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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) v.29 n.2 Santiago  2009

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2009000200018 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 29 / N° 2 / 2009 / 633 - 656

 

Venezuela 2008: hoja de ruta hacia el socialismo autoritario

Venezuela 2008: Road Map Towards Authoritarian Socialism

 

 

THAIS MAINGON

Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)

FRIEDRICH WELSCH

Universidad Simón Bolívar


RESUMEN

Venezuela sigue una ruta hacia un socialismo de corte autoritario. Luego de su derrota en el referendo constitucional de 2007, el Presidente Chávez decidió acelerar el paso proclamando decretos-leyes que legitiman los cambios rechazados en esa oportunidad. Los resultados de las elecciones regionales y locales de 2008 le asestaron un golpe simbólico al que respondió reforzando la tendencia hacia la recentralización del Estado. La centralización de las decisiones, el enfoque vertical en la formación de políticas, la erosión de la división del poder como complemento de la concentración del poder en la presidencia, la desinstitucionalización progresiva y las cada vez más paternalistas relaciones entre el Estado y la sociedad caracterizan el proceso sociopolitico de Venezuela ahora y en el futuro previsible.

Palabras clave: Venezuela, gobierno, instituciones, elecciones, políticas públicas.


ABSTRACT

Veneziidafollows a road map towards authoritarian socialism. Defeated by popular voteinhis intention to convert the constitution into a platform for socialism in December 2007, President Chavez decided to accelerate change by decree as a form to legitimize the amendments the people had disapproved. The results of the regional and local elections dealt him a symbolic blow which he fought bach stepping up his efforts at political re-centralization. Centralized decision-making and a top-down approach to policy formation, the erosion of vertical power-sharing and concentration of power in the presidency, theprogressive deinstitutionalization at all levels, andan increasingly paternalist relationship between state and society characterize Venezuela's political process at this time and in the foreseeable future.

Key words: Venezuela, government, institutions, elections, public policy.


 

I. COYUNTURA SOCIOPOLITÍCA Y ECONÓMICA

Durante el año 2008 Venezuela continúa experimentando procesos de cambio y transformación de sus estructuras político-institucional, económica y social. El ámbito político funciona como vidriera de observación de los cambios que se producen en los otros ámbitos, ya que es éste el que ha estado marcando las pautas de las modificaciones en los demás escenarios. Luego de diez años en el poder, las fuerzas emergentes dirigidas por el Presidente Chávez, sin un proyecto diáfano, están conduciendo al país hacia una redefinición de los vínculos entre el Estado y la sociedad, caracterizados, en términos generales, por tendencias autoritarias y personalistas, en fin, no democráticas.

Tomando como referencia algunas claves conceptuales de la ciencia política tales como el tipo de partido o movimiento en el poder, la fisonomía del sistema de partidos, el nivel de competitividad, el grado de institucionalización de las reformas iniciadas, los rasgos y estilos de liderazgo y el equilibrio entre los poderes, se puede afirmar que este régimen político institucional se inscribe en un modelo híbrido de democracia que ha sido descrito como populismo autoritario (Arenas/Gómez, 2006) o de izquierda (Lanzara, 2008).

La tendencia hacia la personalización de la política se manifiesta en los contenidos programáticos de los cambios institucionales y en la implementación de las políticas públicas. Los datos de un sondeo representativo realizado a finales del año 2006, un poco antes de celebrarse las elecciones presidenciales de ese año, revelan la existencia de entornos populistas en la sociedad venezolana cuyas precarias convicciones democráticas favorecen la emergencia de líderes carismáticos con tendencias autoritarias. Por otro lado, estos resultados indican que existe un campo de tensión entre reforma y revolución, incluso entre las propias filas del oficialismo, lo cual se puso de manifiesto en la derrota del oficialismo en el referendo sobre la transformación socialista de la Constitución celebrado en diciembre de 2007 (v. Welsch/Briceño 2008).

Venezuela tiene un sistema de partidos institucionalmente débil con estructuras partidistas muy precarias, en proceso de reconstrucción, tanto del lado oficialista como de la oposición. La competencia efectiva es baja, en cada campaña electoral se construyen numerosas alianzas políticas, produciendo una alta volatilidad electoral y altos grados de fragmentación. Cuenta, por otro lado, con un movimiento político hegemónico y un presidente investido de poder ilimitado que usa a discreción, respaldado por una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional, sobre la que ejerce un férreo control que no admite discusión ni disidencia, en una situación de alta polarización social y política. Además, el sistema político se encuentra escasamente institucionalizado y, aún peor, inmerso en un proceso de desinstitucionalización. La debilidad del Estado de Derecho se manifiesta en numerosas denuncias por violaciones a derechos humanos, especialmente los de los profesionales del periodismo1 (v. informe 2007- 2008 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos/PROVEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el de Human Rights Watch). PROVEA menciona entre los aspectos positivos, la continuidad de políticas de inclusión social en el sector educativo, avances en el derecho a la alimentación y crecimiento del consumo en los sectores de menores recursos. Sin embargo, destaca esta fuente que entre los retrocesos habidos está la vulneración del derecho a la vida, lo que incluye las ejecuciones por parte de funcionarios de organismos de seguridad del Estado, altos índices de asesinatos en las cárceles, incremento explosivo de la tasa de homicidios (v. Cuadro 1) y persistencia del sicariato, especialmente contra miembros de organizaciones sindicales. Lo anterior evidencia una falta de voluntad y capacidad del gobierno para enfrentar de manera efectiva el gravísimo problema de inseguridad ciudadana en el país.

 

El país viene disfrutando desde el 2004 de un crecimiento económico significativo gracias a los altos ingresos petroleros que favorecieron una política fiscal orientada al incremento del consumo. Sin embargo, la tendencia expansiva del PIB se desaceleró en 2008 (5,4%), año del mayor ingreso petrolero en la historia del país (v. Gráfico 1). Pero el crecimiento económico no se tradujo en desarrollo humano claramente demostrable, dado que los proclamados avances sociales generan confusión y controversia debido a la falta de evidencia empírica para evaluar el impacto de las políticas públicas.

El Estado continuó con el proceso de expansión de su control sobre el sector productivo iniciado en el 2004. Para mediados de 2008 controlaba dos tercios de la rama petrolera, casi el total de la producción de cemento, cuatro quintos de la telefonía fija y la producción siderúrgica, toda la rama energética, más de la mitad de la distribución de gas doméstico, un cuarto de la banca, dos tercios de la rama de productos lácteos, 5% de los hoteles, más de un tercio de la telefonía celular y 16% del comercio de alimentos (H Nacional, 24-8-08).

La administración ha logrado algunos éxitos: reducción de la pobreza medida por ingresos (Gráfico 2), reducción del desempleo (Gráfico 3), pagos oportunos de pensiones a los jubilados, incorporación de determinados grupos de la población al sistema de pensiones, aumento de la matrícula escolar, reducción de las tasas de deserción escolar. Sin embargo, todo ello no sobrepasa la simple continuación de las tendencias preexistentes, a pesar de los ingentes recursos que fueron gastados: 65 planes Marshall en diez años, comparados con 15 planes Marshall en los 40 años de democracia previos a Chávez.

Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gob.ve/pobreza/NBIhogares.asp, 21-4-09), la cantidad de familias pobres no ha disminuido en términos absolutos: cuando Chávez asumió el gobierno, había un millón y medio de familias pobres (necesidades básicas insatisfechas): luego de diez años con Chávez al mando y 850 mil millones de dólares gastados, todavía hay un millón y medio de familias pobres. En otras palabras, no se avanzó en la erradicación estructural de la pobreza. Las transferencias directas por vía de los programas sociales instrumentados desde 2003 (educación, formación vocacional, salud) y conocidos como "misiones", absorbieron inmensos recursos y mejoraron la situación de ingresos de muchas familias, pero no las sacaron de su condición de pobres por necesidades básicas insatisfechas. Así, por ejemplo, el déficit de viviendas es ahora mayor que antes de 1998, a pesar de la inmensa cantidad de fondos invertidos en esta área.

Por otro lado, el país viene experimentando altas tasas de inflación que pasó de 22,5% en 2007 a 30,9%, en 2008, la más alta de la región y una de las más altas del mundo, que frenan los mencionados avances y ponen en riesgo su sustentabilidad (Gráfico 4).

En materia de cultura política, los venezolanos apoyan abrumadoramente la democracia como forma de gobierno (Latinobarometro 2008), aunque estudios profundizados revelan la existencia de tentaciones autoritarias asociadas a actitudes clientelares de importantes segmentos sociales que aceptan prácticas autoritarias y la distorsión delegativa de la democracia (Welsch/Briceño, 2008). En otras palabras, el sistema de gobierno venezolano, aceptado por la mayoría, puede ser calificado como democracia delegativa o autocracia electoral, en el que los gobernantes logran combinar el apoyo popular con una praxis política autoritaria, centrada en el Ejecutivo, con escasa o nula separación de poderes.

Los recientes eventos electorales -referendos en 2007 y 2009, elecciones regionales en 2007- se caracterizaron por un repunte en la participación (62, 70 y 65 por ciento, respectivamente), evidenciando la preferencia por esta vía. La participación ciudadana se manifestó también en otras formas de defensa de intereses y protestas que son percibidas como mecanismos idóneos y legítimos para expresar descontento con políticas del gobierno que afectan a determinados sectores de la población. En promedio hubo dos protestas cada día durante el año 2008. Un tercio de éstas fue en reclamo de seguridad ciudadana, otras por falta de viviendas, escuelas, problemas con hospitales y otros servicios públicos, reclamos salariales y acceso a empleos públicos; las protestas por mejoras de las condiciones carcelarias completan el repertorio de estas manifestaciones callejeras.

La oposición política, a pesar de algunos avances electorales específicos que veremos más adelante, sigue siendo incapaz de capitalizar el descontento ciudadano y muestra grandes dificultades para convertirse en una opción electoralmente viable. Sufre de una debilidad estructural, a pesar de los esfuerzos realizados en las últimas elecciones regionales con el objetivo de construir un frente unido convincente, opuesto al bloque oficialista.

II. COYUNTURA REGIONAL E INTERNACIONAL

Durante la primera semana de marzo, a raíz del ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) ubicado en territorio ecuatoriano, Venezuela en solidaridad con Ecuador ordena la movilización militar hacia la frontera con Colombia, restricción de las transacciones comerciales y el cierre de su embajada en Bogotá. Esta crisis se prolonga por varios meses, llegándose a un entendimiento a mediados de junio.2

Luego de que el Rey de España le espetara, en noviembre de 2007, al Presidente Chávez, el "¿Por qué no te callas?" durante la plenaria de la XVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile, se generó un enfriamiento de las relaciones entre España y Venezuela que se disipó fruto de una reunión entre los presidentes Chávez y Zapatero en el marco de la Cumbre Eurolatina celebrada en mayo de 2008 en Lima.

La actividad internacional del Presidente Chávez fue intensa: según el Ministerio de Información y Comunicación, visitó un total de 19 países durante el año 2008.

En la segunda semana de septiembre estalla un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, cuando el Presidente Chávez ordena la expulsión del embajador norteamericano en Venezuela en solidaridad con el gobierno boliviano que días antes había denunciado a la embajada norteamericana en ese país por participar en acciones conspirativas y desestabilizadoras con el objetivo de derrocar al Presidente Morales. A su vez, el gobierno de los Estados Unidos expulsó al embajador venezolano; hasta la fecha no ha habido intercambio de embajadores entre los dos países.

III. CAMBIOS INSTITUCIONALES Y CONSTITUCIONALES

A través de la Ley Habilitante, el Presidente de la República estuvo facultado por 18 meses, a partir del 1 de febrero de 2007, para sancionar leyes sin límites en materias y contenidos y sin necesidad de ser refrendadas por la Asamblea Nacional. Sancionó decretos con rango, valor y fuerza de ley en diferentes ámbitos de la vida nacional, tales como: participación popular, ejercicio de la función pública, seguridad ciudadana y jurídica, ciencia y tecnología, ordenación territorial, turismo, sector militar, espacios acuáticos, navegación, seguridad agroalimentaria, protección al consumidor, salud agrícola, transporte ferroviario, vivienda, seguridad social, administración pública y entes gubernamentales, economía, bancos, relaciones obrero-patronales, política automotriz, tributación y otros. Todas estas leyes, como lo declaró Chávez, en su programa televisivo Aló presidente N° 316, son necesarias para impulsar el "socialismo del siglo XXI" y la "revolución bolivariana".

Dado que el Presidente Chávez perdió el referendo constitucional que había promovido durante el año 2007 con el fin de ajusfar la Constitución de 1999 a un modelo socialista, decidió hacer uso de los poderes otorgados por la Ley Habilitante de 2007 para "legitimar" por este medio la mayoría de las propuestas hechas en el marco del proyecto de reforma constitucional que fue rechazado por el pueblo el 2 de diciembre de 2007. Estas leyes abordan las materias siguientes:

 

 

En el año legislativo 2008 se sancionó un total de 92 decretos-leyes propuestas por el Ejecutivo en el marco del período habilitante. Aparte de las leyes anteriormente señaladas, fueron sancionadas las siguientes leyes, la mayoría de ellas aprobatorias de acuerdos de cooperación entre países en diferentes materias, que van desde la seguridad alimentaria, la protección social, la información y comunicación, tecnología, industrias básicas y turismo, entre otras.

 

 

 

 

 

 

IV. PODER EJECUTIVO Y PODER LEGISLATIVO

El gobierno de Chávez cuenta con mayoría calificada y sumisa en la Asamblea Nacional, es decir, con más las dos terceras partes del total de diputados,3 lo que le permite aprobar leyes, designar autoridades de los diferentes entes públicos y demás ministros de su gabinete sin contar con oposición efectiva alguna. Además, la administración se nutre de un limitado grupo de funcionarios considerados leales por el presidente, entre ellos numerosos militares, por lo que se observa una alta rotación de las mismas personas en el gabinete u otros puestos de relevancia. Para finales del año 2008, como resultado de una reestructuración del gabinete realizada a mediados de año, se contabilizaron 24 ministerios.4

Los 167 diputados de la Asamblea Nacional fueron electos en diciembre de 2005, en unos comicios caracterizados por una elevada abstención debido a que la oposición decidió retirar sus candidatos, alegando que las condiciones electorales no garantizaban un proceso justo y equitativo. Sin embargo, a raíz del proyecto de reforma constitucional propuesto en 2007 por el Ejecutivo, se produce una separación progresiva de algunos de los miembros y agrupaciones políticas de la alianza oficialista que aumenta en número durante el año 2008, como producto de desacuerdos con la forma de seleccionar los candidatos regionales y locales oficialistas. Se produce el fenómeno de la "disidencia oficialista". Por otro lado, sólo hubo un cambio en la directiva de la Asamblea Nacional ya que resultaron reelectos, pese al desacuerdo manifestado por algunas facciones minoritarias, Cilia Flores del PSUV como presidenta y Roberto Hernández Montoya del PCV como primer vicepresidente. En la segunda vicepresidencia hubo un cambio y fue nombrado Orlando Albornoz del PPT. Para el año 2008, la AN estaba compuesta por las siguientes "agrupaciones con fines políticos" (término constitucional para referirse a partidos políticos).

 

V. RELACIÓN ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO

El Poder Ejecutivo sigue dominando a los demás poderes, los cuales han venido perdiendo cada vez más grados de independencia. Las iniciativas legislativas y judiciales parten en su mayoría del Presidente Chávez. La Asamblea Nacional no es sino una caja de resonancia del Ejecutivo cuyos "debates" se limitan a aplaudir cualquier iniciativa o directiva del Presidente, adelantada bien en sus dominicales shows mediáticos "Aló Presidente", bien en cualquier otra oportunidad.

El Poder Judicial representa otra instancia sumisa a los designios presidenciales, lo mismo que los poderes Electoral y Ciudadano. Muestra de ello son las reacciones a la idea de Chávez, expresada después de la derrota simbólica sufrida en las elecciones regionales y locales de 2008, de realizar otro referendo sobre la reelección ilimitada del Presidente de la República y otros cargos electivos. Inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que la materia se podía volver a plantear en otro referendo durante el mismo mandato presidencial, y el Consejo Nacional Electoral se apresuró a iniciar los preparativos sin que la Asamblea Nacional hubiese realizado la requerida convocatoria formal.

Por su parte, la Contraloría, una de las partes del Poder Ciudadano,5 resolvió inhabilitar a un gran número de candidatos opositores en el proceso electoral regional y local de 2008, justo cuando las encuestas daban a unos cuantos de éstos muy buenas opciones para ganar. Para justificar su acción, el Contralor adujo sanciones administrativas sin que mediara condena firme de un tribunal, como lo exige la Constitución en estos casos.

VI. RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO

Venezuela tiene un Distrito Capital, 23 entidades regionales (Estados) y 325 entidades locales (Municipios). Las competencias de los municipios están regidas por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Esta Ley ha tenido dos reformas parciales, diciembre 2005 y abril 2006. En ambas reformas se refuerzan los contenidos relacionados con la participación en este nivel político territorial. El presupuesto del nivel regional se inscribe en el situado constitucional que es una partida equivalente a un máximo del 20% del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: 30% de dicho porcentaje por parte iguales y el 70% restante en proporción a la población de cada una de las entidades federales (Art. 167 de la Constitución de 1999). Pero con la discusión de nuevas leyes sobre el reordenamiento territorial, estos niveles de gobierno sufrirán cambios, no solamente en cuanto al presupuesto que reciben sino también en cuanto a su funcionamiento y organización. La tendencia general es hacia la disminución de sus funciones y la recentralización del poder. Ejemplo de ello es la iniciativa presidencial de crear una autoridad no electa sino designada por el Jefe de Estado para el gobierno de la Capital luego de perder la Alcaldía Mayor de Caracas en las elecciones regionales y locales de 2008.

VII. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y LOCALES

Como ya mencionamos, el sistema de partidos está en proceso de reconstrucción y los grupos políticos de oposición organizados lograron avances significativos en las elecciones del 23 de noviembre de 2008. En estas elecciones se votó para elegir los gobernadores de 22 de las 23 entidades federales, de 325 alcaldes, 233 diputados de los Consejos Legislativos Estaduales, un alcalde metropolitano y 13 concejales del Cabildo Metropolitano.

Los resultados globales de estos sufragios mostraron la consolidación del PSUV como primer partido nacional, pero también se develaron las fisuras internas de este partido recién fundado. Algunos de los partidos minoritarios de la alianza oficialista no acompañaron a los candidatos designados por el PSUV sino que buscaron alianzas con la oposición en algunos estados. Por otro lado, deben destacarse dos eventos novedosos ocurridos durante este proceso.

El primero de ellos fue la sanción administrativa de 386 funcionarios y ex funcionarios públicos por la Contraloría General de la República debido a presuntas irregularidades administrativas; casi nueve de cada diez de ellos pertenecientes a fuerzas opositoras. A pesar de que, según la Constitución de 1999, los actos administrativos no generan inhabilitación política ya que ésta debe ser impuesta por un tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia sancionó la inhabilitación de algunos candidatos de la oposición con fuertes opciones de triunfo en varios estados. Con esta decisión se elaboró otra lista de exclusión, la llamada "lista Russian", por el nombre del Contralor de la República.

El segundo hecho fue el complejo proceso que condujo a la selección de los candidatos, tanto los del oficialismo como los de la oposición.

En lo que se refiere a la selección de los candidatos oficialistas, es más correcto hablar de designación, ya que fue el líder quien definió las candidaturas emblemáticas. Hubo un proceso de elecciones primarias para seleccionar a los candidatos que develaron con fuerza la existencia de divisiones internas dentro del PSUV, lo que obligó al Presidente Chávez a intervenir para promover a sus candidatos. Ello generó una disidencia chavista que llevó candidatos diferentes a los seleccionados por el PSUV en 16 estados, la Alcaldía Mayor y numerosas alcaldías.

En el campo opositor, como producto del acuerdo firmado entre las distintas organizaciones políticas opositoras, en el que se comprometían a llevar candidaturas únicas a las gobernaciones y a las alcaldías, se registró la construcción de una estructura político-partidista unitaria que tuvo como principales partidos a Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Por La Democracia Social (Podemos) y una realineación con los partidos tradicionales Acción Democrática (AD) y el Partido Socialcristiano COPEL Lograron llevar candidaturas únicas en 19 de los 23 estados y en 103 de las 335 alcaldías.

En estas elecciones regionales y locales la participación aumentó, ubicándose en 65,4%. El oficialismo triunfó en 17 gobernaciones, 4 menos de las que había ganado en 2005, concentrando 52,7% de los votos; la oposición, por su parte, conservó las dos gobernaciones que había ganado en las elecciones anteriores (2005) y agregó 3 más, concentrando 41,7% de los votos. La oposición triunfó en cuatro de las cinco alcaldías municipales que constituyen la Zona Metropolitana de Caracas más la Alcaldía Mayor concentrando 42,6% de los votos en este nivel. A nivel nacional logró triunfar en un total de 56 alcaldías, lo que representa 17,2% del total. El oficialismo, por su lado, ganó 264 alcaldías, lo que representa aproximadamente 81% del total de los cargos con 49,5% de los votos (ver Tablas 5 y 6).

 

 

En promedio hubo 8 candidatos a gobernadores. El mayor número de candidatos lo tuvo el estado Apure, 12, cuando es una entidad muy deprimida económicamente y localizada en la frontera con Colombia y el que menos candidatos tuvo fue Mérida, 3.

 

En síntesis, las elecciones regionales y locales de 2008 volvieron a demostrar la gran capacidad movilizadora del Presidente Chávez y el buen funcionamiento de su maquinaria de campaña, desde luego ayudado por el abuso ilimitado de los medios de comunicación y recursos del Estado para fines estrictamente político-partidistas. Pero también revelaron fisuras en el bloque oficial, aunque quedó evidenciado que el llamado "chavismo sin Chávez" no es electoralmente viable, al menos por ahora. Por otra parte, la oposición logró anotarse un triunfo simbólico al derrotar a candidatos chavistas de primera línea en lugares tan emblemáticos como la Capital Caracas o estados con poblaciones muy grandes como Miranda y Carabobo.

VIII. CONCLUSIÓN

A pesar de haber sufrido derrotas electorales -numéricas o simbólicas- el Presidente Chávez y su Partido Socialista Unido de Venezuela tienen todavía un gran apoyo político y capacidad de ganar elecciones, pues controlan los medios y recursos del Estado. Pero no tienen ni la voluntad ni la capacidad de construir alianzas incluyentes más allá de su clientela actual, que promovería un desarrollo más sustentable. El estilo agresivo de Chávez resulta adecuado para una revolución que desmonta instituciones y que, a falta de un proyecto diáfano, requiere enemigos para generar identidad entre las filas propias, pero no favorece la gobernabilidad democrática. La confrontación como elemento central de la política dificulta la identificación de causas comunes incluyentes como base para la reconciliación social.

Las políticas sociales y económicas han sido asistencialistas y coyunturales más que estructurales y, en consecuencia, poco efectivas para ofrecer soluciones sustentables a los problemas claves de pobreza y dependencia petrolera.

El intento de abrirse al bando de enfrente dio resultados a la oposición en las elecciones regionales y locales de 2008, fundamentalmente porque la primera línea del oficialismo está compuesta por un puñado de fieles seguidores que son rotados en puestos administrativos y electorales, la mayoría de ellos con credenciales pobres en materia de gerencia pública. En cambio, en la oposición ha emergido una nueva generación de profesionales jóvenes competentes y sensibles que han demostrado su competencia en cargos electorales o construido su liderazgo pacientemente desde abajo. Algunos de éstos pudieron vencer a portaestandartes chavistas en las elecciones de 2008, incluso en zonas consideradas como baluartes del oficialismo. Una hoja de servicios convincente o una creíble promesa de buena gestión basada en años de demostrado compromiso directo con la gente ayudan a derrotar a funcionarios con bajo rendimiento, aun cuando éstos pertenezcan al círculo interno de Chávez. La lección que podemos extraer es que la legitimidad de rendimiento importa cada vez más.


NOTAS

1 Mención aparte merece el no acatamiento por parte del Estado de las sentencias de la Corte IDH y de las decisiones de la Comisión IDH en lo que tiene que ver con la persistencia de obstáculos a la actividad de organizaciones y activistas de derechos humanos y ante la persecución a los profesionales del periodismo, entre otros.

2 Para más detalles sobre este conflicto, véase Cardozo 2008.

3 El quorum no será inferior a la mayoría absoluta. Hay 167 diputados; el Partido Socialista Unido del Presidente Chávez cuenta con 140, más 10 aliados; la mayoría calificada es de 112.

4 El Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología pasa a denominarse Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, al cual se le transfieren las competencias en materia de desarrollo industrial asignadas hasta ahora al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio. El Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio se transforma en el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. El Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura pasa a denominarse Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, al cual se le transfieren las competencias asignadas hasta ahora al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Habitat, eliminando este último. El Ministerio del Poder Popular para la Salud pasa a denominarse Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social, al cual se le transfieren las competencias en materia de protección social asignadas al Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, eliminando este último. El Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal pasa a denominarse Ministerio del Poder Popular para las Comunas, al cual se le transfieren las competencias en materia de participación asignadas al suprimido Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social.

5 Este Poder se ejerce a través del Consejo Moral Republicano integrado por el/la Defensor(a) del Pueblo, el/ la Fiscal(a) General y el /la Contralor(a) General de la República. (Constitución de 1999, artículo 273).

 

REFERENCIAS

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Thais Maingon, Dra. en Ciencias Políticas, Universidad Central de Venezuela (UCV); Profesora-investigadora del Area de Desarrollo Sociopolítico del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV; Miembro de RedPol (www.redpol.org.ve), Proyecto cofinanciado por FONACIT; Numerosas publicaciones de análisis electorales y de políticas públicas.
[E-mail: thelemaz@gmail.com]

Friedrich Welsch, Dr. phil. (RWTH Aachen /Alemania), Profesor Titular de Ciencia Política, Universidad Simón Bolívar, Caracas. Coordinador de RedPol (www.redpol.org.ve), numerosas publicaciones en las áreas de cultura política, políticas públicas, integración regional.
[E-mail: welsch@usb.ve; fwelsch@gmail.com]