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Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.7 n.2 Talca  2001

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122001000200024 

 

Ius et Praxis Año 7 No 2: 497 - 500, 2001

RECENSIONES Y COMENTARIOS

International Law and the use of Force

Gray Christine, Oxford University Press, Oxford, 2000.

 

Ximena Fuentes Torrijo (*)

(*) Profesora de Derecho Internacional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.


 

Uno de los temas más controvertidos del derecho internacional es el del uso de la fuerza. Por siglos se consideró que el empleo de la fuerza era una de las prerrogativas básicas de los Estados soberanos y que era un medio legítimo de solución de las controversias internacionales. Los horrores de la primera guerra inspiraron a los Estados para establecer que la fuerza sólo debía ser usada como último recurso. En 1928 (Pacto Briand-Kellog) un número significativo de Estados acuerda renunciar a la guerra como método legítimo de solución de controversias. Pero es sólo después de la Segunda Guerra Mundial, que se logra incluir en un tratado de carácter universal, como es la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

No está claro si esta proscripción general de la fuerza en las relaciones internacionales correspondía, en 1945, a una norma de derecho internacional consuetudinario. Se cuestiona también, especialmente por autores estadounidenses, el carácter absoluto de la prohibición del uso de la fuerza contenida en la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 2(4) de la Carta prohibe la fuerza en los siguientes términos: "Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas". Algunos, entonces, interpretan la disposición como compatible con algunos empleos de la fuerza que, en su opinión, no serían contrarios a los propósitos de las Naciones Unidas: legítima defensa preventiva, intervención humanitaria y, el aún más problemático, caso de las represalias.

Christine Gray, quien enseña derecho internacional en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, ha publicado este excelente trabajo sobre el derecho internacional y el uso de la fuerza, que viene a contribuir a clarificar los problemas relacionados con esta área del derecho internacional. Precisamente por eso, cada capítulo trata sobre alguno de los temas más problemáticos de la prohibición del uso de la fuerza: temas que resultan fascinantes por la rápida evolución que pueden sufrir los principios aplicables en un mundo postguerra fría, en que el desafío para las Naciones Unidas debe consistir en replantear su función como garante de la paz y seguridad internacional

El primer capítulo, Law and force, introduce la pregunta central de la que el libro trata: ¿Cuáles son los principios de derecho internacional en materia del uso de la fuerza? Gray está consciente que, para muchos, las acaloradas controversias que suscita el tema del empleo de la fuerza, sólo ilustran la total ineficacia del derecho en estas materias. Pero ella no comparte esa visión. Tiene cuidado, en todo caso, de no caer en una perspectiva utópica que atribuya al derecho el rol exclusivo en la regulación de la conducta de los Estados. Su visión es que los principios del derecho internacional pueden, en primer término, servir una función declaratoria, estableciendo los objetivos hacia los cuales los Estados debieran mover su acción. En este contexto, adquieren relevancia los dichos de los Estados, configurando el discurso del derecho internacional.

El segundo capítulo, The prohibition of the use of force, se concentra en la interpretaciones actuales que está recibiendo el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas. El tema que se introduce es el de la intervención humanitaria, jugando un papel destacado la intervención de la OTAN en Kosovo, en el año 1999. El estudio se refiere al papel que ha jugado Estados Unidos en la conformación de este supuesto nuevo derecho de intervención humanitaria, pero se destaca también la actitud contraria que han demostrado varios otros países. Se trata también, en esta parte, la complicada relación que pueda existir entre el uso de la fuerza y el derecho a la libre determinación de los pueblos.

El tercer capítulo, Invitation and intervention: civil wars and the use of force, pone de manifiesto lo inadecuadas que resultan las reglas de la Carta de las Naciones Unidas para enfrentar el nuevo paradigma de conflicto bélico en el mundo. La Carta tiene como objetivo primordial el de evitar la guerra. Pero el sistema se mantención de la paz y seguridad internacional ha sido diseñado pensando en una guerra tradicional entre Estados. Hoy en día los conflictos bélicos toman la forma de conflictos internos. Esto pone en cuestión algunos principios tradicionales del derecho internacional, como es el principio de no intervención. Para Gray, las reglas sobre esta materia parecen estar más o menos claras, sin embargo, hay fuertes discrepancias en cuanto a la evaluación de los hechos en cada caso y la aplicación del derecho al contexto fáctico en cuestión.

El cuarto capítulo puede ser uno de los más importantes en el contexto de la política mundial actual. El atentado terrorista sufrido por los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 ha puesto en jaque al sistema de seguridad diseñado en la Carta de la ONU. La conducta de los Estados Unidos parece una represalia y, sin embargo, la comunidad internacional parece estar conforme con la calificación de los bombardeos sobre Afganistán como legítima defensa. Christine Gray en este capítulo, Self-Defense, realiza un excelente análisis de la práctica internacional, enfatizando las dificultades en la aplicación del artículo 51 de la Carta. Todos los temas relevantes tienen un lugar en el texto de Gray: la relación entre el artículo 51 y las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo de Seguridad, el concepto de ataque armado, los requisitos de la necesidad y la proporcionalidad, el concepto de Estado para la activación del artículo 51 (¿los ataques a los nacionales deben entenderse como ataque armado al Estado?), la legítima defensa preventiva y el uso de la fuerza contra el terrorismo. Las palabras de Gray al analizar el silencio de la comunidad internacional frente a las represalias de los Estados posteriores a los atentados en sus embajadas en África nos deben hacer reflexionar: "La ausencia de una condena a los Estados Unidos debe ser tomada como indicativa de simpatía y compresión, en vez de ser considerado como una aceptación de una doctrina jurídica que destruye la distinción entre represalias y legítima defensa, la que los Estados Unidos jamás contemplaría que fuera usada en contra de ella misma".

En el quinto capítulo, Collective Self-defense, se analiza el concepto de agresión, un concepto que hasta ahora no ha recibido una definición definitiva de parte de la comunidad internacional. En esta parte también se examina el famoso caso Nicaragua, dividiendo la opinión de los autores entre los que se han mostrado de acuerdo con la visión estricta sobre la legítima defensa colectiva demostrada por la Corte Internacional de Justicia, y los que están por una visión más flexible que pueda servir los intereses de los Estados más pequeños.

En el capítulo seis, The UN and the use of force, Gray trata de demostrar cómo la acción del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales no se conforma con el esquema original diseñado en la Carta de las Naciones Unidas. Según Gray, en el período postguerra fría, el esquema de la Carta se ha transformado en función de la práctica asumida por el propio Consejo de Seguridad. El primer problema que destaca la autora consiste en las sanciones que el Consejo de Seguridad puede tomar en virtud del artículo 41 de la Carta. Como dice Gray, muchas de las sanciones económicas impuestas a ciertos Estados han recibido duras críticas en razón de su inefectividad respecto de los gobiernos sancionados y sus efectos negativos sobre las condiciones de vida de la población civil. Otro conjunto de dificultades han encontrado las operaciones de paz de las Naciones Unidas en diversos países que se han visto enfrentados a guerras civiles. Aparte del hecho de las operaciones de paz no encuentra claro fundamento en el articulado del Capítulo VII de la Carta, estamos asistiendo a una expansión en sus funciones que, ciertamente, excede lo que la práctica internacional tradicionalmente entendía por operación de paz: fuerzas imparciales, ligeramente armadas, que no incluyeran fuerzas armadas de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que no pudieran usar la fuerza sino en legítima defensa y que operaran con el consentimiento del Estado receptor. La expansión en las funciones de estas fuerzas de paz no ha sido exitosa y, Gray, ilustra su afirmación con los casos de Yugoslavia y Somalia.

Por último, el capítulo siete, Regional peacekeeping and enforcement action, trata de la relación entre las Naciones Unidas y los acuerdos regionales, una relación que no siempre ha sido fructífera en el ámbito de la mantención de la paz y seguridad internacionales. En particular, la implementación de operaciones de mantenimiento de la paz ha mostrado las tensiones que pueden existir entre la ONU y las organizaciones de carácter regional, en cuanto estas últimas pueden carecer muchas veces de la imparcialidad necesaria para llevar a cabo esas operaciones.

En conclusión, International Law and the Use of Force, es un excelente estudio sobre los problemas actuales del empleo de la fuerza en el derecho internacional. No se trata de una simple exposición de las normas y principios relevantes, ni de un recuento de las diversas posiciones de los autores en esta materia. Lo interesante de este estudio, aparte de la cantidad de información que se maneja, es la habilidad de su autora para introducirnos en el discurso propiamente tal del derecho internacional, donde las opiniones de políticos y diplomáticos y las decisiones de organismos internacionales se deben contrastar con la realidad de las múltiples ocasiones en que los Estados emplean la fuerza en el contexto de sus relaciones exteriores.