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Revista de derecho (Valdivia)

versión On-line ISSN 0718-0950

Rev. derecho (Valdivia) v.19 n.1 Valdivia jul. 2006

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502006000100010 

 

Revista de Derecho, Vol. XIX N°1, julio 2006, pp. 239-248

JURISPRUDENCIA COMENTADA

 

SENTENCIAS SOBRE EXEQUÁTUR DE DIVORCIO DECRETADO EN EL EXTRANJERO. EFECTOS BAJO LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL CHILENA (CORTE SUPREMA)

 

Comentario de Fernando Bertrán Faúndez


 

I. SENTENCIA QUE DENIEGA PETICIÓN DE EXEQUÁTUR

Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil cinco.

VISTOS:

A fojas 12, don Friedmut Klemens Ballek Muller, ingeniero, domiciliado en Miguel Claro Nº 882, Comuna de Providencia, Santiago, ha solicitado que se conceda el exequátur necesario para que pueda cumplirse en Chile la sentencia de divorcio dictada con fecha 1º de octubre de 2003 por el Tribunal de Primera Instancia de Schöneberg, Tribunal de Familia de la República de Alemania, en juicio seguido en contra de doña Susanne Katharina Henschel.

A fojas 1 y 6, se acompañó la sentencia cuyo cumplimiento se pide debidamente traducida y legalizada.

A fojas 64, doña Susanne Katharina Henschel, domiciliada en calle Los Muñones, comuna de Isla de Maipo, Talagante, Región Metropolitana, responde a la solicitud de exequátur solicitando que sea denegada.

A fojas 68, la señora Fiscal opina que se verifican en la especie los requisitos necesarios para que pueda cumplirse en Chile la sentencia de que se trata, por lo que estima del caso que este Tribunal conceda el exequátur pedido.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la resolución cuyo exequátur se solicita fue dictada con fecha 1º de octubre de 2003 por el tribunal de Primera Instancia de Schöneberg, Tribunal de Familia de la República de Alemania que dispuso el divorcio respecto del matrimonio celebrado entre las partes;

SEGUNDO: Que del examen de los antecedentes puede colegirse lo siguiente:
a) Don Friedmut Klemens Ballek Muller y doña Susanne Katharina Henschel, contrajeron matrimonio el 21 de marzo de 1985 ante el oficial del Registro
Civil de Hannover, Alemania, registrado con el Nº 399, el que fue inscrito en Chile con el Nº16, Registro NER, año 1985 en la circunscripción de Recoleta;
b) Que, según la resolución cuyo exequátur se solicita, los contrayentes, ambos ciudadanos alemanes, a la época de notificarse la demanda de divorcio que fue declarado por el Tribunal Alemán, tenían su residencia y domicilio en Chile, los que se mantienen en la actualidad;

TERCERO: Que entre Chile y Alemania no existe tratado sobre cumplimiento de resoluciones judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros, siendo aplicable al efecto lo dispuesto en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil. Luego debe verificarse si la sentencia cuyo cumplimiento se pretende cumple las exigencias que la norma señalada establece.

CUARTO: Que el artículo 14 del Código Civil dispone que: “La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros”.

Por su parte el artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales establece que: “A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes”.

QUINTO: Que de lo dicho resulta que las cuestiones relativas a la disolución del matrimonio habido entre don Friedmut Klemens Ballek Muller y doña Susanne Katharina Henschel, ciudadanos alemanes, domiciliados y residentes en Chile, debió someterse al conocimiento de los tribunales chilenos, siendo estos competentes para pronunciarse sobre la materia conforme a lo previsto en los artículos 134 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, atendido que la ley chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República como se ha señalado, careciendo de importancia que la ley alemana otorgue competencia para conocer un asunto de esta naturaleza a los tribunales de esa nacionalidad, puesto que en nuestra legislación no existe ninguna norma legal que haga primar la ley alemana sobre la nacional en este tipo de materia;

SEXTO: Que de lo anterior se concluye que la resolución pronunciada por el referido tribunal alemán no puede cumplirse en Chile, ya que en la especie no concurre la circunstancia 2 del artículo 245 del Código de Procedimiento Civil;

Y disintiendo de la opinión de la Sra. Fiscal de esta Corte de fojas 68 se declara que se deniega la petición de exequátur contenida en lo principal de la presentación de fojas 12 efectuada por don Friedmut Klemens Ballek Muller, para que se cumpla en Chile la sentencia de divorcio dictada con fecha 1º de octubre de 2003 por el Tribunal de Primera Instancia de Schöneberg, Tribunal de Familia de la República de Alemania, del matrimonio celebrado entre don Friedmut Klemens Ballek Muller y doña Susanne Katharina Henschel.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Hernán Álvarez García y Enrique Tapia Witting, quienes estuvieron por acoger la solicitud de exequátur de fojas 12 en virtud de las siguientes consideraciones:

1) Que en la sentencia de divorcio dictada por un Tribunal de Familia de la República de Alemania, que se pide que se cumpla en Chile, se ha resuelto y establecido lo siguiente:

a) Con fecha primero de octubre del año dos mil tres el Tribunal de Primera Instancia de Schöneberg, Alemania concedió el divorcio del matrimonio celebrado el veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, ante el Oficial del Registro Civil de Hannover, Alemania, entre don Friedmut Klemens Ballek y doña Susanne Katharina Ballek, ambos de nacionalidad alemana, domiciliados en Chile a la fecha de la interposición de la demanda;
b) Que de acuerdo con los antecedentes y de las disposiciones de la legislación alemana que cita ese fallo, el Tribunal sentenciador dejó expresa constancia que ha tenido competencia internacional y local para conocer de la acción de divorcio de que se trata y que esta ha estado regida por las leyes alemanas por corresponder al derecho patrio de las partes;
c) Que en este orden aparece que se acogió la fundamentación de la acción de divorcio y se hizo lugar a esta en razón de haberse dado por establecido que las partes han vivido separadas desde hace más de un año y porque, además, la demandada aceptó ese fundamento y la petición de divorcio;
d) Que consta de los antecedentes del exequátur, debidamente legalizados, que la sentencia de divorcio de que se conoce se encuentra ejecutoriada y que la parte en contra de la cual se pide su cumplimiento fue debidamente notificada de la petición de autos y que se opuso a ella;

2) Que como acontece que entre Chile y Alemania no existe Tratado sobre cumplimiento de resoluciones judiciales, la petición de autos debe resolverse, conforme lo previsto en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil que, al efecto, preceptúa que las resoluciones de los tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubieren dictado por tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias primera a cuarta que se especifican en ese precepto, esto es, que no contengan nada contrario a las leyes de la República, no se opongan a la jurisdicción nacional, que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acción y, que estén debidamente ejecutoriadas en conformidad a las leyes del País en que hayan sido pronunciadas, circunstancias todas que se reúnen en la sentencia cuyo cumplimiento en Chile se solicita;

3) Que resulta efectivo que la sentencia de divorcio cuyo cumplimiento se solicita aparece dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 19.947, de 18 de noviembre de 2004, actual Ley de Matrimonio Civil, que introdujo en nuestro país el divorcio vincular, es decir, con el efecto de disolver el vínculo matrimonial, entre otras causales, por la misma que acogió la sentencia extranjera en cuestión;

4) Que es indudable que con anterioridad a la vigencia de la ley 19.947, tenía plena racionalidad y vigencia lo dispuesto por el artículo 120 del Código Civil, ahora derogado por la señalada ley, en cuanto en ese precepto se establecía que: “El matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas no habilita a ninguno de los cónyuges para casarse en Chile, mientras viviera el otro cónyuge”;

5) Que, no obstante, apareciendo que al tiempo de tramitación del presente exequátur y del presente pronunciamiento, a su respecto se encuentra en plena vigencia la ley 19.947, que otorga a la declaración de divorcio el efecto de disolver el vínculo ma trimonial, y habiéndose derogado por ese mismo texto el artículo 120 del Código Civil, a juicio de los disidentes, no se divisa que exista impedimento jurídico para hacer lugar a la solicitud de cumplimiento de la sentencia de divorcio en cuestión, toda vez que consta de los antecedentes expuestos que en la especie concurren todas las circunstancias previstas en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, como se dejó señalado en el fundamento segundo de esta disidencia y es esta también la opinión de la señora Fiscal Judicial en su informe de fojas 68;

6) Que, a mayor abundamiento, es útil consignar, que el artículo 83 inciso segundo de la ley 19.947 dispone expresamente que: “las sentencias de divorcio y nulidad de matrimonio dictadas por tribunales extranjeros serán reconocidas en Chile conforme a las reglas generales que establece el Código de Procedimiento Civil”. Al respecto hay que entender que en este caso la disposición general aplicable es la del artículo 245 del expresado código cuyas exigencias, según se ha visto, aparecen debidamente cumplidas.

7) Que doña Susanne Katharina Ballek, en su comparecencia de fojas 64, se opuso a la petición contenida en el exequátur materia de autos, fundada en que la declaración de divorcio se obtuvo con fraude a la ley 19.947, en relación con las situaciones previstas en el artículo 83, inciso 3º de esa ley, pero tal argumentación resulta manifiestamente inaceptable desde que la existencia y vigencia de dicha ley es posterior a la sentencia de divorcio, y más todavía si la demandada, como es efectivo, compareció ante el tribunal de familia alemán, de su nacionalidad, y estuvo de acuerdo y aceptó la demanda de divorcio.

Por estas consideraciones los disidentes fueron de opinión de hacer lugar a la solicitud de exequatur de fojas 12.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Rodríguez Ariztía y de la disidencia del Ministro Sr. Álvarez García.

Nº 4012-04.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Hernán Álvarez G., Eleodoro Ortiz S., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A. y Domingo Kokisch M. No firma el Ministro Sr. Rodríguez A., no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios. Autorizado por el Secretario Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.

II. SENTENCIA QUE CONCEDE EXEQUÁTUR

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil cinco.

VISTOS:

A fojas 10, el abogado don Claudio Octavio Soto Campos, domiciliado en Huérfanos 1373, oficina 1211, Santiago, en representación de doña María Luisa Casali Fernández, chilena, domiciliada en San Ignacio 1198, casa 8, Quito, Ecuador, solicita que se conceda el exequátur necesario para cumplir en Chile la sentencia dictada el 10 de marzo de 1987, por el Segundo Juzgado Civil de Guayaquil, Ecuador, cuya copia se agregó a fojas 4 y siguientes, debidamente legalizada, sobre divorcio del matrimonio celebrado con don Galo Alfonso Crosby González, comerciante, domiciliado en Rumichaca 310 y Gómez Rendón, Guayaquil, Ecuador.

Se ordenó dar conocimiento de la solicitud a la parte de don Galo Alfonso Crosby González, quien evacuó el traslado a fojas 38, solicitando se conceda el exequátur pedido por su ex cónyuge. A fojas 2 se agregó el certificado de matrimonio de cuyo divorcio se trata.

La señora Fiscal Judicial de esta Corte, en su dictamen de fojas 42, informó desfavorablemente la petición de exequátur.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º Que Chile y Ecuador suscribieron la Convención de Derecho Internacional Privado, cuyo título oficial es Código de Bustamante, en virtud del que pueden cumplirse en Chile sentencias dictadas en dicho país, aplicándose en la especie lo dispuesto en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil;
2º Que, a su vez, el artículo 423 del Código de Bustamante dispone: Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en una de los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones: 1. Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este Código, el juez o el Tribunal que la haya dictado; 2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio; 3. Que el fallo no contravenga el orden público o el
derecho público del país en que quiere ejecutarse; 4. Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte; 5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado; 6. Que el documento en que consta reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera para que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia.
3º Que la sentencia cuyo cumplimiento se solicita reúne los requisitos señalados en el considerando precedente.
4º Que, además, sobre el particular, el inciso segundo del artículo 83 de la ley 19.947 (actual ley de matrimonio civil) dispone que: Las sentencias de divorcio y nulidad de matrimonio dictadas por tribunales extranjeros serán reconocidas en Chile conforme a las reglas generales que establece el Código de Procedimiento Civil, habiendo dicha legislación, en su artículo tercero Nº 1, derogado las disposiciones de los artículos 120 y 121 del Código Civil.
5º Que, luego, se dará lugar al exequátur demandado. 6º Que por lo anterior esta Corte no comparte la opinión del Ministerio Público Judicial, manifestada en el informe de fojas 42.

Y de conformidad con lo expuesto y citas legales, se concede el exequátur solicitado en lo principal de fojas 10 y, en consecuencia, se declara que procede dar cumplimiento en Chile a la sentencia de divorcio entre doña María Luisa Casali Fernández con don Galo Alfonso Crosby González, dictada el diez de marzo de mil novecientos ochenta y siete, por el Segundo Juzgado Civil de Guayaquil, Ecuador.

Practíquese la subinscripción correspondiente por el Servicio de Registro Civil.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Rodríguez Ariztía, quien estuvo por no dar lugar al exequátur en virtud de los siguientes fundamentos:

1º Que los artículos 242 y siguientes del Código de Procedimiento Civil regulan los trámites judiciales que han de cumplirse en Chile para que resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros puedan tener fuerza, ejecutarse o cumplirse en nuestro país, según los distintos términos usados por aquellas normas; y ello lleva consigo, obviamente, que tales resoluciones puedan tener efectos en Chile;
2º Que en el caso de autos se pretende que se reconozca, tenga fuerza, se ejecute, cumpla y pueda tener efectos en Chile una sentencia dictada el 10 de marzo de 1987 por el Segundo Juzgado Civil de Guayaquil, Ecuador, que puso término, por divorcio vincular, al matrimonio que una chilena había contraído en Ecuador en el año 1984 y que en este mismo año se inscribió en Chile conforme con lo permitido por el artículo 4º Nº 3º, de la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, para que produjera efectos en nuestro país conforme al artículo 15 inciso 1º, de la Ley de Matrimonio Civil de 1884, hoy derogada, vigente a la fecha de dicha inscripción;
3º Que el artículo 83 de la ley 19.947, en su inciso primero, señala que: El divorcio estará sujeto a la ley aplicable a la relación matrimonial al momento de interponerse la acción. La sentencia cuyo exequátur se solicita, como se dijo,
data del 10 de marzo de 1987, esto es, estando vigente en Chile el artículo 15 del Código Civil y la mencionada Ley de Matrimonio Civil de 1884, aplicables a la relación matrimonial antedicha, en lo que toca a la cónyuge chilena;
4º Que el artículo 15 de nuestro Código Civil prescribe que los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero, permanecerán sujetos a las leyes patrias que regulan las obligaciones y derechos civiles en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile;
5º Que la Ley de Matrimonio Civil de 1884, vigente a la época de la sentencia dictada por el tribunal extranjero, sólo permitía que el matrimonio se disolviera por la muerte natural de uno de los cónyuges y por la declaración de nulidad pronunciada en Chile, por autoridad competente, salvo el caso excepcional de muerte presunta de uno de los cónyuges. Según dicha ley, el divorcio no disolvía el matrimonio, sino que suspendía la vida común de los cónyuges;
6º Que, en consecuencia, no puede admitirse que tenga efectos en Chile la sentencia cuyo exequátur se solicita, porque contraviene las leyes de la República al disolver el matrimonio de una cónyuge chilena en forma no permitida por nuestra legislación a la fecha en que se pronunció dicha resolución, legislación a la que dicha contrayente permanecía sujeta; y
7º Que, consecuentemente, al no cumplirse en el caso de autos con lo que exige la circunstancia tercera del artículo 423 del Código de Derecho Internacional Privado, no puede hacerse lugar al exequátur solicitado.

Regístrese y archívese.

Nº 6049-04.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Eleodoro Ortiz S., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A. y Domingo Kokisch M., y Abogado Integrante Sr. René Abeliuk M. Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Marcela Paz Urrutia Cornejo.

COMENTARIO

Particular interés presentan estos fallos para las ramas del derecho internacional privado y del derecho civil, pues el tema del reconocimiento de una sentencia de divorcio pronunciada en el extranjero fue largamente discutido bajo la vigencia de la Ley de Matrimonio Civil de 1884. Por ese entonces la controversia se centraba en los Arts. 120 y 121 del Código Civil, hoy derogados al instaurarse la disolubilidad del vínculo matrimonial por sentencia de divorcio.1 Se discutía respecto del campo de aplicación personal de dicho art. 120, específicamente sobre si se aplicaba o no a los chilenos que se casaban o divorciaban fuera de nuestro país. Algunos autores sostenían que éstos seguían sometidos a las leyes chilenas en virtud del art. 15 del Código y, por tanto, no podían disolver su matrimonio, con efectos en Chile, de un modo no reconocido por nuestra legislación. La otra posición doctrinaria sostenía que dicha norma se aplicaba igualmente a los chilenos, por lo que no había inconveniente en reconocer dichos fallos. Hasta la dictación de la nueva Ley de Matrimonio Civil, aun cuando la segunda interpretación aludida se había impuesto en la doctrina y en la jurisprudencia, el asunto seguía siendo controvertido. Prueba de ello era el gran número de casos en que la decisión del tribunal no era unánime.

Respecto de los extranjeros había consenso en que un divorcio entre ellos dictado fuera de Chile debía ser reconocido en nuestro país. La Corte Suprema concedió unánimemente el exequátur a dichas sentencias con la única limitación de que ellos no pudiesen contraer nuevo matrimonio en Chile, mientras viviese el otro cónyuge.

En la primera sentencia comentada, que se trata de la primera solicitud de exequátur tramitada bajo la vigencia de la ley Nº 19.947, se solicita el reconocimiento de una sentencia de divorcio respecto de un matrimonio celebrado en el extranjero y entre extranjeros, cuya solicitud de exequátur fue presentada antes de que la Nueva Ley de Matrimonio Civil siquiera entrase en vigencia.

La Corte, siguiendo las reglas del Código de Procedimiento Civil, deniega la concesión del exequátur, considerando que, a su parecer, no concurre la circunstancia de no oponerse a la jurisdicción nacional (art. 245 Nº 2), pues debía haberse procedido ante los tribunales nacionales.

Sin embargo, cabe preguntarse qué ocurre cuando la cuestión debatida en el juicio no era de conocimiento exclusivo de los tribunales nacionales, sino que, por el contrario, se trataba de una materia entregada a la competencia de distintas naciones, en virtud de su legislación. En el caso, el tribunal alemán, en virtud de los arts. 606 y 606a de su Código de Procedimiento Civil, era competente para conocer del procedimiento de divorcio, dada la nacionalidad alemana de los cónyuges, tal como habría ocurrido en Chile de haberse reconocido el divorcio vincular y respecto de cónyuges chilenos en virtud del art. 15 del ya mencionado. Sin embargo, nos encontramos en este caso con que, habiendo llegado la Corte a reconocer dichos divorcios entre chilenos, no obstante las disposiciones del Código Civil, ahora se lo niega a una pareja de extranjeros, cuyo divorcio fue decretado en su país de origen sin fraude alguno.

Por lo tanto, en el caso eran potencialmente competentes tanto un tribunal alemán como un chileno. Sin embargo, en ese momento la gran diferencia consistía en que, de haber concurrido el particular ante un tribunal nacional, tendría que haber solicitado algo inexistente en el ordenamiento jurídico chileno: el divorcio vincular. De allí que el fallo de la Corte Suprema parte de un supuesto falso, cual es que la demanda de divorcio también podría haberse interpuesto ante tribunales nacionales.

El voto disidente de los ministros Álvarez y Tapia, quienes sostuvieron que el tribunal alemán tenía competencia para decretar el divorcio, apunta a una cuestión de principios. Esto es, si al tiempo de la tramitación del exequátur se encontraba en plena vigencia la nueva Ley de Matrimonio Civil, que otorga a la sentencia de divorcio el efecto de disolver el vínculo matrimonial y que deroga el art. 120 del Código Civil, no habría impedimento jurídico alguno para hacer lugar a la solicitud de cumplimiento de la sentencia de divorcio. Se trata de un voto de minoría claramente infundido por una visión pro divorcio, propia de la nueva regulación matrimonial. El voto agrega que este no se trata de un caso de fraude a la ley, contemplado en el art. 83 de la nueva Ley de Matrimonio Civil, considerando, como hemos señalado previamente, que la referida ley es posterior a la sentencia de divorcio dictada en Alemania y más aún si la demandada compareció ante el tribunal alemán y aceptó la demanda de divorcio.

En la segunda sentencia transcrita nos encontramos ante una solicitud similar a la anterior, pero en la cual al menos uno de los cónyuges que requería el reconocimiento del divorcio extranjero era chileno. Aquí, parece que la misma intención no divorcista que inspiraba el primer fallo ha inspirado el voto de minoría. Y no se crea que tiene alguna injerencia en el asunto el hecho de aplicarse el Código de Bustamante, pues un voto de minoría casi idéntico se puede ver en sentencia de 20 de octubre de 2005, rol Nº 1304-05, que concede el exequátur a un divorcio decretado en Uruguay, sin aplicar convenio alguno. Según este, no puede reconocerse el divorcio dictado por el tribunal extranjero, por haber sido pronunciado en momentos que la ley chilena vigente no lo reconocía como causal de término del matrimonio. Esta posición rompe con el criterio que, como señalábamos, estaba mayormente asentado en la jurisprudencia respecto de los divorcios de chilenos en el exterior, que eran reconocidos incluso bajo el imperio de la antigua ley de matrimonio civil. Parece a todas luces que con mayor razón entonces hay que reconocer dichos divorcios ahora, si no sería legítimo preguntarse qué ocurre con todos los divorcios obtenidos por chilenos fuera de nuestras fronteras durante todos estos años en que Chile era uno de los pocos reductos del mundo donde no existía el divorcio vincular. No podría creerse que su reconocimiento es imposible en Chile, más aún si se considera que ya hay muchos que fueron reconocidos como hemos apuntado anteriormente. No hay trasgresión a las reglas de la competencia, si los tribunales extranjeros, sean de Ecuador, de Alemania o de cualquier otra parte, eran competentes para conocer de una solicitud de divorcio.

Por otro lado, cuando la nueva Ley de Matrimonio Civil señala, para reconocer el divorcio, que este estará sujeto a la ley aplicable a la relación matrimonial al momento de interponerse la acción, no puede entenderse ello como la obligación de las partes de someterse a la antigua ley, pues ello llevaría entonces a comenzar un nuevo juicio de divorcio en nuestro país, para obtener la disolución del vínculo. Los mismos principios que inspiraron la reforma a nuestro estatuto matrimonial deberían inspirar las resoluciones que acogen o deniegan divorcios foráneos, principalmente en los casos en que no hay oposición, como en el aludido por el segundo fallo.

En principio, los problemas que acarrea la aplicación en Chile de sentencias de divorcio dictadas en el extranjero serán ahora de más fácil solución, no obstante las dificultades de índole probatoria que pudiesen surgir, pues será la noción de fraude a la ley, del ya mencionado art. 83 de la nueva Ley de Matrimonio Civil, la que permitirá resolver dichas dificultades. Para ello dicha norma establece una presunción de fraude, que precisamente busca evitar que los cónyuges acudan a una jurisdicción extranjera para evitar algún requisito de nuestra legislación como, por ejemplo, los plazos de cese de convivencia.

Como es lógico, no se puede creer que exista dicho fraude, si la norma eludida, aquella que ha de ser objeto del fraude, no existe, pues evidentemente no pueden las partes haber pretendido burlar algo inexistente. Por ello, estas estrictas exigencias del inciso cuarto del art. 83 sólo pueden aplicarse a solicitudes de exequátur posteriores a la entrada en vigencia de la nueva LMC y no podría haberse recurrido a ella en los casos en comento.

Como ya lo ha señalado la doctrina, se trata de una presunción un tanto complicada y su rigidez puede llevar a situaciones injustas, debido a lo prolongado de los períodos que contempla. Como se ve, no es posible avizorar que los problemas se acabarán del todo, por lo que sería preferible que la Corte actúe determinando según las circunstancias particulares de cada caso, si hubo un fraude a la ley o si el tribunal extranjero actuó según las reglas naturales de competencia internacional. Actitud que, como es evidente, no inspiró la solución del primer exequátur comentado ni el voto de minoría del segundo.

NOTAS

1 El primero de ellos, que nos interesa para el caso, señalaba que el matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas, no habilitaba a ninguno de los dos cónyuges para casarse en Chile, mientras viviere el otro cónyuge.