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Revista de ciencia política (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-090X

Rev. cienc. polít. (Santiago) v.28 n.2 Santiago  2008

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2008000200003 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 28 / N° 2 / 2008 / 61 - 94

ARTÍCULOS

Las raíces del desplazamiento interno y la intervención humanitaria

Root Sources of Infernal Displacement and Humanitarian Intervention

 

ANDREAS FELDMANN*
Pontificia Universidad Católica de Chile


RESUMEN

El presente artículo investiga el vínculo existente entre la naturaleza del desplazamiento interno y las respuestas de la comunidad internacional para asistir y proteger a las personas desplazadas internamente (PDI). Con el fin de investigar dicho patrón, se desarrolla una tipología de las fuentes de origen del desplazamiento interno. El artículo sostiene que las condiciones detrás del desplazamiento interno pueden dar forma a las características de este fenómeno, incluyendo, entre las más importantes, cómo las partes se comportan con respecto a las PDI, las posibilidades de una rápida solución para el desplazamiento interno y las ramificaciones políticas del desarraigo (la inestabilidad dentro del país afectado o las fricciones interestatales derivadas de un eventual desborde de refugiados). Estas características, a su vez, arrojan una luz sobre cómo reaccionan al desplazamiento interno los Estados afectados y los Estados interventores/donantes, así como también las organizaciones humanitarias.

Palabras claves: Desplazamiento interno, intervención humanitaria, Estados receptores.


ABSTRACT

This piece investigates the link between the nature of internal displacement and responses by the international community to assist and protect internally Displaced Persons (IDPs). In order to investigate this pattern, it develops a typology on the root sources of internal displacement. The article claims that the conditions behind internal displacement may shape the characteristics of this phenomenon, including, among the most important, how parties behave vis-à-vis IDPs, the prospects for a prompt resolution of people's displacement, and the political ramifications of the uprooting (i.e., instability within the afflicted country or inter-state frictions derived from an eventual spill-over of refugees). These fentures, in turn, may shed light on how afflicted and donor states as well as humanitarian organizations react to internal displacement.

Key words: Internal displacement, international intervention, afflicted states.


I. INTRODUCCIÓN

Este artículo investiga el nexo entre la naturaleza y las características del desplazamiento interno como un fenómeno de migración forzada y las respuestas de la comunidad internacional para asistir y proteger a dicha población. La literatura sobre intervención humanitaria no ha respondido de forma satisfactoria la pregunta relativa a la selectividad de los destinos de misiones humanitarias; en otras palabras, cómo la sociedad internacional selecciona el destino de los programas para asistir y proteger poblaciones que requieren ayuda humanitaria (MacFarlane y Weiss 2000; Weiss y Collins 1996). Uno de las deficiencias más relevantes de esta literatura dice relación con la omisión de un análisis exhaustivo del rol que juegan los Estados receptores en crear espacio político para trabajo humanitario a favor de las poblaciones desplazadas. Hasta el momento la literatura se ha concentrado casi exclusivamente en los incentivos e intereses de Estados interventores/donantes y organizaciones humanitarias. Sólo algunos trabajos examinan el rol de los Estados afectados por problemas humanitarios en propiciar las condiciones para una intervención en favor de poblaciones victimizadas como los desplazados internos (Kent 1987; Terry 2002; Minear 2005; Roberts 1996; Barnett y Weiss 2008; Weiner 1996; Dowty y Loescher 1996); sin embargo, no lo hacen de una manera sistemática ni exhaustiva. La omisión en torno al rol que los Estados receptores tienen en crear condiciones para el trabajo humanitario representa una deficiencia que afecta nuestra capacidad de comprender las condiciones que informan dónde y bajo qué condiciones se materializa el trabajo humanitario. Dicha omisión sorprende bastante, ya que como corolario del principio de soberanía, cualquier intervención, incluso con fines humanitarios, debe considerar la posición del Estado receptor.

Este artículo plantea que la posición de los Estados afectados en relación a su población desplazada internamente es una variable explicativa fundamental para determinar la materialización de las iniciativas internacionales para asistir y proteger a los y las desplazadas. Se sostiene que la posición de estos Estados en relación al desplazamiento interno está fuertemente influida por la naturaleza misma del desarraigo poblacional. En este sentido, si por una serie de razones el desplazamiento interno es provocado por acción gubernamental y, por ende, el Estado afectado percibe a los desplazados internos como una población hostil o bien descartable o insignificante, es probable que bloquee los intentos externos de ayuda a esta población.

Por el contrario, si el Estado no es responsable del problema y percibe a los y las desplazadas como una población amigable o, por lo menos, no como una amenaza, es probable que consienta el desarrollo de actividades externas para asistir y proteger a las víctimas del desplazamiento. La misma lógica se aplica cuando, sumado al gobierno central, una o más partes (movimientos guerrilleros, facciones armadas) controlan una determinada región dentro de un Estado inmerso en un conflicto armado interno. De manera similar que los Estados, se sostiene, dichos grupos acogen iniciativas de asistencia y protección en la medida que perciben que los y las desplazadas no representan una amenaza a su poder y posición.

Por otro lado, se sostiene que las fuentes de desplazamiento interno también influyen en la postura de potenciales Estados interventores/donantes.1 Deng comenta que la configuración interna de un conflicto que provoca un desplazamiento masivo crea dinámicas únicas que conectan al problema con un interés externo, ya sea geopolítico, ideológico, cultural, lingüístico o religioso (1999). Sin embargo, antes de comprometerse a proveer ayuda a los y las desplazadas, los Estados interventores/donantes y las organizaciones humanitarias no sólo evalúan sus intereses en el conflicto, sino también si las características proveen el suficiente espacio diplomático para intervenir sin dañar sus intereses. Los Estados interventores/donantes y las organizaciones humanitarias normalmente son precavidas y temen involucrarse en emergencias de desplazamiento interno cuando la perspectiva de una rápida solución al conflicto es sombría, existe riesgo de gastar recursos sin logros concretos o cuando las condiciones de seguridad ponen en riesgo el bienestar de sus funcionarios (Kent 1987: 76-79; Collins y Weiss 1996: 41-46, Crisp 1999; Kingsley 1999; Phuong 2004; Feldmann 2002).

El presente artículo se divide en dos partes principales. Utilizando como fuente el trabajo de Zolberg, Suhrke y Aguayo (1989), en la primera sección se elabora una tipología donde se clasifican todas las emergencias contemporáneas de desplazamiento interno de acuerdo con su fuente de origen. Posteriormente, el trabajo ilustra cómo distintos modelos de conflicto social y otros factores que desencadenan el desplazamiento interno determinan la posición de los Estados afectados y de los Estados interventores/donantes, así como también la de organizaciones humanitarias. Asimismo, se busca ilustrar cómo la posición de estos actores influye en la probabilidad de que se materialicen programas internacionales de asistencia y protección para los y las desplazadas. En las conclusiones se presentan tendencias derivadas del análisis.

II. MODELOS DE CONFLICTO SOCIAL Y DESPLAZAMIENTO INTERNO: TIPOLOGÍA

Los estudios más confiables indican que en la actualidad existen entre 17 a 30 millones de PDI en el mundo (IDMC 2008a). Este número corresponde sólo a personas que han sido desplazadas forzosamente como resultado de un conflicto armado o por situaciones de violencia generalizada. Sumado a ello, muchos millones de personas han sido desplazados internamente como consecuencia de otros problemas como catástrofes naturales y ecológicas, y/o proyectos de desarrollo (Hampton 1998: xvi; Lavoyer 1995: 78-9: IDCM 2008a).

Este artículo propone que para comprender de mejor manera el desplazamiento interno sus consecuencias (humanitarias, políticas) y sus potenciales soluciones (intervención, desarrollo y programas de reconstrucción) es necesario estudiar las condiciones que provocan el desplazamiento poblacional. Por ello, se desarrolla una tipología de desplazamiento interno inspirado por el clásico e influyente trabajo de Zolberg et al. (1989), quienes examinan, entre otras cosas, cómo los patrones de conflicto social determinan las características de los movimientos de refugiados. De acuerdo con la tesis planteada por estos autores, las causas que generan flujos de refugiados determinan los atributos de la población desarraigada, incluyendo, entre otros, características tales como posibilidad de repatriación, necesidades materiales de los refugiados y la posición de los Estados receptores con respecto a los mismos refugiados. Como parte de su análisis, Zolberg et al. construyen una tipología sobre la base de distintos casos según las condiciones que provocan los movimientos de refugiados.

Tal como las circunstancias que generan los flujos de refugiados influyen en las características del movimiento de esta población, este artículo plantea que las fuentes que provocan el desplazamiento interno determinan las características del tipo de desarraigo. En relación a esto, se argumenta que las condiciones que causan el desplazamiento interno moldean las características de dicho fenómeno, incluyendo, entre las más importantes, cómo las partes se comportan respecto a los y las desplazadas, las posibilidades para solucionar el desplazamiento de personas y las ramificaciones políticas del desarraigo (inestabilidad dentro del país afectado o bien fricciones derivadas de un eventual efecto de derrame de refugiados). Dichas características, a su vez, pueden arrojar una luz sobre la reacción que tienen hacia los desplazados internos los Estados interventores/donantes y las organizaciones humanitarias.

En su trabajo, Zolberg et al. distinguen varias categorías de factores que causan movimientos de refugiados. Dadas las similitudes entre ambos fenómenos de migración forzada, por extrapolación, este artículo asume que las categorías de factores planteadas por Zolberg et al. también constituyen fuentes de desplazamiento interno. Entre los factores que provocan movimientos de migración forzada destacan el conflicto étnico, el cual se divide en cuatro subcategorías, y luchas en torno al orden social (1989:227-57). El presente trabajo desarrolla otras cuatro categorías asociadas exclusivamente al desplazamiento interno y que complementan la tipología de Zolberg et al. Estas incluyen: conflicto armado internacional, desastres naturales, catástrofes ambientales y proyectos de desarrollo. Una categoría final, que explica aquellos casos en los cuales el desplazamiento interno deriva de múltiples factores, también se incluye en el estudio.

En total, el estudio clasifica 49 casos. El umbral para la inclusión es de 30 mil desplazados internos con 2007 como año de referencia2. Los datos fueron en su mayoría compilados a partir de información provista por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, la base de datos global más completa, certera y objetiva en este tema.

Es importante destacar que la tipología desarrollada aquí no tiene como intención presentar un recuento histórico exhaustivo de las causas que generan el desplazamiento interno. La idea es la de proveer una sucinta descripción basada en hechos esenciales con el fin de poner de manifiesto las diferencias entre las emergencias de desplazamiento interno y de mostrar, a su vez, cómo dichas diferencias pueden influir en la posibilidad de intervención externa.

1. Conflicto étnico

Gurr define el conflicto étnico como una lucha "en la cual grupos que se autodefinen usando criterios étnicos hacen demandas en pos de sus intereses colectivos contra los intereses del Estado o los de otros actores políticos" (1994:348). Los conflictos étnicos surgen cuando los factores étnicos son la base para la exclusión y/o persecución política. Esto es particularmente común cuando las facciones recurren a opresión, discriminación y/o explotación con fines de mantener el control del aparato estatal. Muchos de los agravios étnicos tienen su origen en las políticas implementadas por los imperios tradicionales o coloniales. Al forzar a la población bajo su mandato a convertirse a su fe, manipulando tensiones entre comunidades para debilitar a la oposición y redibujando artificialmente las fronteras, estos imperios acentuaron el resentimiento entre los grupos étnicos y contribuyeron a fomentar la violencia. Como regla general, la lucha étnica se presta a explotación política: grupos que intentan reunir apoyo para su causa frecuentemente avivan el antagonismo étnico. El conflicto étnico no sólo se restringe a explosiones de violencia física entre grupos opositores; también incluye a la oposición organizada o espontánea, usualmente a través de medios violentos, promovidos por determinados grupos contra otros (Horowitz 2000; Lake and Rothchild 1998; Gurr 2007).

En relación a la forma en que operan las demandas étnicas, Zolberg et al. explican que "la etnicidad no es una mera proyección de una reactivación de apego tradicional, calificada a veces de primordial, sino un constructo contemporáneo que responde a la oportunidad o a la necesidad percibida de establecer relaciones sociales más allá del pueblo o localidad" (1989:235).

Las disputas entre el gobierno y las minorías, que frecuentemente giran en torno a demandas étnicas, son la causa más común de desplazamiento interno (Cohén and Deng 1998a: 20). Los conflictos étnicos derivados de intereses contrapuestos en relación a derechos religiosos, el uso de idiomas, educación, representación política, tierra, identidad y autodeterminación han provocado el desarraigo de población en África, Asia, el Cáucaso, Medio Oriente y los Balcanes (Carment and James 1998:2-3).

Según Zolberg et al., es posible distinguir cuatro subcategorías de conflicto étnico: explosión de conflicto comunal, separatismo, jerarquías étnicas y persecución de minorías. Cada uno de estos patrones puede ser asociado a distintas dinámicas de desplazamiento interno.

a. Conflicto Comunal

El conflicto comunal se refiere a la violencia interétnica entre grupos rivales que no están relacionados jerárquicamente, pero que se encuentran concentrados por regiones o bien espacialmente intercalados. Las fricciones que surgen a partir de competencias por los recursos pueden incrementar la polarización y derivar en violencia. La violencia interna puede ser también consecuencia de pogroms gubernamentalmente instigados, mediante los cuales las autoridades organizan o aprueban acciones violentas hacia determinadas comunidades, retiran la protección a las víctimas y se rehusan a sancionar a los autores de estas acciones (Zolberg, et al. 1989:238-240). Los conflictos comunales han sido responsables de algunas de las peores emergencias de desplazamiento interno en la era moderna, medidas en términos de las condiciones y del número de víctimas afectadas.

La violencia promovida por el Estado contra grupos opositores de composición étnica distinta ha causado el desplazamiento de miles de personas en Kenia. Los más recientes enfrentamientos han estallado luego de violentas protestas contra el presidente titular Mwai Kibaki, quien fue acusado por la oposición de fraude electoral para mantenerse en el poder. La oposición acusaba al gobierno de favorecer a los Kikuyu, el grupo étnico mayoritario en el país, discriminando así a otros grupos incluyendo las tribus Luhaya y Luo. La violencia étnica también fue propiciada durante el mandato de la Unión Nacional Africana de Kenia (UNAK), presidida por el ex presidente Daniel arap Moi, miembro de la tribu Kalejin. Durante su mandato, arap Moi instigó ataques armados en contra de las fuerzas opositoras pro democráticas compuestas mayoritariamente por la etnia Kikuyu, actualmente en el poder. Gran parte de la animosidad entre estas diversas tribus deriva de la dominancia histórica ejercida por los Kalejin y los Maasai (favorecidos por los colonizadores británicos), quienes tras la independencia monopolizaron el poder político y económico, excluyendo a grupos étnicos del interior tales como los Kikuyu, Luhaya y Luo (Haugerud: 1995: 38-45; Hampton 1998: 65-68; IDMC 2008b).

Las disputas étnicas entre musulmanes (sunitas, chiítas, drusos, palestinos, como también milicias pro sirias y pro iraníes) y cristianos (maronitas, griegos ortodoxos y griegos católicos, entre otros) han sido la fuente de origen del desplazamiento interno en el Líbano. Los orígenes del conflicto libanes datan de la década de 1970, cuando la inmigración de cientos de miles de palestinos provenientes de Jordania que escaparon de la cruenta represión por parte del gobierno Hashemita de Jordania cambió la composición poblacional del país. Desde sus inicios en la década del 1920, el sistema político libanes fue organizado bajo criterios confesionales. Las fes religiosas fueron incorporadas en un arreglo consociacional mediante el cual cristianos y musulmanes, las principales religiones, compartían un gobierno multiétnico. Sin embargo, como grupo mayoritario dentro del Líbano, los cristianos ejercían una posición dominante en el gobierno nacional. Las fallas del liderazgo cristiano por responder a las demandas musulmanas se sumó a la radicalizacion de sectores musulmanes, lo que provocó que en el país se desatara una cruenta guerra civil en 1976. Como resultado, la totalidad de la población musulmana fue expulsada del territorio cristiano-maronita en el sur del país, mientras un importante número de población cristiana fue forzada a huir del territorio controlado por los musulmanes (por ejemplo, la región del Chouf y el valle del Bekaa). La intervención de las FFAA sirias e israelíes, que ocuparon zonas sustanciales del Líbano, así como la presencia armada de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) contribuyeron a la intensificación del conflicto. Aunque la guerra civil finalizó oficialmente en 1991, la tensión étnica entre cristianos y musulmanes, la presencia de tropas israelíes y sirias (que recientemente se retiraron) y la existencia de milicias musulmanas armadas (de manera más prominente Hezbolá), así como también la falta de recursos gubernamentales han impedido el retorno de miles de desplazados internos. En 2006, una guerra de corta duración propiciada por la invasión de Israel al sur del país para poner freno a las operaciones de Hezbolá, provocó una nueva y masiva ola de desplazamiento interno (Abul-Husn 1998: 1-8; Hampton 1998:185-189; O'Ballance 1998: 216-23; IDMC 2008c).

Un encarnizado conflicto étnico también ha provocado desplazamiento interno en Liberia. La violencia deriva de antiguas luchas originadas en la rivalidad entre esclavos estadounidenses liberados, quienes fundaron el país en 1822, y la población nativa. Tras su llegada los colonos afroamericanos ascendieron al poder y establecieron un sistema político basado en la exclusión tanto política como económica de la población nativa de las zonas rurales del hinterland. Aunque Liberia se vio afectada por una inestabilidad político-económica crónica, la élite dominante y sus descendientes gobernaron por aproximadamente 150 años hasta que Samuel Doe, un oficial de las Fuerzas Armadas (FFAA) que provenía de una tribu indígena, los Khran, tomó el poder a través de un golpe de Estado en 1980. Las tensiones latentes aumentaron dramáticamente en 1989, cuando el Frente Patriótico Nacional de Liberia (FPNL), liderado por Charles Taylor, derrocó el régimen de Doe. La presidencia de Taylor fue desastrosa, ya que sus agresivas y cleptocráticas políticas alienaron a varios sectores y grupos y contribuyeron a que el país cayera en un estado de anarquía armada. Varias facciones étnicas lucharon para tomar control del país mediante brutales tácticas. La violencia recrudeció con la intervención de varios países vecinos, entre ellos, Nigeria, Sierra Leona y Costa de Marfil, los que enviaron tropas para apoyar las diferentes facciones locales. Aunque Taylor fue derrocado en 2003, abriendo así un espacio para la pacificación y permitiendo la elección de un nuevo gobierno democrático bajo el mando de Ellen Johnson-Sirleaf, varios miles de liberianos continúan desplazados (Lowenkopf 1995: 91-6; Hampton 1998: 42-45; Scott 1998:97-115; IDMC 2008d).

El desplazamiento interno en Afganistán es consecuencia del conflicto armado de larga data que afecta al país. Dicho enfrentamiento comenzó como una lucha revolucionaria, pero eventualmente mutó a un enfrentamiento de carácter étnico. La agitación política en Afganistán data de fines de la década del setenta cuando facciones revisionistas de orientación marxista intentaron tomar el poder por la fuerza desatando fuertes tensiones con grupos de la élite tradicional. En 1979 tropas soviéticas invadieron el país para respaldar la rebelión de izquierda e instalaron un régimen títere liderado por Barbak Karmal. Con el apoyo de poderes occidentales, diversas tribus locales (Pashtuns, Tajics, Uzbeks, Hazaras y Nuristanis) se levantaron contra el régimen de Karmal. Luego del retiro de las tropas soviéticas y la posterior caída del régimen de Karmal (1992), los principales grupos guerrilleros, conocidos como Mujahidin ("Guerreros de Dios"), formaron un gobierno interino de unidad nacional. Sin embargo, poco después de su formación, la rivalidad entre tribus se reavivó cuando los Talibanes (sunitas Pashtun ortodoxos) y una alianza compuesta por grupos Uzbek, Tajik y Hazara se enfrentaron por el control del gobierno nacional. Saqueos, masacres y otras serias violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) perpetrados por los beligerantes han devastado totalmente a Afganistán y desplazado internamente a una parte significativa de su población. La situación se vio empeorada luego del 11 de septiembre de 2001, cuando comandos terroristas pertenecientes a la red Al-Qaeda organizados desde campos en Afganistán atacaron Nueva York y Washington. En un intento por capturar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, y neutralizar así la organización, una coalición internacional liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña, invadió el país. El colapso del régimen talibán y la instauración de un nuevo gobierno liderado por Hamid Karzai han permitido el regreso de varios cientos de miles de desplazados afganos. No obstante, el recrudecimiento de la violencia en el sur de Afganistán como consecuencia de una rearticulación de militantes talibanes y de Al-Qaeda ha provocado recientes enfrentamientos con las tropas occidentales bajo el mando de OTAN, lo que, a su vez, ha provocado un nuevo flujo de desplazamiento interno (Rubin 2000; Zolberg et al. 1989:150-54; Hampton 1998:156; Farr 2001:117-126; IDMC 2008e).

En Sudán, el país con la más alta incidencia de desplazamiento interno en el mundo, el desarraigo interno ha sido consecuencia de luchas entre árabes musulmanes de la zona norte del país y tribus Nuba de origen negro, muchos de ellos cristianos o paganos que habitan el sur en las provincias de Kordofan, Ecuadoria, Junglei y Bahr el Ghazal. El conflicto en el Sudán tiene sus orígenes en diferencias sociales y religiosas entre la población del norte, la cual está culturalmente vinculada al África no-arábica, y los habitantes del sur quienes poseen fuertes vínculos con la cultura negra del África subsahariana. Las hostilidades son también consecuencia de la desigual distribución de recursos y poder que ha favorecido a los árabes desde tiempos del colonialismo británico. Amargas rivalidades han provocado tres décadas de cruenta guerra civil entre el gobierno sudanés dominado por los árabes, actualmente controlado por el Frente Islámico Nacional (FIN), una facción islámica de carácter fundamentalista, apoyados por las FFAA y el Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS), el principal brazo armado de los rebeldes del sur. Luego de firmarse un acuerdo de paz entre el gobierno y los rebeldes del EPLS, poniendo así fin al conflicto, hubo un estallido de violencia en la provincia occidental de Darfur. En esa provincia del oeste del país dos grupos rebeldes, el Ejército de Liberación Sudanés (ELS) y el Movimiento de Justicia e Igualdad (Mji), se alzaron contra el gobierno central, al que acusan de excluirlos deliberadamente de los beneficios derivados del nuevo régimen político, en particular el goce de los recursos del petróleo explotado en el sur del país. Los darfurianos consideran que el gobierno central los discrimina violentamente. La reacción por parte del gobierno central ha sido un escalamiento de su presencia militar y de la represión a través de la milicia Janjaweed, un grupo paramilitar compuesto por árabes que ha llevado una campaña de limpieza étnica de población negra animista en Darfur, provocando una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas (Zolberg et al. 1989:50-6; Hampton 1998: 84-87, Ruiz 1998:139-54; IDMC 2008f).

La acrimonia entre chipriotas de origen griego y turcos ha provocado el desplazamiento interno de una parte substantiva de la población en Chipre. La hostilidad entre ambos grupos data del mandato otomano cuando las autoridades turcas favorecieron a los musulmanes por sobre la población griega cristiana que habitaba la isla. Si bien las tensiones latentes entre griegos y turcos chipriotas continuaron durante el dominio británico, éstos alcanzaron su mayor punto en 1974, luego que tropas turcas invadieran la isla con el fin de frustrar un golpe militar organizado por griegos chipriotas nacionalistas. La operación militar turca, que puso a Grecia y Turquía al borde de la guerra, dio lugar a una partición de facto de Chipre de dos "zonas étnicas puras". La invasión tuvo como resultado el desplazamiento de 200 mil griegos chipriotas de áreas en un comienzo habitadas por turcos, mientras que casi la totalidad de la población turca chipriota abandonó las áreas pobladas por griegos. Tras casi tres décadas de esfuerzos infructuosos para llegar a un acuerdo de paz (incluyendo la presencia de fuerzas de paz de la ONU), las partes no han acordado una fórmula para lograr la reunificación de la isla y permitir el regreso de las personas desplazadas (Doyle and Sambanis 2006: 257-62; Hampton 1998:197; IDMC 2008g).

b. Separatismo

El desplazamiento interno puede ser provocado por violencia asociada a separatismo y/o irredentismo. Estos movimientos surgen de tensiones sociopolíticas en las que ciertos grupos dentro de un Estado perciben que la distribución de poder y recursos menoscaban su bienestar y amenazan su existencia. Poco satisfechos con esta situación, dichos grupos intentan obtener una condición más igualitaria en relación a los sectores dominantes, así como garantías respecto a la preservación de su identidad. Desacuerdos característicos que derivan en violencia separatista incluyen la distribución de recursos estatales, representación política, el uso del lenguaje en la esfera pública, así como la organización y contenidos de los programas educacionales. Las demandas separatistas pueden verse agravadas por distinciones religiosas o étnicas, por marcadas diferencias en el desarrollo económico de las regiones (centro-periferia), o bien por la interferencia de terceros (Estados y diásporas étnicas o religiosas). El ascenso al poder de sectores que muestran un espíritu intransigente opuesto al diálogo interétnico, usualmente agrava dichos conflictos (Zolberg et al. 1989: 242-44; Horowitz 2000: capítulo 6).

En Azerbaiyan una amarga disputa en relación a Nagorno-Karabaj, un enclave dentro del territorio azerí poblado principalmente por armenios que aspiraban reunirse territorialmente con Armenia, ha generado un masivo desplazamiento interno. Las tensiones latentes con base nacionalista sobre el estado del enclave se volvieron violentas en 1988 cuando los armenios expulsaron a miles de azeríes de Nagorno-Karabaj. Luego que los nacionalistas armenios proclamaron la independencia de Nagorno-Karabaj, tropas azeríes intentaron tomar por la fuerza la provincia, desatando así una fuerte reacción por parte de Armenia y empujando a ambos países a una guerra de gran escala. Miles de azeríes tuvieron que huir de Nagorno-Karabaj y buscar un refugio seguro en Azerbaiyan. La invasión de partes de dicho país por parte del ejército armenio, por su lado, desplazó a miles de azeríes. Si bien Azerbaiyan y Armenia han cesado las hostilidades tras la firma de un acuerdo de cese al fuego en 1994, las negociaciones sobre el estado final de Nagorno-Karabaj no han prosperado. Dicho estancamiento ha impedido el retorno de los y las desplazadas a sus lugares originales de residencia (Cohén y Deng 1998a: 49-50; Green 1998 256-61; Hampton: 1998:168; IDMC 2008h).

Durante la última década, las demandas separatistas han provocado constantes desplazamientos internos dentro de la República Federal de Yugoslavia (RFY). Uno de sus últimos episodios se refiere al desplazamiento de kosovares musulmanes de origen albanés en Kosovo, provincia del sur del territorio. Los kosovares albaneses que representan aproximadamente un 90% de la población de Kosovo, frustrados por los excesos de la dominación serbia, se rebelaron contra el gobierno central yugoslavo. Los enfrentamientos entre el Ejército de la Liberación de Kosovo (ELK), guerrilleros separatistas kosovares albaneses y las fuerzas de seguridad yugoslavas provocaron un desarraigo masivo de población, situación que se vio empeorada luego de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) bombardeara Belgrado y posiciones serbias en Kosovo para forzar la capitulación serbia y frenar la acción de las fuerzas de seguridad serbia. La firma de un acuerdo de cese al fuego entre el gobierno yugoslavo y OTAN y el despliegue adicional de las fuerzas de paz de ONU, la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (FSK) permitió el retorno de varios miles de desplazados kosovares albaneses (aunque algunos aún se encuentran desplazados en Montenegro). Su llegada, sin embargo, desarraigó a miles de serbios kosovares y a un número considerable de población Roma, que apoyó a las fuerzas serbias, quienes escaparon a Serbia y Montenegro para evitar las represalias de kosovares albaneses. Las condiciones de seguridad en Kosovo han mejorado sustancialmente debido a la presencia de la FSK, particularmente luego que el país declarara su independencia en febrero de 2008. La caída de Slobodan Milosevic (recientemente fallecido), el arquitecto de las campañas de limpieza étnica y su reemplazo por Vojislav Kostunica, un moderado, tras la revolución pacífica de otoño de 2000 ha ayudado a aliviar dichas tensiones. A pesar de estas mejoras, las tensiones étnicas latentes han impedido el regreso de los y las desplazados. La independencia de Kosovo en el 2008 amenaza con perpetuar el desplazamiento de serbios y roma (Weiss y Pasic 1998:181-191; Ilic 2001:250-6; IDMC 2008i).

El desplazamiento interno en Bosnia-Herzegovina también es el resultado de violencia generada por un movimiento separatista. La declaración de independencia de Bosnia-Herzegovina de la República Federal de Yugoslavia en 1992 desató una cruenta guerra civil entre musulmanes, serbios y croatas, los principales grupos étnicos que habitaban Bosnia-Herzegovina. Temiendo que la separación de Bosnia pudiese poner en peligro la existencia de Yugoslavia como nación, el gobierno central controlado por serbios envió al Ejército Federal Yugoslavo (EFY) para impedir la independencia bosnia e indujo a los serbios bosnios a tomar las armas contra los bosnios independentistas de origen croata y musulmán. De manera simultánea, Croacia envió tropas a la zona noroeste de Bosnia para apoyar a los bosnio-croatas irredentistas. Todas las partes involucradas en la guerra cometieron reiteradas violaciones a la DHI; de hecho, el desplazamiento forzado se convirtió en una estrategia deliberada de las partes, la cual apuntaba a crear áreas étnicamente puras. Tras la intervención armada de la OTAN en 1995, las facciones bosnias, sumadas a Croacia y Serbia, negociaron un tratado de paz (los Acuerdos de Paz de Dayton) que dividió a Bosnia en dos entidades: una Federación bosnia-musulmana y una República serbia-bosnia (Republika Srpska). Mientras las condiciones de seguridad en Bosnia han mejorado sustancialmente desde el despliegue de la fuerza de paz de ONU (UNMIBH), las rivalidades entre etnias han impedido el regreso de miles de PDI (Hampton 1998:192-195; Weiss y Pasic 1998:175-191; IDMC2008J).

La durísima represión kurda por parte de las autoridades turcas ha desarraigado un número significativo de civiles en la zona oriental de Turquía. La campaña antisubversiva desplegada por las fuerzas de seguridad turcas apunta a erradicar el apoyo al Partido de Trabajadores de Kurdistan (PKK), grupo secesionista armado kurdo, que ha forzado a un significativo número de kurdos a huir de sus lugares de residencia. Como parte de esta campaña, las unidades de seguridad turca han desalojado a supuestos adherentes del PKK de sus pueblos. Entretanto, los ataques armados y abusos perpetrados por el PKK, quienes han aplicado tácticas brutales para lograr sus objetivos militares, han generado desplazamiento. La violencia en el sureste de Turquía es consecuencia en parte de la falta de voluntad del gobierno turco por acomodar las demandas de autonomía de los kurdos, pero también a la actitud recalcitrante de algunas facciones independentistas kurdas. La captura de Abdullah Ocalan, ex líder del PKK, y el posterior anuncio del liderazgo restante del PKK en relación a su voluntad de poner fin a la rebelión armada, produjo esperanzas en torno a la idea de alcanzar una solución pacífica del conflicto turco-kurdo. Sin embargo, las sospechas del gobierno turco en relación a que los kurdos no han renunciado a la violencia se erige como uno de los mayores obstáculos que impiden la solución al desplazamiento interno en Turquía. Los recientes enfrentamientos en el este del país de las guerrillas kurdas con bases en la zona del Kurdistan iraquí (que provocaron una ofensiva turca hacia Irak a principios de 2008) han desplazado nuevamente a miles de civiles (Cohén 1999 5-9; Hampton 1998:198-199; IDMC 2008k).

Las tensiones étnicas entre la mayoría budista cingalesa y los tamiles hindúes, quienes originalmente inmigraron a Sri Lanka desde el Estado indio de Tamil Nadu, han generado un masivo desplazamiento interno en Sri Lanka. Las luchas entre estas dos comunidades no sólo derivan de diferencias religiosas, sino también de la exclusión social. Desde que Sri Lanka proclamó su independencia de Gran Bretaña el año 1948, los cingaleses, quienes comprenden alrededor de tres cuartos de la población, han controlado el gobierno central. Los cingaleses no han respondido a las demandas de los tamiles por lograr un acceso más igualitario al poder político, una asignación más equilibrada de los recursos y autonomía educacional. Las animosidades entre cingaleses y tamiles se intensificaron al nivel de conflicto armado en 1983, cuando los Tigres por la Liberación del Tamil Eelam (TLTE), guerrilleros pro independencia tamil, promovieron una insurrección armada. El movimiento secesionista tamil desató una respuesta militar por parte del gobierno de Sri Lanka, lo cual propició que el país se sumiera en una guerra civil que ha durado más de dos décadas (Seneviratne y Stavropoulou 1998:359-67; Hampton 1998:148-153; Refslund Sorensen 2001:172-77; IDMC 20081).

El conflicto separatista ha desplazado a cientos de miles de personas en la Federación Rusa, específicamente en el Cáucaso. Dos conflictos afectan a la región. Por una parte, la violencia entre osetios e ingushetios ha provocado el desarraigo del distrito de Prigorodnyi en el norte de Osetia. La acrimonia entre estos grupos de personas tiene su origen en la colaboración Osetia con la represión hacia los ingushetios durante el régimen de Joseph Stalin. La lucha se ha visto reforzada debido a la agitación existente en Georgia, ya que la llegada de varios miles de osetios que han huido de la violencia en Georgia ha aumentado las tensiones. Los conflictos entre estos dos grupos han derivado en el desplazamiento de prácticamente toda la población ingush del norte de Osetia, quienes han buscado refugio en la vecina República de Ingushetia. Por otra parte, en Chechenia, musulmanes que resienten la dominación rusa, han emprendido una lucha separatista que ha provocado una despiadada respuesta por parte del ejército ruso. La oposición rusa a la independencia de Chechenia ha gatillado dos guerras (1994-1996 y 1999-), las cuales han devastado Chechenia y desplazado a un gran porcentaje de su población, incluyendo chechenios y rusos (Hampton 1998:173-175; Cohén and Deng 1998a: 50-55; Kharashvili 2001:228-233; IDMC 2008m).

En la Cisjordania y la Franja de Gaza, conflictos entre militantes palestinos y las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) han desplazado a un número considerable de civiles, en su mayoría palestinos. El colapso de los tratados de paz entre la Autoridad Palestina (AP) y el gobierno israelí en septiembre de 2002 ha intensificado este prolongado conflicto, desatando ciclos repetidos de violencia caracterizada por ataques indiscriminados contra civiles quienes han tenido que huir de sus residencias. El desplazamiento también se debe a confiscaciones de tierra para construir asentamientos israelíes y a tácticas de castigo contra palestinos por parte de las FDI. Más recientemente, los conflictos y represalias entre facciones palestinas (Hamás y Al Fatah) tras el triunfo electoral de Hamás en la Franja de Gaza en el 2007 han provocado el desarraigo de miles de palestinos (Zolberg et al. 240-2; IDMC 2008n).

c. Jerarquías Étnicas

Zolberg et al. señalan que los flujos de refugiados también pueden ser producto de conflictos provocados por jerarquías étnicas. Con ello, los autores se refieren a sistemas en los cuales grupos étnicos específicos subyugan a miembros de otras filiaciones étnicas. Dichos sistemas se caracterizan por una configuración social donde las clases coinciden con el background étnico. Mientras en estos sistemas generalmente una mayoría oprime a una minoría, una sociedad organizada en base a un orden jerárquico también puede tomar la forma de una minoría que utiliza su poderío militar, económico y político con el fin de subyugar al resto de la población (Zolberg et al. 1989:236).

Las disputas entre Hutus y Tutsis en Ruanda encajan a la perfección en esta categoría. La población de Ruanda se compone aproximadamente de un 85% de población Hutu y 15% de Tutsis. A pesar que ambos grupos comparten varios elementos culturales, incluyendo idioma (el kirundi) y parentesco, la acrimonia ha caracterizado su relación. Las rivalidades entre Hutus y Tutsis datan del siglo XVII cuando el poder fue monopolizado por el rey Tutsi (el Mwami). El dominio Tutsi promovió una asignación desigual de recursos, lo que generó la creación de una sociedad altamente estratificada donde los Tutsis subyugaron a los Hutus. La colonización alemana de Ruanda (1899) y luego la belga (1916) reforzó esta antigua red de nexos benefactor-cliente. Con el fin de debilitar la resistencia a su mandato, los europeos cooptaron a los Tutsis ofreciéndoles una posición privilegiada dentro del sistema social, profundizando así el resentimiento Hutu. Desde la independencia de Ruanda en 1961, ambos grupos se han disputado el poder violentamente. El genocidio ruandés de 1994, en el cual extremistas Hutus masacraron alrededor de 1 millón de personas (en su mayoría Tutsis, pero también Hutus moderados) es solamente uno de los episodios más recientes de una cadena de violencia interminable. Las inestables condiciones en la Región de los Grandes Lagos han reforzado ciclos de victimización que ha transformado el desarraigo poblacional, tanto interno como externo, en un problema crónico (Minear and Kent 1998:58-68; Zolberg et al. 1989: 45-48; Hampton 1998: 68-72; IDMC 2008o).

Muchas de las condiciones que han instigado el desplazamiento interno en Ruanda se replican en Burundi. Ambos países comparten una composición étnica similar y un pasado colonial común. Sin embargo, en Burundi la época colonial sentó las bases de una sociedad relativamente menos jerárquica ya que, a diferencia de Ruanda, gran parte de los jefes de los distintos clanes poseían ancestros multiétnicos (esto es, incluyendo a los Hutus y dos tipos diferentes de linaje Tutsi, Hima y Banyaruguru). En gran medida, la agitación en Burundi ha sido resultado del "derrame" de violencia desde la vecina Ruanda. Cuando Burundi obtuvo su independencia de Bélgica en 1962, tutsis-burundeses, temiendo que un éxodo masivo de hutus-ruandeses pudiese desestabilizar el país y desatar violencia hacia ellos, formaron milicias armadas y tomaron por la fuerza el poder. El gobierno defacto tutsi reprimió fuertemente a la población hutu, así como también a tutsis de origen banyarugurus. Fallidos golpes de Estado organizados por los oficiales del ejército Hutu intensificaron el conflicto y la represión Tutsi. La violencia adquirió niveles sin precedentes en 1972 cuando los Hutus locales apoyados por comunidades hutus de Ruanda y Tanzania iniciaron una cruenta revuelta que, a su vez, motivó una brutal respuesta por parte del gobierno Tutsi liderado por Michael Micombero. Entre 80.000 y 200.000 personas fueron asesinadas, en su mayoría Hutus y cientos de miles más fueron desarraigados, incluyendo 150.000 personas que buscaron refugio fuera del país. Desde este grave episodio de violencia una incesante violencia ha envuelto a Burundi transformando el desplazamiento interno en una forma de vida para muchos burundeses (Zolberg et al 1989:47-50; Hampton 1998: 58-62 Boutin and Nkurunziza 2001: 51-58, IDMC 2008p).

d. Minorías como Objetivo

Zolberg et al. indican que algunos Estados llevan a cabo políticas discriminatorias y represivas con el fin de promover la unidad nacional. En dichos casos, los Estados intentan imponer a las minorías una "fórmula cultural" usualmente basada en orígenes religiosos o étnicos, con el fin de fabricar una identidad nacional "oficial" (Zolberg et al. 1989: 238).

En Israel las políticas discriminatorias contra israelíes de origen palestino han mantenido desplazadas desde 1948 a entre 150 mil y 420 mil personas. Gran parte de esta población huyó de sus residencias durante la guerra árabe-israelí de 1948. Si bien estas personas permanecieron dentro de Israel y eventualmente se transformaron en ciudadanos israelíes, no pudieron ni volver a sus lugares de residencia, ocupados por judíos israelíes, ni fueron recompensados por parte del gobierno israelí (Zolberg et al. 240-2; IDMC 2008q).

2. Conflicto armado internacional

El desplazamiento interno también puede ser producido por conflictos armados internacionales. Grandes invasiones, disputas fronterizas, ataques, bombardeos aéreos y el movimiento y despliegue de tropas a menudo fuerzan a comunidades enteras a huir, ya que sus lugares de residencia se vuelven parte de la zona de conflicto. En Siria, la ocupación israelí en 1967 de los Altos del Golán, una meseta que solía formar parte del distrito sirio de Jawlan, provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas. Las últimas estadísticas indican que fueron 430 mil personas. Estos civiles escaparon del ejército israelí y buscaron refugio en territorio sirio. Gran parte de los que escaparon no han retornado a los Altos del Golán tras el cese de las hostilidades, ya que se rehusaron a vivir bajo dominio israelí. Sólo 15 mil personas, en su mayoría de origen druso, accedieron a quedarse en los Altos del Golán. El estancamiento de las negociaciones entre Israel y Siria en relación al estado de los Altos del Golán ha impedido el regreso de los y las desplazadas (Hampton 1998:189; IDMC 2008r).

3. Desastres ambientales

El desplazamiento interno también puede ser producto de desastres provocados por el hombre. Las catástrofes ecológicas producto de polución y desechos industriales, deforestación, accidentes en el manejo de centrales nucleares o plantas químicas (Chernobyl, Bophal), contaminación de aguas y erosión de la tierra, entre muchos otros, han privado a comunidades enteras de sus medios de subsistencia, ya sea temporal o permanentemente. En el caso de los países en vías de desarrollo, usualmente los Estados afectados carecen de recursos o bien de voluntad política para asistir o indemnizar a aquellas personas que han debido abandonar sus lugares de residencia debido a desastres ecológicos.

En cuatro ex repúblicas soviéticas, Kazajstán, Kirguizstán, Turkmenistán y Uzbekistán, un número indeterminado de civiles fueron desplazados como resultado de la fuerte polución en los alrededores de la cuenca del Mar de Aral. El origen de este desastre ecológico data de la era soviética cuando, con el fin de aumentar la producción de algodón, las autoridades comunistas abusaron del uso de pesticidas, fertilizantes químicos y transformaron dos ríos afluentes del Mar de Aral (Amu Darya y Syr Darya) en canales de riego. El manejo poco responsable de los cursos fluviales de estos importantes afluentes redujo a la mitad los niveles del agua del Mar de Aral. Al mismo tiempo, las sustancias tóxicas derramadas en las aguas del Mar de Aral desataron una emergencia sanitaria de proporciones que socavó la industria pesquera de la zona. No sólo privados de sus medios de subsistencia, sino también expuestos al riesgo de las condiciones sanitarias existentes, cientos de miles de personas fueron forzadas a dejar sus lugares de residencia, sin recibir a cambio compensación o asistencia alguna (Hampton 1998:158-159).

4. Desplazamientos producto del desarrollo

Grandes proyectos de desarrollo tales como la construcción de represas, complejos turísticos, parques nacionales y santuarios de flora y fauna, así como actividades industriales y mineras han provocado el desplazamiento de millones de personas alrededor del planeta. En Vietnam, el gobierno lanzó en 1986 un ambicioso programa de reforma (llamado Doi Moi) con el fin de transformar un sistema de planificación central en una economía de mercado. Como parte de la estrategia, el gobierno vietnamita promovió el desarrollo de nuevas zonas económicas en áreas escasamente pobladas. Las autoridades vietnamitas reubicaron más de 50.000 vietnamitas desempleados que habitaban zonas marginales de Ho Chi Minh City y los forzaron a instalarse en áreas rurales tales como las provincias de Lam Dong, Dac Lac y Binh Phuoc. Si bien los nuevos colonos se vieron beneficiados por la construcción de escuelas y hospitales públicos, obtuvieron préstamos preferenciales para producción y vivienda y recibieron reentrenamiento en el área de producción agrícola, el traslado fue realizado contra su voluntad (Hampton 1998:136-137).

5. Conflictos sociales por la distribución de recursos

Los conflictos sociales derivados de la distribución de los recursos representan una fuente común de desplazamiento interno. Zolberg et al. señalan que dichos conflictos "tienen su origen en la desigualdad y la opresión" (1989:245). Estas luchas consisten en el enfrentamiento de una élite dirigente, que tiene como objetivo mantener el orden existente con otras clases o grupos subordinados. Este tipo de conflictos se caracteriza generalmente por el surgimiento de uno o varios grupos insurgentes que intentan desestabilizar al Estado y eventualmente destruir el orden existente para reemplazarlo por una organización social más igualitaria. Casi siempre, la represión estatal promueve la radicalización de los grupos opositores e intensifica el conflicto (Zolberg et al. 1989: 245-246).

En Perú, condiciones de pobreza generalizadas, una economía estancada y vulnerable, así como las fricciones raciales producto de la exclusión política y la disparidad material fomentaron una insurgencia armada a principios de los años 80. Sendero Luminoso (SL), un grupo revolucionario de orientación maoísta y en menor medida el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) iniciaron una violenta campaña de desestabilización contra el Estado peruano, algo que gatillo una fuerte reacción por parte de las fuerzas armadas peruanas. Enfrentamientos entre SL y el MRTA en contra de las fuerzas de seguridad peruanas así como violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y al DIH provocaron el desplazamiento de más de 600.000 personas durante el período 1980-1992, especialmente en la región central de los Andes. La neutralización parcial de Sendero Luminoso seguida de la captura de los principales líderes del movimiento (Abimael Guzmán y Osear Durand) permitió el retorno de casi la mitad de los desplazados internos de Perú. Sin embargo, varios miles de desplazados peruanos han sido incapaces de regresar a sus comunidades, ya que no han recibido un apoyo gubernamental adecuado. El rebrote de violencia senderista en el Valle del Alto Huallaga ha generado un nuevo (leve) foco de desplazamiento (Stavropoulou 1998:468; Kirk 1995: 354-367: IDMC 2008s).

La más reciente ola de violencia en Angola, que ha desplazado internamente a cientos de miles de personas, calza en esta categoría. Por más de dos décadas, el Movimento Popular de Libertacao de Angola (MPLA) y la Unido Nacional vara a Independencia Total de Angola (UNITA) libraron una guerra civil ideológicamente orientada en gran medida influida por la Guerra Fría. Luego de un breve paréntesis que coincidió con la intervención de Naciones Unidas (1988-1992), donde se intentó facilitar y promover un acuerdo de paz, la violencia entre ambas partes floreció nuevamente después que UNITA, liderada por Joñas Savimbi, objetó los resultados de la elección nacional que ganó el candidato del MPLA, Eduardo de los Santos. A partir de ese momento se reactivó la lucha entre UNITA y el gobierno central, sobre todo en zonas que poseen abundantes depósitos de diamantes, tales como el Valle del río Cuango al norte de Luanda. Tanto el MPLA (actualmente en el gobierno) como la UNITA han utilizado los recursos naturales no sólo para financiar los esfuerzos de la guerra, sino también para permitir que sus líderes amasen grandes fortunas. Luego de la inesperada muerte de Joñas Savimbi, quien falleció en combate con las fuerzas de gobierno, UNITA y el gobierno firmaron un tratado de paz. Aunque el acuerdo de paz ha restablecido condiciones de seguridad en gran parte del territorio posibilitando el regreso de miles de desplazados, en la provincia petrolera de Cabinda, fronteriza a la República Democrática del Congo, fricciones entre el ejército angoleño e independentistas han desplazado a miles de personas (Hampton 1998; 89-94; Birkeland and Uimbo Gomes 2001:19-23: IDMC 2008t).

En Colombia, la exclusión política y social de larga data, la desigual distribución de la riqueza, la corrupción y una cultura de impunidad se intensificaron a mediados de la década de los 80 derivando en una situación hobbesíana caracterizada por el enfrentamiento armado del ejército nacional, paramilitares, elementos del crimen organizado y varios movimientos guerrilleros. El conflicto armado entre estos actores armados ha desplazado a más de cuatro millones de personas dentro del territorio colombiano desde comienzos de los años 80. Tal como en Angola y Sierra Leona, las partes en Colombia realizan actividades lucrativas ilegales, especialmente tráfico de drogas y secuestros, para financiar sus operaciones y acumular dinero para sus dirigentes y tropas. Si bien el gobierno del Presidente Alvaro Uribe ha disminuido los niveles generales de violencia, el desplazamiento paradójicamente se ha exacerbado. Parte del problema radica en que el acuerdo de desmovilización de grupos paramilitares no ha fructificado, por lo que muchos de estos grupos se han reactivado a lo largo del territorio, mientras que las debilitadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen manteniendo control de diversas zonas. La nueva configuración del conflicto ha propiciado nuevas olas de violencia y desplazamiento interno (Stavropoulou y Obregón 1998:401-5; Hernández Delgado y Laegreid 2001: 205-7; IDMC 2008u).3

6. Desastres naturales

Los desastres naturales desplazan a millones de personas cada año, particularmente en países en vías de desarrollo. Terremotos, inundaciones, maremotos, huracanes, tifones y sequías pueden literalmente acabar con comunidades enteras debido a la destrucción de infraestructura básica y de los medios de subsistencia económica. Países en vías de desarrollo que se caracterizan por poseer una infraestructura precaria y falta de recursos no pueden desarrollar programas de emergencia adecuados para asistir a las víctimas de desastres naturales. En la última década, terremotos devastadores han provocado desplazamiento interno en Turquía y Armenia. A su vez, en el este y sudeste asiático inundaciones producto de monzones, ciclones, así como por el desborde de grandes ríos han desplazado a varios millones de personas en Bangladesh, Nepal, Bu tan, China e India. Recientemente, cientos de miles de personas fueron desplazadas en Mozambique producto de las grandes inundaciones. En Mesoamérica y el Caribe, los huracanes estacionales desplazan a cientos de miles de personas al año en países como México, Honduras y Haití. Las sequías son, tal vez, la fuente natural más importante de desplazamiento interno. Varios países en África como Eritrea, Sudán, Kenia, Mauritania, Somalia y Etiopía han visto cómo millones de civiles, en su mayoría campesinos de zonas rurales, han sido forzados a dejar sus lugares de residencia para escapar de severas hambrunas desatadas por sequías estacionales (Hampton 1998:45-8; 49-50,81-7,65-8,118-21,140-8; Kent 1987:1-2). El imponente tsunami en el Océano índico en 2004 provocó el desplazamiento de más de un millón de personas en doce países (Hedman 2005:4). El devastador huracán Katrina, por su parte, que devastó la costa de Luisiana en 2005 desplazó a miles de estadounidenses, muchos de las cuales continúan desarraigados (BBC 2005).

7. Desplazamiento interno multicausal

En numerosas ocasiones el desplazamiento interno no se debe a un factor sino a una combinación, desde conflicto armado al desarrollo de políticas represivas y/o desastres naturales. El desplazamiento interno en Irak deriva de múltiples causas. La invasión de 2003 liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña y el posterior levantamiento nacionalista liderado por sunitas y voluntarios extranjeros, incluyendo a militantes de Al Qaeda, ha provocado niveles impensados de violencia que han derivado en masivos desplazamientos. El desplazamiento de población también es producto de la erupción de un violento conflicto de orden comunal entre sunitas y chiítas, así como represalias a poblaciones no-árabes que fueron favorecidas por el régimen de Hussein (turkmenos). La dura represión desatada por el gobierno de Saddam Hussein en especial contra los separatistas kurdos desplazó a cientos de miles de kurdos, muchos de los cuales no han podido retornar a sus lugares de origen. La situación en el Kurdistán iraquí se ha visto agravada debido al faccionalismo intrakurdo y por las incursiones del ejército turco que busca frenar las actividades de grupos separatistas turcos (Hampton 1998:180-184; IDMC 2008v; Oren 2007).

Luchas entre clanes, violencia separatista y desastres naturales, particularmente sequías, han desplazado a millones de somalíes durante la última década. Desde 1988, Somalia ha estado inmersa en una violenta guerra civil interétnica que involucra a clanes familiares. Últimamente, la lucha se ha intensificado, en particular alrededor de la capital Mogashidu, tras la invasión del ejército de Etiopía en el 2007 que derrocó a la Unión de Cortes Islámicas, milicia de corte fundamentalista religioso que se tomó el control de gran parte del país en 2006. La violencia también se ha concentrado en la zona noroeste del país donde el Movimiento Nacional de Somalia (SNM) declaró como Estado independiente a Somalilandia y, en el noreste, donde separatistas crearon Puntlandia, otro Estado autónomo (Hampton 1998: 81-84; IDMC 2008w; Clark and Gosende 2003).

El desplazamiento interno en Bangladesh es producto de una combinación de represión ejercida por el gobierno contra las minorías no musulmanas y desastres naturales. Las inundaciones provocadas por la erosión de las orillas de los ríos en los alrededores del delta de Bangladesh desarraigan a cientos de miles de bengalíes cada año. El desplazamiento también ha sido generado por la evacuación por parte de agentes del Estado de población urbana con el objeto de aliviar las presiones derivadas de la sobrepoblación y degradación ambiental. Ciudadanos de zonas urbanas marginales en ciudades como Dhaka, Noakhali, y Commilla son habitualmente reubicados a la fuerza en los trechos de las colinas de Chittagong, un área poblada en su mayoría por Chakmas, una tribu no musulmana que reside en las montañas. El gobierno central ha desplazado deliberadamente a musulmanes hacia territorio Chakma, como una manera de asimilar a los trechos de las colinas de Chittagong en la cultura predominante bengalí-musulmana. Los informes indican que varios cientos de familias Chakma han sido expulsadas de sus tierras por parte del gobierno (Hampton 1998:140-141; IDMC 2008y).

Los desastres naturales y una rebelión armada, sumada a los proyectos de desarrollo han provocado el desplazamiento de miles de personas en Nepal. El desprendimiento de tierras e inundaciones han destruido la infraestructura, obligando a muchos nepaleses a migrar para garantizar su subsistencia. Gran parte del desarraigo se debe a las fuertes lluvias monzónicas en la región de Terai, en los Himalayas. Además de esto, los proyectos de desarrollo patrocinados por el gobierno, tales como la construcción de plantas hidroeléctricas, han provocado el desarraigo de cientos de familias en las regiones de Hetuada-Ramnagar, Bastipur, Trisuli, Chisapani y Bhorle. Una rebelión iniciada en 1996 por el Partido Comunista Maoísta (Prachanda), que provocó una respuesta militar masiva por parte de las Fuerzas de Seguridad de Nepal, desarraigó a varios miles de personas. La firma de un tratado de paz entre los insurgentes maoístas y el gobierno central y el cambio hacia un régimen de monarquía constitucional que propició la elección de un gobierno maoísta en 2008 ha estabilizado momentáneamente al país, lo que ha permitido el retorno de pequeños grupos de desplazados a sus lugares de residencia (Hampton 1998:146-147; IDMC 2008z; Scott Palmer and Marks 2005).

En Nigeria en los Estados de River, River Cross y del Delta la contaminación producida por la industria petrolera ha forzado a que miles de miembros de la etnia ogoni se vieran obligados a abandonar sus pueblos. El desarraigo de la población se ha visto empeorado debido a que las protestas de tribus indígenas contra las actividades relacionadas con la extracción de petróleo han reforzado la represión estatal. Tensiones étnicas derivadas de disputas por la ocupación de tierras, particularmente en las del sudeste del país en Estados como Imo, Ananbra, River Cross y Akwa-Ibom han provocado desplazamiento interno. Sumado a ello, la agitación producto del extremismo islámico ha desplazado a miles de cristianos en ciudades tales como Kano, Bauchi, Yola, Kaduna y más recientemente Lagos, la capital financiera del país. Un número reducido de nigerianos que vivían en los alrededores de la península de Bakassi han sido forzados a abandonar sus lugares de residencia producto de las escaramuzas fronterizas entre tropas nigerianas y camerunenses (Hampton 1998: 49-52; IDMC 2008aa; Oyefusi 2008).

Etiopía se ha caracterizado por poseer un ciclo endémico de desplazamiento interno agravado por una nefasta combinación de políticas gubernamentales represivas, separatismo y desastres agrícolas. La ola más reciente se produjo como resultado de una disputa fronteriza violenta con Eritrea en el año 2000. Varios miles de personas que vivían en la zona fronteriza entre ambos países huyeron o bien fueron reubicados por el gobierno central. Además, las luchas étnicas, los saqueos y la incursión de fuerzas rebeldes de Sudán y Somalia han forzado la migración de cientos de familias campesinas en la zona del sur del país. Sumado a ello, la carencia de alimentos, producto de las fuertes sequías en el norte de las provincias de Gonder y Welo, así como en el sudeste de la región de Ogaden desplazó a un número indefinido de personas (Hampton 1998:80-81; IDMC 2008ab; Lyons 2008; Jacquin-Berdal and Plaut 2005).

El desplazamiento interno en Eritrea deriva de los conflictos fronterizos con Etiopía y de los programas de reubicación del gobierno. Tal como en Etiopía, las disputas y ataques en la frontera de Etiopía-Eritrea han desarraigado a miles de personas quienes, o bien han tenido que huir o han sido evacuados por el gobierno. Gran parte de ellos no han podido retornar. Sumado a ello, un nuevo programa de repoblamiento lanzado en 1994 por el gobierno eritreo ha reubicado a miles de campesinos desde las zonas rurales hacia zonas semiurbanas. Estos campesinos han sido forzados a abandonar sus lugares de residencia sin recibir una compensación gubernamental adecuada. Tal como en el resto del Cuerno de África, las catástrofes naturales, particularmente las sequías, han provocado desplazamiento interno masivo (Jacquin-Berdal and Plaut 2005; Hampton 1998 78-80; IDMC 2008ac).

El separatismo musulmán y la insurgencia izquierdista han sido las principales fuentes de desplazamiento en las Filipinas. Los conflictos entre el ejército filipino y grupos separatistas musulmanes, el Frente Moro Nacional de Liberación (MNLF) y el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF), y el Grupo Abu Sayyaf(ASG) han provocado el desplazamiento de miles de personas, en su mayoría musulmanes, en Luzón, Metro Manila y principalmente en Mindanao. Los musulmanes que viven en Filipinas se han rebelado ante la represión y discriminación del gobierno central, el cual representa a la mayoría católica. Las negociaciones de paz entre los rebeldes y el gobierno filipino han fracasado en encontrar una solución al conflicto. Además de ello, los conflictos entre el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), un grupo guerrillero vinculado al Partido Comunista de Filipinas y las Fuerzas de Seguridad han desplazado a miles de personas en Luzón, la principal isla del archipiélago (Hampton 1998:134-136; IDMC 2008ad).

La violación sistemática de los derechos humanos contra grupos de oposición pro democráticos ha provocado una emergencia humanitaria de grandes proporciones en Birmania. El Consejo de Restauración del Orden y Ley de Estado (SLORC), una junta militar dominada por la etnia birmana han victimizado a grupos pro democráticos, compuestos en gran parte por minorías étnicas, entre ellos los Chin, Naga, Kachin, Shan, Karenni, Mon y Karen. Con el fin de restringir la base social de apoyo a estos grupos de oposición, el gobierno birmano ha reubicado forzosamente a comunidades completas. Las fuerzas de seguridad han confiscado terrenos, extorsionado y reclutado forzosamente a civiles, muchas veces niños, para operaciones militares. Las autoridades también han desalojado a personas para llevar a cabo proyectos de desarrollo. El desalojo forzoso ha afectado en particular al grupo étnico Karen al este de Birmania, también a musulmanes en el Estado de Arkan y a personas en el Estado de Shan. En 2008, un devastador ciclón, Nargis, desarraigó a un número importante de personas al sur de Birmania (Hampton 1998:129-133; Cusano 2001:138-153; IDMC 2008ae).

Los violentos conflictos entre el gobierno central y tres movimientos separatistas han provocado el desplazamiento de miles de campesinos en Uganda. En los distritos norteños de Gulu y Kitgum, con el apoyo encubierto del gobierno de Sudán, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), conformado por la etnia Acholi se ha levantado contra el gobierno de Uganda encabezado por Yoweri Museveni. De forma simultánea en los distritos de Arua, Nebbi y Moyo, los Alinga y los Kakwa, organizados como el Frente Oeste del Banco del Nilo (WNBF), crearon una organización armada secesionista que ha tomado las armas para conformar el Estado Islámico Independiente del Oeste del Nilo. Además de ello, en el sureste en los distritos de Kasese, Bundibugyo y Kabarole las Fuerzas Aliadas Democráticas, un grupo de insurgentes organizados por musulmanes de la etnia Salaf, se han enfrentado con tropas del gobierno central. Sumado al desplazamiento gatillado por el separatismo, aproximadamente 40.000 personas han sido desarraigadas en el distrito de Katakwi producto de los ataques y saqueos de bandas armadas nómades como los guerreros Karimojong. Por último, miles de refugiados ugandeses que han retornado desde Sudán y la República Democrática del Congo no han sido capaces de asentarse en sus lugares de residencia originales y continúan en calidad de desplazados internos dentro de Uganda (Olaa 2001:99-106; Hampton 1998: 73-75; IDMC 2008af).

Las luchas separatistas entre georgianos y osetios en relación a la condición de Osetia del Sur, así como el conflicto en torno a la independencia de la región de Abjasia, situada al noroeste del Mar Negro, han generado desplazamiento interno en Georgia. La violencia en Osetia del Sur desplazó a prácticamente todos los residentes no-osetios de dicha provincia, en su gran mayoría georgianos. En cambio, los osetios residentes en Georgia escaparon a Osetia del Norte, una provincia vecina a Rusia. En Abjasia, grupos locales paramilitares, específicamente en el distrito de Gali, han atacado a la población no-Abjasia, incluyendo a georgianos, armenios, griegos y judíos, provocando así un masivo desplazamiento de población. La falta de voluntad por parte de la dirigencia abjasia para aceptar el regreso de no-abjasios desplazados, la actividad de diversas bandas armadas muchas vinculadas al crimen organizado y la contaminación proveniente de las minas ha puesto freno al regreso de los y las desplazadas en esta zona. La reciente invasión rusa como reacción al intento de las fuerzas armadas georgianas de ocupar Osetia del Sur, la cual se caracterizó por una violencia extrema provocó un breve y efímero conflicto armado en el que las fuerzas rusas penetraron territorio georgiano. Las operaciones militares rusas desplazaron a miles de civiles georgianos (Hampton 1998:169-170; Cohén and Deng 1998: 51,55 Green 1998: 284-6; IDMC 2008 ag).

El desplazamiento interno en India deriva de cuatro fuentes: conflicto étnico, separatismo, proyectos de desarrollo y desastres naturales. Los Estados indios de Jammu y Cachemira, Tripura, Assam Bihar, Manipur y Mizoram han sido el escenario para un grave conflicto étnico. En Jammu y Cachemira, prácticamente la totalidad de la minoría hindú (hindúes pandits), Sikhs y musulmanes moderados han sido forzados a huir, ya sea por la violencia perpetrada por los extremistas musulmanes, quienes aspiran a una secesión, o bien por conflictos entre separatistas musulmanes y las fuerzas de seguridad indias. En el Estado de Assam, los separatistas Bodo han establecido como objetivos a distintos grupos étnicos, especialmente al pueblo Adivasi, desatando así una masiva huida a Estados vecinos. Los grupos separatistas han establecido como sus objetivos a no tribales, especialmente a los Bengalis en Tripura. En Manipur, los violentos conflictos entre los Tangkhul Nagas y los Kukis, han provocado el desplazamiento de miles de familias. Además de ello, en el Estado de Mizoram, los ataques separatistas mizos han forzado al pueblo Reang a abandonar sus aldeas. La violencia promovida por organizaciones maoístas de corte izquierdista ha sembrado el terror entre la población de 182 distritos en varios Estados (Bihar, Andrah Pradesh, Maharashtra, Bengal Oriente) forzando a muchos, en su mayoría familias de castas superiores, a buscar refugio fuera de su estado. Sumado a la extendida agitación étnica y el separatismo, los proyectos de desarrollo tales como la construcción de represas hidroeléctricas, minas, zonas industriales y parques nacionales o santuarios de naturaleza han desplazado a millones de indios. Ni las provincias estatales ni el gobierno federal han compensado de manera adecuada a la mayoría de los desplazados producto de estos proyectos. Por otro lado, los desastres naturales especialmente sequías, inundaciones y ciclones desplazan en promedio a 63 millones de personas cada año (Sollenberg y Wallensteen 2007; Hampton 1998:142-146; IDMC 2008 ah).

El desplazamiento interno en Argelia deriva principalmente de la persecución religiosa y las políticas discriminatorias en contra de ciertas minorías. La fuente más prominente de violencia del país es la lucha armada entre el gobierno y el Frente Islámico de Salvación (FIS), un movimiento fundamentalista pro islámico. La violencia estalló en 1992, cuando una junta militar liderada por Liamine Zeroual dio un golpe de Estado para impedir que el FIS asumiera el poder tras su victoria en elecciones nacionales. La nueva junta, identificada con una postura secular, desató una brutal campaña de represión contra los militantes del FIS, la cual apuntaba a destruir la base de apoyo popular del movimiento. Los componentes radicales del FIS, tales como los miembros del Grupo Islámico Armado (GIA) y el Ejército Islámico de Salvación (AIS) tomaron las armas contra el gobierno argelino. Las atrocidades perpetradas por ambas partes así como también la apropiación ilegal de los terrenos por parte de fuerzas militares han provocado el desplazamiento de un número indeterminado de personas, particularmente dentro del llamado "triángulo de la muerte" en la región norteña de Blida cercana a Alger, la capital. Aunque tras la firma del acuerdo de cese al fuego en 1998 la AIS se disolvió, las condiciones de seguridad en Algeria continúan siendo críticas. El GIA y una nueva agrupación, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) se han enfrentado en numerosas ocasiones contra las fuerzas de gobierno, generando así nuevas olas de desplazamiento interno. Asimismo, los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por acallar los disturbios de la población de origen beréber en la región del noreste de Argelia han provocado el desplazamiento de cientos de personas (Hampton 1998:179-180; IDMC 2008ai; Kalyvas 1999).

En Indonesia un prolongado conflicto interno fomentado por la existencia de varios movimientos separatistas simultáneos ha provocado una crisis de desplazamiento interno de enormes proporciones. Más de 210 millones de personas pertenecientes a 360 grupos tribales y etnolingüísticos viven en este gigantesco archipiélago compuesto de trece mil islas. La reciente independencia de Timor del Este abrió una caja de Pandora, ya que varias provincias con demandas de autodeterminación de larga data se rebelaron de manera simultánea contra el gobierno central en Yakarta. La violencia empeoró cuando el país se sumió en una progresiva crisis política e inestabilidad, producto de la extendida corrupción e ineptitud características de varias administraciones (B.J. Habibie, Wahid, Sukarnoputri). La violencia interna producto de fricciones étnicas y religiosas, así como también de competencias económicas entre grupos rivales se ha diseminado a 18 de las 26 provincias indonesias incluyendo Maluku, Maluku del norte, Sudeste de Sulawesi, Sulawesi central, Kalimantan Occidental, el norte de Sulawesi, Sumatra del norte, Java, Irian Jaya (Papua Occidental), Sulawesi del sur, Aceh, Sumatra y las islas Nusa Tenggara. El tsunami de 2004 devastó Banda-Aceh en la punta norte de la isla de Sumatra, desplazando a cientos de miles de personas (IDMC 2008aj; Malley 2003).

En la República Democrática del Congo (RDC) el desplazamiento interno deriva de una combinación de demandas étnicas y la competencia por el control de zonas con recursos naturales, particularmente diamantes. Previo a 1997, la lucha étnica se circunscribía a disputas por tierras y tributos a los jefes locales en las provincias de Kivu, Alto Zaire y Shaba. Sin embargo, el estallido de una guerra civil en 1997 entre las fuerzas del dictador Mobutu Sese Seko y la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación (AFDL) y una coalición poco definida conformada por detractores de Mobutu liderados por Laurent Kabila y apoyado por ruandeses de origen tutti (Tutsis Banyamulenge), provocó el desplazamiento de miles de personas en la RDC. El desarraigo masivo de población resurgió tras la guerra civil a mediados de 1998, cuando Uganda y Ruanda, apoyadas por partidarios descontentos del AFDL, invadieron la RDC en un intento por derrocar el gobierno de Kabila. A su vez, Zimbabwe, Angola, Namibia, Sudán y Chad enviaron tropas para apoyar al gobierno congolés. El asesinato de Laurant Kabila, quien fue reemplazado por su hijo Joseph en el cargo de presidente, generó expectativas acerca de una posible resolución pacífica al conflicto. A pesar de la postura moderada de Joseph Kabila, quien dio pie para la firma de un tratado de paz entre las partes armadas, lo que permitió el repliegue de las tropas extranjeras, el país continúa siendo inestable, en especial las provincias del este tales como Kivi e Ituri, donde fuerzas rebeldes compuestas por tutsis congoleses dirigidos por el General Laurent Nkunda apayados por Ruanda han chocado con milicianos humus y tropas del ejército central congolés, lo que ha provocado un masivo desplazamiento de población (Harden 2000; Hampton 1998: 62-65; Shearer 1999,90-5; IDMC 2008ak).

En China las políticas represivas, los desastres naturales y los proyectos de desarrollo han provocado un masivo desplazamiento interno. El gobierno chino recurre a la reubicación forzosa de personas involucradas en "actividades indeseables" tales como miembros de grupos religiosos o políticos. Dicha práctica se ha vuelto recurrente en áreas políticamente sensibles tales como el Tíbet y las provincias occidentales habitadas por musulmanes Huí y los miembros de sectas Sufi. A menudo, las autoridades comunistas promueven programas destinados a cambiar la composición de la población en áreas sensibles como el Tíbeí. En esa área cientos de miles de chinos étnicos fueron trasladados forzosamente a través de programas patrocinados por el gobierno. Seguidores de sectas cristianas así como también miembros del culto Falún Gong han sido víctimas de amenazas, expulsiones y han huido para salvar la vida. Más aún, bajo la fachada de programas contra la pobreza, las autoridades chinas han despoblado áreas enteras con el fin de fracturar la resistencia política. Los mongoles y uighurs de la provincia de Xinjiang se han visto afectados por este tipo de prácticas. Sumado a ello, se estima que 400.000 personas han sido desarraigadas en China como consecuencia de la infraestructura industrial y proyectos de minería. Alrededor de 100.000 han sido forzados a evacuar el área de los alrededores de la presa de las Tres Gargantas en el río Yangtsé. Los afectados por la reubicación a raíz del desarrollo en China no obtienen asistencia gubernamental. Además de la represión y el desplazamiento inducido por el gobierno, las inundaciones, sequías y monzones desarraigan cada año entre dos a cuatro millones de chinos (Hampton 1998:118-121).

III. TENDENCIAS Y ANÁLISIS

En la tabla 1 se presenta un resumen de la tipología sobre desplazamiento interno. En ella, pueden apreciarse varias tendencias interesantes. Primero, gran parte de las emergencias de desplazamiento son provocadas por una combinación de causas. Diecisiete de los 50 casos revisados (35%) corresponden a dicha categoría. En gran parte de ellos desastres provocados por la acción humana y desastres naturales se combinan provocando desplazamiento interno masivo. Países asiáticos y africanos son proclives a fenómenos naturales de devastación que se dan de forma cíclica. En lo que respecta a las causas individuales, gran parte de las crisis de desplazamiento interno son provocadas por diversos tipos de conflicto étnico, en particular, separatismo (28%) y conflicto interno (10%). Las categorías restantes de fuentes de desplazamiento interno, incluyendo desastres medioambientales (8%), distribución de recursos (6%), jerarquías étnicas (4%), minorías como objetivo (2%), conflicto armado internacional (2%) y proyectos de desarrollo (2%) tienden a ser más marginales.

Tras haber categorizado y analizado distintas emergencias de desplazamiento interno en base a sus fuentes de origen, la discusión se enfila a examinar cómo dichas condiciones influyen en las probabilidades que prosperen iniciativas internacionales para asistir y proteger a los y las desplazadas. Tal como se expuso en la introducción, la particular configuración que genera el desplazamiento interno moldea los intereses, postura, restricciones e incentivos de los interventores/donantes, Estados afectados y organizaciones humanitarias. Por ende, influye en la posibilidad de que iniciativas para auxiliar a esta población prosperen.

Cuando el desplazamiento interno es producto de desastres naturales, éste tiende a ser temporal, a menos que el daño en el área afectada sea irreparable. Considerando que en estos casos las condiciones que provocan el desarraigo son apolíticas, frecuentemente los Estados afectados no tienen inconveniente en acceder a la asistencia desde el exterior.

Del mismo modo, los interventores/donantes y las organizaciones que prestan auxilio tienden a cooperar, ya que las posibilidades de una solución al problema son generalmente esperanzadoras y las operaciones no conllevan amenazas a la seguridad (Kent 1987:76-79; Collins y Weiss 1996:41-45). A veces, los desastres naturales afectan a zonas propensas al conflicto. En estos casos, la ayuda se vuelve mucho más compleja de proporcionar (ver abajo). El devastador tsunami del sur de Asia en 2004 representa un buen ejemplo de ello. En este caso, los gobiernos que no se encontraban afectados por conflictos en las zonas donde pegó el tsunami (Tailandia, India, Bangladesh) aceptaron de forma entusiasta la ayuda externa para sus víctimas, al cabo que los Estados interventores/donantes y organizaciones humanitarias se comprometieron a apoyar iniciativas de ayuda. El auxilio para Sri Lanka e Indonesia demostró ser mucho más difícil dado que el Tsunami afectó zonas donde existía un conflicto armado (Aceh y la costa este desde la Península de Jaffna hasta Chilar)(Telford and Cosgrave 2007).

La situación cambia cuando el desplazamiento interno es producto de desastres ecológicos. Si los desplazados internos son el resultado de problemas ecológicos producto de acciones gubernamentales, entonces es deber de los gobiernos compensarlos y proveer asistencia. De manera similar, si el desarraigo se produce por fuentes privadas, es responsabilidad del Estado demandar compensaciones adecuadas para sus ciudadanos. En otras palabras, en estos casos el auxilio depende en gran medida de si el gobierno afectado asume o no la responsabilidad de proteger y asistir a sus ciudadanos. Es común que los Estados especialmente aquellos en vías de desarrollo, fallen en cumplir con su responsabilidad y abandonen a aquellos desplazados por desastres ecológicos (Kent 1987:1-12).

Ya que generalmente comprenden acciones hechas por el hombre, las emergencias ecológicas son políticamente más sensibles que los desastres naturales. Así, los interventores/ donantes externos y las organizaciones humanitarias son en un principio más cautelosos en comprometer asistencia. Generalmente, la comunidad internacional juzga los desastres ecológicos como asuntos internos y, por ello, rara vez interviene. Incluso las ONG's medioambientales casi nunca prestan ayuda a personas desplazadas por desastres ecológicos. Los casos de Kasakjistán, Kirigistán, Turkmenistán y Uzbekistán ilustran dicho patrón. A pesar de que las catástrofes ecológicas que afectan a estos países poseen amplias repercusiones regionales y las víctimas se encuentran en una situación desesperada, hasta ahora la comunidad internacional no ha tomado ninguna acción significativa para ayudar a los y las desplazadas (Hampton 1998:158-9). Una excepción a esta tendencia es el caso del accidente nuclear de Chernobyl, el cual atrajo amplia cooperación internacional.

En el caso del desplazamiento inducido por el desarrollo, la situación de los desplazados internos es aún más sombría, ya que el desarraigo normalmente es provocado por actividades ilegales que, o bien son promovidas por los mismos Estados, o bien llevadas a cabo por agentes privados que cuentan con el consentimiento o la connivencia de los gobiernos. El desplazamiento relacionado al desarrollo generalmente ocurre en países no democráticos y en vías de desarrollo caracterizados por gobiernos con pésimos records en materia de derechos humanos y un débil estado de derecho.

Dado que dichos gobiernos violan los derechos humanos de sus ciudadanos, casi nunca prestan asistencia a las víctimas del desplazamiento. Al mismo tiempo, los Estados que desplazan de manera forzosa a porciones de su población consideran que el problema es un asunto interno y por ende estiman que cualquier iniciativa externa que apunte a ayudar a las víctimas es una violación a su soberanía. Por su parte, los interventores/donantes tienden a evitar involucrarse en estos casos, ya que estiman que depende del sistema legal local resolver el problema que suscitó el desplazamiento. Las organizaciones humanitarias, a su vez, tienen dificultades de intervenir, ya que sus mandatos rara vez abarcan estas materias y además porque no consiguen apoyo de los interventores/donantes (Feldmann 2002; Kent 1987; Cohén y Deng 1998; Phuong 2004; Terry 2002; Roberts 1996). Como es lógico, las actividades internacionales para asistir a los y las desplazadas de proyectos de desarrollo son muy escasas. Los casos revisados anteriormente como Myanmar, India, China y Vietnam, en los cuales las personas desplazadas por proyectos de infraestructura no han sido beneficiadas por la asistencia internacional, ejemplifican este patrón (Hampton 1998:129-34,136-7,141-6,117-121).

En el caso de los conflictos armados internacionales, los y las desplazadas tienen una buena probabilidad de obtener asistencia externa. Tal vez por razones nacionalistas, durante las guerras internacionales los gobiernos usualmente muestran su preocupación por el bienestar de sus ciudadanos. Así, además de extender el auxilio, muestran una buena disposición hacia las iniciativas externas para ayudar a los desarraigados (Kent 1987: 76-79; Collins and Weiss 1996:41-45). Esta postura positiva, a su vez, motiva a los Estados interventores/ donantes, así como también a las organizaciones humanitarias a involucrarse. Armenia y Azerbaiyán son ejemplos de ello. Preocupados por el destino de sus desplazados internos, estos gobiernos no sólo se ayudaron a sí mismos, sino también dieron la bienvenida a iniciativas externas para asistir y proteger a su población desplazada (Hampton 1998: 165-9; Greene 1998: 240, 254-67, 277-282). Por otro lado, organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tienen un mandato que las obliga a desarrollar acciones humanitarias en caso de conflicto armado internacional (Cahen 2008).

Otras fuentes de desplazamiento interno inducidas por violencia hacen que las iniciativas para ayudar a los y las desplazadas se tornen más difíciles. En el contexto de luchas separatistas, los Estados afectados normalmente intentan bloquear las iniciativas internacionales de asistencia y protección a los y las desplazadas en particular si éstas intentan ayudar a personas que simpatizan con la lucha independentista. Los gobiernos se oponen a estas iniciativas ya que temen que la ayuda internacional pueda fortalecer la posición de los secesionistas, a quienes consideran sus enemigos. En países como la Federación Rusa y Turquía, donde una gran mayoría de los desplazados pertenecen a comunidades separatistas (chechenos y kurdos, respectivamente), las iniciativas internacionales se han topado con una fuerte resistencia gubernamental (Hampton 1998:173-9,197-200). Los gobiernos afectados por luchas separatistas consienten la asistencia internacional sólo cuando la ayuda beneficia a población desplazada que apoya su posición (Kent 1987: 76-79). La posición de Estados tales como Georgia ejemplifican esta dinámica (Hampton 1998:148-153,173-175; Cohén and Deng 1998: 50-55).4

Los Estados interventores/donantes, por su parte, se enfrentan a estos conflictos con cautela, ya que saben que cualquier iniciativa para asistir y proteger a los y las desplazadas puede irritar de sobremanera a los gobiernos afectados que quieren evitar la interferencia internacional en sus asuntos internos. Por tanto, a menos que estén en juego intereses prioritarios, los países donantes tienden a evitar conflictos separatistas que usualmente son muy sensibles. Como regla, las organizaciones humanitarias tienden a hacer lo mismo y manejan estas situaciones con precaución, evitando involucrarse cuando gobiernos afectados se mantienen firmes en evitar la intromisión externa (Kent 1987:76-79; Collins y Weiss 1996: 41-45, Khan 1999, Crisp 1999; Kingsley 1999; Feldmann 2002; Phuong 2004).

Los conflictos en relación al orden social poseen una lógica distinta a la de las luchas separatistas. En estos casos, los Estados usualmente no perciben a los y las desplazadas necesariamente con sospecha. Más que antipatía, los Estados afectados se muestran generalmente indiferentes ante la apremiante situación que viven los y las desplazadas. Es por ello que en un principio no se resisten a la intervención externa, a menos que esta última sea percibida como demasiado intrusiva o bien vergonzosa porque refleja la incapacidad del Estado de hacer frente a las necesidades de su población. Perú sirve para ilustrar dicho patrón (Hampton 1998:112-115; Kirk 1995: 354-367; Feldmann 2002). Los Estados interventores/donantes y las organizaciones humanitarias se muestran en general con una disposición positiva para tomar parte en actividades de asistencia en estos casos, ya que perciben que no existe demasiada oposición a sus actividades por parte del Estado afectado (Kent 1987: 76-79; Collins y Weiss 1996: 41-45).

Cuando el desplazamiento interno es producto de jerarquías étnicas como en los casos de Burundi y Ruanda, o de minorías objeto de discriminación estructural como en el caso de Israel, las partes que controlan el gobierno central se resisten a iniciativas externas para ayudar a los y las desplazadas. Esta postura generalmente hace que disminuyan los incentivos que poseen los interventores/donantes y las organizaciones humanitarias para asistir y proteger a los y las desplazadas. Los actores externos temen que la intransigencia del Estado afectado pueda afectar negativamente sus esfuerzos humanitarios (Zolberg et al. 1989: 245-6; Hampton 1998: 57-61,68-73,141-2,179-180).

Los conflictos comunales tampoco son muy propicios en atraer actividades internacionales para las los y las desplazadas. En este tipo de escenarios, las fuerzas partidarias sólo se preocupan de los miembros de sus propias etnias y de esta manera se oponen a cualquier iniciativa internacional que pueda beneficiar a la facción opositora. La naturaleza atomizada de este tipo de conflictos en los cuales participan un gran número de partes con intereses opuestos, se transforma en un obstáculo para las iniciativas de asistencia externa para los y las desplazadas (Kent 1987: 76-79; Collins and Weiss 1996: 41-45). A su vez, la postura inflexible de las partes en conflicto inhibe a los Estados interventores/ donantes que no están dispuestos a comprometer recursos a conflictos que poseen una perspectiva poco alentadora (Kent 1987: 76-79; Weiss and Collins 1996: 41-5, Crisp 1999, Khan 1999, Deng 1999; Helle 1999). De manera similar, las organizaciones humanitarias son reacias a involucrarse producto de las vacilaciones de los interventores/donantes y la posición agresiva e intransigente de las partes en conflicto (Kent 1987: 76-79; Weiss and Collins 1996: 41-5, Crisp 1999, Khan 1999, Deng 1999). La ausencia de programas de asistencia internacional en Afganistán, Liberia y la RDC, entre otros, refleja dicho patrón (Hampton 1998: 42-5,62-5,156).

Por último, las crisis de desplazamiento interno derivadas de factores múltiples suponen una remota posibilidad de asistencia externa para asistir y proteger a los y las desplazadas. Por una parte, en la mayoría de estos casos, el Estado afectado tiende a mostrar una actitud hostil hacia la intervención externa. Por otro lado, los Estados interventores/donantes y las organizaciones humanitarias generalmente buscan mantenerse al margen de dichas crisis debido a que la complejidad de las condiciones que las generan aumentan las probabilidades de que las actividades para asistir a los y las desplazadas sean inútiles y costosas.5

IV. CONCLUSIÓN

Basándose en el trabajo de Zolberg et al., en el presente artículo se elaboró una tipología de desplazamiento interno donde se clasificaron emergencias contemporáneas de desplazamiento interno de acuerdo a sus fuentes de origen. En total, se dividieron 49 casos en ocho categorías, incluyendo conflictos en relación al orden social, conflicto armado internacional, catástrofes medioambientales, desastres naturales, desastres ecológicos, desplazamiento multidimensional y conflicto étnico, el cual, a su vez, fue dividido en cuatro subcategorías: conflicto comunal, victimización de minorías, secesión y jerarquía étnica. Dicha clasificación fue más tarde utilizada para examinar cuánto influían las diversas fuentes de origen del desplazamiento interno en la probabilidad de obtener asistencia y protección internacional para los y las desplazadas. Se reconoce que la naturaleza del desplazamiento interno ejerce una gran influencia en determinar si se materializa o no la ayuda a los y las desplazadas. Pudo observarse que las fuentes de origen del conflicto influyen en la postura del interventor/donante y del Estado afectado, así como también en la de las organizaciones humanitarias. Es más probable que los Estados interventores/ donantes y las organizaciones humanitarias cooperen con los desplazados internos cuando prevén una perspectiva positiva para una rápida resolución al conflicto y cuando las condiciones de seguridad en el campo permiten emprender operaciones de asistencia y protección en un ambiente que permita dicho trabajo. Al mismo tiempo, se sostiene que si los Estados afectados perciben a los desplazados internos como una población hostil, entonces es probable que bloqueen los intentos de ayuda externa; por el contrario, si perciben a los y las desplazadas como una población amistosa o al menos como una población que no representa un amenaza a sus intereses es más factible que accedan a la asistencia externa.

De acuerdo al análisis, el desplazamiento interno provocado por desastres naturales presenta la perspectiva más favorable para las operaciones internacionales de asistencia y protección a los y las desplazadas. Ello es producto de la naturaleza apolítica del desarraigo, lo cual induce a que los Estados y las organizaciones humanitarias cooperen con los desplazados internos. El desplazamiento interno generado por conflictos armados internacionales también favorece a los programas de asistencia, ya que los Estados tienden a ser receptivos con sus ciudadanos y así otorgan espacio a agentes extranjeros para llevar a cabo la asistencia y otras actividades a favor de los y las desplazadas. Esta postura positiva hace que aumente la voluntad de interventores/donantes y organizaciones humanitarias para brindar apoyo a los y las desplazadas. El desplazamiento interno inducido por factores ecológicos o de desarrollo presenta mayores dificultades para la concreción de programas internacionales para los y las desplazadas: mientras el Estado afectado tiende a mostrar una actitud negativa hacia los desplazados internos, los interventores/donantes y organizaciones humanitarias tienden generalmente a considerar estos problemas como asuntos internos y, así, usualmente prefieren evitar comprometerse. En conflictos que dicen relación con la distribución social de los recursos, los Estados en general no son necesariamente antagónicos a los y las desplazadas. Por su parte, los Estados interventores/ donantes y las organizaciones humanitarias muestran usualmente una disposición positiva a comprometerse en actividades de asistencia en estos casos, ya que perciben que no existe una mayor oposición a sus actividades por parte del Estado afectado.

El desplazamiento interno provocado por conflicto étnico, en especial por separatismo y conflicto comunal, presenta perspectivas poco promisorias para la materialización de iniciativas de asistencia y protección internacional. Mientras en el primero la postura negativa del Estado con respecto a los grupos pro independentistas normalmente ahuyenta a los interventores/donantes y a las organizaciones humanitarias, en el segundo el número elevado de partes luchando por obtener el control socava las alternativas de obtener iniciativas de asistencia. A su vez, también se señaló que los países afectados por desplazamiento interno inducido por guerras impulsadas por intereses en los recursos presentan probabilidades sombrías de recibir asistencia externa para los y las desplazadas. Ello deriva, por una parte, de la renuencia de las partes a admitir intervención externa, particularmente de los cooperantes, quienes pueden develar actividades ilegales y, por otra parte, de la actitud poco entusiasta de los interventores/donantes y organizaciones humanitarias, quienes se rehusan a gastar recursos en conflictos donde las partes no poseen un real incentivo de negociar. Por último, se argumentó que, como consecuencia de su complejidad, las crisis de desplazamiento interno provocadas por una combinación de factores presentan pocas probabilidades de atraer iniciativas extranjeras para asistir a los y las desplazadas. En estos casos, mientras los gobiernos afectados se muestran frecuentemente hostiles ante una intervención externa, los Estados interventores/donantes y las organizaciones humanitarias se muestran poco entusiastas en ayudar a los y las desplazadas, ya que consideran que su ayuda podría ser inútil o simplemente demasiado costosa.

De manera más general, este artículo muestra la importancia de incorporar el factor doméstico al análisis teórico de las condiciones que propician la intervención humanitaria en favor de población victimizada. Esta dimensión fuertemente omitida por la literatura necesita ser cubierta a efectos de generar un conocimiento más acabado y certero sobre este tema.

NOTAS

*El autor agradece la asistencia de investigación de Fernanda Marín, comentarios de Gil Loescher y Alan Dowty y ayuda de Nora Farfán y Myli Ayala. El autor reconoce el apoyo Fondecyt (proyecto 11060277).

1 Estados que intervienen y/o proveen asistencia y protección en casos de emergencias humanitarias caracterizadas por desplazamiento interno masivo.

2 Los países con un número de PDI bajo el umbral de inclusión son Armenia, Eritrea, México, Macedonia, Yemen y Uzbekistán.

3 La literatura sobre conflicto armado ha establecido que en muchos conflictos la incompatibilidad que originó el problema se desdibuja y el conflicto muta hacia uno en el que los beneficios económicos se tornan en el objetivo principal de las partes. Más que demandas ideológicas o étnicas, algunos de los beligerantes luchan para obtener el control sobre regiones con recursos naturales (Keen 1998; Muenkler 2003, Kaldor 2000).

4 La postura de Sri Lanka que aceptó la ayuda externa para los y las desplazadas que apoyaban a los rebeldes tamiles constituye una excepción a la regla (Seneviratne and Stavropoulou 1998: 359-67).

5 En el caso de las guerras impulsadas por intereses en recursos, las opciones para obtener ayuda externa para los y las desplazadas es baja. Por un lado, las partes muestran poco interés en el predicamento de los y las desplazadas, independiente de la filiación de las personas desarraigadas y generalmente intentan restringir la presencia de observadores externos, ya que no desean tener vigilancia externa. Las partes temen que la presencia extranjera pueda aumentar el escrutinio, entorpeciendo así sus actividades ilegales Por otro lado, un escenario en el cual las partes enfrentadas no luchan por objetivos políticos y perciben al conflicto armado como un vehículo para acumular riquezas, ahuyenta a los interventores/donantes internacionales y a las organizaciones humanitarias quienes, a su vez, temen que sus esfuerzos sean inútiles producto de un contexto donde no hay espacio humanitario (Kent 1987: 76-79; Keen 1998; Phuong 2004: 82-83).

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Andreas Feldmann es profesor asistente asociado del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se especializa en Relaciones Internacionales. Sus temas de investigación incluyen el uso del terror como instrumento de violencia política, conflicto armado, migración forzada y derechos humanos. Ha sido consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. (E-mail: afeldmann@uc.cl)