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Historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-7194

Historia (Santiago) v.43 n.1 Santiago jun. 2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942010000100005 

HISTORIA N° 43, vol. I, enero-junio 2010: 163-201

ESTUDIOS

 

"¡ESTAMOS EN GUERRA, SEÑORES!". EL RÉGIMEN MILITAR DE PINOCHET Y EL "PUEBLO", 1973-1980**

 

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

* Doctora en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile. Profesora de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales y del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: veronicavaldiviaoz@gmail.com


Resumen

Este artículo analiza la relación del régimen militar del general Augusto Pinochet con los sectores populares durante la década de 1970, poniendo en cuestión las afirmaciones de un entendimiento excluyente con la alta burguesía. La hipótesis sostiene que el régimen se propuso cooptar al mundo popular, históricamente asociado al centro y la izquierda política y que, por lo tanto, su relación con el "pueblo" no se remitió exclusivamente a la represión. Ello se habría debido a que la "guerra" declarada al marxismo tenía un carácter ideológico y, por ende, requería la resocialización de dichos grupos sociales. El contexto internacional y la crisis económica, asimismo, devolvieron su importancia política al pueblo como agente legitimador del régimen.

Desde un punto vista conceptual, este trabajo busca repensar la categoría de Estado burocrático autoritario que se ha aplicado a las dictaduras militares del Cono Sur americano, dentro de las cuales se ha incluido el caso chileno.

Palabras clave: Pinochet, dictadura, contrasubversión, guerra, pueblo.


Abstract

This article analyzes the relationship between the military regime of General Augusto Pinochet and Chile's popular sectors during the 1970's, questioning the common view that posits an exclusionary understanding between that government and the high bourgeoisie. The thesis sustains that Pinochet's dictatorship set out to co-opt the popular milieu, historically associated with center and left-wing politics, and that, therefore, its relationship with the "people" was not based solely on repression. The reason for this is that the "war" waged against Marxism had an ideological foundation, and thus required the re-socialization of those social actors. The international context and the economic crisis, likewise, reinforced people's political centrality as a legitimizing agent. From a conceptual standpoint, this article seeks to reconsider the model of the "Bureaucratic-Authoritarian State" applied to the military dictatorships of Latin America's Southern Cone, including the Chilean case.

Key words: Dictatorship, Counter-Insurgency, War, People.


 

La historia del régimen militar chileno ha estado marcada por la represión, el carácter neoliberal del proyecto refundacional y el autoritarismo de su nueva institucionalidad. La imagen que ha emergido ha sido la de una dictadura asociada a una tecnocracia y los grandes grupos económicos, habiendo sido el instrumento para reimponer el capitalismo en Chile y lograr su integración al capitalismo trans-nacionalizado1. Esta perspectiva ha oscurecido otros aspectos de esa experiencia, como su relación con actores sociales diferentes, desfavoreciendo una mirada más compleja que nos permita comprender el arraigo del general Augusto Pinochet y del régimen militar en grupos ajenos al empresariado y la clase alta. Tal fenómeno pudo observarse durante el plebiscito sucesorio de 1988, donde Pinochet obtuvo el 43% de los sufragios en un espectro social más amplio que el supuesto, porcentaje que se ha mantenido en sus herederos políticos, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Rnovación Nacional (RN), después de 1990. Dichos partidos, particularmente el primero, han penetrado electoralmente en sectores populares, asociados históricamente a la izquierda2. Entenderemos por sectores populares -"el pueblo" para la época-, a los marginales urbanos, los pobladores, habitantes de los campamentos y poblaciones de escasos recursos. No consideramos en esta ocasión a los obreros sindicalizados o más establecidos, aunque es claro que la idea de "pueblo" hacia principios de los setenta incluía a todos los postergados, urbanos y rurales, y a la clase obrera, sino solo a aquellos excluidos de orgánicas, con muy bajos niveles de ingresos y ajenos a los beneficios sociales o económicos; personas y grupos débiles y dependientes de algún tipo de ayuda externa, ya sea eclesial, privada o estatal, que hasta la intervención militar se consideraban los marginales y, después de ella, como la "extrema pobreza"3. Esta precisión es importante, pues hasta 1973 el "pueblo" se había convertido en uno de los componentes centrales del pacto social entre el Estado y la sociedad, realidad que cambió con la instauración del gobierno militar y la estructuración de un nuevo Estado4.

La relación del régimen militar, y del general Pinochet en particular, con los sectores populares -el pueblo- casi no ha sido estudiada, y si bien se han analizado algunos grupos y movimientos sociales en el período, las perspectivas utilizadas han diferido de lo que aquí se plantea. En efecto, en general los trabajos se han concentrado en la constitución de los pobladores, en tanto actores contrarios al gobierno militar y protagonistas clave en las jornadas de protesta de los años ochenta, destacando su carácter de movimiento social y de adversarios de la dictadura5. Quienes han optado por un punto de vista más político, han centrado su atención en las organizaciones sociales creadas y controladas por el régimen, como las secretarías de la Mujer y de la Juventud, destinadas a crear una base de poder social. En el caso de las mujeres, sin embargo, se han enfatizado las tendencias conservadoras del mundo militar y en el de la Secretaría de la Juventud, asociada desde sus orígenes al Movimiento Gremial de la Universidad Católica, liderado por Jaime Guzmán, en sus propios objetivos políticos, más que en la lógica del régimen6.

El presente artículo, contrariamente, busca introducirse en la relación del régimen militar de Pinochet con los sectores populares, tratando de ahondar en su compleja naturaleza. La presencia de ellos el día de su funeral da cuenta del respaldo que concitó en segmentos de esos grupos, poniendo de manifiesto que la base social con que contó fue más amplia que la señalada hasta ahora. Desde ese punto de vista, la hipótesis que atraviesa este trabajo sostiene que el régimen, lejos de restringir sus vínculos única y exclusivamente a los núcleos empresariales, fue a la captura de exponentes de los sectores populares, asociados en la época a la izquierda y el centro político. De acuerdo a nuestro planteamiento, ello habría ocurrido en gran medida porque la guerra declarada al marxismo y la izquierda no buscaba solamente su derrota política, sino fundamentalmente ideológica, y, por tanto, requería de estrategias que fueran más allá de la represión, las que implicaban la resocialización de los sectores populares. En ese sentido, esa relación se enmarcó en el concepto de guerra contrasubversiva. Esta situación fue coadyuvada, a su vez, por el contexto de crisis que afectó al régimen a los pocos meses de iniciado, lo que lo obligó a optar por una salida programática, adoptando las políticas de libre mercado. Todo esto lo indujo a tomar la iniciativa, de modo de asegurar su éxito y la imposición del neoliberalismo-autoritario. El papel de los sectores populares en ese proceso era clave.

Es importante aclarar que este trabajo pretende rastrear el proceso histórico de recuperación de la importancia política del pueblo como agente legitimador, lo cual supuso complementar la decisión de resocializarlo exclusivamente a través de la represión, con políticas sociales que permitieran su cooptación. En esa línea, este artículo no estudia las orgánicas oficialistas (secretarías de la Mujer, de la Juventud, Digeder), sino que utiliza algunas de ellas para evaluar la relación del régimen con los sectores populares, pues el eje del análisis es la idea de guerra7.

"¡Estamos en guerra, señores!"

La noche del 11 de septiembre de 1973, cuando la Junta Militar hizo su primera aparición pública, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh Guzmán, hizo explícita la naturaleza del nuevo gobierno. En esa oportunidad comunicó que el país estaba en guerra, aunque de un tipo particular, lo cual implicaba una misión específica. Esta se resumía en la frase: "Tenemos la certeza, la seguridad de que la mayoría del pueblo chileno está contra el marxismo, está dispuesto a extirpar el cáncer marxista hasta las últimas consecuencias"8. Ello fue ratificado al día siguiente en la conferencia ofrecida a la prensa extranjera, cuando un desconocido general Augusto Pinochet informó: "La resistencia marxista no ha terminado, aún quedan extremistas. Yo debo manifestar que Chile está en este momento en estado de guerra interna"9. Las palabras de los generales Leigh y Pinochet sintetizaron el pensamiento del nuevo mando, fundado en un acendrado antimarxismo y su decisión de hacer de la lucha en su contra el sentido de su existencia. Esto fue reafirmado pocos días después por este último, cuando señaló que el gobierno militar no era de transición, pues su objetivo era transformar económica, social y políticamente al país, surgiendo un nuevo Chile, razón por la cual solo había metas, no plazos10.

El anticomunismo explícito de Leigh y de los otros miembros de la Junta, reflejado en todos los bandos del día del golpe, junto a los afanes de transformación presentes en los discursos de todos los altos oficiales eran parte de un mismo fenómeno: la centralidad de la seguridad nacional. Como ya ha sido establecido, el pensamiento militar latinoamericano de la época estaba imbuido de los principios de la doctrina de Seguridad Nacional y de la geopolítica desplegados desde las escuelas de entrenamiento estadounidenses y la influencia francesa, los cuales asignaban a las fuerzas armadas la responsabilidad de la existencia de la nación. De acuerdo a ello, estas fuerzas deberían apuntar al desarrollo del poder nacional, para lo cual era necesario diseñar con claridad los objetivos nacionales. Ambos propósitos implicaban el desarrollo económico-social de los respectivos países y la neutralización o eliminación de todos aquellos elementos identificados como enemigos de la nación. Así, el quehacer de las fuerzas armadas se dirigiría no solo a la lucha por la soberanía externa, sino también contra el enemigo interno y por el poder nacional11. Estas teorías se desarrollaron ampliamente en el contexto del auge revolucionario socialista y de crisis del liberalismo de los años sesenta, favoreciendo una evolución ideológica de las fuerzas armadas centrada en los peligros desintegradores de la nación, observables en las apuestas revolucionarias. En ese sentido, la guerra contrasubversiva era la tarea de las dictaduras de "nuevo tipo" instaladas en el Cono Sur americano.

La guerra era entendida a la luz de la teoría de la contrainsurgencia, en el marco de la llegada de la Guerra Fría a América Latina, cuyo eje era la subversión. A partir de una lectura maniquea de la realidad y maligna del comunismo, la subversión era vista como un arma del marxismo internacional dirigida desde Moscú, de contenido ideológico, cuyo objetivo era la destrucción del mundo libre. Desde su punto de vista, los movimientos políticos revolucionarios latinoamericanos eran producto de la guerra psicológica llevada a cabo por el comunismo internacional, que estimulaba la subversión con éxito en China, Vietnam o Argelia, donde el objetivo de los subversivos habría sido la "conquista de la población". La experiencia cubana a comienzos de los sesenta convenció a las autoridades norteamericanas de que el comunismo no sería detenido solo con las armas, sino con la destrucción del atractivo que despertaba, enfrentando esta amenaza global con una "respuesta flexible", lo que suponía el uso de las mismas armas atribuidas a la subversión. Considerando que la amenaza era fundamentalmente interna, la guerra no sería convencional, sino irregular y contra un enemigo interno. Dados estos puntos nodales, la guerra era entendida como moral y total12.

De acuerdo al análisis norteamericano y de las fuerzas armadas de países como Argentina y Brasil, la subversión comunista buscaba la "conquista de la población", donde los éxitos militares propiamente tales no eran lo más importante, sino la conquista física y psicológica de los habitantes, toda vez que el propósito de la insurgencia era el control de las "mentes". En este sentido, se entendía que los métodos subversivos eran políticos y psicológicos, los cuales buscaban manipular al pueblo para ganarse su confianza, utilizando herramientas que excitaran emocionalmente a las masas, las desmoralizaran e infiltraran las más variadas organizaciones sociales: la Iglesia, organizaciones estudiantiles, sindicatos, organismos vecinales y profesionales, entre otros. Por ello esta era una guerra moral, en tanto el enemigo era visto como inmoral y perverso, síntesis del mal absoluto, decidido a debilitar a la población para así lograr su control total. Su derrota revestía una lucha moral. Siendo así, la guerra solo podría ser ganada con la misma fe profesada por el enemigo, haciendo uso de idénticas técnicas de guerra psicológica, de propaganda y oponiendo una alternativa ideológica: la guerra contrasubversiva era la guerra total. El enemigo debía ser vencido, siendo imposible cualquier tipo de transacción o negociación. Era una guerra política, económica y psicosocial y solo en último término militar. De allí que no hubiera distinción entre la paz y la guerra, pues esta última era permanente y alcanzaba todos los ámbitos. La conquista de la mente de la población era el objetivo central.

Estas tesis alcanzaron amplia difusión entre los militares del Cono Sur americano, especialmente en Argentina y Uruguay, países con movimientos guerrilleros activos desde fines de la década del sesenta: los Montoneros y el ERP en el primer caso, y los Tupamaros en el segundo. En Chile, si bien en 1965 nació el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), reivindicando la lucha armada y realizando algunas acciones de ese tipo hacia fines de esa década (asaltos a bancos), este nunca constituyó una guerrilla propiamente tal. Hasta esa fecha era un partido pequeño, sin mucho impacto político, aunque sí muy visible. Por su parte, el grupo más radicalizado dentro de los socialistas tampoco había logrado imprimir su sello al partido, como quedó en evidencia en el triunfo de la línea electoralista en 1969-1970 y el carácter minoritario de los elenos. Entre los comunistas, la vía armada no tenía cabida. En pocas palabras, la mayoría de la izquierda chilena de la época era partidaria de una vía pacífica, institucional, de tendencia antiimperialista y antioligárquica13. Si bien en Chile la izquierda radicalizó su discurso y apoyó acciones de violencia no armada -tomas de terrenos urbanos y rurales, huelgas ilegales, etc.-, estas no revestían una amenaza militar, ni tenían una capacidad de fuego real. Esto es importante, porque si bien las fuerzas armadas chilenas recibieron el influjo de las tesis de la contrainsurgencia y la doctrina de Seguridad Nacional en los sesenta, ella fue leída como una teoría y más bien referida a una realidad lejana, aunque la Revolución cubana le imprimiera una mayor actualidad. Como se ha planteado, la lectura contrasubversiva se mezcló con los conflictos que en esa época tenían estas fuerzas con el gobierno democratacristiano por razones presupuestarias, y se ligó menos con una amenaza subversiva real. Más aún, esta doctrina también tuvo una lectura centrada en la urgencia del desarrollo económico y social, por lo que se destacó más su utilidad como un arma efectiva para neutralizar dicho peligro, que sus aspectos represivos y psicológicos14. En otras palabras, para 1970 la guerra contrasubversiva no era un tema candente entre las fuerzas armadas chilenas, situación muy distinta de la realidad argentina.

Ello cambió en alguna medida durante la Unidad Popular, conforme se fue agudizando la crisis política, económica y social, producto del enfrentamiento surgido por la creación del Área de Propiedad Social. Aun así, nunca hubo entre los uniformados una opinión unánime respecto del proceso socialista, fluctuándose entre posiciones conspirativas y otras que interpretaron tal proyecto como una oportunidad nacionalista tercermundista de desarrollo15. No obstante, hacia fines del gobierno socialista se fue produciendo, entre importantes segmentos de los altos mandos de las tres ramas -aunque no de todos sus comandantes en jefe-, una interpretación común de la realidad, en el marco de la seguridad nacional. Ello quedó en evidencia en el memorando que prepararon a raíz del Tancazo del 29 de junio de 1973, donde analizaban la situación del país en relación a la crisis tanto del frente externo como el interno. De acuerdo al documento, Chile se hallaba amenazado por el fraccionamiento social, la parálisis económica, la indisciplina social, las tomas ilegales, el debilitamiento del sentido de autoridad y el clima de violencia que destilaban los medios de comunicación. El memorando también hablaba de la gravedad que revestían los grupos para-militares16. Esta preocupación se expresó en la aplicación a partir de julio de 1973 de la Ley de control de armas, la cual entregó a las Fuerzas Armadas su ejecución, sin necesidad de una orden judicial, produciéndose allanamientos a cordones industriales con gran violencia. En consecuencia, en el caso chileno no existió una amenaza armada revolucionaria real, como sí ocurrió en Argentina, donde la guerrilla atacó incluso instalaciones militares y puso en jaque el monopolio de la violencia, comenzando la represión antes del golpe de marzo de 1976 y acentuándose con posterioridad17. En la experiencia chilena fue el problema de la propiedad privada y la capacidad de la oposición para agudizar el clima confrontacional -movilizando a mujeres y jóvenes universitarios contrarios al gobierno, gremios profesionales y empresariales paralizados- lo que determinó el golpe militar. Esta situación agudizó el anticomunismo histórico de las Fuerzas Armadas y facilitó su desplazamiento político. Los bandos del día 11 y siguientes asumieron los planteamientos de la seguridad nacional y centraron la responsabilidad prácticamente total de la crisis en el gobierno depuesto y en los partidos marxistas que lo sustentaban. Era una crisis económica, política y social, y muy limitadamente militar.

Ello explica el impacto que provocó la violencia del día 11 de septiembre, las ejecuciones de los días posteriores y la transformación de centros deportivos en campos de prisioneros políticos, aunque para muchos oficiales ello correspondía a la dosis de violencia necesaria en un caso de golpe18. No obstante, de ese estadio represivo muy pronto se pasó a otro, cuyas expresiones más simbólicas fueron el supuesto plan de autogolpe del gobierno socialista, o Plan Z, y la denominada Caravana de la Muerte, ambas en 1973.

El Plan Z, como es sabido, fue una acusación lanzada en octubre de 1973, según la cual el gobierno socialista planeaba instaurar una República Democrática, al estilo de las existentes en Europa Oriental o Asia, procediéndose a la eliminación física de altos oficiales de la Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores. El plan habría sido afinado en el mes de agosto19. El anuncio del Plan Z fue hecho con gran despliegue comunicacional, acompañado de imágenes de supuestos hallazgos de armas en industrias o "enterramientos"20. Asimismo, la Editorial Gabriela Mistral -sucesora de Quimantú- imprimía discursos, folletos y artículos de autores opositores al gobierno caído, que daban estatus de verdad a los planes descubiertos21. Debe entenderse que el estado de guerra interna declarado implicaba el control de la información, cuya única fuente eran las autoridades oficiales. En ese sentido, todos los medios de comunicación que circulaban se nutrían de un mismo emisor, lo cual supuso que toda la prensa confirmara con sus escritos las afirmaciones oficiales.

La denuncia de este supuesto plan22 respondía a diferentes problemas del momento. Por una parte, la violencia exhibida el día del golpe requirió de una justificación; pero lo más importante, sin embargo, fue la situación de aislamiento internacional en la que rápidamente quedó el régimen militar chileno, fruto precisamente del impacto que produjeron las violaciones a los derechos humanos en el exterior, y no solo en el mundo socialista, creando una situación inesperada para las nuevas autoridades. El rechazo internacional a los acontecimientos ocurridos en Chile se hizo explícito en la Asamblea de las Naciones Unidas del 8 de octubre de 1973 -y las sucesivas condenas a partir de 1974-, cuando la presentación del canciller chileno, vicealmirante Ismael Huerta, provocó el abandono de la sala de casi todos los presentes, símbolo de la soledad que acompañaría al nuevo régimen. De hecho, el gobierno se sintió en la necesidad de publicar un texto que rebatiera la imagen externa del golpe y de los hechos posteriores y permitiera un "conocimiento exacto de las ideas y principios que inspiran la acción del nuevo gobierno de Chile"23. Si el golpe había sido legitimado por un porcentaje significativo del país, la nueva situación internacional requirió del uso de herramientas de guerra psicológica. A ellas se sumaron días más tarde, las acciones de la Caravana de la Muerte, que dejó un resultado de 72 personas ligadas a la Unidad Popular asesinadas en distintos regimientos del país, bajo el argumento de que estaban involucradas en el Plan Z y que el contexto era de guerra24.

En otras palabras, fue la situación de ilegitimidad que afectó al régimen lo que impulsó las teorías contrainsurgentes y la invención del Plan Z, lo cual justificaría el terrorismo de Estado, acercándose a sus congéneres argentinos, aunque con realidades muy diferentes. Este aspecto de la guerra fue continuado con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el más importante -aunque no el único- organismo de seguridad del régimen militar chileno. La represión organizada institucionalmente buscaba detener la influencia de las corrientes socialistas, a través de la práctica de la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de personas y la guerra psicológica, paralizando a la población, y no a través de políticas cooptativas. El eje estaba en la represión25.

En ese contexto, Pinochet y las Fuerzas Armadas asumieron todo el arsenal conceptual y práctico de la guerra contrasubversiva y declararon a Chile en guerra interna y externa, pues las condenas de las Naciones Unidas a partir de 1974 unificaron a estas fuerzas y sus partidarios, buscando formar un solo frente a la guerra, personificado en el general Pinochet26.

Esta perspectiva bélica de la realidad -Chile como fortaleza sitiada por el comunismo y en guerra con él- fue sostenida por todos quienes constituían el régimen militar, incluyendo a los partidarios civiles. Parte clave de esto fue la mantención de un tipo de periodismo "ariete", como el que se había usado durante la experiencia socialista, a través del trabajo de columnistas y periodistas que siguieron activos en la misma tarea con posterioridad al golpe (Rafael Otero de la revista Sepa, Daniel Galleguillos del diario Tribuna, Manuel Fuentes W. de Patria y Libertad), todos cobijados en el diario La Segunda, perteneciente a la red de El Mercurio hasta 1978. Sus columnas mantuvieron el tono y la tónica de sus anteriores escritos. Papel similar jugaban los comentarios en el noticiero de Televisión Nacional del joven abogado Jaime Guzmán -antes columnista estable de la revista Pec-, por uno de los cuales estuvo amenazado de excomunión27.

Otra manera de ganar las mentes de la población fue denunciar las formas de actuar de la subversión, de modo que ella pudiera resistir su agresión propagandística. Tal fue el sentido de negar las informaciones discordantes de la oficial y desacreditar los "rumores", justificando la censura por la amenaza que afectaba al país, "de tal manera que las noticias que se propalen no beneficien los propósitos de quienes combaten contra la patria […] como que miles de cadáveres flotan en el río Mapocho […] los soldados allanan […]"28. Si bien es posible que las publicaciones citadas no llegaran a una gran mayoría, ellas tenían su símil en la televisión, especialmente -aunque no de forma exclusiva- en Televisión Nacional. Las notas periodísticas transmitidas en otros canales incluían igualmente informaciones de este tipo, como ocurrió durante una visita oficial de la prensa chilena y extranjera al Estadio Nacional para observar el "buen estado" en que se encontraban los detenidos, como explicaba el coronel de Ejército Jorge Espinoza Ulloa, o la supuesta resistencia armada de la Unidad Popular en algunas fábricas, como informaba el periodista de Canal 13 Claudio Sánchez29.

Esta imagen de la izquierda chilena y de lo que había sido la experiencia socialista buscaba legitimar las acciones y políticas de seguridad del régimen, rechazando las acusaciones internacionales y la cada vez más crítica posición de la Iglesia católica chilena, en un esfuerzo por dominar los imaginarios de la población. Chile estaba en guerra con el comunismo soviético, cuyo único resultado debía ser su derrota, como explicitaba el gremialismo universitario: la "FEUC […] está convencida que la reconciliación entre los chilenos en la unidad nacional, exige necesariamente la derrota definitiva del marxismo en nuestra patria"30, pues se trataba, según el vocero oficial de la Junta, Federico Willoughby, de "una guerra de inteligencia"31. En pocas palabras, era un conflicto ideológico.

Consistente con esta perspectiva, la declaración de guerra excedía el punto de vista más "militar" y evidente, extendiéndose a otros frentes de combate más bien psicosociales, toda vez que se aspiraba no solo a la derrota política, sino ideológica del marxismo, inmediatamente después de conseguida la militar. Si bien hasta aquí hemos recalcado el aspecto represivo-psicológico, la guerra, precisamente por ser ideológica, tenía un sentido mayor.

Las diferencias con las dictaduras de Argentina y Uruguay son notorias, en primer lugar, porque en esos casos efectivamente los grupos guerrilleros constituían una amenaza militar real, lo que explicó el respaldo social que en Argentina recibió la lucha antiguerrillera y la represión desde 1975. Además de eso, en Argentina la tarea de extirpación de la subversión se concentraba en gran parte en la represión, y la resocialización, si cabe hablar de ello, se remitió a la educación y el poder dado a la Iglesia católica, partidaria del golpe y del tipo de Estado impuesto. En el caso de Chile, si bien el golpe no enfrentó un peligro militar como ese, la situación internacional y la necesidad de legitimar la violencia empleada dieron alas a las tesis contrasubversivas, que adquirieron consistencia para 1976, cuando Pinochet declaró al marxismo intrínsecamente perverso, con todas las argumentaciones de la contrasubversión32. No obstante su semejanza con sus congéneres del Cono Sur, la dictadura chilena hizo una lectura mucho más ideológico-programática, pues se apuntaba a algo mucho más profundo, relacionado con la forma en que la población entendía la política y cómo se relacionaba con los partidos. En la medida en que no existía una guerrilla real, la lucha contra el marxismo debía asumir formas más sofisticadas y decididas. Lo que se buscaba era su completa derrota en el imaginario popular y en sus variadas redes sociales, pues "Aspiramos a derrotar al marxismo en la conciencia de los chilenos" y, por lo mismo, "resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos"33.

Por ello, la guerra no se agotaba en la lucha más evidente contra el marxismo, sino que alcanzaba los graves problemas del subdesarrollo. En general los análisis sociológicos y politológicos de la época sostenían la existencia de una íntima relación entre el subdesarrollo y la seducción alcanzada por el marxismo, mientras este último atribuía la pobreza al capitalismo, auspiciando la urgencia de derrotarlo, como condición de la superación del atraso y el camino al desarrollo. La centralidad que este tema alcanzó desde los años sesenta involucró a las fuerzas armadas chilenas, las que -al menos en lo relativo al Ejército y la Fuerza Aérea-, se sumaron a los proyectos de cambio estructural que apuntaban a modificar la estructura agraria, estimular la industrialización y solucionar los graves problemas sociales existentes. Al momento del golpe, la oficialidad tenía clara la necesidad de enfrentar el problema económico-social, porque eso favorecía el avance ideológico del marxismo. Ello era acicateado, además, por el profundo escepticismo respecto de la clase política, a la que se responsabilizaba del fracaso en ese ámbito. En ese sentido, confluían en la óptica militar las tesis de la seguridad nacional y la evolución que el pensamiento militar había tenido desde comienzos de los sesenta34.

Esto, que se reflejó desde los primeros discursos castrenses con posterioridad al golpe, se relacionaba con el problema de los plazos: "se requiere que por un período más o menos largo el país sea sometido al esfuerzo ordenado y a un sacrificio compartido para erradicar de Chile el hambre y la miseria, elevar el nivel de vida de sus habitantes y alcanzar un lugar de privilegio entre los pueblos del mundo civilizado"35. Por eso, el sentido de la intervención militar no se remitía solo a la reconstrucción de la institucionalidad quebrantada -como señalaban los bandos- y la "unidad nacional perdida", sino que, en sus palabras, "proclamamos como nuestro objetivo más inmediato alcanzar el desarrollo económico y la justicia social que tanto anhela nuestro pueblo"36. Ello se traducía en la participación de tecnócratas en los diseños de esas políticas, de modo de detener la espiral inflacionaria, activar el sistema productivo y conectarse al mercado externo. Para la oficialidad, el mejoramiento económico era lo que haría posible un mayor bienestar social, ayudando a neutralizar el atractivo marxista. Esta preocupación por el tema socioeconómico se corporizaba, de preferencia, en el problema de los más desposeídos, aquellos con menos posibilidades de cambio, los antes denominados marginales y ahora identificados como extremadamente pobres. Así lo planteaba el principal documento emanado del mundo militar:

"La extrema pobreza atenta contra la dignidad y priva al país de la plena utilización de su potencial humano; luego la marginalidad activa y pasiva serán combatidas hasta reducirlas, en el corto y mediano plazo y, en definitiva lograr obtener la erradicación de la pobreza. Esa será una de las tareas prioritarias del gobierno [para lo cual] se volcarán los recursos de los distintos sectores y ministerios que deben comprometerse en esta acción"37.

Desde ese punto de vista, la prioridad que alcanzaba el campo económico y social se asentaba en la seguridad nacional, la que requería de "objetivos nacionales" claros. El documento que citamos corresponde al primero de estos objetivos, conocido como Líneas de acción, emanado del mundo militar en marzo de 1974. En él se reflejaba la relación entre lo económico y lo social, concebidos como partes de un mismo problema, el desarrollo integral. En esta primera etapa, y hasta 1975, ambos aspectos debían ser estimulados simultáneamente, pues eran interde-pendientes:

"El proceso de desarrollo de un país es uno solo y debe ser orgánico. Esto es, apuntar a lo económico y a lo social a la vez. Si la concepción o las acciones de una política de desarrollo se limitan o se centran en exceso en uno de estos campos, se producen serias tensiones y presiones sociales, todos ellos factores de desintegración y, por ende, de debilitamiento de la seguridad nacional"; porque, finalmente, el desarrollo económico era la base del "poder nacional"38. Esta forma de entender el problema es lo que explica por qué la lucha contra la subversión no se agotaba en su área más visible, sino que era una guerra social: tener éxito en aquello en que los civiles habían fracasado y los marxistas habían utilizado.

Ya para 1976, las tesis de la seguridad nacional habían avanzado lo suficiente como para que sus lógicas estuvieran permeando el pensamiento y quehacer militar. De acuerdo a este punto de vista, la agresión comunista internacional infiltraba los países y sus organismos sociales para debilitarlos y prepararlos para la embestida final:

"nuestra reciente experiencia nacional confirma este análisis. Se acentúa así la relación entre seguridad y desarrollo nacional, ya que obviamente todas aquellas lacras propias de una institucionalidad anticuada, del subdesarrollo económico y de la injusticia social, crean condiciones de inestabilidad política y en última instancia conforman una latente y poderosa amenaza a la seguridad nacional, al ser explotadas por activistas".

Si la seguridad nacional era una tarea del gobierno destinada a garantizar la supervivencia de la nación, se hacía evidente la

"absoluta dependencia entre seguridad y desarrollo […] el desarrollo tiende al incremento del poder nacional, al mejoramiento de la posición del país en el ámbito internacional y asegurar a la población [...] un modo de vida adecuado y digno […] superando las condiciones de miseria e injusticia social, como es nuestro caso nacional. Es decir, se sigue el camino de la evolución propia del desarrollo, para evitar el daño de una revolución y su amenaza a la seguridad"39.

Derrotar esa amenaza implicaba una lucha económica y social.

Nuevamente en este plano, había claras diferencias con las otras dictaduras del Cono Sur, las cuales atribuían la subversión al carácter maligno y perverso del comunismo soviético, pero no lo relacionaban con el subdesarrollo y la pobreza. En Chile, contrariamente, este problema reunía la preocupación de gran parte del Ejército y de la Fuerza Aérea, siendo la radicalización política de algunas de las barriadas marginales la más abierta expresión de la tríada subdesarrollo-pobreza-subversión. La derrota del enemigo suponía no solo su exterminación represiva, sino también la urgencia del desarrollo. Es interesante que en el caso argentino la preocupación por un proyecto político solo haya aparecido cuando la subversión fue totalmente controlada, en 1978. En Chile, ya en octubre de 1973 se hablaba de metas y refundaciones, lo cual tenía su origen en el inmediato control del país y las tendencias de reforma económico-social existentes en importantes sectores militares.

Desde ese punto de vista, las palabras del general Leigh la noche del 11 de septiembre explicitaron el tipo y extensión de la guerra a la que se enfrentaban las Fuerzas Armadas chilenas, aunque, posiblemente, la población no lo comprendiera a cabalidad: la guerra total contra el marxismo. Era una guerra por las mentes de la población, objetivo que requería de luchas en distintos frentes: represivos, pero especialmente económicos y sociales. En ese sentido, concordamos con Brunner en cuanto a que el golpe implicó una contraofensiva hegemónica por parte de la alianza militar-burguesa-tecnocrática, que suponía crear una nueva concepción de mundo que cambiaría esas mentes. Esta se nutriría de cuatro fuentes fundamentales, dos de las cuales eran la seguridad nacional y la matriz insurreccional que gestó la intervención militar y aportó el sentido de la lucha40. Esta nueva concepción de mundo debía tener el sello de la guerra emprendida.

El "pueblo": una necesidad política

Los aviones de guerra sobrevolando el palacio presidencial de La Moneda la mañana del 11 de septiembre, procediendo pocos minutos después a su bombardeo, simbolizaron la ruptura de las Fuerzas Armadas, y de los civiles que los respaldaban, con el mundo popular, pues el ataque pretendía la derrota del "gobierno del pueblo". El palacio en llamas era el fin del sueño socialista popular. Esta imagen emblemática acompañó la historia y el imaginario del régimen militar, asociado al empresariado, la clase alta y el capital extranjero. El marxismo había soliviantado al pueblo, responsable de la debacle ocurrida, por la que debía responder. El pueblo debía volver a su lugar41.

Este deseo de ruptura con el pasado se expresó en un rechazo a La evolución política que el país había tenido desde 1938, en el cierre del Congreso, la ilegaliza-ción de los partidos de izquierda, el receso de los otros y el fin de una cultura pluralista, así como la suspensión de los derechos sociales y laborales de los trabajadores. Los discursos posteriores al golpe estaban imbuidos de antiliberalismo, de rechazo a los partidos, a los políticos y a todo aquello que había hecho de Chile una excepción latinoamericana en el siglo XX. El golpe debía iniciar una nueva época. No obstante, hubo un actor que, pese a su carga política, no fue expulsado del imaginario nacional y del léxico de las nuevas autoridades: el "pueblo". Durante todo el gobierno militar, el "pueblo" constituyó un término central del discurso oficial, al que nunca se renunció y que siguió actuando como principal agente de legitimidad. Es interesante que un régimen que se presentó como antagonista del gobierno del pueblo y representante de los intereses capitalistas y burgueses, mantuviera un discurso de identificación con el derrocado. En efecto, uno de los primeros bandos señalaba "Las fuerzas armadas […] reiteran una vez más que la lucha no es contra el pueblo de Chile, sino que en defensa de ese pueblo que ama la libertad. En defensa de esa mayoría absoluta que repudia el marxismo". Más aún, el bando dirigido a los trabajadores explicitaba que el propósito del nuevo gobierno "será el logro de una efectiva justicia social, la que no será jamás lograda en el engaño, la promesa fácil, la prebenda o la criminal división de nuestro pueblo, sino con el trabajo honesto, vocación comunitaria y unidad de intereses"42. Para comienzos de la década de los setenta en Chile, el "pueblo" estaba representado por todos los explotados, urbanos y rurales, siendo un término de fuerte contenido clasista. Más todavía, parte sustantiva de los grupos que lo constituían (obreros, campesinos, pobladores, etc.) se identificaban políticamente con los partidos de la izquierda, aunque la influencia de la Democracia Cristiana se incrementó desde fines de los sesenta. Con todo, la identificación con socialistas y comunistas -y, por ende, con el marxismo- aparecía como la más relevante: en el imaginario general, el pueblo era de izquierda.

Sin embargo, y como se ha visto, las Fuerzas Armadas justificaban su acción en defensa del pueblo. Ello en parte era así, porque dichas instituciones -el Ejército y la Fuerza Aérea- tenían plena convicción de identificarse con sus intereses y anhelos. De acuerdo al general Leigh, las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros estaban integrados por exponentes de todos los estratos sociales: "Entre los oficiales predominan de la clase media alta, media y baja, y los suboficiales, de la clase media y baja. Es decir, las fuerzas armadas y carabineros tienen un legítimo origen en la raíz del pueblo de Chile". Por su parte, el general de Ejército Sergio Nuño coincidía en que "A través del contacto diario con ellos [los reclutas] y con las otras generaciones es como un militar llega a adentrarse en el espíritu de lo que es el pueblo chileno". Por ello, el secretario general de Gobierno, coronel Pedro Ewing, era enfático al decir "A mí no me van a enseñar cuáles son las necesidades y características de nuestro pueblo. Conozco sus problemas, a través del contacto con mi tropa y de sus familiares"43. Desde ese punto de vista, el propio pensamiento militar impedía una ruptura explícita con quien había dominado el debate político en los últimos diez años y había sido el protagonista principal de la experiencia socialista. Esta autopercepción militar de ser la "encarnación" del pueblo de Chile estaba imbuida, además, de sentimientos antioligárquicos -presentes a lo largo del siglo-, los cuales actuaban como obstáculo a una identificación plena y excluyente con la clase alta y empresarial. Las Fuerzas Armadas que llegaron al golpe, a pesar de su anticomunismo, aún no habían terminado de redefinir sus alianzas sociales.

Es probable que la imposibilidad de romper totalmente con el discurso preva-lente antes al golpe, a pesar del deseo explícito de quebrar con el pasado, se relacionara también con la dificultad que tienen los regímenes posrevolucionarios de enfrentar el "medio cultural denso" desarrollado en ellos. Más que destruirlo, aunque el discurso así lo señale, el nuevo poder lo "resignifica"44. La viabilidad del gobierno dependía tanto de la represión como de la legitimidad que pudiera lograr. Apropiarse de la palabra pueblo, resignificada, era una necesidad. Es importante tener presente, además, que la idea de pueblo entre los uniformados va asociada a la nación, enfatizando la idea de unidad y comunidad, pues, a diferencia del término clase, la nación une a sectores sociales diversos en un mismo destino y un mismo origen respecto de un "otro": nosotros versus ellos. En el caso que comentamos, se puede apreciar que la nación-pueblo incluía a todos, salvo a los marxistas. El pueblo fue definido por el mundo militar como aquel que amaba la libertad y repudiaba el marxismo y sus intentos de dividirlo. En ese sentido, las Fuerzas Armadas no renunciaron a la palabra "pueblo", pero la redefinieron. Esto quedó claro en el Bando Nº 6 ya citado:

"Esta mayoría multitudinaria de obreros, empleados, profesionales, estudiantes, amas de casa a todo nivel [que] están respaldando en forma total este movimiento militar de liberación nacional, contra el hambre, la pobreza, la miseria, el sectarismo y los mercenarios del marxismo que estaban asesinando a nuestro pueblo"45.

Los sujetos sociales nombrados correspondían a las cabezas visibles de la lucha contra la Unidad Popular, salvo la ausencia, sintomática, del empresariado. En efecto, el pueblo en nombre de quien se hacía el golpe estaba constituido por trabajadores, representados por dirigentes antimarxistas como Guillermo Medina, del mineral El Teniente; empleados públicos como Hernol Flores o Tucapel Jiménez, dirigentes de la ANEF; profesionales, como Julio Bazán, presidente del Frente de Profesionales y funcionario de El Teniente antes de su nacionalización; los abogados, médicos, ingenieros y profesores, que se sumaron a las movilizaciones; el estudiantado universitario democratacristiano, pero especialmente el gremialista de la FEUC -única federación que siguió funcionando después del golpe-; dueñas de casa, como las participantes de la Marcha de las Ollas Vacías de diciembre de 1971, vinculadas al Frente Democrático de Mujeres, el Poder Femenino o la organización cívica-fami-liar, SOL; y otras agrupaciones contrarias a la Unidad Popular. En pocas palabras, el pueblo era aquel que se había levantado contra el gobierno socialista y formado parte del bloque insurreccional que propició la intervención militar. El régimen que nacía era representante y expresión de ese pueblo, que claramente excluía a importantes sectores populares aunque mantuviera la apariencia de comunidad.

Esto es importante, porque hace coherente el carácter de la Dirección de Organizaciones Civiles, creada en octubre de 1973, como expresión del apoyo social con que contaba el nuevo régimen, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. Esta última fue creada durante los años de la Unidad Popular y reestructurada por el gobierno militar, de modo de permitir la coordinación entre los ministerios y la Junta, las tareas de difusión y la creación de la Coordinación Jurídica que reemplazaría al Congreso. A su vez, se amplió el "departamento que tiene que ver con los grandes sectores de la población, bajo el nombre de Dirección de Organizaciones Civiles. Así tendremos un contacto estrecho con la actividad gremial […] la juventud […] la mujer"46. En consecuencia, de dicha Dirección surgieron las tres secretarías que organizarían los apoyos: la Secretaría Nacional de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Juventud -en manos gremialistas- y poco después la Secretaría Nacional de los Gremios, que reunía a ciertas organizaciones laborales. Tres líderes de la lucha antiallendista -Eduardo Boetsch, Gisela Silva y Jaime Guzmán, todos del Movimiento Alessandrista- sugirieron la necesidad de mantener activos dichos movimientos y redireccionarlos en apoyo al nuevo gobierno. Tal sugerencia es consistente con la naturaleza de la lucha contra la Unidad Popular que ellos habían dado: fueron agentes clave en la movilización social y la estructuración del denominado Poder Gremial. Los tres participaron en la organización de las manifestaciones realizadas por las mujeres, especialmente el Poder Femenino, como relató Elena Larraín, una de sus dirigentas, a la historiadora Margaret Power: "sostuvo reuniones semanales con destacados representantes de la derecha independiente, para analizar la situación política y planificar las próximas actividades […] con Jorge Alessandri […] Eduardo Boetsch, ex dirigente de Chile Libre, y Jaime Guzmán"47. En ese sentido, esta iniciativa era una prolongación de la politización experimentada en los últimos años y que había abierto las puertas del mundo popular a estos sectores de la derecha, que se constituirían en el pilar fundamental del régimen militar. Según Carlos Huneeus, la idea de organizar el apoyo civil, especialmente el de la juventud, provino de Jaime Guzmán, un par de meses después del golpe, influido por el franquismo y el ejemplo de su Frente de Juventudes. Tal como se desprende de nuestra argumentación, los apoyos civiles al régimen solo fueron reorganizados y no creados, contando para el momento del golpe con cierta estructura interna, líderes y redes sociales. Desde ese punto de vista, estas orgánicas fueron frutos más de la evolución política vivida por esta nueva derecha en la última década que de los referentes foráneos.

En el caso de la Secretaría de la Mujer, y aunque el gobierno dijo ser su creador, en realidad se trataba de una refundación, pues ya existía desde septiembre de 1972, como organismo asesor del gobierno en la elaboración y ejecución de políticas relacionadas con la incorporación de la mujer y la atención del niño48. Su refundación en octubre de 1973 refleja líneas de continuidad, a la vez que las resignificaciones en marcha. El nuevo "pueblo" iniciaba su era.

De acuerdo a Carla Scassi, primera secretaria de la Mujer, "El imperativo de hoy es la acción, ya que los problemas de Chile son urgentes y no podemos esperar". Este sentido de continuidad entre la lucha contra la Unidad Popular y el respaldo al nuevo gobierno quedó claramente expresado en las palabras de Gisela Silva, para entonces directora de Organizaciones Civiles:

"La mujer debe entender que entre las cacerolas también puede servir a Chile. Creemos muy importante abrir un campo de participación a la mujer pobladora, a la mujer fun-cionaria y a la inmensa masa de la clase media femenina que tiene afán de progreso y que fue el principal soporte de Chile en la lucha contra el marxismo […] Creo que nuestra gran tarea es integrar, para superar las divisiones que en Chile fomentaron los partidos políticos. Todo campo de divisiones es explotado por el marxismo"49.

Coincidía con ello el coronel Ewing, quien explicaba que las secretarías de la Mujer y de la Juventud pretendían encauzar

"su entusiasmo y su trabajo en una acción de apoyo nacional a la gestión del gobierno [...] A través de la Secretaría de la Juventud se busca su integración a las tareas de gobierno [...] Se trata de limpiar a la juventud de las pasiones políticas y de los odios y de reenseñarle los valores nacionales y morales"50.

El Movimiento Gremial, por su parte, consideraba que el golpe no había sido un cuartelazo, sino

"la culminación de una larga y heroica lucha civil a través de la cual la mayoría del pueblo chileno terminó exigiendo la sustitución de un gobierno ilegítimo, fracasado y de clara tendencia marxista. De ahí que sobre el gremialismo pesa la enorme responsabilidad de no defraudar el compromiso que en este combate contrajo con Chile"51.

Por ende, el movimiento no debía ser desactivado. Paralelamente, se intervino la Coordinadora de Centros de Madres (COCEMA), decretándose el cese de las funciones de todas las representantes de estos centros que formaban parte de las federaciones, uniones comunales y agrupaciones, quedando en receso "hasta nuevo aviso". La COCEMA fue reorganizada como CEMA-Chile, pasando a coordinar todas las actividades de los centros de madres, razón por la cual todos debían registrarse en el organismo central, el cual quedaría bajo la dependencia de intendencias, gobernaciones o subdelegaciones. En marzo de 1974, CEMA-Chile sería transformada en una institución privada52. De modo similar nacería la Secretaría de los Gremios, con el fin de dar "continuidad a la acción política de esos grupos [sindicatos antisocialistas] de manera de apoyar la gestión del régimen", aspirando a integrar a pequeños y medianos empresarios con los sindicatos53.

La mezcla entre la declaración de guerra, la redefinición de pueblo y la creación de estas orgánicas de apoyo reflejaba la división social que en la práctica estaba produciéndose. Es revelador que no se organizara una secretaría de los Pobladores -entregados al Departamento de Evaluación y al Ministerio del Interior- especialmente porque ella fue creada por la Unidad Popular en septiembre de 1972, junto con la de la Mujer54. Tampoco hubo una para los campesinos, ambos considerados los actores más conflictivos del período socialista, tanto por sus importantes grados de organización y de autonomía alcanzada, como por la amplitud de tomas de terrenos y la abolición del latifundio que llevaron a cabo, destruyendo el viejo orden para siempre. De esto podría deducirse que los temores de la Iglesia católica, una vez ocurrida la intervención, no estaban lejos de la realidad. En efecto, dando cuenta de los sucesos de septiembre, se temía por la declaración de guerra hecha: "Cualquiera interpretación del antimarxismo del gobierno en el sentido de perseguir opiniones, significaría declarar la guerra a más del 40% de los chilenos y entraría en contradicción con lo afirmado por el general Pinochet: 'No habrá vencedores ni vencidos'"55. Esta reflexión de la revista explicitaba la división social en marcha. Pobladores y campesinos no serían abandonados a su suerte, pese a la represión que cayó sobre ellos, pues constituían motivo de gran preocupación para las Fuerzas Armadas, por lo que fueron incorporados dentro del problema de la "extrema pobreza", cuestión que debía ser enfrentada. En ese sentido, su ausencia de las secretarías no implicaba despreocupación, pero sí que no constituirían formalmente parte de los grupos de apoyo organizados desde la Secretaría General de Gobierno, a la vez que la relación tendría un carácter vertical más acentuado. Ello se vinculó, quizá, con el hecho de que en ambos grupos sociales no existió un movimiento antisocialista tan estructurado como en los otros casos; la Junta no tenía un enclave en esos lugares, como sí lo tenía entre segmentos obreros, mujeres y estudiantes. Asimismo, el control de campesinos y pobladores era un imperativo y, por tanto, se buscaría decididamente su desmovilización, al contrario de lo que ocurría con sus aliados. En otras palabras, se organizaron los apoyos en aquellos grupos donde ya se tenía una base, pero buscando tomar su control, articulando un mayor dirigismo, acorde a las directrices del oficialismo. Las secretarías creadas y las ausentes reflejaron la decisión resignificadora que guiaba a las nuevas autoridades, en tanto se abandonó el sentido de asesor de políticas y de consolidación con que esos movimientos sociales fueron creados, para transformarlos en un respaldo a las decisiones desde el gobierno56. Ese sería el pueblo que acompañaría a la Junta; el otro pueblo, el de los pobres, estaba excluido.

No obstante, la realidad impondría otras exigencias. Tal fue, en parte, el contexto internacional que aisló a Chile, lo cual determinó la necesidad de mostrar al mundo que se trataba de un régimen con fuerte apoyo social. Con este fin se realizaron algunas manifestaciones públicas los 11 de septiembre de los primeros años, organizadas por las secretarías de la Mujer y de la Juventud57. En aquellas ocasiones, el presente era el pueblo resignificado.

Peor aún, desde 1974 la agudización de la crisis económica y social puso al pueblo real, los pobres, en el centro del problema político. En efecto, durante ese primer año la inflación se mantuvo en alza, sin que la política de privatizaciones y la reducción del gasto fiscal produjeran un efecto sustantivo. Asimismo, los numerosos despidos por razones políticas y las empresas que no retomaron su ritmo productivo generaron altos índices de cesantía: un 9,7% en diciembre de 1974, para subir a 13,3% en marzo de 1975 y 16% en julio de ese mismo año, cifras consideradas récord, pues la más alta desde 1956 había sido del 10%; entre 1974 y 1983, la desocupación real (incluyendo el Programa de Empleo Mínimo -PEM- y Programa Ocupacional de Jefes de Hogar -POJH-) fue de 19,5%. Del mismo modo, el promedio de duración de la cesantía aumentó de seis a nueve meses y medio. En 1975, frente a la grave situación, el gobierno decretó un subsidio del 50% al salario básico para las empresas que contrataran trabajadores, pero la realidad era que la mayoría estaba despidiendo personal o lo mantenía con salarios muy bajos. Esta situación fue explicitada por un obrero-poblador a dos periodistas:

"la semana pasada cortaron a más de 200 operarios de esta empresa, queda una reducida cantidad de obreros […] a esos obreros no se les ha pagado su desahucio y a los de aquí ni siquiera se nos ha pagado la liquidación de abril, porque se nos hizo un simulacro de liquidación descontándonos los suple [sic]".

El Estado por su parte, buscando disminuir el gasto fiscal, procedió a despedir a cien mil trabajadores58. La suspensión de las leyes laborales y de muchas conquistas sociales impidió a los trabajadores detener estas prácticas empresariales, quedando inermes frente a ellas. Esto tuvo su correlato en el plano social, cuando desde fines de 1974 comenzaron a observarse serios retrocesos en el poder adquisitivo popular y altos niveles de hambre y desnutrición, especialmente infantil. Desde fines de 1974, la gravedad de la situación impelió a ciertas comunidades cristianas de base a buscar alguna solución "a estos problemas, porque ya no eran los marginales, sino que agobiaban a gran parte de los habitantes de su villa o población". De allí nacieron los comedores infantiles, existiendo a mediados de 1975 ciento cuarenta en el gran Santiago, con un promedio de sesenta a setenta niños por comedor, mientras otras familias invitaban a hijos de cesantes a almorzar: la "ayuda fraterna". Simultáneamente, en diversas zonas se crearon centrales de compra, donde cada comunidad de base apoyaba a los comedores59. Esta situación carencial fue a la par de una alza de los precios de los artículos de primera necesidad, como producto de la liberalización dictaminada por el gobierno, como ocurrió en el caso del azúcar, la cual desapareció de las poblaciones, urgiendo un "operativo" para evitar la escasez "originada artificialmente por malos comerciantes que han estado acaparando en espera de nuevos reajustes"60. La combinación de estos problemas y la crisis económica internacional incidieron en la urgencia de mirar al "pueblo real", los ahora extremadamente pobres61.

La primera forma del régimen de enfrentar el problema de la pobreza popular fue poner el énfasis en que la responsabilidad por la situación económica existente era de la Unidad Popular. En efecto, de acuerdo al general Pinochet, los personeros de ese gobierno eran unos "delincuentes [...] nos dejaron una deuda aumentada de los 2.000 millones de dólares que dejó el gobierno del señor Frei", no conociéndose aún la dimensión del "hoyo unipopular"62. Esta afirmación, coherente con la toma del poder y la situación de parálisis económica en que se encontraba el país en los días finales del gobierno socialista, se mantuvo a lo largo de estos años, especialmente cuando la crisis arreció. Frente a algunas críticas al "modelo económico aplicado" en esas primeras fases, el ministro Fernando Léniz se defendía señalando: "El hecho de que el país está tan mal no deriva del sistema económico que estamos aplicando ahora y nada tiene que ver con eso. El país está mal, porque fue destruido en una forma increíble"63. Sergio de Castro, por su parte, aseguraba que los verdaderos responsables eran la crisis mundial y el que la política sustitutiva "fue llevada al paroxismo por la Unidad Popular […] El gobierno militar debió no solo tapar el hoyo de la UP […] sino también y al mismo tiempo corregir la ineficiente, improductiva y artificial asignación de recursos hecha por los sustitucionistas"64. Asimismo, se buscó destruir algunos de los imaginarios emblemáticos asociados a la experiencia socialista, como por ejemplo el medio litro de leche diario para los niños: "Tenemos estadísticas que indican que la desnutrición infantil aumentó en forma alarmante […] hicimos un estudio sobre el famoso medio litro de leche, en el que demostramos que solamente el 30% de la población recibía ese alimento"65.

Estas afirmaciones reactivas, con todo, eran insuficientes para enfrentar el problema, obligando a iniciar una acción de mayores proporciones, entrando de lleno al mundo popular: los pobres debían ser atendidos. Fue en ese plano que el papel de las mujeres se volvió clave, toda vez que ellas fueron vistas como el principal instrumento para "explicar" las políticas económicas e intentar hacerlas aceptables para un número significativo de ellas. En efecto, desde un comienzo se tuvo la percepción de que la mujer/madre cumpliría un papel fundamental en la "reconstrucción nacional". Tal fue la interpretación que dio el coronel Ewing para justificar el mantenimiento del activismo femenino antisocialista a través de la Secretaría de la Mujer, pues ella era la "transmisora de la herencia nacional a los hijos. El gobierno consideró este aporte de ella a la patria, aprovechando su esfuerzo en beneficio de Chile, tanto en lo moral y en lo social como en lo económico"66. En la mayoría de los estudios, este tipo de declaraciones ha sido interpretada desde la óptica del patriarcado, destacando el conservadurismo militar y el deseo de reponer el orden en las relaciones familiares67. Sin desconocer esta mirada, y precisamente por su realidad, desde nuestro punto de vista es posible detectar también en este discurso la imagen de la mujer como una aliada crucial en la posibilidad de legitimar el desmantelamiento del Estado y el soporte social que él significaba. En definitiva, ella sería un agente a favor de las políticas económicas neoliberales. ¿No es acaso lo que Gisela Silva afirmaba cuando señalaba que desde las cacerolas las mujeres podían ayudar al nuevo gobierno? Considerando el apoyo femenino antisocialista, se buscó internalizar en ellas, antes que en los otros actores sociales populares, las nuevas lógicas económicas. En ese sentido, coincidimos con la interpretación de Brunner respecto a que parte de la política cultural del régimen fue el intento de ideologizar "la agencia primaria de la socialización, la familia", haciendo de la mujer un eslabón en la circulación ideológica como reproductora de los roles tradicionales, pero también "como agente de socialización ideológica". Tal como lo explicitó la directora de la Secretaría, Carmen Grez: "El 80% del dinero que se destina a sueldo en Chile, pasa por las manos de la mujer. De ahí la enorme importancia de que la dueña de casa ahorre, con las consiguientes consecuencias favorables para el presupuesto familiar y nacional"68.

Esta estrategia era una continuidad con el tipo de participación política que habían desarrollado las mujeres de oposición durante la Unidad Popular, pues ella fue planteada dentro de los roles tradicionales de género, sin cuestionar las identidades. Una de las herramientas más eficaces del Poder Femenino fue presentar la movilización de las mujeres como una cuestión "apolítica", sin identificaciones de clase ni de partido, sino solo como acciones que tenían como fin "salvar" a Chile del comunismo. Ello se tradujo en el aumento masivo de mujeres que se sumaban a la crítica antisocialista, sin desbordar el ámbito doméstico: "Poco después de la marcha de las ollas vacías, las mujeres comenzaron a golpear cacerolas vacías todas las noches, desde los jardines de sus propios hogares, balcones o puertas de calles de las casas. Sin siquiera salir de los confines de sus propios hogares"69. La exitosa estrategia fue puesta en práctica, nuevamente, para legitimar la imposición de las nuevas políticas económicas.

Coherente con ello, la Secretaría de la Mujer presentó un "Programa de la mujer", con el propósito de llevar a todos los hogares chilenos "un plan que le permita a la mujer mejorar el uso de la administración de sus bienes", pues, como señalaba el ministro Léniz,

"lo que importa es consumir menos de lo que se produce y el consumo es abrumadora-mente de responsabilidad de las mujeres. Es la mujer la que decide las prioridades, qué se come en la casa, etc. Las mujeres son las responsables de los hábitos que conforman las costumbres dentro de una sociedad, en la economía doméstica, con un poco de entrenamiento, se puede ahorrar un 20%"70.

Para el buen éxito del programa se coordinaron CEMA-Chile, la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), entre otras entidades, a la vez que se organizaron cursos de preparación de adultos y la edición de folletos prácticos para "ayudar a la dueña de casa". Hermógenes Pérez de Arce colaboraba a este nuevo "sentido", explicando a las mujeres que los hogares debían ser entendidos como una unidad económica, manejada con criterios empresariales:

"Imaginemos que cada hogar es una empresa, que proporciona determinados bienes, materiales y servicios: alojamiento, ropa, abrigo, alimentación y aseo, a un grupo de personas [...] La tarea de su gerente tiene que ser la de brindar el máximo de esos bienes y servicios con los recursos disponibles que son limitados"71.

En esta misma lógica se implementó el programa televisivo "Cartas sobre la mesa" -de 12 minutos-, a cargo del ministro Léniz, como respuesta, según él mismo explicaba, a las inquietudes de la gente respecto de la política económica. El gobierno decidió enfrentarlas a través de este medio de comunicación, de modo que los "técnicos" se ganaran la confianza del país. Esto se hizo necesario

"porque la política económica del gobierno es totalmente distinta de la que se había aplicado antes en Chile, no solo a la UP […] Por ello es una política de lenta comprensión para los chilenos […] Es preciso que sean informados permanentemente de las razones de la inflación y de las alzas de precios".

A fin de cuentas el "sentido auténtico de la política económica de la Junta [...] ha sido distorsionado, presentando al gobierno como empeñado en una acción 'reaccionaria'"72.

En ese sentido, las mujeres fueron vistas como los primeros receptores del discurso liberalizante, haciendo de la economía del hogar un microcosmos de la economía nacional, de la política del no gasto y de la urgencia de derrotar el "populismo". De allí la importancia de insistir en una mujer ahorrativa y transmisora de principios, ya que la lógica del mercado se filtraría imperceptiblemente a través de las tareas femeninas cotidianas. Como lo explicitaba Alicia Romo, directora de DIRINCO

"las mujeres tienen que entender por qué estas alzas […] el país vive una economía de post guerra y para reconstruirla no queda otra solución más que un inmenso sacrificio [...] voy a promover una campaña de información al consumidor que le permita con el presupuesto exiguo de que dispone tener acceso a un mayor número de cosas […] el marxismo nunca pudo engañar a la mujer [...] desde el primer instante lucharon […] ahora continúa entusiasmada, debe seguir siendo fuerte en esta segunda etapa [...] Es por esto que el papel de ahora es tanto más importante como el jugado antes del 11 de septiembre"73.

En ese sentido, se buscaba capitalizar el anticomunismo de las mujeres gobiernistas y convertirlas en las portavoces legitimadoras de la nueva política económica, a través de la acción social que realizaban y la labor del voluntariado. Un papel central en ese proceso lo jugaban las "cabezas de playa" ganadas a nivel poblacio-nal durante la Unidad Popular y el reemplazo de los y las dirigentes de juntas de vecinos y centros de madres, por personeras de las secretarías en los espacios de extrema pobreza. Marina Espinoza, dirigenta de un centro de madres de la comuna de Conchalí, reafirmaba el discurso gobiernista: "Ahora comprendemos que la recuperación económica nos costará sacrificios, porque hubo despilfarro, abuso y robo a las arcas fiscales […] a nosotros nos corresponde volver a levantar [la casa] ladrillo a ladrillo". Este discurso era una actualización de la crítica a la inoperancia del gobierno socialista reflejada en el desabastecimiento y las "colas", hecho que permitió a la oposición el reclutamiento de mujeres populares durante la Unidad Popular. Fue en esos días que el anticomunismo creció en medio de los barrios populares, especialmente entre las mujeres, madres de familia74. Tras el golpe y con la crisis encima, la lucha debía continuar. Personas como ellas transmitirían el discurso oficial en sus respectivas orgánicas sociales.

Las mujeres serían apuntaladas con programas televisivos que insistirían en la importancia del ahorro y la distribución de recursos: los actores Silvia Piñeiro y Emilio Gaete cedieron un espacio de su programa "En su casa" a la Secretaría de la Mujer, para que "mediante una clase amena de educación al consumidor ella va exponiendo las diferentes alternativas que la dueña de casa tiene para hacer un mejor uso de los recursos con que cuenta", a la vez que se les recomendaba no comprar "primores", por su alto costo, y buscar comercios que vendieran a precios convenientes75.

Esta situación explicaría el énfasis de los programas de acción social de la Secretaría de la Mujer y de CEMA-Chile, centrados en el discurso hacia las mujeres y en los numerosos cursos de capacitación a que se las estimulaba. Uno de ellos era, precisamente, el de Educación al Consumidor, el cual tenía como objetivo enseñarles a comprar o distribuir el dinero con que contaban las familias, al mismo tiempo que se las instaba a utilizar los recursos existentes a su alrededor, como plazas, servicios públicos y actos culturales, para lo cual se preparaban monitoras. Este tipo de cursos eran ofrecidos regularmente por la Secretaría de la Mujer y se realizaban en centros de madres, centros de padres y apoderados y todo tipo de organizaciones comunitarias. En ese sentido, las monitoras eran las encargadas de esa labor docente en relación directa con los sectores populares. Una experiencia de esta naturaleza se realizó en la comuna de La Granja, con sesenta manipuladoras de alimentos de distintos establecimientos escolares y personal femenino del PEM76. Es interesante la cantidad de cursos de este tipo que impartió la Secretaría durante la década del setenta: en 1974 se realizaron 280, mientras que para 1975 estos ascendieron a 9.935, a 18.916 el año siguiente, a 33.877 en 1978 y a 39.560 en 1979. Las cifras comenzarían a bajar desde 1980 y no volverían a subir hasta el inicio de la crisis económica de 198277. Si se compara con el número de cursos de Orientación Cívica, abiertamente políticos, se puede observar el impacto que tuvo la crisis económico-social, ya que hubo años en que los cursos al consumidor los superaron ampliamente (1977-1978), incluso triplicándolos en el caso de 1975-1976, que fueron los más crudos. Desde esa óptica, el énfasis en la educación al consumidor cumplía la doble función de reafirmar los roles tradicionales de género, legitimar las medidas económicas adoptadas y hacer de la mujer una pieza clave en ese proceso de legitimación y de resocialización. Tal hipótesis se refuerza si se considera que los cursos de educación para el hogar, impartidos por la misma secretaría, eran bastante exiguos en comparación a los otros dos. No así, en cambio, el impulso a los "huertos caseros", iniciativa de la Secretaría de la Mujer, con participación también de CEMA-Chile. El objetivo de ellos era, precisamente, revertir las carencias alimenticias en aquellos artículos susceptibles de producción familiar. Este programa había sido impartido por INACAP desde 1971 y fue actualizado por la Secretaría, la que firmó un convenio con esa entidad, difundiéndolo masivamente, de modo que las familias transformaran sus patios y jardines en huertos caseros "para abastecer a toda la familia de frutas y verduras", mejorando la "calidad y la cantidad de la alimentación [a] personas de escasos recursos". La población Intendente Saavedra, de la comuna de Pudahuel, fue la pionera, existiendo allí para 1980 ciento veinte huertos -implementados con personal del PEM-, los cuales beneficiaban a unas 700 personas. Esta mezcla entre vida cotidiana, ahorro y autosuficiencia era complementada con la difusión de numerosas recetas de comidas de bajo costo en los folletos de "Doña Juanita", publicados por la Secretaría78. Si bien los huertos apuntaban especialmente a mujeres mayores de 30 años, supuestamente más receptivas a los consejos de las voluntarias que llegaban a las poblaciones, también se usaron para atraer a las más jóvenes, a las cuales se les ofrecían cursos tanto de higiene y corte y confección, como de educación al consumidor. El fin era "formar una juventud diferente […] [a la que] se les inculcan valores morales". Los huertos, como los cursos de educación al consumidor, llegaban a los sectores populares por diversos medios: de no acudir voluntariamente a algún organismo comunitario, se podía acceder involuntariamente en la visita a un autoservicio comunitario (AUCO), pequeños supermercados de barrios que vendían a precios inferiores a los del comercio en las poblaciones. Los AUCOS fueron una herramienta muy usada para transmitir los nuevos valores79.

Estas tareas, aparentemente solo "propias del sexo", eran un excelente vehículo de resocialización político-social, pues apuntaban a las lógicas económicas en auge, de ahorro, rebaja del consumo y desaparición del aparato estatal de ayuda. El hecho de que estos consejos efectivamente reforzaran los roles de género, más que contradecir nuestro argumento lo corrobora, si se considera que el neoliberalismo fue una arremetida hegemónica. Se buscaba desmantelar, no solo la economía estatista previa, sino también la "cultura de compromiso", creando una nueva, que permitiera la integración social a otro "consenso de orden", de mercado. Ello suponía afectar la cotidianidad, toda vez que "la estabilidad de un sistema social reposa en la reproducción cotidiana de su orden"80. En otras palabras, en la medida en que el ahorro -por ejemplo el desincentivo de la compra al "casero" de la feria, por un comercio más barato, entre otras medidas- se fuera convirtiendo en una "rutina cotidiana", se filtraría el valor del individualismo y del mercado, más que de las acciones colectivas para el bienestar social. Ello puede apreciarse, también, en las lógicas que se instalaron en los centros de madres, donde la capacitación comenzó a ser pagada. En efecto, hasta 1973 los centros de madres eran instrumentos de organización femenina, que apuntaban a su mejoría social e integración, perfeccionando la democracia. De allí que CEMA-Chile ofreciera cursos de capacitación, sin costo. Sin embargo, posteriormente, si bien los cursos mantuvieron su tónica, pasaron a ser pagados por las socias, las que debían financiar el sueldo de la monitora que lo impartía. Quienes no pagaban, no podían asistir. Incluso, las mujeres identificadas como de "extrema pobreza", debían pagar, con una rebaja del 50% del valor total del curso81. Esta situación es iluminadora de la nueva cultura que se estaba imponiendo. Aunque las socias no fueran sometidas a una ideologización explícita -esto es, a cursos abiertamente antimarxistas y progobiernistas-, la cultura de mercado en desarrollo era transmitida a través de la realidad impuesta a los centros de madres, a través "del cotidiano": lo cotidiano, lo normal, empezó a ser el pago por los servicios recibidos, reeducando mediante el funcionamiento mismo de la entidad. La lógica colectivista del marxismo debía ser derrotada por la libertad individual y el consumo.

Manteniendo esta utilización de lo femenino, otra de las acciones sociales más importantes realizadas por la Secretaría fueron los centros abiertos o CAD (centros de atención diurna), creados a fines de 1975. Estos centros fueron parte de los intentos por mejorar la coordinación de los diferentes programas sociales, cuya desconexión redundaba en una mala atención. Para ello se creó el Comité Coordinador de Ayuda a la Comunidad, el cual buscaba canalizar la acción del voluntariado. Dentro de ese proceso, Lucía Hiriart ordenó la creación de los comedores abiertos, complementando la acción social comunal. El Comité incorporó a distintos organismos del sector privado (industrias y colectividades extranjeras residentes, entre otros), abriendo como plan piloto el primer comedor en diciembre de 1975. Es posible que los CAD nacieran como extensión de estos "comedores abiertos" que se empezaron a organizar en comunas como Barrancas, con ayuda de distintos actores y asociaciones comunitarias. En diciembre de 1975 se abrió un comedor abierto en el campamento Los Anhelos de la comuna de La Reina, para el cual el Comité de Ayuda a la Comunidad solicitó la colaboración de los apoderados del primer ciclo básico del colegio St. George82. Para octubre de 1976, según la información de la Secretaría, existían sesenta y un centros abiertos que atendían a ocho mil niños en todo el país83. Los centros abiertos ofrecían alimentación, cuidados y preparación para la escuela a niños de escasos recursos, desnutridos o con peligro de desnutrición, o que no alcanzaron a ser incorporados a un jardín infantil. El CAD los recibía mientras sus madres estaban en el trabajo. A diferencia de las lógicas con que funcionaban los centros de madres o los AUCOS, los CAD eran gratuitos y atendían entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde a niños de 4 a 6 y de 11 a 14 años, con personal del Plan de Empleo Mínimo. Estos centros, además, complementaban la educación con normas de higiene y comportamiento, deporte, gimnasia, folclore y guía para las tareas escolares. Los CAD eran, al mismo tiempo, un intento por combatir la vagancia infantil.

Es interesante que los centros aparecieran durante el peor año de la crisis económico-social, caracterizado por la Iglesia católica como el año de la pobreza, realizando una acción parecida y ampliada -dada la coordinación- a la que realizaban los comedores infantiles creados por la propia Iglesia. Estos fueron vistos por el gobierno como parte de la campaña del comunismo nacional e internacional en contra de Chile, como se desprende de las palabras del ministro del Interior, general César Raúl Benavides: "Parece que hay organizaciones que crean comedores populares y reparten algo de comida e inmediatamente van sacando fotografías y una serie de elementos gráficos que posteriormente salen al exterior, o sea van creando una imagen de que en Chile la gran masa del país está pasando hambre"84. Esta lucha por la legitimidad parece haber tenido su efecto en el plano social, ya que los centros abiertos se transformaron en una de las principales armas del régimen para paliar la pobreza, desmentir las acusaciones y conquistar corazones, pues era beneficencia85.

Los CAD fueron implementados no solo en el gran Santiago, donde existían los niveles más altos de cesantía por lo que se establecieron en comunas pobres, como Lo Hermida, San Miguel y Barrancas, entre otros, sino también a lo largo de todo el país. Los centros llegaron a tener presencia en el extremo sur de Chile, como Chiloé y Chaitén; en zonas como Arica, donde eran atendidos cien niños; e incluso en Isla de Pascua. Para el voluntariado, la labor de la Secretaría en los centros abiertos era la más importante, "ya que por medio de ella podemos llegar a los padres, especialmente a las madres de las familias de menos recursos y ayudar así a su desarrollo económico, social y cultural"86. Para 1979, la Secretaría de la Mujer tenía más de treinta centros abiertos y en marzo del año siguiente se inauguraría otro en la comuna de La Granja, uno de los diez que se proyectaban como una de las actividades del año internacional del niño. Esto se traducía en la atención, de acuerdo a sus datos, de tres mil niños. Muchos de estos centros eran atendidos también por personal de CEMA-Chile87.

De acuerdo al análisis de Miguel Kast, encargado de las políticas contra la extrema pobreza desde ODEPLAN, ella solo podría ser erradicada si se concentraban los esfuerzos en los niños, pues solo allí se podría "romper el círculo vicioso". Eso explicaba el impulso dado a los jardines infantiles y los centros de atención de menores, los cuales se preocupaban de temas nutricionales, de salud y educación. En una categoría similar, según Kast, caían los CAD "que han tenido muy buenos resultados", pues a través de este tipo de instituciones se pretendía lograr la culminación de la educación primaria y evitar la deserción escolar88.

Si el Estado desapareció en materia de derechos, no lo hizo como agente asis-tencial a través de las organizaciones del voluntariado femenino. El impacto de estos centros, sin embargo, era limitado -como lo reflejan sus cifras- en relación al conjunto de la población en extrema pobreza, cerca del 20%; 8 mil niños en 1976 era una porción muy pequeña del total. Esto refleja la naturaleza focalizada de la ayuda, la que dependía de la disposición y voluntad de las personas a acudir a estos centros y al municipio, sin generar políticas globales. Esto era coherente con el neoliberalismo en auge y el repliegue en materias sociales del Estado. No obstante, no es posible hablar de subsidiariedad, pues todos estos organismos de acción social constituían respuestas coyunturales -el PEM, por ejemplo- y funcionaban en base al voluntariado, una asistencialidad muy ligada al proceso de personalización del régimen. En este punto es necesario entender que la ausencia de una institucio-nalidad nueva que realizara acción social fue cubierta con las secretarías, las que asumieron como agentes de servicio público. Asimismo, realizaban tareas de ideo-logización, tal como lo habría hecho un partido de gobierno, pero con una llegada limitada, a diferencia de las experiencias totalitarias o el franquismo89. Más aún, lo que el gobierno contemplaba como políticas propiamente de desarrollo económico y social se enmarcaban en el rechazo al estatismo, la apertura económica, el libre mercado y el Estado subsidiario. En ese concepto, la extrema pobreza se eliminaría con programas nutricionales de distribución de alimentos enriquecidos, subsidio a las viviendas sociales, programas de atención integral a menores, pensiones asis-tenciales y concentración de recursos en educación y salud. Todavía para los últimos años de la década del setenta se insistía en la necesidad de precisar la cuantifi-cación de los realmente pobres90. Así, y aunque Kast pretendía incluir a los centros abiertos dentro de las políticas de erradicación de la extrema pobreza, ellas no pasaban ni por los CAD, ni los AUCOS, sino por políticas estrechamente ligadas a la reestructuración económica neoliberal emprendida, corroborando el carácter ideológico-contextual de la acción social de las secretarías.

La experiencia de los CAD, como la de cada uno de los organismos de acción social gubernamental, fue heterogénea, pues mientras para algunos fue el reflejo de una etapa de restricciones y carencias, para otros fue enriquecedora y "salvadora" en aquella emergencia. El Centro Abierto de San Bernardo, ubicado en el paradero 361/2 de Gran Avenida, contaba con varias auxiliares de párvulos, un profesor de gimnasia, una manipuladora de alimentos, ayudantes de cocina y un médico. Los niños de escasos recursos llegaban con sus madres, las que también eran capacitadas a través de cursos de aseo, cocina, higiene y educación de los hijos91. La ayudante de cocina Gabriela Zamora92 llegó a ese centro abierto por medio del PEM, programa al que ella estaba adscrita, luego de inscribirse en la Municipalidad. Así recuerda su paso por dicho centro:

"Fui a hablar con la tía Anita, la persona que estaba a cargo del Centro Abierto […] [el que] también era PEM […] la tía Anita me dijo donde tenía que ir para inscribirme. Tenía que llevar el papel del nacimiento de los chiquillos, todos y el mío para que me inscribieran […] al Centro Abierto iban los niños a tomar desayuno, almuerzo y once. Atendía a los niños, limpiábamos la casa, hacíamos el almuerzo […] Entrábamos a las 7.30 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, a darles desayuno a los niños para que fueran al colegio, porque de ahí los mandaban al colegio. Este Centro estaba en Los Carolinos, entonces iban a la Escuela 50 que estaba al frente, atravesando la calle y después salían del colegio y se iban a almorzar […] y después las tías les hacían hacer las tareas […] A mí me mandaron a hacer un curso para tener el título de manipuladora de alimentos, porque como había que hacerle alimentos a los niños […] me mandaban a ponerme vacunas para que no estuviera enferma, me mandaban a médico para que no tuviera ninguna cosa, porque como se trabajaba con niños, había que estar bien […] los Centros Abiertos eran muy buenos, porque'¿sabe? a los niños les enseñaban a lavarse y andar limpiecitos, les cortaban el pelo […] las mamás trabajaban, por eso llevaban los niños y como la mayoría trabajaba todo el día, los niños tenían que estar ahí y los iban a retirar a las 6 y media, se esperaba a la última mamá y ahí se cerraba el Centro".

Frente a la pregunta de si le gustaba trabajar allí, responde:

"Sí, me gustaba y eso que no se ganaba mucho, pero ¿sabe? lo que yo siempre digo, con ese trabajo yo pude comprarle la primera televisión a los chiquillos, porque iban a mirar por las rendijas a las vecinas y les tiraban agua y los correteaban y a mí me daba pena y un día me dije ¿cómo lo hago? Y hablé con mi sobrino que por favor [sic] y le iba pagando […] Eso digo, la primera tele […] fue con la plata del mínimo […] me alcanzaba, como yo no soy de esas personas que andan comprándose cosas que no corresponden, yo sacaba las cuentas cuánto tenía que tener para comprar este, esto otro y así pasaba los 15 días […] además como no pagábamos luz ni agua […] además ahí en el Centro Abierto a los niños la tía Anita le daba los cuadernos y los lápices y les compraba delantal, pantalones, todas esas cosas, entonces yo no las tenía que comprar [...] la tía Anita era una señora que era de la Secretaría de la Mujer"93.

La experiencia de Gabriela Zamora muestra cómo la acción del gobierno llegaba a sujetos populares menos politizados, de forma aparentemente neutra en términos ideológicos, constituyéndose en una valiosa oportunidad para enfrentar las carencias. El carácter asistencial de este tipo de acción social era valorizado, no siendo percibida la carencia de derechos, a la par que se reforzaban los roles maternales y se enfatizaba la importancia del trabajo personal y de la innecesidad de la política. Es interesante que para Gabriela Zamora el recuerdo de su llegada al campamento Los Aromos, no obstante haber sido producto de una toma, no estuviera asociado a partido alguno, sino a la bondad de su dirigente, quien la habría organizado "para ayudar a la gente". Lo mismo sucedió con la compra del primer televisor, visto solo como fruto de su esfuerzo personal y de la capacidad de orden económico y ahorro, a pesar de ser un trabajo con paga escasa. La ayuda, proviniera de donde proviniera, era bienvenida, sin importar los vínculos políticos. La política, a su entender, no era importante, lo que valía era el trabajo y la responsabilidad. La despolitización-resocialización impulsada por el gobierno se filtró por este tipo de canales.

Esta resocialización subrepticia iba a la par de la decisión de luchar contra el marxismo de manera abierta, lo cual resulta coherente con el tipo de personas que se vincularon a la dirigencia de las secretarías. Esta lucha implicaba el adoctrinamiento antimarxista y la internalización de las políticas oficiales. Así, las secretarías tenían la misión explícita de formar dirigentes. En el caso de la Secretaría de la Mujer, esta fue concebida como "un organismo de capacitación del voluntariado y en la preparación de la mujer para afrontar el proceso en curso", lo cual se desarrolló, preferentemente, a través de los seminarios de capacitación (nacionales, regionales y comunales), los cursos de Orientación Cívica y los planes de alfabetización. La Secretaría de la Juventud, por su parte, se dedicó a la formación de dirigentes juveniles a través de la realización de numerosos campamentos, pero especialmente con la creación del Instituto Diego Portales "donde las mujeres, los jóvenes y los trabajadores van a adquirir los principios más puros del chileno que están reflejados en los Principios del gobierno y en los postulados superiores de la patria"94. Como queda claro, el nacionalismo solo podía identificarse con los planteamientos políticos del régimen, los cuales deberían ser irradiados a sectores sociales más amplios que sus partidarios, precisamente a aquellos que se consideraban más permeados por las tendencias anteriores al golpe.

El combate al marxismo debía ser una de las funciones primordiales del voluntariado, para lo cual resultaba imprescindible una uniformación ideológica, toda vez que "es menester que la acción esté empapada de doctrina […] doctrina que constituyéndose en el alma de su quehacer, puedan traspasar a las miles de mujeres con las cuales tienen o tendrán contacto"95. Es interesante que la Secretaría de la Mujer nunca fuera definida como un centro de acción social, a pesar de que era uno de sus ejes, sino de formación ideológica. Las palabras del general Carol Urzúa reflejan la decisión gubernamental de una arremetida en ese plano, para lo que se requería de activistas en terreno. Tal función fue cumplida tanto por el voluntariado femenino, como los dirigentes de la Secretaría de la Juventud.

El voluntariado femenino fue organizado poco después del golpe con las primeras mujeres que se presentaron a la Secretaría, todas ex miembros de organizaciones anti Unidad Popular, que, según algunas declaraciones, fueron alrededor de 700. Tal fue el caso de la señora Elena, entrevistada por el historiador Steve Stern, quien vitoreó a los aviones que pasaban a bombardear La Moneda el 11 de septiembre, poniendo fin a la experiencia socialista. Tras el golpe, ella pasó a engrosar las filas de la Secretaría de la Mujer96. A pesar de que ellas ya estaban imbuidas de un agudo anticomunismo, la Secretaría estaba interesada en mantener vivo este sentimiento, por lo que debían asistir de forma periódica a cursos y charlas en el edificio Diego Portales. Este primer núcleo fue creciendo a lo largo de los meses y años, más que por adscripción espontánea, como fue al comienzo, por una política deliberada de la Secretaría, que usó vínculos personales y siguió el historial político de aquellas cercanas a la derecha, aunque no necesariamente militantes, pero sí vinculadas a ese mundo, ya fuera por su origen familiar o social, o ex democrata-cristianas. El voluntariado se nutrió, asimismo, de mujeres de edad madura, con hijos grandes, que contaban con tiempo para dedicarse a las labores requeridas y tenían deseos de mantenerse activas. Para 1976, la Secretaría se ufanaba de contar con 7.700 voluntarias en todo el país, las que habrían llegado a 10.000 en 1980. El voluntariado tenía una jerarquía: estaban las delegadas nacionales, provinciales y comunales, y más abajo las monitoras, que eran las que trabajaban directamente con sectores populares97.

Este núcleo dirigente era sometido de forma permanente a formación ideológica, toda vez que, como señalaba Pinochet,

"Uds. son las portadoras de las ideas del gobierno. Uds. deben llevar a toda la población las concepciones que tiene el gobierno para levantar a la nación […] porque es necesario que todos unidos, sin excepción -gobierno, organizaciones, pueblo, todos conformando un conjunto- llevemos hacia delante a Chile para hacer de este país una gran nación"98.

Uno de los temas más abordados era el marxismo, como la doctrina más perversa existente, especialmente por su inmoralidad y su capacidad de infiltración social. Conferencistas reincidentes eran el sociólogo Fernando Durán y el ex militante del Partido Nacional Sergio Diez, así como Gisela Silva y Mario Arnello, quienes se especializaron en temas como marxismo, cristianismo y familia. En otras ocasiones, dictaban charlas dirigentes del nacionalismo, como Antonio Widow en seminarios de CEMA-Chile99. Considerando que la Secretaría tenía presencia a nivel nacional, sus más altas dirigentas viajaban a provincias, organizando seminarios para las encargadas provinciales y comunales, de modo de establecer un contacto directo con las voluntarias y mantener vigente la doctrina oficial.

Dado que la Secretaría de la Mujer era un agente de ideologización, debía formar a los mandos que movilizarían el voluntariado, lo que implicaba la compenetración con el pensamiento que guiaba al gobierno. Durante 1975, se realizó el primer seminario interprovincial de delegadas, para uniformar las líneas de acción referidas a las campañas de ahorro, políticas nutricionales y económicas del gobierno, las que estaban estrechamente ligadas a "la crisis mundial". Un punto esencial lo revestía el desarrollo de los "valores patrios", para lo cual asistían a cursos sobre historia de Chile y educación cívica. En 1976, por iniciativa de la propia Secretaría, se organizó un seminario para las esposas de los oficiales, referido al tema de la seguridad nacional, en coordinación con la Academia Superior de Seguridad Nacional, el que incluyó política económica y social, administración pública, regionalización y seguridad nacional. Con anterioridad lo habían realizado las esposas de ministros y más tarde lo harían las esposas de los generales100. Esta formación es importante, porque estas mujeres dirigían muchas de las organizaciones sociales gubernamentales y, por tanto, eran las encargadas de imprimirle su orientación. En este mismo año se realizó el primer seminario nacional, que abordó temas como la Declaración de Principios, de historia de Chile, a cargo de Gisela Silva; la acción de la mujer en el futuro, por Enrique Campos Menéndez; Visión crítica del marxismo, dictada por el Padre Miguel Poradowski; y las bases de la nueva institucionalidad, por Enrique Ortúzar. El Seminario culminó con la correspondiente entrega de diplomas. La nómina de profesores de estos cursos es reveladora, porque muestra la orientación entregada. Por ejemplo, Gisela Silva, de formación tradicionalista católica, quien estudió en la Universidad Menéndez Pelayo en la España franquista, era antagónica a la línea secularizante y liberal de la historia de Chile prevalente hasta 1973. El hecho de ofrecerle este curso refleja la decisión resocializadora y la reconstrucción de la memoria histórica perseguida. Generalmente, los cursos y charlas eran dictados por los ministros de la Secretaría General de Gobierno, del Interior, de Economía y de Educación, pues debe recordarse que gran parte de la acción social de la Secretaría era en convenio con esos ministerios, con los cuales coordinaba su aporte a las erradicaciones de pobladores, los cursos de educación al consumidor o los programa de alfabetización. Asimismo, muchos de los conferencistas civiles eran gremialistas vinculados al Instituto Diego Portales. En la medida en que el proceso de institucionalización avanzaba, el voluntariado fue adoctrinado en lo que sería el nuevo orden, a través de los seminarios de "Orientación Cívica". Durante uno de ellos realizado en la Región Metropolitana, Jaime Guzmán "explicó los alcances del discurso del Presidente Augusto Pinochet Ugarte en Chacarillas", mientras que Miguel Kast se refirió a los "logros obtenidos mediante la política económica". Estos seminarios aumentaron hacia 1980, con motivo de la aprobación de la nueva Constitución101.

Tarea similar realizaba la Secretaría de la Juventud a través de los campamentos juveniles, donde las actividades deportivas y recreativas eran combinadas con aprendizaje de técnicas de dinámicas de grupos, liderazgo y expresión, así como con charlas sobre la nueva institucionalidad y la política económica. Según la Secretaría, en 1975 el país contaba con "un nuevo ejército de 5.000 dirigentes juveniles que se suman a la tarea de 'hacer de Chile una gran nación'". Asimismo, se organizaron seminarios de dirigentes comunales para "normalizar las ideas que se difunden hacia la juventud chilena"102. Pero, sin duda, el gran motor ideologizador fue el Instituto Diego Portales, dirigido a crear "una identidad de criterios", a través de cuatro líneas formativas: en primer lugar los principios cristianos, necesarios dada la "crisis interna que vive la Iglesia", aludiendo al carácter opositor de esa importante institución respecto al régimen militar. Una segunda línea situaba a Chile dentro de la supuesta crisis del mundo occidental, lo que se relacionaba con la actitud de los organismos internacionales respecto del problema de derechos humanos en el país. A esa guerra se respondía enfatizando el deber de la juventud en la construcción del nuevo Chile, a través del conocimiento de su historia de grandeza, pues "le da […] el sentido real de la tarea que está desarrollando". En tercer lugar, una línea "doctrinaria que le permita conocer cuál es el pensamiento que anima la acción de este gobierno", estudiando la Declaración de Principios, la figura de Portales y de las Fuerzas Armadas. Por último, "la política económica del gobierno y lo que es el cauce que la juventud se debe dar como un apoyo al régimen representado por este gobierno"103. El hecho de que muchos de los cursos recibidos por el voluntariado femenino fueran impartidos por el Instituto Diego Portales refuerza su importancia y la hipótesis resocializadora puesta en marcha.

La importancia de la ideologización puede observarse a través de la regularidad e intensidad de los cursos de Orientación Cívica, rótulo bajo el cual se realizaban las charlas y cursos recién nombrados. Entre 1973 y 1974 se desarrollaron 120, los que aumentaron a 1.395 entre 1974 y 1975, mientras que los de educación al consumidor solo fueron 280. Entre 1975 y 1976, hubo 5.452 cursos de orientación cívica, en tanto que 18.916 de educación al consumidor. En el período 1976-1977, respectivamente 13.842 y 19.398; mientras que entre 1977 y 1978, hubo 27.797 de orientación cívica versus 33.877 de educación al consumidor. Entre 1978 y 1979, se realizaron 37.263 del primer tipo y 39.560 del segundo; mientras que entre 1979 y 1980, hubo 68.731 versus 34.262104. En estas cifras es posible observar los intereses y prioridades del régimen, pues la orientación cívica, o sea la guerra ideológica, era prioritaria, pero en el contexto de la crisis económica brutal, ella fue complementada con una arremetida en la socialización neoliberal, a través de los cursos de educación al consumidor ya analizados. En cambio, en la época del "milagro" y en pleno afán institucionalizador, el énfasis estuvo en lo político-ideológico y menos en el consumidor.

Si bien los seminarios de la Secretaría de la Mujer se concentraban en la dirigencia, generalmente mujeres de clase media alta y alta, ellas transmitían tal discurso a sus subordinadas. Más aún, las monitoras, quienes trabajaban directamente con centros de madres y las organizaciones comunitarias, también eran sometidas a cursos permanentes. Los tópicos recurrentes eran política económica y social del gobierno e historia de Chile con énfasis en héroes y batallas, organizando concursos históricos infantiles relativos a esos tópicos, a la par de cursos de higiene, confección y nutrición. En otras palabras, en la medida en que se capacitaba a las mujeres populares en algún oficio o ámbito que les permitiría cumplir mejor sus roles de género, se les dictaban charlas "de orientación cívica" que difundían los idearios gubernamentales. En algunos casos estos no aparecían abiertamente, en especial en lo referido a la historia, pero -como hemos visto- sí estaba presente en tanto se entregaba una historia oficial, que remarcaba ciertos aspectos de ella, mientras se desconocían o distorsionaban otros. Igualmente las cartillas y volantes que se entregaban gratuitamente en quioscos, abordaban temas de interés para las mujeres, como asignaciones familiares, subsidios de vejez y cesantía, entre otros, y educación al consumidor, al tiempo que se buscaba "recordar lo que este gobierno ha realizado durante cuatro años"105. Uno de los instrumentos más claros de difusión de un imaginario de Chile creado por la Secretaría de la Mujer fue el "Cuaderno del Profesor Rural", cuyo objetivo era ayudar al profesorado de zonas apartadas, donde el Estado tenía una presencia precaria, repartiéndose "desde Visviri a Puerto Edén". Dado que la Secretaría logró instalarse en lugares recónditos, representaba al aparato estatal y difundía sus principios, buscando entregar al profesorado rural el material para ser traspasado a sus alumnos, a la vez que "servir de nexo con la civilización". El Cuaderno del Profesor Rural fue el fruto de la preocupación por la alfabetización de adultos, ya que se carecía de textos, pues "Desgraciadamente, el material didáctico existente no correspondía en absoluto a la ideología del gobierno y debió ser retirado. Un equipo técnico de la Secretaría de la Mujer preparó un nuevo material"106. El Cuaderno abordaba temas como historia de Chile, especialmente "batallas nacionales, regionalización [...] características del país", pues su directora, ex profesora de la escuela de la población José María Caro, quería darle prioridad "a la geografía y las efemérides nacionales"107. El Cuaderno es importante, toda vez que el aislamiento de muchos poblados significaba carencia de recursos educativos, por lo que en muchos casos se convirtió en el único material disponible. Así imágenes de Chile, de sus mujeres y del gobierno llegaban a los puntos más apartados del territorio nacional.

En suma, la acción de los organismos sociales gubernamentales utilizó herramientas de resocialización, bajo el manto de la despolitización. Tanto la acción social realizada, como los cursos de formación ideológica tenían un común objetivo: recrear un imaginario de Chile y una nueva concepción de mundo, donde el marxismo y toda la historia asociada a él no tendrían cabida. Los jóvenes, pero especialmente, las mujeres, serían el principal instrumento de reeducación, pues a ellas se las reacondicionaría en sus labores cotidianas, a la par que se las prepararía en materia de actualidad nacional, con el propósito de "proporcionarles las herramientas necesarias para un mejor desempeño en su diaria labor y, por otra parte, entregarles un mayor conocimiento de la realidad chilena que les permita cumplir con su responsabilidad: capacitar a la mujer y a la familia"108. El hecho que se remarcara, que todos estos cursos tenían como objetivo capacitar a la mujer para su rol en la familia, ha servido para una interpretación centrada en el género, pero, como hemos analizado en este apartado, la palabra capacitación no tenía ese sentido restringido, sino que implicaba una formación ideológica que debía llevar a un cambio de mentalidad en los chilenos, que era la meta real.

Conclusiones

Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo, la relación del régimen militar con el conjunto de la sociedad fue mucho más compleja de lo que el aparataje conceptual existente nos ofrece. A pesar de que la idea de Estado burocrático autoritario sigue siendo válida para entender los lineamientos macro de las dictaduras del Cono Sur americano de los años setenta, resulta insuficiente, en el caso de Chile, para comprender la profundidad del cambio social y cultural ocurrido. Es claro que la alianza con la burguesía transnacionalizada fue el eje del nuevo Estado, como lo fueron las lógicas y los valores que la sustentaban, esto es, los principios del neoliberalismo. El renacimiento del individuo y de la rentabilidad debían acabar con los principios colectivistas y de bienestar que habían predominado a lo largo del siglo XX. Sin embargo, ese proceso no se desarrolló exclusivamente en el plano de la gran política, sino fundamentalmente en el privado, en la vida cotidiana, razón por la cual los grupos involucrados excedían a la gran burguesía.

En ese sentido, la naturaleza del régimen militar era eminentemente ideológica. Si en un comienzo se pensaba que el golpe solo sería una etapa de apaciguamiento político, de reorganización dentro de los marcos existentes antes de la Unidad Popular, ello se contradecía con el sentido que los jefes militares y una parte de sus partidarios daban a su acción: la derrota definitiva del marxismo. Ello suponía una tarea más larga y compleja, que era la reeducación de los chilenos. Esta situación fue reforzada por el contexto que el régimen debió enfrentar, tanto el internacional, como el económico del país. Ambos factores incidieron en la maduración de las tesis de la seguridad nacional y, por ende, en la guerra contra el comunismo, como en la revalorización del "pueblo" como agente de legitimación. Desde ese punto de vista, la naturaleza del régimen militar fue más compleja que una simple y exclu-yente alianza con la alta burguesía, pues -a diferencia de su congénere argentina-, la relación con los sectores populares -tal como los definimos- jugó un papel central, lo cual tuvo razones tanto de orden político-ideológico como de contexto.

La erradicación del "cáncer marxista" de la sociedad chilena fue enfrentada por las autoridades militares, en primer lugar, reconstruyendo los imaginarios sociales del enemigo. Si el marxismo y los marxistas habían sido parte de la vida nacional, integrantes plenos de la democracia chilena, ellos debían ser extirpados, considerando las características que las autoridades y sus partidarios les atribuyeron. Así, la izquierda fue transformada en una secta de criminales, asesinos, al servicio de intereses extranjeros totalitarios. El Plan Z sintetizó esta dimensión de la tarea resocializadora, en el marco del control total de los medios de comunicación y de información existentes en el país. De allí el intento de deslegitimar los "rumores" o testimonios divergentes del oficial. Las afirmaciones del Plan Z no caían en un contexto cualquiera, sino en el heredado de la lucha política contra la Unidad Popular, la que ya había iniciado esa tarea sobre el otro. Esto fue reforzado por el shock de la violencia golpista y por el monopolio de la palabra. En otros términos, la construcción del nuevo imaginario izquierdista ocurrió cuando el clima emocional de la población ya estaba suficientemente alterado, buscando su exacerbación. Esos ambientes, como ya ha sido estudiado para otras experiencias históricas, favorece la manipulación psicológica. Aunque con los años estas acusaciones de autogolpe y de asesinatos masivos hayan sido desmentidas, la persistencia discursiva y la ausencia de versiones alternativas a lo largo de diecisiete años parecen haber rendido frutos.

Esta extirpación del marxismo, sin embargo, no pudo hacerse con una ruptura total con quienes en el imaginario social se identificaban con dicho pensamiento, el pueblo. Esta imposibilidad de quiebre se debió tanto al pensamiento militar, como al contexto. A pesar de las opciones políticas que los altos mandos hubieran tomado con posterioridad al golpe, lo cierto es que las Fuerzas Armadas se sentían representativas de la nación y, por tanto, de su carácter multiclasista. En consecuencia, romper con el marxismo no significaba hacerlo con el "pueblo chileno", el que fue claramente redefinido. De él, como hemos apreciado, fueron expulsados los marxistas y sus colaboradores -calificados de antipatriotas-, quedando constituido por los sectores contrarios a la Unidad Popular. El pueblo era -debía ser- antimarxista; ese era el pueblo ideal. No obstante, la crisis económica y el aislamiento internacional que aquejaron al nuevo gobierno implicaron hacerse cargo del pueblo real, los "extremadamente pobres", marginales, sumidos en la miseria de la cesantía, el alza de precios y la desprotección estatal y partidaria. Ello se realizó desde dos perspectivas: la ideológica y la asistencial. La primera -la más importante a nuestro entender- identificó a la mujer como su principal aliada, como el más eficaz instrumento de resocialización. A través de ella y de su quehacer cotidiano se filtrarían los principios económicos y sociales vigentes, estimulando el ahorro, la organización presupuestaria -en contra del "despilfarro"-, la autoproducción y el individualismo. Nada debía esperar del aparato estatal, sino de su propia capacidad de distribuir sus escasos recursos, tal como lo hacía el Estado. Ello fue reforzado con la preparación de agentes de ideologización externos -el voluntariado-, quienes repetirían igualmente las políticas emanadas y decididas por las autoridades y que se introdujeron en el mundo de las poblaciones y los campamentos. En ese sentido, el régimen se dotó de correas de transmisión, cuya tarea era inocular las nuevas verdades y dotarlo de legitimidad.

La vía asistencial, por su parte, buscó recomponer la relación del Estado con el pueblo, pero no con la creación de una red de derechos -al menos hasta 1980, cuando se institucionalizó el Estado subsidiario-, sino como asistencialidad o beneficencia. Los CAD, la acción social desarrollada por las damas de colores, o el PEM respondieron al contexto y a la necesidad de dotar de legitimidad social al gobierno. Aunque estas medidas no apuntaban a la sociedad en su conjunto, sino a grupos pequeños y con una acción focalizada, alcanzaban alta visibilidad en el marco del desamparo y del control de los medios de comunicación, especialmente de la televisión. Esta acción social permitió el despliegue de una imagen solidaria de parte del poder, que buscaba contrarrestar el impacto de la represión, la condena internacional y la pobreza. Los pobres también fueron un objetivo político del régimen militar y no solo para reprimirlos. Es claro que tal acercamiento no puede ser calificado de alianza, como ocurre en el caso de la alta burguesía, pues nunca se trató de una relación de horizontalidad, ni hubo un pacto. El régimen militar, con Pinochet a la cabeza, buscó cooptar al mundo popular, introduciendo una cuña con sus antiguos aliados políticos y brindando respaldo popular a su gobierno.

En síntesis, la guerra declarada la noche del 11 de septiembre de 1973 excedía la represión -con todo lo brutal que fue-, pues buscaba mucho más que la derrota militar del enemigo, perseguía su muerte definitiva, para lo cual debía resocializar al que había sido hasta ese momento su principal aliado, el pueblo.

Notas

1 Guillermo O'Donnell, Autoritarismo y modernización, Buenos Aires, Paidós, 1972; y El Estado Burocrático Autoritario, Buenos Aires, Belgrano, 1982; Fernando Dahse, El mapa de la extrema riqueza. Los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales, Santiago, Editorial Aconcagua, 1979; Patricio Rozas y Gustavo Marín, El 'mapa de la extrema riqueza' diez años después, Santiago, Cesoc/Pries, 1989; Augusto Varas, Fernando Bustamante y Felipe Agüero, Chile, democracia, Fuerzas Armadas, Santiago, FLACSO, 1980; Augusto Varas, Los militares en el poder, Santiago, Editorial Pehuén, 1987; Pilar Vergara, Auge y caída del neoliberalismo, Santiago, Cieplán, 1984; Alejandro Foxley,'Los experimentos neoliberales en América Latina Santiago, Cieplán, 1985; Eugenio Tironi, Los silencios de la revolución, Santiago, Editorial Puerta Abierta, 1988; Tomás Moulian, Chile actual. Anatomía de un mito, Santiago, Lom Ediciones, 1997; Verónica Valdivia O. de Z., El golpe después del golpe. Leigh vs Pinochet, 1960-1980, Santiago, Lom Ediciones, 2003.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

2 Ello más bien se ha estudiado para el período del retorno a la democracia, en los años noventa: Alfredo Joignant y Patricio Navia, "De la política de los individuos a los hombres de partido", CEP 89, Santiago, 2003; Carla Lehmann y Ximena Hinzpeter, "¿Nos estamos derechizando?", Puntos de Referencia 240, Santiago, 2001. Dos trabajos que abordan los años ochenta, Carolina Pinto, UDI. La conquista de corazones populares, Santiago, Ediciones A&V, 2006; Verónica Valdivia, Rolando Álva-rez, Julio Pinto, Karen Donoso y Sebastián Leiva, Su revolución contra nuestra revolución. Vol. II: La pugna marxista-gremialista en los ochenta, Santiago, Lom Ediciones, 2008, cap. 4.

3 El concepto de marginal está tomado de Desal y el padre Wekemans; Ricardo Yocelevzky, La Democracia Cristiana chilena y el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970), Ciudad de México, UNAM -Xochimilco, 1987; y de los trabajos sobre pobladores que se citan en la nota 6. ODEPLAN, Mapa de la extrema pobreza, Santiago, ODEPLAN, 1974.

4 Sobre el pacto social entre Estado y sociedad, véase María Angélica Illanes, El cuerpo y la sangre de la política, Santiago, Lom Ediciones, 2007. El término poblador hacía referencia a la migración campo-ciudad y los graves problemas habitacionales que ello produjo, surgiendo un dinámico movimiento social que reivindicó el derecho a la vivienda, pues la gran mayoría habitaba en poblaciones "callampas" o campamentos, en tomas de terrenos o poblaciones resultantes de "operaciones sitio". Mario Garcés, Tomando su sitio. Movimiento de pobladores, 1957-1970, Santiago, Lom Ediciones, 2000.

5 Vicente Espinoza, "Los pobladores en la política" y Guillermo Campero, "Luchas y movilizaciones sociales en la crisis:'¿se reconstituyen los movimientos sociales en Chile? Una introducción al debate", en Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile, Santiago, CLACSO-ILET, 1987; Guillermo Campero, "Organizaciones de pobladores bajo el régimen militar", en Proposiciones 14, Santiago, 1987; y Entre la sobrevivencia y la acción política. Las organizaciones de pobladores en Santiago, Santiago, ILET, 1987. Teresa Valdés, "El movimiento de pobladores: 1973-1985. La recomposición de las solidaridades sociales", en Jordi Borja, Teresa Valdés, Hernán Soto y Eduardo Morales, Descentralización del Estado, movimiento social y gestión local, Santiago, Flacso, Clacso e Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1987.        [ Links ]         [ Links ]

6 Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet, Santiago, Editorial Sudamericana, 2000; Verónica Valdivia, Rolando Álvarez y Julio Pinto, Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981), Santiago, Lom Ediciones, 2006, cap. 2; Norbert Lechner y Susana Levy, "Notas sobre la vida cotidiana III: el disciplinamiento de la mujer", Santiago, FLACSO, Material de Discusión Nº 57, 1984; Teresa Valdés, Marisa Weinstein, María Isabel Toledo y Lilian Letelier, Centros de madres, 1973-1989 ¿solo disciplinamiento?, Santiago, FLACSO, Documento de Trabajo Nº 416, 1989.        [ Links ]         [ Links ]         [ Links ]

7 En esta ocasión usaremos las secretarías de la Mujer y de la Juventud, pero no Digeder, sino tangencialmente, y prensa general. Considerando que la municipalización se activó en 1981, tampoco será considerada en forma especial.

8 Patricio Guzmán, La batalla de Chile, Vol. II: El golpe de Estado [documental], París-La Habana.        [ Links ]

9 Hewnosky, Scheumann y Hillmer, La guerra de los momios [documental], Berlín Oriental, 1974. Este documental, parte de un total de cinco videos, corresponde a parte de las filmaciones realizadas por dos periodistas alemanes en Chile desde mediados de 1973 hasta 1975.        [ Links ]

10 Estas ideas fueron expresadas durante un discurso del día 11 de octubre de 1973.

11 Sobre la Doctrina de Seguridad Nacional, véase Varas, Bustamante y Agüero, op. cit.; Jorge Tapia, Terrorismo de Estado, Ciudad de México, Editorial Nueva Imagen, 1980; Valdivia, El golpe después del golpe, op. cit., cap. I.

12 Genaro Arriagada, El pensamiento político de los militares, Santiago, Edición Privada, 1981. La caracterización de la guerra contrasubversiva será extraída de este texto y las fuentes usadas.        [ Links ]

13 Alonso Daire, "La política del Partido Comunista desde la post guerra a la Unidad Popular", en Augusto Varas, El Partido Comunista de Chile, Santiago, FLACSO, 1988; Tomás Moulian, "Evolución de la izquierda chilena: la influencia del marxismo", en Democracia y Socialismo, Santiago, FLACSO, 1983; Julio Pinto V., "Hacer la revolución en Chile", en Julio Pinto (ed.), Cuando hicimos historia. Experiencias de la Unidad Popular, Santiago, Lom Ediciones, 2005; Rolando Álvarez, "¿Reforma o revolución?: lucha de masas y la vía no armada al socialismo. El Partido Comunista chileno, 1965-1973", en Elvira Concheiro, Massimo Modonesi y Horacio Crespo (comps.), El comunismo. Otras miradas desde América Latina, Ciudad de México, UNAM, 2007; Fahra Neghme y Sebastián Leiva, El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Tesis de Licenciatura, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2001. La diferencia entre las izquierdas revolucionarias chilenas y argentinas en Huneeus, op. cit.        [ Links ]         [ Links ]

14 Valdivia, El golpe después del golpe, op. cit., cap. I.

15 Ibid., cap. II, y de la misma autora, "Todos juntos seremos la historia. Unidad Popular y fuerzas armadas", en Pinto (ed.), op. cit. (una versión sintetizada de este último trabajo es "Salvador Allende y las fuerzas armadas en la transición al socialismo", en Salvador Allende. Fragmentos para una historia, Santiago, Fundación Salvador Allende, 2008); Jorge Magasich, Los que dijeron ¡No!, Santiago, Lom Ediciones, 2008, 2 vols.

16 "Memorándum", 4 de julio de 1973, en Mónica González, La conjura. Los mil y un días del golpe, Madrid, Ediciones B, 2001.

17 El general Leigh reconoció, años después, que los cordones industriales no estaban armados. Gustavo Leigh, [Entrevista] TVN, Medianoche, 29 de septiembre de 1999; sobre Argentina, Marcos Novaro y Vicente Palermo, Historia Argentina. La dictadura militar 1976/1983, Buenos Aires, Paidós, 2003; Gabriela Águila, Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983, Buenos Aires, Prometeo, 2008. Sobre Uruguay, Carlos Demasi, Aldo Marchesi, Vania Markarian, Alvaro Rico y Jaime Yuffé, La dictadura cívico-militar, 1973-1985, Montevideo, CEUI, Ediciones de la Banda Oriental, 2009.

18 Si bien había acuerdo en que un golpe acarrearía violencia, nunca hubo consenso acerca de sus niveles e institucionalización, lo cual fue especialmente evidente en los primeros meses.

19 Secretaría General de Gobierno, El libro blanco del cambio de gobierno en Chile. 11 de septiembre de 1973, Santiago, Editorial Lord Cochrane, s/f, 23-27.        [ Links ]

20 El carácter de campaña del terror que tuvo este despliegue comunicacional puede ser observado en Septiembre [serie documental], Chilevisión, 2003, cap. 5: "El Plan Z".

21 Véase, a modo de ejemplo, Hernán Millas y Emilio Filippi, Chile 1970-1973. Crónica de una experiencia, Santiago, Editorial Zig-Zag, enero de 1974. Entre los elementos usados para persuadir a la población de lo que se aseguraba, corrió el rumor de que una marca de cigarrillos de amplio consumo en la época era el anuncio del plan: cigarrillos Monza; asimismo, los acordes de "Mi Buenos Aires, querido": "contraseña para un ataque destinado a descabezar a las fuerzas armadas". Transmisión televisiva oficial, en "El plan Z", op. cit.        [ Links ]

22 El plan Z nunca ha sido probado, sino desmentido. El primer vocero de la Junta Federico Willoughby afirmó: "yo no sabía de la existencia del Plan Z […] Yo tengo la impresión que la gente encargada de las operaciones de inteligencia [...] discernieron que era conveniente crear alguna justificación del pronunciamiento militar [...] para convencer a la población civil que los habían salvado". El politólogo norteamericano de la Universidad de Princeton Paul Sigmund parte de la Comisión Church, tampoco lo considera verosímil: "Duda desde el primer momento, porque fue un plan bastante ambicioso […] y fue importante, porque tenía mucho que ver con la intensidad de la represión". Ambas declaraciones en "El Plan Z", op. cit. El historiador de derecha Gonzalo Rojas afirmó: "Es una documentación fragmentaria, no es una documentación que permita a un historiador llegar a una conclusión definitiva": Cuando Chile cambió de golpe [serie documental], TVN, cap. 2, 2003.

23 "Presentación", en Gobierno de Chile, 1974. Primer año de la reconstrucción nacional, Santiago, Editorial Gabriela Mistral, 1974.

24 Patricia Verdugo, Los zarpazos del puma, Santiago, Editorial Andante, 1989; Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Comunicación y Cultura, 1991; Secretos de la historia [serie documental], Canal 13, 2003, cap. IV.        [ Links ]

25 Prudencio García, El drama de la autonomía militar: Argentina bajo las juntas militares, Buenos Aires y Madrid, Alianza, 1995; Norbert Lechner, Los patios interiores de la democracia, Santiago, FLACSO, 1988, cap. 4. Sobre la represión en Chile, véase Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, op. cit.; y Comisión Nacional Sobre la Prisión Política y Tortura, Informe de la Comisión Nacional Sobre la Prisión Política y Tortura, Santiago, La Comisión, 2005. Gran parte de la guerra psicológica se hizo a través de la prensa escrita, heredera de la prensa ariete de la época de la Unidad Popular, cuyos columnistas pasaron al diario La Segunda, de la red de El Mercurio, cuando sus propios medios desaparecieron. Desde allí perfeccionaron el imaginario terrorífico sobre el gobierno de Allende.        [ Links ]         [ Links ]

26 Verónica Valdivia O. de Z., "La construction du poivoir: le regimen militaire d' Augusto Pinochet", en Vingtieme Siecle 105, París, 2010. Dado que la condena internacional continuó en los años siguientes, en enero de 1976 se realizó una ceremonia en la Escuela Militar que explicitó la cohesión de todas las ramas de las Fuerzas Armadas en torno a su líder, el general Pinochet, favoreciendo la personalización del régimen. La Segunda, Santiago, 28 de enero de 1976, 2.        [ Links ]

27 Sobre la prensa ariete, Patricio Dooner, Prensa y política. Prensa de izquierda, prensa de derecha, Santiago, Ediciones Andante/Hoy, 1989. Un análisis histórico sobre la derecha en el período y su prensa, en Verónica Valdivia O. de Z., Nacionales y gremialistas. El parto de la derecha política chilena, 1964-1973, Santiago, Lom Ediciones, 2008, cap. VI y VII. La amenaza del cardenal Raúl Silva Henríquez fue a raíz del caso Malloco a fines de octubre de 1975, cuando la Iglesia cobijó a dos perseguidos del MIR y Guzmán hizo una crítica acusatoria en contra de esta institución. El debate puede encontrarse en Mensaje, Santiago, noviembre de 1975 y un par de comentarios de Guzmán en Hewnosky, Scheumann y Hillmer, Un minuto de sombra no nos enceguece [documental], Berlín Oriental, 1976. El diario La Segunda y la revista Qué Pasa también se sumaron a la crítica a la Iglesia. El diario Tribuna no desapareció con el golpe y siguió publicándose hasta diciembre de 1973.        [ Links ]

28 Septiembre de 1973. Cien combates de una batalla, Santiago, Editorial Gabriela Mistral, 1973, 18-21. Véase también Un minuto de sombra, op. cit. Este documental incluye entrevistas a personeros de la época y partes del noticiero de TVN, "60 Minutos" durante 1975, donde se observan estas prácticas de guerra psicológica.

29 Sobre la visita al Estadio Nacional, véase La guerra de los momios y Yo he sido, yo soy, yo seré [documental], Berlín Oriental, 1974. De la información histórica verificada, se sabe que solo hubo enfrentamiento en la industria Indumet.

30 Mensaje, 230, julio de 1974, 302.

31 Yo he sido, yo soy, yo seré, op. cit. Esa declaración es de julio de 1974.

32 "El marxismo no es una doctrina equivocada […] es […] intrínsecamente perversa […] esta moderna forma de agresión permanente da lugar a una guerra no convencional, en que la invasión territorial es reemplazada por el intento de controlar los Estados desde dentro […] infiltra los núcleos vitales de las sociedades libres [y] promueve el desorden en todas sus formas […] El objetivo último de este desorden es el debilitamiento de las sociedades que la secta roja no controla, a fin de poder dejar caer sus garras sobre ellas en el momento oportuno, para convertirlas en nuevos satélites del imperialismo soviético". "Discurso del general Pinochet", en Academia Superior de Seguridad Nacional, Seguridad Nacional, Santiago, La Academia, 1976, 3-4.

33 "Discurso del general Pinochet del 11 de octubre de 1973" en 1974, op. cit., 44 y "Declaración de Principios del Gobierno de Chile", en 1974, op. cit., 155. En ambos el énfasis es nuestro para destacar el tipo de guerra. Esta decisión coincide con la centralidad que adquirió la "memoria" en el caso chileno, planteada por Steve Stern, Recordando el Chile de Pinochet. En vísperas de Londres 1998, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2009.

34 Valdivia O. de Z., El golpe, op. cit., cap. I y II.

35 "Discurso del 11 de octubre de 1973", op. cit., 43.

36 Ibid., 44-45.

37 "Líneas de acción de la Junta de Gobierno de Chile" (10 de marzo de 1974), en 1974, op. cit., 101-103.

38 "Declaración de Principios del Gobierno de Chile", op. cit., 125.

39 General Alejandro Medina Lois, en Seguridad Nacional, op. cit., 35-41.

40 José Joaquín Brunner, La cultura autoritaria en Chile, Santiago, FLACSO, 1981, cap. 1 y 2.

41 Es interesante la declaración de una mujer durante la campaña parlamentaria de 1973, cuando al preguntársele si prefería la vía electoral u otro camino, ella contestó: "Pienso que debe ser una línea firme, que no estemos nunca más jugando con el pueblo, ni con nada", en La batalla de Chile, op. cit., Vol. I.

42 Bando Nº 6 y 9, en Manuel Antonio Garretón, Por la fuerza, sin la razón. Análisis y textos de los bandos de la dictadura militar, Santiago, Lom Ediciones, 1998, 62 y 64, ambos del 11 de septiembre.

43 Ercilla, Santiago, 17 de septiembre y 21 de noviembre de 1973, respectivamente.

44 Jorge Myers, "Las formas complejas del poder: la problemática del caudillismo a la luz del régimen rosista" en Noemí Goldman y Ricardo Salvatore (comps.), Caudillismo rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Buenos Aires, Eudeba, 2005.        [ Links ]

45 Bando en Garretón, op. cit.

46 Secretario General de Gobierno, coronel Pedro Ewing, Qué Pasa, Santiago, 2 de noviembre de 1973, 16.

47 Margaret Power, La mujer de derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973, Santiago, Dibam, 2008, 196 y 221. Chile Libre fue una de las organizaciones anticomunistas que participó en la "campaña del terror" de la elección presidencial de 1964, financiada por la CIA. Gisela Silva fue una de las organizadoras de la movilización para impedir la nacionalización de la papelera, donde el Poder Femenino jugó un papel central.        [ Links ]

48 Valdés, Weinstein, Toledo y Letelier, op. cit., 25; Eda Gaviola, Lorella Lopresti y Claudia Rojas, "Chile. Centros de Madres. "¿La mujer popular en movimiento?", en Nuestra memoria, nuestro futuro, Santiago, Isis Internacional, 1988.        [ Links ]

49 Ambas citas en Qué Pasa, 16 de noviembre de 1973, 17.

50 Qué Pasa, 5 de diciembre de 1973, 33. El énfasis es nuestro para destacar el deseo de reeducación política presente.

51 La Segunda, 5 de diciembre de 1973.

52 La Segunda, 23 de octubre de 1973; Valdés, Weinstein, Toledo y Letelier, op. cit., 34.

53 Huneeus, op. cit., 355. No existe claridad sobre la fecha de creación de la Secretaría de los Gremios, pues según Boetsch fue 1973, Huneeus, 1974 y la SNG, 1976.

54 El Mercurio, Santiago, 5 de septiembre de 1972; Claudia Rojas, Poder, mujeres y cambio en Chile (1964-1973). Un capítulo de nuestra historia, Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, UNAM-Iztapalapa, México, 1994, 73.

55 Mensaje, 223, octubre de 1973, 461.

56 Ejemplificador de esta nueva lógica fue la desarticulación del Poder Femenino ordenada por el gobierno militar en 1974. Power, op. cit., 265.

57 Una primera aproximación al tema en Valdivia O. de Z., "La construction du poivoir", op. cit. y en Isaac Calvo, "Dictadura y movilización social ¿manifestaciones pinochetistas? Chile, 1974-1977", trabajo presentado al seminario "La guerra psico-social de Pinochet" a cargo de la autora, Universidad de Santiago de Chile, 2008 [inédito]. Desde la óptica de la memoria y la instalación simbólica del 11 de septiembre, Azun Candina, "El día interminable. Memoria e instalación del 11 de septiembre de 1973 en Chile (1974-1999)", en Elizabeth Jelin, Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas "in-felices", Madrid y Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

58 Cifras de desempleo en Mensaje, 240, julio de 1975, 279-282; y 241, agosto de 1975, 341; Jaime Ruiz-Tagle y Roberto Urmeneta, Los trabajadores del Programa de Empleo Mínimo, Santiago, Pispal/ Academia de Humanismo Cristiano, 1984, 10; la cita en Un minuto de sombra., op. cit. Sobre los despidos de empleados públicos, Secretos de la historia, op. cit., cap. 4.        [ Links ]

59 Mensaje, julio de 1975, 279-282. Durante la visita a un campamento en 1975, los pobladores contaron al periodista su realidad de pobreza: "Yo le voy a dar un ejemplo, Uds. esperen hasta las 2 de la tarde a la salida de la Vega a ver cómo están todas las mujeres recogiendo las cabezas de pescado, los restos de las almejas, vayan a ver cómo recogen la basura para comérsela". Un minuto de sombra, op. cit.

60 La Segunda, 8 de marzo de 1974, 3. Este problema se mantuvo hasta 1976, año en que este medio realizó una fuerte campaña de denuncia de la especulación.

61 ODEPLAN, Mapa de la extrema pobreza, op. cit.

62 La Segunda, 2 de febrero de 1974 y Qué Pasa 4 de octubre de 1973, 6.

63 La Segunda, 7 de junio de 1974, 8.

64 Qué Pasa, 29 de mayo de 1975, 11.

65 Idem, 4 de octubre de 1973, 18.

66 Idem, 5 de diciembre de 1974, 33.

67 Lechner y Levy, op. cit.

68 Brunner, op. cit.; La Segunda, 19 de marzo de 1975. El énfasis es nuestro.

69 Power, op. cit., 212.

70 Qué pasa, 21 de junio de 1974, 14.

71 Amiga 8, Santiago, septiembre de 1976, 17.

72 Qué Pasa, 28 de agosto de 1974, 32-33.

73 La Segunda, 7 de junio de 1974.

74 Idem, 2 de septiembre de 1974. El impacto del desabastecimiento en la politización femenina popular antisocialista, en Power, op. cit., 218 y ss.

75 Amiga 34, noviembre de 1978. Hermógenes Pérez de Arce, en idem 8, septiembre de 1976.

76 Amiga 25, febrero de 1978, 14.

77 Lechner y Levy, op. cit., 67.

78 Amiga, 1, enero de 1976, 19; y 49, febrero de 1980, 20. A modo de ejemplo Doña Juanita, Huerta casera (1975); Recetas de verduras (1975) y Secretos caseros de doña Juanita (1974).

79 Amiga 1, enero de 1976, 21; El Cronista, Santiago, 4 de agosto de 1976, 9. A modo de ejemplo, para 1976 existían AUCOS en La Cisterna, La Granja, Quilicura, Quinta Normal, La Florida, Maipú, San Bernardo, Conchalí y en poblaciones como La Bandera, Nuevo Amanecer y Óscar Bonilla.

80 Brunner, op. cit.

81 Valdés, Weinstein, Toledo y Letelier, op. cit.

82 El Cronista, 27 de septiembre de 1975, 6; y 23 de diciembre de 1975, 10.

83 Amiga 9, octubre de 1976.

84 Un minuto de sombra, op. cit.

85 Es interesante constatar la animadversión del gobierno hacia las organizaciones benéficas ajenas a él y vinculadas, en este caso, a la Iglesia católica, pues algo similar ocurrió en la Alemania nazi. En efecto, dicho régimen arrinconó a las distintas organizaciones de caridad y beneficencia de origen privado, imponiendo la primacía de la Asociación Popular Nacional Socialista, que realizaba ese tipo de tareas. Véase Richard Evans, El Tercer Reich en el poder, Barcelona, Península, 2005, cap. V.        [ Links ]

86 Amiga 19, agosto de 1977, 38.

87 Cema-Chile 5, mayo-junio de 1979, 18-19; Amiga 38, marzo de 1979, 32.

88 Amiga 37, febrero de 1979, 12.

89 Una análisis comparativo de las Secretarías de la Mujer y de la Juventud respecto del franquismo
y los totalitarismos y de los roles desempeñados, en Verónica Valdivia O. de Z., "Mujeres y
jóvenes ¿el corazón del pinochetismo? Auge y ocaso de las Secretarías" [inédito].

90 ODEPLAN, Plan nacional indicativo de desarrollo, 1978-1983, Santiago, s/f.

91 Amiga 2, marzo de 1976, 29.

92 Gabriela Zamora, nacida en Santiago en 1941, hija de un obrero de la maestranza de San
Bernardo y de una dueña de casa. Estudió hasta 4º año básico, comenzando a trabajar a los 9 años,
cuando falleció su padre. Se casó en 1957, matrimonio del que tuvo tres hijos: Macarena (1959),
Guillermo (1961) y Rodrigo (1971), separándose de su marido a los meses de nacido este último.
Durante su matrimonio continuó trabajando, pues su marido nunca consiguió un trabajo estable y
permanecía largo tiempo cesante. Por intermedio del PEM, trabajó en el Centro Abierto, en los talleres
laborales y en el POJH. Desde 1971 vive en la actual Población Carol Urzúa, hasta 1973 campamento
Los Aromos.

93 Conversación sostenida el 26 de noviembre de 2008.

94 Amiga 4, mayo de 1976, 16.

95 Intendente de Antofagasta, general Carol Urzúa, Amiga 5, junio de 1976, 45.

96 Stern, op. cit., 71.

97 Lechner y Levy, op. cit.; Valdés, Weinstein, Toledo y Letelier, op. cit.

98 Amiga 23, noviembre de 1977, 9. Es interesante precisar que este afán ideologizador del gobierno no siempre coincidía con la motivación de algunas voluntarias, a pesar de su anticomunismo. En el caso de la Sra. Elena recién citado, su trabajo en la Secretaría de la Mujer representaba para ella una línea de continuidad con su trayectoria de asistencia social entre los pobres urbanos, que desarrollaba desde la década de 1950. No obstante, ese trabajo se entremezcló con los programas de adoctrinamiento político organizados por el Estado. Véase Stern, op. cit., 71-72.

99 Amiga 3, abril de 1976, 11; idem 14, marzo de 1977; estos temas también eran abordados en los seminarios regionales, idem 19, agosto de 1977; CEMA-Chile, 6 de noviembre de 1979, 23. Widow era miembro del grupo Tizona, involucrado en el caso Schneider.

100 La Segunda, 19 de marzo de 1975; Qué Pasa, 16 de diciembre de 1976, 13.

101 Amiga 10, noviembre de 1976, 44-45; idem 20, septiembre de 1977, 38; e idem 36, enero de 1979, 42-43. Durante el seminario regional, voluntarias de Coyhaique, Puerto Aisén, Puerto Cisnes, Puerto Aguirre y Puerto Ingeniero Ibáñez en el extremo sur del país escucharon al neoliberal José Yuraszeck referirse a la política económica del gobierno.

102 Boletín de la Secretaría Nacional de la Juventud 1, abril de 1975.        [ Links ]

103 Idem 2, mayo 1975.

104 Lechner y Levy, op. cit., 67.

105 Amiga 32, septiembre de 1978, 42; idem 20, septiembre de 1977.

106 Idem 3, abril de 1976, 35.

107 Idem 1, enero de 1976, 28.29.

108 Idem 44, septiembre de 1979. Este fue el objetivo del Seminario de Capacitación de monitoras realizado en 1979.


** Este artículo forma parte del Proyecto Fondecyt Nº 1080162, "La guerra social de Pinochet". Agradezco la colaboración de todo el equipo de investigación.

Fecha de recepción: mayo de 2009 Fecha de aceptación: enero de 2010.