cabo dos encuestas a dos muestras nacionales con un cuestionario sobre las preferencias con respecto a los dos personajes. El menos favorecido renunciaría a la candidatura. Las encuestas favorecieron a López Obrador y Ebrard aceptó los resultados. La candidatura de López Obrador es presentada por una coalición formada por el PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia por la Democracia).

En el PRI, Enrique Peña Nieto fue impulsando su candidatura durante todo el período que fue gobernador del estado de México (la entidad más poblada del país), entre 2005 y 2011. Su principal estrategia consistió en una fuerte presencia en medios de comunicación. Como resultado, desde 2009 Peña Nieto se ha mantenido en las encuestas como el político con más preferencias para la elección presidencial, de tal forma que su candidatura se fue imponiendo como inevitable. El único contendiente por la nominación fue Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI en el Senado, quien anunció en noviembre de 2011 que declinaba sus aspiraciones. De esta forma, se evitó el procedimiento de primarias abiertas que se tenía contemplado. Así, Enrique Peña Nieto será postulado tanto por el PRI como por el Partido Verde Ecologista de México.

Originalmente, el PRI había acordado competir con el apoyo del Partido Nueva Alianza (Panal), brazo político de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo. En 2006, este partido se alió con el PAN, y su apoyo se considera determinante en el triunfo de Calderón, dado su estrecho margen de ventaja sobre López Obrador. Sin embargo, al interior del PRI surgió un amplio descontento debido a las candidaturas legislativas que se estaban concediendo al Panal. Los partidos no pudieron llegar a un nuevo acuerdo, por lo que su alianza se disolvió. En febrero de 2012, el Panal postula como candidato presidencial a Gabriel Quadri, experto en temas ambientales con trayectoria en los sectores público y privado.

Todas las encuestas realizadas con el nombre de los candidatos coinciden en que en primer lugar se encuentra el candidato del PRI, seguido por Vázquez Mota. De acuerdo con una medición tomada a mediados de febrero de 2012 (Consulta Mitofsky, 2012a), Peña Nieto tiene el 40,6 por ciento de las preferencias, Vázquez Mota tiene el 24,6 por ciento, López Obrador el 17,4 y Quadri el 0,6 por ciento.

El resultado final de la elección del 1 de julio de 2012 aún depende de factores tanto coyunturales como estructurales. Entre los primeros están los propios del desarrollo de las campañas. Así por ejemplo, López Obrador podría mejorar sus resultados si tiene eficacia el cambio de imagen que trata de presentar, abandonando los aspectos más radicales de su discurso.8 Entre los factores estructurales, la recuperación económica en marcha, de continuar, sin duda beneficiará a la candidata del PAN. En 2006, Calderón se benefició enormemente del incremento de las percepciones positivas sobre la situación económica (Moreno, 2009). Finalmente, habrá que observar qué destino tienen los votos estratégicos de los partidarios del candidato o candidata que se estanque en el tercer lugar: quienes votan por su segunda preferencia podrían fortalecer al candidato del PRI o bien ayudar a su rival más cercano a acortar las distancias.

Sin embargo, el hecho es que la ventaja de Peña Nieto ha sido muy consistente en el tiempo y su diferencia con respecto a sus competidores es muy amplia. A menos que ocurra un evento catastrófico, el escenario más probable es el del triunfo del PRI, regresando al poder después de 12 años de haber sido expulsado por la vía electoral.

COMENTARIOS FINALES: VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Los años de 2010 y 2011 representaban la última oportunidad del gobierno para mostrar resultados de gestión satisfactorios. En el área de política prioritaria para esta administración, la seguridad pública, este objetivo no fue conseguido. Durante estos años, la violencia registró sus niveles más altos, su combate ha sido con un alto costo para la vigencia de los derechos humanos y el discurso que circunscribe las víctimas a los miembros del crimen organizado ha perdido credibilidad. En el terreno económico, se observa una recuperación económica tras la recesión de 2009. Este repunte podría continuar en 2012 si Estados Unidos logra finalmente consolidar su reactivación. Sin embargo, el ritmo de esta recuperación no parece lo suficientemente sostenido. Finalmente, el presidente Calderón intentó dejar como legado una reforma política que vinculara más a los ciudadanos con el proceso político y que apuntalara la gobernabilidad, pero no consiguió un acuerdo con el PRI y la reforma será un asunto a tratar por la siguiente administración.

De manera intuitiva, es posible afirmar que en estos dos años la calidad de la democracia mexicana sufrió un deterioro, en la medida en que la violencia del crimen organizado ahora afecta a la ciudadanía y, en mayor medida, por los retrocesos en cuanto a la vigencia de derechos humanos imputables a la estrategia para hacer frente a esta situación. La calidad de la democracia mexicana será restablecida en la medida en que la seguridad de ciudadanos y ciudadanas esté protegida contra acciones atentatorias por parte de terceros, pero también contra aquellas cometidas por las fuerzas del Estado.

NOTAS

1 Consultoría PricewaterHouseCoopers, citado por LAWR, 11/3/2010.

2 De 21 países de América Latina continental, México ocupa el lugar número 11 en cuanto a asesinatos por cada 100 mil habitantes. Véase United Nations Office on Drugs and Crime, 2012.

3 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2012) reporta 22.192 homicidios dolosos en 2011. El Consejo Nacional de Población (2012) estima en 109.219.931 la población en ese año.

4 De acuerdo con la legislación electoral vigente, únicamente los partidos políticos con registro están habilitados para presentar candidaturas.

5 En la actualidad, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela son los únicos países de América Latina en los que el presidente es electo por el sistema de mayoría simple.

6 Datos de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) y del Instituto de Mercadotecnia y Opinión (2011).

7 Ibíd.

8 Hasta el momento, este giro no ha podido evitar que López Obrador sea el único candidato con diferencia negativa (de -10) cuando se restan las opiniones negativas de las positivas (Consulta Mitofsky, 2012a).

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Fuente: http://www.presidencia.gob.mx/gabinete/


 

*Los autores agradecen el trabajo de César Rosales como asistente de investigación y la invaluable ayuda de Georgina Flores-Ivich. Ambos autores son Profesores-Investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México).

Benjamín Temkin Yedwab. Profesor-Investigador y Coordinador de Proyectos Especiales en FLACSO - México. Email: temkin@flacso.edu.mx

Rodrigo Salazar-e1ena. Profesor-Investigador adjunto y Jefe de la Unidad de Métodos e Información Estadística en FLACSO - México. Email: rosencrantz@flacso.edu.mx