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versión On-line ISSN 0718-2236

Ultima décad. v.11 n.19 Santiago nov. 2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362003000200002 

Última Década, 19, 2003: 11-30

CIUDADANÍAS JUVENILES

 

Ciudadanías Juveniles en América Latina*

 

Rossana Reguillo**

** Profesora-investigadora en el Departamento de Estudios Socioculturales, ITESO, Guadalajara, México.

Dirección para Correspondencia


 

1. Introducción

El protagonismo de los jóvenes en América Latina en los últimos diez años, creció, lamentablemente, bajo el amparo de la «leyenda negra» que en la región convirtió a los jóvenes en los principales operadores de las violencias que han sacudido a las sociedades. A la par de este proceso estigmatizador y generalizable a todos los países de la región, se agudizó la crisis estructural que había asomado su rostro en la década de los ochenta, que fracturó las macroeconomías de los países y pulverizó la microeconomía de las personas, en ese proceso muchos jóvenes han venido pagando los costos de una política económica que los excluye de las posibilidades de incorporarse productivamente a la sociedad. Se profundizó el descrédito de la política formal, los partidos políticos de todos los signos, dejaron de aparecer como opciones confiables para transformar la realidad y la política devino «mala palabra», cargada de presagios y de corrupción.

Avanzaron, es cierto, los procesos de democratización, los ciudadanos han sido capaces de generar condiciones para una mayor participación; la globalización junto con su carga de desniveles y desigualdades, trajo también vientos de libertad, volvió «transparentes» las fronteras nacionales y aunque fuese por razones de mercado o de imagen, caló hondo el discurso de los derechos humanos. La idea del «globo», de la tierra, como destino único y compartido, se fortaleció a través de las industrias culturales y la tecnología vino a trastocar las nociones consagradas de tiempo y espacio.

Esta es la densa atmósfera en la que los jóvenes, como sujetos históricos están situados. Sus formas de organización han cambiado aceleradamente, de los cuadros del partido, de las células guerrilleras, de las organizaciones estudiantiles, de los bloques sindicalistas, han ido transitando hacia formas fluidas, itinerantes, intermitentes, que los vuelven más «temibles», pero al mismo tiempo, más vulnerables. La participación ha sufrido también importantes cambios, los objetos de su solidaridad, de sus desvelos, se diversifican hacia los territorios de la paz, de la cultura, de la sexualidad, de los marginados de la palabra y participan, con música, con pequeñas colectas, con actos individuales de generosidad o, con la estridencia de manifestaciones masivas y a gran escala en Seattle, en Davos, en Cancún, para volver después a la vida cotidiana sin interés en fundar un partido. Votan en gran número, pero sin demasiado convencimiento; participan poco de los debates en el espacio público, pero los invitan poco.

Ni son homogéneos, ni representan una categoría cerrada y definible a partir de unos cuantos rasgos. Son heterogéneos, complejos y portadores de proyectos diferenciales.

Intentar colocar el tema de la ciudadanía juvenil en el contexto del mundo contemporáneo, es una tarea difícil. Este documento presenta en primer término una breve discusión para (re) plantear el tema de la ciudadanía y después se discuten siete grandes áreas vinculadas a la necesidad de superar la insuficiencia de su definición formal; finalmente, se discute el concepto de ciudadanía cultural, como una categoría síntesis o bisagra para articular la densidad de la problemática ciudadana en relación con los jóvenes.

2. Breve marco para el debate: de qué ciudadanía estamos hablando

Una de las tensiones constitutivas de lo social, es la necesidad de un Estado rector lo suficientemente fuerte para regular y arbitrar en el conflicto social y, al mismo tiempo, la posibilidad de generar instrumentos y procesos organizativos que acoten el poder del Estado.

La ciudadanía es una categoría clave que se levanta precisamente como una mediación que por un lado, define a los sujetos frente al Estado nación y por el otro, protege a los sujetos frente a los poderes del Estado.

Se trata pues de un complicado y delicado mecanismo (histórico y situado) de derechos y obligaciones, que sirve en primer término para pautar las reglas del juego social, cuyo sentido último es el de mantener el equilibrio entre la libertad y la seguridad.

Se puede afirmar que «definición y protección» constituyen el núcleo de la idea de ciudadanía. «Definir» alude al establecimiento de un sistema de clasificación que atribuye cualidades y características de algo o de alguien, que son indicados de manera clara desde un referente preciso. Ser ciudadano es entonces pertenecer a una «clase» de cualidades y características que han sido establecidas, regularmente, desde el propio Estado; pertenencia que se traducirá en una relación de intercambio cuyo vector principal reposa en la idea de «protección».

Tres modelos de ciudadanía han venido rigiendo en la historia contemporánea del siglo , en términos laxos: la ciudadanía civil, bajo la que quedan englobados o definidos todos los habitantes dentro del territorio del Estado-nación; la ciudadanía política que establece otras definiciones, al elevar a la condición ciudadana a los individuos que pueden participar plenamente en la esfera de las decisiones políticas o «públicas» y que de acuerdo a regulaciones específica se restringe sólo a aquellos que reúnen ciertas características, por ejemplo: la edad o un «expediente» limpio;[1] y, finalmente, la ciudadanía social, que aparece en la fase del Estado de bienestar y que, vinculada a la dimensión civil, otorga a todos los miembros del Estado nacional, un conjunto de beneficios sociales como el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, etc.[2]

Sin embargo, aunque estas definiciones han venido operando de manera más o menos incluyente, por la vía de los hechos, ha generado terribles y dolorosas exclusiones, desigualdades e injusticias, que anteceden a la formalización política, pero que se agudizan en esos territorios.

Porque si la dimensión civil asume como definición de ciudadanía a todos los miembros de un territorio nacional, las evidencias empíricas señalan la extrema vulnerabilidad de ciertos grupos sociales frente al Estado-nacional: por ejemplo, los indígenas, los grupos homosexuales, las minorías religiosas, los jóvenes, las mujeres, entre otros actores. Así, el derecho ciudadano por la vía territorial, es un criterio siempre en fuga que se vincula a la marginación y a la exclusión de grupos que no se consideran -desde ciertas lógicas dominantes- merecedores de la definición ciudadana; situación que hoy se agudiza y se complejiza en virtud de la ola acelerada de migraciones planetarias, asunto sobre el que volveré más adelante.

En el plano de la llamada ciudadanía política, la situación no es mejor. Si esta dimensión se define por el derecho a la participación en los asuntos de interés colectivo (lo electoral es su piedra angular), resulta ampliamente documentable que en este nivel se agravan los procesos excluyentes de la dimensión civil, al dejar fuera del ámbito de las decisiones y de las participaciones a los sectores vulnerables cuya capacidad de acción se ve reducida o restringida a la organización partidista y corporativa, que no logra admitir la esfera de las diferencias culturales como un elemento sustantivo para la decisión y participación política. La cuestión de género, de etnias, las identidades juveniles, las adscripciones religiosas y otro conjunto de complejas pertenencias culturales, son, por un lado, invisibilizadas en la fase política de la ciudadanía y por el otro, homogeneizadas o «pasteurizadas» por las maquinarias partidistas. En este nivel, ser ciudadano, más allá de la emisión individual del voto, equivale a fundirse (y desaparecer) en un sistema sectorial poco propicio para la inclusión de la diferencia.

La ciudadanía social, es sin duda, la más golpeada de todas estas dimensiones. Las políticas económicas neoliberales aunadas al fortalecimiento de la lógica del mercado y al repliegue del Estado de bienestar, han terminado por reducir, al límite de lo tolerable, las políticas públicas destinadas a brindar, aunque sea mínimamente, el acceso a ciertas garantías sociales, fundamentales para sobrevivir a las condiciones que impone el libre comercio y el debilitamiento del Estado. La pobreza, las precarias condiciones de salud, la falta de escolaridad, el desempleo, la violencia y la inseguridad, pueden ser leídos como síntomas graves del repliegue del Estado-nación que abandona a su suerte a los más vulnerables, que son los no-ciudadanos, los cuerpos prescindibles, la molestia permanente de cara al triunfo de un proyecto que sólo considera «ciudadanos» a los que pueden hacer frente al consumo y acatan dócilmente los mandatos de los «nuevos» poderes.

En el plano de la reflexión política-académica, hoy se añade a las dimensiones aquí discutidas, lo que desde el análisis cultural de origen chicano[3] ha venido denominándose «ciudadanías culturales», cuya virtud (y fortaleza) es que coloca en el debate aspectos que no fueron considerados en las otras dimensiones: la cultura como plataforma para la ciudadanía o en otras palabras, la consideración de las pertenencias y adscripciones de carácter cultural como componentes indisociables en la definición de la ciudadanía.

Esta cuarta esfera o nivel, que aparece como un tema de discusión en la era de la sociedad global, tiene de un lado, la ventaja de volver visibles los olvidos y exclusiones de las etapas civiles y políticas en la configuración de lo ciudadano y, de otro lado, su irrupción en el debate ha permitido proyectar hacia el futuro los desafíos a los que habrá de enfrentarse la reconfiguración de la ciudadanía en el contexto de las migraciones masivas y de las diásporas que se diseminan hoy a lo ancho del planeta.

El tema resulta sumamente complejo, tanto por la multidimensionalidad de los factores involucrados, como por la «inestabilidad» en la escena político-social y la velocidad con la que se están definiendo y redefiniendo lo que habrá de ser el proyecto o modelo societal del futuro.

Hay suficiente evidencia para documentar el repliegue del Estado nacional de sus responsabilidades sociales, lo que contribuye a ensanchar la indefensión y vulnerabilidad de numerosos sectores de la sociedad a los que no les basta el cobijo de un territorio nacional ni los alcanza el beneficio de una política social compensatoria.

¿Quiénes son los ciudadanos hoy?, ¿cómo pensar la relación entre jóvenes y ciudadanía en este contexto?

3. Contradicciones y dilemas

a) Ciudadanía restringida

El tema de la «ciudadanía juvenil» se estrella continuamente contra el muro de los formalismos de la dimensión política (que en términos generales se reduce a la democracia electoral), cuyas repercusiones se discuten a continuación.

En el plano de las estructuras formales, la división arbitraria y socialmente construida entre los menores y los mayores de edad, establece claramente que los «menores» carecen no sólo del derecho político para participar en las decisiones sobre la esfera pública, sino, además «carecen» de las capacidades necesarias para involucrarse como sujetos de derechos políticos en una sociedad.

Este argumento (el de la «incapacidad» de los menores) como un «dato natural», no fue problematizado en América Latina, hasta que emergió como un problema visible (o visibilizado) la violencia y la delincuencia operada por jóvenes «menores». En el trascurso de los últimos diez años, por colocar un referente temporal,[4] cobró fuerza un debate crucial en torno a la «inimputabilidad penal» de los menores de edad, debate que ha tomado rumbos preocupantes,[5] y que se ha venido fortaleciendo a partir de la ola de violencias juveniles en los Estados Unidos (la matanza de Litleton en Denver es uno de los mejores analizadores) cuya magnificación mediática, expandió sus esporas de miedo en las sociedades latinoamericanas.

El asunto no es menor porque ha puesto de manifiesto las graves dicotomías con las que se piensa la inclusión ciudadana de los jóvenes: de un lado, prevalece la idea de que los jóvenes menores de edad carecen de las competencias necesarias para ser sujetos de derechos políticos, pero de otro lado, se afirma y gana terreno político en las agendas locales, la premisa de que deben ser sujetos imputables desde la lógica del Estado. En otras palabras, son «ineptos» para ejercer la ciudadanía política, pero son aptos para convertirse en sujetos de castigo.

Varios dilemas se desprenden de esta situación:

i) En los hechos la ciudadanía sigue siendo considerada una «concesión» generalmente sujeta a una lógica político electoral. En otras palabras los ciudadanos son pensados como clientelas electorales y aquellos que quedan por fuera de este mercado, constituyen una pieza incómoda para la organización social. Los «menores de edad» que carecen de la legitimidad ciudadana que otorga la capacidad de voto, no resultan «atractivos» para esta lógica electorera, lo que se traduce en que la franja de los jóvenes menores de 18 años son sujetos de políticas públicas, pero no sujetos de la política o, dicho en otros términos: sujetos de discursos, programas y proyectos que no logran (no quieren) colocar al joven como interlocutor calificado.

ii) A esto se aúna el hecho de que prevalece en nuestras sociedades la idea de una ciudadanía tutelada por el Estado para el caso de los jóvenes menores, es decir, cuando es el propio Estado el que responde ante la sociedad por estos jóvenes; el efecto de esto es que los ámbitos de la tutela se restringen a aquellas áreas que los Estados o, mejor, los gobiernos, consideran que deben ser espacios para el tutelaje: prioritariamente el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al deporte, de maneras poco claras, el acceso a la cultura y la representación ante las instancias punitivas. Se decide unilateralmente no sólo los espacios, sino las formas en que los «derechos ciudadanos» de estos jóvenes deben ser tutelados, lo que deja por fuera una cantidad de territorios en los que estos jóvenes van construyendo sus procesos de incorporación a la sociedad.

iii) La indefensión en la que se encuentran estos jóvenes menores frente a la esfera pública, encuentra su fundamento en el proceso divergente entre el discurso político y la dimensión jurídica, que no están hablando (casi nunca) del mismo sujeto.

Estos tres dilemas configuran una encrucijada que desafía de manera compleja a los responsables de las políticas de juventud, a los gobiernos locales, a los Estados y a los organismos con capacidad de influir en las agendas nacionales. De un lado, el actor juvenil no es homogéneo, más allá de las complejidades culturales, un asunto clave lo constituye el pleno acceso a la ciudadanía política, la mayoría de edad. La posibilidad de destrabar el obstáculo que representa la asociación causal entre ciudadanía y edad, para re-colocar el tema a partir de los derechos ciudadanos, pasa centralmente: i) Por asumir la capacidad de agencia[6] de los jóvenes, con independencia del estatuto legal de su ciudadanía. ii) Por revisar la concepción de tutelaje, especialmente a la luz de las transformaciones planetarias y a la crisis estructural por la que atraviesan las sociedades. iii) Por desmontar los mecanismos de construcción de lo juvenil como una categoría vinculada principalmente a la edad. iv) Por impulsar el debate serio que involucre a diferentes instancias sociales para re-pensar los ejes en los que reposa la construcción de lo ciudadano en su vinculación con los actores jóvenes.

b) Los otros jóvenes o la fuerza electoral

Vinculado al tema desarrollado arriba, el de la ciudadanía restringida a sus dimensiones formales, resulta importante asumir que efectivamente los jóvenes reconocidos oficialmente como ciudadanos, se han convertido en una fuerza electoral definitoria de los procesos sociopolíticos de América Latina. Los votantes jóvenes configuran un mercado sumamente atractivo para las ofertas partidistas, pero al mismo tiempo se constata un alejamiento cada vez mayor de los jóvenes con respecto a los ámbitos formales de la política que no logra interpelarlos. El asunto es complejo, porque de una parte, el destino de las sociedades latinoamericanas reposa hoy principalmente en un electorado joven y, de otra parte, es constatable la ausencia de proyectos y el desdibujamiento de las opciones de futuro por la vía de la democracia electoral cuyo efecto es el de un desencanto generalizado. Esto abre una enorme brecha entre las instituciones y los actores sociales, brecha que se convierte en territorio propicio para: i) El desentendimiento de los asuntos de interés colectivo, cuya resolución pasa por el ejercicio de decisión política vinculada al voto. ii) El aumento de las opciones pragmáticas en detrimento del voto razonado, que se agudiza por la labor de los medios de comunicación y el triunfo más o menos generalizado de la llamada «mercadotecnia política». iii) Y, quizás lo más preocupante, la emergencia en el espacio público de fuerzas que tienden a llenar el vacío dejado por la política: el narcotráfico, el crimen organizado, las religiones a la carta, entre otras, que trastocan la concepción del espacio público.

Estos tres procesos: desentendimiento, pragmatismo, aparición de «nuevos referentes», provocan un repliegue hacia el individualismo con el consecuente vaciamiento de la dimensión política.

En este sentido, re-politizar la política, es todavía una opción posible para ganar una ciudadanía juvenil capaz de utilizar su fuerza (electoral) y su vitalidad en la urgente re-construcción del espacio público.

c) Los jóvenes y las políticas compensatorias

Ser ciudadano más allá de sus definiciones formales, consiste en el acceso a un conjunto de garantías sociales cuyo sentido es el de ofrecer una plataforma mínima de seguridad que busca equilibrar los desniveles sociales. La realidad es que hoy día los Estados nacionales están lejos de poder implementar políticas sociales «niveladoras» y que el denso concepto de «política social de Estado» ha sido reemplazado por el de «políticas compensatorias» que reposan no en la lógica de las garantías ciudadanas, sino en la atención a necesidades y problemas puntuales que pueden convertirse en frentes de alta conflictividad social; en otras palabras, se atienden aquellos problemas y aquellos sectores de la población que pueden representar un problema de gobernabilidad y, se pospone la atención o se abandona a aquellos sectores con menor capacidad organizativa y de reclamo público.

Al carecer de instancias organizativas en el plano político, los jóvenes no logran generar una estrategia de acción colectiva que los sitúe como interlocutores para el Estado y los gobiernos en sus diferentes esferas. Cuando logran colocar temas importantes para la agenda política, lo hacen, en términos generales como «estudiantes» y con menor frecuencia como «trabajadores», o como «campesinos». Esta situación es particularmente relevante para la ciudadanía juvenil desde su dimensión social. Los estudiantes «representan» a un sector de los jóvenes, pero esta categoría no agota la complejidad de garantías, demandas y necesidades de los jóvenes. Como estudiantes o como trabajadores organizados, los jóvenes han conquistado (o mantenido) algunas garantías elementales (la educación pública, prestaciones laborales, por citar algunos), pero de cara a la importante franja de jóvenes que permanecen por fuera del sistema educativo y laboral,[7] o, considerando a los muchos jóvenes que no están interesados (por diferentes razones) en pasar a la fase organizativa, resulta a todas luces insuficiente pensar las políticas sociales desde la educación o el empleo.

Tanto desde la investigación empírica como desde la observación medianamente calificada, es claro que los jóvenes no están especialmente interesados en generar procesos de auto-representación que devengan organizaciones ciudadanas juveniles. Esto representa un importante dilema y constituye, simultáneamente, una enorme responsabilidad para las instancias gubernamentales y no gubernamentales de gestión de derechos sociales de los jóvenes.

El dilema puede ser formulado en términos de pregunta, si se acepta que los partidos políticos y otras instituciones tradicionales, no constituyen una opción para asumir la representación de la ciudadanía juvenil, ¿es deseable propiciar procesos auto-organizativos de carácter político entre los jóvenes -condenados casi siempre al fracaso- para superar la vulnerabilidad en que los coloca la ausencia de una voz colectiva y organizada? O ¿es mejor abandonar las pretensiones que buscan que los jóvenes tomen una forma política en la que no parecen estar interesados, más que coyunturalmente y asumir entonces, desde las instituciones de gestión la representación de los jóvenes?

En América Latina se dan estas dos formas de respuesta, sin que hasta el momento el problema de fondo parezca resolverse: la necesidad de expandir el concepto de ciudadanía social juvenil, a ámbitos que trasciendan -sin abandonarlas- las dimensiones educativas, laborales o de salud. La cuestión clave aquí es que los jóvenes configuran ya una categoría social por derecho propio, categoría que desafía los modos tradicionales e históricamente construidos a través de los cuales ha sido pensado el problema de la «representación en el espacio público», «la organización social», «la participación» que acompañan a la definición de lo ciudadano. Este desafío marca dos cuestiones fundamentales:

i) La necesidad de abrir debates (diálogos en un sentido habermasiano, de búsqueda de entendimiento mutuo) en los que los jóvenes puedan, sin la presión de un aparato organizativo o corporativo y desde la multiplicidad de roles que definen su incorporación como sujetos sociales (el género, la etnia, la ocupación, la religión, la sexualidad), hacer visibles aquellas áreas en las que requieren del impulso de una política social y no compensatoria, que les permita acceder a la sociedad en mejores condiciones para enfrentar la vida.

ii) Multiplicar y diversificar las estrategias que permitan a los organismos de gestión, «tocar» la diversidad de los universos juveniles para «recoger» de una manera respetuosa, la capacidad de los propios jóvenes de representar sus demandas, para asumir la representación delegada que, de cualquier manera, en el contexto de crisis por el que atravesamos, están llamados a ejercer. La diferencia estriba quizás en la posibilidad de romper las presunciones normativas que definen a priori y desde arriba qué es lo que necesitan los jóvenes.

En síntesis y a partir del análisis de la «condición» contemporánea, no caben los optimismos desmedidos (y tal vez anacrónicos) que hagan posible pensar en una organización juvenil bajo los parámetros de la lógica republicana. Pero resulta urgente colocar como tema crucial en la agenda de los Estados nacionales, la necesidad de una reforma de fondo con relación a la política social de cara a los jóvenes.

d) Derechos humanos, un frente clave

Es indudable que ciudadanía política y social, no pueden pensarse al margen de los derechos humanos, tema-territorio que ha sido capaz de convocar el interés de muchos jóvenes. Sin temor a exagerar, es posible afirmar que los derechos humanos constituyen uno de los pocos referentes públicos que interpelan a los jóvenes de manera directa. La explicación es al mismo tiempo dolorosa y sencilla: los jóvenes han sido convertidos en peligrosos enemigos de la sociedad. Juventud y peligrosidad o juventud y delincuencia, se han convertido en sinónimos, en palabras intercambiables cuyo efecto es el de naturalizar la violencia institucionalizada que se ejerce contra los jóvenes.

La «política» de seguridad que ha ido ganando terreno en el continente (Estados Unidos no es la excepción), ha hecho de los jóvenes (mayoritaria, aunque no exclusivamente pobres) no sólo el blanco de medidas represivas, sino, más preocupante aún, víctimas constantes del abuso policiaco que queda las más de las veces impune. De Argentina a México, la violencia contra los jóvenes no puede ser leída como «hechos aislados», puede ser identificada una constante: el crecimiento de un discurso culpabilizador que coloca a los jóvenes en situación para convertirse en los chivos expiatorios,[8] de una política de seguridad que se ve desbordada por los nuevos agentes de la violencia social (el narcotráfico, la delincuencia organizada y el incremento de la delincuencia común). No es éste el lugar para desarrollar en profundidad el tema,[9] pero es posible hablar de un mapa que representa uno de los temas más graves y urgentes de la problemática juvenil con relación a la ciudadanía.

De nueva cuenta es la indefinición en torno a la ciudadanía política la que agrava la situación de indefensión en que se encuentran muchos jóvenes, pero sería simplista atribuir exclusivamente a esta cuestión, lo que sucede. La multidimensionalidad y complejidad que configuran el ejercicio sistemático de violencia contra los jóvenes, puede sin embargo, ser abordada desde los derechos humanos.

No han resultado suficientes los énfasis puestos en la educación para la ciudadanía, ni los esfuerzos en formar a los niños y jóvenes para los derechos humanos. Tampoco parece rendir frutos satisfactorios, la capacitación de las fuerzas policiacas, ni la instalación de oficinas, comisiones, ministerios de defensoría de los derechos humanos en Latinoamérica. Y para entender esta dificultad, hay tres aspectos claves.

i) La legitimación de un pensamiento dominante que hoy se fortalece a través de los medios de comunicación y que construye la imagen de los jóvenes de dos formas básicas: como incompetentes y como peligrosos; que consolida un imaginario que tiende a justificar la represión que se ejerce contra los jóvenes.

ii) La precariedad del estado de derecho en nuestras sociedades que provoca miedo frente a los abusos de poder y desconfianza frente a las instituciones. No se trata tanto de un problema de «falta de información» sobre los derechos, sino de un problema político-cultural,[10] que aísla a los jóvenes y los deja inermes frente a la des-institucio-nalidad.

iii) Y consecuentemente con estos dos factores, la aceptación y complicidad de los propios jóvenes con esta situación. Muchos de ellos han terminado por incorporar el discurso que los construye como «enemigos sociales» y por aceptar como una cuota necesaria la dosis de violencia de la que son víctimas, sin que se consideren a sí mismos sujetos de derecho.

Indudablemente los derechos humanos no se agotan en la violencia institucionalizada que ejercen los cuerpos y las fuerzas disciplinarias de las sociedades. Se suma, el problema que representa el ejercicio de su sexualidad y la increíble desinformación que enfrentan en estos territorios. El ejercicio responsable y pleno de la sexualidad, está directamente vinculado a la ciudadanía, se juega ahí el derecho al propio cuerpo y es responsabilidad de la sociedad proveer las condiciones y mecanismos, para que sus jóvenes puedan construir y apropiarse de una noción afirmativa de su cuerpo en relación al cuerpo de los demás. El empoderamiento ciudadano, pasa centralmente por la posibilidad de pronunciarse con certeza con respecto a la propia identidad, al propio cuerpo y ser respetado en esas certezas.

No es posible tampoco darle densidad a la concepción de los derechos humanos al margen de las desigualdades que introduce el género, que aparece como una marca constante que agrava, para ellas, la situación de indefensión en que se encuentran, ya que deben luchar contra dos (o más) formas de exclusión y marginación: su condición de mujeres y su condición de jóvenes.

Y, en términos de una discusión que pueda devenir políticas públicas de atención a la juventud, un aspecto fundamental lo constituye la vigilancia a las representaciones que circulan en los medios de comunicación y la promoción del derecho a la representación digna y respetuosa. Es importante en este sentido re-pensar la protección a los derechos humanos desde el propio Estado, va resultando urgente la creación de oficinas de asuntos de la juventud al interior de las Comisiones de Derechos Humanos, que cuenten con especialistas que puedan cuidar adecuadamente los intereses de los jóvenes. La posibilidad de instalar este debate en la sociedad (cambiar la mirada sobre los jóvenes), será muy difícil si no se logra documentar y visibilizar la violencia institucionalizada contra los jóvenes, desde instancias supranacionales que puedan ejercer contrapesos a las políticas nacionales y locales.

e) Nuevos frentes de desigualdad

De cara a las transformaciones que ha traído consigo la globalización, cuyos efectos locales no se hacen sentir solamente en los territorios económicos, un asunto ineludible es el que representa al acceso a la cultura-mundo por la vía de las nuevas tecnologías de comunicación, las industrias culturales y los medios masivos.

La posibilidad de dotar a la ciudadanía de un sentido amplio y no restringido pasa por asumir que ésta no podrá hacerse realidad sin equilibrar los impresionantes desniveles que separan al mundo «desarrollado» de las zonas periféricas o alejadas de los centros metropolitanos de «producción de saberes» y concentradores de la tecnología. Esto significa que en la medida en que millones de jóvenes latinoamericanos carezcan de posibilidades reales para acceder a estos dispositivos, la proclamación de una ciudadanía plena no dejará de ser retórica.

Reconocer que la globalización está produciendo nuevos frentes de desigualdad que se suman y reconfiguran los anteriores, es una condición necesaria para avanzar en la constitución de una ciudadanía globalizada especialmente importante para los jóvenes.

La separación de los jóvenes ciudadanos «conectados» al mundo por la vía de las nuevas tecnologías de los que permanecen al margen de esta posibilidad, constituirá a más corto que largo plazo entre los jóvenes, el punto de quiebre entre los incluidos y los excluidos del «nuevo» mundo global.

La situación es terriblemente compleja puesto que América Latina debe simultáneamente atender las carencias tradicionales en el área educativa, ampliar la cobertura de sus sistemas para reducir el número de jóvenes que no logran acceder a la educación y, resolver tanto en el plano de la infraestructura como de los programas y proyectos los desniveles que se agravan al interior de los espacios nacionales por la inaccesibilidad a las nuevas tecnologías de numerosos sectores de la población.

Si hay una dimensión que otorga especificidad al momento presente, es precisamente la de los instrumentos y lenguajes tecnológicos, ellos son la base -para bien y para mal- del proyecto que emerge en el siglo i.

De manera creciente las ciudadanías juveniles estarán conectadas a estas dimensiones. Se trata aquí de garantizar el derecho de acceso al mundo como condición para el desarrollo de una vida plena y digna y como plataforma para la proyección de una sociedad donde la interculturalidad sea más que una posibilidad retórica.

f) La migración, marca de época

Quizás el mayor dilema que enfrenta el concepto y la práctica de la ciudadanía está vinculado al incremento de los flujos de personas que se desplazan por todo el orbe en busca de condiciones de viabilidad. El reto para el pensamiento y para la política se vincula al hecho que la ciudadanía ha sido una categoría construida hacia el interior de los espacios nacionales.

La migración como opción o como destino inevitable, representa para los jóvenes latinoamericanos una alternativa de vida que ha venido incrementándose en el transcurso de los últimos diez años. Los estudiosos del fenómeno migratorio, coinciden en señalar por un lado el cambio en los perfiles del migrante y por el otro, en apuntar con preocupación el incremento en el número de migrantes jóvenes de Latinoamérica hacia los países del llamado primer mundo, Estados Unidos principalmente.[11]

Ninguna política nacional de atención a la juventud puede obviar esta situación. De un lado, el tema apunta a la necesidad de atender (y entender) las causas de la emigración: pobreza, violencia, falta de futuro (objetiva y subjetivamente percibido) y de otro lado, abre la pregunta en torno a la responsabilidad de los Estados nacionales con respecto de sus poblaciones migrantes y su capacidad o incapacidad de maniobra para negociar con los países (¿el país?) receptores.

La gran paradoja es que la ciudadanía permanece atrapada en la lógica de lo nacional mientras que el discurso económico y político alaba las virtudes del nuevo orden global. Así la migración significa renunciar a las garantías -por más precarias que sean- derivadas de una ciudadanía anclada en el territorio de pertenencia y asumir los riesgos de construir un «expediente» adecuado para adquirir ciudadanía en la comunidad de destino. Apelando de manera laxa a la teoría antropológica del ritual, pudiera decirse que, bajo estos parámetros, la ciudadanía deviene condición sub-liminal (que no está en un lugar ni en un tiempo) para numerosos jóvenes que se ven obligados a hacer del tránsito una condición «estable» de vida: se deja de ser ciudadano con respecto a la comunidad de origen y no se logra(rá) ser ciudadano en la comunidad destino.

Los datos corroboran que en los procesos de migración, tienden a reproducirse las condiciones de marginación y exclusión de la comunidad de origen a la comunidad destino. Los jóvenes cargan consigo las carencias de un conjunto de competencias (formales y simbólicas) que dificultan la afirmación de su ciudadanía, carencias que resultará sumamente difícil remontar en los países a los que emigran.[12]

El tema desborda la discusión intra-nacional, por lo que resulta importante colocarlo en el ámbito de los organismos internacionales. Los cambios en el mundo a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, han agudizado el problema para las comunidades migrantes, que deben afrontar además de las dificultades estructurales, el clima de hostilidad y sospecha en que los coloca su condición de no-ciudadanos o de extranjeros peligrosos.

De manera inequívoca puede afirmarse que los cambios planetarios: la globalización económica, la aceleración de los intercambios culturales entre sociedades diversas, el surgimiento de nuevos riesgos, entre otros fenómenos, exigen un pensamiento renovado en torno a los sujetos sociales y el conjunto de mediaciones que definen su pertenencia al mundo.

g) La performatividad o la puesta en escena de la ciudadanía

La investigación acumulada en los últimos 20 años en torno a los jóvenes, ha venido señalando, tanto desde sus enfoques cuantitativos como cualitativos, el extrañamiento creciente de los jóvenes frente a las expresiones políticas formales y apuntando la emergencia de «nuevas» formas de inserción en el espacio público. Lo que esto quiere decir, es que las categorías de organización y participación deben también ser revisadas a la luz de los cambios en las expresiones juveniles; sí por un lado resulta fundamental mantener la mirada analítica y crítica sobre los procesos estructurales, es igualmente importante estudiar los territorios de la vida cotidiana, donde los sujetos jóvenes despliegan un conjunto de estrategias para resistir o negociar con el orden estructural. Se trata pues de mantener en tensión analítica la estructura y el sujeto, las formas de control y las formas de participación, el sistema y la vida cotidiana.

Superar los determinismos que desde la cultura política dominante, definen de una manera normativa la dimensión participativa (por la vía electoral, la organización tradicional o el involucramiento en procesos «claramente» políticos), es no sólo urgente, sino una tarea que puede permitir aprender de los propios jóvenes para abrir la concepción restringida de la ciudadanía en su fase activa, es decir, cuando ésta deja de ser un principio sociopolítico y se convierte en acción, en puesta en escena.

La música, las expresiones culturales, las formas de trabajo autogestivo, los frentes de solidaridad que convocan su atención, el uso del cuerpo, la toma del espacio público a través de manifestaciones artísticas, son todos, modos de contestar al orden vigente y formas de insertarse socialmente.

La culturalización de la política (mirar y hacer política desde la cultura), es hoy más que un debate en las ciencias sociales, un principio que está reconfigurando lentamente la política, erosionando sus certezas, su institucionalidad, su lenguaje. Lo dijo el sociólogo alemán Ulrich Beck de manera inmejorable, «los jóvenes practican una denegación de la política altamente política».

La idea fuerza en juego aquí, es que con independencia o a pesar, de la definición restringida de ciudadanía, los jóvenes se «sienten» ciudadanos al hacer cosas; al decidir cuáles son las «causas» en las que quieren involucrarse; al expresarse con libertad a través de distintos lenguajes; al juntarse con otros en una lógica de redes y de flujos cambiantes más que a través de organizaciones; cuando experimentan su cuerpo como territorio autónomo. Y, justamente éstos son los aspectos más perseguidos y reprimidos por el orden social, ya que son considerados como prácticas pre-políticas y materia para la moralización.

Hay aquí un importante capital político a ser explorado y apoyado, porque el estímulo de esta puesta en escena de la ciudadanía, puede traer una «amnistía», que actúe como un muro de contención frente a la amenaza de ruptura del tejido social y sobre todo, puede significar una tregua que posibilite avanzar en las fases nominativas de la ciudadanía como principio político de definición.

i) Leer en términos políticos las expresiones culturales de los jóvenes, arroja información sustantiva sobre el modo en que están entendiendo el espacio público.

ii) Fortalecer los espacios de expresión juvenil, es dotar a la ciudadanía de las herramientas fundamentales para su constitución y empoderamiento.

iii) Atender la lógica de la vida cotidiana, permite entender por dónde pasan, desde la perspectiva de los propios jóvenes, sus críticas y demandas al sistema.

iv) Colocar como una esfera de la ciudadanía, sus componentes performativos, es trascender su concepción pasiva -como algo que se recibe- y su concepción pragmática -como algo que se intercambia por fidelidades electorales-.

4. Ciudadanía cultural, una categoría síntesis

A través de siete dilemas o contradicciones que no agotan las posibilidades de analizar la relación entre jóvenes y ciudadanía, pero que intentan recoger las áreas más significativas para re-plantear el tema, se ha tratado de mostrar hasta aquí, la insuficiencia de las tres dimensiones claves de la ciudadanía moderna: la civil, la política, la social, para enfrentar las transformaciones planetarias y la situación por la que atraviesan los jóvenes.

De un concepto restringido a la formalidad de su definición, es necesario pasar a una concepción abierta capaz de recoger la multidimensionalidad y complejidad de los procesos de pertenencia en las sociedades contemporáneas, especialmente las latinoamericanas. La «ciudadanía policéntrica», no es sólo una posibilidad, sino la necesidad de mirar a los sujetos sociales en la relación entre sus pertenencias y el proyecto sociopolítico. La ciudadanía policéntrica al tiempo que rompe con las concepciones formales y esencialistas, privilegia el modo en que los sujetos «ponen a funcionar» sus anclajes profundos con relación a un proyecto, es decir, abre la posibilidad de pensar la relación entre agencia (capacidad de movilizar recursos materiales y simbólicos en orden a transformar la realidad) y ciudadanía.

El problema de fondo estriba en la enorme dificultad social y política de pensar a los jóvenes como agentes y mantenerlos como receptores pasivos de un conjunto de derechos y obligaciones definidos a priori y desde arriba. Este problema tiene una de sus causas principales en los esfuerzos «nominativos» y clasificatorios, que consumen buena parte de los debates y de las energías del pensamiento, en detrimento del reconocimiento a las fases activas o performativas de la ciudadanía en la contemporaneidad.

La ciudadanía juvenil debiera ser el resultado del equilibrio entre el nombre (que otorga un estatuto) y la acción como el lugar de verificación empírica de ese estatuto. Sin embargo el diálogo entre definición y realidad posible, es una cuenta pendiente que no logra confluir. La definición insiste en producir un discurso en el que se ofrecen garantías a los jóvenes para que gocen de derechos y beneficios, pero la realidad corre en otras direcciones, al dificultar su acceso pleno al espacio público, dificultad que se articula no sólo a su edad, sino a la pobreza, a sus pertenencias étnicas, a su apariencia.

Programas y proyectos de atención a la juventud en América Latina se esfuerzan por hacer confluir estas dos vertientes, pero vemos, sin embargo, que una política excluyente avanza, sin ningún pudor ni silencio para expulsar de la calle y de la palabra pública a los no-ciudadanos, los jóvenes, los pobres, los indígenas. Lo público, espacio de realización de la ciudadanía, pierde así su condición de espacio de encuentro y de conversación entre los diferentes que constituyen una sociedad. Éste es un contexto, sin el cual la discusión en torno a la ciudadanía, es un debate hueco y carente de referentes.

La ciudadanía cultural, aquella que se define desde la articulación del derecho a la organización, el derecho a la expresión, el derecho a la participación en el mundo, a partir de las pertenencias y anclajes culturales: el género, la etnia, la religión, las opciones sexuales, las múltiples adscripciones identitarias, entre otras, puede resultar una categoría útil para dotar a la ciudadanía juvenil de un marco político que permita revertir los formalismos políticos y los esencialismos que atribuyen a la condición juvenil un «mal que se cura con los años», es decir una definición que se construye casi exclusivamente a partir de los rangos de edad.

La ciudadanía cultural, puede incorporar: i) La dimensión civil en la necesidad de revisar su estatuto nacional. ii) La dimensión política en la necesidad de rearticularla a sus constitutivos culturales y sociales y su relación con las políticas de seguridad. iii) La dimensión social en la necesidad de revisar las políticas públicas de cara a las transformaciones del mundo y las necesidades de los propios actores sociales.

Puede así mismo, dar juego para recolocar el problema de género, el del acceso a la cultura-mundo y de manera especial, lo que constituye la producción de visibilidad en torno a los jóvenes a través de los discursos mediáticos y del discurso social dominante.

Ni organización tradicional, ni participación electoral o formal, son hoy categorías útiles para pensar la ciudadanía juvenil.

Los datos, es cierto, son alarmantes, las estadísticas están ahí para documentar la crisis, la situación compleja. Pero no es la medición constante del horror y la desesperanza, lo que ayudará a transformar la realidad y construir las opciones de futuro que los jóvenes demandan. La tarea es política y demanda incrementar la capacidad de escucha y luchar contra las representaciones construidas, contra ese imaginario que fija a los jóvenes contra una pared que los inmoviliza y les impide salir de su condición de víctimas o victimarios.

Guadalajara, Junio 2002

* Exposición presentada en el Encuentro Internacional «10 años de políticas públicas de juventud: análisis y perspectivas». oij y ceulaj, Málaga, España, 17 al 21 de junio 2002.

Notas

[1] Es importante recordar que hasta bien entrado el siglo XX, fueron marginados de la ciudadanía política las mujeres, los indígenas, los iletrados, en algunos países los ministros de culto.

[2] Para un tratamiento más profundo de estos elementos ver T. H. Marshall (1965): Class, citizenship and social development. New York: Anchor Books. Y, para un análisis empírico, R. Reguillo (1996): La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre, comunicación. Guadalajara: Universidad Iberoamericana/ITESO.

[3] Ver Renato Rosaldo (1989): Culture and Truth: the remaking of social analysis. Boston: Beacon Press.

[4] Aunque este asunto puede «rastrearse» hasta los inicios de la década de los ochenta en América Latina, cuando en Colombia, jóvenes sicarios al servicio del narcotráfico asesinaron al Ministro Galán; cuando en México explotaron las agrupaciones conocidas como «bandas» juveniles o cuando Guatemala y El Salvador, asistían al nacimiento de las «maras». La violencia protagonizada por los jóvenes colocó un tema inédito para la agenda político-social. Pero es hasta la década de los 90 que la disputa en torno a la «edad penal», adquiere plena visibilidad en Latinoamérica.

[5] Me refiero especialmente al aumento de las voces autoritarias de la sociedad que piden disminución de la edad penal para los jóvenes y castigos mayores.

[6] Concepto fundamental que aparece vinculado al estudio de los nuevos movimientos sociales y cuyo núcleo conceptual estriba en visualizar al actor social desde su capacidad y competencias para movilizar recursos materiales y simbólicos para transformar la realidad.Ver por ejemplo, Giddens, Sewell, Melucci...

[7] Datos de la CEPAL, calculan que estos jóvenes son alrededor de 2 millones en América Latina, una cifra nada desestimable.

[8] O, como diría Carlos Monsiváis en México, en «chavos expiatorios».

[9] En América Latina, este fenómeno está siendo estudiado y documentado por investigadores y organismos no gubernamentales en buena parte de los países de América Latina.

[10] El «manual» de derechos humanos es poco útil en las periferias, en los barrios, en el centro, en la calle, cuando los jóvenes se topan con la prepotencia de los agentes del orden.

[11] Según la Current Population Survey (1997) en el censo de 1990 levantado en los Estados Unidos, había un estimado de 566.297 jóvenes de 15 a 19 años que provenían de algún país de América Latina, mientras que los jóvenes de 20 a 24 años, sumaban, según la misma fuente, 944.891 jóvenes latinoamericanos y caribeños. La misma medición efectuada a partir del censo de 1980, señala que diez años antes, la población de jóvenes de 15 a 19 años sumaba apenas 257.050 y la de los del rango de edad que va de los 20 a los 24, sumaba, 484.063 jóvenes. Las cifras son elocuentes, el incremento de la migración juvenil latinoamericana hacia los Estados Unidos, tanto de hombres como de mujeres, no puede desligarse de la crisis estructural que en América Latina se ha venido agravando a partir de la década de los noventa. A estos datos hay que sumar por supuesto la inmigración «no documentada».

[12] A partir de los datos de la Encuesta de Población de 1997 en Estados Unidos, la CEPAL (2000) indica que de la población total de inmigrantes de origen latinoamericano y caribeño, un 27% vivía en condiciones de pobreza; entre los mexicanos el índice era superior (34%), seguidos por los centroamericanos y caribeños. Entre los sudamericanos se advertía una menor incidencia (15%) y presentaban una situación similar a la de los inmigrantes procedentes de otras regiones del mundo (Europa y Asia, principalmente). Lo relevante aquí es que los índices resultaron sistemáticamente mayores para los jóvenes, aunque seguían las tendencias señaladas respecto del origen de los inmigrantes.


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