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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.30 Valparaíso  2008

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552008000100019 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXX, 2008, pp. 539 - 560

MATERIALES

Más noticias sobre la depuración política universitaria de catedráticos de Derecho en España (1936-1943) (2ª parte)

More news about university politica purging of Law professors in Spain (1936-1943) (2nd Part)

Patricia Zambrana Moral

Manuel J. Peláez

Universidad de Málaga, España

Dirección para Correspondencia


RESUMEN

El objetivo es seguir proporcionando datos sobre la depuración política universitaria de catedráticos de Derecho en el período comprendido entre los años 1936 y 1943, completando la primera parte publicada en esta misma sede. Hasta el momento hemos analizado los expedientes concretos, ahora nos ocupamos de la normativa y de algún caso particular de quienes alcanzarían la cátedra tras su depuración en la posguerra.

Palabras Clave: Depuración política universitaria – catedráticos de Derecho – Universidades españolas – franquismo.


ABSTRACT

The aim is to continue supplying data about the university political purging of Law professors in the period between 1936 and 1943, completing the first part published in this same school. Until now we have analysed the concrete files; now we will talk about the rules and of some particular case of who would reach a professorship after their purging after the war.

Key Words: University political purging, Law professors, Spanish universities, Franquism.


 

De nuevo nos detenemos en la depuración política universitaria, realizada en el ámbito nacional y durante el primer franquismo, siguiendo la línea de publicaciones previas[1], centrándonos en el ámbito específico de los catedráticos de Derecho en el período que va desde 1936 a 1943. No obstante, en esta ocasión, vamos a proceder a un análisis de las principales normas. Como veremos, y hemos podido comprobar en el examen de los expedientes, todo el funcionariado fue depurado y dicha depuración comenzaba con la separación generalizada del servicio. A continuación, era el propio interesado el que debía solicitar el reingreso y la tramitación del expediente. El resultado positivo del mismo era el requisito imprescindible para recuperar el cargo. La investigación no se centraba sólo en la actuación profesional del funcionario, sino que se hacía extensiva a parcelas de su intimidad a nivel social, político, moral o religioso[2].

Ya el Decreto de 21 de julio de 1936 (Gaceta de Madrid de 22 de julio) ordenó la “cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el momento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen, cualquiera que sea el cuerpo al que pertenezcan, la forma de su ingreso y la función que desempeñen”[3]. Aquí se incluyeron catedráticos cuyos expedientes ya fueron analizados en su momento como José de Yanguas Messía, Gonzalo del Castillo Alonso[4], Francisco Gómez del Campillo (1873-1975) y Blas Pérez González (1898-1978).

Un Decreto de 8 de noviembre de 1936 (Decreto núm. 66), publicado en el BOE. de 11 de noviembre, crea las Comisiones depuradoras del personal docente y administrativo. Con esto se otorga cierta formalidad institucional a un proceso depurador que ya había comenzado a efectos prácticos. Utilizando un discurso característico del régimen, se argumenta que: “la atención que merecen los problemas de enseñanza, tan vitales para el progreso de los pueblos quedaría esterilizada si previamente no se efectuase una labor depuradora en el personal que tiene a su cargo una misión tan importante como la pedagógica”. La razón es que durante décadas “el Magisterio ha estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición nacional” y esto hace preciso que se efectúe una “revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública”, como paso previo a una reorganización radical y definitiva de la enseñanza “extirpando así de raíz esas falsas doctrinas”[5]. Para las Universidades se destina la Comisión A compuesta por cinco miembros, tres de los cuales serán catedráticos de Universidad. Dicha Comisión tendrá a su cargo recoger los informes sobre personal universitario, instruir los oportunos expedientes y proponer las resoluciones que deben recaer sobre los mismos[6]. Los integrantes de la Comisión serán libremente elegidos por el Presidente de la Junta Técnica del Estado, a propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza y los cargos serán irrenunciables[7]. Corresponde a la referida Comisión de Cultura y Enseñanza dictar las oportunas órdenes para hacer efectivo lo decretado[8].

En cumplimiento de lo anterior, la Presidencia de la Junta Técnica de Estado dispondría por Orden de 10 de noviembre de 1936, publicada en el BOE. de 11 de noviembre, que la Comisión A), que es la que nos interesa, se constituirá donde considere conveniente la mayoría de sus miembros y, en todo caso, donde disponga la Comisión de Cultura y Enseñanza y será la propia Comisión A) la que elegirá entre sus miembros un Presidente y un Secretario[9]. Para el adecuado desempeño de sus funciones las Comisiones depuradoras estaban habilitadas para reclamar “de cuantas Autoridades, Centros y personas lo estimen conveniente, cuantos informes crean necesarios sobre la conducta profesional, social y particular, así como actuaciones políticas del personal cuyos antecedentes y actuación les corresponda investigar, con objeto de poder formar un concepto acabado y total de cada uno de los interesados”, pudiendo desplazarse algún miembro o delegar en un tercero para que se traslade al lugar o lugares donde haya ejercido sus funciones el funcionario expedientado y aporte los testimonios precisos para esclarecer los hechos[10]. El procedimiento de actuación de las Comisiones pasaría por varias fases. Así, en primer lugar se reunirían todos los informes y se practicarían las diligencias precisas para recabar información. A continuación, correspondía a la Comisión redactar, si procedía, el oportuno pliego de cargos del que se daba traslado por escrito al interesado. Éste disponía de un plazo de diez días para formalizar los descargos y aportar la documentación que estimase conveniente para su defensa, que sería entregada al Presidente de la Comisión o remitida a la misma por correo certificado. Si no se conocía el domicilio del expedientado y éste no se encontraba en el lugar de su destino era requerido a través del Boletín de la provincia de su último destino o domicilio. Si aún así, la Comisión no recibía el domicilio del interesado en el plazo de diez días desde la publicación del requerimiento, el procedimiento continuaba como si el interesado hubiera sido oído, entendiéndose el silencio como conformidad con las acusaciones[11]. Concluido el expediente, era remitido a la Comisión de Cultura y Enseñanza con la correspondiente propuesta motivada, indicando si se había alcanzado por mayoría o unanimidad, aunque cabía la posibilidad de que los vocales en minoría realizasen un voto particular[12]. Será la Comisión de Cultura y Enseñanza la que establezca las sanciones, sin perjuicio de que solicitase informes complementarios o la ampliación del expediente por la Comisión Depuradora[13]. Como ya hemos indicado en otras ocasiones, la propuesta, en un principio, podía barajar tres opciones: confirmar en su cargo al funcionario, traslado del funcionario y separación definitiva del servicio[14]. Existía la posibilidad de que, aunque no hubiese concluido la tramitación del expediente, la Comisión depuradora propusiera a la Comisión de Cultura y Enseñanza la suspensión de empleo y sueldo del funcionario si entendía que había causas graves[15]. Más adelante, la Orden de 17 de febrero de 1937 (BOE. de 27 de febrero) dispuso que las Comisiones depuradoras del personal de enseñanza podían proponer y la Comisión de Cultura y Enseñanza acordar, además de las referidas sanciones, la suspensión de empleo y sueldo por un período de un mes a dos años y la jubilación forzosa del interesado (siempre que tuviese un mínimo de veinte años de servicio) y la inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de confianza[16]. La Comisión depuradora tenía como plazo un mes, desde su constitución, para instruir e informar los expedientes que le correspondían respecto al personal con domicilio o destino “en el territorio liberado”[17] y se debían instruir expedientes respecto a todo el personal con independencia de su situación y de que hubieran sido ya sancionados por las disposiciones emanadas de la Junta de Defensa Nacional, correspondiendo, en tal caso, a la Comisión revisar las primeras sanciones[18].

El 7 de diciembre de 1936 la Comisión de Cultura y Enseñanza, presidida por José María Pemán (1897-1981), dirigía una Circular a los Vocales de las Comisiones Depuradoras de Instrucción Pública, publicada en el BOE. de 19 de diciembre, insistiendo en la trascendencia de la actividad depuradora a la que se califica de “sagrada misión”, cuya “justicia y escrupulosidad” está en relación directa con el “resurgir de una España mejor”. La depuración se presenta con un fin no solo punitivo, sino también preventivo ante la necesidad de garantizar a los españoles que: “con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización” y que: “no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y que han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España”[19]. Se aclara que la función de las Comisiones no es imponer las penas previstas en los Códigos Penales, ya que esa función está reservada a los Tribunales, sino “proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado “Frente Popular”. Se llega a afirmar que los que integran esas “hordas revolucionarias” son los “hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada “Libre de Enseñanza”, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas”[20]. Seguidamente, Pemán justifica las tres propuestas que podían formular, en un principio, las Comisiones Depuradoras, según la Orden de 10 de noviembre de 1936, previamente comentada. De un lado, la libre absolución cuando se demostraba que el depurado no había cooperado en la formación del ambiente revolucionario; en segundo lugar, el traslado para aquéllos que aunque hubieran sido profesional y moralmente intachables, habían llegado a simpatizar con partidos nacionalistas como el vasco, catalán, navarro, o gallego, sin haber llegado a participar en la subversión comunista-separatista y, por último, separación definitiva del servicio para todos los que hubiesen militado en el “Frente Popular” o en Sociedades secretas y, en general, los que, con independencia de su pertenencia a estas asociaciones, habían simpatizado con las mismas u “orientado su enseñanza o actuación profesional en el mismo sentido disolvente que las informa”. Cuando las Comisiones depuradoras solicitaban de autoridades y particulares los informes precisos para desarrollar su trabajo debían hacerles ver que si ocultaban datos o los falseaban incurrirían en graves responsabilidades “para con Dios y con la Patria”, debiéndose combatir y hacer públicas estas actuaciones[21].

El 4 de enero de 1937, Enrique Suñer, Vicepresidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza realizaría un aviso a las Comisiones Depuradoras del Profesorado, publicado en el BOE. de 7 de enero, en el sentido de que dichas Comisiones estaban autorizadas para solicitar informes de forma directa sobre el personal expedientado a los Gobernadores civiles, Rectores de Universidades, Presidentes de Audiencias y Alcaldes. El mismo Enrique Suñer dirigiría el 28 de enero de 1937 una Circular a las Comisiones Depuradoras de Personal Docente, publicada en el BOE. de 3 de febrero, haciendo públicas una serie de normas aclaratorias y complementarias de las disposiciones previas, para resolver las dudas que habían surgido en el curso de las actuaciones. Así, se indica que se dará preferencia a la tramitación de los expedientes del personal que se encontrase suspenso de empleo y sueldo, con el fin de que si se decidía su absolución, los perjuicios que se le ocasionasen fueran menores. En este último caso, se debía concretar si se reconocía o no al interesado el cobro de los haberes no percibidos mientras se mantuvo la suspensión. Una vez que el expedientado contestase el pliego de cargos, las Comisiones podían ampliar las diligencias probatorias siempre que lo solicitase alguno de los Vocales y si aparecía algún elemento nuevo se daba traslado nuevamente al interesado. Resulta curiosa o al menos llamativa la precisión de que las Comisiones y cada uno de sus Vocales podían proponer sanción aunque no hubiese pruebas escritas suficientes en el expediente, siempre que lo creyesen oportuno “en conciencia”. Por otra parte, los expedientes se tramitarían en secreto y todos los que interviniesen en dicha tramitación debían guardar la más absoluta reserva.

Para evitar dilaciones y acelerar los trámites, Enrique Suñer dirige una Orden a las Comisiones depuradoras, el 27 de octubre de 1937 (BOE. de 29 de octubre), para que acompañen a sus propuestas de sanción todos los documentos que las justifiquen a la hora de remitir los expedientes a la Comisión de Cultura y Enseñanza.

Tras la “liberación” (se refiere a la entrada de las tropas franquistas) de Vizcaya se procedió, al igual que se había hecho en otras regiones, a “realizar un examen a fondo de la conducta seguida con relación al Movimiento Nacional por las personas pertenecientes al Departamento de Instrucción Pública”. La depuración debía realizarse según lo dispuesto en las normas ya analizadas, el Decreto de 8 de noviembre de 1936 y la Orden de 10 de noviembre del mismo año. No obstante, debido a las especiales circunstancias de aquella provincia se aconseja modificar algunos detalles de carácter procesal. Así, a propuesta de la Comisión de Cultura se promulga la Orden de 3 de julio de 1937 (BOE. de 4 de julio) donde se dispone la suspensión provisional de empleo de todos los funcionarios de enseñanza de Vizcaya con independencia de que sean del Estado, Provincia o Municipio o del escalafón al que pertenezcan (docente, técnico, administrativo o subalterno) y a los que, teniendo sus cargos en Vizcaya, se encuentren adscritos a otros Centros fuera de su residencia oficial[22]. A los veinte días de la publicación de la Orden, los funcionarios que lo deseen debían solicitar su reingreso por medio de una instancia documentada dirigida al Rectorado de la Universidad de Valladolid detallando los cargos desempeñados, la forma de ingreso, las agrupaciones sociales y partidos políticos[23] a los que habían pertenecido en los últimos años y su actuación concreta desde el momento en que tuvo lugar el Movimiento Nacional. También debían aportar un listado de personas de confianza que pudiesen apoyar los extremos anteriores. El que no solicitase el reingreso en el referido plazo y forma, era separado definitivamente del servicio y dado de baja en el escalafón, perdiendo todo derecho a una reclamación posterior, salvo que probase que no lo hizo por causa de fuerza mayor[24]. El Rectorado remitiría las instancias y toda la documentación que obtuviese a la correspondiente Comisión depuradora que actuaría conforme a lo dispuesto en las normas previamente comentadas, elevando a la Comisión de Cultura y Enseñanza las propuestas, teniendo preferencia las de reposición de los funcionarios contra los que no se apreciase cargo alguno que justificara la imposición de sanciones[25].

En sentido similar, se pronuncia la Orden de 1 de septiembre de 1937 (BOE. de 3 de septiembre) respecto a la provincia de Santander tras pasar a ser ocupada por los nacionales. Se ordena la suspensión provisional de empleo de todos los funcionarios de la Enseñanza de la provincia de Santander que perteneciesen a los Escalafones docentes, Técnicos, Administrativos y Subalternos del Estado. Aquí el plazo para solicitar el reingreso se redujo a quince días desde la fecha de la publicación de la Orden y la instancia se tenía que presentar ante el Presidente de la Comisión depuradora provincial correspondiente, detallando la forma y fecha de ingreso en el escalafón, los cargos desempeñados, las agrupaciones políticas y partidos sindicales a los que hubiese pertenecido en los últimos seis años y su actuación desde la fecha del Movimiento Nacional, quedando definitivamente separados del servicio si no presentaban la instancia en tiempo y forma.

La Orden de 18 de enero de 1939 del Ministerio de Educación Nacional (BOE. de 3 de febrero) dispone que las Comisiones depuradoras eleven en un plazo de veinte días, desde la publicación de la misma, relación nominal de los funcionarios sancionados a los que hacía referencia la Orden de 20 de julio de 1937, con el correspondiente informe individual de cada uno y la propuesta de mantenimiento, modificación o anulación de las medidas provisionales que se hubiesen adoptado respecto a los mismos. Dicha Orden tenía como objetivo atraer a la competencia del Ministerio de Educación Nacional y someter a un criterio uniforme todas las sanciones que autoridades ajenas a dicho Ministerio habían aplicado a funcionarios dependientes de él en los primeros meses del Movimiento. Ante el incumplimiento de la misma se promulga esta nueva disposición como aclaración y reforma de aquélla.

La situación de los Centros, Servicios y personal que pasaron a la Generalidad de Cataluña y la regulación de su funcionamiento se hizo por una Orden de 28 de enero de 1939, por la que se dictaron normas para la depuración del personal dependiente del Ministerio de Educación Nacional que prestaba servicio en las provincias catalanas (BOE. de 3 de febrero). La Ley de 5 de abril de 1938 había dispuesto que la Administración de las provincias catalanas (estatal, provincial y municipal) se rigiera por normas generales, quedando revertida al Estado la competencia de legislación y ejecución que fueron cedidos a Cataluña por el Estatuto de autonomía de 15 de septiembre de 1932. Por este motivo, la Orden que nos ocupa determina que la Universidad de Barcelona se regiría en lo sucesivo por las disposiciones que regulaban los restantes Centros universitarios de España, cesando, en consecuencia, el régimen establecido por el Decreto de 1 de junio de 1933[26]. Además, se disolvió el Patronato Universitario, haciéndose cargo de sus bienes y documentos el que se pudiera crear según las normas del Decreto de 21 de junio de 1935[27]. Correspondería al Ministerio adaptar los planes de estudio y pruebas y exámenes realizados en la Universidad Autónoma a los vigentes en las demás Universidades, dictando las disposiciones necesarias al respecto, al margen de las normas para la convalidación de los exámenes realizados en todos los centros docentes de Cataluña a partir de julio de 1936[28]. Se estableció la suspensión de empleo del “Profesorado de la Universidad de Barcelona que perteneciese al Escalafón general de Catedráticos de Universidad”[29], estando obligados a solicitar su reingreso según lo dispuesto en otra orden de la misma fecha, la cual, tras reiterar la suspensión provisional de empleo de todos los funcionarios de la enseñanza de Cataluña, obligaba a éstos a presentar en el plazo de quince días desde la publicación de la norma o desde la liberación de la localidad donde prestaba sus servicios –si no lo estaba ya–, una “instancia documentada dirigida al Presidente de la Comisión Depuradora”, la cual debía contener una serie de requisitos mínimos. Si no solicitaban el reingreso en tiempo y forma serían definitivamente separados del servicio y dados de baja en el Escalafón, sin derecho a reclamación posterior, salvo que medie fuerza mayor[30]. Los restantes profesores de la Universidad nombrados por la Generalidad de Cataluña quedarían cesantes “sin perjuicio de que puedan ser utilizados sus servicios con carácter interino, una vez determinada su ideología y su actuación política y social en relación al Movimiento”[31].

La Ley de 10 de febrero de 1939, publicada en el BOE. de 14 de febrero, es la que recoge de manera definitiva las normas para la depuración de funcionarios públicos. Su fin es llevar a cabo la depuración con la mayor rapidez, reintegrando a sus puestos a los funcionarios que lo merezcan y sancionando de forma adecuada “a los que incumpliendo sus deberes contribuyeron a la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes por la violencia se apoderaron, fuera de toda norma legal, de los puestos de mando de la Administración”[32]. Esta ley establece el procedimiento para “la investigación de la conducta seguida, en relación con el Movimiento Nacional, por los funcionarios públicos” y se disponen “las sanciones de carácter administrativo que correspondan al comportamiento de tales funcionarios y que convengan al buen servicio del Estado”[33]. Así, son los Ministerios Civiles de la Administración del Estado los que han de investigar dicha conducta de los funcionarios públicos que de él dependan, procediendo a imponer las sanciones[34]. Los funcionarios deben presentar en un plazo de ocho días ante la Jefatura Provincial del Cuerpo o Servicio correspondiente o ante el Ministerio una declaración jurada en la que se especifiquen los siguientes datos: a) nombre y apellidos del interesado; b) Cuerpo o Servicio al que pertenezca; c) categoría administrativa; d) situación en que se encontraba y destino que tenía el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis; e) si prestó adhesión al Movimiento Nacional y en qué fecha y forma lo efectuó; f) si prestó su adhesión al Gobierno marxista (terminología para referirse a los gobiernos legítimos de la República, en la que si bien es verdad que hubo algunos ministros que profesaban esa ideología, la mayor parte no la seguían), a alguno de los autónomos que de él dependían (se refiere al Gobierno de la Generalidad y al Gobierno vasco que actuó sobre todo en Barcelona y a cuyo frente se encontraba José Antonio Aguirre Lekube[35]), o a las Autoridades rojas, con posterioridad al dieciocho de julio, en qué fecha y en qué circunstancias, especificando si lo hizo de forma espontánea o en virtud de alguna coacción; g) servicios prestados desde el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, indicando especialmente los destinos, tanto en su Cuerpo o Servicio, como en otros, y los ascensos que hubiera obtenido, especificando los que lo hubiesen sido por rigurosa antigüedad; h) servicios prestados en favor del Movimiento Nacional; i) sueldos, haberes, o cualquier otra clase de emolumentos, percibidos desde el inicio del Movimiento y concepto por el que los recibió; j) partidos políticos y entidades sindicales a que ha estado afiliado, indicando la fecha de afiliación y, en su caso, del cese, cotizaciones voluntarias o forzosas en favor de partidos, entidades sindicales, o Gobierno, que haya realizado, incluyendo en ellas las hechas a favor del Socorro Rojo Internacional, Amigos de Rusia y entidades análogas (puede estar refiriéndose, entre otras, a la Alianza de Intelectuales Antifascistas o a la Unión Universal por la Paz), aunque no tuviesen carácter de partido político; k) si pertenece o ha pertenecido a la Masonería, grado alcanzado en ella y cargos ejercidos y l) testigos (normalmente personalidades importantes) que puedan corroborar la veracidad de sus afirmaciones y documentos de prueba que pueda presentar para apoyar todos los extremos anteriores[36].

En cuanto al procedimiento, corresponde a los Ministerios designar uno o varios instructores para cada uno de los cuerpos que de él dependan para investigar la conducta de los funcionarios[37]. Los instructores debían tomar las declaraciones juradas como base para investigar, estando obligados a comprobar “rápidamente” la veracidad de los hechos declarados y a comenzar por los casos en los que sea más patente la adhesión al Movimiento Nacional. Además, podían recabar todos los documentos necesarios de los correspondientes Organismos[38]. Tras la investigación, cuando se consideraban suficientemente probados los hechos, el instructor formulaba una propuesta con dos posibles contenidos: ser admitido el funcionario sin sanción o la incoación del expediente para aplicar la sanción. Dicha propuesta sería remitida al Jefe del Servicio del que dependía el Cuerpo al que pertenecía el funcionario, quien podía practicar nuevas diligencias hasta tener suficientemente claros los hechos, remitiendo, entonces, el expediente al Ministro que será el que decrete “la admisión del funcionario, o la tramitación de expediente formal para imposición de correctivo o separación del servicio”, pudiéndose adoptar este último acuerdo aún en el caso de que se haya propuesto la admisión[39]. El expediente sería tramitado por el mismo instructor que estuvo al frente de la investigación o por otro designado al efecto. Era obligatorio dar audiencia al inculpado y redactar un pliego de cargos que debía ser trasladado al mismo para que lo contestase y presentase documentos exculpatorios en el plazo de ocho días[40]. Los expedientes los resolvía el Ministro correspondiente quien podía, previamente, oír el parecer de la Asesoría Jurídica o del organismo asesor que estimase oportuno[41]. Los funcionarios sujetos a depuración quedarían suspensos en sus cargos hasta que se aprobase su readmisión o hasta que terminase su expediente[42]. Seguidamente, se enumeran, con carácter enunciativo, las causas suficientes para imponer sanciones. Serían: a) los hechos que hubieren dado lugar a la imposición de penas por los Tribunales Militares o a la exigencia de responsabilidades políticas[43]; b) la aceptación de ascensos que no fuesen consecuencia del movimiento natural de las escalas y el desempeño de cargos y prestación de servicios ajenos a la categoría y funciones propias del Cuerpo a que se pertenecía; c) la pasividad evidente de quienes, pudiendo haber cooperado al triunfo del Movimiento Nacional no lo hubieren hecho, y d) las acciones u omisiones que, sin estar comprendidas expresamente en los apartados anteriores, tuviesen un significado antipatriótico y contrario al Movimiento Nacional[44]. Entre las sanciones a imponer figuraban el traslado forzoso que llevaba consigo la prohibición de solicitar cargos vacantes durante un período de uno a cinco años; la postergación, desde uno a cinco años; la inhabilitación para el desempeño de puestos de mando o de confianza, y la separación definitiva del servicio[45]. Se podía reabrir un expediente si aparecían nuevos elementos de juicio y cualquier falsedad en las declaraciones juradas o la omisión de hechos esenciales en las mismas llevaba de forma automática a la separación del servicio[46].

En la disposición adicional segunda de la Ley de 10 de febrero de 1939 que acabamos de comentar se establecía que la depuración del personal docente dependiente del Ministerio de Educación Nacional se efectuaría con arreglo a las normas especiales que al efecto se dictasen. En base a esto se promulga la Orden de 18 de marzo de 1939 sobre depuración de funcionarios dependientes del Ministerio de Educación Nacional y creación de la Comisión Superior Dictaminadora de los expedientes de depuración, publicada en el BOE. de 23 de marzo de 1939. En la misma se estima conveniente mantener la normativa dictada hasta el momento y, en consecuencia, las sanciones que hasta ahora venían aplicándose, así como las Comisiones Depuradoras provinciales creadas para la Enseñanza Media y Primera Enseñanza. Sin embargo, la Orden no cree necesario mantener la Comisión que en concreto nos interesa, la Comisión A) que era la encargada de la depuración del Profesorado dependiente de las Universidades (aunque debía finalizar los expedientes que tuviese en trámite en un plazo de treinta días y remitirlos a la Jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior)[47], de forma que dicha depuración (por ser reducida en número) se sometería en lo sucesivo a la Ley de 10 de febrero[48], nombrándose los instructores correspondientes por el Ministerio[49]. Se crea un Organismo (la Comisión Superior Dictaminadora de los expedientes de depuración) para estudiar las propuestas y los expedientes incoados por las Comisiones depuradoras[50] y proponer al Ministerio la resolución que estime procedente debidamente fundamentada[51]. A la hora de recoger las causas que podían llevar a la imposición de sanciones, la Orden reproduce, en su artículo primero, de forma literal, las que establecía el artículo 9 de la Ley de 10 de febrero. Lo mismo sucede respecto a las sanciones, aunque se incluye una más: suspensión de empleo y sueldo de un mes a dos años[52]. Por lo que respecta a la depuración de los funcionarios dependientes del Ministerio de Educación Nacional de Vizcaya, Santander y Oviedo, se remite a las Órdenes de 3 de julio, 1 de septiembre y 10 de noviembre de 1937 que seguirán siendo de aplicación y en cuanto a los catalanes, a las Órdenes de 28 de enero y 4 de febrero de 1939, derogando tan solo el artículo 4 de la primera de ellas[53].

Por su parte, la Orden de 4 de diciembre de 1940 del Ministerio de Educación Nacional (BOE. de 25 de diciembre) establecía una serie de normas para terminar la depuración por las respectivas Comisiones, con objeto de que la Comisión Superior Dictaminadora pudiera ultimar su labor, señalándose un plazo de treinta días naturales, desde la publicación de esta Orden en el BOE. para que los interesados solicitasen revisión de sus expedientes[54].

En esta ocasión, hemos tenido acceso al expediente de depuración de José Maldonado y Fernández del Torco, entonces ayudante de Clases Prácticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid[55] que sería resuelto sin sanción conforme a la Ley de 10 de febrero de 1939 y a la Orden de 18 de marzo del mismo año, antes referidas. La resolución del Ministerio de Educación Nacional se fecha el 13 de julio de 1940 y coincide con la propuesta formulada por el juez instructor, en el sentido de que se le reintegre en el goce de los derechos que pudieran corresponderle[56]. El Juez depurador fue el Catedrático y Decano de Medicina, Fernando Enríquez de Salamanca[57] quien efectuaría al Ministerio de Educación Nacional la referida propuesta de readmisión sin sanción como resultado de la declaración jurada del profesor Maldonado, de la información testifical practicada y de la prueba documental aportada de la que se deduce que el interesado era persona “adicta al Movimiento Nacional”. Según el artículo 7.2 de la Orden de 18 de marzo de 1939 no era necesario remitir el expediente a la Comisión Superior Dictaminadora, ya que las diligencias las había llevado a cabo directamente un juez y no una Comisión depuradora. Pese a todo, se estimaría conveniente que la resolución fuese conocida por la Dirección General de Enseñanzas Superior y Media dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.2 de la referida Orden[58]. La declaración jurada y la instancia manuscrita de José Maldonado y Fernández del Torco están fechadas el 26 de junio de 1940. Maldonado no tenía la condición de funcionario de la Universidad al tiempo de la “liberación”, por ostentar un cargo anual que ya había finalizado. Por este motivo, no presentó en su momento la solicitud de depuración. Sin embargo, más adelante se convocarían oposiciones a Cátedra en la Facultad de Derecho, exigiéndose para presentarse a ellas, haber sido depurado con carácter previo. Esto es lo que llevó a Maldonado a presentar su instancia de depuración[59], acompañada de su declaración jurada[60]. El 1 de julio de 1940 comparecería ante el citado Juez depurador del personal docente de la Universidad de Madrid, Enríquez de Salamanca, ratificando los escritos anteriores, sin añadir nada más[61]. El Secretario del Juzgado emitiría un certificado de los documentos presentados por Maldonado, dando testimonio detallado de su contenido. Se trataba de documentos de los Inspectores Generales del disuelto Requeté de Madrid, Fernando Rodríguez de Rivera y Fagoaga y Antonio Hernández Bueno[62]; de Pedro González Quevedo y Monfort, Inspector Jefe de Tercios a las órdenes de la Comandancia[63]; de José Beltrán de Heredia y Castaños, Teniente de la Segunda Compañía del Segundo Tercio del Requeté de Madrid[64]; de la Auditoría de Guerra del Ejército de la Ocupación[65]; de la Auditoría de Guerra de la 1ª Región Militar[66]; de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación[67]; del Ministerio de Educación Nacional[68]; de la Facultad de Derecho de la Universidad Central o de Madrid[69]; de la Junta Superior de Censura Cinematográfica del Ministerio de la Gobernación[70] y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas[71]. Por su parte, el ya citado Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Eloy Montero Gutiérrez, aportaría un certificado, fechado el 1 de septiembre de 1939, con el sello del decanato, precisando que conocía desde hacía mucho tiempo a Maldonado, que había sido primero, alumno y luego, Ayudante de la Cátedra de Derecho Canónico y Secretario suyo, y que le constaba que era “persona de acendrada conducta religiosa, moral y católica, digno de toda confianza y afecto en todo y por completo al Glorioso Movimiento Nacional”[72]. A la vista de los documentos anteriores, el Juez Instructor elevaría la aludida propuesta de readmisión sin imposición de sanción, según el artículo 5 de la ley de 10 de febrero de 1939, dirigida el 3 de julio de 1940 al Director General de Enseñanza Superior y Media, entendiendo que de la información testifical practicada se deducía claramente que el interesado era persona afecta al Glorioso Movimiento Nacional y que la prueba documental era concluyente respecto a la adhesión de Maldonado al Régimen Nacional Sindicalista[73].

Tras su depuración favorable, José Maldonado y Fernández del Torco solicitaría la expedición del título de doctor en Derecho, remitiendo el expediente académico al Ministerio de Educación Nacional, el 26 de julio de 1941, habiendo completado los estudios correspondientes el 2 de junio de 1936 con nota de sobresaliente y premio, tras haber leído la Memoria doctoral sobre Influencia de las Decretales en las Partidas y haber abonado los derechos económicos[74]. El acta del grado de doctor en Derecho sería remitida por el Rector de la Universidad Central el 31 de julio de 1941[75]. Julio León Jiménez, Jefe del Negociado del Ministerio de Educación Nacional en funciones de secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, certificaría la concesión del premio extraordinario del Doctorado a José Maldonado, el 25 de septiembre de 1939, junto a Ángel Enciso Calvo, tras ser obligados los aspirantes a realizar un nuevo ejercicio sobre Formas Nuevas del Estado[76], referido, lógicamente, a lo que se denominaba el Estado Nuevo con referencia no sólo al régimen de Franco sino también al de Portugal, con António de Oliveira Salazar (1889-1970). Continuando con su carrera universitaria, Maldonado obtendría finalmente la Cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, después de superar las oposiciones el 12 de agosto de 1941, tomando posesión el 25 de agosto. El Rector de la Universidad de Santiago enviaría el expediente para la expedición del título al Ministerio de Educación Nacional el 10 de julio de 1942[77].

Diferente es el caso del internacionalista Adolfo Miaja de la Muela (1908-1981)[78] quien fue depurado del cuerpo de catedráticos y reincorporado posteriormente[79]. Así, sería depurado y dado de baja en el escalafón por una Orden de 12 de noviembre de 1936 (BOE. de 18 de noviembre), siendo Catedrático de la Universidad de Santiago y condenado por sentencia firme a doce años de prisión mayor y accesorias. Más tarde, en 1951, sería readmitido gracias a la iniciativa del Vizconde de Santa Clara de Avedillo, José de Yanguas Messía[80], haciendo la pertinente gestión ante el ministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés.

Por su parte José María Lacarra y de Miguel (1907-1987) fue reintegrado, sin sanción, en el goce de sus derechos como becario del Instituto de Estudios Medievales, por una Orden de 28 de febrero de 1940, tras ser analizado su expediente por el Juez de Depuración del personal de dicho Instituto, lo que le permitiría posteriormente obtener una Cátedra en Letras, pese a ser jurista y aparecer en la famosa foto del restaurante Lhardi de los catedráticos y especialistas en Historia del Derecho más prestigiosos de las Universidades españolas, en concreto: José Maldonado y Fernández del Torco, Juan Manzano Manzano, Alfonso García-Gallo de Diego, Juan Beneyto Pérez, Luis García de Valdeavellano y Arcimis, Galo Sánchez Sánchez, José López-Ortiz, Manuel Torres López y José Antonio Rubio Sacristán[81].

Jesús Sánchez-Diezma Bachiller, a quien correspondía jubilarse en 1936, por cumplir setenta años, sin embargo sería jubilado el 22 de julio de 1939, siendo previamente depurado sin sanción y pronunciándose la resolución definitiva al respecto por parte del Ministerio de Educación Nacional varios meses después de su jubilación el 17 de noviembre de 1939[82].

Con ocasión de las oposiciones a Cátedra de Derecho administrativo de 1940[83], hemos indicado en nuestro anterior trabajo que el candidato Josep Maria Pi Suñer tuvo algunas dificultades para poder hacerlo en función de la depuración de la que estaba pendiente. Sin embargo, ello no fue obstáculo para que se impusiera en aquella oposición una vez salvado este inconveniente. Lo mismo ocurrió con Eugenio Pérez Botija que salió propuesto en primer lugar en dicha oposición. Los otros dos candidatos que concurrieron a la misma, Antonio Mesa-Moles Segura (1911-1986)[84] y Juan Galvañ Escutia[85] quedaron fuera aunque superaron otras oposiciones posteriores sin dificultad. Evidentemente, en estos dos casos hubieron de acompañar el certificado de que habían sido depurados como auxiliares.

El auxiliar de Derecho romano de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Giralt i Segura, que había sido Premio extraordinario de Filosofía y Letras y de Derecho, carrera esta última en la que consiguió Sobresaliente y Matrícula de Honor en todas las asignaturas, hubo de huir del enrarecido ambiente político de Barcelona en 1937, justificando enfermedad y refugiándose en París. En su depuración universitaria el 8 de abril de 1942 fue “rehabilitado en su puesto docente sin sanción con el disfrute de los derechos que pudieran corresponderle”[86].

Justo Villanueva Gómez (1893-1952), Catedrático de Derecho político, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, por su vinculación con la redacción de la Constitución republicana de 1931 y su condición de diputado, elegido en 1931, 1933 y 1936, fue depurado con sanción siendo expulsado del cuerpo de catedráticos y dado de baja en el escalafón e inhabilitado para cargos directivos y de confianza, por resolución de la Comisión de Cultura y Enseñanza de 24 de septiembre de 1937 (BOE. de 28 de septiembre).


 

APÉNDICE

Ramón Carande y la Tercera España: Respuesta a M. J. Peláez y P. Zambrana

Rocío Yñíguez Ovando

Profesora titular de Escuela Universitaria de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. Dirección postal: C/ Bailén, Nº 22, 1º B, 41001 Sevilla. España. Correo electrónico: ovando@us.es

 

El comportamiento del profesor Carande en el período comprendido entre el inicio de la guerra civil y 1945, año en que consiguió recuperar su cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Sevilla, ha sido objeto de valoraciones de distinto signo. Este tipo de valoraciones en las que se trata de analizar de forma aislada 9 años de la vida de un hombre que tuvo la fortuna de vivir casi un siglo, no deja de resultar una tarea ciertamente delicada. Mi pretensión al escribir estas líneas no es, ni mucho menos la de enmendar la visión de nadie sobre la actitud de Ramón Carande ante los poderes públicos en los años citados, sino más bien destacar diversos aspectos de esta cuestión, que nos permita comprender mejor el, algunas veces distorsionado, perfil político del profesor Carande[87].

Ramón Carande (1887-1986) conoció todos los sistemas políticos de la España del siglo XX, desde la monarquía de Alfonso XIII, cuya coronación fue el motivo de su primer viaje a Madrid, hasta la actual Monarquía parlamentaria, pasando por la dictadura de Primo de Rivera, la II República, la guerra civil y la dictadura franquista. En cada uno de estos períodos, Ramón Carande asumió junto a sus obligaciones universitarias, como docente e investigador, un compromiso de servicio a la sociedad de su época. En 1910 se afilió a la UGT y empezó a colaborar con Manuel Núñez Arenas en la Escuela Nueva, proyecto pedagógico al servicio de los obreros. Unos años más tarde, recién llegado a Sevilla, en 1918 defendió en el Ateneo de esta ciudad sus ideas y propuestas sobre el problema autonómico catalán[88]. En 1931 dimitió de su cargo de Rector de la universidad hispalense, para afiliarse a la Agrupación al Servicio de la República, liderada por José Ortega y Gasset, siendo éste el único grupo político en el que militó el profesor Carande. Éste fue republicano por herencia y convicción, no en vano, su padre, Manuel Carande fue un activo republicano[89] y el propio Ramón Carande se manifestó públicamente como republicano en un periódico de Sevilla[90], al día siguiente de proclamarse la II República. En 1931 fue nombrado por Niceto Alcalá Zamora, Consejero Permanente de Estado y poco tiempo después de dimitir de este cargo, Manuel Azaña, le propuso ocupar la cartera del ministerio de Comunicaciones, que finalmente no llegó a desempeñar, porque por un lado, parece que su maestro Flores de Lemus se lo desaconsejó y porque, por otro lado, da la impresión de que su candidatura no fue del agrado de los radicales socialistas.

Durante la guerra civil, Ramón Carande intentó mantenerse al margen. No quiso unirse a ninguna de las dos opciones, porque ello hubiese supuesto el tener que enfrentarse a una de ellas, lo que estaba muy lejos de su intención de alcanzar esa tercera España, que superando posiciones antagónicas, consiguiera crear un estado moderno e integrador. Prueba de esta neutralidad es que tuvo problemas, con los dos bandos. Por un lado, a finales de junio de 1936, fue llevado a la Dirección General de Seguridad, como sospechoso de antirrevolucionario y fascista, tras una denuncia presentada por la patrona de una pensión, en la que se hospedaba, su casa con todas sus pertenencias fue incautada por la CNT, en 1937 estuvo detenido en el antiguo colegio de los salesianos y en 1938 se inició un procedimiento de incautación de sus activos bancarios. Por otra parte, en la España nacional le fue abierto un expediente, en el que se le acusaba de apoyar a la otra España, e igualmente pretendieron incautarle sus bienes en Extremadura, pero consiguió salir airoso de todos estos trances. Tras el final de la guerra civil, Ramón Carande tenía más de cincuenta años y le embargaba una gran amargura, desilusión y tristeza por todo lo acontecido, pero independientemente del resultado de la contienda, no estaba dispuesto a renunciar a vivir en su querida España. Después de la guerra contó con el apoyo de personas afines al régimen franquista[91], que durante su procedimiento de depuración política, le protegieron de una manera muy efectiva con acciones tan llamativa, como su nombramiento de Consejero Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Aunque esta protección no impidió que el ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, tuviese paralizado más de un lustro, sin razón aparente alguna, el expediente de reincorporación a su cátedra de la Universidad de Sevilla. Si Carande tenía amigos entre los vencedores, que se comportaron como tales, creo que tampoco le hubiesen faltado amigos, que le habrían ayudado y protegido si el resultado de la guerra civil hubiese sido otro. La valía profesional de Carande estaba por encima de esas dos Españas, pertenecía y pertenece a lo que él llamaba la tercera España, resultante de la simbiosis de ambas.

 

NOTAS

[1]Ver: Peláez, Manuel J., Infrahistorias e Intrahistorias del Derecho Español del siglo XX. Un paisaje jurídico con treinta figuras (Barcelona, 1995, 2ª ed. ampliada), pp. 71-82, 195-200 y 236-240;         [ Links ] Tres defensores del Estado frente a la persona: Franz Oppenheimer, Manuel Martínez Pedroso y Francisco Javier Conde. Del Socialismo de Cátedra a la Teoría del Caudillaje, pasando por la Depuración política, en Persona y Estado en el umbral del siglo XXI. XX Aniversario de la Facultad de Derecho de Málaga (Málaga, 2001), pp. 635-647; Zambrana Moral, Patricia - Martínez Barrios, Elena, Una forma particular de aplicación del Derecho. La depuración política de los mercantilistas y de los historiadores del Derecho a partir de 1937, en Rudimentos Legales. Revista de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén 1 (1999), pp. 191-216;         [ Links ] Depuración política universitaria en el primer franquismo: algunos Catedráticos de Derecho (Barcelona, 2001); Notas sobre depuración política universitaria: algunos casos concretos, en Cuadernos Republicanos 46 (Julio 2001), pp. 19-52; y, en esta misma sede, Peláez, Manuel J. - Zambrana Moral, Patricia, Más noticias sobre la depuración política universitaria de catedráticos de Derecho en España (1936-1943) (1ª parte), en Revista de Estudios histórico-Jurídicos 29 (2007), pp. 465-480.        [ Links ]

[2]Resume el procedimiento, sus características y arbitrariedades, Claret Miranda, Jaume, Cuando las cátedras eran trincheras. La depuración política e ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 6 (2006), pp. 12-14         [ Links ]de la separata. Sobre los antecedentes históricos de la depuración y su justificación ideológica, a la que califica como una nueva “Cruzada” contra el infiel, basada en la justificación del Alzamiento Nacional, la santificación de la guerra civil y el fin de redención nacional, ver:: Reig Tapia, Alberto, La depuración “intelectual” del nuevo Estado franquista, en Revista de Estudios Políticos 88 (abril-junio/1992), pp. 178-183. Algo apunta al respecto, Pasamar Alzuria, Gonzalo, Maestros y discípulos: algunas claves de la renovación de la historiografía española en los últimos cincuenta años, en Rújula, P. y Peiró, Ignacio (eds.), La historia local en la España Contemporánea. Estudio y reflexiones desde Aragón (Barcelona, 1999), pp. 62-77,         [ Links ] en particular, pp. 64-65. El supuesto concreto de la depuración de los evangélicos españoles es analizado de forma escueta por Vilar, Juan B., Los protestantes españoles: la doble lucha por la libertad durante el primer franquismo (1939-1953), en Anales de Historia Contemporánea 17 (2001), pp. 253-299,         [ Links ] ad casum, pp. 263-266. Asimismo, se puede consultar Jiménez Villarejo, Carlos, La destrucción el orden republicano (apuntes jurídicos), en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 7 (2007), pp. 16-17         [ Links ]de la separata. En la importante obra de Peiró Martín, Ignacio y Pasamar Alzuria, Gonzalo, Diccionario Akal de Historiadores españoles contemporáneos (1840-1980) (Madrid, 2002),         [ Links ] se indican someramente algunas referencias a depuración de catedráticos de asignaturas históricas del período correspondiente.

[3] Artículo 1 del Decreto de 21 de julio de 1936.

[4]Ver: Peláez, Manuel J., Gonzalo [Ángel Francisco Lucas] del Castillo Alonso (n. 1871), en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos) (Zaragoza-Barcelona, 2008), II, 2, Apéndice ?, p. 282, Nº 1642.

[5] Exposición de Motivos del Decreto de 8 de noviembre de 1936.

[6] Artículo 1 del Decreto de 8 de noviembre de 1936.

[7] Artículo 2 del Decreto de 8 de noviembre de 1936.

[8] Así se dispone en el artículo 3 del Decreto de 8 de noviembre de 1936.

[9] Artículo 1 de la Orden de 10 de noviembre de 1936.

[10] Es lo que establece el artículo 2 de la Orden de 10 de noviembre de 1936.

[11] Artículo 3 de la Orden de 10 de noviembre de 1936.

[12] Cfr. Artículo 4 de la Orden de 10 de noviembre de 1936.

[13] Artículo 9 de la Orden de 10 de noviembre de 1936.

[14] Esto es lo que se recoge en el artículo 5 de la Orden de 10 de noviembre de 1936.

[15] Artículo 6 de la Orden de 10 de noviembre de 1936.

[16] Artículo único de la Orden de 17 de febrero de 1937.

[17] Artículo 8 de la Orden de 10 de noviembre de 1936.

[18] Ver: artículo 7 de la Orden de 10 de noviembre de 1936.

[19]Este tipo de discursos era muy corriente en 1937 en el sector nacional o franquista. Recordemos que José Ibáñez Martín (1898-1969), el que fuera Ministro de Educación Nacional desde 1939, dijo, en Santiago de Chile en noviembre de 1937 en el Estadio de Santa Laura, formando parte de la Embajada o Misión Nacionalista española: “La lucha de España es una lucha de ideas, frente a frente se hallan la civilización occidental y cristiana y la barbarie roja”. Además, para Ibáñez la “fiera bolchevique” era insaciable y “el peligro estaba acechando a Hispanoamérica”. Ver: Martínez Barrios, Elena, Epistolario de la Embajada nacionalista latinoamericana: 1937-1938 (análisis histórico e institucional) (Zaragoza, 1998), p. 35.         [ Links ] Contrasta el tono de las palabras de Ibáñez Martín en los mítines con la moderación que se vislumbra luego en sus cartas de las que la autora recoge varias en su libro.

[20]Alberto Reig Tapia, La depuración ‘intelectual’ del nuevo Estado franquista, en Revista de Estudios Políticos 88 (abril-junio/1992), pp. 187-188,         [ Links ] afirma que fue en el campo de la educación y de la enseñanza donde la furia depuradora se hizo más patente porque, precisamente, había sido el régimen republicano el que había impulsado el sector. Sobre los “inspiradores del mal” de la Institución Libre de Enseñanza denunciados por José María Pemán y Eugenio Vegas Latapie (1907-1985), ver: pp. 190-193. Precisa que el lenguaje de Pemán era “un lenguaje del siglo XVI, profundamente impregnado de un espíritu de cruzada y una voluntad absolutista, totalitaria, dispuesta a desmantelar hasta el último vestigio del estado liberal surgido de la Ilustración y de la Revolución francesa” y que lo que realmente desmanteló Pemán y su equipo fue el sistema educativo republicano, un sistema pedagógico moderno y renovador, plural y avanzado (p. 194).

[21]Hay quien ha calificado este tipo de discursos como una “mezcla de conservadurismo corporativista, catolicismo ultraortodoxo, nacionalismo excluyente y fascismo. Es decir, aquello que conocemos como nacional-catolicismo y que se complementaba con un odio profundo hacia la Segunda República, los partidos de izquierdas y la democracia en general” [Claret Miranda, Jaume, Cuando las cátedras eran trincheras. La depuración política e ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 6 (2006), p. 10         [ Links ]de la separata]. Refiere cómo sólo respecto a los catedráticos universitarios hay evidencia documental de más de 160 sanciones, al margen de los docentes asesinados a los que cita como pequeño homenaje.

[22] Artículos 1 y 2 de la Orden de 3 de julio de 1937.

[23] Un Decreto de 19 de abril de 1937 (Decreto Nº 255), publicado en el BOE. de 20 de abril hacía que Falange Española, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista y Requetés se integrasen en una sola entidad política de carácter nacional denominada Falange Española Tradicionalista y de las JONS, quedando disueltas las demás organizaciones y partidos políticos. Con posterioridad se hizo una enumeración de los partidos políticos que quedaban declarados ilegales, entre ellos el Partido Comunista de España (PCE), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión Republicana, Izquierda Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya, Alianza Nacionalista Vasca, etc.

[24] Cfr. Artículo 1 de la Orden de 3 de julio de 1937.

[25] Artículo 3 de la Orden de 3 de julio de 1937.

[26] Por esta norma se generalizó la autonomía en la Universidad de Barcelona con el problema añadido de la lengua.

[27]Artículo 3 de la Orden de 28 de enero de 1939. Los bienes del referido Patronato Universitario serían liquidados por una Comisión formada por dos Catedráticos numerarios de Universidad, un Abogado del Estado, y un Funcionario del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado, designados por el Ministerio de Educación Nacional (los dos últimos a propuesta del Ministerio de Hacienda). Corresponde, además, a dicha Comisión investigar sobre la administración de los fondos a cargo del Patronato desde la fecha de su creación (Artículo 3 in fine de la Orden de 28 de enero de 1939).

[28] Así se disponía en el artículo 4 de la Orden de 28 de enero de 1939, derogado, como veremos, por la Orden de 18 de marzo de 1939.

[29] Artículo 6 de la Orden de 28 de enero de 1939.

[30] Artículo 1 de la Orden de 28 de enero de 1939. Los requisitos mínimos de la instancia eran, como en casos anteriores: forma y fecha del ingreso en el Escalafón, cargos que hubiera desempeñado, agrupaciones sindicales y partidos políticos a los que hubiese pertenecido durante los últimos seis años y actuación concreta desde la fecha en que se produjo el Movimiento Nacional, indicando, además, las personas que puedan aseverar sobre los extremos anteriores.

[31]Artículo 6 in fine de la Orden de 28 de enero de 1939.

[32] Como vemos, la Exposición de Motivos de la Ley de 10 de febrero de 1939 mantiene la misma línea en el discurso que hemos contemplado hasta el momento.

[33] Exposición de Motivos de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[34] Artículo 1 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[35]Ver: Aguirre Lekube, José Antonio, La gestión del Gobierno de Euzkadi desde 1936 hasta 1956 (París, 1956).        [ Links ]

[36] Se enumeran todos estos extremos en el artículo 2 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[37] Artículo 3 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[38] Cfr. artículo 4 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[39] Artículo 5 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[40] Ver: artículo 6 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[41] Artículo 7 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[42] Así se establece en el artículo 8 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[43]Recordemos que hay quien ha señalado en su defensa, fechada en marzo de 1941, que cuando se recoge esta causa de sanción no se hace en sentido imperativo sino con carácter potestativo, debiendo exigirse –a su parecer– que sólo puedan motivar una sanción aquellos hechos realizados en el ejercicio del cargo docente del interesado. Se trata del caso de Boix Raspall (Zambrana Moral, Patricia - Martínez Barrio, Elena, Depuración política universitaria en el primer franquismo: algunos Catedráticos de Derecho, p. 22).         [ Links ] Ver: Pérez-Batardas, Alfred, Josep Maria Boix i Raspall (1887-1973) (Barcelona, 2001)

[44] Artículo 9 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[45] Cfr. artículo 10 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[46] Artículos 11 y 12 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[47] Artículo 5 de la Orden de 18 de marzo de 1939.

[48] Es lo que establece el artículo 7 de la Orden de 18 de marzo de 1939. Se aclara que el Profesorado de cada Universidad iniciará su expediente de rehabilitación y depuración, presentando ante el Rectorado su solicitud y la declaración jurada exigida por el artículo 2 de la Ley de 10 de febrero de 1939.

[49]Se nombran cuatro instructores, tres por cada uno de los centros liberados (Barcelona, Madrid y Valencia) y uno general [Claret Miranda, Jaume, Cuando las cátedras eran trincheras. La depuración política e ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 6 (2006), p. 12,         [ Links ] de la separata]. Sus nombres son conocidos y ya los hemos indicado en anteriores publicaciones nuestras.

[50] Artículo 9 de la Orden de 18 de marzo de 1939. El artículo 10 de esta Orden determina que la Comisión Dictaminadora estaría integrada por un Funcionario judicial con la categoría de Magistrado, como Presidente, dos miembros del alto personal docente del Ministerio, un funcionario de la carrera judicial y el Jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio.

[51] Artículo 11 de la Orden de 18 de marzo de 1939. Ver: también artículos 12 a 14 de dicha Orden sobre el modo de actuar de la Comisión.

[52] Ver: artículo 10 de la Ley de 10 de febrero de 1939 y artículo 2 de la Orden de 18 de marzo de 1939.

[53] Artículo 6 de la Orden de 18 de marzo de 1939.

[54] Artículo 6 de la Orden de 4 de diciembre de 1940.

[55]Sobre la situación de la Universidad de Madrid, ver: Rodríguez López, Carolina, La Universidad de Madrid en el primer franquismo. Ruptura y continuidad (1939-1951) (Madrid, 2002).         [ Links ] Otro sentido cabe otorgar a lo que señala Sotés Elizalde, María Ángeles, Universidad franquista: Debate sobre la libertad de enseñanza (1939-1962) (Pamplona, 2004),         [ Links ] donde resulta interesante el Informe sobre la reforma de la enseñanza que propone la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid del 6 de junio de 1940 que Sotés comenta, recogiendo algunos fragmentos del mismo en pp. 89-95. Dicho informe fue elevado al Rector por el Decano de la Facultad de Derecho, el sacerdote y catedrático de Derecho canónico Eloy Montero Gutiérrez [Sotés lo denomina Elías Montero], persona sobre el que algo dicen Ibán, Iván C., Catedráticos de Derecho Canónico en la Universidad Complutense (1929-1996), en Ius Canonicum 38 (1997) 73, pp. 196-199;         [ Links ] y Peláez, Manuel J., Eloy Montero Gutiérrez (1887-1972), en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos) (Zaragoza-Barcelona, 2006), II,1, pp. 162-163, Nº 647.         [ Links ]

[56] Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197.

[57]Indica Jaume Claret Miranda que este juez “no se limitó a efectuar una tarea administrativa, sino que se implicó directamente en la tramitación, pues utilizó su conocimiento directo de los encausados –especialmente cuando pertenecían a la Facultad de Medicina– y aprovechó para cobrarse cuentas pendientes” [Cuando las cátedras eran trincheras. La depuración política e ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 6 (2006), p. 14, de la separata].

[58] Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197.

[59] La instancia se produce en los siguientes términos: “José Maldonado y Fernández del Torco, mayor de edad, soltero, auxiliar de la Facultad de Derecho de Madrid, domiciliado en la calle de Alberto Aguilera, Nº 60, a V.E. con el mayor respeto expone: Que al comenzar el curso académico 1935-36 fue nombrado, para solo aquel curso, ayudante de clases prácticas de la asignatura de Instituciones de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Como su nombramiento terminaba con aquel curso, al ser liberado no tenía ya el carácter de funcionario de la Universidad; por ello, y siguiendo el criterio general sentado por la Facultad de Derecho de Madrid para estos casos, no presentó entonces declaración jurada al Ministerio. Sin embargo, la Facultad le estimó digno de que volviera a ser nombrado, para formar parte de su cuerpo docente. Que al convocarse a oposición unas cátedras de la Facultad de Derecho se exige, para presentarse a ellas, haber sido previamente depurado, estimándose ahora que esos ayudantes de nombramiento meramente anual deben hacerlo así. Por ello: Suplica a V. E. se sirva admitirle la declaración jurada que presenta, y que no presentó antes por seguir el criterio de la Facultad antes indicado y tramitarla con objeto de conseguir la depuración del solicitante. Gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años” (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[60] Maldonado comienza su declaración jurada siguiendo la Ley de de febrero de 1939, haciendo referencia, en primer lugar a sus cargos: Ayudante de Clases Prácticas de la asignatura de Instituciones de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, primeramente para el curso 1934-35 y luego para el curso 1935-1936. A continuación, señala que no firmó ninguna adhesión a autoridades rojas. Añade que durante la dominación roja no volvió a prestar ningún servicio como Ayudante de la Facultad de Derecho. Incluso dejó de acudir a ella y ni siquiera se presentó a cobrar una cantidad que le habían asignado, antes de la revolución, para realizar un viaje de estudios, “por temor a las persecuciones que pudiera acarrearle su notoria fama, de derechista”. Tampoco se presentó cuando los rojos hicieron un llamamiento a los profesores universitarios. Tras estar largo tiempo recluido en casa de unos parientes y sufrir una investigación por la policía roja se incorporó forzosamente a la “caja de reclutas” donde fue destinado como “soldado de segunda de servicios auxiliares”. Esta situación le permitiría remitir al Servicio de Información de la España Nacional la documentación de la oficina en que la que se encontraba que fuese de interés. En 1937, durante la dominación roja se unió a las Milicias clandestinas de Falange Española. Al ser liberado Madrid, era Alférez de la 2ª Compañía del 2º Tercio del Requeté de Madrid. Siendo soldado colaboró con el Servicio de Información de la España Nacional. Fue depurado favorablemente por un juez militar y militarizado como Teniente Honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, prestando sus servicios como tal en la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación en Madrid. En 1933, ingresó en Acción Popular. Además, ha pertenecido a los Estudiantes Católicos, a la Congregación de Abogados y a la de San Luis Gonzaga. Afirma que, a pesar de haber vivido en la zona roja no ha estado afiliado a ninguna organización sindical, ni partido, ni asociación roja, ni de izquierdas y que no pertenece ni ha pertenecido a la masonería. Entre los testigos que propone para apoyar su declaración figuran Eloy Montero y Gutiérrez, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y el Teniente del Cuerpo Jurídico Antonio Ferrer Sama, agente del S. I. P. M. (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[61] Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197.

[62] Documento Nº 1: “Fernando Rodríguez de Rivera y Fagoaga y Antonio Hernández Bueno, Inspectores Generales del disuelto Requeté de Madrid. Certifican: Que el camarada José Maldonado Fernández del Torco con domicilio en Madrid, calle Ayala Nº 11, pertenecía al Requeté con anterioridad a la unificación; hallándose encuadrado en el Tercio 2º, 2ª Cª con la graduación de Alférez. Madrid 27 de Abril de 1939. Año de la Victoria. Firma ilegible. Hay un sello con las aspas de Borgoña que dice Requeté de Madrid, Tercio de Calatrava. F.E.T. Mando. Saludo a Franco. Arriba España” (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[63] Documento Nº 2. “F.E.T. y de las J.O.N.S. Requeté de Madrid. Pedro González Quevedo y Monfort, Inspector Jefe de Tercios a las órdenes de la Comandancia. Certifico: Que José Maldonado y Fernández del Torco pertenece a este Requeté con la categoría de Alférez y, como tal, manda una sección de la segunda Compañía del Segundo Tercio, habiendo ejercido este cargo durante la dominación roja. Y para que pueda acreditarlo así expido este certificado en Madrid a 28 de marzo de 1939. III Año Triunfal. El Inspector Jefe de Tercios: Pedro González Quevedo Monfort (firmado). Hay un sello con las aspas de Borgoña que dice: F.E.T. Requeté. de Madrid” (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[64] Documento Nº 3. “F.E.T. y de las J.O.N.S. Requeté de Madrid. 2º Tercio. 2ª Compañía. José Beltrán de Heredia y Castaños, Teniente de la Segunda Compañía del Segundo Tercio de este Requeté. Certifico: Que José Maldonado y Fernández del Torco pertenece a esta Compañía, en la cual está encuadrado con el grado de Alférez y que ingresó en la misma por haber perdido contacto con la “Legión Llanas” de Falange, a la cual estaba unido con anterioridad. Y para que pueda acreditarlo expido el presente a petición del interesado en Madrid a 28 de Marzo de 1939, tercer año triunfal. El teniente: firmado: J. Beltrán de Heredia. Hay un sello con las aspas de Borgoña que dice: F.E.T. Requeté de Madrid” (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[65] Documento Nº 4. “Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. Sección S. G. Número. Habiendo sido aprobada su propuesta de militarización, y designado para ejercer el cargo de Defensor, se servirá Vd. pasar con la máxima urgencia y precisamente vistiendo el uniforme militar, por esta Secretaría General de la Auditoría de Guerra, despacho del Teniente Melo. Dios guarde a Vd., muchos años. Madrid 15 de Mayo de 1939: Año de la Victoria. De orden de S.S. El Jefe de Personal: Firmado, Francisco Melo. Señor Don José Maldonado y Fernández del Torco. Teniente del Cuerpo Jurídico. Ayala Nº 11. Hay un sello con el escudo nacional que dice: Auditoría del Ejército de Ocupación. Secretaría General” (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[66] Documento Nº 5. “Auditoría de Guerra de la 1ª Región Militar. Secretaría. Num. 9042. Don Antonio González Cuellar, Secretario General de la Auditoría de Guerra de la Primera Región Militar. Certifico: Que Don José Maldonado y Fernández del Torco, ha venido prestando sus servicios en esta Auditoría como Oficial Segundo Honorífico Provisional del Cuerpo Jurídico Militar, desde el diez de Mayo del corriente año hasta el día de la fecha. Y para que conste, expido el presente que firmo en Madrid a diez y siete de noviembre de mil novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria. Firmado: Ant. González Cuellar. Hay un sello con el emblema del Cuerpo Jurídico Militar que dice: “Auditoria de Guerra de la 1ª Región Militar. Madrid”“ (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[67] Documento Nº 6. “Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Visto el expediente instruido a base de la declaración jurada suscrita por V.S., la Junta de Gobierno en sesión del 6 del corriente, acordó declararle depurado con todos los pronunciamientos favorables. Lo que le comunico para su satisfacción y efectos correspondientes. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, 11 de Noviembre de 1939. Año de la Victoria. El Secretario General, Firmado: Jesús Marañón. Sr. D. José Maldonado y Fernández del Torco. Hay un sello con el escudo de la Academia, que dice: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid”. (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[68] Documento Nº 7. “Ministerio de Educación Nacional. Sección Universidades. Número. Con esta fecha me comunica el Excmo. Sr. Ministro la siguiente Orden: “Iltmo. Sr.: De conformidad con la propuesta formulada por el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, elevada a la Superioridad por conducto del Rectorado de la misma, este Ministerio ha tenido a bien nombrar con carácter provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el número 8º de la Orden de 6 de junio último para Auxiliares y Ayudantes, a Don José Maldonado y Fernández del Torco, Auxiliar temporal de la expresada Facultad, adscrito a las enseñanzas de Historia de la Iglesia y del Derecho Canónico, con la gratificación de 3.000 pesetas anuales, con cargo a los ingresos del Patronato Universitario, según se establece en la orden de la creación de dicha Auxiliaría, entendiéndose que este nombramiento cesará el 30 de Septiembre de 1940”. Lo que traslado a V. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 10 de Octubre de 1939. Año de la Victoria. El Director General de Enseñanzas Superior y Media. Firmado, José Pemartín. Señor Don José Maldonado y Fernández del Torco” (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[69] Documento Nº 8. “Universidad Central. Facultad de Derecho. Con esta fecha el Excmo. Sr. Rector de la Universidad Central, me comunica la orden que copiada al pie de la letra dice así: “el Iltmo. Sr. Director de Enseñanzas Superior y Media, en comunicación de fecha 13 de los corrientes dice a este Rectorado lo que sigue: Ilmº. Sr. De conformidad con la propuesta del Sr. Decano de la Facultad de Derecho de esa Universidad, esta Dirección General ha acordado nombrar Secretario y Vicesecretario de la Facultad de referencia, a D. Eugenio Cuello Calón y D. José Maldonado y Fernández del Torco, Catedrático y Profesor Auxiliar Temporal, respectivamente”. Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a Vd. muchos años. Madrid, 27 de noviembre de 1939. Año de la Victoria. El Decano. P.O. Firmado: José Gascón Marín. Sr. Don José Maldonado y Fernández del Torco. Hay un sello que dice: Universidad de Madrid. Facultad de Derecho. Decanato” (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[70] Documento Nº 9. “Estado Español. Ministerio de la Gobernación. Junta Superior de Censura Cinematográfica. Clasificador Nº 22. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3º y 9º de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 14 de Diciembre de 1939, y a propuesta del Ministerio de Educación Nacional, nombro a Vd., con el carácter de Delegado de esta Junta, clasificador, para menores de 14 años, de las películas que se proyecten en las sesiones públicas del cinematógrafo San Miguel de esta capital. Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole que deberá Vd. tornar posesión de su cargo en la Secretaría de esta Junta (Medinaceli 4 – 2º) todos los días laborables de 12 a 2. Dios guarde a Vd. muchos años. Madrid, 13 de febrero de 1940. El Presidente de la Junta Superior de Censura Cinematográfica, Delegado del Ministro de la Gobernación, Firmado: Melchor Fernández Almagro. Sr. Don José Maldonado Fernández del Torco. Madrid. Viva Franco. Arriba España. Hay un sello con el escudo nacional que dice: Estado español. Ministerio de la Gobernación. Junta de Censura Cinematográfica” (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[71] Documento Nº 10. “Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Duque de Medinaceli 4. Madrid. En la sesión del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones Científicas, celebrada el día 13 del actual, a propuesta del Director del Instituto “Francisco de Vitoria” dependiente del Patronato Raimundo Lulio, se le nombró a Vd. Ayudante de la Sección de Canónico del expresado Instituto, con la gratificación de cuatro mil pesetas anuales. Lo que de orden del Sr. Presidente comunico a Vd. a los efectos oportunos. Dios guarde a Vd. muchos años. Madrid, 19 de Junio de 1940. El secretario, Firmado. José Mª Albareda. Sr. Don José Maldonado. Hay un sello con el emblema del Consejo, que dice: Ministerio de Educación Nacional. Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197).

[72] Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197.

[73] Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16197.

[74]Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 1588.

[75] Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 1588.

[76] Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 1588.

[77] Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Educación y Ciencia, legajo 16050.

[78]Sobre sus aportaciones científicas hay que acudir necesariamente al libro de Fernández Sola, N., El pensamiento internacionalista del profesor Miaja de la Muela: su contribución al Derecho internacional público y al Derecho europeo (Zaragoza, 1999).        [ Links ]

[79]Lo dice el propio Miaja con ocasión de la necrología de Yanguas Messía que publicó en el Anuario de Derecho Internacional 1 (1974), pp. 405-410. Sitúa dicha operación y reincorporación en el año 1951.

[80]Consultar, Peláez, Manuel J., José de Yanguas Messía (1890-1974), en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), II, 2 (= III de la colección), pp. 144-145, Nº 1355.        [ Links ]

[81] Ver: página web del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Complutense de Madrid.

[82]Peláez, Manuel J., Jesús Sánchez-Diezma Bachiller (1866-1939), en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), II, 2, Apéndice ?, pp. 578-579, Nº 2243.        [ Links ]

[83]Blasco Gil, Yolanda, Primeras Oposiciones a Cátedra de Derecho administrativo en la posguerra, en Derecho, historia y Universidades. Estudios dedicados a Mariano Peset (Universidad de Valencia, Valencia, 2007), I, pp. 243-252.         [ Links ] No parece importarle demasiado el tema de las depuraciones a Blasco, sino simplemente los ejercicios de dichas oposiciones.

[84]Entonces se denominaba Antonio Mesa Segura. Uniría posteriormente los apellidos. Ver: Garrido Arredondo José, Antonio Mesa-Moles Segura (1911-1986), en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), II, 1, p. 130, Nº 611.         [ Links ] Antes había publicado Gibert Sánchez de la Vega, Rafael, Antonio Mesa-Moles Segura, en Annals of the Archive of “Ferran Valls i Taberner’s Library”. Studies in the History of Political Thought, Political & Moral Philosophy, Business & Medical Ethics, Public Health and Juridical Literature 11-12 (1991), pp. 507-519.        [ Links ]

[85]En el caso de Galvañ, hay que mencionar la famosa cátedra en la que triunfó por encima de Laureano López Rodó (1920-2000) y Manuel Ballbé Prunes (1920-1961) que falleció ahogado en el mar y no en un accidente de circulación como se ha dicho en varias ocasiones, dejando viuda y diez hijos. Sobre Galvañ, ver: Graullera Sanz, Vicente, Juan Galvañ Escutia (1907-2005), en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), II, 2, Apéndice ?, pp. 374-375, Nº 1812.        [ Links ]

[86]Ver: Peláez, Manuel J., Josep Maria [Manuel Jaume] Giralt Segura (n. 1896), en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), II, 2, Apéndice ?, p. 395, Nº 1861.

[87]Ver: Yñíguez Ovando, Rocío, Ramón Carande: un siglo de vida (Fundación Universitaria española, Madrid, 2002).        [ Links ]

[88]Carande Thovar, Ramón, Los problemas de la autonomía, en Diario El Liberal, 20-12-1918, pp.1-3,         [ Links ] Hemeroteca Municipal de Sevilla, Rollo 83.

[89] En 1910 firmó junto a Pérez Galdós, Pablo Iglesias, José María Esquerdo, Alejandro Lerroux, Gumersindo de Azcárate y Melquiades Álvarez, entre otros, un manifiesto de la Conjunción Republicano-socialista.

[90]Semanario Crítica, publicación que nació en Sevilla, el 9 de abril de 1931, declarándose a favor de la libertad civil, contra todo despotismo y en clara defensa de la República.

[91] Pedro Gamero del Castillo, que había sido alumno de Carande en la Universidad hispalense; Javier Martínez Bedoya, Jefe Nacional de Beneficencia; Antonio Ballesteros Beretta, Académico de la Historia y Melchor Fernández Almagro, delegado de propaganda del Ministerio de Gobernación.


Recibido el 3 de mayo de 2008. Aprobado el 30 de mayo de 2008.

Dirección para correspondencia: P. Zambrana es Profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones. Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Dirección postal: Boulevard Louis Pasteur, 26, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, España. Correo electrónico: pzambrana@uma.es

M. Peláez es Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Dirección postal: Boulevard Louis Pasteur, 26, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, España. Correo electrónico: mjpelaez@uma.es