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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.7 n.2 Talca  2001

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122001000200028 

  Ius et Praxis Año 7 No 2: 521- 531, 2001

RECENSIONES Y COMENTARIOS

Derecho Civil de la Persona del Genoma al Nacimiento

Figueroa Yáñez, Gonzalo, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, 308 Páginas

 

Rodrigo Soto Silva (*)

(*) Profesor de Derecho Civil e Introducción al Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca


 

1

Dedicado al tratamiento jurídico de la vida humana en gestación, este libro constituye, en los planes de su autor, la primera etapa de un proyecto de mayor envergadura cuyo propósito original es estudiar los derechos esenciales de la persona, desde una perspectiva civil, abarcando de ese modo, la protección jurídico civil de la persona, desde los comienzos de la existencia humana y hasta la muerte.

El estudio comprende desde la fecundación ­momento en que tiene lugar la configuración del genoma humano­ hasta el nacimiento, es decir, limítase este primer tomo al tratamiento jurídico civil de la vida humana dependiente, "habiendo diferido para otra ocasión ­nos dice el autor­ el tratamiento de los derechos, igualdades y libertades de que es titular el individuo, a partir del nacimiento y hasta su muerte" (p. 28). Dada su evidente conexión con los temas del libro, aborda también el profesor Figueroa, los problemas referentes al status y regulación jurídica de los gametos humanos.

Es posible que el lector considere con cierta perplejidad el subtítulo de la obra: "Del genoma al nacimiento". Ninguna persona de cultura media ignora que el genoma es un elemento consubstancial a la existencia del ser humano. De ahí que, más que inicio o término de alguna de sus etapas en particular, el genoma es potencia vital, que informa y anima, de principio a fin, el ciclo vital humano.

Más aún, nuestro genotipo, es decir, el conjunto de caracteres hereditarios de posible expresión a lo largo de nuestra vida, existe, incluso antes de que comience a germinar la vida propiamente individual, así lo corroboran hoy, los estudios sobre el carácter totipotencial de las más tempranas células embrionarias, y así lo indicó, siempre, la existencia de los llamados gemelos monocigóticos.

No se nos escapa, por tanto, y mucho menos al autor de la obra que comentamos, que, si bien la vida humana tendrá su punto de inicio normalmente en la fecundación de un óvulo por un espermio (o en la singamia, si se quiere usar ese término más estricto), dicho inicio puede situarse, también, en fenómenos distintos de la fecundación, como es el caso de la división de células madre o la utilización del genoma de un ser humano preexistente.

2

En cuanto a su estructura, el estudio se divide en tres partes principales:

La primera de ellas (páginas 17 a 67), lleva por título "Los derechos de la persona en general" y refleja bien la motivación teórica que inspira todo el trabajo: examinar en perspectiva civil los derechos esenciales de la persona. En esta parte preliminar, el autor expresa su concepción de los derechos fundamentales como derechos que encuentran su fundamento último en exigencias éticas o de moralidad que el ordenamiento jurídico reconoce o incorpora. Sigue, asimismo, el autor, las tesis defendidas en su momento por el profesor Fernando Fueyo, para argumentar la utilidad del Derecho Civil como medio para la adecuada y completa protección de los derechos esenciales de la persona. Retoma, a ese respecto, la teoría civil de los llamados derechos de la personalidad, recordando, en forma somera, algunos de los problemas que la doctrina comparada ­fundamentalmente italiana y alemana­ discutió en su momento como parte de aquella teoría1. Propone, en fin, media docena de criterios para la clasificación de tales derechos2.

La segunda parte, la más extensa del libro (páginas 71 a 229), se titula "La vida humana dependiente", y en ella se aborda especialmente el problema concerniente al estatuto jurídico del genoma, de los gametos humanos y del embrión humano. En relación con este último, se propone una de las tesis centrales del libro y que supone distinguir la situación del llamado preembrión o embrión preimplantatorio de la situación del embrión una vez que éste ha anidado, o ha sido implantado, en el útero de la mujer.

A partir de lo anterior, examínase, en la segunda parte, una amplia variedad de problemas, todos de candente actualidad, relacionados con la vida humana en gestación. Entre otros, podemos citar, el aborto, las intervenciones sobre el genoma, el diagnóstico y la terapia prenatal, la eugenesia, la determinación de la muerte de embriones y fetos, y la clonación reproductiva y no reproductiva de seres humanos.

Como se comprenderá, los temas tratados en esta segunda parte del libro, no pocas veces demandan, de parte del autor, un pronunciamiento de lege ferenda, y, casi siempre, una consideración de las experiencias del derecho comparado. Con respecto a lo último, cabría comentar que dichas remisiones a la experiencia comparada, si bien ricas en su variedad, no siempre son todo lo rigurosas que pudiera esperarse en un estudio de esta naturaleza, y pongo de inmediato por ejemplo el caso de la jurisprudencia española, cuyo tratamiento en el libro puede estimarse particularmente deficiente. A esta segunda parte del texto, dedicaré la parte final de mi comentario.

Por último, en la tercera parte del trabajo (páginas 233 a 256), denominada "La filiación", después de hacer una breve historia de la evolución experimentada por las normas sobre filiación en nuestro país, el autor subraya el principio básico de igualdad, que rige hoy en materia filiativa en Chile, distinguiendo, a la vez, en la legislación vigente, tres formas diferentes de acceso a la filiación, a las que denomina respectivamente: genética (ex artículo 179 del Código Civil), adoptiva (ex Ley 19.620), y legal (ex artículo 182 del Código Civil).

3

Finalmente, y aunque no es este el lugar apropiado para comentar exhaustivamente las diversas conclusiones propuestas por el profesor Figueroa, quisiera examinar ­críticamente­ algunas de las afirmaciones que resultan vertebrales a lo largo de su libro. Me refiero, sobre todo, a la tesis que el autor defiende con relación al status jurídico de la vida humana en gestación y, en particular, al status que cabría reconocerle a ésta en el contexto del ordenamiento jurídico nacional.

Quisiera, para ello, enunciar rápidamente, algunos de los rasgos que caracterizan las tesis defendidas por el profesor Figueroa:

i) Frente a la pregunta ¿cuándo surge el individuo humano como sujeto de protección por parte del derecho? o en las palabras de la Constitución y el Código Civil chilenos ¿cuándo surge el que está por nacer? nuestro autor decide que ello ocurre en el momento de la implantación del embrión en el útero de la mujer. Previo a que dicho evento, altamente incierto3, tenga lugar, debe estimarse, en opinión del profesor Figueroa, que el embrión humano es una cosa, homologándose así su status, al que cabe reconocerle, por ejemplo, a los gametos humanos (si bien, y como se precisará enseguida, la igualdad general de status no necesariamente ha de trasuntarse en una estricta igualdad de trato). En cambio, afirma Figueroa, desde su implantación, el embrión adquiere el carácter de sujeto de derechos.

ii) La anidación marcaría, así, a juicio de Figueroa, una línea divisoria, traspuesta la cual, el embrión humano dejaría de ser cosa para convertirse en sujeto de derechos. A esa tesis básica, el autor introduce las dos matizaciones que a continuación se señalan:

iii) Por una parte, nos dice, afirmar que el embrión preimplantatorio debe ser considerado una cosa, no implica postular que el mismo debería recibir la regulación jurídica propia de cualquier cosa. En efecto, y en mérito a que el embrión, incluso en tan incipiente etapa de desarrollo, encarna el valor de la vida humana, su estatuto debe contener, en opinión del autor, especiales restricciones (relativas, por ejemplo, a su utilización o a su comercialización) que sobran en el caso de otros tipos de cosas.

iv) Afirmar, por otra parte, que debe reconocerse al embrión ya implantado la condición de sujeto de derechos, no implica que deba suponérsele titular de todos los derechos de que puede eventualmente ser titular un sujeto. Siguiendo a Romeo Casabona4, el autor se apresura a proporcionar ejemplos de derechos cuya titularidad difícilmente podría ostentar un embrión, tales como "el derecho a la libre sindicación".

Y, ejercitando esta vez su propia inventiva, además de un saludable sentido del humor, añade todavía el profesor Figueroa, por si el punto no fuese ya claro, "la inviolabilidad de la correspondencia", entre muchos otros derechos de los que el embrión no podría ser nunca titular (p. 146).

v) Al sostener que el embrión humano en su fase preimplantatoria es una cosa, el autor se aparta de la posición que puede estimarse como predominante en la doctrina comparada y que prefiere mantenerse en una cierta indefinición, al caracterizar de modo puramente negativo al embrión preimplantatario, diciendo que no es ni persona ni cosa, sino, como suele leerse, una entidad de naturaleza sui generis5. Esa fue, también, por lo demás, la tesis mantenida por el profesor Figueroa en un libro anterior, al que dio el título Persona, pareja y familia6, y que ahora abandona a favor de esta tesis cosificadora del embrión preimplantatorio.

vi) Consecuente con lo anterior, poco o nada tiene que objetar el profesor Figueroa a la distinción, de común aceptación, en la comunidad científica y en el derecho comparado, que señala al decimocuarto día posterior a la fecundación, como un límite perentorio a la licitud de la manipulación embrionaria.

vii) La tesis expuesta por el profesor Figueroa puede calificarse, además, como una tesis gradualista, tanto en un sentido moral, por cuanto afirma que "la fecundación, y luego, la gestación, constituyen un proceso largo en que el embrión primero y el feto después, se van acercando paulatinamente a la plena personalidad" (p. 130), como en un sentido estrictamente jurídico, en tanto mantiene, por ejemplo, que "la protección del que está por nacer adquirirá rango constitucional pleno desde el día del nacimiento" (p. 159).

viii) Se aprecia, por último, en las tesis que el profesor Figueroa defiende en este libro, una disociación de las nociones de personalidad en sentido jurídico y sujeto de derechos. Sigue así, Figueroa, una línea semejante a la expuesta, en España, por el profesor José Bustos en un libro de 19967. En el caso de Figueroa, sin embargo, su opinión parece ser que dicha disociación existe ­de hecho­ en el ordenamiento jurídico nacional actualmente vigente, al tiempo que postula, de lege ferenda, la equiparación de ambas nociones mediante un adelantamiento de la última al momento de la anidación del embrión en el útero.

Caracterizadas, siquiera en sus notas más salientes, las tesis centrales que el estudio formula en relación con el status jurídico del nasciturus, cabe esbozar, ahora, un par de observaciones críticas:

Me parece criticable, en primer lugar, una manifiesta falta de definición en la tesis que Figueroa propone en relación con el embrión ya implantado. En principio, uno pensaría que dicha tesis, con todo lo cuestionable que pudiera parecernos, queda resumida en el sorprendente título que el autor dio al acápite 38 de su obra: "El embrión implantado, como titular de derechos, es en verdad persona, aunque el ordenamiento jurídico le niegue tal atributo" (p. 150). Sin embargo, al leer con detención, se concluye, más bien, que lo que el autor quiere hacer es, en verdad, una propuesta de lege ferenda, pues juzga "indispensable modificar la actual redacción del artículo 74 (del Código Civil), reuniendo en una sola fecha la existencia natural y la existencia legal, la cual creemos que debe corresponder al momento de la implantación del embrión en las paredes del útero" (p. 150).

Luego, cuando Figueroa afirma que el embrión implantado "es en verdad persona" lo que quiere decir es que, a su juicio, debería serlo. Y el argumento que esgrime a favor de su propuesta es que, aunque el embrión no sea hasta ahora persona en los términos del artículo 74 del Código Civil, éste sí es, de nuevo a su juicio, sujeto de derechos. Lo que significa que, en opinión de Figueroa, nuestro ordenamiento jurídico extiende actualmente la calidad de sujeto de derechos, no sólo a las personas, sino, también, a entidades que, no son, desde el punto de vista del propio ordenamiento, persona.

O, por lo menos, esa es la impresión que el lector podrá conservar hasta leer, un poco más adelante, a propósito del aborto, que el autor entiende haber "sostenido anteriormente que el sujeto de derecho (e incluso, la persona) empieza con la implantación del embrión en las paredes del útero" (p. 219). Insisto, entonces, en que el texto del profesor Figueroa adolece, en mi opinión, de una falta de claridad y definición en la formulación de las tesis que plantea.

Por otra parte, y con independencia de cuál de las varias interpretaciones posibles se desee asignar a la propuesta del autor con respecto al status jurídico del embrión ya implantado (elección que dejamos entregada a las preferencias del lector), tampoco puede decirse que el profesor Figueroa abunde en argumentos que justifiquen que el embrión implantado sea actualmente ­o debiera ser en un futuro hipotético­ sujeto de derechos en el ordenamiento jurídico nacional. Y, por cierto, no se hace cargo de ninguno de los argumentos más habituales que intentarían oponerse a esa propuesta o bien desmentir aquella afirmación. Esto nos introduce, sin embargo, en la segunda de las críticas más evidentes que, a mi juicio, pueden hacerse al texto que nos ocupa y que apunta a un cierto grado de insuficiencia argumentativa.

Como se acaba de indicar, el profesor Figueroa no hace grandes esfuerzos por fundamentar su aserto, según el cual, desde su implantación, el embrión humano es sujeto de derechos, ni tampoco aporta mayores argumentos en apoyo de su proposición en orden a que le sea reconocida al embrión implantado la condición jurídica de persona. En mi opinión, esta insuficiencia de argumentos, se hace patente, también, en el caso del embrión preimplantatorio. En este caso, junto con asignarle al embrión aún no implantado el carácter de cosa, el autor es de la opinión que, en cuanto forma incipiente de vida humana, el embrión encarna, como se dijo, el valor de la vida humana, y debe ser objeto, por esa misma razón, de un trato especial.

Falta, a mi juicio, en el texto, un tratamiento más refinado y sistemático de las razones que podrían esgrimirse en favor del especial tratamiento jurídico que el autor reivindica para el embrión humano en su fase preimplantatoria.

¿Debería estimarse lícita, por ejemplo, la producción de embriones con fines puramente experimentales o aún industriales? El autor responde negativamente (p. 140). Pero ¿qué razones fundamentan esa opinión? Es evidente que una invocación ciega e irreflexiva del valor de la vida humana, no puede estimarse ya un argumento suficiente, pues son cada vez menos las personas que entienden que la valoración de la vida humana ha de extenderse al extremo de sacralizar procesos que no afectan a ningún ser sensible, impidiendo con ello, la satisfacción de objetivos sociales de tan alta trascendencia y utilidad como la investigación científica o la elaboración de fármacos. Muchas personas juzgan hoy moralmente correcto disponer de los embriones sobrantes e incluso producir embriones específicamente destinados a fines como los mencionados, y no creen que, con ello, se esté insultando o deshonrando el valor de la vida humana, entre otras razones, porque no creen que dicho valor posea un alcance tan demencialmente extremo o absoluto como para vedar la libre utilización de cigotos aún no implantados y carentes de toda sensibilidad.

Me parece claro, entonces, que, en sociedades plurales, en donde existe una creciente diversidad de opiniones con respecto a la adecuada interpretación de los valores morales, no es posible seguir depositando toda la confianza de nuestros argumentos en la carga emotiva de las palabras que utilizamos. Entre otras razones, porque, precisamente en las condiciones de creciente pluralidad y discrepancia moral a que aludíamos, también dicha carga emotiva se ha ido debilitando, y, por así decirlo, nuestras palabras, ya no espolean con igual efectividad que antes las emociones de nuestros interlocutores.

Desde ese mismo punto de vista, puede criticarse al texto del profesor Figueroa, el no aportar argumentos en apoyo de la selección del momento de la implantación como momento a partir del cual el embrión debe considerarse sujeto de derechos. En el capítulo VIII del libro, el autor aborda esta cuestión, no desde una perspectiva estrictamente dogmática, sino desde una perspectiva que se pretende biológica y moral. En ese capítulo, Figueroa se permite desechar por "arbitrarios" tres criterios desarrollados para fijar los inicios de la personalidad humana en sentido moral (a los que él mismo denomina respectivamente: de la actividad cerebral, de la viabilidad y de la relacionalidad o culturización del feto). En lugar de esos criterios, el profesor Figueroa acoge, como hemos dicho, el de la anidación o implantación del embrión en las paredes del útero. Pero uno podría preguntarse ¿por qué habríamos de estimar menos "arbitrario" el criterio de la implantación que el del inicio de la vida psíquica? Quienes creemos en la razonabilidad del día catorce, como línea demarcatoria de la licitud o ilicitud de las actuaciones sobre el embrión, habríamos visto con sumo agrado que el profesor Figueroa, incluyera, al menos uno, de los varios argumentos que pueden invocarse, tanto en favor como en contra, de ese extendido criterio.

Quisiera añadir, por último, a las dos críticas anteriores, una tercera, que busca destacar, en este caso, lo que considero una grave inconsistencia en las opiniones expresadas por el profesor Figueroa en relación con el aborto.

Hay que comenzar por aclarar que el profesor Figueroa es partidario de la despenalización del aborto. Sin embargo, nuestro autor se apresura a precisarnos que su parecer favorable a la despenalización del aborto queda condicionado a que la misma tenga lugar, no en una sociedad como aquella en la que vivimos actualmente en nuestro país, sino en una sociedad ­nos dice Figueroa­ donde existiera "una amplia educación sexual y el acceso generalizado a métodos anticonceptivos" (p. 220), una sociedad ­prosigue­ en la que se implementen, para el caso de las mujeres que resulten involuntariamente grávidas, un conjunto de medidas de protección y estímulo tales como "subsidios maternales especialmente altos, que alejen los problemas económicos que muchas veces acompañan los embarazos no deseados, asignaciones familiares adecuadas, preferencias en cuanto a posibilidades laborales, discriminaciones positivas.." y, concluye, "otras medidas que pueden imaginarse" y que "ayudarían a que muchas mujeres no miren el futuro nacimiento de su hijo como una verdadera desgracia" (p. 220). Esa es la sociedad en la que Figueroa estaría dispuesto a aceptar la despenalización del aborto.

Al leer estas páginas, que una mente de retórica desproporcionada (de las que hoy tienden a popularizarse) bien pudiera denunciar como despiadadas, uno no puede menos que reflexionar sobre los principios que inspiran el Derecho Penal moderno, así como también, sobre las funciones que, en cualquier sociedad, pero particularmente en una sociedad como la nuestra, está llamada a desempeñar la denominada política criminal.

En el derecho penal moderno, uno de los fundamentos de la responsabilidad criminal, lo constituye el juicio de culpabilidad. En cuanto elemento constitutivo de la noción de delito, la culpabilidad supone, esencialmente, que la persona a la que se pretende imputar la comisión de un delito, ha de haber tenido la razonable posibilidad de actuar de un modo diverso a como lo hizo. De acuerdo con este fundamental principio ­denominado de exigibilidad de otra conducta­ no resulta justificado que el Estado dirija, el máximo reproche de la sanción penal, contra una persona que, dadas las circunstancias objetivas en que obró, no pudo razonablemente actuar de un modo diverso.

La idea de razonabilidad es, como debiera advertirse, de capital importancia en la administración de las sanciones penales. No es sólo el resultado dañoso, o sea, la entidad del bien jurídico que se lesiona, lo que cuenta. Son esenciales, también, las motivaciones del agente, así como las posibilidades reales que una persona, normal, puesta en las mismas circunstancias, hubiera tenido de sobreponerse a éstas, evitando incurrir en la conducta delictiva.

Los principios que informan el Derecho Penal de nuestros días, discurren, entonces, en esta inequívoca dirección: la sanción penal, ultima o extrema ratio del sistema jurídico, nunca debiera utilizarse para demandar, de parte de los sujetos imperados, conductas heroicas o supererogatorias, sino, simplemente, para demandar un grado, elemental y razonable, de respeto, hacia los bienes jurídicos que el ordenamiento ha estimado fundamentales.

Pues bien, si uno reflexiona sobre el significado de los principios que acabamos de referir, me parece que debería alcanzar una conclusión, exactamente opuesta, a aquella que propone en su libro, el profesor Figueroa, con respecto a la penalización del aborto.

Me parece, en efecto, que si en alguna sociedad está justificada la despenalización del aborto, esa sociedad no es la sociedad rica y a la vez benefactora y humanitaria que el profesor Figueroa nos invita a imaginarnos, sino, precisamente, una sociedad pobre, mal organizada y a la vez egoísta, como la nuestra. Es aquí, en el mundo real que habitamos, y no en un mundo ideal o feliz, donde la despenalización, siquiera limitada a ciertos supuestos específicos de aborto, resulta, a mi juicio, especialmente justificable.

La falta, prácticamente absoluta, de educación sexual, el acceso virtualmente nulo a la anticoncepción, la existencia de un poder judicial que rasga vestiduras en nombre de la vida humana para oponerse a las formas más elementales de anticoncepción, los altos niveles de pobreza, la ausencia casi total de las mismas políticas benefactoras que el profesor Figueroa dice echar en falta, todo ello redunda, de cara a los principios que denantes se enunciaron, no en un fortalecimiento de los argumentos a favor de la persecución penal del aborto, sino, todo lo contrario, refuerzan, más bien, la necesidad de despenalizarlo.

Dicho de otro modo: en un mundo ideal y benefactor como el que el profesor Figueroa se imagina, tendríamos posiblemente más ­y no menos­ razones para castigar el aborto de las que tenemos hoy. Puesto que, en un mundo como ese, la probabilidad de que quien aborta lo haga por razones frívolas o inexcusables, se incrementa. Mal puede sugerirse, en consecuencia, como hace Figueroa, que posterguemos la despenalización del aborto precisamente a la espera de un mundo semejante.

Inevitable anticipar aquí, siquiera brevemente, una objeción, más técnica que de fondo, que podría hacerse al argumento que acabo de presentar. Dicho argumento ­podría afirmarse­ proporciona espléndidas razones para invitar a los jueces a que actúen, con prudencia y cautela, al tiempo de imponer las sanciones penales (cerciorándose de que el agente efectivamente actuó con dolo o culpa, verificando que, en las circunstancias en que se hallaba, no era irrazonable exigir de su parte que obrara de un modo diverso, etcétera), pero ello nada tiene que ver ­se dirá­ con la despenalización del aborto, esto es, con la exclusión de la conducta abortiva del elenco de conductas que, en principio al menos, el derecho califica como constitutivas de delito8.

Esta objeción tiende a trazar una separación tajante (excesivamente tajante a mi juicio) entre la función judicial, que busca aplicar la norma general a los casos particulares, y la función legislativa, que consiste en diseñar aquellas normas que los jueces habrán de aplicar posteriormente. Esta objeción se vincula, entonces, con el segundo de los aspectos que más arriba se mencionaron, o sea, con la denominada política criminal.

Me parece completamente evidente, que, al deliberar sobre qué hechos deberían ser tipificados como delito, y, por tanto, qué conductas, deberían ser, prima facie (o sea, a la espera de ulteriores averiguaciones que deberá efectuar el juez), merecedoras de una sanción penal, el legislador necesariamente toma en cuenta, la psicología de los sujetos sobre los que las normas por él elaboradas deberán imperar.

De modo que también el legislador ­y no sólo el juez­ está obligado a tener en consideración la psicología de los individuos. Otra cosa es que, esa consideración, necesite hacerse de un modo enteramente diferente en uno y otro caso: el legislador deberá tener presente la mentalidad que cabe esperar de un hombre promedio y razonable (para definir, a partir suyo, lo que podríamos llamar un primer juicio respecto de lo que se estimará inexcusable), mientras que el juez, deberá ocuparse de la mentalidad concreta del individuo a quien se le imputa la comisión de un delito, para definir, en ese caso particular, si el actuar del imputado resulta o no excusable en los términos de la ley penal.

Lo anterior, ayuda a entender, por qué, es perfectamente racional, que el legislador despenalice, esto es, elimine incluso del ámbito preliminar de la tipicidad, el aborto, efectuado en ciertos supuestos bien concretos tales como los de violación, eugenesia o riesgo evidente para la salud de la madre. Cuando el legislador adopta políticas despenalizadoras de esa especie, lo que hace es, abstenerse, con respecto a esas específicas conductas, aún de aquel primer juicio de inexcusabilidad, cuya reafirmación en el caso concreto, se dejaría normalmente entregada al juez. Estima, el autor de la ley, que, supuestos como esos, convenientemente acreditados, no deben considerarse, ni siquiera en principio, como constitutivos de delito.

Y la razón que el legislador posiblemente tendrá para ello, es que, nadie podría exigirle, razonablemente, a una persona ­normal­ puesta en las mismas circunstancias que una mujer con riesgo de muerte, una mujer violada o una mujer que espera a un niño que padecerá graves enfermedades o malformaciones, que se abstenga de abortar, si esa fuera, en efecto, su decisión.

Si a lo anterior se añadiera, como es el caso en nuestra sociedad presente, que la mujer en cuestión vive en una sociedad pobre, desorganizada, carente de políticas asistenciales dignas, etcétera, el legislador debería (de no actuar guiado por la más farisaica hipocresía) tener aún más razones ­no menos como cree el profesor Figueroa­ para despenalizar el aborto, siquiera en supuestos como los indicados. Hago constar, entonces, mi abierta discrepancia con el autor, sobre este punto.

Las críticas y discrepancias que aquí he intentado esbozar, no deben empañar, sin embargo, en modo alguno, los innegables méritos de este interesante libro, el cual constituye, a mi juicio, una introducción útil y amena, al tratamiento jurídico, particularmente civil, de la vida humana en sus primeras etapas de desarrollo.


1 Como no recordar aquí, el espléndido resumen, que de aquellas disputas hiciera el profesor Beltrán de Heredia y Castaño, las cuales forman parte de su trabajo Construcción jurídica de los derechos de la personalidad, Madrid, 1976.         [ Links ]

2 Al final del libro se incluyen, además, dos anexos, los cuales anticipan reflexiones del autor sobre algunos derechos de la personalidad en particular. Dichos anexos se titulan, el primero, "El derecho a la identidad personal", y el segundo, "El derecho a la intimidad, reserva o secreto, cambios de perspectiva a partir de las investigaciones sobre el genoma humano".

3 Además de incierto, desde el punto de vista de las probabilidades de que el blastocito efectivamente anide, la anidación, presenta también cierta indefinición temporal pues nos obliga a preguntar si estamos hablando del instante en que ésta se inicia o, en cambio, del instante, muy posterior, en que, por así decirlo, ésta ya se ha concretado. Como se sabe, transcurre un período considerable entre uno y otro momento: mientras el inicio tendrá lugar normalmente hacia el término de la primera semana posterior a la fecundación, dicho proceso no culminará sino entre el undécimo y decimocuarto día posteriores a la fecundación. De tomar, entonces, como referencia, cuando hablamos de "anidación", este último hito, nuestro criterio tenderá a equipararse con el extendido criterio del "día catorce", basado, como se sabe, en el instante en que aparece el primero de los rasgos reconocibles que se manifiestan a partir del disco embrionario: la llamada «línea primitiva». Véase, por ejemplo, "Ethical considerations of assisted reproductive technologies". Ethics Committee of the American Fertility Society. Rev. Fertility and Sterility, Suplement 1, November 1994, Vol. 62, N 5. Chapter 9: "The biologic characteristics of the preembryo".

4 Romeo Casabona, Carlos María, El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana, Editorial centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 1994.         [ Links ]

5 Véase: Femenía López, Pedro, Status jurídico del embrión humano, con especial consideración al concebido in vitro, McGraw-Hill, Madrid, 1999, capítulo III.         [ Links ]

6 Figueroa Yáñez, Gonzalo, Persona, pareja y familia, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1995, p. 56.         [ Links ]

7 Bustos Pueche, José, El Derecho Civil ante el reto de la nueva genética, Dykinson, Madrid, 1996, p. 39.        [ Links ]

8 Este tipo de argumento fue utilizado, por ejemplo, en España, por el grupo de diputados que presentaron, con fecha 2 de diciembre de 1983, un recurso previo de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código Penal español, por el que se despenalizaba, bajo ciertos requisitos, el aborto, en el que concurrieran las indicaciones, terapéutica, ética o eugenésica. En su motivo sexto de inconstitucionalidad, sostuvieron los recurrentes, puntualmente en lo que respecta al aborto terapéutico, que su despenalización resultaba "innecesaria", por cuanto dicha hipótesis ya resultaba suficientemente cubierta por la eximente del estado de necesidad. Sin embargo, incomprensiblemente, alegaron los recurrentes, en ese mismo motivo, que la despenalización del aborto terapéutico, resultaba inconstitucional por cuanto hacía prevalecer un bien de menor entidad ­la salud de la madre­ sobre un bien de mayor entidad, como sería, a su juicio, la vida del feto. STC 53/85 de 11 de abril.