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Historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-7194

Historia (Santiago) v.40 n.2 Santiago dic. 2007

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942007000200006 

 

HISTORIA N° 40, Vol. II, julio-diciembre 2007: 419-444
ISSN 0073-2435

ESTUDIOS

 

ENTRE LA LEGITIMIDAD Y LA CRIMINALIDAD: EL CASO DEL "APARAGUAYAMIENTO" EN CONCEPCIÓN, 1800-1850**

 

Mauricio F. Rojas*

* Universidad del Bío-Bío y Universidad de Concepción. Chile. Correo electrónico: mrojas@ubiobio.cl


En la primera mitad del siglo XIX, en la Provincia de Concepción (Chile), ciertos comportamientos sociales de sectores subalternos fueron apreciados por las elites gobernantes como fuera de la ley. De esta forma, es posible observar la construcción de una conducta denominada criminal sobre la base de algunas acciones que tradicionalmente eran consideradas por la población como válidas o legítimas. En este estudio, se pretende demostrar como el "aparaguayamiento" correspondería a una de esas conductas atávicas, en sectores populares de predominancia campesina. Consideramos que esta práctica, en el transcurso del período de tiempo indicado, fue criminalizada por el aparato judicial como abigeato. Producto de esta confrontación se estructura una dialéctica entre los modos tradicionales de existencia de los sectores populares y los comportamientos impuestos por los grupos hegemónicos, a través de la ley. Se conforma, así, la dialéctica entre criminalidad y legitimidad.

Palabras clave: Legitimidad, criminalidad, subalternidad, campesinado.

Certain social behaviors of marginalized social groups were considered illegal by the elites during the first half of the nineteenth century. In this way, it is possible to observe the emergence of a behavior that became considered criminal based on some actions that were usually seen as valid or lawful before. This study aims to demonstrate how the so-called 'aparaguayamiento' would correspond to one of these atavistic behaviors in social groups comprised by mainly peasants. We consider that this type of practice, during the time stated, was punished as cattle theft by the judicial system. As a result of this confrontation, a dialectics was established between traditional styles of living of popular groups and behaviors imposed by the hegemonic groups through law. Thus, the dialectics between criminality and legality was established.

Key words: legitimacy criminality, subalternity, peasantry.


CRIMINALIDAD Y LEGITIMIDAD

En un interesante trabajo publicado por Richard W. Slatta referente a la criminalidad rural en la provincia de Buenos Aires durante el siglo XIX1, este la relaciona con la posición social de los actores involucrados. Afirma, que a menudo la criminalidad reflejaba los conflictos existentes entre los "gauchos" y los terratenientes, donde estos últimos eran capaces de controlar la maquinaria política y legal, lo que les permitía determinar aquello que era legal o criminal. Es decir, el poder político podía definir la legalidad. Asimismo, nos sugiere que los cambios sociales producen cambios legales y, con ello, nuevas definiciones de criminalidad2.

Así, la criminalidad, entendida como aquella cualidad o circunstancia que hace que una acción sea criminosa, se circunscribe dentro de las estructuras de poder al interior de una sociedad. Se constituye en una categoría cognitiva socialmente construida que da cuenta de los cambios sufridos por la sociedad en el ámbito de lo valórico, en las relaciones de poder, del valor de la propiedad, entre otros. Igualmente, nos permite conocer aquellos comportamientos de sectores subalternos que, producto del choque con la legalidad, emergen en los documentos oficiales -procesos judiciales- casi de manera tangencial.

Las fuentes oficiales, entonces, dan cuenta de distintas voluntades, pues, como sostiene Ranajit Guha, no derivan su contenido tan solo de la voluntad de la elite o del Estado, puesto que también se afirman en otra voluntad, la del insurgente. R. Guha, cuando utiliza el calificativo de insurgencia lo hace en el entendido que el campesino es poseedor de una conciencia que le confiere una forma substancial a las actividades que realiza3. De esta manera, esta conciencia del campesino es poseedora de un conjunto de valores que se reflejan en normas de comportamiento tradicionales, cuya práctica aparece avalada por un ser social, más que un deber ser legal. La tradición y las costumbres han permitido ir consolidando prácticas que resultaban adecuadas para ciertos sectores de la comunidad, las que incluso podían tener un arraigo tal que llegaban a entrar en llano conflicto con las normativas legales. Es lo que E. P. Thompson ha denominado economía moral de los pobres, esto es, aquel consenso popular en cuanto a qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas... Esto estaba a su vez basado en una idea tradicional de las normas y obligaciones, de las funciones económicas de los distintos sectores dentro de la comunidad4.

La conciencia del campesino de la provincia de Concepción, contenía un sistema normativo tradicional dentro del cual sus prácticas eran catalogadas como legítimas. En tanto, en la primera mitad del siglo XIX, la elite necesitaba mantener y consolidar su primacía al interior de la nueva realidad del estado-nación, post-independencia. Ante esta novedosa forma de Estado, la antigua legitimidad de la elite, aportada por la monarquía católica, podría correr riesgos. Se debe considerar que una de las mayores contribuciones de la monarquía a las elites criollas fue el haberles servido como fuente para el establecimiento de la ley y el orden al interior de sus sociedades, al mismo tiempo que les permitía mantener al resto de la población bajo su mando5.

En el escenario cambiante de la esfera política chilena, las elites se esforzaron por afianzar su situación de dominio al interior del incipiente sistema republicano ya sea a través de la imagen -por ejemplo, expresada en los retratos6- y, especialmente luego de 1825, a través del control del proceso político, cuando la elite pelucona se lo disputó a la elite liberal7. Lo anterior redundó en que quienes decidieron los destinos del sistema social y político fueron aquellos que se consideraban aptos y con derechos para ejercer tales tareas. De ahí que G. Salazar y J. Pinto, afirmen que si bien en Chile, "no ha habido 'personalismo', sí ha existido 'oligarquismo', es decir, la recurrente ocupación de los roles de comando del sistema político por una misma red social, profesional o ideológica de individuos, en desmedro de una efectiva interacción ciudadana"8. Luego del período liderado por la oligarquía liberal a partir de 18109, serán los postulados de la facción conservadora los que regirán, desde 1829, los destinos del país. La elite conservadora de raigambre colonial había sido desplazada de las influencias oficiales, al igual que la mayor parte del clero y la jerarquía católica, generándose con ello un profundo resentimiento, por parte de estos grupos, hacia las nuevas autoridades liberales. Esta elite "pelucona" (conservadores), consideraba que era ella la llamada a regir el Estado. En su autoimagen se veía como lo mejor del país, lo que les confería la facultad de ejercer el control social. Ello no tardó en cristalizarse. El 17 de abril de 1830 se produjo la coyuntura que restableció el poder político -y, por ende, el control social-, en el grupo pelucón10. Fue con el triunfo en Lircay -localidad cercana a la ciudad de Talca- por parte de las tropas de Joaquín Prieto sobre las de Ramón Freiré, donde se confirmó el régimen conservador. Ello posibilitó la entronización de un discurso de poder basado en un orden central muy estricto y respaldado por un régimen policial (ejemplo de ello fue la creación de las "guardias cívicas"), que aseguraría la proyección de su dominio social. En este contexto la población subalterna fue limitada en su participación política, pues los requisitos para ser "ciudadanos activos" eran muy difíciles de cumplir, a saber: ser hombres alfabetizados, tener más de 21 años en caso de ser casado y 25, cuando se era soltero, poseer un capital comercial o percibir un salario producto de su oficio o negocio. Si bien la norma relativa al alfabetismo no fue hecha cumplir hasta 1840, fue la exigencia económica la que provocó, principalmente, la exclusión del sistema político a los sectores populares. Como dice S. Collier, una ley electoral de 1833 indicaba quienes estaban posibilitados de votar de acuerdo a las condiciones económicas de las distintas provincias del país. Santiago era la zona que tenía los requisitos más altos en cuanto a ingresos: una propiedad de mil pesos, un capital comercial de dos mil pesos o un salario anual por oficio o comercio de doscientos pesos; por su parte, quienes votaban en las provincias más pobres como eran Chiloé y Valdivia, debían contar con una propiedad de trescientos pesos, un capital comercial de quinientos o un salario de sesenta pesos.

Hacia 1833, en la provincia de Concepción el ingreso promedio anual de los campesinos que podían tener alguna pequeña propiedad, era de un poco más de veinte pesos al año11. Este sector comprendía el 87,4% de los propietarios de la provincia (ver gráficos 1 al 3 en anexos). En tanto, los propietarios que estaban en el tramo siguiente ganaban como promedio 205 pesos al año, constituyendo un 8,8% del universo total. La brecha se agiganta cuando se compara con el 0,3% de los propietarios que ganaban 1.406 pesos promedio anual e incluso alguno podía sobrepasar los 5.000 pesos, en igual período. La situación descrita posibilitó las condiciones necesarias para que los grandes propietarios y comerciantes regionales pudiesen someter al gran número de minifundistas de la provincia. De esta manera, la concentración de la estructura de la renta y la consecuente pauperización de los pequeños propietarios y arrendatarios, dieron como resultado una estructura de dominación económica que coincide con la dominación política del período conservador12.

Los cambios económicos se vinculan con los cambios sociales y estos a su vez conllevan, como dijimos, cambios legales y nuevas definiciones de criminalidad. En el contexto presentado, estas transformaciones no se refieren a la emergencia de nuevos grupos de poder en la sociedad penquista; de hecho, hubo una prolongación de los mismos desde el período colonial al período republicano, reflejado en la permanencia de la legislación indiana que les era útil para mantener el andamiaje social hasta bien adentrado el siglo XIX, tal como ocurrió en el resto del país. Entonces, al hablar de transformaciones, lo hacemos en el sentido de redefiniciones hechas por las elites acerca de énfasis dados a aspectos preexistentes. Si bien el abigeato era un delito que ya estaba tipificado en derecho indiano13, no hubo de manera explícita en el derecho de Indias alguna norma que tratara esta acción14. Asimismo, aunque la pena de muerte era el castigo con que la ley 19, título 14 de la Partida Séptima, sancionaba al abigeo reincidente, en la práctica las penas se suavizaron en gran medida (trabajos públicos, presidio, azotes, destierros o rapados de cabeza). La tipificación como delito del hurto y robo de ganado, sería uno de los aspectos preexistentes a los cuales hemos hecho mención. A partir de la década de 1830 hasta 1850, el establecimiento de la oligarquía conservadora en el poder, con su política de disciplinamiento y exclusión social, será el ambiente propicio para resignificar el abigeato. Este "delito" se insertó en un contexto mayor, como fue la mayor importancia asignada al derecho de propiedad, la cual no solo era vista principalmente como símbolo de prestigio, sino, además, adquirió preponderancia comercial. Dentro de los productos que se transaban, el ganado vacuno vio un incremento en su valor, en especial, su carne. Un periódico de la época daba cuenta de esta situación en los siguientes términos: En los precios corrientes de los productos de la provincia, que insertamos en el número de hoy, son notables los de los animales vacunos cuya demanda para el norte ha hecho subir su valor común notablemente. Las lanas también parece que están en demanda, y se cree probable que sus precios suban más todavía15. Lo que podría sonar halagüeño para la economía de la provincia, en verdad más bien poseía un carácter de queja, ya que la mayoría de la población no contaba con los recursos para poder adquirir los productos que se hacía mención. Las carestías eran la consecuencia inmediata de la escasez producida, la que no tenía necesaria relación con la producción, que según el redactor del artículo mencionado, iba en aumento16.

El incremento de los precios en los productos agropecuarios le confirió una importancia mayor a los mismos17. Al valor que tradicionalmente tenía el ganado vacuno y caballar como medio de transporte, trabajo, comestible (charqui) y cueros, ahora se añadía el mejor precio de la carne. Por tanto, la propiedad de estas mercancías debía ser protegida y la ley era el mejor recurso para ello, eran bienes jurídicamente tutelados.

Como marco hermenéutico diremos que los sectores subalternos van adoptando diferentes actitudes y comportamientos ante el control social impuesto por las elites. Este aspecto presenta una complejidad mayor en su análisis, ya que, por lo general, el discurso subalterno se nos aparece mediatizado por el discurso de las elites. En ocasiones, la población podía acomodar su actuar a los requerimientos públicos exigidos por las autoridades, en tanto, que en privado manifestasen variados estilos de protesta o disconformidad con su situación. Otras veces, la comunidad asumía como propios los postulados emanados de los grupos de poder, estableciendo con ello una estructura hegemónica la cual va definiendo los comportamientos al interior del Estado. La hegemonía aparece así como un acuerdo con y dentro del Estado, es una concesión de la sociedad civil al Estado18. Pero la hegemonía no significa que la diferencia se destruya o desaparezca, sino más bien es la construcción de la voluntad común a través de la diferencia19.

A lo dicho, nos parece útil el aporte teórico sugerido por Pierre Bourdieu en cuanto al significado del "poder simbólico", definido como: este poder invisible que solo puede ejercerse con la complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren o que incluso lo ejercen20. Bourdieu considera que las producciones simbólicas creadas por las elites sirven a estas como instrumentos de dominación, donde la cultura dominante no solo contribuye a la integración real de la clase dominante (lo que le otorga una cierta homogeneidad); sino también: a la integración ficticia de la sociedad, lo que trae aparejado la desmovilización de la misma; a la legitimación del orden establecido mediante el establecimiento de distinciones; y, producto de lo anterior, a la legitimación de las distinciones, obligando a todas las culturas (vistas ahora como "subculturas") a definirse por su distancia respecto a la cultura dominante21. De esta manera, la construcción de las normativas legales está influida por la construcción estatal de la ley. A esto es lo que se ha denominado "ilusión de justicia"; es decir, la ley debe pretender ser justa, poseer la apariencia de justicia para que, de esta manera, se cumpla. Entonces el sujeto subalterno, una vez asumida esta "ilusión de justicia", se apropia de este discurso, confiriéndole una impresión de justicia a la ley.

El proceso descrito no está exento de tensiones, más bien lo característico de las naciones incipientes (como era el caso de la chilena en el período en estudio) fue poseer un origen violento22. Esta relación entre las diferentes clases sociales al interior de la comunidad implica, asimismo, una lucha propiamente simbólica. En términos de P. Bourdieu, es un conflicto por imponer la definición del mundo social acorde a sus propios intereses. De ahí que este autor sugiera que el campo de producción simbólica sea un microcosmos de la lucha simbólica entre las clases23. Entonces, la llamada "domesticación de los dominados", según la terminología weberiana, no implicaría una actitud de aquiescencia irrestricta de los grupos subordinados, sino que se circunscribiría en lo que podemos calificar como movimiento social, donde los sectores de poder intentan mantener una situación dada en tanto que los subalternos responden de diversas formas a esa imposición, ya sea acomodándose a ella (negociación) o bien rechazándola, según sus propias conveniencias24.

La resultante de este proceso derivaría en lo que Ranajit Guha considera una simbiosis entre estatismo e historiografía25. La falta de adecuación del estatismo para la elaboración de una historiografía integradora de los distintos actores sociales conlleva a la obstrucción de un diálogo fluido entre nosotros y nuestro pasado. Este hecho, según sus palabras: no nos deja elegir nuestra propia relación con el pasado. Pero las narraciones que constituyen el discurso de la historia dependen precisamente de tal elección. Escoger significa, en este contexto, investigar y relacionarnos con el pasado escuchando la miríada de voces bajas que quedan sumergidas por el ruido de los mandatos estatistas. Por esta razón no las oímos. Y es también por esta razón que debemos realizar un esfuerzo adicional, desarrollar las habilidades necesarias y, sobre todo, cultivar la disposición para oír estas voces e interactuar con ellas26.

La formación de legalidades y su correlato, el delito, va de la mano de la dinámica social a la cual hemos hecho referencia más arriba. El poder simbólico en el cual se sustenta la legalidad, siguiendo la lógica de P. Bourdieu, se define en y por una relación determinada entre quienes ejercen el poder y quienes lo sufren. Lo que genera el poder contenido en la normativa legal, es decir, el poder de mantener el orden o subvertirlo, es la creencia en la legitimidad de las palabras y de quien las pronuncia. Sin embargo, este poder no está exento de interpretaciones y legitimidades propias de los sectores subalternos. Esto es lo que entendemos por culturas legales, es decir, las formas y percepciones que los diversos grupos sociales poseen respecto a la autoridad y las normativas legales emanadas por ella. El enfrentamiento con la legalidad en ocasiones puede significar un rechazo a la misma, en otras una adecuación o, quizás, la elaboración de estrategias para obtener algún beneficio de ella.

Antes nos referíamos a la economía moral de la población. El aspecto basal sobre el cual se sustenta esta percepción social gira en torno a la idea de legitimidad, pero ya no será una legitimación de lo legal, sino que es una legitimidad emanada de las prácticas propias de la cultura tradicional subalterna. Son aquellas conductas, normas y postulados que a través de los años han ido conformando un corpus no escrito, transmitido por aquellas "pequeñas voces de la historia", cuyo arraigo puede llegar a ser tal, que eventualmente podrían entrar en conflicto con la legalidad. Ahí es cuando se criminalizan sus comportamientos, pudiendo transformarse en marginales.

La realidad histórica de la provincia de Concepción durante la primera mitad del siglo XIX, se vio influenciada por su peculiaridad espacial y por la importancia de los espacios de microasociatividad. Ambos aspectos estaban íntimamente relacionados y permitieron la pervivencia de conductas atávicas, generadoras de legitimidades. Espacialmente la región de Concepción era una zona de frontera, cuya área de influencia se extendía entre los ríos Maule, por el norte, y el Biobío, por el sur27. En este territorio, durante los siglos XVII y XVIII, aún no se constituía de manera plena la propiedad; además se caracterizaba por ser una tierra donde proliferaban vagabundos, cuatreros y peones libres. Acentuaba esta situación el hecho que el bajo pueblo, en palabras de José Bengoa, impedido de comerciar, marginado de los negocios y la sociedad, fuera de la sociedad criolla y española, se constituía en sus propios reductos -espacios de microasociatividad- de vida cotidiana independiente, con sus propias costumbres y formas de vida. Es por ello que en la Colonia existía una sociedad popular vagabunda, transhumante, semi-delictual e independiente de mucha raigambre28,.

El que la propiedad privada durante el período colonial haya sido un concepto difuso, traía aparejado el hecho que el abigeato no fuese fácil de probar. En el caso del siglo XVII, la propiedad dependía más de la presencia del dueño que de la noción de lo propio. Esto se puede reflejar, según nos lo presenta Alejandra Araya, cuando alguien estimaba como de su propiedad los animales que estaban al interior de su corral, sin importar quien se arrogara la posesión de los mismos29. Ya en el siglo XVIII; y una vez pasado el auge del sebo -uno de los principales productos derivados del ganado en el siglo XVII, el valor del ganado sufrió una baja. Sin embargo, la preocupación por el robo de animales no menguó, dando cuenta que la propiedad privada se apreciaba como un bien que con mayor acuciosidad la legislación debía resguardar. Es posible que esto se haya debido a que el aumento de la población presionaba la demanda interna de alimentos, donde los productos derivados del ganado eran parte esencial de la vida material30.

A medida que grupos ligados a los hacendados se instalan en las esferas de poder, se enfatiza aquella legislación referida a la protección de la propiedad privada, redundando en la mayor proliferación de causas por abigeato, las cuales constituyen uno de los principales delitos sancionados por la justicia hasta mediados del siglo XIX (ver gráficos 5 al 7 en anexos) .

Si hacemos una comparación entre los delitos más comunes entre 1859 y 1863, es posible advertir las notables variaciones que sufrieron estos en el transcurso de ese corto período de tiempo. Así, en 1859 el mayor número de condenados fue por abigeato con un 29% del total, lo seguía el homicidio (incluido homicidio alevoso) con un 26%, mientras que el hurto simple era de un 17% y el calificado de un 6%, los que unidos sumaban un 23%. En 1861 la situación no varió mayormente, pues el abigeato seguía siendo el delito con mayor número de presos (46%), lo seguían los relacionados con los atentados contra la propiedad, robos (11%), hurto calificado (7%) y hurto simple (19%), los que en total llegaban a un 37% de los presos, el homicidio solo contaba un 3%. En 1862 estas cifras continuaron la tendencia, pues el abigeato constituyó el 32% del total de delitos sancionados y el homicidio solo un 8%, mientras que los robos (14%), el hurto calificado (5%) y el hurto simple (19%) en total contabilizaban un 38% de los presos de ese año. Si nos damos cuenta, la suma de los presos por robos y hurtos sobrepasaban el porcentaje de los abigeos encarcelados. La tendencia a la declinación del castigo por abigeato adquiere mayor notoriedad cuando drásticamente, en 1863, el porcentaje de individuos presos por dicho delito cae a un 1% (igual que el de los "homicidios"), en tanto el de "hurtos y robos" suma 32% de la población carcelaria, solo sobrepasado por aquellos que cometieron "faltas de policía", que constituían un 34% del total de presos.

Lo anterior nos lleva a sugerir lo siguiente: a) desde la segunda mitad del siglo XIX, hubo un énfasis mayor en castigar los delitos relacionados con la propiedad privada. Si bien el homicidio puede haber bajado su incidencia producto del avance de la medicina, en un período tan breve de 4 años (1859-1863) no nos parece que haya sido un factor desequilibrante. De ahí que propongamos que el acento judicial, en el período indicado, estaba dado en los crímenes contra la propiedad, ya que los delitos de abigeato, hurtos (calificado y simple) y robos mantuvieron altos niveles de encarcelados. Teniendo en cuenta lo dicho, hay que tener presente un segundo aspecto: b) en ese mismo lapso fue notoria la fuerte caída de los sujetos apresados por abigeato (29% en 1859 e incluso un 46% en 1861, a un 1% en 1863). La lectura que podemos hacer de este fenómeno es que posiblemente hubo una transformación en la tipificación del delito de abigeato y no necesariamente una baja en la comisión de este. A pesar que la ley de 7 de agosto de 1849 establecía el castigo de quienes hurtaran ganado y considerase el abigeato como un delito de particular gravedad, se pudo llegar a entender este acto dentro de los hurtos y robos, nomenclatura que posiblemente se haya privilegiado a la hora de castigar a los abigeos, por la mayoría de los jueces31.

Lo sintomático es que por vez primera aparece tipificada (y con un alto porcentaje de presos, 34%), las "faltas de policía". Este término contemplaba el conjunto de transgresiones a la ley que por ser de variada índole, quedaban absorbidas bajo este concepto. Eran contravenciones menores, propias de la vida cotidiana, en especial de los sectores populares, que no calificaban para ser consideradas crímenes. Por ello, el conjunto de estas conductas eran tipificadas como "faltas de policía", es decir, faltas que afectaban la vida cívica o política32. Esto nos revela el nuevo énfasis colocado por el Estado en el disciplinamiento y control social. Este "enderezamiento de conductas" estatal se vería reflejado en el alto número de enfrentamientos de los sectores subalternos con los agentes coercitivos estatales. De ahí, a nuestro juicio, la cifra elevada de presos por "faltas de policía". Se hacía evidente, entonces, que ciertos comportamientos de los sujetos populares chocaron con las normativas legales que procuraban ser impuestas por el Estado de manera cada vez más sistemática.

Las motivaciones de los abigeos para realizar su acción, fueron múltiples. Algunos robaron ganado para alimentarse de su carne, mientras que otros lo veían como un negocio, entre otras posibilidades. Sin desconocer lo anterior, queremos centrarnos en uno de aquellos comportamientos que habría sido considerado por la justicia estatal como abigeato, pero que a juicio de quienes los realizaron formaba parte de sus comportamientos tradicionales, los cuales se vieron paulatinamente criminalizados durante la primera mitad del siglo XIX.

Intentar penetrar en la conciencia de los sectores subalternos no es una tarea exenta de dificultades, en particular porque no es fácil encontrar registros directos de ella. Metodológicamente retomamos una idea planteada al comienzo, esto es, que la conciencia de los sectores populares se puede hacer visible a través de la insurgencia. Teniendo en cuenta esta premisa y mediante el estudio de casos, pretendemos abordar una práctica subalterna, que si bien podía contravenir la ley, era apreciada por ellos como legítima: el aparaguayamiento.

EL APARAGUAYAMIENTO

El 12 de octubre de 1848, el Comandante de Serenos, Manuel Santa María, ponía en conocimiento del Intendente de la provincia de Concepción, que había arrestado a Jerónimo Valdebenito, por haber hurtado una yunta de bueyes a don Guillermo Cuningham... y fue aprendido en el cuartel N° 4 a las 10 y media de la noche33. Jerónimo Valdebenito era natural de Penco, de oficio gañán, analfabeto y contaba 25 años de edad; o sea, era un sujeto integrante de los sectores subalternos. Lo manifestado en el parte del Comandante de Serenos era indesmentible: estaba en posesión de una yunta de bueyes que no eran de su propiedad. En el sentido estricto de la ley nos encontramos ante un ladrón de ganado, un abigeo. Este argumento legal no solo no es negado, sino refrendado por el mismo Valdebenito quien reconoció que el día once o doce de este mes [octubre de 1848] tomó una yunta de bueyes de don Guillermo Cuningham, los cuales encontró en su trigo34. Lo que podría parecer un acto de ingenuidad o de aceptación de culpabilidad de su parte, adquirió un cariz distinto al penetrar en la lógica de su discurso. El acusado si bien, como decíamos, aceptó el hecho de haber "tomado" la yunta de bueyes que encontró en su trigo, lo hizo para hacerse pago de los perjuicios causados en su siembra por parte de los animales de Guillermo Cuningham. Este último, al parecer tenía alguna posición favorecida, pues la queja que esgrimió Valdebenito en su contra fue que estaba cansado ya de repetidas reconvenciones, las que habían sido infructuosas, como también infructuosas había sido alguna reclamación al juez D. Jacinto Pinto35. El colmo de la situación habría llegado cuando Guillermo Cuningham no quiso "obedecerle" cuando Valdebenito exigía sus "derechos" e incluso lo botó... afuera del rancho de su habitación en un día tempestuoso36. El acusado, ante la imposibilidad de poder exigir lo que consideraba justo, dijo: por estos motivos y otros varios que hay... que no le quedaba otro arbitrio que aparaguayar i hacerse servir de dichos bueyes para traer a esta ciudad seis cargas de leña de canutiño para vender37.

El acto de "aparaguayar", al cual aludió el acusado, contenía una noción de legitimidad, que posibilitaba la transgresión de la ley. Era un comportamiento basado en un criterio de justicia alternativa a lo explicitado en el derecho positivo. Después de haber agotado las instancias que el sistema social y judicial le otorgaban, esto es, conversar con Guillermo Cuningham acerca del daño causado por sus animales en su sembradío y recurrir al juez para que arbitrara en su caso, Jerónimo Valdebenito recurrió a una práctica legitimada por la economía moral de la población: el aparaguayamiento. Las opciones que barajó eran: primero, hacerse pagar y, si esta no era atendida, servirse de los bueyes en la medida que pudiese subsanar el daño recibido, mediante el aparaguayamiento de ellos.

La dialéctica entre justicia-oficial-legal y la justicia-popular-legítima se produjo. El resultado: la acusación de Jerónimo Valdebenito bajo el rótulo de abigeo. A juicio de este último, su actuar no era incorrecto, su autoimagen no era la de un delincuente, decía: Que jamás he tenido ni intención de hurtar dichos bueyes. Por lo mismo, solicitó al juez que sobreseyera su causa, para ver si puede reparar los perjuicios de sus siembras, único sustento de su familia38.

Es dable pensar que el acusado podría estar utilizando una estrategia para eludir la sanción judicial, pero en el transcurso del proceso esta tesis se diluye. Uno de los testigos más relevantes de la causa fue el mismo juez de primera instancia, Jacinto Pinto, quien, incluso, fue recriminado por Jerónimo Valdebenito por su indolencia a la hora de conocer su queja contra Cuningham. En su declaración, el juez reconoció: Que es verdad la cita que hace el reo [J. Valdebenito], pues tiene muy presente que D. Guillermo Cuningham desobedeció las órdenes del declarante; asimismo, agregó: que respecto de la onrades (sic) y conducta del reo le consta que es buena39. Pascual Martínez, 26 años, analfabeto, acompañante de J. Valdebenito cuando fue apresado, expuso acerca de los animales ovejunos de propiedad de G. Cuningham, que le consta que le han hecho daño [a Valdebenito] en el trigo. Y, agregó del acusado: que siempre ha conocido por hombre honrado a Valdebenito y que no cree que haya tomado los bueyes con otro intento que para servirse dellos por el daño que le habían hecho40.

Por los testimonios presentados, queda meridianamente claro que tanto la honradez como la buena conducta del acusado no eran cuestionadas. Además, ambos declarantes concordaron en el perjuicio producido en el sembradío de Jerónimo Valdebenito, por unas ovejas que pertenecían al querellante. También se reconocía que el acusado acudió a la justicia formal para solucionar el problema y pedir un tipo de indemnización por el daño sufrido. En este caso, cuando los canales formales del sistema judicial fueron vistos como inoperantes, emergió una de las visiones alternativas de justicia de los sectores populares.

¿Qué implicaba entonces este término? La respuesta a esta pregunta hay que entenderla en el contexto de las prácticas de los sectores subalternos; de hecho, ni siquiera era bien conocida por todos los miembros de los grupos más acomodados y el sistema judicial. Así quedó reflejado en el testimonio de Felipe Jara, de 33 años, el cual su prolija manera de escribir y su condición de mayordomo con inquilinos bajo su mando, lo hacían integrante de los sectores intermedios de la sociedad penquista. Este, al ser consultado por el juez sobre el significado de "aparaguayar", ya que no lo conocía, respondió: Que el declarante entiende como comúnmente... que la palabra aparaguayar animales es usarlos por alguna vez con intención de volverlos a las tierras... y el lugar donde se han tomado, que eso es lo que cree que era la intención de Valdebenito41. El mismo F. Jara refrendó su conjetura acerca de la real motivación del acusado al tomar los bueyes del querellante, porque ya lo ha hecho otras veces su suegro [de J. Valdebenito] Cosme Jara en cuya casa vive42. La opinión de Felipe Jara es concordante con la de un testigo llamado Nicolás Michel quien, junto al primero, requisó los bueyes que habían sido encontrados en poder del acusado. En su declaración expuso: Que entiende por la palabra aparaguayar como según corriente se entiende, es decir, tomar algún animal por algunas horas y volverlo al lugar donde estaba pero sin intención de robárselo43.

Como se puede apreciar, el acto de aparaguayar era una práctica legitimada por la costumbre, tanto para quienes testificaban a favor como en contra del acusado. Juan Riquelme, analfabeto, 30 años, participó de la detención de Jerónimo Valdebenito. Si bien era un sujeto de los sectores populares, poseía una posición de poder conferida por su condición de representante de la ley. En él se daba la coexistencia entre el mundo de lo legal/estatal y de lo legítimo/tradicional, de ahí que poseyera una comprensión más clara de las conductas tradicionales en el mundo popular. Según su definición, entiende como regularmente por la expresión aparaguayar un animal, el usarlo por algunas horas y volverlo después... y que esto cree es lo que ha hecho Valdebenito, y que ha oído decir de que el suegro del reo ha hecho otras aparaguayaduras pero no con intención de hurtar pues que son vivientes arraigados en las Margaritas44. La referencia a las "Margaritas" es posible que se haya expresado en el sentido de que el acusado no era un vago o malentretenido, sino un sujeto cuya residencia fija lo colocaba dentro de los muchos minifundistas de la provincia de Concepción. Con ello se descartaba su calidad de abigeo, pues no respondía al estereotipo del mismo, esto es, un sujeto al cual no se le conocía residencia ni trabajo fijo, como generalmente era apreciado por los sectores acomodados.

El término "aparaguayar" no era un vocablo de uso común en los procesos judiciales, de ahí la utilidad de la descripción hecha sobre el mismo en el proceso mencionado. Sin embargo, es posible ir descifrando ciertas características de este comportamiento en otros procesos, que si bien no se refieren a él de manera explícita, sí se advierten variantes de esta conducta. En la causa criminal seguida a Modesto Candía por juez, si sabe algo acerca de un caballo "aparecido" en la hacienda de Juan José Ibieta, un testigo de la causa, José Santos Bórquez, respondió: que supo y vio a Candía en dos ocasiones en el potrero. Vio a Modesto Candía que andaba en el caballo. Supo en la primera ocasión que anduvo en el como seis días. Candía ocupó el caballo para ir al Arenal de río Claro, cuando llegó volvió a soltar el caballo en la misma hacienda, después supo que había ido en el mismo caballo a Yumbel y que después de esta ocasión no lo ha visto más45.

Si bien en el relato de José Santos no se utilizó el término aparaguayar, el sentido de la acción descrita nos permite afirmar que sí lo fue. En este caso el aparaguayamiento presentó una leve diferencia del realizado por Jerónimo Valde-benito, visto anteriormente. Modesto Candia no habría tomado el caballo producto de un perjuicio sufrido por el dueño de la misma, sino simplemente porque lo necesitaba ocupar. Pero el sentido primordial de la acción de aparaguayar era idéntico al descrito en el caso de Valdebenito: usar el animal por un tiempo mientras requiriera de él, para luego devolverlo al lugar de donde había sido tomado. En la economía moral de este sujeto la idea de propiedad privada se tornaba difusa de acuerdo a conceptos "modernos" del término; es decir, reconocía que el animal tenía un dueño, pero que podía ser usado sin ser solicitado a este, en caso que demandara los servicios de dicho animal.

El conflicto se produce cuando se entrecruzan los patrones de comportamiento subalterno (aparaguayamiento) con la presencia del Estado y la consecuente formación de legalidades. De esta manera, la presencia del subalterno nos permite reconocer las convergencias entre los patrones históricos/culturales y el poder. En este sentido Ileana Rodríguez propone que los patrones de representación del subalterno llevan al liberalismo a sus bordes, hacia espacios donde este se constituye en prohibiciones, ilegalidades y sin razones46. Esta situación de tensión entre los modos tradicionales/legítimos de comportamiento social y los "modernos'Vlegales instalados por el Estado republicano, no resultaba ajena a los sujetos de frontera como Modesto Candia. Esto lo deja en evidencia el relato de otro de los testigos del proceso, Lorenzo Pérez, 26 años, analfabeto. Ante la pregunta del juez en cuanto si sabía que en la hacienda de Juan José Ibieta ha habido animales aparecidos, declaró: que supo que anduvo un caballo y una yegua. Que el caballo lo fue a traer Modesto Candia, que anduvo en él y lo soltó, lo vio después el mayordomo de esta hacienda y lo reconvino porque agarró el caballo. Candia señaló que lo iba a agarrar cuando se le antojara47. La actitud desafiante de Modesto Candia es la resultante de las transformaciones que estaba sufriendo el concepto de propiedad en la sociedad penquista decimonónica. Insistimos en que la actitud de Candia no niega la propiedad, sino que la entiende en un sentido más comunitario. Podríamos hablar de una propiedad privada con un tinte colectivo, correspondiente al Chile tradicional, y una propiedad privada de rasgos exclusivos (y excluyen tes), en un naciente Chile republicano liberal.

Cabe preguntarse ¿qué sector de la sociedad exigía con tanto ahínco el modo "moderno" de propiedad? La respuesta parece obvia: los propietarios. Entonces aquí habría que reformular la pregunta: ¿Qué propietarios? Este cuestionamiento no nos parece inútil ya que en ambos casos trabajados, relacionados con aparagua-yamiento, los querellantes fueron miembros de los sectores acomodados: en el proceso contra Jerónimo Valdebenito el afectado fue don Guillermo Cuningham y, contra Modesto Candía, fue el hacendado Juan José Ibieta. En tanto, el mayor número de propietarios de la provincia de Concepción eran minifundistas (87,4%) los que, como dijimos, producto de sus pequeños predios ganaban en promedio, hacia 1833, 25 pesos al año, en tanto el tramo siguiente de propietarios ganaba como promedio 205 pesos al año. Hasta donde hemos podido estudiar, no hemos encontrado denuncias por aparaguayamiento en propietarios de los sectores subalternos, lo que nos lleva a suponer que si bien pudo haberse dado casos entre estos propietarios, esta sería una conducta aceptada por la mayoría de ellos.

En términos amplios, estaríamos en presencia de dos estilos de propietarios con contenidos culturales y posiciones de poder distintas. Habría una cultura que R. Guha ha denominado "antropológica", y una cultura estatal. La convergencia de estos patrones de representación subalterna con los intereses de los sectores elita-rios darían como resultante una situación conflictiva, de la cual tendrían conciencia los actores sociales involucrados. En este contexto, el aparaguayamiento se nos presenta como una de las reminiscencias de ciertos modos de comportamiento de una sociedad de frontera de la época colonial. La cultura de esta sociedad de frontera habría entendido la propiedad privada en el sentido descrito anteriormente, es decir, semicomunitaria. Tanto los pequeños propietarios como la población trashumante habrían participado de una economía moral similar. El perfil de los acusados en los procesos en comento nos permite afirmar lo dicho, ya que Jerónimo Valdebenito era un pequeño propietario, en tanto Modesto Candía era un típico "vagabundo y malentretenido". Ambos creían que el uso de los animales "tomados" respondía a un acto legítimo. La diferencia que se produjo entre ellos fue que Valdebenito recurrió a las autoridades judiciales antes de optar por los criterios de justicia tradicionales, otorgándole con ello una cierta legitimidad al Estado; en tanto Candía derechamente utilizaba los animales cuando lo consideraba necesario. Esta sutil diferencia nos permite inferir que a medida que se va consolidando la cultura estatal/legal, los patrones de comportamiento de los sectores subalternos se van replegando a espacios de microasociatividad, legitimando con ello la legalidad impuesta. Esta es una concesión de los sectores subalternos al Estado. Sin embargo, esta concesión no implicaba una renuncia a los contenidos propios de la cultura subalterna, sino que estos quedarían en un estado de latencia, emergiendo cuando las condiciones estatales pudieran ser vistas como ilegítimas y perjudiciales, o bien manteniendo su vigencia en los espacios de sociabilidad popular.

La situación de Modesto Candía es diferente. Este hombre responde a otro perfil, con rasgos más antagónicos al poder estatal que se intenta imponer. Es un sujeto de frontera que al no tener propiedades, ni vínculos de dependencia estables en el tiempo, puede mantener y manifestar una actitud confrontacional respecto a aquellas personas o normativas que no considera legítimas o convenientes. Lo expuesto no sostiene una situación anémica en la región de frontera, sino más bien que las normativas por las cuales se regiría en momentos la población, formarían parte de la cultura tradicional/subalterna. Respecto a Modesto Candía, el testigo José Santos se refirió de la siguiente manera: que lo ha conocido como hombre ambulante, que no tiene paradero y que no ha trabajado ni en lo propio ni en lo ajeno, que el único trabajo en que lo ha visto ha sido el de jugador... Siempre lo ha conocido como hombre sospechoso. Vive en este pueblo y solo se encuentra por temporadas y que no sabe cuándo se va y cuándo llega48,. Por su parte, otro testigo, Lorenzo Pérez, afirma conocer a Candía, como jugador y como persona ambulante. Desde que lo conoce no lo ha visto trabajar en trabajo propio ni ajeno. Aparece por temporadas sin saber de dónde llega ni adonde va.

Esta descripción hecha de Modesto Candía responde al perfil común de quienes fueron acusados de abigeato: actitud desafiante y atentatoria al orden49, sujetos poco juiciosos50, pero, principalmente, resalta el hecho de que hayan sido vistos tanto por las autoridades como por sectores más favorecidos de la sociedad como personas sin ocupación51. En el proceso, por hurto, seguido contra Jesús Caviedes, el defensor, José María Palacios, señaló que su defendido no era un ladrón de profesión y, como atenuante, recurrió al estereotipo que se tenía de los sujetos subalternos por parte de las elites: no se encuentra en esta clases los deberes, principios ni los sentimientos de moralidad, delicadeza y otras cualidades que guardan los hombres honrados y aun de mediana razón. Esto no puede encontrarse en un miserable gañán que aún no conoce la ley natural cercado de la más horrorosa miseria52.

Cuando se "escuchan" las voces de los acusados, la visión anterior varía. Ellos no se veían como vagos, deshonestos e insensatos. Modesto Candía, al referirse a su persona, dijo ser natural del Departamento de Cauquenes, de más de 25 años de ejercicio ambulante53. Tal como Modesto Candía, en sus declaraciones los acusados de hurtos y abigeato expresaron tener alguna ocupación, la mayor de las veces eran la de gañán54 y labrador55, pero también se contaban las de herrero56, sirviente de hacienda57, entre otros. Un órgano de oficial como el "Anuario Estadístico", al informar del movimiento penitenciario hacia 1861, indicaba que en las cárceles de Concepción, en los criminales hombres, ocupan el primer lugar los gañanes58. Este dato concuerda plenamente con el ofrecido para las cárceles de Arauco, donde se presentó el siguiente informe: En los delitos, el abijeato (sic) ocupa el primer lugar i forma el 45 por ciento del total de delincuentes... En las profesiones, los gañanes tienen un lugar preferente por su cantidad, 41 por ciento, luego los agricultores 37 por ciento59. Este último dato no es menor, pues si el gañán es un trabajador agrícola, la diferencia que se hace entre él y el agricultor sería en que este último quizás haya pertenecido al numeroso número de minifundistas de la región. De todos modos, es nuestro interés destacar el vínculo estrecho entre quienes realizaban labores agrícolas y el delito en estudio.

Hay que considerar que los calificativos de gañán y labrador eran utilizados de manera indistinta por quienes asumían esas labores e implicaban realizar funciones agrícolas sin un mayor arraigo ni a la tierra y, por consecuencia, a la autoridad que ejercía dominio sobre ella. Los vínculos de dependencia social se tornaban más laxos en este tipo de personas, ya que no estaban sujetos a una autoridad patronal exclusiva y permanente. El desarraigo a un territorio específico se puede observar en los constantes cambio de domicilio de los "gañanes" y "labradores". Localidades como Los Angeles, Chillan, Puchacay, Perquilauquén, Arauco, San Carlos, Santiago, Yumbel, entre otras, eran frecuentemente nombradas tanto por los acusados de hurtos y abigeato como por sus cómplices. Por ello, las referencias a Modesto Candía de ser conocido como "hombre ambulante, que no tiene paradero y que no ha trabajado ni en lo propio ni en lo ajeno", apareciendo por "temporadas sin saber de dónde llega ni adonde va", eran características comunes en sujetos que hemos calificado de "frontera".

El hablar de un "sujeto" de frontera conlleva la posesión de una conciencia por parte de este, cuyos contenidos culturales, en ocasiones, como por ejemplo las que estamos reseñando, entraron en conflicto con la construcción estatal. Los rasgos de "ambulante" y "sin ocupación permanente" eran inherentes a parte del campesinado de frontera lo que sumado a la visión semicomunitaria de la propiedad privada llevaron a la criminalización de estas conductas por parte del Estado republicano. La "Ley de Hurto de Animales de 22 de julio de 1837", es la muestra tangible de lo expuesto. Fue la primera ley patria que trató de manera específica el delito de abigeato, estableciendo en su artículo sexto una referencia explícita a la transformación de las conductas que se consideraban propiciadoras de esta ilegalidad: Todo el que fuere condenado por el delito de que habla la presente ley -abigeato-, sufrirá también la pena de quedar puesto por uno o cinco años, después de sufrir el castigo corporal, bajo la vigilancia de las autoridades en general, o bajo la especial vigilancia del Inspector, Subdelegado u otra cualquiera autoridad que determinadamente señalare el juez. El condenado a esta pena es obligado, durante el tiempo de su condenación, a presentarse ante la autoridad que vigila su conducta, en las épocas que esta le prescribiere, a no salir sin su permiso del lugar de su residencia, a darle cuenta de su ocupación y destino en la forma que dicha autoridad le demandare; y a rendir fianza de buena conducta por un tiempo determinado, siempre que dicha autoridad lo exigiere60. La fijación territorial y el trabajo compulsivo eran los dos elementos por los cuales la autoridad pensaba que se transformarían las "conductas nocivas" de los sujetos de frontera. La idea de "ley panacea" se concretiza a través de la vigilancia que el Estado debía realizar mediante las autoridades designadas para ello. Si bien no es el objeto del presente estudio, solo diremos que tal sistema de control social no fue lo férreo y riguroso que se esperaba61, así lo resume un corresponsal de la época: Los males se palpan, mientras tanto no hai una cárcel segura para penitenciarios. Más de una vez han hecho su fuga los que alguna vez se han podido aprehender, burlando de este modo la vigilancia de los jueces, la severidad de las leyes, y continuando su oficio con mayor empeño62.

La sociedad fronteriza generó una cultura cuya economía moral se habría nutrido de una relación simbiótica principalmente entre los criollos/mestizos y los mapuches. Los sectores subalternos fueron actores privilegiados en los intercambios culturales producidos, en especial aquellos sujetos que tenían contactos comerciales de tipo ganadero con los mapuches. Los abigeos, en especial aquellos que hurtaban o robaban ganados preferentemente para negociar con ellos, estaban proclives a recibir la influencia de los vecinos del sur. El reporte periodístico citado lo describe así: El contacto en que está con los araucanos, ofrece a toda clase de malhechores la facilidad de ejercer a las mil maravillas sus diversas profesiones, teniendo allí un seguro asilo de todas sus maldades, sin temor de que el rigor de las leyes caiga sobre ellos... Los robos de animales se han hecho prodigiosos de algún tiempo a esta parte... Roban aquí, y el cambio con nuestros vecinos, que también son versados en el arte, es seguro y con ganancia63. Esta descripción hecha por el corresponsal de Nacimiento, coincidió plenamente con la presentada por su correspondiente de Los Angeles, quien dijo: Cerca de ochenta -presos-existían el otro día en la cárcel: los más encausados por abijeato (sic); porque, eso si, lo bueno que tenemos, es que no somos ladrones declarados, sino rateros de profesión, cuya madriguera existe en el otro lado del Biobío64. La referencia al "otro lado del Biobío" trata del territorio de predominio mapuche, donde el contacto comercial entre estos y la población mestiza era de larga data. La presencia indígena incluso favoreció la existencia del minifundio, debido al temor de algunos hacendados para establecerse en estos territorios, pues los levantamientos mapuches les podrían significar cuantiosas pérdidas económicas65. Algunos de los productos que se comerciaban quedaron descritos en el siguiente informe: Las negociaciones que estos reinos tiene son con los indios que llaman de llanos, y con los pehuenches, que unos y otros salen en tropillas para el verano. De los primeros saldrán un año con otros 300; traen ponchos y loza de barro muy rica, que cambian por granos y ganado... De los pehuenches saldrán 200, con más de 400 fanegas de sal y mucha loza de madera, que cambian por trigo, cebada y otros granos, principalmente por yeguas, que es la carne más delicada para ellos66. En la cita anterior puede verse cómo el ganado -en particular, el caballar- era, durante el período colonial, uno de los bienes preciados en el tráfico comercial en esta región fronteriza, cuya extensión e influencia comprendía un territorio que iba, incluso, allende la cordillera67.

El contacto fluido entre la sociedad criolla y la mapuche tiene como resultante una cultura híbrida, en el sentido dado por García Canclini, quien entiende por hibridación, los procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas68,. El hecho que la sociedad criolla/mestiza de frontera, en particular los sectores subalternos, haya presentado mayor facilidad para recibir la influencia de la cultura mapuche se puede haber debido a que ella misma era producto de un largo proceso de mestizaje, ya desde la península ibérica. Por lo mismo, no era difícil asimilar aspectos culturales provenientes de otros grupos humanos.

El sujeto popular de frontera, entonces, forma parte de esta cultura híbrida, que a su vez informa sus prácticas socioculturales. Nos parece que el aparaguayamiento sería una muestra de lo que hemos venido diciendo ya que no era una conducta excepcional, a pesar de no aparecer con relativa frecuencia en los procesos judiciales denominado de manera explícita. Una vez que se ha entendido el sentido de dicha práctica, resulta reconocible su presencia en muchas de las declaraciones de los acusados y testigos. Inocencio Chavaría, acusado de hurto, declaró que: Tomó la yegua y la potranca aparecidas con el objeto de hacer un viaje y que se hizo acompañar de dos caballos más... La yegua la usó por tres días y la volvió a dejar en el mismo lugar de donde la había tomado69. Cabe destacar, que en su declaración informó al juez que esta acción no era extraña, ya que una autoridad había hecho lo mismo: La época en que tomó los animales, el inspector Agustín Villagrán había tomado también los animales y los había devuelto a sus dueños70. Marcos Candía, conocido como abigeo y desertor, oriundo de Yungay, reconoció que: Ha estado preso por aparaguayar un caballo71. Acto seguido indicó que además había sufrido la misma sanción, otra vez por haberle robado una vaca a Alejandro Sandoval. Marcos Candía era, según el fiscal de la causa, un ladrón afanado, podría entonces haber admitido que robó o hurtó el caballo, pero no, el calificó ese acto de "apara-guayar", diferenciándolo del robo de la vaca. Otro caso donde se puede apreciar el aparaguayamiento de un animal es el de Antonio Mayorinca, acusado de hurto de un caballo. El mayordomo de la hacienda donde trabajaba el acusado dijo: Conoce a Mayorinca hace dos años como sirviente de la hacienda de Domingo Ocampo de que es mayordomo el exponente y que no ha visto en él la menor falta a no ser el beber en exceso en algunas ocasiones, pero en general es honrado. Que continuamente lo empleaba en mandados tomando para esto el caballo del potrero. Que el caballo que ha tomado de la hacienda no con el objeto de hurtarlo sino que para utilizarlo por un momento para ir a buscar un ternero que tenía en Nonquén a petición de su madre, abusando de la confianza del exponente72.

Casos como los anteriores se repiten, donde sujetos honrados (y otros no tanto), habían "tomado" ganado mayor, caballar o vacuno, para utilizarlo y luego devolverlo a su dueño. En ocasiones, al no poder devolver los mismos animales, se sustituían por otros con características similares. Lo anterior puede observarse en el proceso por hurto de cuatro terneros, seguido contra Pedro Cabezas, de 40 años, natural de Rere, casado, de oficio "Baquero" (sic), aunque también afirma ser "labrador". En su confesión, el acusado sostuvo que: tomó una ternera del año de su patrón Don José María Rodríguez sin su consentimiento i la emprestó... otra ternera la emprestó a Domingo Contreras73, entre otros sujetos cuyos nombres no recuerda. Y, agrega, que desea que quede claro en el proceso: que no dijo que se había robado los terneros. Si bien reconoció que los animales eran de su patrón, afirmó en declaración del 21 de abril de 1849, que ya a devuelto por esas dos terneras, dos muías74. Por lo visto, él consideraba como justo, para solucionar el pleito, el hecho de devolver las terneras, pero como no estaban físicamente podían ser sustituidas por otros animales, en este caso, muías.

Aunque es valiosa la autoimagen del querellado, para nuestro estudio resulta de suyo importante un escrito, presentado casi al final del extenso expediente, por Virginio Sanhueza, agente fiscal. Este si bien señaló que Pedro Cabezas hurtó los cuatro terneros, entregó luego al juez el análisis siguiente: No obstante y considerando lo que expuso en sus respectivas declaraciones y que acaso no hubo tenido una verdadera intención de delinquir, al menos respecto de algunos de los animales hurtados, sino que ha usado de ellos Pedro Cabezas con la intención de devolverlos estos a sus respectivos dueños75. Sin indicar el término "aparaguayar", podemos darnos cuenta de que lo que el agente fiscal estaba describiendo era esa conducta. Lo novedoso de su descripción fue lo que sugirió a renglón seguido; ya que, al considerar la posibilidad que Cabezas haya tomado los animales "con la intención de devolverlos a sus respectivos dueños", lo hizo sobre la base siguiente: cuyo sistema se encuentra demaciado generalizado por desgracia, entre los baqe-ros, sin que crean cometer un delito (sic)76. Según esto, la práctica del aparaguaya-miento era un comportamiento conocido y reconocido por los sectores subalternos relacionados con el mundo agrario, o sea, la mayoría de la población. La afirmación del fiscal Virginio Sanhueza hecha el 19 de junio de 1849, nos ayuda a reconocer un comportamiento al cual se le adjudicaba legitimidad en la cultura fronteriza. Incluso él, cuya función era otorgar los elementos probatorios contra el acusado, no estaba seguro si debía considerarse abigeato la acción de Pedro Cabezas, ya que este último solo mantenía un comportamiento que en su economía moral no creía delito. Finalmente la sentencia del juez dirimió la cuestión, ya que legalmente se consideró delito lo realizado por el acusado, por ello se le sentenció a dos años de presidio. Así, se criminalizaba una conducta considerada legítima por Pedro Cabezas y los miembros de su grupo social.

Si le conferimos autoridad a las palabras del fiscal Sanhueza y adjudicamos como aparaguayamiento las acciones presentadas en los expedientes anteriores, entonces, la práctica del aparaguay amiento parece haber sido una conducta generalizada en los sectores subalternos de la provincia de Concepción.

Pero ¿de donde provenía esta conducta? ¿Dónde se enraizaba? Al respecto podemos sugerir una respuesta basada en la información obtenida del proceso de Pedro Peña. Este era un sujeto de 60 años, labrador y analfabeto. Al parecer tenía contactos con la comunidad mapuche, ya que fueron "los indios" quienes presentaron una querella en su contra por el hurto de unos bueyes. Durante el proceso, todos los testigos, sin excepción, avalaron la honestidad del acusado; frases como: que Peña es honrado y bastante anciano; Siempre se ha manejado con honradez-, se mezclaban con las de: Es ignorante y de inteligencia ruda77. A diferencia del caso anterior, ahora es el Defensor quien nos permite obtener una información que nos ayuda a responder las preguntas formuladas un poco más arriba. Junto con indicar que Peña es honesto sugiere que el que haya tomado los bueyes se debió a que siguió la misma costumbre de los indios, actuando de buena fe debido a su ignorancia78,. La cercanía con el mundo mapuche habría proveído al anciano Pedro Peña de parte de los contenidos culturales que poseía. La supuesta ignorancia que se le atribuía era, desde otro punto de vista, la expresión de lo arraigados que estaban en su mentalidad los comportamientos de una cultura híbrida generada a partir del contacto fronterizo criollo/mestizo-mapuche. El Defensor sostuvo que su ancianidad, su probada honradez y la costumbre de los indios que imitó79, lo llevaron a "delinquir". Pero, en la mente de Peña no habría estado la idea de haber cometido algún delito. Por el contrario, él mismo no ocultó los bueyes tomados de los mapuches querellantes, e incluso dejó dicho que: si preguntaban por los bueyes que les dijeran que él los había tomado80.

CONCLUSIONES

Al concluir este trabajo, nos parece oportuno enfatizar los siguientes puntos:

1. Las transformaciones políticas ocurridas en Chile durante la primera mitad del siglo XIX, implicaron la necesidad de estructurar un Estado en torno a nuevos discursos de poder emanados de las, también, nuevas realidades económicas y sociales. La clase dirigente, tanto liberal como conservadora, en su afán de organizar la República, recurrieron a la legalidad para este fin. De esta manera, ciertos comportamientos de los sectores subalternos, que no concordaban con los modelos impuestos por las elites gobernantes, llegaron a ser vistos como fuera de la ley. La práctica del aparaguay amiento, es un ejemplo de las conductas que fueron criminalizadas por el Estado, en base a las nuevas nociones de propiedad privada y al disciplinamiento social que se intentaba imponer.
2. El estudio del aparaguay amiento no solo nos ayuda a la comprensión de la formación de ilegalidades, sino también nos permite, en parte, escudriñar en la consciencia de los subalternos y apreciar sus visiones alternativas de justicia. La dialéctica entre los patrones de comportamiento subalterno (legítimo/tradicional) y de las elites gobernantes (legal/moderno), forma parte del funcionamiento de la sociedad penquista. Si bien estas dos nociones aparecían confrontadas, no es menos cierto que paulatinamente la sociedad civil fue concediendo al Estado la construcción de hegemonías, entendida como aquel consenso, cuya función es narrar la unidad de la gente alrededor del concepto de Estado. En palabras de Ranajit Guha, la hegemonía sería un acuerdo de los sujetos populares con y dentro del Estado81. Sin embargo, hay que precisar que la construcción de hegemonías por parte del Estado no significó la desaparición de la economía moral de los sectores subalternos, la cual informaba sus acciones en la cotidianeidad, echando mano de ella cuando se consideraba conveniente. En ocasiones, como el caso del tema de este estudio, esta economía moral contravenía las normativas emanadas del Estado, de ahí la criminalización de las prácticas y las consecuentes situaciones de conflicto social. Por tanto, la hegemonía no implica la destrucción o desaparición de las diferencias, sino que es la construcción de la voluntad común por medio de las diferencias82.
3. La práctica del aparaguayamiento se circunscribe en el contexto de una sociedad de frontera y la conformación de una cultura híbrida, donde aspectos provenientes del mundo indígena se entremezclan en una relación simbiótica con otros provenientes de la cultura criolla/mestiza. Este proceso de hibridación se aprecia con mayor claridad en los sectores populares, los cuales habrían mantenido un contacto más o menos fluido con el mundo mapuche que estaba en la ribera sur del río Biobío y también con la geografía sociocultural pampeana, al otro lado de la cordillera de los Andes. En esta realidad socio-espacial, el sujeto de frontera, al vivir en los márgenes territoriales del control estatal, presentó una mayor autonomía en su comportamiento respecto a los vínculos de dependencia existentes. Esto mismo permitió la pervivencia de prácticas como el aparaguayamiento, que a medida que se consolidaba el poder central del Estado y los grupos de poder que lo regían, fueron engrosando el número de ilegalidades contenidas en la legislación republicana.

 

ANEXOS








 

NOTAS

Fecha de recepción: marzo 2007 Fecha de aceptación: septiembre 2007

** Este artículo forma parte de un tema más amplio titulado: "Formas de rebeldía popular en una sociedad agraria: hurtos y abigeato en la Provincia de Concepción, 1820-1875", el cual se circunscribe en el Proyecto FONDECYT N° 1051118 (2005-6).

1 Richard W. Slatta, "Rural Criminality and Social Conflict in Nineteenth-Century Buenos Aires Province". En: Hispanic American Historical Review, Duke University Press, 1980, 450-472.        [ Links ]

2 Ibid., 450-452.

3 Ranajit Guha, La voces de la historia. Barcelona, Crítica, 2002, 98.        [ Links ]

4 Edward Palmer Thompson, Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedadpreindustrial. Barcelona, Crítica, 1989, 65-66.        [ Links ]

5 Edwin Williamson, The Penguin History of Latin America. England, Penguin Books, 1992, 204.        [ Links ]

6 Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche: nuestra frágil fortaleza histórica, Argentina, Ariel, 1997,50-51.        [ Links ]

7 Gabriel Salazar, et al., Historia contemporánea de Chile. Tomo I. Santiago, LOM, 1999, 33.        [ Links ]

8 Ibíd. 184.

9 Como muestra de las diversas interpretaciones existentes acerca de este período, ver: Alberto Edwards, La fronda aristocrática. Santiago, Editorial del Pacífico, 1976, 45-49;         [ Links ] y, Sergio Villalobos, Portales. Una falsificación histórica. Santiago, Editorial Universitaria, 2005, 65-71.        [ Links ]

10 Cfr.: Simon Collier, Chile. La construcción de una República, 1830-1865. Política e Ideas. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, 35.        [ Links ]

11 Mauricio Rojas G., "Aspectos económicos relacionados con el delito de abigeato en la próvida de Concepción, 1820-1850". Cuadernos de Historia, N° 26. Santiago, Universidad de Chile, 2007. 35-36.        [ Links ]

12 "Hacia 1840, los pequeños propietarios de la provincia de Concepción recibieron de los comerciantes usureros adelantos en bienes que pagaron con los productos de su cosecha, tasados a precios inferiores a los precios reales". Marcello Carmagnani, Los mecanismos de la vida económica en una sociedad colonial. Chile, 1680-1830. Santiago, Dibam, 2001, 304.        [ Links ]

13 En Chile, aunque fueron escasas, se aplicaron algunas normas emanadas de bandos de Gobernadores y Corregidores, Auto Acordados de las Audiencias y Ordenanzas del Cabildo, destacando las Ordenanzas de Policía dictadas por el Gobernador Agustín de Jáuregui y Aldecoa, en 1773. Sin embargo, fue la ley 19 del Título 14, Partida Séptima, la que es más explícita sobre el tema del abigeato. Alamiro de Ávila anota como legislación relacionada con el abigeato: el Fuero Juzgo, Libro VII, Título 2°, ley 23; el Fuero Viejo de Castilla, Ley II, Título 3° (f. 4°); Leyes de Estilo, 76; Fuero Real, Libro IV, Título 13, leyes 3 y 10; y, Novísima Recopilación Libro XII, Título 15, ley 11. Alamiro de Ávila Martel, Esquema del derecho penal indiano. Colección de estudios y documentos para la historia del derecho chileno, Sección segunda: estudios institucionales, III, Santiago: Talleres gráficos "El Chileno", 1941, 54.         [ Links ] Además, Cfr.: Diego Fernández U., Vida jurídica practica contenida en los archivos de escribanos del siglo XVIII. Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 1989, 7.        [ Links ]

14 Antonio Xavier Pérez y López, a fines del siglo XVIII, confecciona un listado de la legislación aplicable en España e Indias, allí indica que las leyes referidas al abigeato eran: la Ley 19, del Título 14 de la Partida Séptima (que fue la más usada en materia penal y civil); el Digesto Libro 47, Título 14, Ley 3; el Corpus Juris Civilis Libro 9, Título 37, Ley 1; y, la Ley de Estilo 76. Antonio Xavier Pérez y López, Teatro de la Legislación Universal de España e Indias. Madrid, 1791, 19.         [ Links ] Citado en: Ibíd, 12.

15 El Correo del Sur, Año III, N° 107, 18 de noviembre de 1852.        [ Links ]

16 Las lanas también parece que están en demanda, y se cree probable que sus precios suban más todavía. En las legumbres y otros productos se nota escasez. Concepción, por lo que respecta a manutención, no tendrá luego nada que envidiar a Valparaíso o Copiapó en carestía. Se han vendido este año hasta tres huevos por medio real, un vaso de leche por el mismo precio, gallinas a 3 y 4 reales, mantequilla a 3 y medio y 4 reales también; y si a esto se agrega la escasez de otros muchos artículos y últimamente el precio subido de la carne... No nos encargaríamos de explicar estas rarezas, y mucho más cuando no vemos el aumento del consumo en un grado elevado, y la producción por el contrario cada día mayor. Ibíd.

17 Algunos precios corrientes de Valparaíso eran los siguientes: En Valparaíso, al 30 de noviembre de 1852, el quintal de charqui costaba 10 pesos; el quintal de lana blanca sucia común, 10 pesos; el quintal de lana blanca merino, 12.50 pesos. "El Correo del Sur", 11 de diciembre de 1852.         [ Links ] En la localidad de Rafael, provincia de Concepción, al 30 de enero de 1853, los bueyes gordos valían 25 pesos; los bueyes "regulares" (sic), 22 pesos; los novillos "regulares", 20 pesos; las vacas, 17 pesos. "El Correo del Sur", 12 de febrero de 1853.         [ Links ] Estos precios se habrían mantenido gran parte de 1853, salvo un alza sufrida por la lana merino, tal como puede verse en los siguientes precios puestos en Valparaíso: a) el quintal de charqui, 10 pesos; b) el quintal de lana blanca sucia común, 10, 50 pesos el quintal; c) el quintal de lana merino, 16 pesos. "El Correo del Sur", 13 de septiembre de 1853.        [ Links ]

18 Ileana Rodríguez, Hegemonía y dominio: subalternidad, un significado flotante. En: Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta, "Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate. México, Miguel Ángel Porrúa, 1998.        [ Links ]

19 Ibíd.,6.

20 Pierre Bordieu, Poder, derecho y clases sociales. España, Editorial Desclée de Brouwer, S.A., 2001,88.        [ Links ]

21 Ibíd., 92-93.

22 Para una visión general de este aspecto, ver: Ernest Renán, La invención de la nación. En: Alvaro Fernández (comp.), La invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha. Buenos Aires, Manantial, 2000, 53-56;         [ Links ] para el caso chileno, Cfr.: Leonardo León, Reclutas forzados y desertores de la patria: el bajo pueblo chileno en la Guerra de Independencia, 1810-1814. En: Historia. 35. Santiago. Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2002,251-297.        [ Links ]

23 Pierre Bourdieu, ob. cit., 94.

24 Carmen Vivanco, Bandolerismo colonial peruano. 1760-1810. En: Carlos Aguirre y Charles Walker, Bandoleros, abigeos y montoneros. Perú, Instituto de Apoyo Agrario y Pasado & Presente, 1990,27.        [ Links ]

25 Si bien Guha estudia la dominación británica (Raj) en la India, sus postulados pueden ser orientadores en cuanto a la construcción de discursos hegemónicos, de ahí la consideración que hacemos de él

26 Ranajit Guha, La voces de la historia. Barcelona, Crítica, 2002, 20.        [ Links ]

27 Cfr.: Sergio Villalobos y Cristian Rodríguez, "El espacio rural Longaví-Ñuble. 1737". Cuadernos de Historia, Santiago, Universidad de Chile, N° 17, 1997, 105-144.         [ Links ] Mario Góngora del Campo, Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile (siglos XVII a XIX). En: Mario Góngora, Estudios de historia de las ideas y de historia social. Santiago, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1980, 341-391.         [ Links ] Fernando Campos Harriet, Historia de Concepción, 1550-1988. Santiago, Editorial Universitaria, 1989,75.        [ Links ]

28 José Bengoa, Historia social de la agricultura chilena. Tomo I. El poder y la subordinación. Santiago, SUR, 1990, 104-105.        [ Links ]

29 Alejandra Araya, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile Colonial. Santiago, DIBAM-LOM, 1999, 113.        [ Links ]

30 Ibid., 115.

31 Nos lleva a sostener esta posición el hecho que nueve años después se discutió en el seno de la Comisión Redactora del Código Penal, si el abigeato era robo o merecía un trato especial. En la sesión 92 de dicha Comisión, los señores Ibáñez y Gandarillas, no creían necesario considerar el Abigeato como un delito especial distinto del robo i del hurto (sic); en tanto el señor Reyes, hizo presente que había pedido la mención especial del Abigeato, para que, considerándole como un delito distinto, digno de mayor pena que el robo o hurto simple, puedan aplicársele también las circunstancias agravantes que concurran. Actas de las sesiones de la comisión redactora del código penal chileno. En: Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Código penal de la República de Chile. Valparaíso, EDEVAL, 1974, 172. Cfr.: Diego J. Fernández, ob. cit., 19.

32 Al respecto, agradezco la gentileza y generosidad de los académicos don Alejandro Guzmán Brito y don Antonio Dougnac Rodríguez, por la ayuda prestada a la comprensión del término.

33 AJC.,Leg. 56, pieza 4 A, 1848.

34 Ibíd.

35 Ibíd.

36 Ibíd.

37 Ibíd.

38 Ibíd.

39 Ibíd.

40 Ibíd.

hurto de animales se aprecia lo dicho. Ante la pregunta del

41 Ibíd.

42 Ibíd.

43 Ibíd.

44 Ibíd.

45 AJC, Leg. 75, pieza 1, 1847-1848.

46 Ileana Rodríguez, Hegemonía y dominio: subalternidad, un significado flotante. En: Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta, Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalization en debate. México, Miguel Ángel Porrúa, 1998, 5.        [ Links ]

47 AJC, Leg. 75, pieza 1, 1847-1848.

48 Ibíd.

49 A modo de ejemplo, en otros procesos aparecen calificativos como: Fermín Ferrada es uno de los peores hombres: ladrón, escandaloso (AJC, Leg. 59, pieza 12, 1830-1832). De José María González se dijo estaba preso por ebriedad y por atropellamiento a la justicia. Acerca del mismo sujeto, su defensor Virginio Sanhueza, da como atenuante de la conducta de González su falta de educación y que se guía por el mal ejemplo de algunos de su clase (AJC, Leg. 59, pieza 10, 1844-1848). De Marcos Candia se declaró que es imposible dar a conocer todos los hurtos y perjuicios que ha cometido... ha sido ladrón toda su vida... y que sabe que es ladrón sin ninguna enmienda (AJC, Leg. 75, pieza 3, 1842-1847). Casos como los mencionados son mayoritarios a la hora de describir a los acusados de abigeato

50 De Pedro Peña, acusado por hurto, la mayor parte de los testimonios indicaban que era ignorante y de inteligencia ruda. AJC, Leg. 64, pieza 5.

51 Por ejemplo en el proceso seguido a José María Carrasco se dijo de él: es hombre perjudicial y que deben recoger estos individuos ociosos y vagabundos, los cuales no deben volver a estos distritos. AJC, Leg. 74. pieza 11, 1835.

52 AJC. Leg, 74, pieza 18, 1837.

53 AJC, Leg. 75, pieza 1, 1847-1848.

54 AJC, Leg. 74, pieza 2, 1849; AJC, Leg. 57, pieza 10, 1849-1851.

55 AJC, Leg. 68, pieza 6, 1851; AJC. Leg. 75, pieza 3, 1842-1847.

56 AJC, Leg. 67, pieza 4, 1847; AJC, Leg. 55, pieza 5, 1849-1850.

57 AJC, Leg. Leg. 79, pieza 4, 1847-1848.

58 Anuario Estadístico de la República de Chile. Tomo I, 1861, 8.        [ Links ]

59 Ibíd.

60 Diego Fernández, ob. cit., 15.

61 Una situación similar habría ocurrido en la Patagonia argentina, otra zona límite. Al respecto ver el trabajo de Ernesto Bohoslavsky, Sobre los límites del control social. Estado, historia y política en la periferia argentina (1890-1930), en: María Di Liscia y Ernesto Bohoslavsky (Eds.), Instituciones y formas de control social en América Latina. 1840-1940. Argentina, Prometeo Libros. 2005, 49-72.        [ Links ]

62 El Correo del Sur, 6 de septiembre de 1853.        [ Links ]

63 Ibíd.

64 El Correo del Sur, 1 de septiembre de 1853.        [ Links ]

65 En relatos llegados del fuerte San Antonio de Talcamávida (cerca de la actual Santa Juana), a fines del siglo XVIII, se lee: Hubiera muchas grandes haciendas si no fuera por el recelo a los indios bárbaros que tienen por vecinos a seis leguas, con diferentes salidas; y los ejemplos de que siempre que les da la gana de alborotarse pierden sus bienes porque es menester abandonarlas. En: Francisco de Solano (Ed.), Relaciones geográficas del Reino de Chile. 1756. Santiago de Chile, Universidad Internacional SEK, 1995, 228.

66 Ibíd.

67 Para profundizar sobre este tema ver: Leonardo León y Sergio Villalobos, Tipos humanos y espacios de sociabilidad en la frontera mapuche de Argentina y Chile, 1800-1900. Propuesta de investigación. En: Leonardo León, et al., Araucanía: la frontera mestiza, siglo XIX. Santiago, Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, 2004, 23-62.         [ Links ] Además: Sergio Villalobos, Relaciones fronterizas en la Araucanía. Santiago, 1992;         [ Links ] Leonardo León, Los señores de la Cordillera y las Pampas: Los pehuenches de Malalhue, 1770-1800. Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2005.        [ Links ]

68 Si bien este autor utiliza este concepto para referirse a la modernidad en América Latina, nos parece útil como categoría de análisis para nuestro estudio. Néstor García Canclini, Culturas híbridas. Buenos Aires, Paidós, 2005, 14.        [ Links ]

69 AJC, Leg. 57, pieza 10, 1849-1851.

70 Ibíd.

71 AJC, Leg. 75, pieza 3, 1842-1847.

72 AJC., Leg. 79, pieza 4, 1847-1848.

73 AJC., Leg. 55, pieza 5, 1849-1850.

74 Ibíd.

75 Ibíd.

76 Ibíd.

77 AJC.,Leg. 64, pieza 5, 1849-1850.

78 Ibíd.

79 Ibíd.

80 Ibíd.

81 Ileana Rodríguez, ob. cit., 6.

82 Ibíd.