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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.9 n.2 Talca  2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122003000200009 

Revista Ius et Praxis . Año 9 . Nº 2

III. JURISPRUDENCIA

UNA SENDA QUE MERECE SER TRANSITADA:
LA SENTENCIA DEFINITIVA DE CASACIÓN DE LA
QUINTA SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DE
SANTIAGO, ROL 11.821-2003, CASO MIGUEL ÁNGEL
SANDOVAL RODRÍGUEZ

Humberto Nogueira Alcalá (*)

En esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, emitida con fecha cinco de enero de dos mil cuatro, respecto del caso de la detención y desaparición de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, donde los procesados Fernando Laureani Maturana y Miguel Krassnoff Marchenko, dedujeron recurso de casación en la forma respecto de la sentencia definitiva condenatoria, emitida por el catorce de abril de dos mil tres de primera instancia, junto con mantener sentencias definitivas condenatorias, se realizan algunos razonamientos e interpretaciones jurídicas en materia de derechos humanos que es conveniente comentar, constituyendo una línea jurisprudencial que integra los tratados internacionales de derechos humanos y que asume los parámetros interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia ratifica la tesis del secuestro como delito permanente y continuo, que crea el estado delictuoso que se prolonga en el tiempo, subsistiendo la lesión del bien jurídico, de acuerdo con el artículo 141 del Código Penal, posición jurisprudencial que ha mantenido la Sala penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

En materia de derechos humanos, la Corte de Apelaciones interpreta y aplica las Convenciones de Ginebra de 1949 sobre derecho humanitario, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y diversos principios aprobados por resoluciones de Naciones Unidas sobre la materia, como asimismo, utiliza las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parámetro interpretativo necesario de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de los casos Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz y Barrios Altos.

La Corte de Apelaciones, en su considerando 45, determina que el inciso 2 del artículo 5 de la Constitución, modificado por la reforma constitucional de 1989, establece como límite del ejercicio de la soberanía los derechos humanos asegurados por tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, incorporando tales derechos dentro del bloque constitucional de los mismos, siendo ellos parámetro necesario del juicio de constitucionalidad y aplicabilidad de las demás normas que integran el orden jurídico nacional. Para ello, se asume una interpretación sistemática, contextual y coherente con el objeto y fin de la reforma constitucional de 1989, apoyándose en doctrina nacional autorizada y diversos precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia.

Dentro de este contexto, se señala por la Corte de Apelaciones que el delito de secuestro en la situación en que se produjo, en el plano internacional corresponde al delito de desaparición forzada de personas, descrito en el artículo II de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas vigente, suscrita por el Estado de Chile y en vigencia internacional. En este ámbito, la Corte de Apelaciones, haciendo una correcta interpretación de la Convención sobre Derecho de los Tratados, ratificada por Chile y vigente, por tanto, parte del derecho interno, con aplicación preferente en la materia por ser norma especial y posterior, respecto de las reglas de interpretación del Código Civil, establece el deber de los Estados que han suscrito un tratado a no realizar acción alguna que frustre el objeto y fin de la Convención. No está demás señalar que dicha Convención determina que la desaparición forzada de personas constituye una gravísima ofensa a la dignidad intrínseca de la persona humana, de carácter inderogable, como asimismo, un crimen de lesa humanidad como lo estatuye el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su artículo 7, además de estar contenido en las resoluciones N 3.074 (XXVIII), de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre Principios de cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y la Resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992, aprobada por la Asamblea general de Naciones Unidas que determinó la Declaración sobre protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Así, la desaparición forzada de personas constituye un delito que afecta diversos derechos humanos, como son el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a no ser sometido a tortura y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de poner en peligro gravemente la vida.

La Corte de Apelaciones de Santiago considera como interpretación fidedigna y suprema de la Convención Americana de Derechos Humanos, aquella emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que asume como parámetro interpretativo de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, concretando fidedignamente la obligación de los órganos de los Estados Partes de la Convención, de cumplir de buena fe las obligaciones que emanan de ella, lo que implica que los derechos contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica son de ejecución directa e inmediata, salvo excepciones, como lo ha señalado la Corte Interamericana, la cual en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, de 1988 y 1989, respectivamente, entre otros muchos, determinó que la obligación de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1. de la Convención, exige a los Estados Parte organizar todo el aparato gubernamental y todas las estructuras en las que se manifiesta el ejercicio del poder público de manera de asegurar jurídicamente el ejercicio de los derechos. Asimismo, de dicha obligación se deriva que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y, en su caso, restablecer, si es posible, el derecho violado, y reparar los daños producidos.

El fallo de la Corte de Apelaciones, finalmente, asume los parámetros interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos del Perú, sentencia de fecha 14 de marzo de 2001, en que dicha Corte determina que "son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", como se sostiene en el considerando 84 de la Sentencia. En el mismo considerando se transcribe la parte respectiva de la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altos, en que se determina que la aplicación de leyes de autoamnistía, constituye una violación flagrante de los artículos 8 y 25, en armonía con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo lo cual, lleva a concluir a la Corte de Apelaciones de Santiago, la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales integran el bloque constitucional de derechos fundamentales, careciendo las primeras de efectos jurídicos, no constituyendo, por tanto, un obstáculo para la investigación y sanción de los responsables de tales delitos.

Es del caso recordar, además, como lo señaló la Corte Interamericana en la sentencia del caso La última tentación de Cristo, que la responsabilidad del Estado por violación de derechos se establece no sólo por actos del gobierno o la administración, sino por actos, resoluciones o normas emanadas de cualquier órgano estatal, incluyendo las resoluciones o sentencias de los tribunales de justicia del Estado Parte.

La sentencia comentada se inserta en la línea correcta de considerar que la Constitución no es una norma hermética, sino un texto abierto que posibilita la incorporación de derechos o mejores garantías de ellos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cuyo es el contexto, sentido y fin de la reforma de 1989 al inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, asumiendo la mejor doctrina y jurisprudencia latinoamericana de Cortes Supremas y tribunales constitucionales de Argentina, Colombia, Costa Rica y Ecuador, entre otros países, como asimismo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, en el ámbito continental es la última palabra en materia de derechos humanos, posibilitando así un estándar continental mínimo de respeto y garantía de tales derechos.


(*) Doctor en Derecho, Universidad de Lovaina, Bélgica. Profesor Titular de Derecho Constitucional y Director del Centro de Estudios Constitucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Chile.