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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.30 Valparaíso  2008

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552008000100037 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXX, 2008, pp. 652 - 655

BIBLIOGRAFÍA

MALAVÉ Osuna, Belén, Régimen jurídico financiero de las obras públicas en el Derecho Romano tardío: los modelos privado y público de financiación (Madrid, Dykinson S.L., 2007), 267 págs.


El Derecho Romano urbanístico y financiero no es una materia especialmente estudiada por la romanística, pese a su relevancia constatada por las numerosas e importantes fuentes que tratan el tema, en consecuencia, el presente libro constituye una valiosa contribución en el sector. En efecto, Malavé estructura la obra en dos conocidos modelos financieros plenamente trasladables a la actualidad: por un lado, la financiación privada de las obras públicas y, por otro, la financiación pública de las mismas durante el Bajo Imperio, citando y comentando las fuentes jurídicas incardinadas en cada uno de los citados modelos y a partir de las cuales se ha elaborado el estudio. Ya en el Prólogo, a cargo de A. Fernández de Buján, se abunda en el interés del libro para la reconstrucción histórica del Derecho Administrativo Romano, cuyo estudio en España ha sido liderado por este Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid desde hace ya una década, habiendo puesto de relieve en múltiples ocasiones que el Derecho Administrativo romano contiene supuestos de hecho y soluciones jurídicas que revelan una profunda conexión con el Derecho moderno y una sorprendente actualidad para la resolución de los grandes problemas planteados, en este caso, en el ámbito de la política jurídico-financiera. No obstante, la autora tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para poner de manifiesto las diferencias que se observan entre la forma de abordar las necesidades urbanísticas de las ciudades entonces y en la actualidad; diferencias que se hacen sentir más en el ámbito de la financiación privada de las obras públicas. Por ejemplo, el empuje y la importancia de las contribuciones dinerarias de los particulares era en el Bajo Imperio romano muy superior a la que pueda existir en nuestros días, precisamente por una conciencia ciudadana de participación en la comunidad bastante acendrada que hoy es de bajo nivel; nos referimos a la denominada por Malavé “financiación privada voluntaria”, mediante donaciones varias y legados, fundamentalmente. Las verdaderas motivaciones que animaban a los particulares a financiar una obra pública no se explicitan en ningún texto, pero sí pueden inducirse de los mismos. En efecto, quien financiaba la construcción o reconstrucción de un edificio público cualquiera tenía derecho a inscribir tanto su nombre como el concreto importe de la suma en la fachada del mismo, además, preferentemente al Emperador de turno o a los técnicos (arquitectos o ingenieros) que hubiesen proyectado las obras. Es obvio, por tanto, que un derecho de tal índole, regulado meticulosamente hasta sus más ínfimos extremos no puede estar fundado más que en el interés por pasar a la posteridad junto con la obra pública en cuestión. Definitivamente, tal interés resulta desconocido o, al menos, extraño en nuestros días y ésta es una de las razones por las cuales el peso del modelo de financiación pública es en la actualidad bastante superior al que representa la financiación privada. Lo mismo cabe decir de la financiación privada obligatoria, pues aún en época bajoimperial seguían siendo habituales y significativas las contribuciones forzosas a las obras públicas, a través del conocido sistema de los munera en todas sus variantes: extraordinaria, personalia y patrimonialia. Tales contribuciones a las cuales se veían compelidos los ciudadanos habrían permitido asegurar la defensa exterior a lo largo y ancho de todo el Imperio, mediante obras públicas cuyos restos pueden admirarse todavía hoy en muchos países. Asimismo, se observa una paulatina reducción del sistema de exenciones y privilegios acordados a favor de diversas clases sociales, posiblemente -conjeturamos- por necesidades económicas.

Por lo que respecta al modelo público de financiación, la autora deja claro que va a ceñirse a la financiación aportada desde los servicios financieros centrales, a la cabeza de los cuales se encuentran los dos Condes conocidos: el de las Sagradas Liberalidades y el de la res privata, cada uno con competencias específicas, pero con concurrencia en cuanto a financiación de obras públicas, según de qué tipo. En consecuencia, no se aborda el estudio de las vías financieras procedentes de las administraciones periféricas, es decir, la financiación procedente de los tesoros propios y exclusivos de las distintas Prefecturas del Pretorio, aunque se mencionan sucintamente en el Capítulo I del libro, dedicado a la Administración financiera del Bajo Imperio. Del mismo modo, también queda al margen la financiación lograda por las ciudades para sus edificios públicos procedente de las Cajas municipales, entre otras razones, porque, como bien afirma Malavé en su Introducción, ya ha sido objeto de numerosos y relevantes estudios por parte de la literatura jurídica especializada.

Siendo así, quedaba realizar un análisis de conjunto de todas aquellas fuentes que contienen la disciplina jurídica financiera de las obras públicas por parte de la Administración Central y a ello dedica la autora todo el capítulo III del libro. En esta ocasión, la organización sistemática parte de criterios estructurales distintos, en función de que se tratase de edificios públicos sitos en Roma o en ciudades de provincias. Por lo que atañe a la capital, la autora constata la existencia de ciertas Cajas (por ejemplo, arca vinaria) que tenían atribuidas competencias en financiación, aunque en origen su función estuviese circunscrita al aprovisionamiento del vino, tal como indica su denominación. Con ello queda constancia de la complejidad del tema, pues existían múltiples canales financieros involucrados en la financiación de una obra pública, sin que las competencias estuviesen claramente delimitadas; una sospecha inicial que la autora ha venido a confirmar y que, sin duda aumenta enormemente las dificultades interpretativas de los textos y, sobre todo, su sistematización.

En cuanto a las ciudades de provincias, se examinan un buen número de constituciones imperiales especialmente promulgadas para regular la financiación de las obras públicas construidas ex novo o meramente reconstruidas, observándose cierta uniformidad en la política jurídica financiera del Bajo Imperio. En efecto, a partir del Emperador Constancio, las leyes establecen que una cuota de los recursos propios de las ciudades debía estar vinculada obligatoriamente a las necesidades constructivas que fueran constatándose. Tal cuota o porción no fue siempre fija, sino que fue oscilando, según las épocas, entre distintos porcentajes, siendo un tercio la más difundida y aplicada. Todo consistía en destinar un tercio de los recursos locales (entre los cuales quedaban comprendidos los vectigalia) a la financiación de los edificios públicos que fuese necesario construir o reconstruir y aunque la ratio última de la norma no se explicita, la autora conjetura que el legislador pretendía, ante todo, limitar el gasto inútil y superfluo en obras públicas, ordenando que sólo se empleara, como máximo, un tercio del presupuesto local en las mismas. Por otra parte, tal limitación garantizaba de algún modo que las arcas locales estuviesen al menos medianamente saneadas y dispuestas a contribuir mediante los conocidos impuestos a los servicios financieros centrales y sus cajas respectivas. En consecuencia, la tradicional libertad de las ciudades quedaba limitada por esta vía, ya que no era lícito sobrepasar la cuota de recursos establecida, algo que Malavé interpreta como una buena medida. Pese a todo, la citada porción del tercio no era suficiente en muchas ocasiones para sufragar los cuantiosos gastos derivados de las obras en las grandes metrópolis y entonces, fueron establecidos varios modos de solventar el problema: por ejemplo, podían solicitarse subvenciones estatales para la construcción de obras cuya necesidad fuese probada, lo cual viene a confirmar que a pesar del exceso de edificaciones en las ciudades aun existía una posibilidad de financiación, tal y como avala la interpretación de C.Th. 15,1,2, una norma decisiva en este asunto. De todas formas no parece que las subvenciones se acordaran con carácter general, como tampoco regladamente, sino más bien puntualmente para casos concretos de edificios importantes que no puedan ser acabados completamente por falta de fondos. En otras ocasiones, la misma naturaleza de la edificación justifica por sí misma la posibilidad de solicitar una subvención pública y su concesión; nos referimos a los edificios citados en C.Th. 15,1,17 tales como paradores o almacenes (stabula aut horrea). En definitiva, los gobernadores de provincias podían solicitar tales subvenciones en dinero, con los requisitos expuestos. Otro de los expedientes articulados para solventar los problemas financieros de las ciudades era verdaderamente curioso y, sobre todo, de plena actualidad; se trataba de autorizar el empleo de materiales de demolición en obras públicas nuevas. En efecto, tal como aprendemos de C.Th. 15,1,36, cuando algunas obras públicas como puentes, calzadas, acueductos o murallas no pudiesen terminarse completamente por falta de fondos, podían reutilizarse los materiales y elementos arquitectónicos aún servibles procedentes de la demolición de los templos. Parece claro que la norma no se inspira en los mismos fundamentos y principios que nuestras conocidas y actuales políticas de reciclaje, pero es claro que se obtiene el mismo resultado por otra causa, la escasez de recursos. Finalmente, aún queda comentar la más polémica de las medidas imperiales arbitradas para afrontar la falta de fondos en ciertas ciudades. Efectivamente, ya a finales del siglo IV, las ciudades fueron catalogadas, a efectos financieros en clariores y minores y cuya distinción no exige demasiadas explicaciones. Ante la insuficiencia de recursos, las primeras podían cargar a las segundas los gastos ocasionados por las obras públicas consideradas necesarias por el gobierno de la provincia, con ciertas prevenciones expuestas en las C.Th. 15,1,18 y 26, de las cuales destacan las siguientes: ante todo, haber agotado la cuota del tercio propia; después, poner en conocimiento del emperador el montante de la suma tomada, el nombre de los autores del gasto y el estado de las obras así como su completa terminación. Parece obvio que el mismo legislador es consciente de la gravedad de la norma y sobre todo, de sus implicaciones para las ciudades de segundo orden, abocadas posiblemente al subdesarrollo, y es por ello que se establecen ciertos mecanismos de control en las propias leyes. Para terminar, la obra concluye con un índice de fuentes jurídicas y extrajurídicas, así como una relación de la bibliografía consultada.

Patricia Zambrana Moral
Universidad de Málaga