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Revista médica de Chile

versión impresa ISSN 0034-9887

Rev. méd. Chile vol.139 no.7 Santiago jul. 2011

http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872011000700021 

Rev Med Chile 2011; 139: 959-960

CARTAS AL EDITOR

 

Salud Mental en Adolescentes Privados de Libertad: una deuda pendiente

Mental health of young offenders deprived of liberty: a pending debt

 

Juan Andrés Prato1, Nicolás Espejo2, María Jesús Valdivieso1, Constanza Aguirre1, Matías González1

1. Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.
2. UNICEF Chile.

Dirección para correspondencia


Sr. Editor:

El sistema de justicia de una nación tiene la facultad de privar de libertad a las personas, de acuerdo a leyes y penalidades convenidas. Esta prerrogativa es una responsabilidad para y con la sociedad, y para cada uno de los sujetos sancionados. Estar privado de libertad y cumplir una condena son circunstancias que de ninguna manera deben vulnerar los derechos básicos de las personas a ser tratados dignamente. Ya la privación misma de la posibilidad de libre desplazamiento es una sanción que vulnera aquel derecho. No obstante, la sociedad acepta tal medida como una respuesta de último recurso frente a delitos graves.

El grupo de adolescentes que incurren en delitos se constituyen para la sociedad en un desafío que debe tener como objetivo rescatarlos de una posible "carrera delictiva". A diferencia de los sistemas penales para adultos, en los que la pena juega funciones eminentemente retributivas, las sanciones respecto de adolescentes se justifican sólo si son idóneas y efectivas para garantizar la plena inserción social. En base a lo anterior, resulta vital seguir de cerca la etapa y condiciones de ejecución de las sanciones aplicadas a adolescentes infractores de ley.

La dimensión multifacética de la etiología de la delincuencia no cabe en nuestro análisis y sólo distinguiremos aspectos relacionados con la responsabilidad social con los adolescentes privados de libertad, particularmente las consideraciones que merecen los aspectos de salud mental en la privación de libertad.

La libertad personal como principio fundamental es, precisamente, una de las cosas que la sociedad determina que puede restringirse a aquel que delinque, toda vez que la comisión de delitos graves delata el ejercicio inadecuado del autogobierno en búsqueda del beneficio propio. En este orden de cosas, la sociedad puede hacer uso de medidas que limiten el ejercicio de la autonomía, pero éste debe ser entendido como una privación parcial, bien delimitada y nunca absoluta. La coerción absoluta de la autonomía degrada a la persona y la aparta del legítimo deseo de continuar siendo parte integrante de la sociedad y no un sujeto disminuido que se verá en la necesidad de competir o arrebatar sus necesidades básicas.

La no maleficencia y la beneficencia deben ser siempre parte fundamental de la acción de la justicia. Este principio obliga a no hacer daño1. Hay, por lo tanto, un delicado equilibrio entre sancionar y no dañar. Incluso las sanciones deben estar orientadas a la búsqueda del beneficio del sujeto, pues se entiende que tiene por objetivo fundamental recuperarlo para la sociedad.

La distribución de recursos siempre escasos puede beneficiar y aportar al objetivo de la justicia, pero también puede dañar y convertir el objetivo en algo no sólo inalcanzable sino, peor aún, agudizar el daño y empeorar el pronóstico, facilitando el curso de una eventual carrera delictual. Por ello, la sociedad, por medio del Estado, debe entregar recursos para poder cumplir con aquellas condiciones materiales indispensables para un mínimo y adecuado funcionamiento de los sistemas penitenciarios en los que se encuentran los adolescentes. Así, en el contexto estricto de la aplicación de una sanción penal, acorde al debido proceso, el Estado no puede olvidar aquella obligación paralela y tendiente a protegerlos, cuidarlos y procurarles la satisfacción de condiciones básicas que garanticen su desarrollo personal.

La consideración de la dignidad ontológica de los adolescentes infractores de ley es exactamente la misma que la de toda persona, confiriéndole plena titularidad de derechos humanos. Pero, además de dicha dignidad universal, la posición en el desarrollo del ciclo vital de niños y adolescentes y la vulnerabilidad que de ella se deriva, importa un deber de protección especial por parte de la familia, el Estado y la sociedad. En el ejercicio de ambas obligaciones, el Estado debe hacer prevalecer el valor de cada uno de los adolescentes, representado en el principio de su "interés superior"2.

La enfermedad mental y las condicionantes psicológicas son, definitivamente y a la luz de los hallazgos y constataciones, causa y efecto de la privación de libertad, especialmente en una población que es particularmente vulnerable. Los adolescentes están por definición construyendo su personalidad, identidad y rol en la sociedad. Cualquier mala intervención u omisión influirá categóricamente en el resultado final de estas tareas. Hacer o dejar de hacer es una decisión moral para la sociedad. No puede justificarse en la falta o escasez de recursos, la negligencia social con los adolescentes.

La alta prevalencia de enfermedades mentales, de consumo de drogas y de trastornos del ánimo y personalidad deben ser parte fundamental de las normativas y programas que aseguren que estos adolescentes tengan al menos el mismo acceso a tratamiento que cualquier adolescente en libertad. Incluso es posible plantear una dedicación especial a los adolescentes infractores, favoreciendo la condición preferente que se justifica a la luz del paradigma de la protección integral, ya que es de conveniencia de la sociedad toda que puedan integrarse efectivamente a ella.

El cuidado de la salud mental en los adolescentes privados de libertad es un bien del que la sociedad no debe privarse a sí misma. Hay, entonces, un juicio moral inevitable en ocuparse o no de la salud de este grupo vulnerable, antes, durante e incluso después de su privación de libertad.

Al conocer la realidad de la situación de los adolescentes privados de libertad en Chile, parece existir aún una brecha sustancial entre el estado de satisfacción del derecho a la salud de los primeros y la calidad y efectividad de las políticas sociales y las normas que se derivan de ellas. La necesidad de disminuir esa brecha es responsabilidad de las autoridades que representan los intereses sociales en esta materia y la única manera de hacerlo es reconocer en el adolescente vulnerable a una persona digna de derechos y necesaria para la sociedad y su futuro. En este sentido la forma en que maneje la sociedad y el Estado a esta población debe incluir nuevos formatos en que se priorice la reinserción por sobre la restricción de libertad.

 

Referencias

1. Beauchamp T, Childress J F. Principios de ética biomédica. Masson, S.A. Barcelona. 1999.         [ Links ]

2. Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño, Ratificada por el Estado de Chile y vigente como ley de la República desde el 13 de agosto de 1990. Artículo 3.         [ Links ]

_________________

Correspondencia a: Dr. Juan Andrés Prato japrato@uc.cl y Matías González magonza@med.puc.cl. Marcoleta 381, Santiago, Chile. + 56-2-3543028

Los autores declaran no tener Informe de conflictos de intereses.