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Atenea (Concepción)

versión On-line ISSN 0718-0462

Atenea (Concepc.)  n.496 Concepción  2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622007000200011 

 

Atenea N° 496– II Sem. 2007: 169-175

RESEÑAS

Jaime Etchepare Jensen. Surgimiento y evolución de los partidos políticos en Chile, 1857-2003.

 

Concepción, Chile: Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2006.


 

EDUARDO TÉLLEZ LÚGARO
Profesor Universidad de Concepción y Universidad de Chile. Concepción. Chile.
E-mail: etellez@udec.cl

ENCICLOPEDIA –y en el mejor sentido que se le otorga usualmente a esta palabra (es decir, como obra culta, prolija y hábilmente condensada)– es este libro maduro y definitivo de Jaime Etchepare, historiador laborioso y prominente en el campo de la historia política chilena.

El rasgo enciclopédico del libro dado a estampa apenas ahora, enuncia de entrada el método al que se apega religiosamente Etchepare: exposición erudita, privilegio del enfoque analítico y positivista, reino del dato y de las notas a pie de página, en este caso provistas de mucha sustancia. Tanto que algunas se destinan a hacer verdaderas reseñas biográficas de los actores y personalidades que van apareciendo en escena. Nada queda aparentemente sin ser atado o conectado de alguna manera, en este tratado de largo aliento. Su escritor obviamente está pensando (y esperando) que su no menos paciente y sistemático lector (y hay que serlo para sobrellevar medio millar de páginas de escritura pareja y apretada) quede redondamente al tanto de la trayectoria oscilante de los partidos y fuerzas políticas que actuaron en Chile desde mediados del siglo XIX a los días que vivimos, sin dejarse guiar por el Góngora de Ensayo histórico sobre la noción de estado ni el Edwards de La fronda aristocrática, que ponen el acento o en la autonomía del aparato del estado frente a la sociedad, o en la lucha de la elite aristocrática por recapturar su conducción frente a un presidencialismo fuerte. Por el contrario, para Etchepare la clave explicatoria del funcionamiento del sistema político chileno son los partidos y las luchas y entendimientos transitorios que los dividen y unifican a través del tiempo.

Su enfoque queda enunciado desde el principio. El periodo que sustancialmente interesa a Etchepare es abordado a partir del lugar preferente que ocupan las modalidades del régimen político, del sistema electoral y la normativa que regulaba a las organizaciones partidistas. De esta guisa, se configuran cinco subperiodos caracterizados por un puñado de rasgos definitorios. A saber:
1. 1857-1891. Régimen Presidencial, sistema de lista completa, desde 1874 voto acumulativo en las elecciones de diputados y lista incompleta en las municipales; ausencia de normativa partidista, participación electoral débil, notable influencia del Ejecutivo a través de una activa intervención electoral.

2. 1891-1925. Régimen “Parlamentarista a la chilena” , voto acumulativo; ausencia de normativa partidista; participación electoral débil; pluripartidismo moderado.

3. 1925-1958. Régimen Presidencial, sistema proporcional d´Hontd, con especiales características; normativa partidista incipiente; participación electoral restringida; pluripartidismo exacerbado.

4. 1958-1973. Régimen Presidencial, pero con creciente influencia de las directivas de los partidos políticos; normativa partidista de mayor desarrollo; participación electoral amplia; pluripartidismo moderado.

5. 1989-2003. Régimen Presidencialista; normativa partidista más acabada y de alcances de mayor amplitud; participación electoral amplia; pluripartidismo moderado.

Por razones prácticas el estudio se aplica a seguir las vicisitudes de los colectivos políticos que gozaron de representación parlamentaria durante los cuatro subperiodos que van de 1857 a 1973, o que estuvieron legalmente inscritos en el registro electoral durante el último. Criterio que restringe considerablemente el espectro de fuerzas y actores que actuaron en esos 140 años por el mero expediente de dejar fuera del campo de estudio a quienes no tuvieron curules en el congreso. Pero es el criterio de autor, y aunque discrepemos de él, coherente con su concepción de reconstruir el existir y trayectorias partidarias a partir de un eje institucional necesariamente excluyente (el acceso a la rama legislativa del Estado). Por demás, con buena voluntad, el propio autor excede la norma que él mismo se impone, desde que tanto en el texto cuanto en el prolijo catálogo de partidos y movimientos que inserta como anexo, brindándonos información puntual o prolija, según la importancia del sujeto, de aquellas tiendas, alianzas y liderazgos que no necesariamente cumplían a cabalidad con el principio comentado.

La pasión por la información bien hilvanada lleva al hacedor de este libro a brindar un resumen decoroso de lo que fue la política de partidos y facciones en la independencia y la “década anárquica” que la continuó (1810-1830), así como de los rasgos que definen a la clase dirigente y al régimen impuesto en la era de hegemonía absoluta de las administraciones conservadoras (1830-1857). Pero el punto de despegue real del libro es el quiebre institucional de 1857 detonado por la cuestión del sacristán. De allí en más, el libro asienta su método expositivo, fundado en una división clásica y reconocible, como se desprende del hecho que las cesuras están determinadas por hitos que se vinculan con magnos eventos que han afectado la vida del Estado. A modo de ejemplo: el que corre entre 1891 y 1925 está enmarcado por el estallido de la revolución de 1891 y la caída de Balmaceda, en su extremo inicial, y por la aprobación de la carta de 1925, por su esquina opuesta. El que va de 1925 a 1938 queda demarcado por la entrada en vigencia de la carta de citas y el término de la segunda administración de Arturo Alessandri, vista aquí como de restauración civil. Y así en lo venidero.

Desde luego, cada periodo largo se analiza a través de las diversas presidencias y gobiernos que caen en la órbita del mismo. Así, la historia de los partidos se va desarrollando en estrecha cercanía con las fluctuaciones de los gobiernos de turno, particularmente con sus crisis y cambios ministeriales y, como no podía ser de otro modo, con las elecciones parlamentarias, municipales y presidenciales que son tratadas con competente prolijidad. Una forma tradicionalista que condiciona la progresión del texto a una disertación lineal y cronologista, coherente con el viejo principio de avanzar de lo más vetusto a lo más reciente sin autorizarse jamás para romper o saltarse por un breve momento el riguroso dispositivo secuencial que se ha adoptado, casi dogmáticamente. Semejante plan narrativo se consuma al precio de restarle agilidad y dinamismo pero con dividendos altos en la claridad, el orden y la competencia con que son vertidos y tratados los contenidos.

Dentro de este cuadro de cadencias, el corto apartado en el que se aborda las características de las prácticas y régimen electoral aplicado en el contexto de la entrada en vigencia de la carta del 25 es notable. La nueva constitución dispuso que “en las elecciones de diputados y senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos”. El sistema seguido fue el diseñado por el belga Víctor d´Hondt (o de “cifra repartidora”) pero sumamente reformulado. En todo caso, las modificaciones propendieron a incrementar el poder de las direcciones de los partidos sobre la masa sufragante.

El sistema D´Hondt sustituyó al voto acumulativo que primó en las elecciones de diputados desde 1874 a 1891 y que se generalizó desde entonces.
Inspirado en el régimen electoral belga, y dado el peso electoral y social que todavía mantenía el bloque de fuerzas conservadoras, fue diseñado pensando en otorgar a éstas una neta sobrerrepresentación parlamentaria. En lo sustantivo, en Chile “se le adicionaron modalidades encaminadas a robustecer la autoridad de los dirigentes de los partidos políticos sobre los elegidos y sus electores. Así ocurrió con las multiplicaciones, los votos de lista, las precedencias y los pactos electorales. Al mismo tiempo se conservaron rasgos del original tendientes a la misma finalidad como “las listas cerradas”. En términos operativos la legislación se expresaba en las siguientes peculiaridades:

Los partidos, uniones de partidos, entidades cívico-sociales o postulantes independientes agrupan a sus candidatos en listas, las que deben contener un número de nombres inferior o igual al de cargos que corresponda elegir. El elector puede marcar su preferencia por un individuo, voto personal, o por una lista, voto de lista; para determinar el número de elegidos asignados a las diversas listas: se suman las preferencias individuales y los votos de lista; lo que nos proporciona el total de sufragios de la lista. En seguida se calculaban los cargos que, en base a la proporción de apoyo popular recibido elegirían las distintas listas. Para ello se dividía el total de votos obtenidos por cada lista por uno, por dos, por tres y así sucesivamente hasta completar la misma cifra que representantes; senadores, diputados o regidores municipales, según el caso de que se trate, que deban ser elegidos en la agrupación electoral respectiva. Los coeficientes obtenidos se ordenaban en orden decreciente y aquel que coincidía con el número de cargos a elegir era la llamada “cifra repartidora”. A cada lista correspondían tantos electos como veces la cifra repartidora estuviese contenida en el total de votos recibidos por aquélla.

Determinar a los vencedores dentro de cada lista era una operación más intrincada que sería excesivo describir aquí.

En los hechos las normas impuestas privilegiaban ostensiblemente la posición de las direcciones partidistas que determinaban a voluntad el orden de
precedencia de los candidatos en las listas respectivas. Así, sus elegidos quedaban en ubicación expectable y con mejores posibilidades de resultar electos. Como se ve, la chilena fue una democracia electoral distorsionada por cúpulas y transacciones en que podía ser sacrificada “transitoriamente” la integridad de los principios.

Al efectuar dos o más partidos políticos pactos para afrontar los comicios – señala el autor– la constitución de las listas era objeto de verdaderas negociaciones comerciales, donde se transaban lugares a cambio de apoyos o posiciones destacadas en otras circunscripciones electorales; de tal manera que el partido “A” podía aliarse en la 2ª circunscripción con sus adversarios de la primera y así sucesivamente. Aún más: dentro de una misma zona electoral podían los partidos concertar pactos con fuerzas antagónicas en el mismo comicio a distintos cargos; ejemplo: los partidos “A”, “B” y “C” integran lista común en la elección senatorial de Tarapacá y Antofagasta contra el bloque formado por los conglomerados “X” e “Y” en Tarapacá y con “D” y “Z” en Antofagasta; mientras sus antagonistas pueden combinarse dentro de todo un abanico de posibilidades. Entre los años 1932 y 1957, estos hechos anómalos fueron la regla general y no la excepción. En la realización de los acuerdos electorales predominaban ampliamente las meras conveniencias políticas y las expectativas de obtener un mayor número de cargos de representación popular sobre los posibles programas comunes o afinidades ideológicas.

De otra parte, en el marco de la legislación electoral vigente los partidos adquirían las siguientes y temibles prerrogativas:
1) Eran los patrocinantes de las candidaturas a Presidente de la República, senadores, diputados y regidores; 2) dirigían y regulaban el funcionamiento del Parlamento a través de los comités parlamentarios; 3) a través de los mismos comités parlamentarios tenían supremacía en la composición de las comisiones legislativas; 4) utilizando el mismo expediente intervienen en la elección de las mesas directivas del congreso y mediante éstas participan e influyen en la formación e integración del Tribunal Calificador de Elecciones; 5) los estatutos de los partidos imponían la concesión previa del “pase” de sus directivas para los militantes que aspiraran a ocupar cargos de ministros, en el servicio diplomático o como funcionarios de confianza del Presidente.

Como se ve, con semejantes niveles de injerencia en la institucionalidad, el Chile anterior a 1973 (aunque también, y por virtud en parte de la nueva legislación electoral, del posterior a 1990), en teoría y si lo hubiese querido, habría podido estar en contra de los partidos pero no podría haber vivido sin ellos.

Habría que añadir que con no menor rigor se resume la evolución del nuevo régimen de partidos en el marco del binominal, cubriendo casi todo el
periodo de la transición con agudeza y lucidez.

Un encomiable anexo, presentado bajo la forma de “síntesis histórica y bibliográfica” de cada uno de los partidos tratados en el libro, es en verdad un completo diccionario de los mismos, de evidente utilidad en un medio que carece ostensiblemente de este tipo alfabético de registro.

En definitiva, Etchepare piensa, como lo avanza en las conclusiones (tal vez excesivamente extensas) que los políticos criollos mutan con demasiada y sospechosa frecuencia sus posiciones doctrinarias y su ubicación en el cuadro partidista (casos de Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo y Gabriel González Videla), pragmatismo que entra francamente en el campo bizarro del oportunismo; o que el cuerpo de legisladores electos por voluntad popular no tienen vinculaciones sinceras con las regiones a las cuales constitucionalmente representan y a las que utilizan y explotan sólo como plataforma de lanzamiento y figuración personal. A esto se agregan ángulos tanto o más desdorosos:

– un neto predominio de las dinastías locales y de los lazos de familia en senadurías y diputaciones;
– la propensión compulsiva a gestar formaciones efímeras para hacerse de éxitos pasajeros en torneos electorales, inconsistencia agravada por una generalizada anemia de militancia activa, incluso entre los partidos históricos de mayor relevancia;
– la instalación de alianzas partidistas con designios meramente electoreros y de corto plazo, desprovistas de propuesta programática.
– el monopolio asfixiante de los partidos que veda el desarrollo de candidaturas y fuerzas independientes;
– la imposición de legislaciones electorales hechas a la conveniencia de las frondas partidistas;
– una interminable guerrilla y conflictos de autoridad entre los mandatarios y los partidos que los llevaron al poder, poco dispuestos después a respetar las prerrogativas autónomas de los jefes de Estado;
– el intervencionismo persistente de conglomerados y fuerzas mayores y menores que enfilan, sin consecuencia alguna, discursos hostiles contra la misma democracia liberal en la cual no dudan en participar.

Probablemente, otros aspectos de igual o mayor connotación asumidos por este sólido libro pudieron entrar también en este puñado de conclusiones.

Verbigracia, por mentar sólo cuatro:

1. La cuestión de los financiamientos de campaña, uno de los temas más debatidos e impactantes de nuestra existencia republicana.
2. El largo predominio que hasta 1958 tuvo el fraude y el cohecho como prácticas habituales y extendidas, incluso en los partidos que los condenaban, vicios que desfiguraron la democracia y su capacidad de representación del demos.
3. El papel gravitante de las fuerzas de centro en el espectro multipartidista del siglo XX chileno.
4. La peligrosidad que revestía para la estabilidad del Estado la gestión de presidentes que entre 1925 y 1973 rigieron gobiernos de doble minoría, vale decir que conquistaron al Poder Ejecutivo sin mayoría absoluta y se apoyaron para ejercerlo en fuerzas parlamentarias que no controlaban cuantitativamente el Parlamento.

También hubiese sido deseable abordar aristas menos grises, a saber:

1. El incremento constante de la participación electoral
2. La sinergia aportada por las fuerzas partidistas a la sociedad civil en la tarea de ampliar la ciudadanía política y la igualdad de derechos cívicos.
3. La legitimidad indiscutible que los partidos tuvieron y siguen teniendo como instancia intermediaría pública frente al poder estatal dentro de una sociedad que, no obstante criticarles sin compasión, los prefiere en esa función a los sindicatos, gremios y a otros grupos corporativos y cuerpos intermedios. Pese a todo, en cada elección municipal o parlamentaria, el populus busca instintivamente apoyar la representación que pueda darle un candidato de filas y no la que le prometen personalidades antipartidos. Si bien ésa fue unaépoca innegable de la política nacional (1952-1964), si se mira en perspectiva de larga duración, cabe concluir que fue francamente breve y no tuvo capacidad de reproducción social. Como que entre 1964 y 1973, la masa electoral se volcó decididamente a favor de los partidos ideológicos. Y en la transición esa línea se ha mantenido sustantivamente. Tanto que aquellos liderazgos independientes y fustigadores de los partidos históricos que lograron concentrar caudales respetables de sufragios, no pudieron sostenerse por la mera fuerza de su magnetismo personal y vieron disolverse su capital electoral al no contar tras de sí con una fuerza partidaria organizada que operara como catalizador de esa transitoria popularidad. Incluso, personalidades de corte populista que consiguieron algún arraigo electoral, a la larga debieron plegarse a la tendencia y fundar su propio partido caudillista con miras a consolidar su ascendiente de masas, cierto que con poco éxito. Al fin y al cabo, en los últimos 15 años, los partidos han seguido imperando comoórganos predilectos (aunque fuertemente fustigados) de canalización de la soberanía popular. Un solo hecho lo confirma: En el Chile de hoy nadie podría seriamente aspirar a ascender a la Presidencia de la República sin una plataforma de partidos orgánicos. Y eso no ocurre por casualidad.

Con independencia de estas omisiones, Jaime Etchepare Jensen ha escrito, con bella presentación y bibliografía acabada, probablemente el libro más completo e informado de cuantos se hayan escrito en Chile sobre la historia larga de sus partidos.

 

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