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Chungará (Arica)

versión On-line ISSN 0717-7356

Chungará (Arica) v.36  supl.espec. t1 Arica sep. 2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562004000300049 

  Volumen Especial, 2004. Páginas 489-497
Chungara, Revista de Antropología Chilena

SIMPOSIO MANEJO DE RECURSOS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS

MANEJO DEL RECURSO ARQUEOLÓGICO EN RAPA NUI: TEORÍA Y REALIDAD

 

José Miguel Ramírez Aliaga*

* Centro de Estudios Rapa Nui, Universidad de Valparaíso. Casilla 8026, Viña del Mar.


El presente documento es una aproximación personal a la situación que afecta al patrimonio arqueológico rapanui, a partir de los principios establecidos en leyes y reglamentos del Estado de Chile, así como en compromisos internacionales. Se contrastan esos datos con la forma en que efectivamente se ha venido manejando la isla, y su impacto sobre el patrimonio. Se describe la amenaza a la sustentabilidad del desarrollo rapanui, en tanto la única industria de la isla es el turismo, basado en ese recurso.

Palabras claves: Rapa Nui, manejo de recursos culturales.

This paper represents a personal approach to the situation than affect the archaeological sites on Easter Island, after a seven years experience as Administrator of the Rapa Nui National Park (1993-1999). It compares the utopic regulations, laws and international treaties concerning the protection of the rapanui heritage with the historical management of the island and the real treatment of the archaeological patrimony. This situation is seen as a serious threat to the sustainable development of the island, for it is the archaeological tourism the only industry of the island.

Key words: Easter Island, cultural resource management.


En primer lugar,resulta necesario resaltar las extraordinarias características de Rapa Nui, tanto desde el punto de vista de la riqueza de sus recursos arqueológicos como de la fragilidad de su ambiente.

En Rapa Nui, una isla de apenas 166 km2, y en el más impresionante aislamiento, se desarrolló una cultura megalítica única en Polinesia y el mundo.

Tales expresiones monumentales se concentran en una franja de unos 1.000 a 1.500 metros alrededor de la isla, en donde destacan la mayoría de los 270 altares (ahu) y casi 900 estatuas o moai, que caracterizan el período clásico o "fase Ahu-Moai", entre los siglos X y XVI de nuestra era. En total, se han descrito más de veinte mil sitios arqueológicos en la isla (Cristino et al. 1981), que incluyen distintos tipos de estructuras habitacionales, agrícolas y, en forma muy destacada, petroglifos. Este último ítem aparece disminuido frente a los ahu y moai, sin embargo, constituye uno de los documentos más interesantes de la isla por su abundancia, variedad y calidad. Un sitio único es la Aldea Ceremonial de Orongo, centro del ritual del tangata manu (hombre pájaro) que caracteriza la fase de adaptación que sigue al abandono del megalitismo ("fase Huri-Moai", entre fines del 1600 y comienzos del 1800), efecto final del desastre ambiental provocado por el hombre.
La intervención de esa antigua sociedad polinésica sobre el frágil ecosistema fue al mismo tiempo el estímulo para su desarrollo y la causa de su degradación y cambio radical en todos los ámbitos de la cultura. La imposibilidad de revertir el proceso de deterioro del ambiente fue al mismo tiempo el factor clave de la expansión megalítica y del desastre ecológico, a lo que siguió un crítico proceso de adaptación y supervivencia (Bahn y Flenley 1992; Ramírez 1989, 2000 b).

En tiempos históricos, el abandono del Estado convirtió la isla en una estancia ovejera (entre 1895 y 1953) que llevó a un extremo la deforestación de la isla, con la consiguiente degradación del suelo. Asimismo, provocó la destrucción o alteración de innumerables sitios arqueológicos, utilizados como fuente de materiales para la construcción de pircas, estanques y casas, y en forma indirecta a través del pisoteo y los incendios de pastizales, lo que continúa hasta la fecha. Luego se suma la falta de una política consistente con los principios representados en leyes y reglamentos, la falta de una política de estado consecuente con la calidad de la isla. Hasta la fecha, la isla no cuenta con instrumentos básicos de planificación (ordenamiento territorial y plan regulador urbano), sumado a la no aplicación de estudios de impacto ambiental para proyectos de gran relevancia, tales como la distribución de tierras, la desafectación de sectores del Parque Nacional, o la pavimentación del camino costero através del Parque. En este contexto, el desarrollo sustentable para Rapa Nui parece un concepto muy lejano, una utopía.

Breve Historia del Manejo de la Isla

A partir de su incorporación al territorio nacional, el 9 de septiembre de 1888, la isla fue cubierta por una serie de decretos, reglamentos y leyes, muchos de los cuales hacen referencia a la protección y conservación de su patrimonio cultural y natural.

De hecho, en el propio "Acuerdo de Voluntades" que sella la cesión de la soberanía entre el Ariki Atamu Tekena y el Capitán Policarpo Toro están las bases del compromiso que asumiría el Estado de Chile frente a la isla y sus habitantes. Los isleños alegan el incumplimiento de tal compromiso como causa de los muchos conflictos del pasado reciente y, en particular, de la actitud de rechazo de la comunidad rapanui hacia el "fisco" de Chile y a los chilenos en general (McCall 1975, 1994).

En esa época, la situación política (Revolución de 1891) significó, entre otras cosas, el abandono del tímido proceso de colonización por parte del estado y la transformación de la isla en una estancia ganadera en manos de particulares de origen extranjero, a partir de 1895 (Vergara 1939; Porteous 1981; McCall 1994). Desde 1903, la empresa Williamson & Balfour se conoció como Compañía Explotadora de Isla de Pascua.

Hacia 1915, al término del contrato de arrendamiento, ya había denuncias públicas sobre el maltrato recibido por los isleños y el perjuicio a los intereses del estado. Sin embargo, en 1917 el gobierno entregó nuevamente la isla en arriendo, a través de un "temperamento provisorio" mucho más favorable a los intereses de la empresa. Curiosamente, en ese documento se hace referencia por primera vez a la protección del patrimonio, en términos de que la empresa no sacaría ni permitiría la salida de monumentos de la isla. Entretanto, recién en 1916 se incorpora administrativamente la isla al territorio nacional, quedando anexada a la comuna de Valparaíso. En 1917 queda bajo las autoridades, leyes y reglamentos de la Armada de Chile, única institución del estado en contacto con la isla por muchos años.

El nuevo contrato, que se mantuvo hasta 1929, no mejoró las condiciones de los isleños, menos aún podría haber significado una protección efectiva del patrimonio. Los conflictos con la compañía respecto del dominio sobre la isla y los reclamos sobre su manejo motivaron la inscripción de la isla a nombre del Fisco de Chile ante el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, en noviembre de 1933. Este acto administrativo ha sido tema central de la reivindicación territorial de los isleños hasta la actualidad. Como fuera, el dominio feudal de la compañía se prolongaría mucho más.

En enero de 1935, el Ministerio de Tierras y Colonización designa la isla entera como Parque Nacional Isla de Pascua. El principal objetivo era limitar la salida sin control de objetos etnográficos y arqueológicos, así como proteger la especie endémica Sophora toromiro. En julio del mismo año el Ministerio de Educación declaró a la isla Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, estas medidas proteccionistas ­en el papel­ fueron seguidas al año siguiente por un nuevo contrato de arrendamiento a la compañía, por otros veinte años. Junto a las nuevas exigencias para mejoras en infraestructura, se incluye una cláusula sobre protección del patrimonio.

Esos compromisos contractuales tampoco evitaron que continuara la destrucción y saqueo de sitios, así como la salida de importantes colecciones reunidas por misiones pseudocientíficas. Por su parte, el último toromiro in situ desapareció en el año 1960.

Entre 1936 y 1969 permanece en la isla el sacerdote capuchino Sebastián Englert, una de cuyas primeras tareas, tal como fuera encomendado por la autoridad marítima de la isla, fue la realización del primer inventario de sitios arqueológicos.

Hacia 1947, las denuncias sobre la situación de la isla motivaron una fuerte campaña de prensa, y la creación de una institución filantrópica centrada en Valparaíso, la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua. Finalmente, esas presiones motivaron al gobierno a caducar definitivamente el contrato con la compañía, en 1953.

A partir de ese año, la Armada asume en plenitud la administración de la isla, hasta 1966. En ese período se produce la primera expedición arqueológica científica a la isla, la famosa expedición noruega organizada por Thor Heyerdahl. Entre los arqueólogos invitados se encontraban el norteamericano William Mulloy y el chileno Gonzalo Figueroa, quienes jugarían un importante rol en la recuperación del patrimonio cultural rapanui.

La gradual pero progresiva apertura al mundo exterior, que incluyó el paso de extranjeros muy críticos del sistema colonial imperante todavía en la isla y, en especial, la experiencia de los propios isleños que fueron enviados a estudiar o hacer el servicio militar en el continente, terminaría por provocar el cambio.

Efectivamente, el proceso culmina en una "revolución" encabezada por el joven profesor normalista Alfonso Rapu, a través de una carta abierta enviada al Presidente recién electo (1964). Finalmente, el proceso conduce a la incorporación efectiva de los isleños al estado, a través de la llamada Ley Pascua, de 1966. El reconocimiento del abandono histórico y de las especiales condiciones de la isla se tradujo en beneficios tales como la exención absoluta de impuestos, la prohibición de venta de tierras a extranjeros (chilenos continentales incluidos), y la aplicación de justicia con penas menores para los isleños. En cuanto al patrimonio, regula la salida del patrimonio cultural mueble de la isla y del país.

En el año 1966 se instala en la isla una agencia de CORFO (Corporación de Fomento), institución que se haría cargo de la producción eléctrica, el agua potable, el manejo del muelle, y de la administración del Fundo Vaitea. En 1980, estas funciones las asume SASIPA (Sociedad Agrícola y de Servicios Isla de Pascua), como empresa filial de Corfo. El Fundo Vaitea se convierte en un verdadero feudo territorial, dedicado a la crianza de vacunos y a proyectos como la plantación de eucaliptos para la supuesta generación de energía eléctrica, que nunca funcionó. En la actualidad, el territorio del fundo incluye el área central de la isla, alrededor de Maunga Terevaka, y la península de Poike al oriente, cubriendo unas 4.000 hectáreas.

El Parque Nacional Rapa Nui

El Parque Nacional de Turismo Isla de Pascua fue creado en marzo de 1966, con 6.977 hectáreas. Curiosamente, tres meses después la superficie se redujo a 4.605 hectáreas. Hacia 1968, la escasa importancia del Parque como área protegida se hizo evidente, cuando un Decreto del Ministerio de Agricultura asignaba al Parque solamente las tierras de Rano Kau y Maunga Terevaka (4.755 hectáreas), dejando en terrenos del fundo las áreas arqueológicas más importantes de la isla (7.858 hectáreas).

En 1972 se crea la Corporación Nacional Forestal (CONAF), un organismo semiprivado dependiente del Ministerio de Agricultura. Tal como lo expresa su nombre, su principal objetivo era la forestación, pero también se le asignó la tuición, administración y control del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), en el que se incluye el Parque Nacional Rapa Nui. Sin embargo, recién en el año 1976 se logra una definición de límites más coherente con los principios y objetivos del Parque, tal como se describe en su primer Plan de Manejo (Conaf, 1976). En ese momento adquiere su actual nombre: Parque Nacional Rapa Nui. Ese mismo año, los islotes (motu) adyacentes al vértice suroeste de la isla son declarados Santuario de la Naturaleza.

Tanto el primer como el segundo Plan de Manejo del Parque Nacional Rapa Nui (Conaf, 1976; 1997) describen los ambiciosos objetivos de manejo y desarrollo, la zonificación, los programas, actividades y regulaciones, así como los requerimientos necesarios para su cumplimiento. La falta de recursos y las circunstancias políticas han limitado en gran medida ese cumplimiento, hasta ahora.

En 1983, el territorio del Parque aumentó a 6666 hectáreas. En el año 1995, la demanda de tierras agrícolas para los isleños se concretó en la segregación de 500 hectáreas, tomadas del fundo y del Parque. No se pudo hacer entrega efectiva de esos terrenos hasta cuatro años después. Como sea, el Parque separó sectores que ya habían sido utilizados o estaban alterados (tales como el interior de Vaihu y Akahanga), pero al mismo tiempo incorporó otros tres: 1) una parte de la península de Poike (la costa norte, que incluye los sitios de Vai a Heva y Ana o Keke), la mitad oriental de la península que contiene ahu con pequeños moai de traquita y una amplia zona erosionada, y el borde del acantilado por el sur (el fundo mantuvo el lado oeste para talajeo); el Maunga Ana Marama, y la cuenca del Rano Aroi (el cráter y la quebrada que baja hacia Vaitea, con los túneles en lava del sector Vai Pu, en donde se conserva vegetación endémica; principalmente helechos). De esta manera, la superficie del Parque aumentó a 7.130 hectáreas. Sin embargo, ninguna de estas nuevas áreas fue efectivamente incorporada al Parque, debido a la escasez de recursos humanos y materiales. De hecho, Sasipa sigue utilizando esos sectores.

En octubre de 1999, mediante decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, tres nuevas áreas del Parque fueron desafectadas: una sección entre Roiho y el Ahu Atiu, que era ocupada por un isleño para su ganado, la que luego sería dividida en ocho parcelas de cinco hectáreas cada una. El antiguo ocupante recibiría una parcela, donde sus animales no tendrían cabida. El segundo sector era un estrecho terreno entre dos caminos al frente del Ahu Hanga Pokura, en la costa sur, antiguamente utilizado en plantaciones. Finalmente, una nueva sección al sur y este de Te Miro O'one, al interior de Vaihu. La mayoría de estos terrenos eran ocupados "ilegalmente" desde mucho tiempo.

Por su parte, Sasipa aportó unas 750 hectáreas, en especial en el faldeo sur de Maunga Terevaka, al oeste de Vaitea. Entre esos terrenos se contaban 230 hectáreas de plantaciones de eucaliptos. Finalmente, aquellas 500 hectáreas de 1995 y las 1.000 hectáreas de 1999, aportaron las parcelas para 267 isleños.

Contexto Legal e Institucional

En los últimos años, la administración de la isla se ha basado en la conocida como Ley Pascua (16.441, de 1966), que le otorga un régimen administrativo y judicial especial. Sin embargo, la ley no consideró una organización coherente para las distintas instituciones y organismos presentes. La superposición de funciones y atribuciones, la falta de una política de estado, un Plan de Desarrollo o un Plan de Manejo ha significado desorden, ineficacia, y variados conflictos.

A falta de tal política y planificación, surgieron las comisiones (como es bien sabido, un camello es un caballo creado por una comisión). La primera comisión para Rapa Nui fue creada por el Ministerio de Economía, Desarrollo y Reconstrucción en 1967, con el objeto de evaluar e informar a las autoridades acerca de cualquier iniciativa que pudiera afectar al patrimonio cultural, histórico o arqueológico de la isla.

En el año 1971, el Ministerio del Interior creó la Comisión Asesora para el Departamento de Isla de Pascua. En 1995, apareció la Comisión Interministerial de Isla de Pascua, dedicada a informar directamente al Presidente las materias más importantes relacionadas con la isla. Ni el Parque, ni Conaf, ni el Ministerio de Agricultura fueron invitados a participar, a pesar de que ese mismo año el gobierno pedía la incorporación del Parque en la Lista de Patrimonio Mundial.

Respecto de las normas de protección aplicables a la isla, y en particular al Parque, entre las nacionales destacan la Ley de Bosques (Decreto 4363 de 1940), la Ley de Monumentos Nacionales (17.288, de 1970), la Ley que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (18.362, de 1984), la Ley Indígena (19.253, de 1993), y la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (19.300, de 1994). Entre los tratados internacionales, destacan la Convención para la protección de la Flora y Fauna (Convención de Washington, de 1940, ratificada por Chile mediante Decreto 531 de 1967); la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (ratificada mediante Decreto 259, de 1980); la Declaración de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo de 1992 (la Cumbre de Río); la Agenda 21 y su expresión específica en la Resolución de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable de Pequeñas Islas-Países en Desarrollo, también llamada Declaración de Barbados, de 1994. Esta última debería haberse constituido en el marco para un plan de manejo de la isla, pero nada ocurrió en Chile después de la firma, ni siquiera a nivel de difusión. Muchos otros países asumieron responsablemente el compromiso, tal como Inglaterra respecto de Santa Helena, así como una cantidad de islas del Pacífico.

De acuerdo con un análisis jurídico de esas leyes y tratados (Castillo 1999), un cambio de límites del Parque que implique desafectar áreas, esto es, sacarlas de esa calificación, sólo puede realizarse por "acto legislativo" (una ley, tramitada y ratificada en el Congreso) y no por mero "acto administrativo" (decreto de algún ministerio). Por el contrario, en los últimos años el Ministerio de Bienes Nacionales ha venido asumiendo la responsabilidad administrativa sobre las tierras de la isla.

Por su parte, la Ley de Medio Ambiente es suficientemente clara respecto de la obligación de realizar estudios de impacto ambiental en casos como los que afectaron al Parque Nacional Rapa Nui (explotación de canteras, construcción de caminos, desafectaciones).

El primer Estudio de Impacto Ambiental se realizó en la isla en 1993, en el sector de Vai A Tare, junto al cráter de Rano Kau. El sitio tiene importantes componentes tradicionales, arqueológicos y ambientales, pero un estudio geológico había determinado que era la única fuente de rocas para la construcción del puerto de Papa Haoa, frente al poblado de Hanga Roa. El estudio resultó negativo para el proyecto, en primer lugar por el impacto que tendría en el patrimonio natural y cultural, aparte de que la roca no era adecuada ni suficiente para la construcción del puerto.

El siguiente y último EIA, en 1996, fue solicitado para la expansión de la cantera de Hanga Emu (también dentro del Parque), pero se realizó después de finalizadas las obras, y las medidas de mitigación nunca se ejecutaron.

Por su parte, la Ley Indígena constituye el marco más importante para la administración y manejo de la isla. El tema de las tierras y del patrimonio son cuestiones críticas en las que la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, en el marco de la Ley Indígena, juega el rol central. De hecho, una de sus funciones, definidas en la ley, es la de colaborar con Conaf en la administración del Parque.

Sin embargo, al momento de instalarse efectivamente la Comisión de Desarrollo, en junio de 1999, las decisiones sobre la entrega de parcelas ya habían sido tomadas en el seno de una comisión ad hoc, en donde los representantes de instituciones como el Ministerio de Desarrollo y Planificación (MIDEPLAN), la Corporación de Fomento (CORFO) y la propia Armada participaron sólo de manera nominal. No se trataba de una cuestión técnica, sino política.

¿Manejo de Recursos Culturales?

Las obras públicas han sido uno de los principales factores de destrucción de sitios arqueológicos. El primer símbolo de la presencia de la Compañía Explotadora en la isla fue la construcción de la casa del administrador sobre imponentes piedras labradas (paenga) de la antigua aldea en Mataveri. La propia casa se derrumbó hace un par de años sin que algún simple decreto la hubiera declarado monumento histórico. En este caso, habría servido a su protección, en tanto se encontraba en terrenos administrados por Carabineros. Las bases de los muelles de Hanga Piko y Hanga Roa Otai aprovecharon en buena medida los imponentes bloques de los ahu cercanos.

Buena parte de las pircas y bebederos construidos por la Compañía para el ganado aprovecharon la piedra en una serie de estructuras menores: hornos subterráneos (umu pae), gallineros (hare moa), hitos demarcatorios (pipi horeko) y fundaciones de casas (hare paenga). Imponentes bloques labrados (paenga) de algún ahu también sirvieron para la construcción de estanques de agua, como se puede ver en Hanga Tetenga.

Una de las primeras obras públicas de importancia fue la construcción del aeropuerto de Mataveri, a mediados de los años sesenta, que significó el acopio y traslado de miles de toneladas de material superficial, incluyendo incontables sitios y materiales arqueológicos. Por su parte, la ampliación de 1988 implicó la excavación del Maunga Tararaina, cuya lamentable imagen todavía afecta el paisaje, una herida abierta muy visible desde los faldeos de Rano Kau, cuyo abandono lo ha convertido en un basural clandestino.

Se reconoce la devastación de extensas zonas por donde pasó el bulldozer, en los terrenos de la propia pista, así como al interior de Vaihu y al interior de La Perouse (Maunga O Pipi). Entre los materiales convertidos en relleno de la pista, aparte de trozos de moai, cimientos de casas y otros, se reconoce la pérdida de una piedra grabada con figuras que habrían representado elementos astronómicos ("la piedra calendario de Schantz"; Liller 1988).

Gracias al reciente descubrimiento de los "jardines de piedra" (Wozniak 1998; 1999; Stevenson y Haoa 1998) que deben haber cubierto importantes áreas de la isla en tiempos tardíos, es posible suponer la enorme pérdida provocada por las máquinas. La técnica agrícola del "mulching" se expresa en una distribución regular de piedras sobre la superficie para la protección de las plantaciones de tubérculos.

En la actualidad, la forma en que se ha dispuesto la distribución de parcelas constituye la peor amenaza a la conservación el patrimonio. El no haber realizado estudios de impacto ambiental, sin control siquiera de la acción de la maquinaria en la apertura de caminos entre las parcelas, es obviamente un despropósito si se tiene en cuenta la calidad del patrimonio y la fragilidad de los suelos de la isla.

Uno de los sitios más importantes y en mayor riesgo de destrucción es el sector de los petroglifos de Mata Ngarau en la Aldea Ceremonial de Orongo. Hasta la fecha, la aldea ha sido objeto de una serie de intervenciones (Mulloy 1975; Niemeyer y Arrau 1983; estudios financiados por World Monuments Fund (WMF) y sucesivas reparaciones realizadas por el Parque), pero no se ha podido realizar un manejo integral del sitio ni una intervención definitiva en el sector crítico de la terraza y la consolidación de los bloques con petroglifos. Uno de los intentos por concretar un apoyo más consistente para el problema fue la incorporación de Orongo en la Lista de los 100 sitios del mundo en peligro para el año 2000, de la World Monuments Fund (WMF 1999). Es posible que la única alternativa sea retirar los bloques del sitio, para su conservación e instalación en otro lugar protegido, y dejar allí réplicas.

Así como no existe un plan de manejo de la isla, las intervenciones sobre el patrimonio se han venido realizando sin una planificación sistemática, sino de acuerdo a la ocasional llegada de financiamiento para proyectos específicos. Los recursos más importantes se han dedicado a la restauración de sitios monumentales y a la construcción de cercos para su protección.

En realidad, sin una política global consistente (cf. Beaty 1989) resulta muy difícil pensar en que se puedan concretar los programas y propuestas elaboradas para el manejo y conservación del patrimonio arqueológico rapanui (Figueroa y Mulloy 1960; Mulloy y Figueroa 1966; Peterson 1976, 1970; Stanley-Price 1984, 1986; Dibam et al. 1988; Ramírez 1998; Charola 1990, 1994; Lee y Padgett 1995; Conaf 1976, 1997).

¿Desarrollo Sustentable?

La aplicación de los principios del desarrollo sustentable parecen ser una absoluta utopía en la isla. La inconsistencia de las políticas y planes ejecutados en la isla tiene un repunte a partir de 1990, con la apertura democrática, que persiste en una actitud lastimosamente voluntarista y paternalista. Junto a la inoperancia de las instituciones y el incumplimiento del propio ordenamiento legal y de los compromisos internacionales, surge un modelo de relación que incluye el concepto de "discriminación positiva" como factor de compensación de una difusa pero vigente deuda histórica.

Respecto de la entrega de tierras, hacia 1993 se habían planteado distintas propuestas que afectaban de distinta manera los territorios del Fundo Vaitea y del Parque, pero no se pudo avanzar en el proceso (Rochna-Ramírez 1996). Tampoco se pudo concretar la aplicación del Plan Regulador Urbano de Hanga Roa, un instrumento clave de planificación cuyo destino sigue siendo otro de los misterios de la isla.

Entre los despropósitos oficiales de la época se puede mencionar un proyecto de Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) generado en la isla, pero discutido y aprobado en la Intendencia regional, para la introducción de cabras, como si no se tuviera conocimiento del potencial desastre ecológi-co que podría provocar. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que desconocía el proyecto, inter-vino cuando los animales estaban a punto de desembarcar en la isla. No todas las cabras fueron sacrificadas. Otro proyecto emblemático fue el Banco Ganadero auspiciado por la Fundación OCAC (Oficina de Cooperación y Asistencia Campesina), en asociación con el Consejo de Ancianos. Nunca fue posible desarrollar un proyecto realmente productivo en beneficio de los isleños, cuyas consecuencias negativas todavía se pueden observar, mientras Sasipa y los ganaderos isleños incrementaban sus manadas. Con la mejor buena fe, Conaf cedió al Consejo de Ancianos 900 hectáreas del Parque, al interior de La Perouse. Hasta la fecha, mucho después de la dispersión de los animales, el tema sigue cubierto de una espesa neblina, mientras los ganaderos isleños ocupan libremente todos los sectores del Parque.

Aparte de los errores y las inconsistencias del pasado, en los últimos años el principal obstáculo ha sido la falta de una visión coherente de las autoridades, más preocupadas por resolver políticamente la demanda histórica de tierras que en lograr que ese objetivo se logre en concordancia con principios elementales de manejo. La excusa fue que cumplir con los requerimientos para esto último dilataría excesivamente la entrega de tierras. Los acontecimientos sucesivos permiten sospechar que en el apuro de fines de 1999 intervinieron otros ingredientes.

En 1995, al mismo tiempo que un representante del gobierno organizaba una comisión interministerial para la isla que dejaba fuera al Parque, otra parte del gobierno pedía su incorporación en la Lista del Patrimonio Mundial, y las autoridades locales activaban fuertemente la demanda por las tierras, que se concreta en la desafectación de un par de sectores del Parque.

De acuerdo con la Ley Indígena, la única institución con atribuciones para decidir acerca del tema era la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, tal como lo confirma un estudio en derecho del abogado Barrientos (1997), primer representante de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en la isla. El funcionario dejó el cargo al poco tiempo. Las críticas al proceso en la isla, en especial del Consejo de Ancianos disidente, o Consejo 2, impidieron que se concretara el proceso.

Entonces, la autoridad llamó a la formación de una "Comisión ad hoc", encabezada por el Gobernador de la isla, destinada a cooperar con Bienes Nacionales en la definición de los terrenos a entregar y a la selección de los primeros beneficiados entre 500 postulantes inscritos a la fecha.

Siguiendo el criterio utilizado por la Armada en los años 50, se decidió entregar parcelas de cinco hectáreas, sin considerar la calidad de los suelos. Las 1.500 hectáreas a distribuir alcanzarían finalmente a 267 personas. Era obvio desde el principio que la demanda sería imposible de cubrir con ese criterio. Nunca fue posible que se considerara el tema del ganado como factor crítico en el uso real del suelo de la isla.

Luego, el tema era cómo y quién decidiría qué terrenos entregar. Pasando por alto todas las normativas vigentes, en la práctica la decisión fue asumida por el Gerente General de Sasipa, en el caso del Fundo, y por el Administrador del Parque Nacional Rapa Nui. Las tierras aportadas por el fundo fueron las peores: los faldeos al sur de Maunga Terevaka, incluyendo plantaciones de eucaliptos. El área despejada sobre el Ahu Akivi había sido propuesta años antes, y fue ampliamente rechazada por los isleños (Rochna-Ramírez 1996:76).

Respecto de la protección del patrimonio, y a pesar de las declaraciones, unas diez hectáreas de caminos entre las nuevas parcelas fueron abiertas con bulldozer, sin un control efectivo. Una de esas declaraciones hacía referencia a que no se repetiría el error de 1984, cuando se desafectó un sector del Parque al interior de Vaihú. De las 33 parcelas entregadas sólo se trabajaron dos o tres, mientras el bulldozer limpió buena parte de la superficie. Ahora se espera que una cláusula en los títulos de dominio sea eficaz en la protección de los sitios arqueológicos dentro de las parcelas.

A pesar de que interesaba entregar tierras productivas, tampoco se consideró la heterogeneidad de los suelos, ya fuertemente degradados. Respecto de la capacidad de carga para el talajeo vacuno, antiguos trabajos demuestran que, en el mejor de los casos, existen áreas que soportan menos de un animal por hectárea al año (Etienne et al. 1982).

El tema de fondo surge rápidamente: por qué no se consideró una antigua idea de las autoridades isleñas, incluido el Consejo de Ancianos, respecto de la asignación de terrenos para la realización de proyectos productivos, a título provisorio, y en las áreas apropiadas? ¿Por qué se mantiene el fundo a pesar del déficit que significa para la empresa, que resulta mayor que el presupuesto de operación del Parque? ¿Por qué no se entregan los terrenos ganaderos del fundo a los isleños, que tienen sus animales en el Parque, con todas las negativas consecuencias que eso significa para el patrimonio?

Entre otros factores, habría que mencionar que a la debilidad política del Parque (y de Conaf) se contrapone el poder de Sasipa, con el respaldo de importantes autoridades locales y del continente. A nivel local, ese poder se consolida con la incorporación del Presidente del Consejo de Ancianos N 1 como Vicepresidente del Directorio, quien se transformó de uno de sus principales detractores en su principal soporte (cf. Rochna-Ramírez 1996:67). El surgimiento del Consejo de Ancianos disidente deriva en gran parte de este hecho.

Entre los hechos que se precipitaron en los últimos meses de 1999 (cf. Ramírez 2000 a), se cuenta la aparición de un proyecto de Jardín Etnobotánico organizado por el gerente general de Sasipa, que ocuparía las mejores tierras del centro del fundo, inmediatamente al sur de las casas de Vaitea. Luego, cuando se anunció que había que encontrar rápidamente otras 1.000 hectáreas, no fue la Comisión de Desarrollo la que intervino, sino el gerente general de Sasipa, quien presentó un proyecto ganadero que requeriría los terrenos inmediatos al norte de Vaitea. Curiosamente, el sector ahora disponible para parcelas, hacia la costa sur, era de mucho mejor calidad que los faldeos con eucaliptos. La incoherencia se explica en cuanto lo que realmente interesaba parecía ser la protección del centro del fundo, junto a las antiguas casas y bodegas de la compañía ganadera, para un proyecto que pronto quedó en evidencia: un complejo turístico. Coincidencia o no, por esa época el presidente del directorio de Sasipa era el Director Nacional de Sernatur. En un lugar como la isla la información no tardó en difundirse, provocando nuevos conflictos, declaraciones, desmentidos y disculpas.

Sin embargo, en el fondo nada ha cambiado. El útimo aporte de Corfo a la isla ha sido un costoso estudio sobre la capacidad de carga turística, que pretende ser la base para la gestión y administración del patrimonio natural y cultural de la isla, que resulta un nuevo despropósito en tanto no hay voluntad política por resolver los temas más básicos de manejo. Mientras aumenta el poder político y el apoyo económico a Sasipa, el Parque Nacional Rapa Nui, con su inútil título de Patrimonio de la Humanidad, es cada vez más fuertemente criticado por su incapacidad para cumplir sus objetivos, debido a la falta de apoyo a la gestión y la endémica restricción presupuestaria.

Mientras tanto, ninguna autoridad parece preocupada del impacto de la ganadería, en especial por los animales dispersos en el Parque. Cada vez que un incendio de pastizales ­provocado por los ganaderos para conseguir pasto fresco­ afecta al patrimonio, y se difunde en la prensa (por ejemplo, El Mercurio, 4 de diciembre de 1996), la respuesta oficial es negar el daño y sus causas.

La explicación para la "vaca sagrada" en Rapa Nui es que tanto para los isleños como para Sasipa el ganado no tiene un sentido económico sino político en la ocupación del territorio. En el caso de los isleños, aparte del uso extensivo del suelo que se asocia a la reivindicación territorial, que afecta casi exclusivamente al Parque, hay una cuestión de estatus en la posesión de la mayor cantidad de animales, aunque no tenga sentido comercial.

La respuesta al daño provocado por los animales sobre los sitios ha sido la clásica política de parche: la construcción de nuevas pircas. Así como la Compañía Explotadora construyó pircas para separar sus miles de ovejas, ahora se construyen pircas para aislar algunos de los miles de monumentos arqueológicos. La administración del Parque comenzó cerrando los petroglifos de Papa Tataku Poki, frente al Ahu Tongariki, los petroglifos de Papa Vaka, en el sector de La Perouse, el Ahu Vinapu, el sector de Anakena-Ovahe, y la instalación de un "paso australiano" en la subida a Orongo. Por su parte, el Consejo de Ancianos N 2 desarrolló una campaña con trabajo voluntario (umanga) para cerrar una serie de sitios monumentales: los ahu de Hanga Poukura, Vaihu y Akahanga. Con fondos regionales, a partir de un proyecto elaborado por el administrador del Parque, el Consejo de Ancianos N 2 cerró el perímetro del Ahu Tongariki.

Todo ese esfuerzo no tuvo sentido, por la imposibilidad de mantener fuera los animales. Cercar miles de sitios arqueológicos individuales, en vez de construir potreros para una masa manejable y productiva parece otro absurdo más, pero esa es la realidad de la isla. Peor aún, los cercos alrededor de algunos sitios han sido utilizados como corrales, exactamente lo contrario de lo que se esperaba. Tampoco se resuelve la antigua costumbre de las quemas de pastizales.

Pero el daño no es sólo sobre el patrimonio en términos de la destrucción o alteración de estructuras, o la erosión y pérdida de petroglifos. Hay un evidente impacto en el paisaje, que es parte fundamental del patrimonio de la isla. La pircas en torno a los sitios, los animales caminando sobre los monumentos, en los faldeos de Rano Raraku, rascándose en los moai, los "pae pae" (habitaciones rústicas) por toda la isla, pueden tener un efecto más evidente en la degradación de la imagen de la isla como destino turístico. Esa degradación pudo tener sus peores ejemplos en dos proyectos oficiales: un faro monumental sobre el cráter de Rano Kau, al lado opuesto de la aldea de Orongo, y un muelle en La Perouse, en un sector del Parque con alta concentración de sitios arqueológicos, y en un paisaje inalterado.

Ambos proyectos, de dudosa consistencia, debieron ser abandonados después de ocasionar graves conflictos y gracias a la presión, en primer lugar, de la propia comunidad. En cambio, a pesar de las críticas de distintos sectores en la isla, el manejo de la distribución de las tierras tenía la ventaja de que el resultado era la entrega de un título de dominio sobre cinco hectáreas concretas, y nadie se negaría a recibirlas, donde fuera.

En consecuencia, se puede concluir que no han sido los principios del bien común ni las normativas especiales destinadas a la isla las que han encauzado su gestión y administración, sino los intereses de grupos y personas. En 1973, Douglas Porteous observaba que "la historia de la isla es la historia de la autocracia" (1981:167). El hecho que esta situación no haya cambiado hasta la fecha, resulta vergonzoso.

Si existe un lugar en el planeta que merece una administración en total concordancia con la necesidad de proteger su excepcional patrimonio cultural y frágil medio ambiente, ese es Rapa Nui. No se trata solamente de la protección de un patrimonio fósil, como en una vitrina de Museo, sino de la posibilidad de un desarrollo sustentable para los isleños del presente y del futuro, en tanto es justamente ese patrimonio arqueológico el fundamento de su desarrollo a través de la única industria posible: el turismo.

Así como el proceso histórico de Rapa Nui parece condenado a repetirse en nuestro planeta-isla, las actuales amenazas sobre su patrimonio natural y cultural no permiten ser muy optimistas. Sin embargo, queda la confianza en que los isleños podrán superarlo, tal como fueron capaces de sobrevivir a las peores crisis en el pasado. Moa toke he tangata!

 

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