Revista Ius et Praxis, 12 (2): 255 - 264, 2006

II. DOCUMENTOS

El "Factor humano" en la Justicia
(Hablando claro sobre el tópico "Justicia y Sociedad")*

Andrés de la Oliva Santos**

** Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid, España.

Todos sabemos, por haberlo comprobado personalmente, cómo un Juzgado, igual a otros en estructura, atribuciones y medios materiales, funciona de modo muy satisfactorio, junto a otros Juzgados iguales, de peor funcionamiento. Y lo mismo cabe decir de órganos jurisdiccionales colegiados: Tribunales, Cortes, Salas, Secciones, etc. Por eso, no es de extrañar que constituya un lugar común indiscutible la singularísima relevancia en la Justicia del llamado "factor humano": Jueces y Magistrados, Secretarios, Fiscales, etc. Y otro tópico no discutido es que la Administración de Justicia (o, la Justicia, para abreviar) no se encuentra herméticamente separada de la sociedad a la que sirve.

Estos dos tópicos repetidos a todas horas son, sin embargo, a todas horas contradichos. Porque de continuo se opina sobre la Justicia, se juzga su estado y se propone su reforma prescindiendo de la inmersión de la Justicia en una concreta sociedad.

Del mismo modo, se prescinde del "factor humano" y, sobre todo, no se relaciona con el estado de la sociedad, como si los servidores de la Justicia constituyesen una raza humana especial o habitasen en un medio social propio y herméticamente aislado.

Todo lo que a continuación diré puede sintetizarse en los siguientes puntos: 1º) El estado de la Justicia no debiera examinarse, evaluarse y ser objeto de reforma sin otorgar la máxima relevancia al "factor humano" (magistrados, fiscales, secretarios judiciales, etc.); 2º) Ese "factor" responde en gran medida al estado de la sociedad; 3º) El elemento humano de la Justicia estará a la altura de sus cometidos si no nos conformamos con que sólo refleje el ambiente social, sino que procuramos que lo lidere y lo lidere ejemplarmente.

Sentado lo anterior, miremos a la sociedad en que se encuentra inmersa la Administración de Justicia. Aquí me fijaré en la sociedad española y, por tanto, no todo será predicable de las sociedades de otros países, pero confío en el interés de las similitudes y de las diferencias, que cada uno apreciará.

No son pocos los elementos positivos apreciables en nuestra sociedad. Pero la sociedad también padece enfermedades nada leves, que nos afectan a todos. Vaya por delante que los males que voy a describir no son valiosos descubrimientos personales, del tipo de un asteroide o de un fósil de animal prehistórico. Son fenómenos negativos antiquísimos, como ligados a la endeble y falible condición humana.

La única "novedad" que pretendo aportar es una alerta clara e inequívoca sobre el recrudecimiento y la excepcional extensión y aceptación social, en las últimas décadas, de ciertas enfermedades sociales y sobre su intensa influencia en la Justicia. De ahí que haya escogido este tema, en vez de cualquier otro de entre muchos posibles. Al honor de ser invitado a pronunciar esta conferencia de clausura me ha parecido que debía corresponder con la exposición de lo que en verdad considero más preocupante, en vez de preferir un asunto técnico y quizá menos polémico.

He de precisar que no creo en culpas de la sociedad. Hay males en la sociedad a causa de fallos de muchos individuos (sobre todo, desde luego, de individuos en posiciones dirigentes y de influencia). De modo que traigo a colación esos rasgos negativos porque me parece necesario, no tanto conocerlos, sino, más precisamente, reconocerlos e identificarlos bien, como algo que no estimula sino que dificulta los esfuerzos personales positivos. Nada ganaremos, sino todo lo contrario, negando o disimulando una realidad, a espaldas de la cual es insensato analizar la situación de la Justicia y proyectar cualquier posible mejora.

Entrando de lleno en materia, veamos los dos siguientes fenómenos:

Estas dos crisis se relacionan íntimamente y forman una sola, pero, muy en síntesis, voy a exponerlas por separado, para después confirmar su conexión e interacción.

Veamos primero lo que he denominado la decadencia social del interés por la verdad de las cosas, que se descompone en varias diferentes manifestaciones, fuertemente entrelazadas, pero cada una de ellas digna de mención:

Desde las décadas finales del pasado siglo, asistimos a una consciente o inconsciente renuncia a la formación y a la expresión libres del pensamiento, a la adquisición libre de conocimientos y saberes y al abandono de la autenticidad de ese conocimiento como fruto del esfuerzo intelectual, en aras, todo ello, de lo que resulta conveniente o reporta utilidad. Se está llegando, así, al predominio del denominado pensamiento útil o utilitario.

Son muchos los fenómenos expresivos de la dimisión del esfuerzo de la inteligencia libre, que cede el campo a un trabajo intelectual concebido como mero apoyo de lo que se quiere.

En síntesis, no se quiere conforme a lo que se conoce y se piensa, sino que se piensa -y se habla, se escribe, se argumenta- conforme a lo que se quiere, a lo que interesa lograr, a lo que en cada momento puede ser útil.

Es también patente en estos tiempos el ocultamiento de la verdad y las verdades convenidas, con aversión a la transparencia.

A la vez, se observa indiferencia social hacia la falta de veracidad y práctica ausencia de sanción social a la mentira, cuando no su aceptación en muchos ámbitos como instrumento habitual, sin ni siquiera extrañeza. En el ámbito de la Justicia, resulta lamentable, p. ej., que se haya llegado a asumir que los testigos, por lo general, faltan a la verdad.

Es llamativa, asimismo, la acrítica y masiva aceptación de tópicos o fórmulas verbales, frecuentemente inanes, por carencia de contenido cierto, o falaces, por entrañar contradicción con la verdad, dobles sentidos, restricciones mentales engañosas, etc. La invocación de lo "democrático", lo "moderno", lo "progresista", etc., términos no unívocos que sustituyen argumentaciones y razonamientos, confirma el extendido clima de pereza y claudicación intelectual, al que se unen también importantes déficits éticos.

Por su parte, el debilitamiento del afán de aprendizaje reviste innumerables manifestaciones.

Una primera es la idea de que el aprendizaje ha de ser siempre fácil y rápido (por consiguiente, casi nunca a base de libros), nunca arduo, pues, en tal caso, procede rechazarlo. La permanente reforma de la enseñanza, también ahora la universitaria, pretende que caminemos por ese erróneo sendero de lo lúdico frente a lo esforzado y de las actitudes frente al conocimiento, incluso el científico.

Señalo, en segundo lugar, la aversión al estudio personal, con entronización, en su lugar, de la experiencia individual -casi siempre muy limitada- y de una delegación del estudio en otros individuos.

Así, las decisiones y el «conocimiento de causa» se disocian con excesiva frecuencia. De hecho, el «conocimiento de causa» corre demasiadas veces a cargo de quienes carecen de la responsabilidad de decidir. Y, entonces, el «conocimiento de causa», requerido como asesoramiento previo, pero irresponsable en cuanto a su influencia en las decisiones, se degrada y acaba adoleciendo de precipitación, falta de rigor y superficialidad.

¿Qué clase de sentencias y resoluciones pueden emanar de jueces y magistrados inmersos en un entorno con una mentalidad socialmente dominante de desapego al rigor intelectual y de superlativa inclinación a lo que individualmente parezca conveniente? Las citas de sentencias anteriores, ¿responden de verdad a una lectura y estudio previos o son más bien el fruto de las facilidades que brindan las bases de datos y la informática? Si los Magistrados de ciertos Tribunales disponen de letrados asesores que pueden elaborar borradores de resoluciones, ¿no se ahorran con demasiada frecuencia su personal estudio y reflexión sobre los asuntos, comparando a fondo el que han de resolver con otros parecidos -pero quizá no iguales- y aplicando sentido crítico a la consideración de los precedentes?

Otras manifestaciones del debilitamiento de la disposición a aprender, paradójicamente compatible con una constante insistencia verbal en la formación continuada, son el desdén hacia el consejo o el consejo como simple trámite formal; la incapacidad para escuchar; el diálogo como mero rito previo a la formación de la voluntad, a la toma de decisión, pero no a la formación de criterio, es decir, a la labor de conocimiento más cabal de la realidad; la cerrazón real a los argumentos que se oponen o se alzan como inconvenientes de la propia inclinación; la resistencia (no sólo en los medios de comunicación) a rectificar o la consideración de la rectificación como una debilidad inaceptable; etc.

En este ambiente, ¿puede florecer en los Tribunales una genuina atención a los argumentos de los consejeros jurídicos de los litigantes? ¿Cómo esperar que, de no ser compartidos esos argumentos, reciban razonada y cumplida respuesta? ¿Qué suerte espera a los recursos no devolutivos? ¿Cómo será verdadera la colegialidad de los tribunales pluripersonales?

En el ámbito de la crisis intelectual sitúo también la devaluación de conceptos como «prestigio», «autoridad», «experiencia», la desatención a los méritos reales y la aceptación, en su lugar, de «imágenes» construidas sin necesidad de trabajos que prueben los conocimientos y la experiencia respecto de ciertas parcelas científicas o de determinados aspectos de la realidad.

Se trata de una impostura objetiva, que, ante todo, conduce a que muchos oficios y funciones sean desempeñados por personas carentes del mínimo conocimiento y experiencia. Y como natural secuela del prestigio y la autoridad falseados, la actitud de esas personas no es nada proclive al aprendizaje ni abierta al consejo de los demás: han de mantener el tipo, se dice, esto es, no pueden comportarse sino de acuerdo con el «personaje» que encarnan y del que viven. Entre los muchos efectos de su actuación, me limitaré ahora a indicar que en sus decisiones de promoción de otros (Jueces, Fiscales, etc.) esas personas no aplicarán, sin duda, criterios distintos de los que a ellos les han ascendido o encumbrado.

Una segunda gran enfermedad social es la crisis ética enunciada al comienzo, crisis que he denominado el «boom» del individualismo egoísta o, a la inversa, el declinar del altruismo. El fenómeno, aparte de otras connotaciones, es de suma importancia, porque, si bien se mira, el sistema democrático es el que exige, para su autenticidad y fortaleza, las mayores dosis de altruismo en los miembros de la sociedad.

Hablo, he de precisarlo, de un individualismo en el que el principal o casi único motor de la actuación personal es el lucro o ganancia individual, sea en forma de dinero, de poder o de satisfacción anímica.

La inmensa influencia de la virtud individual en la vida social y política es una realidad descubierta y expresada por innumerables autores, al menos desde Platón y Aristóteles. No creo en la posibilidad de imponer la falta de egoísmo o el altruismo. Pero no creer en estructuras sociales y políticas determinantes de la ciencia y de la virtud es una cosa y, otra, bien distinta, es no reconocer que los individuos humanos pueden comportarse egoísta o altruistamente y que esa alternativa tiene gran relevancia en la vida social y política.

Ya he apuntado que existe un íntimo entrelazamiento entre la decadencia de la inteligencia y el «boom» del individualismo egoísta, al que ahora me referiré. Se trata de una interrelación muy antigua y de muy antiguo detectada. Pero es bueno recordar que los errores de intelección extravían el comportamiento y los fallos éticos provocan fallos intelectuales, que alimentan, a su vez, las deficiencias de actitud y conducta. Se trata de un circuito cerrado, de un verdadero «círculo vicioso».

Sentado todo esto, prosigo con la enunciación de diversas manifestaciones de un individualismo egoísta, notablemente perturbador para la res pública.

La primera manifestación del individualismo egoísta es una pérdida u olvido, en distintos aspectos de la vida, de lo que tradicionalmente se entendía como "bien común" o "interés general". En demasiadas personas, parece inexistente o anestesiada la conciencia que impulsa a procurar el bienestar de otros y, en la práctica de las profesiones, se diría que existe mucha menos inclinación a entenderlas y vivirlas como un servicio, del que el profesional se siente satisfecho y hasta orgulloso, sabedor, además, que la prestación de ese servicio, con buena calidad, es el elemento determinante de su legitimación y prestigio sociales.

Algunos extendidos fenómenos de corrupción se excusan habitualmente por las bajas retribuciones, pero otras muchas manifestaciones de corrupción carecen por completo de esa excusa. En el ámbito de la Justicia, sin hablar de corrupción con la connotación delictiva de ese término, advertimos cómo, p. ej., un sistema en que parte de la retribución viene determinada por el cumplimiento de unos módulos temporales de trabajo, puede acabar pervirtiendo el ritmo de ese trabajo y determinando notables retrasos en la notificación de resoluciones ya dictadas, amén de infracciones legales en cuanto al tipo de resolución (dado su distinto valor retributivo), con distorsión no pequeña de la estadística judicial.

El individualismo egocéntrico se proyecta socialmente, con toda coherencia, en una llamativa acentuación del corporativismo, entendido, lato sensu, como consolidación interna e intensificación de la acción, defensiva y expansiva, de toda clase de corpora aglutinados por intereses de clase o grupo social, profesional o político con perfiles propios. Estos intereses son mera prolongación y amplificación del interés individual de los miembros del corpus de que se trate. La sectorialización del interés ocluye la mente, de manera que ésta deviene incapaz de visiones de conjunto, de panoramas amplios. El pensamiento utilitario apoya esa oclusión.

Tal vez el declinar de asociaciones y partidos fundados en ideales comunes corra en paralelo con el auge de los grupos de intereses, que no se persiguen en subordinación o con ciertos límites marcados por el «bien común» o el «interés general» o, incluso, por las atribuciones, facultades y competencias legalmente establecidas, sino, ilimitadamente o, a lo sumo, con mero respeto formal a la legalidad.

Llevo años advirtiendo un enfoque excesivamente corporativista de los problemas de la Administración de Justicia por parte de los principales protagonistas de ella, atomizados en sectores sin apenas apertura a otra realidad que no sea la más cercana y propia y, en ciertos casos, con lamentable desprecio de la realidad y de los problemas generales.

Esto supone, no sólo escasez de vigorosos resortes internos para la deseable y necesaria mejoría del estado de la Justicia, sino la existencia de importantes obstáculos derivados de los intereses corporativistas. Es un hecho que esos intereses determinan la ausencia de reformas necesarias y posibles o la realización de reformas desacertadas, contrarias al interés general. Y es un hecho que, junto a movilizaciones contundentes de jueces en pro de una retribución más alta, no las ha habido en defensa de la inamovilidad de todos los juzgadores y ni siquiera de la independencia judicial. Así, no es de extrañar que vivamos momentos en que públicamente se parte de la premisa de que la Justicia no es independiente. Algún Gobierno se atreve a prometer "aflojar la presión judicial" sobre "el entorno" de una organización terrorista y, al menos, el "entorno" y muchos medios de comunicación así lo esperan.

El individualismo egoísta y el pensamiento utilitario conducen a un incremento considerable de la influencia del poder de todo tipo, pero, a fin de cuentas, del que sea capaz de procurar una retribución gananciosa, económica o de otra índole, al individuo o al colectivo corporativista.

Con otras palabras: a la real capacidad transformadora del poder, se añade un considerable plus subjetivamente puesto por el interés individualista o corporativista. Esta influencia incrementada del poder se hace sentir, en sentido positivo, como especial atracción y disposición a la adhesión, y en sentido negativo, como una muy intensa disuasión de la oposición y, antes aún, de la discrepancia o, en suma, de todo lo que pueda ser entendido como susceptible de generar en el poder nula disposición a la retribución, indiferencia y no digamos malevolencia o represalia. Ahí está el pavor a resultar políticamente incorrecto o al llamado "linchamiento mediático".

El temor al poder y el deseo de adquirir y mantener «buena imagen» y buenas relaciones con el poder inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos y la defensa de garantías básicas de la independencia judicial. Se llega a no defender la más elemental dignidad de las profesiones relacionadas con la impartición de la justicia. Así, hay jueces a los que no parece importarles que se les despoje de muchas e importantes decisiones procesales y hay órganos de gobierno de la Justicia, garantes de su independencia, que no defienden con claridad y contundencia estar exentos de responsabilidad parlamentaria.

El individualismo enfermo trastoca, de hecho, la normal asunción de la responsabilidad personal, sometiéndola a una suerte de «beneficio de inventario»: se responderá de lo que resulte conveniente reconocer como propio, por previsiblemente ganancioso; y se eludirá, en cambio, responder por lo que pueda acarrear inconvenientes.

Se observan también numerosos fenómenos de responsabilidad colectiva inconcreta, equivalentes a un anonimato encubridor de la responsabilidad de cada cual. Son mecanismos de responsabilidad que se asemejan externamente al de Fuenteovejuna, pero sin el riesgo personal ni el sentido de solidaridad de los personajes individuales del drama.

En este estado de cosas, ¿por qué habría de extrañarnos que, al dictar resoluciones y sentencias, algunos pongan el afán de agradar al poder o el temor de desagradarlo, por delante del servicio al Derecho y a la justicia, dejando a un lado la independencia judicial, con todas sus garantías? ¿Por qué asombrarse de que se procure que otros (la sala sentenciadora, en vez del Juez de Instrucción o del Fiscal, p. ej., que quizá se apoyaron en pruebas inadmisibles) aparezcan como responsables de un resultado judicial cuando lo reprueba la opinión pública o ciertos sectores sociales?

Para ir terminando, quisiera reiterar los siguientes puntos:

La rectificación de todos los errores e injusticias generados en una tal sociedad es una tarea absolutamente desproporcionada a la entidad y los medios de la Justicia.

En la sociedad y, sobre todo, en sus dirigentes, debiera existir lucidez suficiente como para comprender estas dos cosas: 1ª) que nunca pueden los tribunales resolver plenamente todos los problemas humanos, ni siquiera los que presentan relevancia jurídica; 2ª) que, en determinados momentos históricos, en que alguna patología social se dispara, es singularmente grave el desfase entre los casos judicialmente procesables y las posibilidades de resolverlos satisfactoriamente. Pondré un solo ejemplo: si hay demasiados procesos penales y, en promedio, duran demasiado, ¿cabe desentenderse de la realidad de un exceso de comportamientos criminales? ¿No habría que inquirir los factores generadores de ese realidad? ¿No habría que actuar decididamente sobre ella, en vez de esperar imposibles de la Justicia penal?

Las respuestas no ofrecen duda, pero la praxis política no es coherente con ellas y descubrimos que muchos dirigentes políticos prefieren dar la espalda a la realidad que deploran verbalmente y culpar o hacer que se culpe de ella a la Justicia o aprovechar sus fallos para dilatar la solución de asuntos, o dejar que se pudran enviándolos a los tribunales.

Y es que existe, desde hace mucho tiempo, una aversión más o menos soterrada hacia la Justicia por parte de buen número de dirigentes políticos y sociales, de varios colores, que no comprenden bien y que, en todo caso, rechazan la independencia judicial, además de desconocer casi por completo la compleja realidad de la Justicia.

Se unen para producir este resultado el impacto de los factores, ya descritos, de crisis intelectual y ética, la mala imagen de la Justicia inherente a la que he denominado en otro lugar crisis publicitada y la antipatía sentida hacia lo que, a la postre, es el mejor sistema de control del poder, un sistema que no puede ser abiertamente criticado, pero cuya efectividad no suscita ningún interés en innumerables políticos.

Esta situación no es, desde luego, algo que sucede en la Justicia, un mal interno que ella sufra, pero es una situación que le hace daño y no pequeño. No implica un genuino interés por la buena salud de la Justicia. Al contrario, favorece todas las reacciones y «salidas» más superficiales y fáciles (falsas «salidas») ante los problemas. Quiero subrayar que, inevitablemente, esas «salidas» o «soluciones» fáciles no es que incluyan, sino que consisten casi siempre en claudicaciones ante los elementos de crisis intelectual y ética presentes en la Justicia.

Así, el estado de la Justicia no sólo no mejora, sino que se alarga el horizonte temporal de su deseada recuperación. Desde los mundos político y judicial no confluyen esfuerzos positivos de reforma, con altura de miras y primordial atención a las necesidades de los justiciables. Más bien se busca y se logra coincidir en cambios sin mala imagen social, publicitariamente "vendibles", pero insignificantes o negativos para la generalidad de los sujetos jurídicos, justiciables en acto o en potencia, aunque son cambios bienvenidos o cuando menos aceptables para los intereses corporativistas y ventajosos para el poder ejecutivo.

Voy a terminar. Esta intervención dista mucho de lo oficialmente correcto. Se basa en una realidad de la que ahora me ha sido imposible ofrecer más ejemplos. Es una realidad preocupante. Pero no ha sido ni es mi único propósito describir, con sus causas, un estado de cosas entristecedor. No se trata de un mundo ante el que sólo quepa cruzarse de brazos, a la espera, poco esperanzada, de que otros ("los demás") reaccionen y de que el "elemento humano" de la Justicia mejore milagrosamente.

Los procesalistas, los juristas, podemos y debemos reaccionar. Es de suma importancia que, sin denuncias crispadas, con serenidad y razonamientos, no dejemos de señalar todas y cada una de las desviaciones de la legalidad de que tengamos noticia. No hemos de silenciar tampoco ningún menoscabo de la independencia y de la dignidad de la Justicia. No hemos de aceptar como desgracias inevitables las concesiones a intereses corporativistas o la disminución de exigencias objetivas para acceder a las profesiones judiciales o para ascender en ellas. Asimismo, puede ser decisivo que, en vez de callar o dar noticia acrítica o complaciente de esta o aquella sentencia o resolución desacertada, la glosemos con rigor jurídico. No es menos importante señalar el carácter ejemplar de las sentencias que manifiesten un trabajo concienzudo y acertado.

Los procesalistas que ejercen la abogacía, en particular, tienen el deber moral, cívico, de no tolerar en silencio situaciones del foro que carezcan de justificación y hayan de enmendarse: retrasos excesivos, desconsideración a las personas, infracciones legales, etc. Quizá reaccionar ante esas situaciones no sea lo más cómodo, pero es lo más decente.

Quienes desempeñamos la docencia universitaria no podemos conformarnos con una fría exposición de los principios e instituciones del Derecho procesal. Es preciso proporcionar elementos racionales y ejemplos que generen una sólida formación jurídica básica, que, por su misma naturaleza, incluye amor a la justicia y es incompatible con el utilitarismo intelectual y el individualismo egocéntrico. Así, promociones enteras de graduados en Derecho se dispondrán a trabajar con fuertes defensas frente a las enfermedades intelectuales y morales aquí señaladas. Y, lo que es más importante que esas "defensas": trabajarán con un bagaje intelectual y ético, que no ha perdido ni un ápice de atractivo para la inmensa mayoría de las personas en los más diversos ambientes y grupos sociales. Esos nuevos profesionales trabajarán bien y suscitarán adhesiones y afán de emulación.

No creo en reformas estructurales de mágicos efectos, aunque todos somos capaces de identificar cambios necesarios. Pero los cambios positivos en el "factor humano" de la Justicia no pueden ser otra cosa que cambios en las personas que protagonizan la Justicia. Y esos cambios sólo se producirán -soy optimista- si no hay conformismo ante lo negativo y existe, en quienes estamos en mejores condiciones de influir, la determinación indeclinable de promover y exigir razonadamente un comportamiento ejemplar -no común, sino ejemplar- en quienes, de una forma o de otra, hacen la Justicia de cada día.

Con otras palabras: no hemos de aceptar que la Justicia simplemente refleje el estado de la sociedad. Hemos de luchar pacíficamente para que la Justicia, con superioridad intelectual y ética respecto de otros ámbitos, pueda cumplir su específico cometido y a la vez liderar, por ejemplaridad, una renovación social muy necesaria.

* Conferencia de clausura de las XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. Málaga, 27 de octubre de 2006.