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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) v.30 n.2 Santiago  2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2010000200016 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 30 / N° 2 / 2010 / 479 - 498

ARTÍCULOS

 

REPÚBLICA DOMINICANA: CRECIMIENTO MACROECONÓMICO Y ESTABILIDAD POLÍTICA VERSUS DESIGUALDAD SOCIAL E INSATISFACCIÓN POPULAR

Dominican Republic: Macro-Economic Growth and Political Stability Versus Social Inequality and Popular Dissatisfaction

 

JACQUELINE JIMÉNEZ POLANCO

Bronx Community College, The City University of New York (CUNY) Department of Social Sciences


RESUMEN

Este artículo analiza la situación política, económica y social de la República Dominicana en el 2009 en el marco de la crisis económica global del capitalismo y la dependencia económica del país caribeño de los Estados Unidos. Se observan los efectos del crecimiento macroeconómico y la escasa redistribución de los recursos en un aumento de la pobreza y la marginalidad como resultado de las inequidades producidas por una estructura gubernamental neoliberal que opera para satisfacer las demandas de las organizaciones crediticias mediante el aumento del producto interno bruto, las inversiones foráneas y la amortización de la deuda externa al margen de las demandas sociales. Asimismo, se remarcan las críticas de sectores de la opinión pública hacia el rampante crecimiento de la corrupción pública y el narcotráfico que permean impunemente las diferentes esferas de la administración de Leonel Fernández. El análisis de estudios cuantitativos y cualitativos da cuenta de crecientes niveles de insatisfacción de la población hacia el gobierno, los partidos políticos dominantes y el Congreso, y el reclamo de políticas públicas coherentes con la situación socioeconómica y política de la nación. En ese contexto se examina la formación de organizaciones cívicas y grupos políticos no partidistas, así como el alto nivel de abstención en las elecciones congresuales y municipales de mayo de 2010.

Palabras clave: República Dominicana, Congreso, partidos políticos, gobierno, sociedad civil.


ABSTRACT

This article analyzes the political, economic and social situation of the Dominican Republic in 2009 in the context of the capitalist global economic crisis and the Caribbean country's economic dependence on the United States. It observes the effects of the macroeconomic growth and the scarce distribution of wealth in increasing poverty and marginality because of the inequities generated by a neoliberal governmental structure that operates to fulfill the demands of capitalist financial institutions towards increasing the GNP, the foreign investments and the international debt collection without regard for the social demands. In addition, it remarks the critics of public opinion sectors about the rampant rise of public corruption and narcotraffic and how it permeates various spheres of Leonel Fernández's administration with legal impunity. The analysis of quantitative and qualitative data shows growing levels of popular dissatisfaction towards the government, the dominant political parties and the congress, and the demand for coherent public policies that satisfy the socioeconomic and political situation of the nation. In this context, it is examined the formation of civic organizations and non-partisan political groups as well as the high level of abstention in the May 2010 congressional and municipal elections.

Key words: Dominican Republic, Congress, political parties, govemment, civil society.


Al inicio del 2009 las expectativas macroeconómicas para la República Dominicana eran alentadoras aun en medio de la rampante crisis global y sus agudos efectos en el plano nacional con un déficit del 3,5% y el 6% del PIB en el 2008 y el 2009 respectivamente. El Banco Central (BC) pronosticó que la economía nacional experimentaría leves presiones inflacionarias debido a una tendencia moderada en el aumento de los precios del petróleo y en el crecimiento económico, lo cual, unido al ajuste fiscal previsto en el Presupuesto de Gastos Públicos y a la entrega oportuna por el gobierno al Banco Central de los recursos correspondientes a la capitalización, contribuiría eventualmente al diseño de un programa monetario dirigido a estabilizar el nivel inflacionario en un 7 por ciento.

El crecimiento macroeconómico no se traduciría, sin embargo, en la efectiva aplicación de políticas públicas dirigidas a programas de desarrollo para reducir la pobreza y la inequidad social. Lo anterior produjo altos niveles de insatisfacción social y desafección política expresados a través de continuas manifestaciones de rechazo de la población hacia la presidencia, los partidos mayoritarios y los representantes en el Congreso, en medio de una percepción generalizada de un acrecentamiento de la corrupción en todos los espacios de la vida pública. Ello produjo, a su vez, movilizaciones populares de diversa índole y la formación de alianzas no partidistas que hicieron un llamado a no votar, el cual se reflejaría en un alto índice de abstención (del 65%) en las elecciones congresuales y municipales de mayo de 2010 según datos preliminares de observadores de la OE A y del 42% según el informe de la Junta Central Electoral.

I.      CRECIMIENTO MACROECONÓMICO E INEQUIDAD SOCIAL

El país caribeño recibió la llegada del nuevo año con previsiones positivas de crecimiento macroeconómico por parte del gobierno central y de las entidades crediticias internacionales, que generaron la impresión social de que la República Dominicana no sería afectada por la crisis financiera del mercado mundial.

En su informe, el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, sostuvo que la inversión extranjera directa (IED) había crecido un 83,7% en el 2008 con respecto al 2007 (de 1.570 millones de dólares en 2007 a 2.884 millones en 2008) y los ingresos en divisas en el sector turístico habían crecido un 4,3%, generando un ingreso de 4.200 millones de dólares como resultado de la afluencia de 3,9 millones de turistas en el 2008 (INFOLATAM, 2009c).

Las previsiones del FMI para 2009 indicaron que el sistema bancario dominicano contaba con una capitalización y liquidez rentables que le permitirían resistir sacudidas moderadas, pese al aumento en 2008 del déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente y el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento para 2009 (Santana, 2009). Sus expertos calcularon unas expectativas de crecimiento de un 0,5% en 2009 y de un 2% en 2010, un aumento inicial en la inflación del 1,7% y el 5,8% en el 2009 y el 2010, respectivamente, que luego redujeron al 0,9% y el 5,4%, y un déficit en la balanza de pago por cuenta corriente equivalente al 6,1% del PIB para el 2009 y el 2010 (INFOLATAM, 2009a).

Los índices de la CEPAL llegaron incluso a superar las previsiones de crecimiento de la economía y de reducción de la inflación hechas por el FMI. En su informe anual del 2009 la CEPAL indicó un crecimiento de la economía dominicana en un 2,5% (que contrasta con el 0,5% del FMI), lo que a su vez permitió un aumento del PIB por habitante de un 1,1%. Ello a pesar de la recesión en los Estados Unidos y las dificultades de financiación que resultaron en un crecimiento significativamente menor al 8,4% promedio logrado entre 2004-2008. La inflación anual se situó en torno al 6% con un aumento del 1,5% (el FMI había previsto un 1,7%) en comparación con el índice del 2008 (4,5%) (INFOLATAM, 2009b). La tasa de cambio se mantuvo estable entre un 35% y 36%.

El crecimiento macroeconómico no se traduciría, sin embargo, en avances significativos en la reducción de la pobreza y la inequidad social. En el 2009 la tasa de pobreza en la República Dominicana fue de entre un 35% y un 48%, lo que situó al país en el grupo de naciones latinoamericanas con pobreza media-alta (junto a México, El Salvador y Perú). La alta concentración de las riquezas refleja que el 40% de los hogares más pobres percibe el 11,5% del ingreso nacional y el 10% más rico percibe el 34,8%. La tasa de desempleo aumentó levemente de un 14,3% en 2008 a un 14,9% en 2009 (CEPAL, 2009). En forma paralela, se produjo un exceso en los gastos del gobierno de un 8,62%, condicionado por una nómina supernumeraria y por el pago de la deuda pública que entre amortización e intereses consumió el 24,15% del presupuesto nacional en el 2009 equivalente a 80 mil millones de pesos (unos 56.131,968 millones de dólares), un porcentaje superior a los gastos del gobierno en salud y educación (Hoy, 2009e: 12A). La amortización de la deuda aumentó la confianza por parte de las entidades crediticias internacionales, permitiendo el acceso del gobierno a un acuerdo con el FMI para el préstamo de 1.700 millones de dólares en el 2010 para estimular la recuperación de la estabilidad macroeconómica.

Ello produjo, sin embargo, críticas por parte de algunos economistas que consideraban que según lo programado por la Secretaría de Hacienda se esperaba que la deuda pública aumentase de 11.200 millones de dólares en el 2008 a 13 mil millones de dólares en el 2009, con el inconveniente de que dichos fondos no serían utilizados para financiar programas de desarrollo. Los economistas Miguel Ceara Hatton, Apolinar Veloz y Carlos Depradel abogaron por una mejora de la calidad, racionalización y optimización del gasto público, de modo que se dedique a fortalecer el mercado nacional con leyes de competitividad que se cumplan y que regulen la eficacia del sector privado (Hoy, 2009e: 12A). También plantearon la necesidad de balancear los gastos corrientes y de capital, ya que el gobierno dedica sólo el 15% del PIB a gastos de inversión, en contraste con un 85% a gastos corrientes, una gran parte de los cuales se dedica a cubrir la nómina de los empleados públicos. Criticaron que en el país hubiese más de 590 mil personas en la nómina pública y que la gente haga política sólo para conseguir empleo, de modo que sólo en marzo de 2009 el gobierno central invirtió 5.004.404 millones de pesos (unos 3.511.338,06 millones de dólares) en el pago de la nómina pública (Hoy, 2009g: 13A).

Por su parte, representantes de los medios criticaron el exceso de optimismo mostrado por el gobierno sobre los efectos de la crisis económica mundial en el plano nacional, al desconocer la dependencia de la economía dominicana de los Estados Unidos. El periodista y productor de televisión Juan Bolívar Díaz criticó la falsa percepción generada por el secretario de Hacienda Bengoa al sostener, primero, que el país estaba "blindado" ante la crisis internacional, luego insistir en que la crisis afectaría el país pero la economía seguiría creciendo hasta alcanzar un 3% del PIB en el 2009 y, finalmente, cifrar excesivas expectativas en el crédito y en las inversiones internacionales elaborando un presupuesto de ingresos y gastos deficitario cuyos resultados en el primer trimestre arrojaron números rojos. De igual forma, llamó la atención sobre la postura ambivalente del Presidente Fernández frente a la crisis que llevó a sectores de la opinión pública a calificarla de "ilusionista", al sostener en septiembre del 2008 que el huracán financiero estaba pasando y que no veía que pudiera afectar el país, para luego reconocer en diciembre que la crisis internacional era grave y que eran impredecibles sus consecuencias para el país. Ello, mientras hacía aprobar por el Congreso un presupuesto deficitario apoyado en un financiamiento externo de más de 2 mil millones de dólares con los cuales sufragaría una serie de megaproyectos que la opinión pública consideraba inviables y no prioritarios en las circunstancias económicas actuales (i.e., los pasos a desnivel y el proyecto inmobiliario del Estadio Quisqueya), dando así continuidad a las inversiones suntuarias que llevaron a la construcción del Metro de Santo Domingo en su anterior administración, a pesar de las reiteradas críticas que generó entonces. Y, todavía en abril, el Presidente Fernández sostendría que primero fracasa todo el mundo antes que la República Dominicana (Hoy, 2009f: 8E).

Estas contradicciones se atribuyen a la resistencia del presidente a aceptar que la economía dominicana estaba en recesión, que los bancos tenían exceso de liquidez pero que pocas empresas buscaban crédito debido a la reducción de las ventas y las importaciones y a la falta de confianza para emprender nuevos proyectos. Por ello se hacía necesario, por tanto, un ajuste fiscal, tal y como lo venían reclamando empresarios y economistas desde el 2006.

En efecto, a pesar de la reducción de la tasa de interés por parte del BC al sector financiero, las recaudaciones fiscales cayeron en alrededor de un 7% en el primer trimestre del 2009 y en abril el secretario de Economía, Temístocles Montas, sostuvo que seguirían cayendo hasta llegar a un 10% y que las exportaciones al mercado norteamericano se contrajeron en un 23%. Considerado como el representante del "ala realista" del gobierno, Montas mantenía la postura, que había expresado a principios del año anterior, de que se hacía necesario para el país entrar en una etapa de reajustes económicos y plantear efectivamente a la población lo que estaba ocurriendo en la economía nacional. Sostuvo que el déficit fiscal de 2008 fue de 3,4% del PIB (55 mil millones de dólares).

De igual modo, representantes del sector privado presentaron informes que develaron el falso optimismo del gobierno frente a la crisis. En este contexto, Ricardo Koenig, presidente de la Asociación de Exportadores, estimó que las exportaciones cayeron en un 15% en el primer trimestre, y representantes de las remesas y el turismo indicaron que hubo una caída en ambos sectores, con un decrecimiento en el turismo de 5,4% en julio de 2008 y 2,1% y 6,5% en enero y febrero de 2009, respectivamente (Hoy, 2009f: 8E).

II.      INSATISFACCIÓN POPULAR ANTE LA GESTIÓN GUBERNATIVA

Informes estadísticos revelan que la respuesta de amplios sectores de la población a los efectos sociales del crecimiento macroeconómico y la gestión gubernativa era de una gran insatisfacción, con un 60% que entendía que el Presidente Fernández estaba gobernando para beneficio de los sectores privilegiados.

Las encuestas de julio y diciembre de 2009 indican que para una proporción mayoritaria de las personas entrevistadas el gobierno tuvo un mal desempeño en las políticas dirigidas a estabilizar la economía, crear empleos, controlar los precios de los artículos de primera necesidad, solucionar el problema energético, luchar contra el narcotráfico, la corrupción administrativa y la delincuencia, regular la migración haitiana y solucionar los problemas de salud pública (Tabla 1).


El mejoramiento de la educación pública fue la única gestión gubernativa considerada como buena por las dos cuartas partes de la población entrevistada (46,7% en julio y 47,1% en diciembre), frente a una tercera parte que la consideró mala y un 19% y 20% que la consideró regular. La percepción de la población sobre la mejora del transporte público estuvo dividida por una pequeña brecha de un 6,2% y 9% que separó a quienes consideraron que la gestión fue mala (42,5%), de quienes dijeron que fue buena (36,3% y 33,5%), con un aumento en la segunda encuesta de quienes la consideraron regular (17,8% y 20,5%).

Análisis estadísticos revelan un creciente aumento de las protestas en respuesta a la deuda social acumulada, las precariedades de los servicios básicos, el dispendio y la corrupción generalizada y la concentración de la inversión pública (Díaz, 2009c). Según declaraciones de la antropóloga Tahira Vargas, entre el 2008 y el 2009 se produjo un importante aumento de las protestas sociales, de 100 entre agosto y diciembre de 2008 a 253 entre enero y agosto de 2009, siendo agosto el mes más activo con 44 manifestaciones en todo el país. Entre las mismas figuran paros barriales, huelgas, movilizaciones, marchas, vigilias y paralización del transporte, cuyas causas son las demandas de mejoras en los servicios básicos como agua potable, electricidad, reparación de calles o caminos vecinales, escuelas, apoyo a la agricultura, la corrupción y los problemas ecológicos (Catrain, 2009; Díaz, 2009c; Taveras, 2009).

III.       PREOCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LA EXPANSIÓN E IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN

Las encuestas Gallup-Hoy indican que el 66% y el 64%, respectivamente, dijeron que la corrupción ha aumentado en el país. Al compararse los niveles de corrupción del actual gobierno de Fernández y el PLD (2008-2012) con los del gobierno anterior de Mejía y el PRD (2004-2008), los resultados revelan que el 48% y el 53% consideraron que en la administración actual se han cometido más actos de corrupción.

El 51% y el 48,2% indicaron que la corrupción es mayor en el sector público que en el privado. Las entidades del sector público consideradas como las más corruptas son la CDEEE, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, seguidas de la Secretaría de Obras Públicas, la Presidencia, el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia, Aduanas, el Senado, Instituto de Salud Pública, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Junta Central Electoral y la Cámara de Diputados (Hoy, 2009b: 7A; Hoy, 2009c: 8A). Se observa también una gran preocupación de la población entrevistada por la ineficacia del gobierno para enfrentar los actos de corrupción, con una vasta mayoría (84%) que considera que los mismos quedan impunes de manera muy frecuente debido a la complicidad del gobierno con los funcionarios corruptos.

La preocupación generalizada de la población frente al aumento de los actos de corrupción pública y la impunidad de los mismos ha estado imbuida de varios factores, entre ellos, la conciencia sobre el fenómeno generada por las denuncias mediáticas de casos escandalosos, como las hechas por la presentadora y productora de televisión Nuria Piera contra funcionarios del gobierno que integran facciones del PLD y el PRSC.2 Uno de esos casos está relacionado con el manejo doloso de los fondos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) por parte de su director Héctor Rodríguez Pimentel mediante la sobreevaluación de obras en más del 200%, pagos por "consultoría" y entrega de dinero y combustibles a militantes reformistas para que participaran en mítines de apoyo a la reelección del Presidente Fernández.3

De igual forma, fueron reveladas prácticas de nepotismo, gastos no justificados y desvíos de fondos en el Programa de Reducción de Apagones (PRA) por su director Marcos Lara y el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, considerado como uno de los hombres más cercanos al Presidente Fernández. En abril de 2008 las investigaciones llevaron a Lara a admitir el desvío de fondos por 313.275 pesos (unos 219.809 dólares) y la inclusión en la nómina de la empresa de 16 parientes y 18 relacionados por "motivos religiosos". En respuesta al escándalo, en junio de 2009 el Presidente Fernández eliminó el PRA y creó el Bono Luz. Por otra parte, en agosto removió de sus cargos a Rodríguez Pimentel y Segura, sustituyendo al último por Celso Marranzini, ex presidente del Consejo de la Empresa Privada (CONEP), quien había denunciado el nepotismo, el abultamiento de nóminas, el desvío de inversiones, los altos salarios y el desorden generalizado de la CDEEE (El Caribe, 2009a: 12).

Las denuncias frecuentes hechas por los medios de casos concretos y comprobables de corrupción y la actitud cínica e irresponsable de los funcionarios públicos implicados, como Segura, que las calificó de "machacón mediático", han generado la impresión en la población de que en la República Dominicana la corrupción es la norma y la impunidad su sanción positiva, con el presidente como cómplice. Ello así, porque la realidad desdice la promesa hecha por el mandatario en el discurso de toma de posesión de su tercer gobierno en el que asumió un compromiso de "tolerancia cero frente a la corrupción" y el inicio de una "revolución moral" que establecería como norma el sentido de la ética, la integridad y la transparencia (El Caribe, 2009a: 12). En ese sentido, el politólogo Pedro Catrain, candidato a senador por el Partido Dominicano por el Cambio (PDC), denunció que el Presidente Fernández es cómplice de una "red mañosa y clientelar" que domina el sistema político y está integrada por la cúpula de los partidos tradicionales y sus satélites, y que Fernández se ha convertido en "padrino de capos y delincuentes enquistados en las instituciones del Estado" (Catrain, 2010,2009).4

IV.      CUMBRE POR LA UNIDAD NACIONAL VS. "CUMBRE ALTERNATIVA DEL PUEBLO"

Con el objetivo de enfrentar los efectos de la crisis económica y evitar estallidos sociales que dificultaran la gobernabilidad del Presidente Fernández en su tercer mandato (2008-2012), los máximos representantes del poder político anunciaron en enero de 2009 la realización de una "Cumbre por la Unidad Nacional frente a la Crisis Económica Mundial" que estaría liderada por este último y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la jerarquía católica representada por Monseñor Agripino Núñez Collado (Rector ad viten de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra -PUCMM),5 e integrantes de la cúpula del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) aliados al gobierno (el actual candidato a la presidencia Miguel Vargas, el secretario general Orlando Jorge y el dirigente Luis Abinader). Los ejes centrales de discusión serían siete: economía y competitividad, seguridad ciudadana, política social y empleo, consolidación institucional, electricidad e hidrocarburos, desarrollo territorial y gestión municipal, medio ambiente, migración y frontera. En la misma se discutirían temas relativos a la crisis económica global y su impacto en la economía nacional, las reformas estructurales incluyendo la reforma a la Constitución y el deterioro del precario servicio de energía eléctrica.

Sectores acólitos al gobierno sugirieron agregar aspectos relativos a la inseguridad ciudadana, la corrupción en la vida pública y nuevos compromisos para encarar la gobernabilidad desde una perspectiva de transparencia. Entendían que la Cumbre serviría de fuente de renovación y recuperación de la imagen y confianza del electorado hacia el Presidente Fernández y como mecanismo para revertir la creencia de que su gobierno "es anciano, por el cansancio que genera el continuismo", al estar integrado su gabinete actual por los hombres que le acompañaron en su primer y segundo gobiernos (1996-2000,2004-2008). Por su parte, los integrantes de la cúpula del PRD opositora al gobierno, integrada por el ex Presidente Hipólito Mejía, el presidente del partido, Emmanuel Esquea Guerrero, y el ex canciller de Relaciones Exteriores, Hugo Tolentino Dipp, se negaron a participar en la Cumbre, expresando que la misma no era más que "un show político" auspiciado por un gobierno que se había mostrado incapaz de solucionar los principales problemas del país y cuyo nivel de corrupción es tan alto que "chorrea" (Santana, 2009; Marte Pérez, 2009; Alcántara y Germosén, 2009: 9A).

La Cumbre estaría dividida en dos fases: en la primera se discutirían y concertarían propuestas de políticas públicas de corto plazo dirigidas a enfrentar los impactos negativos de la crisis económica mundial sobre la sociedad dominicana; en la segunda se trabajaría en la elaboración a mediano y largo plazo de una Estrategia Nacional de Desarrollo que sería sometida al Congreso en junio.

En el informe oficial de junio de 2009 sobre las medidas implementadas por el gobierno para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la primera fase, el secretario de Economía, Temístocles Montas, indicó, entre otras, un desembolso de 275 millones de pesos dominicanos (alrededor de 7.458,48 millones de dólares) para incorporar 500 mil nuevos afiliados al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en el Régimen Subsidiado en el 2009; el desembolso de 50,0 millones de pesos (1.381,2 millones de dólares) para entregar medicamentos ambulatorios gratuitos a pacientes con enfermedades crónicas a través de PROMESE CAL y la Red de Atención Primaria de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social; el desembolso de 18,0 millones de pesos (alrededor de 497.232 dólares) para fondos de contrapartida al financiamiento internacional vinculado a los programas de generación de empleos; la realización de acuerdos con el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNVP) y patronatos pro vivienda para financiar la construcción de unas 2.000 viviendas por un valor estimado de 2.300 millones de pesos (63.535,2 dólares) en diferentes provincias del país.

De igual forma, se indica la aprobación de un proyecto dirigido a acelerar la titulación de tierra de la reforma agraria para facilitar el financiamiento al sector agropecuario; un proyecto de desarrollo territorial rural en asentamientos de la reforma agraria; implementación de la Ley N° 157-09 sobre el Seguro Agropecuario; medidas dirigidas a la masificación de la producción bajo ambiente controlado (invernaderos); la finalización de parques industriales de Pro Industria; la aprobación de la Ley N° 179-09 que permite a las personas físicas declarantes del Impuesto Sobre la Renta deducir de sus ingresos brutos los gastos realizados en la educación de sus dependientes directos no asalariados; la aprobación de la Ley N° 182-09 que reduce la retención de 5% a 0,5% de los desembolsos realizados por el Estado con carácter de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta para aliviar el flujo de caja de las empresas suplidoras del Estado, permite la exención del pago del 2% ad valorem en la reinscripción de hipoteca, siempre que se demuestre la concertación de préstamos hipotecarios nuevos y que los mismos sean suscritos para saldar la hipoteca anterior, y declara exentos del impuesto selectivo a los seguros de las empresas del sector agropecuario siempre que se refieran a pólizas para garantizar la actividad agropecuaria; medidas de expansión del crédito por el Banco Central y recursos especializados para el financiamiento al sector agropecuario y a las micro, pequeñas y medianas empresas; un incremento de la participación en ferias internacionales, apertura de oficinas de promoción turística y realización de acuerdos de promoción con líneas aéreas internacionales y operadores turísticos; un incremento de la competitividad mediante la preparación del Proyecto de Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial (Cumbre 2009).

Sin embargo, informaciones mediáticas indican que varios meses después de completarse la primera etapa de la Cumbre, los cientos de acuerdos o consensos a los que se arribaron no se estaban materializando y que algunos de los integrantes de la Comisión de Seguimiento se habían retirado. Se temía que no se desarrollara la segunda etapa dirigida a elaborar una estrategia nacional de desarrollo. Existía la impresión generalizada de que la ejecución de los acuerdos había sido relegada a un segundo plano porque la atención del gobierno, el Congreso y la opinión pública había sido acaparada por las discusiones sobre el proyecto de reforma constitucional, que de manera expedita el Presidente Fernández remitió a los legisladores tras su aprobación en la primera fase de la Cumbre.

Se reconocieron ciertos avances, tales como la incorporación de los pensionados al régimen de la seguridad social, la reglamentación de la Ley de Migración, la eliminación del impuesto de cuatro centavos a la carga aérea y el asentamiento de las bases para la creación de una política salarial en el Estado. Se emitieron varios decretos presidenciales dirigidos a la creación de la Mesa Presidencial de Fomento a las Exportaciones, el Gabinete de Inversión para Proyectos Estratégicos y la designación de representantes de las Organizaciones No Gubernamentales ante el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro.

Representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) criticaron la excesiva lentitud del gobierno en abordar cuestiones institucionales esenciales que no requieren recursos económicos para su ejecución, como las relativas a la depuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la modificación de la ley sobre declaraciones juradas de bienes, el cumplimiento de leyes como la de compras y contrataciones estatales y de los acuerdos de que la Lotería Nacional siga disponiendo de los beneficios que la ley destina a la seguridad social. Asimismo, hubo desacuerdo en cuanto a los proyectos de reforma que requieren inversión económica como la educación, los ayuntamientos, el fomento de la producción industrial y agropecuaria y de las pequeñas y medianas empresas, y los incentivos y reducciones impositivas. Se alegaba que, si bien era cierto que se había producido el agravamiento de la crisis económica con la caída de las recaudaciones fiscales, no era menos cierto que el gobierno había ignorado el consenso sobre un ajuste del gasto fiscal y un plan de austeridad, así como una más rigurosa escala de prioridades en las inversiones públicas. Algunos señalaron que a esos factores se agregaban el desorden administrativo y la corrupción como serios obstáculos al cumplimiento de los acuerdos (Díaz, 2009a).

Y, en efecto, la aprobación de la estrategia nacional de desarrollo fue pospuesta para el 2010. En noviembre de 2009 el secretario de Economía, Temístocles Montas, entregó a representantes de organismos internacionales y países donantes el documento guía para la "Consulta y concertación de la propuesta de estrategia de desarrollo 2010-2030, un viaje de transformación hacia un país mejor". Indicó que la estrategia se fundamentará en cuatro ejes: un Estado con instituciones eficientes y trasparentes, el aspecto social, económico y medioambiental. Las consultas se extenderán hasta el 30 de junio de 2010 y en agosto de ese mismo año se someterá al Congreso Nacional el Proyecto de Ley para aprobar la Estrategia Nacional de Desarrollo (Guzmán Badía, 2009).

Los sectores de la oposición en el PRD descalificaron la Cumbre y los grupos de izquierda que integran el Foro Social le dieron el calificativo de "teatro" y organizaron una cumbre paralela conocida como "Cumbre Alternativa del Pueblo". La misma tuvo su sede en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y fue liderada por Fidel Santana (coordinador del FS), el presidente del Partido Comunista, Dominicano Narciso Isa Conde, y los integrantes del ala izquierda del PRD, Ivelisse Prats de Pérez, Rafael (Fafa) Taveras y Tirso Mejía Ricart. Santana dijo que el encuentro constituía una iniciativa del pueblo en respuesta a la incredulidad hacia los actores políticos del país. Indicó que se trataba también de una respuesta al incumplimiento de diversos acuerdos y a la evidente maniobra gubernamental de distraer la atención, mientras se producían constantes escándalos de corrupción y crímenes relacionados con el narcotráfico y los frecuentes intercambios de disparos. Santana criticó, además, que "los excesivos nombramientos de funcionarios han sido sacados de la agenda de la cumbre de la llamada fuerzas vivas, por la impronta de una convocatoria que en todas las encuestas realizadas se percibe como una pérdida de tiempo y como un espectáculo teatral" (diariolibre.com, 2009a).

El legado de las cumbres y diálogos políticos en la República Dominicana ha sido el de su eminente fracaso y consiguiente desencanto debido a la falta de voluntad política de los gobiernos y los partidos dominantes para cumplir los acuerdos, lo que pone de manifiesto la debilidad institucional del sistema político y los obstáculos que genera para la construcción de un consenso viable. Y este fenómeno estuvo presente en esta Cumbre, denominada "Cumbre de las Fuerzas Vivas", ejemplificado en las dificultades de cumplir una proporción significativa de los acuerdos. De ahí que amplios sectores de la opinión pública le restaran importancia y la vieran como una estrategia de Fernández dirigida a conseguir beneficios específicos para su gobierno. Pues, a fin de cuentas, su primer ascenso al poder en 1996 fue el producto de un pacto entre Bosch por el PLD y Balaguer por el PRSC (Jiménez Polanco, 1999a, 1999b, 1999c) y para su reelección en el 2004 y el 2008 Fernández ha contado con los acuerdos electorales entre el PLD y el PRSC. Por otra parte, el Presidente Fernández ha hecho de las cumbres y diálogos intersectoriales una estrategia esencial para el sostenimiento de la gobernabilidad y la estabilidad de sus gobiernos frente a los factores contingentes.

Concretamente, el gran beneficio de esta Cumbre para Fernández podría ser una centralización de la política que le permita el sostenimiento de la gobernabilidad en medio de la crisis económica. Ello le facilitaría el impulso de una reforma constitucional "consensuada" que consolide la legitimación de su gobierno y de su partido de cara a las congresuales y municipales de 2010. La continuidad del partido oficial (PLD) en el control congresual permitiría a Fernández continuar su programa presidencial en un marco de estabilidad hasta el 2012 y, a partir de ahí, liderar una oposición pasiva que le garantice un retorno fácil a la presidencia en el 2016.

V.       LA REFORMA CONSTITUCIONAL: "ESA NO ES MI CONSTITUCIÓN"

En abril del 2009, suspendida la Cumbre, el Congreso Nacional inició en calidad de Asamblea Nacional Revisora el conocimiento y aprobación del proyecto de reforma constitucional sometido por el presidente Fernández, a un costo de 1.218 millones de pesos (331.880,64 millones de dólares) por un período de tres meses (Germosén, 2009).

El conocimiento del proyecto de reforma fue redactado a solicitud del Presidente Fernández por una comisión integrada por afamados juristas, entre ellos, Eduardo Jorge Prats (integrante del PRD), y estuvo marcado por fuertes polémicas. Algunos de los artículos fueron objeto de fuertes críticas por amplios sectores de la sociedad. Organizaciones feministas, ecologistas y de jóvenes lanzaron una intensa campaña en contra de la aprobación de la reforma con la consigna "Esa no es mi Constitución", criticando la privatización de las playas y denunciando acusaciones de fraude en la legislatura durante las votaciones en la Asamblea Revisora.

-       Asamblea Revisora Vs. Asamblea Constituyente

La primera crítica a la reforma constitucional fue producida por el rechazo al conocimiento de la misma por el Congreso constituido en Asamblea Revisora y no por una Asamblea Constituyente cuyos representantes fuesen elegidos por el voto popular directo. Se alegaba que, si bien la figura de la Asamblea Constituyente no existe en la Constitución vigente desde el régimen de Balaguer en 1966 y sus subsecuentes reformas por el PRD en 1994 y 2002, la misma forma parte de la tradición constitucional dominicana, pues de las 38 reformas realizadas desde la fundación de la República en 1844, 20 han sido efectuadas por asambleas constituyentes incluyendo la Constitución democrática de Bosch de 1963 (De Camps, 2009; Collado, 2009).

Se planteaba que la idea de elegir una Asamblea Constituyente con amplia participación popular ha formado parte del consenso social y político de los últimos años y ha sido expresado en los resultados de la consulta nacional auspiciada por el Presidente Fernández. Los representantes del gobierno alegaban que la Asamblea Revisora era el mecanismo apropiado dado que se trataba de una reforma parcial de la Constitución.

Sin embargo, la realidad demostró que la reforma propuesta por el gobierno no era parcial, sino total, considerada como la más extensa y profunda de la historia constitucional, con una categoría ampliada de derechos económicos, sociales y culturales y la inclusión de nuevos derechos colectivos y de medio ambiente. Por otra parte, con una extensión de 277 artículos y diecinueve disposiciones transitorias, esta nueva Constitución cuenta con más del doble de los artículos de la Constitución que rige desde 1966 (122 artículos), incluidas las reformas de 1994 y 2002, superando también la extensión de la Constitución de 1963 (186 artículos) (Díaz, 2008). A ello se agrega que entre los actores del cuerpo legislativo se produce un conflicto de intereses, ya que actúan a su vez como modificadores de la Constitución y diseñadores de las leyes que la ejecutan, pudiendo beneficiarse de manera personal y política de ambos instrumentos jurídicos (Collado, 2009).

-       El Pacto Fernández-Vargas y el retorno al movimientismo antipartidista

En mayo, en pleno debate de la reforma en el Congreso, el Presidente Fernández y el candidato a la presidencia por el PRD, Miguel Vargas, firmaron de manera expedita un pacto para que el Congreso consignara en la nueva Constitución los siete aspectos resultantes de dicho pacto: (1) establecer la no reelección presidencial inmediata (que reemplaza la reelección consecutiva); (2) celebración de elecciones conjuntas congresuales, municipales y presidenciales en el 2016, de modo que los congresistas y representantes municipales elegidos/as en mayo del 2010 ocupen sus cargos por un período de seis años consecutivos (en lugar de la normativa vigente de períodos electorales de cuatro años); (3) permitir la adquisición del derecho a la nacionalidad dominicana por el ius solis y el ius sanguinis; (4) fijar la composición de la Cámara de Diputados en 190 escaños sustituyendo la vigente desde 2006 de 178 escaños; (5) garantizar la modernización, profesionalizacion e institucionalizacion de las Fuerzas Armadas; (6) establecer la elección de diputados nacionales por acumulación de votos en partidos minoritarios; (7) elegir legisladores en representación de los residentes en el exterior (El Caribe, 2009b: 14).

El pacto de Fernández con Vargas (denominado por algunos sectores como el "pacto por la impunidad") fue un acuerdo entre personalidades realizado al margen de sus respectivos partidos y bloques legislativos en el más puro estilo antipartidista y centralizador heredero de la tradición autoritaria movimientista y antiinstitucional de Balaguer, realizado en medio de la más reciente crisis divisionista de la cúpula del faccionalista PRD.6

Ello generó la percepción de que la lógica de la reelección presidencial indefinida pero alterna, dejando abierta la posibilidad de retorno del presidente luego de un período en la oposición (2012-2016), tiene como objetivo permitir a Fernández arreglar su futura alternancia, pero manteniendo el control del Legislativo, ya que su proclividad hacia la reelección inmediata no es la más conveniente en estos momentos dada la contingencia de la actual crisis económica y agudizada aún más tras los efectos en la economía dominicana del terremoto en Haití de enero de 2010 y la creciente migración humanitaria desde la empobrecida vecina nación. La extensión a seis años del mandato de los congresistas elegidos en el 2010 mediante la reunificación de las presidenciales y congresuales en el 2016 facilitaría ese control.

Por su parte, Vargas buscaría fortalecer su imagen en el PRD como el "candidato seguro" en las elecciones del 2012, dado el eventual apoyo de Fernández desde la presidencia y la conquista del voto de los perredeístas mediante la "recuperación" del histórico principio antireeleccionista del PRD enarbolado por su fenecido líder José Francisco Peña Gómez (Díaz, 2009b: 12B). La ilustración simbólica de la importancia para el PRD del retorno a la "no reelección" fue compendiada por Vargas en su arenga frente a la tumba de Peña Gómez luego de la firma del pacto con Fernández, en la que expresó: Hemos venido hoy aquí a tu tumba para decirte: Peña aquí te devolvemos lo que tú con tanto sacrificio iniciaste y conseguiste en 1994 con una reforma constitucional que te costó hasta la vida, porque pusiste los intereses del país por encima de los tuyos (El Caribe, 2009c: 14).

-       Estado confesional vs. Derecho al aborto

Con el eslogan "Por la Vida de las Mujeres", las feministas rechazaron la propuesta del artículo 30 de la reforma que establecía la inviolabilidad de la vida desde el momento de la concepción, ya que el mismo ratificaría la penalización del aborto consagrada históricamente en el Código Penal, desmantelando así las históricas expectativas feministas de una eventual despenalización del aborto, aunque fuese de manera excepcional por razones terapéuticas o cuando el embarazo haya sido el producto de violación o incesto. Una propuesta humana que ha demostrado ser imposible de alcanzar en el confesional Estado dominicano, en donde la jerarquía de la Iglesia católica ha abortado todos los intentos de secularización desde la fundación de la República hasta la moderna Constitución de 1963 aprobada durante el efímero gobierno democrático de Juan Bosch y el PRD, a cuyo resquebrajamiento contribuyó la campaña anticomunista en su contra liderada por la Iglesia católica.

El Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional y la Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional denunciaron la campaña de desinformación y chantaje político auspiciada por la Iglesia católica a través de los medios y en las misas dominicales, y la connivencia del gobierno y la jerarquía católica para revertir la voluntad de una proporción importante de la población, ya que en la encuesta Gallup-Hoy el 80% de las personas entrevistadas dijo estar de acuerdo con que la mujer dominicana pueda interrumpir su embarazo cuando su vida esté en peligro y sólo el 14% favorece la regulación del aborto por la vía constitucional (Insurrectasypunto, 2009).

Por su parte, la Red Dominicana por la Salud de las Mujeres (REDSAM) hizo circular un documento de protesta en contra de la elección de algunos diputados y precandidatos acusados de violación de menores, entre ellos la reelección del diputado Julio Romero y del candidato a diputado Ramón (Papo) Fernández, acusados de cometer violaciones y abusos sexuales contra dos menores de edad (Cepeda, 2009). Sin embargo, y aunque convertida en la moción más polémica de la reforma, el contenido del artículo 30 fue aprobado para ser incluido en la nueva Constitución con 167 votos a favor y 32 en contra. Tras su aprobación, la feminista Susi Pola emitió un comunicado expresando, entres otros aspectos, que la última reforma no refleja la ciudadanía de las mujeres, ya que los aspectos reproductivos seguirán siendo tema del Estado (Pola, 2009).

Luego de la aprobación en primera lectura del artículo 30 del Proyecto de Reforma Constitucional, la Conferencia del Episcopado Dominicano publicó una carta en los medios en la que felicita a los legisladores, afirmando, entre otros aspectos, lo siguiente: Sabemos que [los asambleístas] están siendo sometidos a muchas presiones nacionales e internacionales que les tildan de atrasados, oportunistas, politiqueros, doble moral, entre otros calificativos de quienes no aceptan que el carácter sagrado de su investidura debe responder siempre a la verdad y a los intereses de la Nación. Por el contrario, estamos convencidos de que hemos avanzado y de que ustedes han votado por una Constitución moderna, humanista y radicalmente respetuosa de los derechos de todos los seres humanos. En efecto, ninguna Constitución en el mundo ha recogido los últimos avances de la Genética, la Embriología y la Biología Celular, que son los que han podido establecer científicamente que la vida empieza desde la concepción. Desconocer el valor de la vida desde el momento de la concepción y aprobar el aborto significa remontarse a miles de años de atraso, a los tiempos en que, por ejemplo, los griegos abogaron por el aborto como un derecho materno y los romanos lo utilizaron como un recurso para el control de la población. Queremos llamar la atención sobre el juego semántico que se utiliza para disfrazar las pretensiones de imponer en nuestra Constitución el plan global de la ONU, de control demográfico. Cuando no se puede introducir directamente la palabra "aborto", su contenido está incluido en los términos: "igualdad de género", "perspectiva de género", "Los derechos sexuales y reproductivos" [escrito en mayúsculas y negrillas], lenguaje presente en normativas de tratados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas..." (Hoy, 2009h: 3A).

-      La nueva Constitución: avances aparentes y retrocesos reales

A pesar de la vasta movilización social en contra de aspectos cruciales de la reforma constitucional, la nueva Constitución que rige hoy en día la República Dominicana fue aprobada en su totalidad y proclamada el 26 de enero de 2010.

En el aspecto estructural, la nueva constituyente deja abierta la posibilidad de ser reformada fácilmente, con lo cual el liderazgo postautoritario replica la histórica fragilidad institucional de la democracia dominicana. Los artículos 269 y 270 establecen que la reforma constitucional será conocida por el Congreso Nacional en calidad de Asamblea Revisora si la misma fuere sometida por una tercera parte de cualquiera de las Cámaras o por el Poder Ejecutivo. La excepción a esta norma la establece el artículo 272 al especificar que la aprobación de la reforma hecha por la Asamblea Revisora tendrá que ser aprobada por un referendo en los casos específicos de reforma sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, régimen de moneda y procedimientos de reforma instituidos por esta Constitución. De lo anterior se deduce que eventualmente una nueva reforma dirigida a restablecer la reelección presidencial inmediata sólo necesitaría ser presentada por el Ejecutivo para su conocimiento por el Congreso en calidad de Asamblea Revisora. El artículo 124 prohibe la reelección presidencial inmediata por dos períodos consecutivos pero preserva la reelección alterna indefinida, ya que no dice nada al respecto.

Los artículos 37,39 y 55 frenan los avances en materia de equidad social. El artículo 37 (artículo 30 del proyecto de reforma) establece que "El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte". El mismo excluye cualquier posibilidad de despenalizar el aborto en la legislación penal. El artículo 39 estipula el derecho a la igualdad y prohibe todo tipo de discriminación, pero no incluye la discriminación por la identidad u orientación sexual, dejando a las minorías sexuales desprovistas de protección legal. El artículo 55 sobre los derechos de la familia establece que la misma se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Ello restringe la protección constitucional a la familia heterosexual y excluye cualquier otro tipo de familia alternativa, como la formada libremente por personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, intersexuales, travestís, transexuales y transgéneros, eliminando, por tanto, la posibilidad del matrimonio legal entre integrantes de las minorías sexuales LGBTI.

En cuanto al disfrute de los bienes de dominio público, el artículo 15 limita la protección por el Estado del patrimonio nacional y su libre disfrute por la ciudadanía al establecer: "Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada". El doble matiz retórico de este precepto constitucional tira por la borda la intensa lucha de los grupos ecologistas para detener la venta y privatización indiscriminada de los espacios naturales hechas a iniciativa de legisladores desaprensivos y corruptos, y limita la eventual recuperación de la propiedad pública de los espacios medioambientales.

En cuanto a las garantías constitucionales se produjo un avance al preservarse la facultad del Tribunal Constitucional para conocer las acciones de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas incoadas por las Cámaras legislativas y la presidencia y por cualquier persona con interés jurídico y legítimamente protegido (artículos 184-189). El reconocimiento del derecho de los particulares a demandar en inconstitucionalidad pone fin a la controversia generada durante el conocimiento de la actual reforma constitucional que planteaba eliminar dicho derecho a los particulares (Rosario, 2009).

Un relativo avance lo establece el artículo 18 con el restablecimiento del derecho a la adquisición de la nacionalidad dominicana por nacimiento y por vínculo sanguíneo. Sin embargo, el mismo artículo limita este derecho a las hijas y los hijos de extranjeras/os que residen legalmente en territorio dominicano. Con esto, se permite la adquisición de la nacionalidad a las hijas y los hijos de residentes legales haitianos/as que hayan nacido en el territorio dominicano y a los hijos y las hijas de dominicanos/as residentes en Haití. El hecho de que los hijos y las hijas de haitianos/as que residen ilegalmente en la República Dominicana no puedan optar por la nacionalidad dominicana deja abierta la intensa polémica entre ambos países fronterizos y la crítica a la violación de los derechos ciudadanos de cientos de miles de niñas y niños descendientes de trabajadores haitianos que llevan décadas residiendo ilegalmente en territorio dominicano.

Desde la perspectiva de la ola global de reivindicaciones ciudadanas en materia de migración, esto constituye un retroceso nacional con un posible efecto boomerang en el plano internacional entre los millones de hijos e hijas de emigrantes dominicanos/as legales e ilegales alrededor del mundo que sufren los efectos de la discriminación producida por la negación de la nacionalidad por un ius solís limitado al estatuto legal de sus progenitores. De igual forma, esto podría tener un efecto desmoralizador en la diáspora dominicana en los Estados Unidos cuyos/as integrantes están siendo deportados/as de manera masiva, aun tratándose de residentes legales permanentes y con hijos/as nacidos/as en territorio norteamericano.7

La política migratoria adquirirá connotaciones complejas a partir de los efectos socioeconómicos, políticos y medioambientales del terremoto de enero de 2010 en Haití que costó la vida a más de 300 mil personas, muchas de las cuales buscan refugio humanitario en la República Dominicana, hacinándose en los comunidades marginales. Ello requerirá de la renovación de los acuerdos fronterizos y la realización de pactos transnacionales que permitan a la pequeña y pobre nación dominicana responder al desafío que este fenómeno supondrá en términos de aumento de la pobreza y la desigualdad social.

VI.      LA REPRESENTACIÓN PARTIDISTA: FRACASO DEL PLURALISMO MODERADO Y EMERGENCIA DE MOVIMIENTOS ALTERNATIVOS

Los partidos tradicionales PRD, PLD y PRSC experimentaron en el 2009 un alto nivel de deslegitimación expresado en el escaso apoyo y desvalorización ética negativa de sus acciones por la ciudadanía. Esta deslegitimación es también el producto de una pérdida de legitimidad generada por la ilegalidad de sus acciones políticas, catálisis de un proceso de desgaste que se viene gestando desde el principio de la década (Jiménez Polanco, 2006). Sectores intelectuales han catalogado los partidos dominicanos como maquinarias clientelistas que desconocen las demandas sociales, como "compañías por acciones" para la compra y venta de cargos políticos y como "redes de corrupción" para el enriquecimiento desde el Estado (Catrain, 2009; Matos, 2009).

Por otra parte, la ya endémica atomización de las cúpulas partidistas ha arrastrado consigo la militancia de los partidos dominantes, ya que las élites no han sabido superar la desaparición de sus líderes carismáticos (Juan Bosch (PLD), José Francisco Peña Gómez (PRD) y Joaquín Balaguer (PRSC)) y transformar el vacío dejado por los viejos caudillos en espacios de participación e institucionalidad de la cultura política democrática y reconstituir nuevos liderazgos con propuestas alternativas de cambio social que incorporen a la ciudadanía en diseños programáticos con bases sociales de raigambre sólida (Jiménez Polanco, 2006).

Los nuevos líderes (Leonel Fernández (PLD), Hipólito Mejía y Miguel Vargas (PRD) y Federico Antún Batlle (PRSCS)) se han dedicado, por el contrario, a reproducir los elementos más perversos de la cultura autoritaria, incluyendo una dinámica movimientista dirigida a la desaparición galopante de sus estructuras partidarias y su reemplazo por movimientos antipartidistas de carácter personalista, efímero, contingente, electoralista. En una réplica lo más parecida a la cultura antipartidista de "los gallos" del siglo XIX y principios del XX que se constituyó en caldo de cultivo para la emergencia del antipartidismo trujillista —de la cual hizo muy buen acopio Balaguer— el peledeísmo, el perredeísmo y el reformismo ya no existen como fórmulas programáticas con fundamentos ideológicos más o menos rígidos o flexibles, pues, quien ayer era morado hoy podrá ser rojo y mañana blanco o viceversa.

El movimientismo antipartidista de las élites ha centralizado el poder político en torno a la flamante figura del Presidente Fernández, acompañado ahora de su aliado en el PRD Miguel Vargas, detonando el rampante surgimiento de movimientos políticos de raigambre no partidista que, en una sociedad arraigada en los viejos partidos dominantes, no logran cuajar un proyecto de masas con propuestas electorales. De ahí que, en las congresuales y municipales de mayo de 2010, el oficialista PLD de Fernández lograra obtener el control del Senado (con 31 de los 32 escaños) y la mayoría en la Cámara de Diputados (aproximadamente un centenar de los 178 diputados frente al PRD con 62) y en los ayuntamientos (90 de las 155 alcaldías frente al PRD con 62).

Pero estos nuevos movimientos están gradualmente integrándose en la cocina política con posiciones críticas frente al sistema, planteando la búsqueda de propuestas diferentes.

Ello ha dinamizado sectores específicos de la sociedad (intelectuales, jóvenes, mujeres, ecologistas) en torno a una movilización social en crecimiento que hace un amplio uso del espacio cibernético para su difusión. Entre ellos destacan Autoconvocad@s, "Toy Jarto", "La Revuelta", "Tú Sabes de Esto". También han surgido entidades políticas y civilistas no partidarias, entre ellas, "Alianza Nacional por el País", "Alianza Dominicana por la Institucionalidad", "Coalición por el Cambio", "Dominicanos por la Institucionalidad", "Movimiento Cristiano de Transformación", "Movimiento por la Decencia", "MAPA", "Movimiento Civilista", "Partido de Desarrollo Nacional", "Movimiento por el Nuevo Hombre", "Partidos Unidos por el Desarrollo", "La Red", "Partido Boschista Dominicano", "Movimiento Radical".

Paralelamente, el llamado a la abstención del movimiento "Vota por Ninguno" atrajo la atención de diversos sectores que atribuyen la abstención (42% según el último boletín provisional de la Junta Central Electoral y 65% según los observadores de la OEA) en las legislativas y municipales de mayo de 2010 a este fenómeno, cuyas características y potenciales efectos quedan pendientes de observación y análisis.

 

NOTAS

1      Fuente: Encuesta Gallup-Hoy (Hoy 2009a:6A; Hoy 2009: 8A).

2        Nuria Piera tiene una larga trayectoria en la televisión dominicana, destacada por su arrojo en el periodismo investigativo. Su padre, que la introdujo de niña en la TV, fue una de las tantas víctimas de los crímenes políticos de la dictadura de Balaguer (1966-1978).

3         Los reformistas son los militantes del PRSC, el partido fundado y liderado por el fenecido Presidente Joaquín Balaguer, cuya alianza con el también fenecido Presidente Juan Bosch y el PLD fue crucial para el triunfo de Leonel Fernández en las elecciones de 1996 frente a la candidatura del fenecido candidato presidencial del PRD, José Francisco Peña Gómez. El apoyo de los reformistas a Fernández se reiteró en las presidenciales del 2004 y el 2008.

4         Pedro Catrain es un reconocido intelectual, integrante de la generación de los 60 que apoyó el relevo generacional de los líderes tradicionales por Leonel Fernández en las elecciones de 1996. Desilusionado con lo que él llama la "mafia de lealtades personales" del tradicional sistema de partidos que, a su juicio, permitió la impunidad de Fernández en el escándalo de corrupción del PEME (Programa de Empleo Mínimo Eventual), por el perdón concedido por el ex Presidente Hipólito Mejía, Catrain se convirtió en un opositor independiente de los gobiernos del PRD y el PLD. En las elecciones congresuales y municipales de 2010 se lanzó por primera vez como candidato a senador.

5         Agripino Núñez Collado ha sido el único rector de la Universidad Católica Madre y Maestra desde su fundación en 1962. Su omnipresencia en la cocina política como uno de los máximos representantes de la jerarquía católica da muestra de la confesionalidad y por tanto, no-secularización del Estado dominicano.

6         Sobre el estilo movimientista de Balaguer, véase Jiménez Polanco (1994,1999a), y el patrón cultural movimientista en América Latina véase Jiménez Polanco (2006). Para un análisis de la historia del faccionalismo en el PRD, véase Jiménez Polanco (1996).

7         Desde la reforma migratoria IIRAIRA aprobada por el Presidente Clinton en 1996, más de 50 mil personas de origen dominicano han sido deportadas de los Estados Unidos, la mayoría de ellas residentes legales permanentes (NMCIR, 2009).

 

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Jacqueline Jiménez Polanco es Licenciada en Derecho y Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros, República Dominicana y la Universidad Complutense de Madrid. Es autora del libro Los Partidos Políticos en la República Dominicana: Actividad Electoral y Desarrollo Organizativo (Editora Centenario, Santo Domingo, 1999). Ha publicado decenas de artículos y capítulos de libros sobre política, partidos, elecciones y liderazgo en la República Dominicana, política comparada en América Latina y el Caribe, representación política de las mujeres, derechos humanos, migración y minorías sexuales LGBTL Se desempeña actualmente como profesora titular de sociología en el Bronx Community College de la Universidad Municipal de Nueva York (CUNY).