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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.33 Valparaíso  2011

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552011000100053 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
XXXIII (Valparaíso, Chile, 2011)
[pp. 777 - 780]

BIBLIOGRAFÍA

Sommar, Mary E., The Correctores Romani. Gratian's Decretum and the Counter-reformation Humanists (Prólogo de Peter Landau Münster, Lit Verlag, 2009), 139 pp.

 


 

Como indica el profesor Peter Landau en su muy instructivo prólogo, esta es la primera investigación propiamente científica en torno a la obra de los llamados correctores Romani, esto es, la comisión formada por orden del papa Pío IV en 1565 con la finalidad de llevar a cabo la labor de edición de un texto definitivo del Corpus iuris canonici medieval, la denominada editio Romana, llamada a constituir el texto normativo fundamental de la Iglesia Católica durante la Edad Moderna, hasta la promulgación del primer Código de Derecho Canónico en 1917. Integrada en principio por cinco cardenales y cinco doctores en Derecho, esta comisión sufriría muchas vicisitudes a lo largo del tiempo, abandonándola varios de sus miembros por distintas razones e ingresando en ella otros en diversos momentos, hasta un total de 35 personas en sus 17 años de vida, puesto que, en efecto, solo en 1582, tras diversas interrupciones, pudo culminar su labor con un texto definitivo promulgado por el papa Gregorio XIII por la bula Cum pro munere. La editio Romana continuó siendo después de 1582 la principal fuente del Derecho canónico, pero no al modo de un código unitario moderno: a pesar de que el papa estableció que sus normas no podían ser alteradas ni por los jueces ni por futuras ediciones del texto (un problema recurrente y crónico durante toda la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna), no obstante, sus disposiciones fueron continuamente complementadas y modificadas por disposiciones papales y, sobre todo, por los decretos del Concilio de Trento, hasta que en 1904 el papa Pío X ordenó su sustitución por un código construido según los cánones de la moderna Scienza della legislazione.

La principal tarea de los correctores fue, pues, la revisión y corrección del texto de la colección canónica, fundamentalmente la del Decretum de Graciano, puesto que era la obra de mayor inseguridad textual de todo el Corpus (y la única, además, que carecía de valor oficial como texto normativo, ya que se consideraba una colección privada de textos doctrinales, y así siguió considerándose como tal después de la edición de 1582). A la edición de los textos normativos o autoritativos recopilados añadieron los correctores, además, diversas notas explicativas de su labor de edición (notationes correctorum). A pesar de que en la comisión se integraron prestigiosos canonistas y aunque la duración de su trabajo fue extraordinariamente larga, sin embargo, el resultado distó de resultar óptimo, en opinión de la historiografía canonista posterior. En efecto, el trabajo de los correctores Romani ha sido objeto de ácidas críticas por parte de prestigiosos historiadores del Derecho canónico de los siglos XIX y XX. Aun cuando el primer estudioso de la obra de los correctores, Augustin Theiner, en el prefacio de sus Disquisitiones criticae (1836), alabara la precisión y método de trabajo de los miembros de la comisión (su ingenium et industria), sin embargo, la mayor parte de los historiadores de finales del siglo XIX y del siglo XX han puesto serias objeciones al resultado final de su labor. La opinión más influyente en ese sentido ha sido la de Johann Friedrich von Schulte en su famoso Handbuch der Quellen- und Literaturgeschiche des kanonichen Rechts (1875), donde, tras señalar que el resultado obtenido por los correctores, si bien no absolutamente desdeñable o erróneo, resulta, sin embargo, muy insuficiente a la vista del tiempo y recursos empleados para ello, formula tres reproches fundamentales a la obra de la comisión: i) puesto que buscaban ofrecer las fuentes compiladas por Graciano en su forma originaria como un “texto legal”, liquidaron todo esfuerzo por hacer una crítica textual efectiva que proporcionara una lectura fiable del texto originario del Decretum; ii) al realizar esfuerzos por cubrir las “lagunas” que desde un punto de vista legal presentaba el texto del Decretum, llevaron a cabo una verdadera falsificación de su texto; y iii) en sus notae aclarativas, intentaron presentar una imagen del Derecho canónico contenido en el Decretum adaptada a las necesidades de la Roma de su época, por lo que se dejaron guiar más por consideraciones de orden pragmático que por las exigencias de una rigurosa crítica textual. El resultado es, por tanto, en opinión de Schulte, mucho más un libro jurídico de aplicación canónica presente que una edición crítica de una fuente histórica medieval.

Este áspero juicio negativo de Schulte fue acogido por la mayor parte de la canonística de su época y de la siguiente: el propio Friedberg, autor de la edición aún hoy estándar del Corpus iuris canonici (1879), era plenamente partícipe de esta tesis y rechazaba que la editio Romana pudiera presentarse como una verdadera edición del Decretum. En el siglo XX, este juicio se perpetuó, y así, por ejemplo, Kart Schellhass (Wissenschaftliche Forschungen unter Georg XIII. für die Neuausgabe der Gratianischen Dekrets, 1926) solo se siente capaz de decir que la obra de los correctores Romani tuvo la principal virtud de estimular trabajos de investigación en muchos otros lugares que guardaban correspondencia con los miembros de la comisión, pero no se ve en condiciones de alabar el resultado de su propio trabajo; y, por su parte, Alfons Stikler sostenía directamente que la edición romana era sin duda una vera corruptio Decreti originalis (Historia juris canonici Latini, 1950, p. 214). Pero más incisiva que estas fue la crítica de Hans-Erich Troje (Graeca leguntur, 1971), quien se alejó, no obstante, de algunos presupuestos de Schulte. Para él, el problema es que los correctores no fueron capaces de realizar un contrapunto canónico de la editio Gothofretiana del Corpus iuris civilis, es decir, una auténtica edición humanista del Decretum, puesto que estaban obligados por disposición papal a producir un texto en el que no hubiera rupturas de conexión de sentido con la glosa ordinaria de la obra: en consecuencia, lo que produjeron fue una “perpetuación del estilo medieval” en la edición de textos y, en consecuencia, una cesura con respecto a la ciencia del Derecho civil marcada por el humanismo.

Todas estas opiniones de la historiografía, y algunas más, están en el trasfondo de las consideraciones de Mary Sommar en el primer capítulo de su obra (pp. 11-21), que trata de presentarse como una réplica al trabajo de Troje, una vez estudiadas sistemáticamente las fuentes del trabajo de los correctores tras el examen de los materiales manuscritos conservados en la Biblioteca Vaticana, de los cuales la A. da una muy precisa y detallada enumeración en el Apéndice II de su trabajo (pp. 139-153). Como indica Peter Landau en el prólogo del libro, una valoración de la labor de los correctores solo puede realizarse teniendo en cuenta su programa completo de actuación (Leges constitutae et observatae in correctione Decreti D. Gratiani, en ed. Friedberg, Corpus iuris canonici, I, ed. Turín, 1950, pp. LXXVII s.), no desde postulados más modernos respecto de lo que debía ser una edición crítica en su momento. Y eso es precisamente lo que la obra de Sommar que comentamos se ha propuesto, continuando una tarea que ya había abierto Stephan Kuttner en 1971 en sus trabajos para la búsqueda de fuentes de las citas de los correctores en sus notationes, pero que, en cambio, no llegó a plasmar en una valoración comprensiva del trabajo editorial de la Comisión.

Esta valoración del resultado del trabajo de la comisión se observa en el segundo capítulo de la obra (pp. 23-37), no sin antes hacer un examen de la competencia profesional y la influencia de los miembros integrantes de la misma. La A. concluye que el nivel técnico de estos no era nada desdeñable, y en particular se fija en el erudito cardenal Guillermo Sirlet y, sobre todo, en el canonista mallorquín Miguel Thomas de Taxaquet (véase sobre su figura M. Batllori, El canonista de Trento y Obispo de Lérida Don Miguel Thomas de Taxaquet, hijo ilustre de Luchmayor, Luchmayor 1946), secretario general de la comisión y gran amigo de Antonio Agustín, gracias a lo cual la influencia de este sobre la comisión hubo de ser mayor de lo que se ha venido diciendo, como ya había sugerido Stephan Kuttner y es subrayado adecuadamente la A.

En el tercer capítulo (pp. 39-63) la A. hace un detenido estudio de los seis manuscritos de la Biblioteca Vaticana que contienen abundante material pertinente para el desarrollo de la editio Romana entre 1566 y 1577/78 (los MSS. 4889 a 4894) y del MS. 4913, que consiste principalmente en correspondencia entre los correctores y diversos eruditos de toda Europa en ese mismo período. Y en el capítulo cuarto (pp. 65-97) analiza el modo de trabajar de los correctores con el ejemplo concreto de algunos capítulos del Decretum, principalmente los de origen pseudoisidoriano en la Causa II, que, por diversas razones, resulta especialmente pertinente para evaluar los resultados del trabajo de edición de la comisión. Sommar pone de manifiesto las realizaciones de los correctores, en primer lugar, en cuanto al descubrimiento de las fuentes inmediatas de Graciano (las fontes formales): ellos ya fueron conscientes de que Graciano había tomado la mayor parte de sus capítulos de colecciones de cánones anteriores, y se ocuparon de fijar estas fuentes inmediatas y de hacer referencia a ellas en su edición, lo cual permitió hacer por primera vez una comparación entre el Decretum y las colecciones canónicas pregracianeas. La visión hoy dominante según la cual el maestro boloñés solo pudo haber consultado directamente un número limitado de fuentes, y cuáles fueron estas, se remonta en última instancia a la labor de los correctores. A través de su observación de las notationes correctorum referidas a esta Causa, la A. saca la conclusión de que los miembros de la comisión ya tenían una idea general de que el Decretum había atravesado una serie de estratos de redacción a partir de los cuales se podrían explicar ciertos desniveles en el texto de la versión vulgata del Decretum, adelantándose, pues, los correctores en 400 años a las tendencias actuales de la investigación gracianea, según informa Peter Landau. En cuanto a la labor crítico-textual de los correctores, Sommar no comparte la crítica de Troje, puesto que entiende, por un lado, que, a la luz de la información que proporcionan las notationes correctorum, el texto originario del Decretum ya habría sido alterado por el mismo Graciano, en ocasiones incluso en sus fuentes inmediatas, por lo que difícilmente podrían haber hecho los correctores una edición absolutamente fiel al original gracianeo; y, por otro, señala que la comisión actuó sujeta a las instrucciones que la autoridad papal les había impuesto (esto es, elaborar una edición práctica de los textos canónicos, y no una edición crítica desde el punto de vista filológico) y, en ese sentido, se sometieron a cierta censura, pero esta dejaba suficientes márgenes como para que estos pudieran hacer ciertas elecciones del texto, sobre todo en aquellos puntos que no resultaran conflictivos desde el punto de vista de las diferencias confesionales, y en aquellos que sí podían serlo, acostumbraron a mantener una discreta posición de silencio, lo que dio lugar a un texto suficientemente pulcro desde el punto de vista de la crítica textual, de manera que la editio Romana, lejos de ser un mero instrumento de propaganda ideológica del Papado, fue un documento ampliamente editado y utilizado también en los países protestantes, debido, precisamente, al prestigio que en toda Europa seguía ostentando el Papado en el ámbito científico.

En definitiva, la valoración de conjunto de la A. sobre la obra de los correctores es muy positiva. En su opinión, se inserta plenamente en los cánones de comprensión textual de la época del humanismo, como no podía ser menos dados los estrechos vínculos que unían a algunos de los miembros de la comisión editora con los humanistas más renombrados del momento, como Antonio Agustín. Lejos de compartir la idea de Friedberg de que la editio Romana no era una edición en absoluto del Decretum Gratiani, o la de Troje de que los correctores habían traicionado el ideal humanista de perfección textual en aras de una reaccionaria construcción medievalizante, Sommar considera su obra como “superb” y “a masterpiece of the Humanist scholarly criticism” (p. 97), solo parangonable, en su ámbito, a la edición de la Vulgata (la edición Sixtina-Clementina), publicada en 1592 bajo el papa Clemente VIII.

Con independencia de la consideración que nos pueda merecer en sí la editio Romana del Corpus iuris canonici, lo cierto es que la obra de Sommar constituye un trabajo muy convincente, de gran erudición y óptimo manejo de la información, y escrito con sobriedad y pulcritud; en suma, un modelo de investigación histórico-filológica en una materia nada sencilla y de difícil acceso en los tiempos actuales, que, además, como indica el profesor Peter Landau, abre nuevos caminos a la investigación de los historiadores del Derecho canónico, que esperemos que la A. pueda explorar adecuadamente.

Francisco J. Andrés Santos

Universidad de Valladolid

España