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Historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-7194

Historia (Santiago) vol.44 no.2 Santiago dic. 2011

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942011000200005 

HISTORIA N° 44, vol. 2, julio-diciembre 2011: 401-442
ISSN 0073-2435

ESTUDIOS

 

¿LA TENDENCIA DE LA MASA AL REPOSO? EL RÉGIMEN PORTALIANO ENFRENTA AL MUNDO PLEBEYO, 1830-1851**

 

Julio Pinto Vallejos*

* Doctor en Historia, Yale University. Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: julio.pinto@usach.cl


Resumen

El presente artículo explora las imágenes construidas por los dos primeros gobiernos portalianos en relación a los sectores "plebeyos" de la sociedad, así como las políticas y acciones trazadas con miras a su "regeneración". Para ese efecto, se analizan los discursos y medidas oficiales en que se alude al bajo pueblo, estructurando a partir de allí un contraste entre el pueblo "real", al que en general se le teme y se reprime, y un pueblo "deseado", funcional a las propuestas portalianas de orden y progreso. El artículo concluye con una breve reflexión sobre el escaso impacto de dichos planes en sus destinatarios y sobre la persistencia en un segmento significativo del mundo popular de actitudes de rechazo o desobediencia a los designios de la clase gobernante.

Palabras clave: orden portaliano, sectores plebeyos, construcción de legitimidad social.


Abstract

This article explores the visions of the "plebeian" sectors of Chilean society framed by the first two "Portalean" presidencies, as well as the policies and actions they devised with a view to popular "improvement". To that effect, it examines official pronouncements and initiatives related to the so-called "lower orders", reconstructing from there the counterpoint between the "real" people, normally both feared and repressed, and a fictional or desired people that would prove more pliable to Portalean notions of order and progress. The article closes with some thoughts on the underwhelming impact of those policies on their intended "targets", as well as the persistent disobedience or outright rejection of such official designs among significant segments of the working classes.

Keywords: 19th-Century Chile, working people, "Portalean" regime, Social State-and Nation-Building.


"Un espectro atormenta a la mayoría de los hombres públicos
a comienzos del siglo XIX: el de la disolución social".

Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot

"El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche,
y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos:
la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía
de la tranquilidad pública".

Diego Portales a Joaquín Tocornal, Valparaíso, 16 de julio de 1832

 

El 7 de mayo de 1830, Pedro José de Zañartu, viceintendente en ejercicio de la provincia de Concepción, tributaba al ministro Diego Portales su complacencia personal, junto con la de "estos pueblos reconocidos a su paternal desvelo", por el triunfo recientemente alcanzado en los campos de Lircay. "La República Chilena", afirmaba, "no puede entre sus repetidas victorias contar una mayor ni de más importancia que la obtenida el 17 de Abril último", gracias a la cual, según un juicio no exento de paradoja, el país presuntamente se libraba del "monstruo destructor de la guerra civil". Le adjudicaba también a este desenlace un efecto restaurador de "las garantías y propiedades atacadas del modo más atroz por la más ínfima plebe sostenida de algunos hombres que aunque ilustres por su origen no se diferencian de aquellos por su incivismo y corrompidas costumbres". De esta forma, al menos para el funcionario oficiante, el orden político en proceso de instalación se alineaba visiblemente con un sector de la sociedad, restaurador del derecho de propiedad y contrario a los desbordes de "la más ínfima plebe", azuzada por elementos aristocráticos "desclasados" (los pipiolos) que compartían su "incivismo" y sus "corrompidas costumbres"1.

Para la historiografía apologética del orden portaliano, empeñada en atribuir a dicho régimen un carácter supraclasista e indiscutiblemente "nacional", esta imagen resultó siempre difícil de digerir. Refiriéndose a la Constitución de 1833, Ramón Sotomayor Valdés desmentía categóricamente aquella crítica que veía en ella "no sabemos qué tendencia a crear clases diversas y aun opuestas entre sí". Para el afamado historiador del decenio de Prieto, los redactores de ese documento,

"a más de que expresamente prohibieron toda clase privilegiada (en el sentido propio de la palabra), sabían muy bien que el gran ensanche que dieron al principio de autoridad, no podría servir en Chile a otra cosa que a cimentar el orden público y a dar un fuerte impulso al progreso social y político, mediante el ascenso continuo y sin excepción de clase, en todos los ramos de interés que conciernen al bien de la sociedad: instrucción, costumbres, riqueza, industria y demás elementos que entran en el desenvolvimiento de la personalidad humana".

Por otra parte, y sin que ello implicase juicio alguno sobre la espontaneidad o convicción con que los sectores plebeyos se habrían posicionado frente al gobierno pelucón, Sotomayor no dudaba de que este contaba con la adhesión de "casi todo el clero", y por lo consiguiente con el de "la inmensa mayoría del pueblo"2.

Mucho menos mesurada resulta la opinión del también conservador Carlos Walker Martínez, expresada a través de su obra Portales, publicada originalmente en 1879. Para él, el ministro Portales "personificaba como ninguno el carácter, el sentimiento y los instintos mismos del pueblo en cuyo seno vivía"; y abundaba:

"si ha habido en Chile algún hombre a quien con propiedad pueda aplicarse el apodo de amante del pueblo, es él sin duda; y sin disputa es el gran demócrata sincero y de corazón que hemos tenido, ¡muy distinto por cierto de los populacheros mentirosos y aduladores de la multitud que después hemos conocido! Eso que él llamaba su 'alma plebeya' era un impulso generoso y republicano, que en su sublime modestia él no se atrevía a calificar con su propio nombre"3.

En un registro solo levemente más atenuado, Francisco Antonio Encina, uno de los principales constructores del "mito" centrado en la figura de Portales, aseguraba ya en pleno siglo XX que

"el primero de los mandamientos de la religión portaliana, el que forma la piedra angular del edificio, es el gobierno para el bien general. La suerte del humilde y del desvalido, fue intensa preocupación de los gobiernos portalianos. No lo halagaron, ni le prometieron paraísos irrealizables; pero velaron por él y extremaron sus esfuerzos por levantarlo gradualmente desde la postración mental que fue la resultante del cruzamiento con el aborigen, desarrollando sus aptitudes e inculcándoles hábitos de vida regular y civilizada". Y concluye, desafiante: "lo que el progreso de las clases populares debe a los gobiernos portalianos, constituye una de las grandes lagunas de la historia de la república"4.

Diametralmente opuesta resulta la caracterización elaborada por la historiografía más reciente, sobre todo la de orientación izquierdista, pero no solo ella: autores como Mario Góngora o Sergio Villalobos tampoco vacilan en atribuir al régimen pelucón una base claramente aristocrática5. Ya en 1971, en el tomo III de su Interpretación marxista de la Historia de Chile, Luis Vitale cuestionaba abiertamente el sello supuestamente supraclasista otorgado por la escuela conservadora a los gobiernos portalianos, definiéndolos por el contrario como "representantes de los intereses de la burguesía comercial y terrateniente, que exigía un gobierno fuerte, centralizado y capaz de dinamizar las funciones del Estado, con el fin de garantizar el 'orden social' y la expansión de la economía, primordialmente exportadora"6. Casi veinte años después, María Angélica Illanes afirmaba en un célebre artículo que, "a partir de 1834, el régimen portaliano se configuró como el modelo de orden autoritario para la consolidación capitalista. La fuerza de la autoridad militar y la ley se pondrían plenamente al servicio de la lógica patronal como fundamento del orden social en tanto sometimiento y proletarización"7. Coincide Sergio Grez, en que

"Durante la llamada República Aristocrática o Conservadora, la hegemonía de los terratenientes y la burguesía comercial de Santiago y la región central se ejerció de manera ex-cluyente: no solo quedaron marginados del bloque dominante los sectores populares y los incipientes grupos medios; también permanecieron apartados de la conducción del Estado significativos intereses regionales representados por otras fracciones de la aristocracia"8.

Para Gabriel Salazar, finalmente, quien ha dedicado una parte considerable de su obra más reciente a una denuncia descarnada del "mito portaliano" y de la "memoria oficial" construida en torno a un personaje que él no vacila en calificar como uno de los "dos dictadores sanguinarios" que han esparcido la muerte social en la historia de Chile, dicho régimen procuró arrebatar a artesanos y campesinos todo esbozo de "autonomía social, productiva y política, en la idea de convertirlos en dóciles instrumentos", a la vez que ejercía "una brutal política represiva contra el peonaje desempleado y vagabundo, al que aplicó juicios sumarios, endilgó jaulas ambulantes y los rigores de una formal guerra a muerte"9. "La lógica de acción económica y empresarial que fundó y sostuvo el orden portaliano", agrega en otra parte, produjo un "impacto desgarrador" y la "pauperización extrema" de la "masiva clase popular del siglo XIX"10.

¿Cuál fue, después de revisar lecturas tan diversas, el verdadero rostro social del régimen portaliano? ¿Cuál fue, más específicamente, su postura frente a esa mayoría plebeya que la ruptura independentista y los experimentos pipiolos aparentemente habían convertido en una fuente significativa de desorden político y social, pero cuyo concurso resultaba indispensable para una construcción republicana y nacional que, discursivamente al menos, rendía pleitesía al principio legitimador de la soberanía popular? He ahí la pregunta que articula este escrito y que se procurará abordar mediante un nuevo escrutinio de la abundante documentación que dicho régimen nos ha legado, incluyendo fuentes administrativas, epistolares, periodísticas y parlamentarias. A través de estas se ha intentado recuperar el diagnóstico elaborado por las dos primeras administraciones portalianas respecto de la naturaleza y capacidades (o incapacidades) del sujeto plebeyo al que pretendía gobernar, así como la proyección "utópica" que, generalmente por la vía del contraste, surgía de ese diagnóstico para configurar una suerte de "pueblo ideal" hacia el que se ambicionaba avanzar.

Se ha querido también, a pesar de los obstáculos que habitualmente implica una imagen refractada a través de fuentes de origen "patricio", visualizar la recepción y reacción de los sectores plebeyos ante las políticas o discursos emanados desde el régimen gobernante. Para decirlo con franqueza, nunca se pensó que este ejercicio fuese a modificar sustantivamente la caracterización del orden portaliano como una propuesta esencialmente aristocrática, concepción que ha operado en el presente trabajo a modo de hipótesis orientadora. Sin embargo, si pareció pertinente revisitar esta dimensión de tal fenómeno histórico fue con el propósito de delimitarla y configurarla con un poco más de precisión, y sobre todo de poner a prueba la efectividad de aquellas interpretaciones que atribuyen a los actores populares una postura básicamente pasiva o indiferente frente a la arremetida portaliana. Poner a prueba, en otras palabras, la confianza depositada por el ministro Portales en la supuesta "tendencia de la masa al reposo", graficada por él mismo en esa ya clásica expresión: "el peso de la noche".

Dicho la anterior, es pertinente clarificar lo que este artículo no pretende hacer. No pretende, en primer lugar, hacer una historia del período portaliano desde los sectores subalternos, reconstruyendo sus vivencias, precisando su diversidad de condiciones (es claro que la expresión "mundo plebeyo" aglutina sujetos muy diferentes, salvo tal vez en su común alteridad respecto del "mundo patricio"), recuperando sus propias percepciones del mundo social en que se insertaban. Dicha tarea, de más está decirlo, es tremendamente relevante y ha sido parcialmente abordada por varios de los autores antes citados, incluyendo un trabajo previo de quien esto escribe11. También existen importantes estudios en ese sentido para el período tardocolonial y las dos primeras décadas de vida republicana, que por cierto constituyen un precedente relevante para los procesos que aquí se abordan12. Pero como toda monografía debe establecer un marco temporal delimitado, lo que aquí se trata se circunscribe al período pelucón naciente. Asimismo, en términos temáticos el foco se sitúa concretamente en la política y los discursos desplegados por dicho régimen respecto de los sectores plebeyos, recuperando a estos últimos solo en la perspectiva de sus reacciones frente a esa disposición oficial, e incluso ello en una suerte de "epílogo" más bien somero. Vaya dicho epílogo, en todo caso, a modo de anuncio de trabajos futuros donde sí se restituirá al sujeto plebeyo, o más bien los sujetos plebeyos, el protagonismo que ciertamente les corresponde y que la historiografía más reciente tanto ha hecho por reivindicar.

EL PUEBLO VIGILADO Y REPRIMIDO

Quienes primero pusieron en duda la efectividad de la tendencia plebeya al reposo fueron las propias autoridades instaladas por la victoria pelucona en Lircay. En consonancia con lo que la historiografía latinoamericanista ha redescubierto en el último tiempo respecto de los efectos profundamente movilizadores ejercidos por la crisis independentista entre los grupos populares13, parece a estas alturas indesmentible que la etapa "pipiola" concitó en Chile, si no una politización masiva y deliberante, al menos un desquiciamiento parcial de las jerarquías y controles sociales heredados de la Colonia. Hay, es cierto, más de algún indicio de participación plebeya en los sucesos políticos que conmocionaron la segunda mitad de la década de 1820, exaltada por Gabriel Salazar como evidencia de una "democracia pipiola" plenamente asumida, o relativizada por Sergio Grez como "convocatoria política instrumental" digitada por sectores radicalizados de la élite. Menos fáciles de relativizar son las múltiples expresiones de insubordinación social protagonizadas durante esos mismos años por el "bajo pueblo", desde la proliferación de la delincuencia y el bandolerismo (incluyendo fenómenos de clara proyección política, como la guerrilla de los Pincheira), hasta la acentuación de prácticas culturales y de sociabilidad fuertemente censuradas por todos los sectores patricios, tales como las chinganas, el "vagabundaje" y diversas formas de recreación y convivencia popular14. Todo ello alimentó la sensación de "caos" y "desgobierno" que en buena medida impulsó y fundamentó la reacción pelucona, y cuya erradicación se constituyó en una de las tareas más urgentes de las autoridades que, bajo el liderazgo de Diego Portales, asumieron la conducción del país a partir de 1830. Había, de acuerdo a su alarmado diagnóstico, un pueblo claramente "anarquizado" que urgía volver a encuadrar en las obediencias y deferencias tradicionales.

Es verdad que, como lo ha demostrado la historiografía sobre el período colonial tardío citada más atrás, los sectores plebeyos nunca habían sido particularmente "mansos" frente a sus superiores jerárquicos o las autoridades políticas. La insolencia, la refractariedad al trabajo subordinado, la afición a las fiestas, el alcohol y los juegos de azar eran conductas populares largamente denunciadas y perseguidas por los grupos dirigentes, particularmente bajo la vocación disciplinadora inaugurada por las reformas borbónicas. Sin embargo, la disolución de los controles políticos que acompañó la ruptura independentista, sumada a las fracturas que esta misma provocó en el bloque patricio, tuvieron el no muy sorprendente efecto de ensanchar las compuertas a través de las cuales tradicionalmente se filtraba dicha insubordinación. Junto con ello, la instauración de un nuevo orden político que buscaba legitimarse bajo el principio de la soberanía popular, sin mencionar la movilización militar impuesta por las guerras, creó posibilidades inéditas de irrupción plebeya en ámbitos que antes le habían estado mayormente vedados. Las rebeldías subalternas, siempre preocupantes, cobraban así una peligrosidad aumentada, tanto en los espacios sociales tradicionales como en el novedoso espacio político.

En este último, el ordenamiento portaliano cobró cuerpo primeramente en una serie de medidas destinadas a erradicar toda intromisión plebeya en un escenario que se quería restringir a quienes se consideraba los únicos capacitados para ejercer tan delicadas y complejas funciones. Editorializando sobre los efectos perniciosos de la Constitución pipiola de 1828, el periódico oficial El Araucano, portavoz de la opinión pelucona triunfante, privilegiaba entre ellos "la demasiada extensión del derecho de sufragio y la multitud de elecciones populares", lo que a su juicio abría excesivo campo a "las maquinaciones de los partidos". Apuntando al fondo del problema, señalaba: "el derecho de sufragio solamente debiera concederse a los individuos que sean capaces de apreciarlo en su justo valor, y que no estén expuestos a prestarse a los abusos de un intrigante, ni a ser engañados por algún corruptor, ni sometidos a voluntad ajena". "La miseria", abundaba,

"hace al hombre perder su dignidad por el abatimiento del espíritu a que le reduce la escasez, por el entorpecimiento de la razón que le ocasiona la desdicha, y en este estado adquiere una propensión a usar de todos los medios que pueden proporcionarle algún interés, sin consideración a la decencia, ni a ningún respeto".

Una persona reducida a esta condición, concluía, "frecuentemente es víctima de las pasiones, o esclavo de los vicios, y un ser de esta clase no puede tener voto en esas solemnes conferencias en que se estipulan las obligaciones de la vida social"15.

Algunos meses después, y ya verificadas las primeras votaciones bajo mandato pelucón, El Araucano insistía en la necesidad de restringir de alguna forma la participación electoral: "la facultad de sufragar solo debe concederse a los ciudadanos que sepan apreciarla y que no hagan de ella agente de desorden, vendiéndola a los intereses de un partido, como lo hemos visto en el año de 29, que se abrieron puestos públicos para comprar calificaciones". El solo hecho de ser chileno, argumentaba, "no basta para intervenir en esos actos sagrados de la vida social; es necesario que haya, además, alguna propiedad, y ciertas cualidades que aseguren la libre voluntad del sufragante y el recto uso del sufragio"16. Así lo verificó efectivamente la "Gran Convención" que reemplazó la cuestionada carta de 1828 por la Constitución "pelucona" de 1833, mediante la cual se formalizó el concepto que sobre el orden político apropiado para Chile abrigaban los nuevos gobernantes: "la restricción del derecho de sufragio es una barrera formidable que se ha opuesto a los que en las elecciones hacían de la opinión pública el agente de sus aspiraciones secretas. Únicamente se ha concedido esta preciosa facultad a los que saben estimarla, y que son incapaces de ponerla en venta"17. Fruto de esta modificación, se congratulaba el ministro del Interior joaquín Tocornal en su memoria de 1834,

"las empresas útiles han sucedido a las convulsiones políticas; el hábito del orden se fortifica, sus inestimables beneficios se sienten y aprecian; y el respeto a las autoridades constituidas ocupa el lugar de aquel desenfreno licencioso, que se equivocaba con la libertad y que solo sirve para abrir su sepulcro"18.

En vísperas de la reelección de Prieto a la primera magistratura, El Araucano pulsaba una nota similar, agradeciendo que "las tempestuosas agitaciones, que suelen acompañar estas crisis políticas, no turban nuestra quietud, los odios duermen, las pasiones no se disputan el terreno, la circunspección y la prudencia acompañan el ejercicio de la parte más interesante de los derechos políticos". E ironizaba, a modo de conclusión, con la previsible frustración de aquellos sectores críticos que supuestamente "querrían que este acto fuese solemnizado con tumultos populares, que le presidiese todo género de desenfreno, que se pusiesen en peligro el orden y las más caras garantías: ¡Oh! ¡Nunca lleguen a verificarse en Chile estos deseos!"19.

De esta forma, los políticos y legisladores portalianos se hicieron partícipes de los temores que invadieron en la Europa posrevolucionaria a numerosos círculos de opinión liberal que, sin renunciar a las ideas fundantes de 1789, tomaron categórica distancia de los "excesos" derivados de una aplicación a su juicio demasiado literal del principio de soberanía popular, error en el que también habría caído el pipiolaje chileno de los años veinte20. Sin embargo, es importante advertir que este afán desmovilizador, plenamente congruente con la imagen "clásica" del orden pelucón, igualmente reconocía algunos límites, hasta cierto punto inevitables para quienes habían optado por mantenerse fieles a los parámetros fundamentales del republicanismo, y sobre todo de lo que esta opción implicaba en materia de requisitos de legitimación política21. Así, aun aplaudiendo el término de los "tumultos" y los "desenfrenos", el discurso oficial no perdía ocasión para asegurar que el orden al parecer tan fácilmente restablecido no era sino un síntoma de su universal y espontánea aceptación por parte de las grandes mayorías nacionales.

En esa veta, y refiriéndose a la tranquilidad en que habían transcurrido las elecciones municipales de comienzos de 1831, El Araucano aseguraba que

"la masa de la población descansa en los sufragios de esa fracción que sabe dar dirección a sus destinos, y como no ha divisado un partido de oposición capaz de hacerle frente, ha permanecido quieta, manifestando que su voluntad es la misma, en esa aprobación y alegría con que celebra el resultado de las votaciones"22.

Algo similar se señalaba respecto del clima con que se había festejado el 18 de septiembre de 1834:

"en ninguna de las fiestas anteriores ha sido tan universal el regocijo. Contribuían sin duda a exaltarlo el sentimiento de paz y seguridad, que cuatro años de orden y sosiego han arraigado al fin en los ánimos, y la esperanza de un porvenir dichoso, de que vemos tan alegres presagios en la creciente prosperidad del país"23.

En una coyuntura particularmente crítica para el régimen, como fue la que derivó en el Motín de Quillota y la muerte de Portales, la falta de adhesiones plebeyas a dicho movimiento fue interpretada como demostración palmaria de validación política: "la mejor prueba de la regularidad de la administración y del orden que reina en todos los ángulos del Estado, es el entusiasmo general con que se han pronunciado los individuos de todas las clases en defensa de las autoridades y de las leyes"24. Lo propio habría ocurrido, o al menos así lo interpretó el discurso oficial, ante el desafío planteado por la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Con motivo del recibimiento masivo brindado a las tropas vencedoras, El Araucano editorializaba complacido: "en estos transportes de júbilo vemos algo más que aclamaciones efímeras... Hay la aprobación espontánea y universal de un pueblo, que sella los actos de sus mandatarios, y se da el parabién a sí mismo por el acierto de su elección". "El profundo interés de los chilenos de todas clases", continuaba, "ha contribuido a la solemnidad y alegría de esta fiesta patriótica; cada cual ha hablado el lenguaje que le era propio; y las demostraciones honoríficas del Gobierno han sido dignamente sostenidas por el exaltado alborozo del pueblo"25.

Pero el régimen no siempre se conformó con un apoyo meramente tácito. Así por ejemplo, cuando se promulgó la Constitución de 1833 se estimó necesario organizar "en todos los pueblos de la República" actos masivos de adhesión, cuidadosamente coreografiados por el Ministerio del Interior. Tras la jura del documento por las autoridades locales correspondientes, estas debían convocar al "pueblo" —entendido aquí como el conjunto de la población—, solicitando un juramento análogo bajo la siguiente invocación: "¿Juráis por Dios y por los santos evangelios observar como ley fundamental de la República de Chile, el Código reformado por la Convención? —Sí juro—Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden". Como en todos los festejos públicos de la época, esta ceremonia, realizada en la plaza principal de cada localidad, debía ser acompañada de "repique general de campanas y salvas de artillería", además de iluminación y embanderamiento de las viviendas. Se instruía asimismo a sus organizadores a solemnizar la proclamación "lanzando al pueblo monedas y medallas"26. De acuerdo a los informes recibidos de diversas autoridades locales y regionales, las expectativas oficiales se habrían cumplido en plenitud. En Talca, por ejemplo, el pueblo respondió a la lectura de la Constitución "con gritos de entusiasmo y demostraciones de júbilo: ¡Sí juramos, viva la Constitución, honor a la Gran Convención!", en tanto que en Rancagua durante tres días "el pueblo todo solo se ha ocupado en celebrar el porvenir venturoso, que nuestra Carta le ha afianzado para siempre"27.

Una intervención plebeya similarmente "proactiva" se habría suscitado para la elección de 1841, en la que Manuel Bulnes se consagró como segundo presidente de la era portaliana. Según lo consignado por la prensa oficial, en esos comicios "las clases inferiores del pueblo" fueron instigadas a "tomar más parte que la que les había cabido antes en circunstancias iguales o análogas". Sin embargo, su comportamiento concitó en esta oportunidad, en marcado contraste con lo consignado para los primeros años del régimen, solo aplausos de los defensores del orden:

"¿No les hemos visto en todas las parroquias de esta numerosa población acercarse a las mesas receptoras, sin tropel ni tumulto, deponer sus sufragios con el mayor decoro, y retirarse contentos y satisfechos a celebrar el triunfo de su candidato, del que desde tanto tiempo disfrutaba de la justa popularidad que le habían granjeado sus grandes victorias y constantes sacrificios por la Patria?"28.

A juzgar por tales expresiones, la movilización electoral de "las clases inferiores del pueblo" ya no se contemplaba con la misma alarma de 1830 o 1831, sobre todo porque ahora brindaba un decidido apoyo al candidato oficialista. ¿Había bastado un decenio de gobierno pelucón para provocar tan notable metamorfosis?

La clave para resolver la aparente paradoja la brinda el papel desempeñado en esas elecciones por la Guardia Nacional, institución reforzada sistemáticamente por el régimen portaliano para atender diversas tareas de control militar, político y social. Remitiéndonos por ahora solo al segundo de esos aspectos, varios autores han subrayado la utilización que dicho régimen hizo de la Guardia como fuerza electoral subordinada a sus dictámenes, atendiendo a que a todos sus integrantes se les consideraba automáticamente provistos del derecho a voto29. En referencia específica a la elección presidencial de 1841, Diego Barros Arana afirma que

"la fuerza principal de la elección la hacían en esos días los jefes de la guardia nacional con los votos de la tropa, los propietarios rurales con sus inquilinos, los comerciantes y los industriales con sus dependientes y operarios. En la elección presidencial de 1841 la gran mayoría de esos elementos estaba al servicio de la candidatura Bulnes"30.

Dicho de otra forma, la exclusión electoral orquestada por las autoridades por-talianas no contemplaba a quienes, a través del control miliciano o de la autoridad patronal, podían movilizarse en su propio favor, otorgando así un fundamento más tangible a su retórica de legitimación popular. Durante el decenio de Prieto, en que cualquier candidatura disidente había quedado marginada de facto, no había parecido necesario echar mano de tal expediente, pero en las presidenciales de 1841, a las que concurrieron tres candidatos alternativos, el voto plebeyo volvía a cobrar importancia estratégica. El fantasma de la soberanía popular no se conjuraba con facilidad.

Así lo demostró a posteriori la obstinada defensa levantada por el gobierno, ya bajo la conducción de Manuel Bulnes, de una disposición transitoria contenida en la Constitución de 1833, que hacía efectiva la exigencia de saber leer y escribir para efectos electorales solo a contar de 1840, permitiendo calificarse antes de esa fecha a muchas personas que no cumplían con tal requisito. Vencido el plazo, los sectores disidentes que comenzaban a hacerse oír con mayor desenvoltura en el ambiente políticamente más tolerante propiciado por la nueva administración reclamaron la aplicación de dicha exigencia, buscando así anular un factor de intervención oficialista que consideraban distorsionador del "verdadero" sentir popular. Puesta la materia en discusión parlamentaria con miras a modificar la ley de elecciones de 1833, Mariano Egaña introdujo una propuesta que conservaba el derecho a sufragio a todos "los chilenos que hubieren sido hasta aquí calificados como ciudadanos electores", pudiendo hacer uso de él hasta su muerte, "aunque no tengan la calidad de saber leer y escribir"31. Cuando se piensa que este mismo personero pelucón había sido en la víspera de Lircay uno de los más encarnizados detractores de la "furia democrática" y de la participación política de "la muchedumbre incauta que solo ansía por el desorden", no deja de llamar la atención el giro manifestado en esta moción32. otro tanto cabría apuntar en relación a la defensa de la misma montada desde El Araucano por Andrés Bello, el otro gran jurista asociado al régimen. Advertía este personero que una aplicación demasiado rígida del requisito de alfabetización traería consigo como riesgo "el corto número a que vendría a quedar reducida la clase de sufragantes", añadiendo:

"la soberanía del pueblo no existe sino en el derecho de sufragio. Si solo una pequeña fracción suya es la que nombra sus delegados, llamar popular el gobierno es trastornar la significación de las palabras. Cuanto más se consolidan las formas gubernativas, cuanto más progresos hace la cultura intelectual y moral, en una palabra, la civilización, vemos que se extiende más y más el derecho de sufragio en todas las naciones libres. ¿No sería sensible que nosotros obrásemos en dirección contraria?"33.

En suma, la postura del régimen portaliano frente a la politización plebeya sí experimentó algún deslizamiento con el transcurso del tiempo, motivado posiblemente por su creciente consolidación como propuesta hegemónica. Dentro de los parámetros republicanos de los que nunca abjuró, algún grado de consenso popular activo no venía mal, siempre y cuando, por cierto, este se mantuviera estrictamente bajo control. El problema era que los mismos instrumentos movilizados para tal efecto —las elecciones, la Guardia Nacional— podían tener comportamientos inesperados y riesgosos, toda vez que los sujetos sobre los cuales recaían no estaban imposibilitados de apropiárselos para sus propios fines. Como se verá más adelante, ello efectivamente comenzó a suceder a medida que avanzaba el decenio de Bulnes, confirmando así que el principio invocado por Bello resultaba intrínsecamente problemático. En realidad, la victoria aparentemente obtenida en el frente político resultó a la postre bastante efímera, y la "furia democrática" tan temida por Egaña reveló ser más refractaria de lo imaginado.

Este desenlace fue todavía más evidente en el plano social, fuente de aprensiones tanto o más agudas para los constructores del orden pelucón. Como se dijo antes, una de las consecuencias de la disolución del lazo colonial, de las pugnas intraélite que esto trajo consigo y de la experimentación política que caracterizó a los años veinte fue un relajamiento de los controles jerárquicos, lo que desde una perspectiva plebeya implicó una mayor libertad para exteriorizar sus preferencias y regir sus vidas. Para la óptica dominante, sin embargo, esto solo significó exacerbar la ancestral tendencia popular a la violencia, a la ociosidad y al vicio34. La ciudad de Santiago, se lamentaba El Araucano a pocas semanas de su primera edición, estaba infestada de vagos y ociosos35. Peor aún: se apreciaba en el país "una repetición de asesinatos desconocida en otras épocas", fruto del "vicio abominable del uso del cuchillo con que las últimas clases dan término a sus disensiones". "Esta fatal manía", aseguraba el editorialista, "proviene del carácter belicoso, que la ignorancia deja correr hasta el exceso, y que nunca podrá extinguirse mientras la ilustración y la moral no se apoderen del corazón de la plebe"36. El ministro Portales, por su parte, no vacilaba en atribuir los numerosos "robos y horrorosos asesinatos que desgraciadamente se han experimentado siempre en esta capital" al "ocio y la embriaguez que no han podido desterrarse, ni con las penas que les están señaladas en la legislación, ni con las precauciones tomadas hasta aquí"37.

Insistía el mismo ministro algunos meses más tarde, en un muy citado oficio remitido a la Corte Suprema, sobre las "frecuentes y amargas quejas" que recibía de varios pueblos de la República,

"por la continua alarma en que pone a sus vecinos la repetición de atroces asesinatos y robos inauditos. Los hombres honrados se ven en la necesidad de halagar a los malhechores para ponerse a cubierto de los riesgos a que están expuestas sus propiedades y sus vidas. Los jueces contemporizan con los malvados que pudieran aprehender, porque temen que quedando impunes la misma impunidad les alienta para descargar su saña sobre sus aprehensores".

Dando cuenta de varios casos concretos pormenorizados por el intendente de Colchagua, entre ellos el de un reo de la cárcel de Curicó que había cometido por sí solo más de veinte asesinatos, u otro que había dado muerte a su padrastro "por solo haberle reprendido de palabra, según su propia confesión", señalaba que esa provincia se hallaba plagada "de los más temibles facinerosos, que tienen sobrecogidos a los jueces, y se pasean causando luto y amargura por todas partes, y en sí mismos dan testimonio de que la administración de justicia se halla en un estado deplorable"38. No muy distinta era la situación en la propia provincia de Santiago, donde según su gobernador local se cometían "crímenes horribles continuamente", y donde sin perjuicio de ser sus perpetradores remitidos debidamente a los jueces, se observaba "que no se disminuye esta clase de delincuentes sino que al contrario abunda demasiado"39.

Haciéndose cargo de estas denuncias, y admitiendo que el número de homicidios perpetrados solamente en la capital había ascendido a 41 entre junio y noviembre de 1830, el presidente de la Corte Suprema, Juan de Dios Vial del Río, atribuía el problema parcialmente a insuficiencias de la legislación vigente, pero sobre todo a la afición plebeya por el alcohol:

"con un carácter decidido y valeroso, y en medio de la suma abundancia de licores que la naturaleza prodiga en nuestro suelo, la plebe chilena aunque fuera la más virtuosa e ilustrada del mundo se vería siempre víctima del azote exterminador de la bebida, mientras no se le oponga un freno bien fuerte que contenga los efectos de este vicio abominable. La mayor parte de los crímenes se perpetran en los lugares de distracción y en los accesos de la embriaguez; y aunque en realidad no suceda así, éste es el asilo ordinario de los criminales, para el que la compasión y la amistad les provee siempre de testigos".

Tampoco desatendía el presidente del Poder Judicial a los factores coyunturales, incluyendo las agitaciones políticas que recién comenzaban a quedar atrás, las que a su juicio contribuían a agravar el mal:

"cada revolución política arroja en estos pueblos, como la erupción de un volcán, una lava de malhechores que por mucho tiempo permanecen cometiendo las depredaciones y atentados más horribles. La discordia civil es la trompeta que pone en acción a tan infames agentes; convierten sus intenciones criminales en objetos de alta política, se embanderan en los partidos, reciben armas, y aun cuando siguen en la carrera de sus excesos es con un nuevo colorido que los autoriza para cometerlos peores"40.

Para los redactores de El Araucano, la explicación era mucho más simple:

"estamos convencidos de que el origen de este mal procede, a más de las causas que expresa la Corte Suprema, de esa ignorancia semisalvaje en que yace nuestra plebe, porque careciendo absolutamente de toda idea de moral, no estando acostumbrada a hacer uso de la razón, y no habiéndosele inspirado desde la infancia sentimientos de humanidad, se deja arrastrar por las pasiones más perniciosas".

Incapacitada para discernir entre el bien y el mal, esta "se entrega sin reflexión al desenfreno de los placeres, y se deja conducir sin temor ni desasosiego por el exceso de la ira y por la bárbara pasión de la venganza. Es inaccesible a la compasión, y aunque vea correr a torrentes la sangre humana, no manifiesta indicios de sensibilidad". La impunidad, a mayor abundamiento, era alimentada por la propia solidaridad de clase: "la mayor parte de los asesinos, en el momento de perpetrar el crimen, encuentran compañeros, amigos o protectores que los oculten, y les proporcionen medios para fugarse; y los que son aprendidos rinden una abundante información de buenas costumbres y vida arreglada que hace vacilar a los jueces"41.

En este contexto, las autoridades peluconas se abocaron concienzudamente, bajo la conducción personal del ministro Portales, a poner término a tal estado de cosas. A menos de dos meses del triunfo de Lircay, se procedía a la organización de un cuerpo de policía que se hiciera cargo, "con mayor vigilancia que hasta aquí", del cuidado de la seguridad pública, "de la decencia de las costumbres, y del aseo de la población". Entre sus atribuciones figuraban la de impedir

"toda reunión de personas en que se usen gritos sediciosos, o en que se pronuncien palabras obscenas y escandalosas; o en que se trate de golpear, insultar o hacer burla de alguna persona; o de turbar la paz de alguno de los transeúntes, exigiéndole alguna limosna o contribución o forzándole a practicar algún acto que él resiste";

así como la de aprehender "a toda persona que encontraren manifiestamente ebria en las calles y ventas públicas: a los que ejecutasen actos o vertiesen palabras indecentes y obscenas: y a los que estuviesen golpeándose o provocando riña". Se reiteraba asimismo una ley de 1824 que prohibía a la población civil cargar "cuchillo, puñal, daga, bastón con estoque y cualquiera otra clase de armas", y se conminaba a dispersar a toda "reunión de personas sospechosas o reputadas por vagas, que sin objeto racional se hallen detenidas en las calles". También debía velar la policía por que no se arrojaran "a algún edificio, o a los transeúntes piedras y lodo", ni tampoco "despedir cohetes o bota-fuegos, romper vidrieras o faroles, rayar paredes o de cualquiera otro modo hacer daño a los edificios"42.

En cuanto a la inseguridad rural, Portales solicitaba en julio de 1830 al Poder Legislativo autorización para crear "comisiones ambulantes de justicia, que repartiéndose por los campos pusiesen algún término a la multitud de crímenes que se cometen". La idea era que estas comisiones procediesen sumariamente, obviando los procedimientos judiciales que solían dilatar las causas criminales, "sobre todo las de asesinato y salteo", hasta concluir en su impunidad43. En apoyo de esa propuesta, El Araucano invitaba al Poder Judicial a tomar medidas que, como la aplicación expedita e implacable de la pena de muerte, "si no previenen los delitos, siquiera los repriman por medio de ejemplares que infundan terror". Asumiendo que "quizá nuestras palabras van a chocar con los principios de la filantropía, con los consejos de los filósofos, y con los sentimientos de humanidad, aconsejando a los jueces que irremisiblemente condenen al último suplicio al asesino", insistía sin embargo en que la lenidad judicial terminaría por hacerlos

"también responsables de esa sangre que se vierta por su compasión, de los caudales que se gasten en perseguir criminales que al día siguiente se hallen en el rango de hombres libres y honrados, y de esa sucesión no interrumpida de malhechores que han formado una especie de vínculo de la sangre de sus compatriotas"44.

Sin hacerse cargo directamente de estas impugnaciones, la Corte Suprema sugería al gobierno, recogiendo un precedente colonial45, confiar "los destinos subalternos de gobierno y policía a los vecinos más instruidos y respetables en todos los pueblos", así como derogar una antigua ley de las Siete Partidas que eximía de la pena capital a quien hubiese cometido un homicidio en estado de embriaguez. Esta última medida, inmediatamente aplaudida por El Araucano, fue efectivamente sancionada como ley en octubre de 183246. En una línea análoga de razonamiento, y ante los escrúpulos que podía suscitar la aplicación sumaria de la pena de muerte, Mariano Egaña oficiaba al gobierno en diciembre de ese mismo año, en su condición de Fiscal de la Corte Suprema, sobre la vigencia legal de la pena de azotes, que aunque suprimida por el gobierno de Ramón Freire en 1824, había sido repuesta por esas mismas autoridades apenas un año después. Argumentaba el jurista en aval de su propuesta que

"los crímenes se aumentan en una progresión espantosa, y la nación corre a su ruina moral; ni puede ser de otro modo si se considera la impunidad en que quedan los delincuentes, y que fuera de la capital, no hay una pena que aplicarles, o viene a ser la que se decreta (cuando no se elude absolutamente) tan tardía, y tan distante del teatro del delito, que no produce escarmiento",

por lo que parecía preferible reemplazar los castigos "excesivos o atroces" por otros más "prontos e indefectibles"47. Que así se verificó lo demuestra la aplicación de dicha pena a una serie de delitos como el hurto, la ebriedad habitual o el "uso constante de entretenerse en juegos prohibidos", como lo establecía un decreto clarificatorio de la ley de administración de justicia expedido en marzo de 1837; o también al robo de animales, penalizado por un decreto de julio de ese mismo año con 25 a 50 azotes, más ocho a 18 meses de servicio en las obras públicas, en casos menores, y cien a doscientos azotes, más seis a ocho años de presidio o servicio en las obras públicas, en caso de reincidencia48. Tal como lo argumentara tiempo atrás María Angélica Illanes, la pena de azotes se convirtió así en una de las intermediaciones más simbólicas entre el orden portaliano y el bajo pueblo.

Solo podría disputarle ese simbolismo, tal vez, la tantas veces aludida y estudiada institución del presidio ambulante, mejor conocida como los "carros-jaula"49. Los estudios existentes ahorran la necesidad de referirse largamente a este dispositivo de castigo, en el que se unía la voluntad de combatir la impunidad delictual con una utilización económicamente "provechosa" de los presidiarios. Pero vale la pena reproducir aquí las consideraciones con que el discurso oficial justificó su implantación, defendida por El Araucano como "la más oportuna y arreglada a la conveniencia pública y a la particular, y a la moral que de todos modos debe introducirse y conservarse en los pueblos". Más allá de los costos e inseguridad de los presidios existentes, especialmente el que funcionaba en la Isla de Juan Fernández, o de la urgencia de mejorar unos caminos públicos que la reactivación económica en curso tornaba más transitados, la instalación de los "carros-jaula" tenía la virtud de exhibir a los delincuentes ante el escrutinio general, subrayando "la suerte miserable a que los han condenado sus excesos, y todo esto proporcionará las más eficaces lecciones, en todos los puntos de la República, lecciones que harán aprender sus deberes a los que no han tenido otras proporciones de conocerlos, y que contendrán en su cumplimiento a los que quieran extraviarse; porque siempre estarán a la vista, e impondrán, a los que por desgracia no tienen otro convencimiento que el castigo"50. Tan importante era esta función "comunicacional" del castigo, como la califica Antonio Correa citando a Foucault51, que en una oportunidad el intendente de Santiago se sintió en la obligación de recordar al director del presidio ambulante que este se había establecido "con el único y exclusivo objeto de castigar y poner en seguridad a los hombres, que, cargados con grandes crímenes, hagan necesaria la aplicación de esta pena", razón por la cual en ningún caso podían recluirse en él, como estaba ocurriendo, presidiarios de ambos sexos, pues dicha promiscuidad solo conduciría a "ofender en alto grado la decencia pública" y "fomentar la inmoralidad de unos y otros, poniéndoles en la ocasión próxima de cometer frecuentes desórdenes"52.

Porque en definitiva no era solo la violencia delictual o cotidiana de la plebe lo que ofendía la moral pelucona, sino, como ya se ha insinuado en varias de las citas precedentes, un conjunto mucho más vasto de prácticas sociales, lúdicas o culturales que el discurso dominante solía reunir bajo el apelativo de "barbarie", y cuya reproducción, exacerbada por la "permisividad" pipiola, se estimaba igualmente necesario erradicar. Estas iban desde la congregación colectiva en chinganas o fiestas populares hasta la afición por la bebida, los juegos de envite o el simple "vagabundaje", pasando por diversas expresiones religiosas y sexuales53. En esa lógica, no bastaba con el simple restablecimiento de la tranquilidad política o social, si ello no iba acompañado de una morigeración visible de las costumbres. "En medio de las ventajas que nos ha proporcionado el establecimiento del orden", decía al respecto El Araucano, "se observa con desagrado una afición a ciertas diversiones que pugnan con el estado de nuestra civilización. Se ha restablecido con tal entusiasmo el gusto por las chinganas, o más propiamente, burdeles autorizados, que parece que se intentase reducir la capital de Chile a una grande aldea". "Cada cual sabe la clase de espectáculos que se ofrecen al público en esas reuniones nocturnas", continuaba el editorialista,

"en donde las sombras y la confusión de todo género de personas, estimulando la licencia, van poco a poco aflojando los vínculos de la moral, hasta que el hábito de presenciarlos, abre la puerta a la insensibilidad y sucesivamente a la corrupción. Allí los movimientos voluptuosos, las canciones lascivas y los dicharachos insolentes hieren con vehemencia los sentidos de la tierna joven, a quien los escrúpulos de sus padres o las amonestaciones del confesor han prohibido el teatro".

Y concluía:

"muy bueno es que el pueblo tenga sus distracciones, porque es una necesidad de la vida; pero no todas son aparentes para todas las clases de la sociedad, ni deben repetirse todos los días, ni abandonarse a la discreción de logreros que buscan ganancias en el exceso de los placeres, y en el progreso de los extravíos"54.

Reacción similar provocaba la pasión plebeya por el juego, calificada por El Araucano, junto con la holgazanería, como una de las ocasiones más propicias para inducir al delito: "casi todos los malhechores son hombres sin oficio que se han acostumbrado a ganar el pan estafando al infeliz que cae en sus redes. La policía debe perseguirlos de muerte"55. Abundan en los archivos de intendencias las denuncias y lamentaciones por esta afición, generalmente cultivada bajo el alero de festejos o chinganas. Advertía a este respecto severamente el intendente de Santiago a uno de sus subdelegados, que

"en la jurisdicción de U., suelen haber algunas chinganas, y otras juntas donde hay canto y diversión publica, sin embargo de estar absolutamente prohibido por el artículo 39 del bando de policía. No ignorará U. que, esta clase de reuniones son la raíz de donde nacen el juego, la ebriedad, las disensiones en los matrimonios, y toda clase de excesos".

El mismo funcionario llamaba la atención de otro de sus subalternos hacia los

"muchos y graves desórdenes que a menudo se cometen dentro de la Chacra de Don Gaspar Solar, por efecto de la gente que allí se reúne todos los días de fiesta y en algunos otros de la semana, a consecuencia de las ventas, juegos y diversiones de toda clase que en dicho lugar se toleran, con notable perjuicio de la moral pública y del orden interior de las familias"56.

Algo similar informaba una autoridad local al intendente de Concepción respecto de la morada de Margarita Trapamilla, en la que "se mantenían juegos de naipe y otros desórdenes que se cometían bajo la sombra de venta de licores y rifas". Habiendo resuelto allanarla, "hallamos una numerosa reunión de hombres y mujeres, unos jugando a los naipes que logré quitar y conservo en mi poder, otros bebiendo licores, otros embriagados y en fin en otra clase de desórdenes, que no pueden sostenerse sin el robo entre gentes que solo viven de un trabajo miserable como es notorio"57. Todavía en 1842, ya entrado el segundo decenio portaliano, el ministro de justicia, Manuel Montt, se veía en la necesidad de escribir a los intendentes, "representándoles la lamentable propagación de los juegos de envite y azar, así en la capital de la República como en los demás pueblos del Estado, y los efectos funestos que está produciendo este vicio corruptor de las costumbres públicas y enemigo del bienestar social"58.

Singular inquietud provocaban entre las autoridades portalianas los "excesos" a que se abandonaba la plebe con motivo de ciertas fiestas públicas, particularmente las de origen religioso. Naturalmente, uno de los principales destinatarios de esta censura era el Carnaval, que precisamente por esta época comenzaba a ser sistemáticamente erradicado desde el gobierno. Editorializaba al respecto El Araucano en 1836:

"estos días que por un canonizado abuso parecían exclusivamente destinados a la intemperancia y al desorden, ahora han sido señalados por la moderación y el sosiego: parece que nunca se hubieran visto en Santiago las tumultuosas cabalgatas, las desagradables reuniones de gentes provistas de cencerros y otros semejantes instrumentos, las voces descompasadas, ni tantas acciones ridículas, de que eran tan abundantes los carnavales entre nosotros, lo mismo que en otras muchas partes del mundo civilizado".

Y sentenciaba, con no disimulada complacencia: "el pueblo que una vez llegó a gustar los bienes inherentes a la moderación y a la decencia, y a saborearse con los placeres puros aprobados por la recta razón, ya tiene abierto y expedito el camino que le lleva tranquilo al punto de su felicidad verdadera"59.

Pero no era solo el Carnaval el que desataba la concupiscencia plebeya, sobre todo en las zonas rurales más alejadas del control gubernamental. Así, poco tiempo después de congratularse por el eclipsamiento de aquella fiesta en la capital, el propio Araucano daba la voz de alarma respecto de los "males gravísimos" provocados por fiestas presuntamente religiosas, tales como las de los santos patronos "y aun las de Corpus Christi". En ellas, se denunciaba, "al pretexto de celebrar lo más alto y más puro de la religión, se hace ostentación de lo más refinado del vicio, consagrando ocho, quince o más días al ocio y la disolución más desenfrenada"; y se precisaba: "en las plazas de los pueblos, o a la inmediación de las iglesias donde se celebra la festividad, se forma un círculo de pequeños cuartos cubiertos con ramas destinadas a la venta de licores fuertes, a los cantos y bailes indecentes, al juego y a la destemplanza". Esto naturalmente provocaba la parálisis de las actividades productivas, además del consabido cortejo de riñas, heridas y muertes. En suma, y proyectando estos efectos hacia un plano más general, se afirmaba que

"si buscamos la causa de muchos males públicos, tal vez no la encontramos en otra parte que en estas fiestas: si la desmoralización de la multitud, si la poca sumisión de los hijos a los padres, si la suma pobreza de las clases inferiores, si la abyección en que viven, si en fin una mortalidad que sorprende a vista de la benignidad del clima que habitamos, si de todo esto buscamos la causa, en la intemperancia, en la disolución, en la prodigalidad de las fiestas la encontramos, y encontraríamos también sin necesidad de muchas reflexiones la de otros males públicos que nos afligen y cuyo número no es corto ciertamente"60.

Como respuesta inmediata a esta amonestación, que seguramente no era sino una estrategia para ir preparando los ánimos del público lector, el 4 de julio de 1836 el ministro Portales enviaba a los intendentes una circular señalando que "la costumbre generalizada en toda la República de celebrar las Pascuas, la festividad de los Santos Patronos y la de Corpus Christi, formando habitaciones provisorias a que se da el nombre de ramadas" se prestaba como aliciente "a ciertas clases del pueblo, para que se entreguen a los vicios más torpes y a los desórdenes más escandalosos y perjudiciales", resultando en "el abandono del trabajo, la disipación de lo que éste les ha producido y muchas riñas y asesinatos". Por tal razón, concluía "prohibiendo absolutamente en todos los pueblos de la República que se levanten dichas ramadas en los días señalados y en cualesquiera otros del año"61.

Ni las propias fiestas nacionales, cuya implantación en la sociabilidad popular constituyó uno de los afanes prioritarios de todos los gobernantes durante estos años de formación republicana, y en las que solían tolerarse manifestaciones como las que el documento recién citado tan fuertemente estigmatizaba, pudieron escaparse del todo a este prurito moralizador. Así, el propio Portales firmaba un decreto de febrero de 1837 (precisamente en vísperas del Carnaval) en que las tres fechas nacionales que hasta entonces se conmemoraban oficialmente (el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 de septiembre) se reducían solo a esta última. Fundamentaba el ministro esta disposición aludiendo a los "perjuicios de consideración al servicio público y a las ocupaciones de los particulares" originados por la multiplicidad de festejos, estimando que los fines patrióticos a que ellos propendían podían cumplirse perfectamente mediante su "reunión en un solo día". Con todo, es pertinente recordar que en ese día se siguió permitiendo oficialmente el funcionamiento de ramadas y chinganas, así como el consumo de alcohol y otras prácticas lúdicas que durante el resto del año se pugnaba por suprimir. El cerco sobre la sociabilidad popular necesariamente reconocía límites62.

Ejemplos como estos podrían seguirse acumulando. Las lidias de toros, por ejemplo, prohibidas oficialmente desde 1823, seguían celebrándose pese al disgusto de las autoridades peluconas. "Se trabaja con tesón por restablecer la moral en todas las clases del Estado", apuntaba un editorial de El Araucano de 1831, "y sin embargo se observa que no todos los funcionarios coadyuvan a este digno objeto. La fiesta de toros está justamente prohibida en toda la República, y no obstante en la villa del Monte se ha hecho varias veces, sin saberse con qué permiso, y en cada una de ellas no han faltado desgracias"63. "¿Será creíble", insistía un colaborador de ese mismo periódico tres años después,

"que todavía exista el bárbaro, horroroso espectáculo de lidias de toros, después de haberlo sabia y humanamente prohibido el soberano Congreso? Se tendría esta inobediencia por un reto, un insulto a la autoridad, si no se supiese que es efecto del descuido de ésta. ¿Cuándo podremos decir lo mismo de la maldita casa de gallos?"64.

Y remarcaba una vez más el ministro Portales, en una nueva circular a los intendentes:

"el gobierno ha sabido con el más alto desagrado que en algunos pueblos de la República se infringe escandalosamente la ley del Congreso Constituyente promulgada en 16 de septiembre de 1823, que prohíbe perpetuamente en el territorio de Chile las lidias de toros, y en su virtud V. S. vele sobre su observancia en la Provincia de su mando, bajo la mas estricta responsabilidad"65.

otro tanto ocurría con las carreras de caballos, con las procesiones religiosas (en las que ofendían la sensibilidad oficial prácticas como las de flagelarse), y hasta con las relaciones amorosas, respecto a las cuales un intendente de Santiago deploraba "los males que sufre la moral pública con la multitud de amancebamientos que se notan principalmente en la clase pobre", transgresiones que no vacilaba en castigar con la cárcel66. En suma, era toda una forma de vida la que se estimaba urgente modificar, en plena consonancia con el impulso "civilizatorio" que se apoderó de las oligarquías latinoamericanas decimonónicas, y que sería inmortalizado discursivamente pocos años más tarde por ese gran admirador y colaborador del orden pelucón que fue Domingo Faustino Sarmiento.

¿Qué tanto éxito se obtuvo en esta verdadera cruzada social y cultural? Años después, el memorialista José Zapiola recordaría, polemizando con el Juicio Histórico de Lastarria a Portales, que la acción del ministro había permitido superar una situación en la que "era preciso felicitarse el día en que en el pórtico de la cárcel solo aparecía un cadáver apuñalado, cuyo asesino quizá estaba entre los curiosos espectadores", y cuando en el solo año de 1828 habían ocurrido 800 asesinatos en la capital67. El discurso oficial de la época concordaba plenamente: ya en su Mensaje de 1835, el presidente Prieto se congratulaba

"de la acelerada disminución en el número de estos delitos atroces que pocos años ha se cometían en esta ciudad y sus cercanías; disminución que no podréis menos de mirar como una señal evidente de la mejora que se verifica alrededor de nosotros en la condición moral del pueblo, y que bajo los auspicios de la paz y de la industria, se difundirá en breve a todos los ángulos de la República"68.

"El que ha visto el carácter de progresiva cultura que domina ya en las diversiones del pueblo", concordaba tres años después El Araucano,

"turbadas antes por ejemplos de la más grosera ferocidad; el que ha contemplado la disminución admirable del espantoso número de delitos que manchaban antes nuestro país, y en fin, el que observa el ardor con que la juventud de todas las clases procura beber en las fuentes de la instrucción las benéficas máximas de la moral, no pueden menos de sentirse hondamente reconocidos hacia la Divina Providencia, que ha querido mirarnos con tan benévolos ojos, y ponernos en esta senda de engrandecimiento y de ventura, por medio de las instituciones liberales y de la paz interior"69

Y como cerrando este discurso autocomplaciente, el propio Prieto ponía fin a su mandato en 1841 exhortando a sus compatriotas:

"no quiero sombrear este cuadro recordándoos la universal inseguridad y alarma en que se hallaba la República pocos años antes de mi elevación al Gobierno: fresca está en la memoria de todos aquella época de horror, en que cada día era señalado dentro de la capital misma por más de un crimen atroz, cuyas víctimas acusaban silenciosa pero enérgicamente la creciente desmoralización del pueblo y la relajación de los resortes sociales. Poco a poco vino a desaparecer aquel ominoso estado de cosas. El número de estos crímenes en el curso del año no iguala actualmente al de los que se cometían tal vez en una sola semana, casi a vista de las autoridades constituidas para reprimirlos; se empezaron a promover remedios para un mal tan grave; y continuados durante mi administración, han esparcido sobre vuestras ciudades y campos, un sentimiento general de seguridad y bienestar desconocido en otras épocas"70.

Como se podrá apreciar más adelante, estaba por verse si las circunstancias realmente justificaban semejantes arrebatos de confianza.

Antes de concluir este apartado, parece pertinente dedicar algunas líneas a un fenómeno emplazado precisamente en la intersección entre lo político y lo social, y que por eso mismo se convirtió para las autoridades peluconas en una preocupación prioritaria al momento de asumir la conducción del país. Era este la guerrilla de los Pincheira, que pese a reivindicar hasta el final su condición de movimiento político de apoyo al orden realista, solo mereció del gobierno portaliano una pertinaz estigmatización como mero desborde destructivo o delictual, verdadero paroxismo de la "barbarie" plebeya contra la que se había declarado la guerra total71. Haciéndose eco retrospectivo de ese sentimiento, el historiador conservador Ramón Sotomayor Valdés descalificaba el posicionamiento doctrinario de los Pincheira, a quienes denominaba "bárbaros" y "bandidos", como "un ridículo pretexto para alzarse contra la sociedad y sus leyes más sagradas", en tanto que Barros Arana daba cuenta del apoyo social que estos conservaron hasta el final en la zona de Chillán como mero "fanatismo político o religioso, o depravación moral"72. Consumada la derrota final de la guerrilla a manos del general Bulnes, a comienzos de 1832, Portales no disimulaba su euforia en una carta escrita desde Valparaíso:

"alcé las manos al cielo y recé el credo en cruz... la noticia ha endulzado mi alma y parece que me hubieran regalado 100 talegas. Felicite Ud. a mi nombre al Presidente, y dígale que cuando a Bulnes escriba, le diga de mi parte muchas cosas, especialmente por la viveza con que ha hecho jugar el fusil; pues esos facinerosos son incorregibles y habrían vuelto a formar montoneras, si Bulnes no les hubiese aplicado ese remedio tan radical".

Instaba asimismo a su interlocutor a inducir al Araucano a resaltar el logro "en una hora" de lo que los gobiernos pipiolos no habían podido hacer en diez años73.

Recogiendo la recomendación, el órgano oficial aseguraba pocos días después que "ningún objeto más glorioso podía ofrecerse al gobierno de Chile que la destrucción de la gavilla de salteadores que capitaneaba Pincheira", librando al país tras catorce años del "yugo espantoso de las devastaciones de estos bárbaros". Luego de reconstruir minuciosamente dichas devastaciones, tal como lo había sugerido Portales en su carta, y haciendo abundantes referencias a "las ruinas de las provincias del sur, los gemidos de familias desoladas, el abandono de campos fecundos, la sangre vertida, de que ellos mismos han sido testigos, los alaridos de las víctimas y todos esos males que muchas veces han lamentado", el articulista daba cuenta de las exigencias de Pablo Pincheira de que se respetase su adhesión a la monarquía española como "condiciones muy ignominiosas en que el gobierno no podía convenir", y mero pretexto para que "se le dejaran bajo sus órdenes los forajidos que le acompañaban" y "se permitiese vivir en Chile a su gavilla como al resto de los ciudadanos honrados". Por último homenajeaba a Bulnes, "ese verdadero ciudadano armado que en 1829 fue mandado por los pueblos a la vanguardia del ejército que sostuvo la causa de sus leyes", por haber logrado introducirse "en los aduares de la semi-horda" y "con la vehemencia del rayo libertar a Chile en pocas horas de esos enemigos que lo devoraban"74. Por su parte, el presidente Prieto se sumaba al coro de alabanzas, señalando al Congreso que

"conquistada la independencia a costa de infinitos sacrificios, aún nos restaba por conquistar la propiedad y seguridad individual constantemente atacada por una horda de bandidos, que validos de su movilidad, han desolado nuestros campos esparciendo en ellos la desolación y la muerte por espacio de catorce años, hasta que últimamente un conjunto de acertadas disposiciones debidas a la experiencia, actividad y pericia del general en jefe, proporcionaron la ocasión de atacarlos y concluirlos de un modo que jamás volverán a sentirse sus estragos"75.

El júbilo exteriorizado por los más distinguidos representantes del orden porta-liano emergente y el mismo vocabulario empleado para referirse a los Pincheira y a la trascendencia de su derrota aportan elementos sugerentes para cerrar esta discusión referida al pueblo temido y reprimido. En primer lugar, los epítetos asociados a los integrantes de la montonera ("bárbaros", "forajidos", "depravados") guardan estrecha y no circunstancial semejanza con los que ya se han reproducido abundantemente en relación al bajo pueblo en general, y con los que se le seguirían endilgando en el futuro mediato e inmediato. No en vano fue Benjamín Vicuña Mackenna, reconocidamente asiduo a homologar el mundo plebeyo con los "aduares africanos" y las "hordas bárbaras", uno de los primeros en historiar sistemáticamente a la guerrilla de los Pincheira76. Interesante resulta asimismo su identificación como "porción de chilenos que se habían separado de nuestra comunidad"77, lo que podría interpretarse no solo en términos de su obstinada filiación realista (que por otra parte el propio discurso pelucón se empeñaba en trivializar), sino también, por extensión, como una suerte de dictamen sobre los sujetos sociales a quienes podía representar. No parece excesivo sugerir que la "gavilla" de los Pincheira se erigía como una suerte de encarnación simbólica de lo que podía llegar a ser una comunidad plebeya librada a sus propios arbitrios, sin un control aristocrático que la encaminara por la senda del orden y la civilización. Era tal vez esa consideración, y no solo su rechazo del orden republicano, la que tornaba inaceptable el reconocimiento de los Pincheira como expresión política autónoma, aunque tampoco conviene desatender lo que ese rechazo implicaba desde el punto de vista de las aspiraciones peluconas a la legitimidad.

EL PUEBLO DESEADO

Insatisfecho del pueblo real sobre el que le había tocado en suerte gobernar, el régimen pelucón no podía sin embargo renunciar a esa tarea sin traicionar su vocación hegemónica y sus planes de construcción nacional. Se trataba, por tanto, de diseñar una suerte de ingeniería sociocultural en la que el restablecimiento del orden representaba solo una etapa preliminar. Esta operación, que en otro estudio hemos caracterizado con Verónica Valdivia, parafraseando a Philip Corrigan y Derek Sayer, como una suerte de "revolución cultural"78, suponía a la postre la elaboración de un perfil ideal hacia el cual encaminar los esfuerzos, algo así como una imagen del pueblo que realmente se requería para construir un orden republicano y progresista digno del siglo en que se vivía. Ese era el "pueblo deseado" que emerge de las diversas manifestaciones del discurso portaliano, y que este segundo apartado se propone caracterizar.

En primer lugar, y como se desprende fácilmente de lo señalado en la sección anterior, lo que se quería era un pueblo esencialmente obediente, precondición ineludible para todo lo que debía venir después. Ese era el propósito último, obviamente, de todas las medidas de orden policial de que se dio cuenta antes. En un editorial consagrado precisamente a ese tema, El Araucano aseguraba que

"el alma de una república es el respeto a las leyes que consagran la libertad, propiedad & c., y el odio a todos los que violen estos derechos; donde se quiere ensanchar tanto las facultades individuales, que cualquiera puede cometer los crímenes más atroces, sin sentir la acción represora de la sociedad, no hay propiamente libertad sino licencia, no hay república sino confusión"79.

En esa lógica, sin embargo, y por su propia naturaleza, la policía tenía un efecto más punitivo que preventivo, más de reacción frente al daño consumado que de anticipación del mismo por la vía de la persuasión o el disciplinamiento. Haciendo una reflexión al respecto, el periódico oficial contrastaba la situación de Estados Unidos, donde a su parecer "la tranquilidad pública descansaba únicamente en las virtudes y patriotismo del ciudadano", con la realidad chilena, donde si se apelara a semejante disposición "brotarían por todas partes los delitos, y la seguridad individual estaría amenazada a cada paso". Pese a ello, continuaba,

"la índole del pueblo chileno es la más a propósito para recibir las modificaciones que se le quiera dar, y si se malogra el período que media entre nuestra situación pasada y la que nos tocará al cabo, si no nos aprovechamos de la especie de oscilación en que nos ha dejado el sacudimiento revolucionario, será después muy difícil desarraigar los antiguos hábitos o darles una dirección saludable"80.

La coyuntura, por tanto, era crítica. Para encaminarla debidamente podían invocarse diversos mecanismos (como se verá a continuación), pero en lo inmediato, y considerando la precariedad en que aún se hallaba la naciente institucionalidad, lo que se requería era un medio que permitiera incidir rápida y efectivamente en las conductas plebeyas. Ese medio fue la Guardia Nacional.

Todos los autores que se han ocupado de la política de fortalecimiento de ese cuerpo tras la victoria pelucona, bajo la dirección personal y puntillosa del propio Portales, destacan junto a sus propósitos estrictamente militares o de instrumentali-zación electoral, el de actuar como instrumento de "moralización" y disciplinamiento del bajo pueblo. Para Sotomayor Valdés, por ejemplo, el Ministro

"al proteger tan decididamente la Guardia Nacional veía en ella nada menos que un medio de moralidad para un pueblo cuya índole y costumbres conocía profundamente. reconocer un cuerpo, vestir uniforme, obedecer a un jefe, emplear en ejercicios marciales las horas destinadas de ordinario a un ocio corruptor, hallarse inscrito en un registro, tener una consigna, sentirse vigilado en nombre del deber y del honor, ser amonestado o castigado a tiempo y estar constantemente bajo la mano del poder disciplinario, todo esto era un inmenso recurso para sujetar los desmanes del pueblo y mejorar sus hábitos"81.

"El ministro Portales", concuerda Barros Arana, "buscaba en ella un medio de proporcionar al pueblo una distracción que lo apartase de las tabernas y del vicio en los días festivos, y un elemento de paz y de orden para la República"; en tanto que, desde un ángulo supuestamente más crítico hacia esa gestión política, Vicuña Mackenna igualmente caracteriza la acción portaliana en la materia como "una campaña contra la pereza, el desaliño y la holgazanería del bajo pueblo"82. Estas lecturas han sido recogidas sin grandes variaciones por historiadores contemporáneos como Sergio Grez, Joaquín Fernández y Verónica Valdivia, aunque los dos últimos se cuidan de diferenciar entre el ambicioso diseño discursivo y la capacidad práctica del gobierno de hacer efectiva la instalación de la Guardia Nacional en todos los rincones del territorio83.

Independientemente de estos matices y precisiones, es difícil subestimar la importancia que el régimen le asignó al encuadramiento miliciano. Por si el esmero con que se contrajo el ministro Portales a esta tarea no fuese prueba suficiente, asumiendo personalmente la dirección de cuerpos cívicos tanto en Santiago como en Valparaíso, las reiterativas referencias a esta institución en las memorias gubernamentales y en la prensa oficial permiten dimensionar el alcance que se le quiso brindar. Haciendo alusión a la brillantez con que se había festejado el 18 de septiembre de 1831, El Araucano enfatizaba las "infinitas reflexiones de admiración y de esperanza" que había inspirado en los pechos patriotas la presencia de las guardias cívicas, básicamente porque "la disciplina y la moral han reunido en un mismo individuo al proclamador de la libertad, y a su constante defensor"84. Por su parte, en su memoria como ministro de Guerra y Marina de 1836, Portales enfatizaba "la confianza que deben inspirarnos el espíritu y la disciplina de las guardias cívicas", "preciosa institución", a su parecer, que el gobierno estaba empeñado en "extender a todos los pueblos de la República". En una correspondencia privada remitida un año después, ensalzaba una vez más a los milicianos como "una clase tan meritoria y que nos ha sido tan útil y tan fiel"85.

Como se sabe, esa fidelidad se puso dramáticamente a prueba pocos días después de la redacción de la última carta citada, cuando el comportamiento de las milicias, sobre todo las de Valparaíso, resultó ser uno de los factores fundamentales en el aplastamiento del motín que terminó con la vida del Ministro. Así lo destacó elogiosamente la prensa oficial:

"Vidaurre levanta en su cantón el grito del desorden, y toda la República contesta con el grito de indignación y de anatema. Las milicias todas se acuartelan al instante de recibir la noticia, con una prontitud y un entusiasmo, de que no ha habido un solo ejemplo desde su creación. Las de las provincias se preparan a marchar y marchan sobre los amotinados. Las de la capital forman un muro impenetrable alrededor del Gobierno. Las de Valparaíso rechazan heroicamente dos veces a los anarquistas. Las milicias, decimos, los cuerpos en donde están reunidos los ciudadanos de todas las clases y de todas las opiniones; las fuerzas que forman el instrumento de la voluntad del pueblo chileno"86.

En un registro similar, la disposición de los milicianos para involucrarse activamente en la guerra contra la Confederación —a diferencia de otros sectores del pueblo que resistieron denodadamente la recluta— parecería confirmar el desenlace exitoso de su "socialización" bajo la acción pelucona. El patriotismo y la pronta respuesta ante los llamados superiores de la nación serían otras tantas pruebas de alineamiento plebeyo bajo la guía de sus gobernantes. Ante una alerta de desembarco confederado en las costas cercanas a Valparaíso, por ejemplo, el gobernador de Quillota informaba a su superior que

"el entusiasmo que en esta ocasión ha manifestado la guardia cívica me ha llenado del mayor placer, porque tan pronto como se tocó llamada empezaron a reunirse todos los soldados de infantería con el mayor placer y solo se oían voces de vamos a pelear con el opresor de nuestra patria: así es que en el término de seis horas tenía reunidos más de cuatrocientos hombres y todos ellos con el mayor entusiasmo. Al salir del cuartel para dirigirse al punto donde habían sido destinados solo se oyeron gritos de viva nuestro Presidente el Sr. Prieto y muera Santa Cruz"87.

Por su parte, y aproximándose ya el término de la guerra, un oficial de milicias de Talca informaba que

"apenas se difundió en esta heroica provincia el proyecto de hacer marchar al Perú sus bravos defensores, de incorporarlos a las filas de nuestros valientes, cuando propagándose con rapidez un marcial entusiasmo, a la guerra, gritan hombres y mujeres, al Perú proclaman los ancianos; al Perú que es la gloria de Chile. Trescientos bravos se ofrecen al instante, trescientos que juraron morir o vencer en las batallas"88.

Es verdad que en estos y otros ejemplos es la voz de los oficiales la que se hace portadora del supuesto fervor popular, que en la práctica aparece desmentido por numerosos casos de deserción y resistencia a la conscripción que indicaban, en palabras de Sotomayor Valdés, que "la masa del pueblo no había comprendido la causa de Chile contra la Confederación"89. Es importante, sin embargo, distinguir para estos efectos entre los "vagos y mal entretenidos", que al decir del mismo historiador fueron objeto de la leva forzosa (Portales habla en una carta personal de "vagos, cuchilleros, etc." y en otra de "hombres forajidos"), y los cívicos propiamente tales, a quienes el ministro citado sugería eximir parcialmente de los rigores de la recluta para "no hacer sentir en el país los males de la guerra, y mucho menos a una clase tan meritoria"90. De hecho, al menos hasta el término de la administración Prieto, la opinión oficial respecto del comportamiento miliciano seguía siendo mayoritaria-mente positiva. En su memoria como ministro "accidental" de Guerra y Marina de 1841, por ejemplo, el futuro presidente Montt calificaba como

"cosa admirable y argumento poderoso a favor de la excelente disposición de nuestro pueblo, el estado en que se hallan las milicias de algunas provincias y los servicios que en todas partes hacen aun los cuerpos menos disciplinados, cuando esta institución no ha sido hasta ahora más que una carga onerosa para las clases trabajadoras, que no tenía ni término ni compensación".

Es muy sugerente, sin embargo, que pocos párrafos más adelante la misma memoria plantee un proyecto de ley encaminado a consolidar la "disciplina y organización militar de la guardia cívica", por la vía de "alejar del servicio a los proletarios que no prestan garantías, para que las armas estén solo en manos de ciudadanos honrados e independientes"91. Así, junto con remarcar la distinción antes esbozada por Portales entre milicianos y "forajidos", estas palabras indican que a diez años del inicio de la reorganización institucional, la confianza gubernamental en sus integrantes no era todo lo sólida que normalmente se pretendía asegurar. Como se verá en la sección final de este trabajo, se trataba de una reserva no carente de fundamentos.

En todo caso, las aspiraciones peluconas al modelaje conductual no se agotaban en un pueblo patriota y obediente. También querían, apelando a una fuente comprobada de reconocimiento hegemónico, un pueblo creyente y piadoso. Como es sabido, sin ser particularmente muy devoto, Portales conocía y valoraba los efectos morigeradores de la religión. A decir de Francisco Antonio Encina, uno de sus principales apologistas, "Portales, como Bonaparte y como todos los grandes genios políticos, vio siempre en la religión un poderoso instrumento de gobierno y un agente insustituible de civilización y de progreso moral, con absoluta independencia de la verdad racional del dogma"92. De ese modo, no extraña que el gobierno encabezado por él se esmerase desde muy temprano en recomponer unas relaciones con el estamento eclesiástico que sus antecesores pipiolos habían dejado bastante resentidas. Expresión de ello fue la rápida restitución de las temporalidades religiosas confiscadas bajo el gobierno de Freire, medida que el intendente de Concepción aplaudía sobre todo por sus buenos efectos entre "la mayoría (el vulgo)", que había mirado la guerra civil como de carácter religioso, "de donde nació la decisión casi general a favor de la causa triunfante"93. Afirma por su parte Sotomayor Valdés, inspirado en esta y otras medidas análogas de acercamiento, que el partido aludido "había contado por mucho con el descontento religioso para asestar sus golpes al régimen pipiolo"94, tendencia reforzada ya en pleno dominio pelucón gracias a la acción decidida y sistemática de personeros mucho más genuinamente devotos que Portales, como joaquín Tocornal o Mariano Egaña.

Contrayéndonos solamente a lo que aquí interesa, resultan sintomáticas las palabras vertidas por el primero de los personajes nombrados en su memoria como ministro del Interior en 1835, sobre la trascendencia de la fe como instrumento de moralización popular:

"el estado de la Iglesia y de la educación religiosa es todavía más triste. A donde quiera que se vuelvan los ojos, se ven templos ruinosos ya por su antigüedad y por la negligencia en repararlos, ya por efecto de los terremotos pasados. Pero, la escasez de pastores es un mal todavía más grave; y si no se le pone pronto remedio, tendremos el dolor de ver casi extinguida la instrucción religiosa de algunos distritos y privada de la administración de sacramentos y de los consuelos espirituales una parte no corta de la población; que, careciendo al mismo tiempo de todo género de enseñanza y acostumbrada a vivir errante, sin sentir casi nunca el freno de la ley, vendría probablemente a caer en un estado de completa barbarie"95.

Egaña, por su parte, en su condición de ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, exhortaba a los funcionarios del Estado a no restarse de asistir a las ceremonias religiosas de carácter oficial, no solo por ser "una obligación especial que las leyes expresamente les imponen, sino un deber general, deducido de la necesidad en que están de dar ejemplo al pueblo del culto que deben a Dios"96.

El propio presidente Prieto, también afamado por su devoción personal, señalaba en su discurso de despedida que uno de los grandes obstáculos que su gobierno había debido allanar para promover el restablecimiento del orden social era la dificultad de inculcar o mantener a niveles adecuados el sentimiento religioso:

"una población diseminada, vastos espacios de territorios, en que solo se ven de trecho en trecho habitaciones dispersas, cuyos moradores viven en una solitaria independencia, sin reunirse alrededor de un altar, sin oír una lección moral o religiosa, sino muy pocas veces en su vida, ofrece dificultades peculiares para el establecimiento de una policía que reprima los desórdenes".

Por eso mismo, le producía especial complacencia la labor que se había podido realizar para "la propagación de sanos principios morales y religiosos, germen fecundo y primario de verdadera civilización y cultura", pudiendo decir, a su juicio sin exageración, que

"la solicitud del Gobierno a este respecto se ha extendido a los mas remotos ángulos de Chile; y vosotros, ciudadanos, no me negareis la justicia de reconocer que si aún resta mucho para el cumplimiento de vuestros votos y los míos, a lo menos se ha hecho cuanto era concedido a un celo ardoroso y activo, en medio de tantos estorbos opuestos por las localidades, por la dispersión o indigencia de las poblaciones, y por el escaso número de competentes ministros del Culto"97.

No por nada las proyecciones que se habían formulado durante el decenio que concluía, en relación al carácter que debía darse a la instrucción del pueblo, ponían en primerísimo lugar a la formación religiosa: "en cuanto a las nociones que haya de adquirir esa gran porción de un pueblo que debe su subsistencia al sudor de su frente y que es en gran manera digna de la protección de los gobiernos", decía al respecto un editorial de El Araucano de 1836,

"los principios de nuestra religión no pueden menos de ocupar el primer lugar: sin ellos no podríamos tener una norma que arreglase nuestras acciones, y que, dando a los extraviados impulsos del corazón el freno de la moral, nos pusiese en aptitud de llenar nuestros deberes para con Dios, para con los hombres y para con nosotros mismos"98.

El patriotismo y la fe, en suma, se reforzaban mutuamente como agentes modeladores del sentir popular.

Una relevancia por lo menos equivalente era la que se otorgaba a la instrucción primaria, preocupación reconocida de todos los gobiernos emanados de la victoria de Lircay, y en realidad sello generalizado del liberalismo civilizatorio característico del siglo XIX en su conjunto. Aunque las restricciones financieras no permitieron hacer mucho en esta materia en términos concretos, abundan en el discurso de los dos primeros decenios pelucones las referencias al carácter estratégico que ella a su juicio revestía. Decía ya tempranamente El Araucano, en conexión con la violencia social que afligía a las autoridades: "se ha probado de un modo incontrovertible la influencia de la civilización sobre la moral, y a ella se atribuye la disminución de los crímenes. El acelerarla en Chile sería el remedio radical que debería aplicarse contra los asesinos y salteadores que por desgracia infestan la República", reconociendo sí que esto sería "obra de los años y de la propagación de las luces"99. La enseñanza primaria, concurría en su memoria de 1835 el ministro Tocornal, "es el germen de todos los progresos sociales, y sin el cual todos los otros elementos de civilización se hacen ilusorios". A lo que agregaba un año después su sucesor en el cargo, Diego Portales:

"no es menester decir a los legisladores el espacio inmenso que tenemos todavía que recorrer para darle toda la extensión conveniente, esto es, para ponerla al alcance de la clase más pobre hasta en los más remotos ángulos de la República; ni me parece necesario recordar las dificultades que hay que vencer para tocar este último término, que es sin duda, el que debemos proponernos, por más distante que parezca su realización"100.

Completando la afamada trilogía pelucona, Mariano Egaña sentenciaba en 1840, desde el ya para entonces creado Ministerio de justicia, Culto e Instrucción Pública:

"la educación primaria no solo es la educación general de todas las clases del pueblo, sino que es la única que puede adquirir la inmensa mayoría de la Nación, y ella es la que tiene más influjo en la moral del pueblo, o la que, por mejor decir, forma las costumbres. Es pues, el deber más indispensable del Gobierno difundirla universalmente"101.

Concordando plenamente en tales juicios, el presidente Prieto clausuraba su mandato aseverando que "la difusión de la enseñanza primaria en Chile, durante los diez años de mi administración, será para la posteridad imparcial una prueba inequívoca de los adelantamientos del país bajo sus auspicios", aunque al mismo tiempo reconocía que el aumento objetivo en el número de escuelas se debía más a la acción de los conventos, municipios o incluso "de algunos distinguidos y filántropos individuos que han creado en sus haciendas preciosos planteles de educación moral y cristiana para la clase trabajadora que las cultiva", que a la del gobierno propiamente tal102.

Ya traspasado el mando a la administración Bulnes, su primer ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Manuel Montt, se hacía partícipe del legado de sus predecesores, insistiendo en "la necesidad de proteger la difusión de las luces en todas las clases del Estado", pero admitía que pese a todo el camino recorrido, las escuelas primarias existentes, "escasas en número y defectuosas en su organización", estaban todavía muy lejos de satisfacer los deseos del Gobierno: "más se empeñan los maestros en que los niños aprendan a leer o escribir, que en formar sus costumbres, prepararlos para la carrera de la vida. La instrucción que descuida estas dos partes principales, en vez de ser útil al individuo y la sociedad, puede convertirse en perjuicio de ambos". En tal virtud, se complacía en anunciar la creación de la Escuela Normal de Preceptores, encargada de formar maestros idóneos para dirigir a la juventud, "en la época en que más tierna y flexible, está mas expuesta a adquirir hábitos viciosos y a extraviarse y perderse para siempre". "Sometidos al mismo sistema, instruidos en los mismos métodos", concluía, los nuevos maestros estarían destinados "a uniformar la educación primaria, y a extender las mismas ideas y principios, haciendo de nuestra población, en cuanto sea posible, un todo homogéneo"103.

Los conceptos reproducidos instalan un discurso ambivalente, común a todas las políticas educativas inducidas desde algún poder central, sobre la equivalencia que en ellos puede establecerse entre "domesticación" e "ilustración". Si bien es innegable que los políticos citados efectivamente creían en los beneficios de la difusión del conocimiento entre todos los sectores de la sociedad, cuando se pone atención a los contenidos de la instrucción que se proyectaba para "la clase más pobre" salta a la vista que el propósito disciplinario prevalece sobre el propiamente "ilustrado", en el sentido racionalista y emancipatorio de la palabra. A las reservas que expresaba el ministro Montt sobre la preferencia que muchos maestros otorgaban a la alfabetización por sobre la formación de las costumbres al momento de justificar la creación de la Escuela Normal, puede agregarse un escrito anterior de El Araucano que explícitamente advertía que

"el círculo de conocimientos que se adquieren en estas escuelas erigidas para las clases menesterosas no debe tener más extensión que la que exigen las necesidades de ellas: lo demás no solo sería inútil, sino hasta perjudicial, porque además de no proporcionarse ideas que fuesen de un provecho conocido en el curso de la vida, se alejaría a la juventud demasiado de los trabajos productivos".

Así las cosas, bastaba para esos efectos con enseñar a dichas "clases menesterosas", además de una alfabetización básica y rudimentos de aritmética, gramática, geografía y astronomía, sobre sus "deberes y derechos políticos" ("no con la profundidad necesaria para adquirir un conocimiento pleno del derecho constitucional, sino recomendando solo a la memoria sus artículos"), y sobre todo, como ya se dijo antes, "en los principios de nuestra religión"104. De lo que se trataba, en definitiva, y parafraseando nuevamente al ministro Montt, era de preparar a la masa plebeya "para la carrera de la vida", pero de la vida tal como la concebía para ella la oligarquía pelucona105.

En esa concepción, y completando el conjunto de trazos con que dicho régimen dibujó a su "pueblo deseado", el toque definitivo lo aportaba indudablemente la contracción al trabajo. No bastaba, en otras palabras, que el pueblo fuera obediente, patriota, devoto e instruido, sino que se requería, como corolario de todo lo anterior, que también fuese laborioso. "Nada es tan eficaz como el trabajo", sentenciaba al respecto El Araucano, "para preservar al pueblo de los vicios; nada tan propio como el ocio para introducirlos y aumentarlos con la mayor rapidez". En los pueblos laboriosos, continuaba, las personas no consagraban su atención a objetos "frívolos y perjudiciales", ni servían "de carga penosa a la sociedad". Por esa razón, concluía, "es demasiado patente la necesidad que todo Estado tiene de fomentar por cuantos medios sea posible el trabajo, y declarar guerra perpetua al ocio procurando cortar a toda costa sus progresos"106.

La mendicidad, en esa lógica, era una práctica que debía erradicarse sin contemplaciones. "Una de las cosas que dan idea de orden en las poblaciones", decía al respecto una colaboración particular publicada en el periódico citado, "es el cuidado de evitar la vergonzosa mendicidad, que confundiendo a los verdaderos indigentes con los viciosos holgazanes, que afectan invalidez y privan a los que son realmente acreedores a la conmiseración, fomentan la impudencia y deshonran la policía"107. De hecho, el reglamento de policía dictado por Portales en 1830 conminaba a los vigilantes a aprehender a todos los mendigos "que no presentaren en el acto un certificado del administrador del hospicio", autorizándolos, por incapacidad física o mental, a practicar dicha acción. Sin embargo, cinco años más tarde los directores de la institución nombrada se lamentaban del escaso efecto que la medida había tenido, viéndose la capital aquejada de una "plaga de holgazanes, que recorre la población con el mayor escándalo". A modo de prueba, informaban al intendente de Santiago que de 30 mendigos detenidos un día determinado por la policía, "solo 7 u 8 se encontraron verdaderos pobres dignos de quedar en el establecimiento"108. Todavía en 1843, el Ministerio del Interior reconocía que

"en muchos pueblos de la República han caído en un completo olvido las precauciones que debe tomar la autoridad para evitar que los vagos vivan de la caridad pública, confundidos con los verdaderos pobres, por lo cual se ha aumentado en extremo el número de esos miembros estériles y nocivos de la sociedad".

Por tal razón, y considerando que "la continua holganza es el móvil principal de todos los vicios y delitos", se reiteraba la prohibición absoluta de ejercer la mendicidad a cualquier persona que no contase con una licencia escrita de la autoridad competente, consignándose allí explícitamente "la causa que les impida ganar la subsistencia con su trabajo personal", debidamente certificada por informes oficiales o expertos. Quien no pudiese exhibir una licencia de estas características sería inmediatamente enjuiciado y condenado como vago, "en conformidad a lo dispuesto por las leyes"109.

La reactivación económica que comenzó a experimentar el país a partir de la década de 1830, en parte por el restablecimiento del orden interno, en parte por razones circunstanciales como el hallazgo de Chañarcillo en 1832, confirieron a esta insistencia en la virtud del trabajo una urgencia suplementaria. Fruto de ello, el Estado comenzó a tomar alguna injerencia en las relaciones laborales, dictando reglamentos encaminados a ordenar las faenas, y sobre todo a "corregir" diversos hábitos y disposiciones plebeyas que tenían efectos perniciosos sobre su rendimiento productivo. Uno de los primeros oficios en concitar la atención oficial, situación bastante lógica en una economía que ya había optado por la vocación exportadora, fue el de la carga y descarga de mercaderías en los puertos, ejecutada por los denominados "jornaleros" y "lancheros". Como ya ha sido estudiado por Aldo Yávar y Sergio Grez, estas labores fueron organizadas por el gobierno mediante el "Reglamento y tarifa para el gremio de jornaleros del puerto de Valparaíso", decretado en abril de 1837110. junto con regularizar cuidadosamente el servicio y restringir su ejercicio solo a trabajadores debidamente matriculados, la normativa generaba una caja de ahorros de carácter obligatorio, cuyos fondos estaban destinados a aliviar contingencias como la enfermedad, la invalidez o la muerte.

Altamente complacido por el funcionamiento de esta medida ("la ordenanza gremial de los jornaleros de Valparaíso es una de aquellas instituciones que en sus resultados prácticos ha producido mejores efectos"), el gobierno resolvía seis años después hacerla extensiva a todos los puertos del país. Particularmente exitoso le había parecido el mecanismo de ahorro forzoso entonces implantado, por cuyo medio se había logrado "moralizar a una clase de las más abyectas de nuestra sociedad, sin otro estímulo que el uso acertado de las penas y recompensas"111. En la misma lógica, años después se fundaba por iniciativa particular y con apoyo eclesiástico una caja de ahorros orientada a inculcar en el conjunto de la "clase menesterosa", y más específicamente entre los "artesanos, dependientes, criados, costureras, lavanderas, y todas las personas trabajadoras y sobrias", aquellos hábitos de economía y orden conducentes a

"aficionarlos al trabajo honesto, vinculando a él solo la esperanza del bienestar futuro y proporcionar arbitrios con los cuales, de un modo insensible, vayan los pobres acopiando un fondo con lo mismo que antes desperdiciaban, para mantener su vejez, curar sus enfermedades y socorrer otras mil urgencias de la vida"112.

Considerando la centralidad que comenzaba a adquirir la minería como rubro productivo y comercial, y la consiguiente aparición en ella de las primeras relaciones laborales de carácter propiamente capitalista, no llama la atención que en su entorno se haya desatado un interés gubernamental particularmente manifiesto. La política de disciplinamiento y proletarización implementada por el empresariado minero, cuidadosamente estudiada por María Angélica Illanes y otros autores113, contó con el apoyo decidido del Estado a través de su acción policial y legal, y también por reglamentos laborales de intención análoga a lo ya efectuado con el Gremio de jornaleros. Tomó así cuerpo un reglamento elaborado por el propio gremio empresarial de minería, a instancias de una autoridad regional abrumada por "el desorden y la desmoralización que habían llegado a su colmo en los minerales de Chañarcillo", y que recibió la sanción del Poder Ejecutivo en abril de 1841. En el oficio que a tal efecto remitió el intendente de la provincia de Coquimbo, a la que aún pertenecía la región de Copiapó, se aludía a los constantes robos perpetrados por "trabajadores corrompidos por la multitud que allí se establecía con distintas ocupaciones y ejercicios", así como a "la inmoralidad y escándalos que allí había", todo lo cual redundaba en "incalculables perjuicios que sufrían los dueños de minas por este desorden y la paralización de sus labores de beneficio"114. En tal virtud, el reglamento propuesto y aceptado establecía diversas disposiciones atingentes al régimen interno de los campamentos y placillas, a la movilidad de los peones, al pago de salarios, al comercio permitido y prohibido e incluso a la alimentación. En el apartado correspondiente a "disposiciones generales", se insistía en varias prohibiciones que ya han comparecido nutridamente en estas páginas, tales como las que afectaban a los juegos de azar (solo se consideraban diversiones lícitas "el billar, las canchas de bolos y —paradójicamente— las riñas de gallos"), la internación de licores, el cargar armas de cualquier tipo y, en una innovación ideada exclusivamente para aquellos centros mineros, la de entrar o permanecer en ellos ninguna mujer. Ni siquiera las casadas podían visitar a sus maridos en las faenas, salvo que contasen con un permiso especial y por escrito del gobernador departamental115. Así, en la zona productiva más estratégica del país, la contracción al trabajo no debía exponerse a distracciones o alteraciones de ningún tipo.

Por aquel mismo tiempo, y aproximándose ya el término de la administración Prieto, El Araucano reflexionaba sobre los beneficios que esta dejaba al país y sobre los desafíos que enfrentaba la que habría de asumir la sucesión. "Una era de paz y orden, de seguridad y organización", argumentaba, "debía preparar y aun iniciar otra de adelantamientos y mejoras de todo género, y abrirnos la puerta, por decirlo así, del bienestar y prosperidad". A un gobierno consagrado al orden, en otras palabras, debía seguir casi como por fuerza natural otro consagrado al progreso. Sin embargo, añadía, "la historia de todos los países, como la de todos los tiempos, y principalmente la del nuestro, nos demuestra claramente que es del todo ineficaz la acción de los gobiernos, en materia de adelantamientos, cuando no es asegundada por la cooperación unánime y espontánea de los gobernados", por lo que cualquier medida encaminada a apoyar el desarrollo material "quedaría inútil y sin resultado, si se encontrase con un pueblo indolente o desaplicado, vicioso o enemigo del trabajo"116. Así, lo que ya se había insinuado incipientemente en casos como el del Gremio de jornaleros de Valparaíso o la peonada de Chañarcillo, debía ahora proyectarse a un plano más general y sistemático.

Un par de iniciativas surgidas durante el gobierno de Manuel Bulnes nos servirá para concluir esta revisión de las expectativas cifradas por el régimen pelucón en el desarrollo de lo que consideraba buenos hábitos de trabajo en la clase obrera, y por extensión de su imagen de un pueblo plenamente funcional a los desafíos del progreso. La primera propendía a formalizar la formación profesional de quienes cultivaban lo que entonces se conocía como "artes mecánicas". En 1843, el Encargado de Negocios de Chile en Francia, Francisco javier Rosales, escribía al Ministerio del Interior señalando la conveniencia de establecer lo que denominaba una "escuela práctica de artes mecánicas", al estilo de las que ya existían en Europa. "Después de haber atendido con preferencia en las grandes poblaciones", argumentaba, "a un buen régimen de policía, al establecimiento de escuelas públicas, hospitales, prisiones, casas de corrección, etc.", había llegado el tiempo de que "el Gobierno extienda su paternal protección en favor de las clases que se ocupan de las artes mecánicas". La nación que poseyera buenos artesanos, concluía, podría vanagloriarse de haber entrado en una senda de verdadero progreso, por lo que proponía contratar doce "maestros obreros", de preferencia ingleses, para montar el establecimiento proyectado117. El gobierno acogió la propuesta con entusiasmo, y recabando el apoyo de la "Sociedad de Agricultura y Beneficencia", que venía funcionando desde 1837 como entidad privada que buscaba contribuir al progreso nacional, comenzó a diseñar una institución que a su juicio contribuiría a fomentar "el bienestar y consiguientemente la moralidad de las clases laboriosas, materias de un interés demasiado trascendental para que no excitase desde luego una viva solicitud en el Gobierno". Como se sabe, esta iniciativa finalmente fructificó en 1849 con la fundación de la Escuela de Artes y Oficios118.

El segundo ejemplo que parece pertinente recuperar es un proyecto de reglamentación de las relaciones entre "amos y criados" que presentó en 1843 al Poder Legislativo el entonces senador Mariano Egaña, quien al decir de su biógrafo Enrique Brahm consideraba "intolerable el estado del servicio doméstico y de las demás relaciones de la sociedad"119. La iniciativa abarcaba, por la parte patronal, a dueños de haciendas, minas, ingenios y fábricas, y por la de los trabajadores a "sirvientes, inquilinos y jornaleros de ellas, y maestros de oficios y sus oficiales y aprendices". Su propósito fundamental se definía como el de "arreglar del modo más conveniente el servicio doméstico y el relativo a todos estos objetos o personas, estableciéndose los juzgados correccionales que deben reprimir los excesos que unos u otros cometieren, o conocer de las contiendas que entre ellos se suscitaren"120. Aprobada en primera instancia por la Cámara Alta, la iniciativa desató un interesante debate en la de Diputados y en la prensa, en el que salieron a luz diversas consideraciones relativas a la complejidad de la materia, a la inconveniencia de legislar en cuestiones atingentes a intereses particulares, y a la falta de precedentes incluso entre "las naciones más antiguas del Universo". Decía un editorial del periódico El Progreso, en relación a la primera de estas dificultades, que "la cuestión del arreglo de las relaciones entre los artesanos y los maestros envuelve nada menos que el problema del proletarismo, tan difícil entre nosotros". Y remachaba: "la de determinar esas mismas relaciones entre los hacendados y los inquilinos, abraza fases graves del gran principio de propiedad". Argumentaba por su parte el diputado Pedro Palazuelos, aludiendo a los conflictos que habían motivado a Egaña a levantar su propuesta, que "las costumbres no se combaten por medio de leyes, sino por medio de otras nuevas costumbres", pero le rebatía su colega josé Gabriel Palma, en defensa de la moción, que

"desde que una ley de la República abolió la esclavitud, ha quedado el servicio doméstico en un desorden que todo el mundo palpa. No diremos que los amos o los criados, los aprendices o los maestros sean favorecidos por el desorden: baste decir que hay desorden para conocer que debe darse este Reglamento".

En definitiva, y pese a lo aclaratorio de esta última intervención, el proyecto se desechó por un estrecho margen de 18 contra 17 votos121. Sin embargo, esta temprana voluntad de intervenir desde el poder político sobre materias que el liberalismo decimonónico reservaba celosamente al fuero privado, y precisamente por unos cuerpos legislativos con fuerte presencia de propietarios y "civilizadores", da cuenta de la centralidad que iba cobrando la relación entre capital y trabajo como materia de debate público. En todo caso, es sintomático que el papel que en ella se le asignaba al trabajador fuese el invocado por el diputado Palma para justificar la finalmente rechazada reglamentación: la necesidad de poner fin al desorden. Por lo visto, y pese a todos los esfuerzos "regenerativos", el pueblo obrero seguía viéndose más como una traba que como un aliciente para el engrandecimiento nacional.

CONCLUSIÓN: EL PUEBLO REFRACTARIO

¿Cuáles fueron, a final de cuentas, los resultados concretos de todo el despliegue de corrección y reconfiguración social que las páginas anteriores han reseñado? Pese a las ocasionales expresiones de satisfacción, ciertamente no los que los gobiernos pelucones habrían ambicionado. En el plano propiamente represivo, las autoridades policiales y judiciales siguieron dando cuenta de las mismas conductas disolventes —el ocio, la embriaguez, la violencia: en suma, la indisciplina— que el régimen tanto había deplorado desde sus inicios. Esto era particularmente visible en las regiones mineras, donde años después de dictado el reglamento anteriormente recordado, el gobernador de Freirina y Vallenar calificaba de "insoportable la fuga de peones socorridos de este Departamento", asombrándose al ver "el descaro punible con que lo hacen llevándose los adelantos que les suministran sus patrones para asegurarlos y dejándolos burlados con sus faenas o trabajos"122. Un poco más al sur, el subdelegado de Andacollo denunciaba a su vez

"la mucha desmoralización, de algunas personas, que existen en este pueblo, tanto, de la clase media, cuanto de la última; y viendo a cada momento; la mucha libertad, y descaro, con que se manifiesta, la última clase; vertiendo expresiones obscenas, en la calle pública, y a veces con acciones deshonestas"123.

Denuncias análogas emanaban ininterrumpidamente de todas las regiones del país, en una escalada confrontacional que alcanzó su clímax en motines masivos como el de Chañarcillo en 1837; el suscitado en plena Plaza de Armas de Santiago en 1839, cuando una exhibición fallida de ascensión en globo aerostático provocó un desborde popular que debió ser disuelto a sablazos por la escolta presidencial (la muchedumbre había arremetido a pedradas contra el Palacio de Gobierno); o el que acompañó el gran incendio de Valparaíso de marzo de 1843, donde al decir de un horrorizado Barros Arana se dio rienda suelta a "la rapacidad incontenible y desvergonzada de la plebe", destacándose entre ella "rateros de la peor clase, sobre todo niños y mujeres"124.

Frente a esta "obcecación" plebeya, hasta los castigos más severos y emblemáticos del orden pelucón se revelaron impotentes. La pena de azotes, por ejemplo, tan desafiantemente reivindicada por el fiscal Egaña en 1832, merecía del ministro Montt en 1843 una evaluación más que ambivalente. Si bien ella había parecido producir "favorables efectos en la primera época de su restablecimiento", comentaba el futuro presidente en su memoria de ese año, "en la actualidad se ha hecho ya patente su ineficacia". Y argumentaba:

"el defecto más pernicioso de esta pena es la degradación profunda que produce en el alma de los que la sufren. Poca enmienda puede esperarse de un hombre a quien se ha envilecido con un castigo ignominioso a los ojos de sus semejantes y privado de este modo para siempre del freno más fuerte que conoce el corazón humano para abstenerse de delinquir"125.

Fruto de ello, una ley de agosto de 1850 terminó por abolirla, pero solo para ser repuesta dos años después, bajo la administración del propio Manuel Montt, aduciendo "una recrudescencia de la criminalidad"126. No corrió mejor suerte el presidio ambulante. Tras una sangrienta sublevación protagonizada por los presidiarios en marzo de 1841, que terminó con 27 muertos y ocho heridos, las autoridades comenzaron a reconsiderar seriamente la eficacia de dicho instrumento127. Fruto de ello, dos años más tarde el Congreso aprobaba una propuesta del presidente Bulnes para suprimirlo y reemplazarlo por una "cárcel penitenciaria". Justificando tal medida, el primer mandatario señalaba que

"hacía ya tiempo que se dejaba sentir la urgente necesidad de abolir la institución de los carros, donde expuestos los presidiarios a sufrimientos que los exasperaban, lejos de encontrar estímulo alguno que despertase en ellos el arrepentimiento, no podían menos de acabar de corromperse con su acumulación continua y la degradación fatal que producen en el alma los trabajos públicos"128.

De esa forma, un dispositivo tan encomiado al momento de su creación concluía su corta vida en el mayor de los descréditos.

Por lo que respecta a los propósitos de regeneración conductual más profunda, María Angélica Illanes, Gabriel Salazar y otros autores han documentado de manera convincente la enconada y prolongada resistencia que enfrentó una de las más ambiciosas y emblemáticas batallas libradas en ese plano, como fue la del disciplinamiento proletario. Las fugas, la desobediencia y las múltiples expresiones de resistencia laboral, por no hablar del fácil tránsito hacia la violencia plebeya desatada, marcaron a fuego la dificultad de hacer avanzar al pueblo real y estigmatizado hacia el pueblo proyectado y deseado. Muchos años después de la época que aquí se aborda, diversos portavoces de la élite, incluso de persuasión muy ajena al conservadurismo portalia-no, seguían visualizando al bajo pueblo como intrínsecamente bárbaro, incorregible y peligroso129. Era lo que Luis Alberto Romero ha denominado la "mirada horrorizada", aunque a diferencia de este autor, no nos parece que dicha mirada haya sucedido a otra más "paternal", que a su juicio habría caracterizado al período pelucón propiamente tal130.

Incluso en un área en que el éxito pelucón había parecido inicialmente inapelable, como fue la de la desmovilización política de la plebe, la apertura iniciada durante el decenio de Bulnes deparó más de alguna sorpresa. En los prolegómenos de esa transición gubernamental, la aparición en 1840 del periódico opositor El Diablo Político, editado por el pipiolo José Nicolás Álvarez, concitó una agitación plebeya que impulsó al presidente Prieto a reponer un estado de sitio que recién se venía levantando tras tres largos años de vigencia. Particularmente inquietante le resultaba "la seducción con que se pretendía apartar de sus deberes a las guardias cívicas", como se vio, uno de los puntales del orden portaliano dentro del mundo popular, y también seguramente las expresiones callejeras de apoyo al enjuiciado Diablo Político, como pasó a ser conocido desde entonces José Nicolás Álvarez131. Manifestaciones análogas se volvieron a suscitar en 1844, al censurarse el escrito Sociabilidad chilena de Francisco Bilbao, y nuevamente en 1845, en otra coyuntura preelectoral que derivó en la formación de una sociedad política de artesanos (la Sociedad Caupolicán), en la publicación de los periódicos El Duende y El Pueblo por el tipógrafo Santiago Ramos ("El Quebradino"), calificado por Barros Arana como "apóstol de la más exagerada democracia", y finalmente, ya en plena elección, en un motín popular en Valparaíso que se tradujo en más de 20 muertes. En todas estas incidencias, y como ratificando los temores expresados por Prieto en 1840, le cupo un papel protagónico a los cabos y sargentos de la Guardia Nacional132.

Como se sabe, la culminación de este ciclo de repolitización plebeya y artesanal —que aquí apenas se ha alcanzado a enunciar— se consumó durante la coyuntura de 1850-1851, cuando el proceso sucesorio de la administración Bulnes derivó en una de las peores crisis vividas por el régimen pelucón. Fue entonces que apareció la Sociedad de la Igualdad, que estalló el Motín de Santiago de abril de 1851 y que eclosionaron múltiples expresiones de adhesión popular al bando antigubernamental durante la guerra civil de ese mismo año, destacándose entre ellas la del peonaje minero de Chañarcillo133. Es verdad que en todas estas situaciones actuaron liderazgos patricios indesmentibles, pero lo relevante es la incorporación significativa de grupos plebeyos que no siempre actuaban por mera inducción de sus "superiores", y que como en todas las instancias anteriores, tendían a alinearse una y otra vez, incluso militarmente, en la trinchera disidente. Así, al recomponerse la hegemonía portaliana tras la batalla de Loncomilla, el frente plebeyo no se veía mucho más promisorio o tranquilizador de lo que había parecido veinte años antes, al disiparse los humos de Lircay. A final de cuentas, el régimen no parecía haberse concitado grandes adhesiones populares, y la masa ciertamente no parecía más resignada al reposo.

 

NOTAS

Fecha de recepción: marzo de 2011 Fecha de aceptación: septiembre de 2011

**       Este artículo forma parte del Proyecto Fondecyt N° 1090051. Se agradece muy especialmente la colaboración de todos los integrantes del equipo que está a cargo de la investigación: Daniel Palma Alvarado, Karen Donoso Fritz y Roberto Pizarro Larrea.

1      Archivo Intendencia de Concepción, vol. 61, Vice-Intendente de la Provincia a Ministro del Interior, 7 de mayo de 1830.         [ Links ]

2      Ramón Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el gobierno del General don Joaquín Prieto, [1900-1903], Santiago, Academia Chilena de la Historia, 1962, 1:246-8 y 416.         [ Links ]

3      Carlos Walker Martínez, Portales, París, Impr. de A. Lahure, 1879.         [ Links ]

4      Francisco Antonio Encina, Portales. Introducción a la Historia de la época de Diego Portales, 1830-1891, Santiago, Nascimento, 1934, 11:287-288.         [ Links ]

5      Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Universitaria, 1986;         [ Links ] Sergio Villalobos, Portales, una falsificación histórica, Santiago, Universitaria, 1989, 83.         [ Links ]

6      Luis Vitale, Interpretación marxista de la Historia de Chile, Santiago, Universitaria, 1971, III:200.         [ Links ]

7      María Angélica Illanes, "Azote, salario y ley. Disciplinamiento y rebeldía de la mano de obra en la minería de Atacama, 1817-1852", en Chile Descentrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (1810-1910), Santiago, Lom Ediciones, 2003, 30.         [ Links ]

8      Sergio Grez Toso, De la regeneración del pueblo a la huelga general, 1810-1890, Santiago, DIBAM, 1998, 221.         [ Links ]

9      Gabriel Salazar, Diego Portales, Santiago, USACH, 2010, 7-8;         [ Links ] Construcción de Estado en Chile, (1800-1837), Santiago, Sudamericana, 382.         [ Links ]

10      Gabriel Salazar, Mercaderes, empresarios y capitalistas (Chile, siglo XIX), Santiago, Sudamericana, 2009, 10-11.         [ Links ]

11      Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación, 1810-1840, Santiago, Lom Ediciones, 2009.         [ Links ]

12      Para el período tardocolonial, véase Alejandra Araya, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial, Santiago, DIBAM, 1999;         [ Links ] Leonardo León, "Bajo pueblo y cabildo en Santiago de Chile colonial, 1758-1768", Contribuciones Científicas y Tecnológicas 130, Santiago, 2002;         [ Links ] Renato Gazmuri, La élite ante el surgimiento de la plebe. Discurso ilustrado y sujeción social en Santiago de Chile, 1750-1810, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2002;         [ Links ] Carolina González Undurraga, "Los usos del honor por esclavos y esclavas: del cuerpo injuriado al cuerpo liberado (Chile, 1760-1823)", Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Coloquios 2006, París, 2006;         [ Links ] Hugo Contreras Cruces, "Las milicias de pardos y morenos libres de Santiago de Chile en el siglo XVIII, 1760-1800", Cuadernos de Historia 25, Santiago, 2006.         [ Links ] Para las primeras décadas del siglo XIX, Leonardo León, "Reclutas forzados y desertores de la patria: el bajo pueblo chilenos en la Guerra de la Independencia, 1810-1814", Historia 35, Santiago, 2002;         [ Links ] Mauricio Rojas, "Entre la legitimidad y la criminalidad: el caso del 'aparaguayamiento' en Concepción, 1800-1850", Historia 40:II, Santiago, 2007;         [ Links ] y su libro Las voces de la justicia. Delito y sociedad en Concepción (1820-1875), Santiago, DIBAM, 2008;         [ Links ] Hugo Contreras Cruces, "Artesanos mulatos y soldados beneméritos. El Batallón de Infantes de la Patria en la Guerra de Independencia de Chile, 1795-1820", Historia 44:I, Santiago, 2011;         [ Links ] además de los textos de Ana María Contador, Los Pincheira: un caso de bandidaje social, Chile 1817-1832, Santiago, Bravo y Allende, 1998,         [ Links ] y Carla Manara, "Revolución y accionar guerrillero en las fronteras andinas del sur (1818-1832)", ponencia presentada ante el VII Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural, Salta, Argentina, 2007.         [ Links ]

13      La producción en esta línea, mucha de ella originada en Estados Unidos bajo el impacto de la escuela de los Estudios Subalternos, es demasiado voluminosa como para hacer un catastro exhaustivo en este lugar. Pueden nombrarse, solo a modo de ejemplo, los siguientes textos: Florencia Mallon, Campesino y Nación. La construcción de México y Perúposcoloniales, University of California Press, 1995;         [ Links ] Eric Van Young, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821, Stanford University Press, 2001;         [ Links ] Gabriel Di Meglio, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, Buenos Aires, Prometeo, 2006;         [ Links ] Raúl Fradkin, Historia de una montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006;         [ Links ] Cecilia Méndez, The Plebeian Republic. The Huanta Rebellion and the Making of the Peruvian State, 1820-1850, Durham, Duke University Press, 2005;         [ Links ] Mark Thurner, From Two Republics to One Divided: Contradictions of Postcolonial Nation Making in Andean Perú, Durham, Duke University Press, 1996;         [ Links ] James B. Sanders, Contentious Republicans: Popular Politics, Race and Class in Nineteenth-Century Colombia, Durham, Duke University Press, 2004;         [ Links ] Sinclair Thomson, We Alone will Rule. Native Andean Politics in the Age of Insurgency, Madison, The University of Wisconsin Press, 2002.         [ Links ]

14      Véase Pinto y Valdivia, op. cit., especialmente los capítulos 3 y 4.

15      El Araucano (Santiago), 27 de noviembre de 1830.         [ Links ]

16      El Araucano, 2 de julio de 1831.         [ Links ]

17      El Araucano, 25 de mayo de 1833.         [ Links ]

18      "Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de lo Interior presenta al Congreso Nacional, año de 1834", en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXII, Cámara de Diputados 1833-1834, Santiago, Imprenta Cervantes, 1901, 17.         [ Links ]

19      El Araucano, 22 de julio de 1836.         [ Links ]

20      Para un análisis exhaustivo del pensamiento de esta corriente "liberal-conservadora" en el caso francés, véase Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot, París, Gallimard, 1985;         [ Links ] y Biancamaria Fontana, Benjamin Constant and the Post-Revolutionary Mind, New Haven, London, Yale University Press, 1991.         [ Links ] Para el caso chileno, Ana María Stuven, "Una aproximación a la cultura política de la élite chilena: Concepto y valoración del orden social (1830-1860)", Estudios Públicos 66, Santiago, 1997;         [ Links ] y sobre todo su libro La seducción de un orden, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2000;         [ Links ] así como Alfredo Jocelyn-Holt, La independencia de Chile. Tradición, modernización y mito, Madrid, MAPFRE, 1992;         [ Links ] y Simon Collier, Chile: The Making of a Republic, 1830-1865, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2003.         [ Links ]

21      Esta idea ha sido sistemáticamente desarrollada por Alfredo Jocelyn-Holt, en su obra La independencia de Chile, op. cit.

22      El Araucano, 5 de marzo de 1831.         [ Links ]

23      El Araucano, 26 de septiembre de 1834.         [ Links ]

24      El Araucano, 9 de junio de 1837.         [ Links ]

25      El Araucano, 20 de diciembre de 1839.         [ Links ]

26      Estas instrucciones están consignadas en una circular de fecha 29 de mayo de 1833 enviada por el Ministro del Interior, joaquín Tocornal, a todos los intendentes de provincias, acompañando una copia de la Constitución; cf. Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXI, Gran Convención y Cámara de Senadores 1831-1833, Santiago, Imprenta Cervantes, 1899, 353-354.

27      Ibid,, 352-353.

28      El Araucano, 2 de julio de 1841.

29      Véase sobre todo Joaquín Fernández Abara, "Los orígenes de la Guardia Nacional y la construcción del ciudadano-soldado (Chile, 1823-1833)", Mapocho 56, Santiago, 2004;         [ Links ] y "¿Pueblo en armas o juguetes del poder? La Guardia Nacional y la formación de la identidad nacional en los sectores populares en Chile (1830-1846)", ponencia presentada en las Segundas Jornadas de Historia Social. Reconocimiento a Luis Vitale Cometa, Universidad de Chile, 2005.         [ Links ] Véase también Grez Toso, op. cit., capítulos VI y VII; James A. Wood, 'The Burden of Citizenship: Artisans, Elections and the Fuero Militar in Santiago de Chile, 1822-1851", The Americas 58:3, Berkeley, enero de 2002;         [ Links ] y J. Samuel Valenzuela, "Hacia la formación de instituciones democráticas: Prácticas electorales en Chile durante el siglo XIX", Estudios Públicos 66, Santiago, 1997.         [ Links ]

30      Diego Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile (1841-1851), [1905-1906], Santiago, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003, I:193.         [ Links ]

31      La discusión y propuesta específica aparecen en las Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXXI, Cámara de Senadores, 1842, Santiago, Imprenta Cervantes, 1908, y también en El Araucano, 12 de noviembre de 1842; la atribución de esta moción a Mariano Egaña en Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile, op. cit., 1:249-250; y Enrique Brahm García, Mariano Egaña. Derecho y política en la fundación de la República Conservadora, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2007, 179-181.

32      Las expresiones citadas han sido recogidas del libro de Brahm García, op. cit., 61-62, sin duda el estudio más completo dedicado hasta ahora a este personaje emblemático del orden pelucón. La última frase proviene de una carta a su padre Juan Egaña de 1827, y su texto completo dice así: "Deben pues los legisladores ser inexorables y no condescender jamás con que se establezca constitucionalmente la anarquía a la sombra o con el nombre de poder popular, liberalidad de principios, gobierno republicano y otras jerigonzas de éstas que no entiende la muchedumbre incauta que solo ansía por el desorden".

33      El Araucano, 28 de octubre de 1842.         [ Links ] La polémica periodística se ventiló fundamentalmente entre Manuel Antonio Tocornal y Andrés Bello, valiéndose el primero de las columnas de El Semanario de Santiago, ediciones del 25 de agosto, 22 de septiembre, 14 y 27 de octubre, y 19 de noviembre de 1842; y el segundo de El Araucano, 20 de mayo de 30 de septiembre y 28 de octubre de 1842. Para el pensamiento y la vida de Bello, el mejor estudio reciente es el de Iván Jaksic, Andrés Bello: La pasión por el orden, Santiago, Universitaria, 2001.         [ Links ] Véase también la obra clásica de Miguel Luis Amunátegui, Vida de Don Andrés Bello, Santiago, Impreso por Pedro G. Ramírez, 1882.         [ Links ]

34      Véase a este respecto Araya, op. cit.

35      El Araucano, 2 de octubre de 1830.         [ Links ]

36      El Araucano, 23 de octubre de 1830.         [ Links ]

37      Boletín de las Leyes, Ordenes y Decretos del Gobierno (citado en adelante como BLODG), Libro Quinto, N° 1, Decreto del Ministerio del Interior de 8 de junio de 1830, 10.         [ Links ]

38      Reproducido en El Araucano, 29 de enero de 1831.         [ Links ]

39      Archivo Intendencia de Santiago, vol. 6, f. 54, Intendente a Ministro del Interior, 2 de noviembre de 1830.

40      El Araucano, 29 de enero de 1831.

41      Idem.

42      BLODG, Libro Quinto, ps. 10-14, Decreto de 8 de junio de 1830.

43      El Araucano, 29 de enero de 1831; véase también Sotomayor Valdés, op. cit., I:38-44.

44      El Araucano, 23 de octubre de 1830.         [ Links ]

45      Véase Rolando Mellafe, "Latifundio y poder rural en Chile de los siglos XVII y XVIII", en Historia social de Chile y América. Sugerencias y aproximaciones, Santiago, Universitaria, 1986;         [ Links ] además de Araya, op. cit.

46      El Araucano, 29 de enero de 1831;         [ Links ] la cita completa es: "la Corte suprema piensa muy bien cuando pide que se desprecie esa ley que favorece a los asesinos bajo el pretexto de la embriaguez, porque a la verdad no se alcanza la razón por que un vicio pueda servir de disculpa para el mayor de los crímenes". La aprobación de la ley en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XIX, Cámara de Senadores 1831-32, Santiago, Imprenta Cervantes, 1898; sesión de 6 de agosto de 1831; BLODG, Libro Quinto, N° 4, ley de 6 de octubre de 1832.

47      BLODG, Libro Quinto, N° 5, Oficio de 8 de diciembre de 1832, 109-110.

48      El Araucano, 17 de marzo y 28 de julio de 1837.         [ Links ]

49      Aparte de múltiples referencias en las obras generales sobre el período, véase el estudio específico que consagró a este mecanismo punitivo Francisco Rivera Tobar en su artículo "El resorte principal de la máquina. El presidio ambulante en el orden portaliano. Chile, 1830-1840", Revista de Historia Social y de las Mentalidades XIII:I, Santiago, 2009;         [ Links ] véase también Marco León León, "Entre el espectáculo y el escarmiento: el presidio ambulante en Chile (1836-1847)", Mapocho 43, Santiago, 1998;         [ Links ] y Marco León León (ed.), Sistema carcelario en Chile. Visiones, realidades y proyectos (1816-1916), Santiago, DIBAM, 1996.         [ Links ]

50      El Araucano, 15 de julio de 1836.

51      Antonio Correa Gómez, El último suplicio. Ejecuciones públicas en la formación republicana de Chile, 1810-1843, Santiago, Ocho Libros, 2007;         [ Links ] véase también León León, "Entre el espectáculo y el escarmiento...", op. cit.

52      Archivo Intendencia de Santiago, vol. 23, Intendente a Director del Presidio Ambulante, N° 218, 14 de noviembre de 1838.

53      Para una visión más sistemática de las prácticas recreativas populares durante esta época, véase Fernando Purcell, Diversiones y juegos populares. Formas de sociabilidad y crítica social, Colchagua, 1850-1880, Santiago, DIBAM, 2000;         [ Links ] y "Una aproximación a las diversiones populares en el Norte Chico: Las chinganas en Copiapó, 1850-1860", Revista Chilena de Historia y Geografía 164, Santiago, 1998;         [ Links ] véase también Maximiliano Salinas, "La fiesta: utopía, historia y derecho a la vida", Revista Historia Social y de las Mentalidades VII:2, Santiago, 2003;         [ Links ] y Milton Godoy Orellana, "¡Cuándo el siglo se sacará la máscara! Fiesta, Carnaval y disciplinamiento cultural en el Norte Chico. Copiapó, 1840-1900", Historia 40:I, Santiago, 2007.         [ Links ]

54      El Araucano, 7 de enero de 1832.         [ Links ]

55      El Araucano, 22 de enero de 1836.         [ Links ]

56      Archivo Intendencia de Santiago, vol. 22, Intendente a Subdelegado José Miguel Serrano, N° 435, 30 de noviembre de 1837; Intendente a Subdelegado de la 10a Subdelegación, N° 91, 2 de junio de 1838.         [ Links ]

57      Archivo Intendencia de Concepción, vol. 26, Inspector de Noguén a Intendente, 16 de julio de 1839.         [ Links ]

58      El Araucano, 11 de marzo de 1842.         [ Links ]

59      El Araucano, 19 de febrero de 1836;         [ Links ] véase también, Maximiliano Salinas, "En tiempos de chaya nadie se enoja: la fiesta popular del Carnaval en Santiago de Chile", Mapocho 50, Santiago, segundo semestre 2001.         [ Links ]

60      El Araucano, 17 de junio de 1836.         [ Links ]

61      BLODG, Libro VII, N° 2, Circular del Ministerio del Interior de 4 de julio de 1836, 389.

62      El Araucano, 10 de febrero de 1837;         [ Links ] véase también sobre este tema Paulina Peralta Cabello, ¡Chile tiene fiesta! El origen del 18 de septiembre (1810-1837), Santiago, Lom Ediciones, 2007;         [ Links ] Karen Donoso Fritz, "Fue famosa la chingana... Diversión popular y cultura nacional en Santiago de Chile, 1820-1840", Revista de Historia Social y de las Mentalidades XIII:I, Santiago, 2009;         [ Links ] y Pinto y Valdivia, op. cit.

63      El Araucano, 12 de noviembre de 1831.         [ Links ]

64      El Araucano, 14 de marzo de 1834.         [ Links ]

65      BLODG, Libro VI, N° 10, circular de 24 de noviembre de 1835, 376.

66      Archivo Intendencia de Santiago, vol. 14, Intendente a Provisor Eclesiástico, oficios N° 49, de 10 de marzo de 1834, y N° 158, de 21 de julio de 1834.

67      José Zapiola, Recuerdos de treinta años, edición original en La Estrella de Chile, [1872-1874], Santiago, Editorial Francisco de Aguirre, 1974, 210-211;         [ Links ] énfasis en el original.

68      "Discurso del Presidente de la República en la apertura de las Cámaras Legislativas de 1835", reproducido en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXIII, Cámara de Senadores, 1834-35, Santiago, Imprenta Cervantes, 1902, 311-313; según la Memoria presentada ese mismo año por el Ministro del Interior, solo habían ocurrido 18 homicidios durante todo el año 1834; véase el mismo tomo, páginas 413-419.

69      El Araucano, 21 de septiembre de 1838.         [ Links ]

70      "Exposición que el Presidente de la República Don Joaquín Prieto dirige a la nación el día 18 de septiembre de 1841, último día de su administración", reproducido en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXIX, Cámara de Senadores, 1841, Santiago, Imprenta Cervantes, 1906, 318-326.

71      Para el fenómeno de los Pincheira, véase Contador, op. cit., y Manara, op. cit.

72      Sotomayor Valdés, op. cit,, I:147; Diego Barros Arana, Historia general de Chile, Santiago, Universitaria/DIBAM, 1999, XVI:85.         [ Links ]

73      Portales a Garfias, Valparaíso, 21 de enero de 1832, en Epistolario de Portales, Santiago, Universidad Diego Portales, 2007, I:178.         [ Links ]

74      El Araucano, 28 de enero de 1832.         [ Links ]

75      Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XIX, Cámara de Senadores, 1831-1832, Oficio del Presidente Prieto a la Cámara de 3 de agosto de 1832, 394.

76      Benjamín Vicuña Mackenna, La guerra a muerte, Santiago, Imprenta Nacional, 1868.         [ Links ]

77      El Araucano, 21 de enero de 1832.         [ Links ]

78      Pinto y Valdivia, op. cit.; Philip Corrigan y Derek Sayer, The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution, Oxford, Basil Blackwell, 1985.         [ Links ]

79      El Araucano, 8 de enero de 1836.         [ Links ]

80      El Araucano, 15 de enero de 1836.         [ Links ]

81      Sotomayor Valdés, op. cit., I:57.

82      Barros Arana, Historia general de Chile, op. cit., XV:436; Benjamín Vicuña Mackenna, Don Diego Portales. Introducción a la Historia de los diez años de la Administración Montt, [1863], Santiago, Editorial del Pacífico, 1974, 149.

83      Grez Toso, op. cit., 271; Fernández, "Los orígenes de la Guardia Nacional...", op. cit.; y "¿Pueblo en armas o juguetes del poder?...", op. cit.; y Pinto y Valdivia, op. cit., capítulo VI.

84      El Araucano, 24 de septiembre de 1831.

85      "Memoria que el Ministro de Estado en los Departamentos de Guerra y Marina presenta el Congreso Nacional", 12 de septiembre de 1836, en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXV, Cámara de Senadores 1836-1838, Santiago, Imprenta Cervantes, 1903 , 212-214; Portales a Joaquín Tocornal, Valparaíso, 27 de mayo de 1837, en Epistolario de Portales, op. cit., II:694.

86     El Araucano, 30 de junio de 1837.         [ Links ]

87     El Araucano, 16 de diciembre de 1837.         [ Links ]

88     El Araucano, 11 de enero de 1839.         [ Links ]

89     Sotomayor Valdés, op. cit., II:357-358; sobre los problemas enfrentados por el reclutamiento durante esta guerra, véase Mariel Rubio Araya, "Por la razón o la fuerza: reclutamiento militar durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana", en Carlos Donoso y Jaime Rosenblitt (eds.), Guerra, región y nación: La Confederación Perú-Boliviana, 1836-1839, Santiago, Universidad Andrés Bello/ DIBAM, 2009.         [ Links ]

90     Portales a Fernando Urízar Garfias, Santiago, 1° de marzo de 1837; Portales a Joaquín Tocornal, Valparaíso, 27 de mayo de 1837; Portales a Domingo Frutos, Valparaíso, 31 de mayo de 1837; en Epistolario de Portales, op. cit., II:674, 694 y 697.

91     "Memoria que el Ministro encargado accidentalmente del despacho de los Departamentos de Guerra y Marina pasa al Congreso Nacional de 1841", Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXVII, Cámara de Diputados 1840-1841, Santiago, Imprenta Cervantes, 1903, 329-334.         [ Links ]

92     Encina, op. cit., I:392.

93     Archivo Intendencia de Concepción, vol. 61, Vice-Intendente a Ministro del Interior, 7 de mayo de 1830.

94     Sotomayor Valdés, op. cit., 1:31-35.

95     "Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta al Congreso Nacional, año de 1835", Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXIII, 413-419.         [ Links ]

96     Citado en Brahm García, op. cit., 182.

97     "Exposición que el Presidente de la República Don Joaquín Prieto dirige a la Nación el día 18 de Septiembre de 1841, último día de su administración", op. cit., 318-326.

98     El Araucano, 5 de agosto de 1836.         [ Links ]

99     El Araucano, 19 de febrero de 1831.         [ Links ]

100     "Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta al Congreso Nacional, año de 1835", Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXIII, 413-419;         [ Links ] "Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta al Congreso Nacional", 23 de agosto de 1836, Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXV, 165-168.         [ Links ]

101     "Memoria que el Ministro del Despacho de Justicia, Culto e Instrucción Pública presenta al Congreso Nacional en 1840", Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXVII, 166-173.         [ Links ]

102     "Exposición que el Presidente de la República Don Joaquín Prieto dirige a la Nación el día 18 de Septiembre de 1841, último día de su administración", op. cit.

103     "Memoria presentada al Congreso Nacional en 1842 por el Ministro del Despacho de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXX, Cámara de Diputados 1842, Santiago Imprenta Cervantes, 1906, 103-111; el decreto de creación de la Escuela Normal, de 18 de enero de 1842, en BLODG, Libro X, N° 2, 5-8.

104     El Araucano, 5 de agosto de 1836.         [ Links ]

105     En relación a la política educacional de la época, véase Sol Serrano, Universidad y nación, Santiago, Universitaria, 1994;         [ Links ] Nicolás Cruz, El surgimiento de la educación secundaria pública en Chile (El Plan de Estudios Humanista, 1843-1876), Santiago, DIBAM, 2002;         [ Links ] y, con especial focalización en los sectores populares, María Loreto Egaña, La educación primaria popular en el siglo XIX en Chile. Una práctica de política estatal, Santiago, DIBAM, 2000;         [ Links ] muy pertinente es también para los efectos de este artículo lo planteado por la propia María Loreto Egaña y Mario Monsalve en "Civilizar y moralizar en la escuela primaria popular", en Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri (eds.), Historia de la vida privada en Chile. Vol. 2: El Chile moderno de 1840 a 1925, Santiago, Taurus, 2006, 119-137.         [ Links ]

106     El Araucano, 17 de junio de 1836.         [ Links ] Es interesante constatar los precedentes que este discurso encontraba en las postrimerías de la era colonial, especialmente bajo la inspiración de la ilustración borbónica; véase Araya, op. cit., 36-56.

107     El Araucano, 14 de marzo de 1834.         [ Links ]

108     El Araucano, 22 de enero de 1836.         [ Links ]

109     BLODG, Libro XI, N° 8, Decreto del Ministerio del Interior de 16 de agosto de 1843. Un análisis sobre el fenómeno más global de transformación de las miradas dominantes sobre la pobreza y la mendicidad con el advenimiento del capitalismo en Robert Castel, Las metamorfosis de la cuestión social, París, Fayard, 1995.         [ Links ]

110     Aldo Yávar Meza, "El Gremio de Jornaleros y Lancheros de Valparaíso, 1837-1859. Etapa de formación", Historia 24, Santiago, 1989;         [ Links ] Grez Toso, op. cit., 246-256.

111     Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXXII, Cámara de Diputados, 1843, Oficio del Gobierno con proyecto de ley para dictar ordenanza de jornaleros y lancheros, 1° de septiembre de 1843, 431-432.

112     El Araucano, 31 de marzo de 1843.         [ Links ]

113     Illanes, op. cit.; Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios, Santiago, SUR, 1985; Grez Toso, op cit.; Hernán Venegas, El espejismo de la plata. Trabajadores y empresarios mineros en una economía en transición. Atacama 1830-1870, Santiago, USACH, 2008.

114     Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 178, Intendente a Ministro del Interior, N° 46, 2 de marzo de 1841.

115     Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXVII, Cámara de Diputados, 1840-1841, Santiago, Imprenta Cervantes, 1903, 397 y 421.

116     El Araucano, 26 de marzo de 1841.         [ Links ]

117     El Araucano, 26 de enero de 1844.         [ Links ]

118     "Discurso del Presidente de la República en la sesión inaugural de las Cámaras Legislativas, año 1844", Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXV, Cámara de Senadores, 1844, Santiago, Imprenta Cervantes, 1908, 8-11; sobre la fundación de la Escuela de Artes y Oficios, véase Juan Guillermo Muñoz et al., La Universidad de Santiago de Chile. Sobre sus orígenes y su desarrollo histórico, Santiago, USACH, 1987.         [ Links ]

119     Brahm García, op. cit,, 217-218.

120     Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXXIV, Cámara de Diputados, 1844, Santiago, Imprenta Cervantes, 1908, 42.

121     Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXXVI, Cámara de Diputados, 1845, sesiones de 4 y 9 de junio de 1845, 15-35.

122     Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 207, Gobernador Departamental a Intendente, N° 71, Freirina, 27 de abril de 1843.

123     Archivo Intendencia de Coquimbo, vol. 171, Subdelegado de Andacollo a Intendente, 10 de febrero de 1846.

124     El motín de Chañarcillo en Illanes, op. cit., 38-39; el motín del "globo aerostático" en Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile, op. cit., I:124, n. 21; y el del incendio de Valparaíso en ibid., 296-297.

125     Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXXII, Cámara de Diputados, 1843; "Memoria del Ministro de justicia, Culto e Instrucción Pública", 268-280.

126     Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile, op. cit., 11:317-318.

127     El Araucano, 19 de marzo de 1841.         [ Links ]

128     Sesiones de los Cuerpos Legislativos, XXXII, Cámara de Diputados, 1843, Sesión de 26 de junio de 1843, 171-174.

129     Aparte de los textos ya citados, véase específicamente para el mundo minero el artículo de Daniel Palma Alvarado, "Historias de cangalleros. La sociedad minera y el robo en Atacama, 1830-1870", en Colectivo Oficios Varios, Arriba quemando el sol. Estudios de historia social chilena: experiencias populares de trabajo, revuelta y autonomía (1830-1940), Santiago, Lom Ediciones, 2004.         [ Links ]

130     Luis Alberto Romero, ¿Qué hacer con los pobres? Elite y sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895, Buenos Aires, Sudamericana, 1997,         [ Links ] sobre todo su capítulo VI. Véase también, sobre esta "cara oculta" del orden portaliano, Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica, Buenos Aires, Ariel, 1997,         [ Links ] capítulo V.

131     El Araucano, 14 de febrero de 1840;         [ Links ] esta coyuntura política ha sido minuciosamente reconstruida por Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile, op. cit., 1:125-126; y Grez Toso, op. cit, 283-287.

132     Barros Arana, Un decenio..,, op. cit., 11:53-76; Grez Toso, op. cit., 292-309.

133     Entre la abundante bibliografía referida a este tema, véase especialmente Cristián Gazmuri, El 48 chileno. Igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos, Santiago, Universitaria, 1992;         [ Links ] Luis Alberto Romero, "La Sociedad de la Igualdad: liberales y artesanos en la vida política de Santiago de Chile", Siglo XIX. Revista de Historia 3, Monterrey, 1987;         [ Links ] Grez Toso, op. cit, capítulo VIII; Illanes, op. cit., 59-69; Daniel Palma, "Guerra civil, guerra social y miedo patricio. La intervención popular en los motines de 1851", en E. Bohoslavsky y M. Godoy (eds.), Construcción estatal, orden oligárquico y respuestas sociales. Argentina y Chile, 1840-1930, Buenos Aires, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Prometeo Libros, 2010;         [ Links ] Claudio Pérez, "Revuelta popular y motines peonales en el Norte Chico. Copiapó en el contexto de la Guerra Civil de 1851", Tesis de Maestría en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2007;         [ Links ] Roberto Pizarro Larrea, Desde los arrabales. se fue sumando la canallada, la turbamulta y la experiencia política popular en el motín del 20 de abril de 1851, Tesis de Licenciatura en Historia, Santiago, Universidad ARCIS, 2009;         [ Links ] Roberto Pizarro Larrea, "Nuestro estado de moralidad política. Entre el delito y el fraude electoral. El espacio público ante la presencia tumultuaria del pueblo en las elecciones del Chile Central, 1830-1851" [inédito]         [ Links ].