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Historia (Santiago)

versión On-line ISSN 0717-7194

Historia (Santiago) v.36  Santiago ago. 2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942003003600020 

SERGIO VILLALOBOS R. Chile y Perú. La historia que nos une y nos separa. 1533-1883. Editorial Universitaria. Santiago. 2002. 279 págs.

Sergio Villalobos, desde la adolescencia, según leemos en el prólogo, se sintió convocado por este tema, y ahora ha querido presentarnos una interpretación acerca de lo que une y separa a estas dos naciones, y que se aleje de las mistificaciones con que esta historia ha sido abordada en ambas repúblicas. Sin duda, una tarea más que difícil, puesto que hasta las fuentes pueden aparecer, en ocasiones, alejadas de una mínima objetividad.

Esta obra se compone de dieciséis capítulos, además de un prólogo y una cronología. Es ambiciosa porque busca desentrañar este reto, en menos de trescientas páginas, desde la llegada de los conquistadores españoles a Perú y luego a Chile, en el siglo dieciséis, hasta el año 1883.

El capítulo referente a la primera etapa constituye una brevísima mirada a lo que fueron las relaciones entre el virreinato de Perú y la capitanía general de Chile. El primero disfrutaba de las riquezas que recibía del cerro de Potosí, de sus abundantes recursos naturales y de los privilegios que le concedió la monarquía hispana, los mismos que comenzó a perder en el siglo dieciocho. Y el segundo, rico en trigo, al extremo de considerársele como el granero del virreinato, fue en general pobre y dependiente del primero, sujeto al real situado que le enviaba para sostener las fuerzas que lo defendían de los aborígenes, piratas y corsarios europeos, que pretendían minar la presencia española en el sector austral del continente.

Esta relación fue creando en Chile una actitud difícil, mezcla de resentimiento y de inferioridad. Según el tradicionalista Ricardo Palma, mientras los mulatos en Perú lucían medias de seda, los chilenos andaban de ojotas y los argentinos a pata pelada.

Al soplar los aires de libertad inspirados por la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y los triunfos de Napoleón en la Península Ibérica, hubo patriotas en distintos puntos de Hispanoamérica que sintieron el llamado de la emancipación.

Chile, tan pronto empezó a romper sus lazos con la Metrópoli, gracias al inestimable concurso del general argentino San Martín, O'Higgins -junto con él- comprendió que la autonomía de la antigua capitanía e incluso la de Argentina, estarían en permanente zozobra mientras subsistiera el poderoso virrey español en Lima.

Como señala este autor, aquí se inician las contradicciones. Para la historiografía chilena, la independencia peruana es obra de la Primera Escuadra Nacional, que creó O'Higgins con el esfuerzo de todos sus compatriotas, la que colocó al mando del marino escocés Lord Cochrane y comandada por San Martín, como militar chileno. En cambio, los historiadores peruanos la entienden en función del general argentino, que al desembarcar en Paracas asumió el título de Protector de la independencia peruana. Ahí nace una preferencia por la república del Plata, que la diplomacia de esta última ha sabido manejar y dosificar con no poca sabiduría, aunque evitando sí asumir posiciones de riesgo.

Entre los peruanos, esta devoción por San Martín ha llegado a que expresen poco interés por sus propios patriotas. Sin desconocer la rebelión de Tupac Amaru, que tuvo escasa acogida entre los criollos, no se puede olvidar -como señala Villalobos- a Vizcardo Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Antonio de Zela y tantos otros que reclamaron la independencia de la Metrópoli, y no aparecen con el realce que debieran, en los textos ni en el recuerdo.

Pesaba tanto la influencia de España, que de no mediar la escuadra que zarpó de Valparaíso, pudo diferirse la emancipación peruana y chilena. La insurgencia afectaba los intereses materiales de más de un centenar de adinerados condes y marqueses que optaban por apoyar el poder real, antes que cobijarse bajo el alero de una incierta república que, entre sus fuentes de inspiración, se hallaba la Revolución Francesa.

Mas la independencia no borró los recelos y antagonismos de antaño, conforme anota el historiador.

La creación de una nueva entidad política -la Confederación Perú-boliviana- a instancias del general Andrés de Santa Cruz, dioles un vuelo inusitado. Aunque existieron peruanos -como Felipe Pardo y Aliaga- que desafiaron esta construcción, los hubo también que la apoyaron, mientras se exhibió victoriosa. A juicio de Villalobos, el proyecto de aquel general buscó confederar a esas dos repúblicas, que estuvieron unidas durante una parte del dominio español. Sin embargo, una vez consolidada dicha entente, su ambición y su presunto parentesco con los incas le podrían haber llevado más lejos, desde luego a Chile.

Actualmente existe una corriente de opinión en Perú que lamenta el fracaso del proyecto confederal, cuya derrota atribuyen a nuestra patria y, en particular, a Diego Portales. Mas -como indica Villalobos- tal proyecto no pasó de ser "una elucubración", porque contenía muchos elementos artificiales. El gran errror de Portales -dice el historiador- fue luchar contra una entidad que se desmoronaría sola. No compartimos este juicio, porque en Chile la obra del Ministro y sus colaboradores no estaba aún bien plasmada. Existían individualidades desplazadas del poder, pipiolos desubicados, que sin una orientación clara y sólida podrían haberse sumado a esta aventura, en mayor número de lo que lo hicieron, y, en todo caso, habrían postergado lo que muchos historiadores llaman el Estado en forma.

En la guerra con España, en 1865, encontramos acaso el primer elemento que nos une, según el título del libro en comento. La ocupación por una flota española de las islas Chincha, pertenecientes a Perú y ricas en guano, desató una ola de solidaridad con la república agredida y vieron en aquella el retorno de la Madre Patria. En Chile, el establishment liberal estuvo, entre los primeros, que exteriorizó su solidaridad con la nación hermana, tal vez con más entusiasmo que muchos peruanos. Por algo, Domingo Santa María -en misión en el Rímac- se refirió a Lima como una corte, porque existían alrededor de cien familias que preferían la monarquía a la república.

El desenlace de este conflicto que debió vincularnos, concluyó separándonos. En circunstancias de que la guerra estaba prácticamente terminada y en momentos en que su flota era casi inexistente, Chile logró retirar de los astilleros británicos las corbetas O'Higgins y Chacabuco, que solo podían salir de ellos tras un acuerdo con España. Sin embargo, el encargado de negocios peruano protestó por este, ya que debilitaría a las dos repúblicas frente al ahora hipotético adversario. Además -y esto sí que es grave-, señaló que tales corbetas entrañaban una amenaza para la seguridad de su patria, por parte de su aliado. Esta última afirmación, totalmente infundada, se encargó de deshacerla, tiempo después, el propio Ministro peruano en Santiago, Ignacio Noboa, en una comunicación a su gobierno, que encontramos en el Archivo Nacional de Santiago, y que Villalobos reproduce. Allí revela la fortaleza de la Armada peruana, aún después de la llegada de los blindados.

Según se narra en esta obra, los más dramáticos desacuerdos surgen a partir de la presidencia de Manuel Pardo, el primer civil que en Perú accede democráticamente a ella.

Este gobernante recibe el erario en bancarrota. El guano que principalmente lo financiaba, tanto interna como externamente, estaba en proceso de extinción. El salitre comenzaba a hacerse conocido, como el fertilizante que reviviría los cansados suelos europeos, y amenazaba desplazar al primero. El guano estaba entregado a concesionarios que pagaban al Estado una prima, que ayudaba a nutrir el presupuesto fiscal y atender en lo posible la deuda externa. El segundo era explotado por grupos privados, la mitad de ellos peruanos y el resto extranjeros (empresarios chilenos poseían una quinta parte, según investigaciones recientes), y su centro financiero se situaba en Valparaíso.

Pardo adoptó medidas para controlar la expansión del salitre y favorecer la recuperación del guano, expresa Villalobos. Pero esta política necesitaba contar con el salitre boliviano, que en su mayor parte se desarrollaba en comunidad con Chile, según el Tratado de 1874. El mandatario creó, pues, el monopolio estatal y obtuvo la cooperación paceña, no así la chilena. De este modo, el proyecto quedaba incompleto.

Perú, en conocimiento de que La Moneda ordenó la construcción del Cochrane y del Blanco Encalada, dirigió su mirada al pacto de alianza que le propuso Bolivia en 1872, contra toda agresión extraña. Aunque no se la individualizaba, obviamente se refería a Chile.

El 6 de febrero de 1873, con mucha reserva, los plenipotenciarios de Perú y Bolivia suscriben en Lima un Tratado de Alianza Defensiva, con carácter secreto. Según confidencian Pardo y Riva-Agüero al representante brasileño, dicho instrumento busca resguardarse "de las usurpaciones que el gobierno chileno pretende llevar a cabo en el litoral boliviano, con perjuicio del Perú, y en la Patagonia". De más está recordar que Perú buscó la adhesión del Plata, en dos oportunidades, sin éxito. Buenos Aires optó por negociar diplomáticamente con Santiago, obtener así lo que pretendía y eludir las incertidumbres de una confrontación bélica.

Villegas afirma que la suscripción de un instrumento de esta índole no guardó relación con el salitre. Sin embargo, dado que tanto Perú como Bolivia se resentían por el incremento de la presencia chilena en Atacama y Tarapacá, territorios ricos en guano, salitre y minerales, es indudable que observaron con suspicacia dicha presencia, al igual que la llegada de los blindados, que desencadenó la suscripción del referido pacto. Pareció entonces inevitable que esta iniciativa cobrase vida.

Mas como el Tratado de Límites de 1874 resolvió el antiguo diferendo chileno-boliviano, el pacto secreto debió perder su importancia. A la diplomacia peruana convino denunciarlo, porque las fronteras de su aliado habían quedado contractualmente definidas. Si lo hubiese hecho, es posible que no se habría visto involucrada, años más tarde, en una guerra con Chile.

Entre las cláusulas del convenio chileno-boliviano, de 1874, se estableció que "las personas, industrias y capitales de chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones de cualquier clase que sean a las que al presente existen".

Cuando dicho pacto secreto se encontraba sumido en el olvido, accedió a la presidencia de Bolivia, mediante un golpe de estado, el general Hilarión Daza. Según se expresa en la obra que comentamos, el canciller peruano Yrigoyen fue uno de los que indujo a Daza a imponer un impuesto de diez centavos a la Compañía de Salitres de Antofagasta, de propiedad chilena. A su vez, el barón d'Avril, ministro francés en Santiago, juzgó que Perú indujo a Bolivia a establecerlo para favorecer a las salitreras peruanas. En cambio para Villalobos una carga tan liviana no "afectaba a la competitividad [de la empresa citada] con el salitre de Perú". Empero, ya el historiador británico Harold Blakemore consideró que la aplicación de ese tributo tornaba inviables las operaciones de la empresa chilena, frente a la competencia de los nitratos peruanos.

Desde el punto de vista del Presidente Aníbal Pinto -como lo ha verificado Manuel Ravest Mora- el asunto no radicaba en centavos más o centavos menos. Se trataba del cumplimiento de un acuerdo internacional. Esta vez el problema era de índole pecuniaria; mañana podría ser el límite en el paralelo 24. Entonces, como reflexiona Villalobos, se derrumbaría todo el equilibrio pactado.

La historiografía peruana ha hecho mucho hincapié en que la Guerra del Pacífico fue inducida por capitalistas británicos. Sin embargo, en los archivos de la casa Gibbs, que participaba minoritariamente en la Compañía de Salitres de Antofagasta -la mayoría de sus accionistas eran chilenos-, se lee que en Santiago no existía un ambiente mayormente favorable a ella. Hubo chilenos importantes con grandes intereses en Bolivia. Melchor Concha y Toro, Presidente de la Cámara de Diputados, era un fuerte accionista de la Compañía Huanchaca; Jerónimo Urmeneta, distinguido montt-varista, presidente de la Compañía Corocoro, y el abogado Lorenzo Claro, que residía en La Paz, dueño de un Banco Hipotecario con sede en esa nación. Este instaba a Daza a mantener el impuesto, porque Chile terminaría por aceptarlo. Su equivocación -relata Villalobos- le llevó a huir de Bolivia cuando se enteró del desembarco chileno en Antofagasta.

El panorama era, pues, complejo.

Después que fracasaron las negociaciones del encargado de negocios de Chile en La Paz, Daza envió al Rímac al plenipotenciario Serapio Reyes Ortiz. Llevaba por misión obtener que Perú diera cumplimiento al tratado secreto de alianza a cambio de cederle a esta nación -expone Villalobos- la región salitrera boliviana. Agrega que esta última propuesta ni siquiera fue considerada en Lima.

El general Mariano Ignacio Prado, que regía los destinos peruanos, deseaba evitar la guerra. Ella sorprendía a su patria enfrentando una situación económica muy crítica. Además, fue aliado de Chile durante el conflicto con España y tenía hasta intereses materiales en nuestro país. Sin embargo, la opinión pública se inclinaba claramente en favor de Bolivia y en contra de Chile.

El Presidente Pinto instó al palacio de Pizarro a que enviase un mediador para encontrar una solución que esquivase la guerra. Ello demostró el desconocimiento que tenía el gobernante de La Moneda y la elite chilena de la existencia y vigencia del tratado de 1873.

El Presidente Prado acreditó en misión especial en Santiago a José Antonio de Lavalle, un distinguido hombre público con experiencia diplomática, muy relacionado por lazos de amistad y aun de consanguinidad con la clase política de esta capital.

Junto con plantear las bases de un arreglo, Lavalle se declaró ignorante del tratado secreto. Actualmente sabemos que el plenipotenciario lo conocía con toda exactitud, desde mucho antes. Si hubiese comenzado por reconocerlo, es indudable que no habría podido ni siquiera iniciar sus gestiones como mediador.

Desde el momento en que el agente chileno en Lima, Joaquín Godoy, alertó el 1 de marzo de 1879 a La Moneda que el Presidente Prado acababa de darle a conocer aquel acuerdo secreto, la misión de Lavalle fracasó y no le quedó más remedio que regresar, y Chile declarar la guerra a los aliados.

Villalobos alude enseguida, parodiando a Goya, a "los desastres de la guerra". Aquí la historiografía de ambas repúblicas exhibe sus mayores diferencias de apreciación. Los peruanos aseveran que Chile en su campaña militar violó crudamente el derecho internacional de la época y que practicó un pillaje desenfrenado.

Tan pronto aquella comenzó, el gobierno de Santiago publicó un texto -El derecho de la guerra según los últimos progresos de la civilización- al que propuso someterse. Lo que vino a dificultar su tarea fue que las fuerzas armadas chilenas, en muchos casos, se enfrentaron con ataques subrepticios, a cargo de montoneras. Entonces, el Ministro Sotomayor se sintió autorizado para aplicar a esas fuerzas irregulares las más severas medidas de represión. Desde ese momento, dijo, se deberá hacer al enemigo todos los daños posibles, "sin ahorrarse ninguno de los que autorizan las leyes internacionales, hasta hacerlos sentir la necesidad de obtener la paz".

Uno de los aspectos que despertó mayor preocupación fue la captura de Lima. Terminada la batalla de Miraflores, el alcalde de la ciudad, Rufino Torrico, se presentó ante el general Baquedano y con él acordó la rendición incondicional. Le acompañaron los representantes diplomáticos y navales de Gran Bretaña y Francia.

Lima fue ocupada por un cuerpo especial, al mando del general Cornelio Saavedra, en perfecto orden. Al día siguiente, Baquedano ingresó a ella y se estableció en el Palacio de Pizarro.

La historiografía peruana ha puesto mucho énfasis en las presiones de que fue objeto dicho general por parte de los ministros y almirantes de Gran Bretaña y Francia para lograr este resultado. Los peruanos han exaltado la actuación del almirante francés Du Pétit Thouars, que habría humillado a los militares chilenos, hasta hacerles aceptar las condiciones que les impuso. Mas Villalobos demuestra, con acopio de antecedentes, que si hubo presión esta se ejerció en contra de Piérola, Presidente de facto, que viéndose derrotado huyó a la sierra.

Conquistada la ciudad capital, la preocupación dominante de Chile fue sellar la paz, de acuerdo con las condiciones que dio a conocer, en 1880, a bordo de la corbeta estadounidense Lackawanna: cesión de Tarapacá y la retención de Moquegua, Tacna y Arica hasta que se cumpliesen las demás condiciones que allí se estipularon.

La prolongada ocupación de la ciudad de los virreyes y la lucha en la sierra obedecieron a ese propósito. El combate de La Concepción, el 9 y 10 de julio de 1882, constituyó uno los hechos relevantes de esta nueva campaña. Dice este autor que, más allá de la heroica resistencia de setenta y siete militares chilenos, la acción de estos "quedó marcada por un duro trato" a los nativos. Agrega que muchos de aquellos episodios se jutificaron conforme el derecho de la guerra, "pero otros fueron desmanes injustificables".

Una demostración de que los peruanos se excedieron en culpar a los chilenos por los atropellos que habrían causado, quedó evidenciada en el resultado de los tribunales arbitrales que atendieron los reclamos de ciudadanos extranjeros residentes en Perú, al parecer perjudicados por las fuerzas chilenas. Del total de las reclamaciones, los tribunales solo acogieron el 3.6% de ellas.

Al recordar lo que Villalobos llama la historia que nos une y nos separa, el lector podría quedar con el convencimiento -después de leer esta obra- que lo primero es nulo. De ser así, la unión habría que buscarla en la fe que generalmente compartimos, chilenos y peruanos, en el mismo idioma que practicamos, en los problemas que enfrentamos como naciones en desarrollo y en una simpatía espontánea que surge cuando unos y otros se conocen.

Al término de esta reseña, sorprenden algunas omisiones importantes. Por ejemplo, la suscripción del Tratado de Ancón, que puso fin jurídicamente a la Guerra del Pacífico y que se concertó en 1883, o sea, dentro del período que aparece en el título de la obra. Tampoco, nada se dice de la presidencia provisoria del Dr. Francisco García Calderón ni la del Presidente Miguel Iglesias. Se olvida igualmente la intervención estadounidense, que en vez de acercar la paz, la alejó.

Habría facilitado un mejor aprovechamiento de esta obra, meritoria por tantos conceptos, una detallada bibliografía al término de ella, así como un índice onomástico.

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ VALDÉS