SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.7 número2De la Competencia y de la Concentración de a EmpresaLa Reserva de los Tratados En Chile y la Participación Parlamentaria índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Ius et Praxis

versión On-line ISSN 0718-0012

Ius et Praxis v.7 n.2 Talca  2001

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122001000200020 

 

Ius et Praxis Año 7 No 2: 433 - 460, 2001

ARTíCULOS DE DOCTRINA

El Marco Normativo de las Relaciones Comerciales entre Chile y Canadá: Antecedentes y Realidades

 

Bernardita Blasco Pauchard (*)

(*) Magíster en Estudios Internacionales.


 

ANTECEDENTES GENERALES

Las relaciones comerciales entre Chile y Canadá han experimentado un paulatino crecimiento, en especial en la última década. La importancia de este incremento se ve reflejada en la celebración del Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá con el cual, como se señala en su Preámbulo, buscan crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos en sus territorios, reducir las distorsiones en el comercio, establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial y asegurar un marco comercial previsible para la planificación de las actividades productivas y de inversión, entre otros, mediante el establecimiento de una zona de libre comercio la que constituye la primera etapa en un proceso de integración entre dos economías.

A cuatro años de su celebración y entrada en vigor resulta de interés revisar algunos aspectos de las relaciones comerciales bilaterales que le sirvieron de base, cómo éstos influyeron en sus disposiciones, la forma en que se ha implementado y cuáles han sido los resultados alcanzados durante este período de aplicación.

Sin lugar a dudas, entre los elementos que permiten explicar la conclusión entre dos o más países de un acuerdo comercial, no sólo están presentes elementos económicos y el deseo de acrecentar el intercambio comercial, sino también consideraciones de orden político, tanto internas como externas. Es así que, diversos factores determinaron la celebración por parte de Chile y de Canadá de este Tratado.

Entre dichos factores, un elemento fundamental lo constituye la inversión directa de Canadá en Chile, la cual se ha realizado al amparo del Estatuto de la Inversión Extranjera, Decreto Ley 600 de 1974, que es el principal instrumento jurídico chileno en materia de política de inversión extranjera. En el período comprendido entre el 1 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1994, el monto total de las inversiones canadienses directas autorizadas para ingresar a Chile, en virtud del D.L. 600 fue de US$ 4.490 millones, las cuales alcanzaron un bajo porcentaje de materialización de 37,8%, aproximadamente US$ 1.697 millones, debido a reticencias de los inversionistas canadienses derivadas de diversas causas1. Durante este período hubo una relativa homogeneidad en la definición de las políticas de inversión extranjera por el gobierno chileno, procurándose (tanto durante el régimen militar como durante el período de transición), la colaboración activa de las empresas transnacionales en el desarrollo económico de Chile a través del D.L. 600 de 19742. La importancia de las inversiones canadienses en Chile tiende a ser creciente durante los últimos años de este período y particularmente desde el año 1990, en que alrededor de dos tercios de los proyectos autorizados, lo fueron durante los años 1990-1994, alcanzando durante ese período una participación promedio de 19,7% de la inversión extranjera total materializada en el país, convirtiendo a Canadá en uno de los orígenes geográficos más importantes de inversión extranjera directa en Chile. Esto tuvo como consecuencias inmediatas un aumento del comercio exterior entre ambos países y la mayor diversificación efectiva de los orígenes de la inversión extranjera directa hacia la economía chilena, concentrada fuertemente hasta entonces en Estados Unidos3. Respecto de otras formas de inversión canadiense durante dicho período prácticamente no existe la información disponible. Los sectores prioritarios para Canadá son: minería (metales y minerales), equipamientos y servicios de energía, tecnología de información (telecomunicaciones y software), industria ambiental, productos de construcción y sistemas de transporte. La minería es el principal sector de inversión.

Sin embargo, aunque el intercambio comercial entre Chile y Canadá ha tenido un fuerte incremento en los últimos años, llevando a Canadá a convertirse en el segundo mayor inversionista en Chile y que Chile constituye en la actualidad el mayor destino de inversión directa de Canadá en América latina y el séptimo destino en el mundo4, la presencia chilena en la economía de Canadá ha tenido niveles poco significativos los que se han ido incrementando a través del tiempo como lo demuestran las cifras. Las estadísticas canadienses sobre inversión directa en el exterior señalan (en orden de importancia), como los principales destinos geográficos de dicha inversión a Estados Unidos, Reino Unido, otros países de la Unión Europea, Japón, otros países de la OECD y todos los otros. La inversión canadiense en Chile queda dentro de "todos los otros"5, categoría que es compartida por Chile con otros destinos geográficos. Del total de la inversión extranjera directa canadiense, de acuerdo a las estadísticas de Canadá, desde el año 1990 hasta el año 2000 nunca han alcanzado el 2%, como se puede apreciar en el cuadro siguiente.

Año
Inversión Directa de Canadá en el Exterior
(en Millones de CND)
Inversión Directa Canadá en Chile
(en Millones de CND)
Participación de la Inversión Directa Canadiense en Chile
(% del Total)

1990
94.402
285
0,30
1991
109.068
447
0,40
1992
111.691
482
0,43
1993
122.427
1.225
1,00
1994
146.315
1.878
1,28
1995
161.237
2.673
1,65
1996
181.238
3.281
1,53
1997
213.583
3.876
1,81
1998
255.648
4.878
1,90
1999
270.181
4.773
1,75
2000
301.357
5.481
1,81

Fuente: Statistics Canada, catalogue 67-202 Canada's International Investment Position

Cabe preguntarse entonces por qué el interés de Canadá en la economía chilena y, por ende, en la existencia de un Acuerdo Comercial no siendo Chile un socio comercial particularmente significativo. La respuesta se encuentra en las definiciones de la política exterior de Canadá y, especialmente, en su política comercial.

En 1999 las exportaciones canadienses alcanzaron los niveles récords que habían experimentado en los 17 años anteriores. Desde la perspectiva de la política comercial canadiense, en palabras del Ministro de Comercio Internacional, Honorable Pierre S. Pettigrew, el comercio internacional es importante para cada uno de los canadienses, por ello dependen de la existencia de reglas claras y predecibles que gobiernen el comercio internacional. La herramienta más grande que tiene Canadá para hacer tales reglas y abrir nuevos mercados para sus bienes y sus servicios es la Organización Mundial de Comercio. De manera tal que mientras se gesta una nueva ronda de negociaciones al interior de la OMC, el gobierno de Canadá continúa haciendo esfuerzos para asegurar y mejorar el acceso a los mercados de sus exportaciones a través de variados medios. Estos objetivos se persiguen a través de iniciativas multilaterales, regionales y bilaterales, en las que el Area de Libre Comercio para las Américas es una promesa para liberalizar el comercio en el hemisferio occidental6. Ciertamente el Acuerdo Chile-Canadá forma parte de estas definiciones políticas y, consecuentemente, de dichas iniciativas bilaterales.

Para una mejor comprensión de lo anterior, resulta necesario tener presente que Canadá se define a sí mismo como un país comercial y que el comercio internacional es vital para su prosperidad continua, ya que genera 1 de cada 3 empleos en Canadá y que el 43% de su PIB es originado por las exportaciones de bienes y servicios. La gran mayoría de los 1,9 millones de empleos creados desde 1993 provienen de sus exportaciones. Sin embargo, Canadá estima que su habilidad para explotar oportunidades claves es frecuentemente limitada por una variedad de barreras. Para asegurar el acceso seguro y predecible al mundo a sus comerciantes e inversionistas, el gobierno canadiense realiza esfuerzos para derribar barreras en mercados claves. Esto significa expandir las instituciones y reglas que gobiernan el comercio internacional y la inversión, ya que la inversión canadiense en el exterior es importante como una vía para expandir el uso de tecnología canadiense, apoyar la exportación de bienes y servicios canadienses y establecer la reputación de las empresas canadienses en el exterior. Canadá está consciente que la baja penetración de las importaciones en mercados extranjeros frecuentemente está vinculada a bajos niveles de inversión debido a que las reglas sobre inversión favorecen los inversionistas domésticos. Los estudios demuestran que entre el 30% y el 40% del comercio internacional de bienes manufacturados se lleva a cabo entre la matriz y las subsidiarias en el extranjero. Debido a ello, las normas sobre inversión juegan un papel importante al proteger y facilitar la inversión extranjera de empresas canadienses, puesto que los acuerdos sobre inversión extranjera no eximen a los inversionistas de cumplir con la legislación local7. Estos fundamentos se deben tener presentes al analizar el Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá y la importancia asignada en el mismo a temas como la inversión.

En este sentido, se debe tener en cuenta el papel que desempeña en el desarrollo de la política comercial canadiense el denominado "Team Canada" (liderado por el Primer Ministro y compuesto por miembros del gobierno federal). Entre los programas de gobierno de promoción del comercio y la inversión están las misiones del Team Canadá, las que son de gran importancia. Una de dichas misiones visitó Chile en 19988 (época en que ya estaba en vigor el Tratado de Libre Comercio), como resultado de dicha misión (también comprendió a México, Brasil y Argentina), varias pequeñas compañías canadienses firmaron lucrativos negocios9.

En este contexto, como parte de la política comercial canadiense de apertura de mercados en las Américas, Chile ocupa un lugar importante. Durante 1999, Canadá destaca los siguientes resultados en el acceso al mercado chileno:10

- 1 de enero del 2000. Entrada en vigor del Convenio sobre doble tributación.
- 1 de enero de 2000. Entrada en vigor de un acuerdo destinado a acelerar la eliminación de tarifas para los productos seleccionados (según lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio).
- Mayo de 1999. Firma de dos memorándum de entendimiento entre la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá (Canadian Food Inspection Agency) y el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.
- Chile bajó los derechos por el procedimiento de visa desde US$650 a US$100.
- Chile continúa suspendiendo el encaje.

Al mismo tiempo el informe establece como prioridades de Canadá para el acceso al mercado chileno durante el año 2000:

- fomentar a los profesionales chilenos y canadienses proveedores de servicios, particularmente ingenieros, para continuar trabajando en el desarrollo de estándares mutuamente aceptables y criterios para licenciamiento y certificación de profesionales.
- implementar el panel de la Organización Mundial de Comercio sobre impuestos a los licores, y
- completar la lista de panelistas para propósitos de solución de disputas.

En esta misma línea, el informe sobre acceso al mercado chileno durante el año 2000 señala como logros11:

- 1 de enero de 2000. Entra en vigor el Convenio para evitar la doble tributación.
- 11 de mayo de 2000. El Banco Central de Chile con la aprobación del Ministerio de Hacienda anuncia la eliminación del encaje a la inversión extranjera, medida largamente buscada por los inversionistas canadienses
- Julio de 2000. Eliminación del impuesto sobre las monedas de oro canadienses.
- Enero de 2001. El gobierno de Chile otorga una exclusión sobre medidas de salvaguardia provisionales impuestas en 1999 al trigo, la harina de trigo, aceites vegetales comestibles y azúcar, así como leche en polvo y fluida UHT.
- 23 de enero de 2001. El Congreso de Chile aprueba una nueva legislación es respuesta un panel de la OMC sobre impuestos discriminatorios sobre licores, con una tasa de 27% sobre todos los licores a partir de marzo de 2003.

En el mismo informe se establecen como prioridades de Canadá para el 2001:

- fomentar a los proveedores de servicios profesionales, chilenos y canadienses, particularmente ingenieros, para continuar trabajando en el desarrollo de estándares mutuamente aceptables y criterio para el licenciamiento y certificación de profesionales.
- continuar las presentaciones a Chile para que elimine la prohibición sobre los huevos de pescado canadiense.
- explorar la posibilidad para nueva ronda para la aceleración de la reducción tarifaria.
- asegurar que la implementación por parte de Chile, del panel de la OMC sobre impuesto a los licores cumpla con las obligaciones de Chile en la OMC; y
- completar la lista de panelistas para la solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá.

Desde la perspectiva de Chile, entre los factores que lo llevaron a celebrar este Tratado se encuentra, sin lugar a dudas, la importancia alcanzada por la inversión canadiense en su territorio. Otro factor lo constituyen las definiciones tanto de su política exterior como de su política comercial, ya que a comienzos de la década de 1990, Chile inicia una política denominada de "regionalismo abierto" que creó nuevos mercados para sus exportaciones, pero que evitó que Chile se involucrara en situaciones comprometedoras con sus socios comerciales. Esta opción le permitió firmar acuerdos bilaterales y multilaterales que no interfirieron en su capacidad para negociar tratados comerciales con otros países o bloques comerciales, mientras retenía su autonomía con respecto a sus decisiones de política macroeconómica. En opinión de algunos analistas, al finalizar esta década, Chile ha entrado en nuevos acuerdos comerciales que socavan su posición previa de evitar relaciones comerciales comprometedoras, como sucedió a partir de su retiro en 1976 del Pacto Andino12.

Asimismo, ambos países están de acuerdo en la importancia que representa para el desmantelamiento de las barreras comerciales en la región, la existencia de un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas y de la necesidad de compartir esfuerzos con los socios del hemisferio a fin de tener éxito en este proceso.

Todo lo anterior ha llevado a ambos países a generar una situación propicia para establecer un conjunto de normas que les permita regular sus relaciones comerciales en armonía con el ordenamiento jurídico internacional, incrementando al mismo tiempo el intercambio comercial. Sin embargo, los orígenes de la regulación jurídica específica de las relaciones comerciales entre Chile y Canadá se encuentran en los instrumentos comerciales multilaterales en que ambos Estados son parte, éstos constituyen el fundamento de los instrumentos bilaterales suscritos y actualmente en vigor.

I. INSTRUMENTOS COMERCIALES MULTILATERALES

La historia y la práctica de las relaciones comerciales durante el período 1948-1993 está determinada de manera importante por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), realidad a la que Chile y Canadá no son ajenos. Ambos Estados sometieron desde un comienzo sus relaciones comerciales a las normas de este Acuerdo, compartiendo una concepción común respecto de la forma en que debía organizarse el comercio internacional y los principios por los cuales debía regirse. En el año 1947 ambos concurren a la celebración de este Acuerdo que sentó las bases jurídicas para un entendimiento en materia comercial, estableciendo reglas mínimas comúnmente aceptadas en materia de derechos y obligaciones. El GATT supuso una reacción contra las dificultades surgidas en este ámbito en el período intrabélico, constituidas particularmente por la existencia de prácticas discriminatorias, aplicadas con una alta dosis de falta de transparencia y el deseo de contar con un conjunto de reglas estables y predecibles en materia de políticas comerciales.13 Este Acuerdo descansa en dos principios fundamentales, sobre los cuales las partes contratantes han construido sus relaciones comerciales, estos son la no discriminación y la transparencia. Este acuerdo tendrá particular importancia sobre las futuras relaciones comerciales de las partes contratantes, pues entre otros aspectos reconoció la trascendencia de los acuerdos de libre comercio como una forma de "aumentar la libertad de comercio" para desarrollar una mayor integración entre los países que participen de tales acuerdos, a través del establecimiento de una excepción al principio general de no discriminación contenido en el Art. XXIV.

Con posterioridad, ambos Estados concurrieron a la celebración del Acuerdo de Marrakech que creó la Organización Mundial de Comercio14. Con ello reconocieron que sus relaciones comerciales y económicas deben tender a elevar los niveles de vida, lograr el pleno empleo, incrementar los ingresos reales y demanda efectiva y acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible y procurando proteger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo; y preservar los principios fundamentales y la consecución de los objetivos que informan el sistema multilateral de comercio integrado15.

La importancia del Acuerdo de Marrakech para las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países queda de manifiesto en el Preámbulo del Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá, en que existe un reconocimiento explícito del sometimiento a este Acuerdo y la declaración de que ambos están decididos a "DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio". De la misma manera, en el Artículo A-03 del Tratado al regularse la relación de este Tratado con otros tratados internacionales, confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo de Marrakech y otros acuerdos de los que sean parte.

II. INSTRUMENTOS COMERCIALES BILATERALES

Las relaciones comerciales entre ambos países se encuentran reguladas de manera específica por instrumentos que abarcan diversos aspectos, siendo el instrumento básico el Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá, el que se encuentra complementado por los Acuerdos de Cooperación Ambiental y de Cooperación Laboral y por el Convenio para Evitar la Doble Tributación.

A. ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CHILE-CANADÁ Y SU PROTOCOLO ADICIONAL

Las relaciones comerciales y económicas bilaterales están reguladas en este acuerdo, que entró en vigor el 5 de julio de 1997. Este Tratado consta además del Primer Protocolo Adicional, firmado en Toronto el 4 de noviembre de 1999.

1) Objetivos del Acuerdo

Su objetivo principal es el establecimiento de una zona de libre comercio "de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Artículo V del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios que son parte del Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial de Comercio"(Art.A-01).

Una zona de libre comercio hace excepción al principio de no discriminación en el cual descansa el GATT. Este en su Art. XXIV, párrafo 5 dispone: "Por consiguiente las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán, entre los territorios de las partes contratantes, el establecimiento de ... ni el de una zona de libre comercio, ...".

Por su parte, el párrafo 8 del mismo artículo establece: "A los efectos de aplicación del presente Acuerdo, ... b) se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la medida que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio."

Por lo tanto, esta zona de libre comercio tiene por objeto eliminar progresivamente los aranceles entre las Partes, con el objeto de facilitar la circulación de bienes y servicios entre sus territorios.

A través de los principios y reglas del Tratado, incluidos los de trato nacional, trato de la nación más favorecida y transparencia, se pretende alcanzar objetivos más específicos que se enumeran en el Art. A-02 y son:

- eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las partes.
- promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
- aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en el territorio de las Partes.
- crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y
- establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

2) Ámbito de Aplicación

2.1) Ámbito Territorial: El Tratado se aplica dentro del territorio de cada Parte, sin embargo, dada la naturaleza del mismo, en el Anexo B-01.1 se ha definido específicamente el alcance de la expresión territorio para cada una de las Partes.

Para el caso de Canadá es "el territorio en que se aplique su legislación aduanera, incluida toda zona más allá de los mares territoriales de Canadá dentro de la cual, de conformidad con el derecho internacional y con su derecho interno, Canadá pueda ejercer derechos sobre el fondo y el subsuelo marinos y sobre los recursos naturales que éstos contengan."

En el caso de Chile es "el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y su derecho interno."

2.2) Ámbito Material: La Parte II del Tratado: Capítulos C, D, E y F, está destinada a regular el comercio de bienes y la Parte III: Capítulos G, H, I, J y K, regula la inversión, los servicios y las materias relacionadas.

a) Comercio de Bienes: El art. C-00 determina el ámbito de aplicación del Tratado en esta materia al señalar que éste se aplica al "comercio de bienes de una Parte", lo que de acuerdo a la definición de bienes de una Parte (Art. B-01) comprende "los productos nacionales como se entienden en el GATT de 1994 o aquellos bienes que las Partes convengan e incluyen los bienes originarios de esa Parte". También incluye el comercio e inversión en el sector automotriz y los bienes textiles y del vestido.

El comercio de bienes se rige por el principio del trato nacional, según lo establecido en el GATT de 1994.

En lo referido a este comercio, el Acuerdo contempla disposiciones en materias arancelarias y no arancelarias. En materia arancelaria se establece la consolidación de los aranceles, al disponer que no se pueden aumentar los aranceles existentes ni adoptar ningún nuevo arancel, junto con establecer la eliminación progresiva de aranceles de acuerdo con la lista de desgravación para cada Parte (Art. C-02). Además, el Art. C-02.3 contempla la posibilidad de acelerar la eliminación de aranceles aduaneros prevista en las respectivas listas de desgravación. Cuando las Partes aprueben un acuerdo sobre la eliminación acelerada del arancel aduanero sobre un bien, ese acuerdo prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o período de desgravación señalado en sus listas para ese bien.

En lo relativo a las medidas no arancelarias prohibe adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de cualquier bien destinado al territorio de la otra Parte o a la exportación o venta para la exportación de cualquier bien destinado al territorio de la otra Parte, salvo las excepciones previstas. Asimismo, se regulan los casos en que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la importación o exportación de bienes desde o hacia un país que no sea Parte.

Además, en materia de medidas no arancelarias existen disposiciones específicas sobre vinos y licores destilados, impuestos a la exportación y otras medidas a la exportación.

Por su parte, para los bienes agrícolas en el Art. C-14 se reafirma el objetivo de las Partes de avanzar hacia la eliminación multilateral de los subsidios a la exportación de estos bienes y la cooperación para alcanzar tal acuerdo. A partir del 1 de enero del año 2003, ninguna Parte introducirá o mantendrá ningún subsidio a la exportación sobre ningún bien agrícola originario en, o embarcado desde, su territorio que sea exportado directa o indirectamente al territorio de la otra Parte.

Asimismo, para el comercio de bienes se establece un mecanismo de Consultas para lo cual se crea el Comité de Bienes y Reglas de Origen con representantes de cada Parte (Art. C-15). Este Comité se reunirá al menos una vez al año y tiene como función asegurar la efectiva ejecución y administración de los Capítulos C (Trato Nacional y Acceso de Bienes al Mercado), D (Reglas de Origen), E (Procedimientos Aduaneros) y Reglamentaciones Uniformes. Para ello deben revisar y procurar acordar cualquier propuesta de modificación o agregado a dichos capítulos y recomendar cualquier modificación o agregado a los mismos.

Se crea también un Sub Comité de Agricultura, el que tiene entre sus funciones el deber de: a) proporcionar a las Parte un foro de consultas en asuntos relacionados con acceso de mercado para productos agrícolas, incluyendo vino y bebidas alcohólicas; b) vigilar le ejecución y administración de los Capítulos C y D y las Reglamentaciones Uniformes en cuanto afecten a productos agrícolas, y referir al Comité los asuntos sobre estas materias cuando no ha sido posible llegar a acuerdo. Debe además, hacer un seguimiento y promover la cooperación en materias relacionadas con productos agrícolas.

Como resultado de este Tratado Chile obtuvo la reducción aproximadamente del 90% de los aranceles aduaneros para los bienes que tradicionalmente exporta a Canadá y Canadá obtuvo una reducción de alrededor de 75% de los aranceles aduaneros para los bienes que tradicionalmente exporta a Chile. Además, según se establece en el Anexo C-02.2, se acuerda una reducción gradual de los aranceles para los demás bienes para llegar a un arancel de 0% el año 2003. Las grandes excepciones consisten mayormente para bienes agrícolas (ej. arroz, aceite vegetal, azúcar, trigo y harina), respecto de los cuales Chile tiene períodos mayores a 10 años (ej. carne de cerdo, maíz, remolacha azucarera, etc.), 15 años (ej. carne de vacuno), 16 años (ej. azúcar), o 18 años (ej. trigo y harina). Los productos lácteos y el pollo también se encuentran sujetos a cuotas en ambos países, Canadá tiene una restricción permanente sobre la importación de troncos de árboles chilenos mientras Chile ha hecho lo mismo con los autos usados canadienses16.

El Tratado eliminó los derechos aduaneros en la mayoría de los ítemes, como resultado de lo cual el comercio canadiense en el sector que no incluye comodities se ha incrementado. En 1998 las principales exportaciones desde Canadá hacia Chile fueron: maquinaria, papel, trigo, carbón y vehículos. Por su parte, las principales exportaciones desde Chile hacia Canadá fueron: fruta fresca (mayormente uvas, melocotones y ciruelas), cobre, vino, carne de pescado y salmón.

Dado el éxito alcanzado en la aplicación del Tratado y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. C-02 que permite acelerar la eliminación de aranceles aduaneros, las Partes firmaron el Primer Protocolo Adicional del Tratado, el 4 de noviembre de 1999, que entró en vigor el 1 de enero de 2000, el que junto con su Anexo constituyen un Acuerdo de Ejecución del Tratado de Libre Comercio. Los productos beneficiados con este Acuerdo son, entre otros, ciertos productos de pavo, tomates frescos o congelados, melocotones, ciruelas, ciertos pigmentos de color, ciertos artículos de plástico y un número de productos textiles17.Con este Acuerdo se espera un incremento en el comercio bilateral del orden de los 25 millones de dólares18.

En el año 2001, ambos países han acordado la eliminación de aranceles de la lista de aranceles de Chile sobre los siguientes productos originados en Canadá: papas, porotos y arvejas secos y alimento para mascotas19.

b) Inversión: La extensión con que esta materia ha sido regulada deja de manifiesto la importancia de la inversión extranjera en las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países, dado que Canadá es el segundo mayor inversionista en Chile. El principal destino de las inversiones canadienses en Chile es el sector minero (de las 20 empresas mineras exportadoras de Chile 5 cuentan con capitales canadienses20), aun cuando también es significativa en los sectores: energético, servicios financieros, equipamiento de manufacturas y telecomunicaciones.

La importancia asignada al tratamiento de la inversión extranjera en este Tratado radica en que, una vez que la inversión ingresa al territorio del país receptor, el inversionista queda sometido a la legislación del país receptor. Históricamente, los temas relativos a la inversión extranjera han dado origen a más de una controversia internacional debido a que el inversionista extranjero que ha recibido un trato contrario a las obligaciones internacionales por parte del Estado receptor tiene la obligación de intentar obtener la reparación adecuada ante dichos tribunales y las autoridades administrativas de ese Estado, pudiendo solicitar la protección diplomática del Estado del cual es nacional si una vez que se han agotado los recursos internos no ha conseguido satisfacer su reclamación. Sin embargo, el otorgamiento de esta protección está determinada por consideraciones políticas, por lo que no necesariamente se concede. Sin lugar a dudas, estas consideraciones inciden en la evaluación de riesgos de la respectiva inversión, ya que necesariamente introducen un elemento de incertidumbre, lo que dada la envergadura de los montos comprometidos en la inversión no es un tema menor. Por esta razón los acuerdos sobre inversión extranjera buscan reglar la inversión y crear mecanismos de solución de controversias que sustraigan su conocimiento de los sistemas jurídicos nacionales. El Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá no escapa a esta lógica y por ello regula en forma bastante exhaustiva el tipo de inversión amparada por el mismo, estableciendo los derechos y obligaciones de las Partes y los mecanismos de solución de controversias.

En esta materia el ámbito de aplicación son las medidas que adopte o mantenga una Parte relativas a: los inversionistas de la otra Parte, las inversiones de inversionistas de la otra Parte realizadas en territorio de la Parte, y lo relativo a los artículos G-06 (Requisitos de desempeño) y G-14(medidas relativas a medio ambiente), todas las inversiones en el territorio de la Parte (Art. G-01).

El Artículo G-40 define que se considera inversión para estos efectos:

a) una empresa

b) acciones de capital de una empresa

c) instrumentos de deuda de una empresa: (i) cuando la empresa es una filial del inversionista, o (ii) cuando la fecha original del instrumento de deuda sea por lo menos de tres años, pero no incluye un instrumento de deuda de una empresa estatal, independientemente de la fecha original de vencimiento;

d) un préstamo a una empresa: (i) cuando la empresa es una filial del inversionista, o (ii) cuando la fecha de vencimiento original del préstamo sea por lo menos de tres años, pero no incluye un préstamo a una empresa estatal, independientemente de la fecha original de vencimiento;

e) una participación en una empresa, que le permita al propietario participar en los ingresos o en las utilidades de la empresa.

f) una participación en una empresa que otorgue derecho al propietario para participar del haber social de esa empresa en su disolución, siempre que éste no derive de un instrumento de deuda o un préstamo excluidos conforme los incisos c) o d).

g) bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos con la expectativa de, o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales; y

h) la participación que resulte del capital u otros recursos comprometidos para el desarrollo de una actividad económica en territorio de una Parte, entre otros, conforme a:

i) contratos que involucran la presencia de la propiedad de una inversionista en territorio de la Parte, incluidos, las concesiones, los contratos de construcción y de llave en mano, o

ii) contratos donde la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa.

De esta forma no sólo queda comprendida la inversión extranjera directa, sino también las demás formas de inversión extranjera.

Sin embargo, quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación del Tratado, las inversiones en instituciones financieras (Art. G-01), es decir, cualquier intermediario financiero u otra empresa que esté autorizada para hacer negocios y esté regulada o supervisada como una institución financiera conforme a la legislación de la Parte en cuyo territorio se encuentre ubicada (Art. G-40).

Las inversiones se rigen por el trato nacional (Art. G-02) y por el trato de la nación más favorecida(Art. G-03). En ambos casos el Tratado delimita el alcance de los principios.

El Tratado contiene disposiciones específicas en materia de:

a) Requisitos de Desempeño. Ninguna Parte podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los requisitos señalados en el artículo o hacer cumplir ninguna obligación o compromiso, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción u operación de una inversión (Art. G-06).

b) Altos ejecutivos. Se prohibe la exigencia de una nacionalidad particular para los altos ejecutivos, lo que sí es exigible para la mayoría de los miembros del directorio o de cualquier comité (Art. G-08).

c) Transferencias. Cada Parte debe permitir que las transferencias relacionadas con una inversión de un inversionista de la otra Parte se hagan libremente y sin demora, especificándose los ítemes que se entienden incluidos (Art. G-09).

d) Expropiación e indemnizaciones. Prohibe nacionalizar o expropiar, directa o indirectamente, una inversión o adoptar medidas equivalentes, salvo las excepciones establecidas y se regula el pago de las indemnizaciones (Art. G-10).

e) Medidas relativas al medio ambiente, nada de lo dispuesto en el Capítulo G se interpretará como impedimento para que una parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida, por lo demás compatible con este Capítulo, que considere apropiada para asegurar que las actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental y es inadecuado alentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a salud o seguridad o relativas a medio ambiente (Art. G-14).

f) Solución de controversias entre una Parte y un inversionista de la otra Parte. Este es uno de los aspectos que alcanza un mayor desarrollo en este Capítulo, debido a que este ha sido históricamente uno de los aspectos más críticos en el proceso de inversión extranjera, dando origen en el derecho internacional a un importante capítulo referido a la protección de la inversión extranjera. El Tratado establece un mecanismo especial para la solución de controversias en materia de inversión, sin perjuicio de las disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias establecidos en el Capítulo N. Su objetivo es asegurar un trato igual entre inversionistas de las Partes de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional y un debido proceso legal ante un tribunal imparcial (Art. G-16).

Se establece el arbitraje con carácter facultativo, por lo tanto, quedan subsistentes las acciones para someter la disputa a los tribunales de las Partes. Debido a ello, es condición previa al sometimiento de la controversia a arbitraje, la renuncia escrita al derecho a iniciar o continuar cualquier procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial conforme a la ley de cualquiera de las Partes o cualquier otro procedimiento de solución de controversias (Art. G-22).

Finalmente, las partes contendientes deben previamente intentar dirimir la controversia por vía de consulta o negociación (Art. G-19).

c) Comercio transfronterizo de servicios: El Art. H-01 dispone que el ámbito de aplicación en esta materia está constituido por: a) la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de servicios; b) la compra, o uso o el pago de un servicio; c) el acceso a y el uso de sistemas de distribución y transporte relacionados con la prestación de un servicio; d) la presencia en su territorio de un prestador de servicios de la otra Parte; y e) el otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera como condición para la prestación de un servicio.

Por su parte, quedan excluidos expresamente del ámbito de aplicación del Acuerdo los siguientes servicios: a) el comercio transfronterizo de servicios financieros; b) los servicios aéreos, incluidos los de transporte aéreo nacional e internacional, regulares o no regulares, así como las actividades auxiliares de apoyo a los servicios aéreos, salvo: (i) los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves durante el período en que se retira una aeronave de servicio, y (ii) los servicios aéreos especializados; c) las compras gubernamentales hechas por una parte o empresa del Estado; ni d) los subsidios o donaciones otorgados por una Parte o una empresa del Estado, incluidos los préstamos, garantías y seguros apoyados por el gobierno.

El comercio de servicios se rige por los principios de trato nacional (Art. H-02) y de trato de la nación más favorecida (Art. H-03).

Cabe destacar que el Tratado no impone a una Parte ninguna obligación respecto a un nacional de la otra que pretenda ingresar a su mercado de trabajo o tenga empleo permanente en su territorio, ni confiere a ese nacional ningún derecho respecto a dicho acceso o empleo. Asimismo, no impide a una Parte prestar servicios o llevar a cabo funciones tales como la ejecución de leyes, servicios de readaptación social, pensión o seguro de desempleo o servicios de seguridad social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud y protección de la niñez, cuando se desempeñen de forma compatible con este capítulo del Tratado (Art. H-01).

Además, una Parte no puede exigir a un prestador de servicios de la otra, que establezca o mantenga oficina de representación ni ningún tipo de empresa o que sea residente en su territorio como condición para prestar el servicio (Art. H-05)

d) Telecomunicaciones: Esta materia se encuentra regulada en el Capítulo I. Su ámbito de aplicación comprende las medidas relacionadas con el acceso a y el uso de redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones por personas de la otra Parte, incluso cuando operen redes privadas; la prestación de servicios mejorados o de valor agregado por personas de la otra Parte en territorio de la primera o a través de sus fronteras; y la normalización respecto de la conexión de equipo terminal u otro equipo a las redes públicas de transporte de telecomunicaciones (Art. I-01). Para ello regula en forma específica cada una de estas situaciones.

Queda excluida de su aplicación cualquier medida en relación con la radiodifusión o la distribución por cable de programación de radio o televisión, salvo para garantizar que las personas que operen estaciones de radiodifusión y sistemas de cable tengan acceso y uso continuo de las redes y de los servicios públicos de transporte de telecomunicaciones.

Asimismo, contiene disposiciones en materia de monopolios, estableciendo que cuando una Parte mantenga o designe un monopolio para proveer redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y éste compita, directamente o a través de una filial, en la prestación de servicios mejorados o de valor agregado u otros bienes y servicios vinculados con las telecomunicaciones, la Parte se debe asegurar que no utilice su posición monopólica para incurrir en prácticas contrarias a la competencia. Dichas prácticas pueden incluir subsidios cruzados, conductas predatorias y discriminación en el acceso a las redes y los servicios públicos de transporte de telecomunicaciones. Para ello se señalan a modo ejemplar una serie de medidas que cada Parte debe adoptar (Art. I-05).

e) Política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado: No se debe olvidar que este tipo de tratados descansa en la necesidad de aumentar la libertad comercial, basándose en prácticas no discriminatorias y transparentes, debido a ello estas materias tienen particular importancia para el logro de sus fines. Más aun, entre los objetivos establecidos en el Art. A-02 se encuentra la promoción de la competencia leal dentro de la zona de libre comercio. Así, en lo tocante al Derecho de competencia, se establece que las Partes deben adoptar o mantener medidas que prohiban prácticas de negocios contrarias a la competencia y emprender las acciones que procedan, pues reconocen que estas medidas coadyuvarán a lograr los objetivos de este Tratado (Art.J-01).

Asimismo, se reconoce la importancia de la cooperación y coordinación entre sus autoridades para impulsar la aplicación efectiva de la legislación en materia de competencia en la zona de libre comercio y se establece la cooperación para cuestiones relacionadas con el cumplimiento de esta legislación, incluyendo la asistencia legal mutua, la comunicación, la consulta y el intercambio de información relativa a la aplicación de leyes y políticas en esta materia en la zona de libre comercio.

En lo relativo a los monopolios, aun cuando éstos en principio son contrarios a la competencia, se reconoce el derecho de las Partes para designar un monopolio, pero cuando se pretenda designarlo y éste pueda afectar los intereses de personas de la otra Parte, se debe notificar previamente por escrito (siempre que sea posible), y procurar introducir en la operación del monopolio condiciones que minimicen o eliminen cualquier anulación o menoscabo de los beneficios (Art.J-02).

Para estos efectos monopolio significa una entidad, incluido un consorcio u organismo gubernamental que, en cualquier mercado pertinente en el territorio de una Parte, ha sido designado proveedor o comprador único de un bien o servicio, pero no incluye a una entidad a la que se le haya otorgado un derecho de propiedad intelectual exclusivo derivado solamente de dicho otorgamiento (Art. J-04).

Paralelamente, se dispone que las Partes mediante un control reglamentario debe asegurar la supervisión administrativa o la aplicación de otras medidas para que cualquier monopolio no actúe de manera incompatible con las obligaciones del Tratado.

Con respecto a las empresas del Estado se reconoce el derecho a mantener o establecer estas empresas, las que no deben actuar de manera incompatible con las obligaciones del Tratado (Art. J-03). Una empresa del Estado (Art. J-04) es una empresa de propiedad de una Parte o bajo control de la misma, mediante derechos de dominio. Para Canadá significa una Crown Corporation en el sentido que la define la Financial Administration Act o una Crown Corporation en el sentido que la define la legislación provincial comparable, o entidad equivalente, o que se haya constituido conforme a cualquier otra legislación provincial (Anexo J-04).

3) Instituciones del Tratado y Solución de Controversias

El Tratado crea la Comisión de Libre Comercio integrada por representantes de las Partes a nivel de Secretaría de Estado o por las personas a quienes éstos designen (Art. N-01). Esto, sin perjuicio de las instituciones creadas para materias específicas del Tratado.

La Comisión tiene funciones de carácter obligatorio y de carácter facultativo. Las funciones de carácter obligatorio son: supervisar la puesta en práctica del Tratado y vigilar su ulterior desarrollo, resolver las controversias que pudiesen respecto a su interpretación o aplicación, supervisar la labor de todos los comités y grupos de trabajo establecidos conforme al Tratado, incluidos en el Anexo N-01.2, y conocer cualquier otro asunto que pudiese afectar el funcionamiento del Tratado. Las funciones facultativas son: establecer y delegar responsabilidades en comités ad-hoc o permanentes, grupos de trabajo y de expertos; solicitar la asesoría de personas o grupos sin vinculación gubernamental; y adoptar cualquier otra acción para el ejercicio de sus funciones, según acuerden las partes.

Por su parte, el Secretariado está integrado por secciones nacionales y su función es proporcionar asistencia a la Comisión, brindar apoyo administrativo a los paneles creados de conformidad al capítulo N y por instrucciones de la Comisión debe apoyar la labor de los comités y grupos establecidos conforme a este Tratado, y facilitar el funcionamiento del Tratado.

En relación con el Anexo N-01.2 debe supervisar el Comité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen (Art. C-15) y los Sub Comités de Agricultura (Art. C-15(4)) y de Aduanas (Art. E-13); el Comité de Normas de Telecomunicaciones (Art.I-04(7)); el Comité sobre Medidas Antidumping y Compensatorias (Art. M-05) y el Comité Consultivo sobre Disputas Comerciales Privadas (Art. N-21(4)), y el Grupo de Trabajo para la Entrada Temporal (Art. K-05).

Finalmente, el Tratado establece un sistema de solución de controversias que se aplica a la solución o prevención de todas las controversias entre las Partes sobre la aplicación o interpretación del Tratado o en toda circunstancia que una Parte considere que una medida vigente o proyecto de otra Parte, es o podría ser incompatible con las obligaciones del Tratado o pudiera causar anulación o menoscabo(Art. N-04). Las controversias pueden someterse a las normas del Tratado o al procedimiento de solución de controversias de la OMC, a elección de la Parte reclamante (Art. N-05.1).

B. ACUERDO DE COOPERACIÓN AMBIENTAL

La suscripción de este Acuerdo tiene como finalidad complementar el Tratado de Libre Comercio y forma parte de los vínculos económicos y sociales que se han ido desarrollado entre ambos países.

En su Preámbulo existe un reconocimiento expreso de la importancia de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente en sus territorios y de la cooperación como un elemento esencial para alcanzar el desarrollo sustentable. Asimismo, se reafirma el derecho soberano de los Estados para aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y su responsabilidad de velar porque las actividades bajo su jurisdicción o control no causen daño al medio ambiente de otros Estados ni a zonas fuera de los límites de jurisdicción nacional. Ambos países comparten el compromiso de adoptar políticas que promuevan el desarrollo sustentable.

Entre los objetivos establecidos en el Art. 1, se destacan:

a) alentar la protección y el mejoramiento del medio ambiente en los territorios de las Partes.

b) promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas.

c) apoyar las metas y objetivos del Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá.

d) evitar la creación de distorsiones o de nuevas barreras al comercio.

e) mejorar la observancia y aplicación de las leyes y reglamentos ambientales.

e) promover medidas ambientales efectivas y económicamente eficientes.

Respecto a las obligaciones, el Art. 2 establece compromisos generales de cada Parte en relación con su territorio, la posible incorporación a su derecho de cualquier recomendación que elabore el Consejo que crea el Acuerdo y la posibilidad de prohibir la exportación al territorio de la otra Parte de pesticidas o de sustancias tóxicas cuyo uso esté vedado en su propio territorio.

El Acuerdo también contempla medidas gubernamentales de fiscalización (Art. 5), con el objeto de lograr altos niveles de protección ambiental y de cumplimiento de sus leyes y reglamentos ambientales. De manera consistente, se establece el deber de cada Parte de asegurar a las personas con un interés jurídicamente reconocido en un asunto particular, conforme a su derecho interno, la disponibilidad de procedimientos judiciales, cuasi judiciales o administrativos para aplicar sus leyes y reglamentos ambientales (Art. 6), a fin de solicitar a las autoridades competentes que investiguen presuntas violaciones a tales normas y sancionar o reparar violaciones a éstas. Según proceda, las sanciones y recursos previstos contra dichas violaciones, deberán: a) tomar en cuenta la naturaleza y gravedad de la infracción, cualquier beneficio económico que obtenga de ella el infractor, la situación económica de éste y otros factores pertinentes; y b) incluir convenios de cumplimiento, multas, encarcelamiento, medidas precautorias, clausura de instalaciones y el costo de confinar o limpiar la contaminación.

En materia procesal, cada Parte garantizará que los procedimientos administrativos, cuasi judiciales y judiciales sean justos, abiertos y equitativos, y con este propósito dispondrá que dichos procedimientos cumplan con el debido proceso legal, sean públicos (salvo cuando la administración de justicia requiera otra cosa), otorguen derecho a las partes en el procedimiento a sustentar o defender sus respectivas posiciones y a presentar información o prueba; y no sean innecesariamente complicados, no impliquen costos o plazos irrazonables ni demoras injustificadas (Art. 7).

Las resoluciones definitivas sobre el fondo del asunto se deben formular por escrito (preferentemente fundadas), se deben poner a disposición de las partes sin demoras indebidas (o al público cuando proceda según su legislación), y se deben fundar en la información o pruebas respecto de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

En el plano institucional se crea una Comisión para la Cooperación Ambiental entre Chile y Canadá, integrada por un Consejo, un Comité Conjunto Revisor de Peticiones y un Comité Consultivo Público Conjunto. Asimismo, se establece un Secretariado Nacional de cada Parte, cuya función es asistir a la Comisión (Art. 8). Por su parte, el Consejo es el órgano rector de la Comisión y le corresponde, entre otras funciones, supervisar la aplicación del Acuerdo y elaborar recomendaciones sobre su desarrollo futuro, señalando las materias sobre las cuales puede examinar y elaborar recomendaciones. El Consejo debe cooperar con la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio con el fin de alcanzar las metas y objetivos ambientales de dicho Tratado.

La cooperación ambiental se ha dado en el área de la minería, silvicultura, normas y estándares, agua, producción limpia y participación pública.

C. ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL

Al igual que el Acuerdo de Cooperación Ambiental complementa el Tratado de Libre Comercio. Su propósito es promover, realzar y poner en vigor los derechos básicos de los trabajadores.

En términos generales, sus objetivos son (Art. 1):

a) mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida de ambos países, y

b) proteger, valorizar y hacer respetar los derechos fundamentales de los trabajadores.

c) promover los once principios laborales que se encuentran contenidos en el Anexo 1, éstos son: la libertad de asociación, el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga, prohibición de trabajo forzoso, protección a niños y jóvenes en materia laboral, normas de trabajo mínimas, eliminación de la discriminación, igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, y protección de trabajadores migrantes.

d) aplicar eficazmente su propia legislación laboral.

e) desarrollar actividades de cooperación laboral.

Para lograr los objetivos, las Partes establecen en la Segunda Parte obligaciones (Arts. 2 y ss.), asumiendo un compromiso general consistente en asegurar que sus leyes y reglamentos laborales prevean altas normas y reglamentos laborales, congruentes con centros de trabajo de alta calidad y productividad y se esforzarán por mejorar dichas normas y reglamentos en tal sentido. Además, se establecen medidas gubernamentales de fiscalización, acciones disponibles a los particulares y garantías procesales, entre otras, las que se pueden sintetizar como sigue:

a) garantizar que sus leyes y reglamentos laborales prevean la elevación de sus normas laborales y esforzarse por mejorar dichas normas.

b) promover la observancia de su legislación laboral y aplicarla efectivamente por conductos de medidas gubernamentales adecuadas.

c) garantizar que las personas con interés jurídicamente reconocido conforme a su derecho interno en un asunto en particular tengan acceso adecuado a los tribunales administrativos, cuasi judiciales (cuando corresponda), judiciales o del trabajo para la aplicación de la legislación laboral de la Parte.

d) garantizar que los procedimientos para la aplicación de su legislación laboral sean justos, equitativos y transparentes.

e) asegurarse de que se publiquen sus leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general.

f) promover el conocimiento público de su legislación laboral.

Desde un punto de vista institucional, el Acuerdo crea la Comisión de Cooperación Laboral consistente en un Consejo ministerial binacional, apoyado por una Secretaría nacional en cada país. El Consejo debe reunirse anualmente, examinar los progresos realizados y aprobar el plan de trabajo, de cuya implementación son responsables las Secretarías nacionales (Arts. 8 y ss.).

La primera actividad de cooperación en esta materia ha sido un seminario sobre estándares laborales y de seguridad y salud en el trabajo, realizado en Santiago, en enero de 199821.

Para 1999 se señalaban actividades de colaboración en áreas como derecho y práctica de las relaciones industriales y mujer y trabajo22.

D. CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y CANADÁ PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN A LOS IMPUESTOS A LA RENTA Y AL PATRIMONIO23

El Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá establece en el Anexo O-03.1 que las Partes acuerdan celebrar un tratado bilateral de doble tributación dentro de un plazo razonable después de la entrada en vigor del mismo. Con la suscripción de este Convenio se da cumplimiento a dicho compromiso.

Su objetivo es facilitar el crecimiento del comercio y la inversión en ambos países estableciendo un marco tributario más estable para personas y empresas que hacen negocios en ambos países24. Por lo tanto evita la doble tributación, particularmente en aquellas áreas de importancia para el intercambio bilateral y, en especial, en aspectos que están directamente relacionados con la inversión extranjera.

El ámbito de aplicación subjetivo de este Convenio son las personas residentes en uno o en ambos Estados Contratantes (Art. 1). En consecuencia, el factor que permite a un Estado someter a imposición es "la residencia en un Estado contratante", entendiéndose para estos efectos el domicilio, la residencia, la sede de dirección, el lugar de constitución o cualquier criterio de naturaleza análoga. Por lo tanto, este criterio se aplica tanto a personas naturales como jurídicas (Art. 4).

El ámbito de aplicación material de este Convenio está constituido por los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigible por cada uno de los Estados Contratantes. Particularmente, los impuestos establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta de Chile y la Ley de Impuesto a la Renta de Canadá (Art. 2 n3).

El Convenio considera impuestos sobre la renta y el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre la plusvalía (Art. 2 n2).

El Convenio establece normas específicas sobre tributación de las rentas y patrimonio. En materia de rentas establece normas para: rendimientos inmobiliarios, beneficios empresariales, transporte aéreo y marítimo, empresas asociadas, dividendos, impuestos a la agencia (impuesto adicional), intereses, regalías, ganancias de capital, servicios personales independientes, servicios personales dependientes, participaciones del consejo, artistas y deportistas, pensiones y anualidades, funciones públicas, estudiantes y otras rentas (Arts. 6 a 21).

Para eliminar la doble tributación se establece un método para cada país (Art. 23).

El caso de Chile:

a) las personas residentes en Chile que obtengan rentas que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en Canadá, podrán acreditar contra los impuestos chilenos correspondientes a esas rentas los impuestos aplicados en Canadá, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación chilena.

b) cuando de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas obtenidas por un residente de Chile o el patrimonio que éste posea estén exentos de imposición en Chile, Chile podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre las demás rentas o el patrimonio de dicho residente.

El caso de Canadá:

a) sujeto a las disposiciones vigentes de la legislación de Canadá referidas a la deducción de impuestos pagados en el extranjero del impuesto a pagar en Canadá, y a cualquier modificación posterior de esas disposiciones y salvo que se disponga una mayor deducción o reducción en la legislación canadiense, el impuesto a pagar en Chile sobre los beneficios, rentas o ganancias originadas en Chile podrá deducirse del impuesto a pagar en Canadá con respecto a esos beneficios, rentas o ganancias.

b) sujeto a las disposiciones vigentes de la legislación de Canadá referidas a la imposición de la renta de una filial extranjera y a cualquier modificación posterior de esas disposiciones para el cálculo del impuesto canadiense, una sociedad residente en Canadá podrá deducir en el cálculo de su renta imponible todo dividendo percibido por ella que provenga de beneficios exentos de una filial extranjera residente en Chile; y

c) cuando de conformidad con cualquier disposición del presente Convenio, las rentas obtenidas por un residente de Canadá o el patrimonio que éste posea estén exentos de imposición en Canadá, Canadá podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre las demás rentas o el patrimonio de dicho residente.

El Convenio está basado en el principio no discriminación (Art. 24), estableciendo que:

a) Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ninguna imposición u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosas que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia.

b) Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en otro Estado Contratante no serán sometidos en ese Estado a una imposición menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.

4. Las empresas que sean residentes de un Estado Contratante y cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante no estarán sometidas en el primer Estado a ninguna imposición u obligación relativa al mismo que no se exijan o sean más gravosas que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas las sociedades similares residentes del primer Estado cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes de un tercer Estado.

CONSIDERACIONES FINALES

Tanto el Tratado, en su Art. P-04, como los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral establecen que las partes trabajarán con el objeto de lograr la accesión de Chile al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y a los respectivos Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral. En opinión de algunos analistas este Tratado no facilita, sino que dificulta la accesión de Chile, entre otras razones, porque las reglas de origen que establece son muy liberales en comparación con las que establece el NAFTA y a diferencia de éste, el Tratado no hace nada por liberalizar los servicios financieros y no contiene disposiciones sobre propiedad intelectual. A esto se suma el hecho de que Chile mantiene la norma que no permite repatriar los capitales de una inversión durante un año (D.L. 600) y el encaje a la inversión extranjera, lo que es considerado por el gobierno de Estados Unidos como una barrera a la inversión, la que no sería tolerada en una participación de Chile en el NAFTA y también mantiene las bandas de precios en materia agrícola.25 Por otra parte, en opinión del Premio Nobel Gary Becker,26los congresistas estadounidenses temen las consecuencias de las pérdidas de puestos de trabajo en sus distritos por la expansión de NAFTA, por lo que es necesario hacer ver al público norteamericano que ninguna de las amenazas y predicciones negativas se hicieron realidad con el NAFTA y que por el contrario Canadá, Estados Unidos y México se han visto beneficiados por el gran éxito alcanzado por el NAFTA, lo que es el mejor argumento, tanto político como económico, para su expansión hemisférica.

En consecuencia, la posibilidad de que Chile acceda al NAFTA depende de consideraciones políticas y económicas de los países miembros del Acuerdo y en particular de Estados Unidos, ya que, desde un punto de vista jurídico, la eliminación de cualquier obstáculo o incompatibilidad que pudiera presentar el Tratado Chile-Canadá es perfectamente modificable de acuerdo a lo dispuesto en el propio Tratado.

En lo que respecta al Tratado, éste se encuentra plenamente en vigor y a la fecha se han celebrado tres reuniones de la Comisión de Libre Comercio Chile-Canadá, la que ha cumplido con su misión de implementar totalmente el Tratado. En la reunión de 1998 se daba cuenta que se encontraban operativos los 7 comités y grupos de trabajo. Como parte del proceso de implementación del Tratado, en 1998 se estableció un grupo de Trabajo en Inversiones y Servicios. En mayo de 2001 se acordó establecer formalmente un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias. Además, como resultado del trabajo de la Comisión se puede citar la suscripción del Acuerdo sobre doble tributación y la celebración del Primer Protocolo Adicional destinado a acelerar la desgravación arancelaria, según lo previsto en el propio Tratado.

Finalmente, cabe señalar que tras cuatro años de aplicación del Tratado la evaluación de las Partes es positiva. Las estadísticas de ambos países dan cuenta de un incremento del comercio y la inversión, dicho análisis se basa en la información del Banco Central de Chile y del Statistics Canada. Al respecto se citan entre los logros: el incremento de 29% en el comercio bilateral en el año 2000 con respecto a 1999; entre los miembros del ALCA Canadá se ha convertido en el hemisferio, el mercado en más rápido crecimiento para Chile con un incremento anual de 40,5%; Canadá ha continuado aumentando su participación en el mercado chileno a expensas de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón; el comercio de Canadá es altamente diversificado, cubriendo 403 sectores en el sistema armonizado de clasificación de 4 dígitos, lo mismo sucede con el comercio de Chile que cubre 368 productos y 415 empresas; además sectores específicos están experimentando enormes tasas de crecimiento como resultado de las ventajas arancelarias establecidas en el Tratado; Chile es el mayor destino de inversión extranjera en América latina y el séptimo destino en el mundo.27

BIBLIOGRAFÍA

1. Becker, Gary S., "Expansión del Nafta a todo el Hemisferio", El Mercurio, sábado 23 de diciembre de 2000, cuerpo A.         [ Links ] 2. "Convenio para Evitar la Doble Tributación", publicado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 2000.         [ Links ]

3. "Declaración Conjunta de Ministros. Primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio Chile-Canadá". Santiago, 21 de enero de 1998.

4. Department of Foreign Affairs and International Trade. Fours Years into the Free Trade Agreement: Analysis of Canada-Chile Trade and Investment Relations.

5. Department of Foreign Affairs and International Trade: Opening the Doors to the World: Canada's International Market Access Priorities 2000.

6. Department of Foreign Affairs and International Trade. Opening the Doors to the Wsorld: Canada's International Market Access Priotities 2001.

7. Díaz Mier, Miguel Angel, Del GATT a la Organización Mundial de Comercio, Editorial Síntesis S.A., Madrid, 1996.         [ Links ]

8. Joint Stament of the Ministers. Second Meeting of the Canada-Chile Free Trade Agreement Trade Commission. Toronto, November 4, 1999.

9. Joint Meeting of the Ministers. Third Meeting of th Canada-Chile Free Trade Commission. Santiago, May 10, 2001.

10. O'Keefe, Thomas, "The Evolution of Chilean Trade Policy n the Americas: From Lone Range to Team Player", Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, Vol. 5, 1998.         [ Links ]

11. Primer Protocolo Adicional al Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá, Toronto 4 de noviembre de 1999.

12. Rozas, Patricio (1996), "La inversión Directa Canadiense en la Economía Chilena: Antecedentes Preliminares" en Rozas, Patricio(ed.): CHILE Y EL NAFTA. Antecedentes, Problemas y Perspectivas, Ediciones Pries Conosur, Santiago, 1996.         [ Links ]

13. Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá.


1 Rozas, Patricio (1996), "La inversión Directa Canadiense en la Economía Chilena: Antecedentes Preliminares" en Rozas, Patricio (ed.), CHILE Y EL NAFTA. Antecedentes, Problemas y Perspectivas, Ediciones Pries Conosur, Santiago, 1996, pp. 215-260; p. 216.

2 Ibídem, p. 220.

3 Ibídem, pp. 220-222.

4 Department of Foreign Affaris and International Trade. Fours Years into the Free Trade Agreement: Analysis of Canada-Chile Trade and Investment Relations. Disponible en www.dafait-maeci.gc.ca/tna-nac/bilateral-e.asp

5 Department of Foreign Affairs and International Trade. Opening the Doors to the World: Canada's International Market Access Priorities 2000, p. 102.

6 Ibídem, pp. i-ii.

7 Department of Foreign Affairs and International Trade. Opening ..., 2000, Op. cit., pp. 20-22.

8 Ibídem

9 Maclean's; Toronto, Mar 16, 199, p. 2.

10 Department of Foreign Affairs and International Trade. Opening...2000, op. cit., pp. 46-47.

11 Department of Foreign Affairs and International Trade. Opening Doors to the World: Canada's International Market Access Priorities 2001. Chapter 4. Disponible en www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/2001/4-e.asp

12 O'Keefe, Thomas, "The Evolution of Chilena Trade Policy in the Americas: From Lone Range to Team Player", Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, Vol. 5, 1998, p. 2, disponible en www.sice.oas.org/trade

13 Díaz Mier, Miguel Angel, Del GATT a la Organización Mundial de Comercio. Editorial Síntesis, S.A., 1996, p. 26.

14 El Acuerdo es de fecha 15 de abril de 1994 y que entró en vigor en el plano internacional el 1 de enero de 1995.

15 Ver Preámbulo del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio.

16 O'Keefe, Op. cit., p. 4.

17 Second Meeting of the Canada-Chile Free Trade Agreement Free Trade Commission. Annex to the Joint Stamente of the Ministers: Implementation Actions. Toronto, November 4, 1999.

18 Ibídem. No se especifica si esta cifra está calculada en dólares canadienses o de los Estados Unidos.

19 Third Meeting of the Canada-Chile Free Trade Commission: Joint Stament of Ministers. Santiago, May 10. 2001.

20 Información disponible en: http://wwww.dfait-maeci.gc.ca/latinamerica/countries

21 Primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio Chile-Canadá. Declaración Conjunta de Ministros. Santiago, 21 de enero de 1998.

22 Second Meeting of the Canada-Chile Free Trade Agreement Free Trade Commission: Joint Statement of the Ministers. Toronto, November 4, 1999.

23 Publicado en el Diario Oficial de Chile el 8 de febrero de 2000.         [ Links ]

24 Primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio Chile-Canadá. Declaración Conjunta de Ministros. Santiago, 21 de enero de 1998.

25 O'Keefe, op. cit., p. 5

26 Becker, Gary S., "Expansión del Nafta a Todo el Hemisferio", El Mercurio, sábado 23 de diciembre de 2000, Cuerpo A.

27 Dapartment of Foreign Affairs and International Trade. Four Years ..., Op. cit. En el referido documento se especifican en detalle las cifras relativas al intercambio comercial bilateral.