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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600017 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 529-549

HISTORIA DEL DERECHO CHILENO

Legislación laboral y organización productiva. Jornada de trabajo y descanso dominical en chile: 1901 - 1925

 

Juan Carlos Yáñez Andrade

Universidad Mayor (Santiago de Chile)


RESUMEN

En el presente trabajo se busca analizar las demandas por reducción de la jornada de trabajo y el establecimiento del descanso dominical, en un contexto proclive al mejoramiento de las condiciones laborales. Como idea central se sugiere que hubo una concordancia, en los inicios de una política social en Chile, entre la demanda de las organizaciones obreras por reducir la jornada de trabajo y la necesidad del empresariado de instaurar una nueva racionalidad productiva, acorde con la nueva organización industrial. Para ello se analiza la temprana legislación social elaborada entre 1906 y 1917, así como los proyectos de Código Laboral Conservador de 1919 y Liberal de 1921, cuya discusión recoge esta suerte de transacción entre el objetivo de mejorar la condición del trabajador deslegitimando de paso prácticas largamente asentadas en el trabajador chileno, como la ineficiencia productiva y las ausencias laborales.

Palabras clave: jornada laboral, racionalidad productiva, descanso dominical, legislación laboral, código laboral, movimiento obrero, empresariado.


ABSTRACT

This article attempts to analyze the claims for reduction of the working day and the establishment of the Sunday rest in a context inclined to improve conditions of employment. A main point is the suggestion that there was agreement, at the onset of a social policy in Chile, between the claim of the workers' organizations for reducing the working day and the entrepreneurs' need for establishing a new productive rationality in accordance with the new industrial organization. To this purpose, an analysis is made of the early social law drafted between 1906 and 1917 as well as of the bills of the 1919 Conservative Labor Law and of the 1921 Liberal Labor Law, a discussion of which addresses this sort of negotiation between the objective of improving the worker's condition and the delegitimization of practices long ingrained in the Chilean worker, such as inefficient production and absences from work.

Keywords: working day, productive rationality, Sunday rest, labor laws, labor code, workers' movement, business world.


 

I. INTRODUCCION

El mejoramiento de las condiciones de trabajo fue un aspecto central en el inicio de las políticas laborales en nuestro país. La industrialización naciente expuso las realidades más cruentas de lo que comenzaba a llamarse el costo social del desarrollo. Largas jornadas de trabajo, ningún control en el acceso al mercado laboral, y una deficiente fiscalización de las actividades productivas, puede ser considerado como el contexto justificador de un movimiento social que hizo suyo, como banderas de lucha, la reducción de la jornada de trabajo y la instauración del descanso dominical.

Sin embargo, paralelamente, se dio un proceso de racionalización industrial que modificó las prácticas tradicionales de apropiación del tiempo de trabajo, haciendo más conveniente una jornada laboral justa y un descanso proporcional a las horas trabajadas en la semana, deslegitimando de paso las ausencias y la ineficiencia productiva. Así, el movimiento de legislación social en el ámbito mundial (las Convenciones de la OIT), como las disposiciones legales en nuestro país desde 1907, fueron reflejando aquellos puntos de encuentro entre la demanda obrera y la racionalidad empresarial, que en principio suponía garantizar los derechos de los trabajadores en torno al tiempo trabajado, junto con la incorporación de una cierta ética que obligaba al compromiso en la producción industrial.

II. EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Los primeros intentos por regular la jornada de trabajo provinieron del socialismo utópico, aunque con muy poco éxito. Preocupación creciente comenzó a tener el trabajo de niños y mujeres, especialmente en faenas nocturnas o extenuantes, hasta que en 1833 se dictó en Inglaterra una ley fabril que limitó la jornada de trabajo a 12 horas para los niños de trece a dieciocho años, con prohibición de ser contratados entre las 8 y media de la noche y 5 y media de la mañana. Además se prohibió el trabajo de menores de nueve años, y los niños entre esa edad y los trece podían trabajar como máximo 8 horas diarias. En 1844 otra normativa limitó la jornada laboral de las mujeres mayores de 18 años a 12 horas, prohibiendo su trabajo nocturno. En la práctica esta ley se hizo extensiva a los trabajadores hombres, que en muchas actividades dependían de auxiliares niños y de mujeres. A mediados del siglo XIX la jornada de trabajo para mujeres y niños alcanzaba las 10 horas, y para el resto de los trabajadores comprendía en promedio 60 a 72 horas semanales1.

Esta evolución en Inglaterra sería seguida por el resto de Europa y Norteamérica, aunque con avances desiguales. El movimiento revolucionario francés de 1848 permitió aprobar la reducción de la jornada de trabajo a 12 horas; en 1868 el gobierno federal de EE.UU. aprobó la limitación de la jornada laboral a 8 horas, aunque sólo para los trabajos o servicios públicos. En 1891, la encíclica Rerum novarum de León XIII estableció el derecho de los trabajadores al descanso y a una jornada justa.

El movimiento obrero no estará ajeno a las exigencias de la reducción de la jornada diaria y semanal. En 1864 la I Internacional demandará la jornada de trabajo de 8 horas diarias, extendiéndose tal demanda a Norteamérica y Europa. En 1866, el Congreso Obrero Internacional de Ginebra declaraba: "la limitación de la jornada de trabajo es una condición previa sin la cual tienen que fracasar todas las demás aspiraciones de emancipación [...]. Proponemos las 8 horas como límite legal de la jornada de trabajo"2.

En julio de 1899 la II Internacional declaró el 1 de mayo como "Día Internacional del Trabajo", el cual se comienza a conmemorar en todos los países bajo el signo de la jornada de 8 horas. Progresivamente distintas huelgas irán logrando significativos avances en el establecimiento de aquella jornada laboral en Francia, Inglaterra, Alemania y España3.

Sin embargo, faltaba una instancia legislativa internacional que validara aquellos avances nacionales o los promoviera en aquellos países más retardatarios. Aquella fue la misión de la Organización Internacional del Trabajo, institución creada en el contexto de las Conferencias de Paz de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Así, La Conferencia de Paz nombró una Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, proclive al reformismo social, la cual presentó un informe que creaba la OIT, encargándole, como organismo internacional la adopción de normas dirigidas a garantizar mejores condiciones laborales, las que serían ratificadas por los Estados miembros. La Conferencia de Paz adoptó sin mayores modificaciones ese informe, siendo aprobado en abril de 19194.

Los principios constitutivos y rectores de la OIT fueron enunciados en el Título XIII del Tratado de Paz firmado en Versalles: sus objetivos, estructura y composición, la adopción de normas y el control de su aplicación obligaban a los países firmantes a cumplir con estas disposiciones. Pero además aparecen expuestos los motivos que justifican la creación de la OIT, y que pueden ser resumidos en tres: la búsqueda de la paz mundial, la lucha por la justicia social y la cooperación internacional.

En relación con la justicia social se toma conciencia de la necesidad de mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores a través del mundo, partiendo de una reglamentación mínima que contemple aspectos como "la fijación de una duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, el reclutamiento de la mano de obra, la lucha contra el desempleo, la garantía de un salario que asegure las condiciones de existencia adecuadas, la protección de los trabajadores contra las enfermedades generales y profesionales y los accidentes resultantes del trabajo, la protección de los menores, adolescentes y de las mujeres, las pensiones a ancianos e inválidos [...]"5.

El primer año de existencia de la OIT fue de plena actividad, teniendo como principal prioridad dar una constitución formal a la Organización y resolver sobre las demandas más urgentes en materia laboral. La primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se celebró a partir del 29 de octubre de 1919, aprobándose los seis primeros convenios que son reflejo de las iniciales preocupaciones de la OIT. Entre éstas se encontraban la fijación de la jornada laboral en la industria en 8 horas diarias y 48 semanales; la protección a la maternidad; la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en la industria; prohibición del trabajo industrial de menores de 14 años; prohibición del trabajo nocturno en la industria a los menores de 18 años; y el sistema de colocación gratuito.

Durante la década del 30', y como efecto de la crisis económica que azotaba al mundo, se refuerza la discusión en torno a la reducción de la jornada laboral como forma de reducir el desempleo. Así muchos países ratifican los convenios de la OIT en orden a establecer los principios de las 8 horas diarias y 48 horas semanales, e incluso en Europa se debate en torno al establecimiento de las 40 horas semanales de trabajo.

Sin embargo, el salto cualitativo en la reducción de la jornada de trabajo, dentro de un contexto de revalorización del tiempo libre, se produce durante las décadas del 50' y del 70', es decir, en los años gloriosos del Estado de Bienestar. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, el aumento de la productividad, las políticas de redistribución, y los cambios en los valores de la sociedad, se logró un consenso en torno a la reducción progresiva de la jornada de trabajo _en torno a las 40 horas semanales_, y su redistribución, estableciendo primero el descanso de medio día del sábado y posteriormente el fin de semana completo, así como las tres y luego cuatro semanas anuales de vacaciones pagadas.

III. LA DEMANDA POR LA JORNADA DE OCHO HORAS

El desarrollo del movimiento popular-obrero en nuestro país hunde sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX y se ve reafirmado por el movimiento huelguístico que inaugura de manera paradigmática la gran huelga de 18906. Las celebraciones del Primero de Mayo _que en su seno incorporaba la lucha por la jornada de ocho horas_ se hacen progresivamente más masivas a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aunque, al parecer, una de las primeras referencias programáticas a la demanda por ocho horas diarias de trabajo proviene de la Unión Socialista en 1897, agrupación formada por la fusión del Centro Social Obrero y de la Agrupación Fraternal Obrera.

Un año después, el Partido Socialista planteó la jornada de ocho horas para los adultos y de seis para los niños de doce a quince años, prohibiendo todo trabajo industrial a los menores de 12 años. En 1901, el Partido Demócrata-Socialista, abogó por una legislación obrera que protegiera a hombres y mujeres trabajadoras, bajo los siguientes principios: "a) El trabajo de los menores de quince años debe ser protegido; y el de la mujer particularmente reglamentado; b) Fijación del mínimun de salario y su condición de no embargable; c) Limitación legal de la jornada de trabajo a ocho horas y descanso dominical obligatorio"7.

Los sectores obreros organizados progresivamente fueron incorporando éstas y otras demandas en sus programas, especialmente cuando hubo necesidad de convocar a los asociados en torno a temas tan sensibles como eran las condiciones laborales, demostrando de paso que el movimiento obrero podía solucionar los problemas más apremiantes de la gente. Luis Emilio Recabarren, por ejemplo, trató de articular esa demanda por legislación laboral, sin perder de vista su objetivo de redención social8.

De manera temprana Recabarren hace referencia a las demandas por mejoramiento en las condiciones laborales. En una carta dirigida a Abdón Díaz, aparecida en el periódico El Trabajo en 1902, señala la necesidad de la unidad de los trabajadores para alcanzar sus objetivos, siguiendo el ejemplo de los trabajadores norteamericanos: "Los obreros de Iquique deben hacer lo mismo, pues sólo así es posible obtener el triunfo. El obrero en huelga no debe tener jamás miedo a la sangre. El sistema de fichas debe ser abolido y ustedes no deben esperar jamás que una ley dictada por el Congreso la suprima. Ello no sucederá porque son interesados en mantener ese sistema muchos congresales. La obra entonces está en manos de ustedes mismos. La huelga general en Iquique se impone como una necesidad imperiosa y su realización debe ser la más rápida posible"9.

A continuación, en cursiva, remarcaba como demandas centrales de la huelga la jornada de trabajo de ocho horas y el pago en moneda corriente: "Estas palabras deben ser pronunciadas unísonamente por los labios de los obreros todos de las regiones del Norte, y a su eco deben levantarse todos los corazones, en un solo movimiento para ir a la gran huelga a conseguir ese laudable propósito"10.

Recabarren comienza a tomar conciencia de la importancia de las reivindicaciones laborales en las posibilidades de éxito del movimiento obrero, especialmente cuando algunas de ellas (como la abolición de las fichas y pulperías) eran centrales en el mundo salitrero. Pero también duda de la posibilidad que el Congreso esté dispuesto a conceder mejoramiento a los trabajadores. Esto no es una cuestión menor si recordamos que la acción de Malaquías Concha _correligionario suyo en aquella época_ en la Cámara de Diputados justamente se orientaba hacia una legislación que contemplaba tales puntos11.

Recabarren no se oponía a las medidas de mejoramiento del proletariado, a través de una legislación social y reformas económicas, sino a la posibilidad de confundir estas medidas con los objetivos del movimiento obrero: "Si nos agitamos buscando mejoras de salarios, disminución de horas, buenas comodidades ello es solamente para conquistar los primeros puntos, las primeras posiciones, para llegar más adelante, para llegar a la reforma completa de este estado social lleno de injusticias, de crímenes del cual ansiamos salir para ser felices y libres"12.

El hecho que hacia 1902 ó 1904, el Partido Democrático explicitara programáticamente algunos objetivos sociales (como la reducción de la jornada de trabajo y el descanso dominical) de su ideario de emancipación de los trabajadores, y referidos a puntos que para Recabarren no acotaban ese ideario, y, por otra parte, estuviera logrando el partido una participación institucionalizada en el sistema político parlamentario, a costa del diseño de una política más autónoma, aspecto que comenzaba a adquirir fuerza en su pensamiento, explica, en parte, la división que tuvo el Partido Demócrata en 1906 y la orientación progresivamente socialista que comenzarán a tener los escritos de Recabarren.

Así la legislación laboral se entiende, y eventualmente se justifica, dentro de un objetivo mayor de cambio social. Quizás por esto Recabarren comienza a dudar de la labor del Congreso y de la ley _en el contexto del parlamentarismo_ como fórmula para lograr estos objetivos. En la serie de artículos titulados Democracia y Socialismo cuestiona la doctrina democrática, precisamente, en su objetivo de reforma, ya que los empresarios _señala_ nunca estarán dispuestos a mejorar las condiciones de los trabajadores o aceptar una legislación social: "El abuso patronal tampoco puede regularlo la ley. Hoy apenas se consigue suprimir por medio de la unión de los obreros que a veces son fuerza capaz de imponer la ley a los patrones. Esto prueba a la vez que la organización obrera puede más que la legislación parlamentaria"13.

Por esto, y en relación con las demandas obreras, se observa en Recabarren un distanciamiento de la legislación social, no por una deslegitimación de ella misma, sino porque reconocía que esa legislación sólo podría provenir de un sistema parlamentario que justamente había que superar. Por otra parte, la misma organización obrera podía más. De esta forma aparecen complementarios una organización obrera unificada y una política obrera más autónoma.

Como es sabido en 1912 Luis Emilio Recabarren fundó el Partido Obrero Socialista, y el 1° de mayo de 1915, en su Primer Congreso, se presentó su programa. En primer lugar, la declaración de principios comenzaba definiendo el socialismo como aquella "doctrina que cifra el desenvolvimiento de la humanidad en que todos los hombres puedan disponer de los medios de producción"14. A continuación señalaba que la sociedad era injusta por el hecho de estar dividida entre una clase capitalista, poseedora de los medios de producción, y una trabajadora, que no posee más que su fuerza de trabajo. Y refiriéndose al método de lucha, explicitaba: "Por lo tanto: realizaremos lucha política como un medio para quitar a la burguesía el poder político, a fin de que cese ser instrumento de dominación; realizaremos obra de saneamiento político, llevando a las diputaciones representantes de nuestra clase que impongan nuestro programa; invadiremos las municipalidades para hacer obra de higienización en las poblaciones, abolir los impuestos a los artículos de necesidad para la vida, y haciendo que los servicios de utilidad general estén en manos de las mismas municipalidades y no sirvan como objeto de lucro de particulares"15.

Dentro del programa de mejoramiento político se destacaba como primer punto: "Perfeccionamiento de nuestro sistema político y administrativo, reformando o creando leyes que garanticen el derecho electoral, de asociación, de reunión, de prensa, de fiscalización, de seguridad y toda clase de garantías individuales y sociales".

Para enfrentar las elecciones de 1915 el Partido Obrero Socialista diseñó una plataforma electoral que incluía entre otros puntos la seguridad laboral, seguro de desempleo y tribunales arbitrales, aspectos, que como se ha señalado anteriormente, eran parte de un ideario reivindicativo de las organizaciones de trabajadores16.

Los efectos de la crisis salitrera provocada por la Primera Guerra Mundial se acrecentaron hacia 1919. En ese año se conformó la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, como respuesta a la crisis que afectaba a la masa trabajadora. Su declaración de principios recogía las demandas históricas del movimiento obrero, aunque adaptadas a la realidad del momento. Entre esas demandas se encontraban el fomento a la industria nacional, la creación de la Administración Nacional de Subsistencias para mejorar la producción, la estabilización del cambio internacional, la aprobación de la ley de instrucción primaria obligatoria, disminución de los valores de primera necesidad, el despacho de la ley de colonización nacional, y, en general, el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores17.

A fines de ese mismo año se llevó a cabo la III Convención de la Foch, cuyo presidente fue Luis Emilio Recabarren. Uno de los puntos de la Declaración de Principios señalaba: "Por lo tanto la Federación Obrera de Chile, levanta su bandera inspirada en estas dos profundas sanciones internacionales: La Unión hace la fuerza y La emancipación de la clase trabajadora debe ser obra de los trabajadores mismos"18. Se exigió una serie de leyes o modificaciones a las ya existentes, como la reforma a la ley de accidentes del trabajo, una que fije el salario mínimo, y la jornada laboral de ocho horas, además de la abolición de las pulperías y efectividad de la ley de habitaciones obreras.

Hacia 1920, y en el contexto favorable que se dio luego de la elección de Arturo Alessandri como Presidente de la República, los trabajadores no sólo comenzaron a demandar medidas legislativas a los poderes públicos sino que también comenzaron a proponerlas.

La primera propuesta corresponde al proyecto de Cámara del Trabajo aprobado por la Convención Extraordinaria de Juntas Provinciales en julio de 1920. Recordemos que ese encuentro se dio en plena campaña presidencial y bajo el arresto de Luis Emilio Recabarren, aspectos que marcaron la Convención19.

La Cámara del Trabajo se entendía como un órgano permanente, formado por representantes obreros y patronales destinado a regular las relaciones entre el capital y el trabajo. Su objetivo era lograr: "el mejoramiento de las condiciones actuales de la vida en las clases asalariadas; pero en un régimen de equidad que permita a la vez, el desarrollo tranquilo y no interrumpido de las industrias regionales"20.

La Cámara estaba compuesta de un Directorio de cinco delegados obreros, cinco patronales y tres socios adherentes, designados por acuerdo de los anteriores. Éste nombraba un Tribunal de Conciliación y Arbitraje de tres miembros, representantes de trabajadores, patrones y el tercero de común acuerdo.

Complementario con lo anterior, funcionarían de manera permanente _a diferencia de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje_ comisiones de abastecimiento, cooperativas de consumo, habitaciones obreras, legislación social, moralidad, cultura y educación cívica, protección a las industrias, entre otras.

El proyecto reconoció como principios generales una jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales, junto con la prohibición de trabajar a menores de 14 años. Especial mención tenía la disposición de salario mínimo único o por escalas profesionales, según las circunstancias particulares de cada industria o regionales. Los salarios y demás condiciones laborales serían fijadas por medio de contratos colectivos, estipulados directamente entre los gremios obreros y patronales, aprobados en sesión plenaria de la Cámara. Creaba, además, una Bolsa de Trabajo compuesta de dos servicios: uno de Estadística y otro de Colocación de obreros. Por último, prohibía la huelga y el lock-out sin antes recurrir a los mecanismos de conciliación y arbitraje.

Como se puede observar, el proyecto de Cámara del Trabajo de la Foch se adaptaba a los principios generales reconocidos por el proyecto conservador presentado al Senado en 1919 y los convenios aprobados por la OIT21.

El segundo proyecto de los trabajadores dado a conocer en estos años corresponde también a uno de la Foch, aprobado por la Junta Ejecutiva Federal a comienzos de 1921, y presentado al gobierno en febrero del mismo año. Denominado "Contrato de Socialización Industrial" fue un avance, por su naturaleza y disposiciones, con respecto a otros proyectos.

La socialización industrial se definía como: "un contrato de compañía por el cual el patrón y el obrero estipulan poner respectivamente un común capital y trabajo para desarrollar actividades en industrias fundamentales y repartirse de los beneficios líquidos"22.

El proyecto creaba en cada industria, con un mínimo de diez obreros y empleados, un Consejo de Administración, compuesto por representantes patronales y obreros. Este consejo se encargaría de la administración interna de la industria, dictando, además, un reglamento que fijaría salarios, duración de la jornada de trabajo, condiciones de higiene, participación en los beneficios, entre otros aspectos.

Las reclamaciones por la aplicación del reglamento serían resueltas por el Consejo o recurriendo al arbitraje, para lo cual se crearían en las ciudades de Antofagasta, Santiago, Concepción, Valdivia y Punta Arenas, Tribunales encargados de resolver las demandas sin posterior recurso.

Un aspecto esencial, y quizás el más polémico, del proyecto era el reparto anual de los beneficios de la industria. Para determinarlos se deducirían los costos anuales, entre los cuales se encontraban el salario de obreros y empleados, el interés del 6% anual del capital original aportado y un porcentaje que acordase el Consejo de Administración por desgaste del capital invertido. Solo posteriormente se repartirían, en igual proporción, los beneficios de la industria entre patrones y obreros.

Los tribunales arbitrales lo conformarían cinco miembros propietarios y cinco suplentes, nombrados por el Presidente de la República, de los cuales cuatro serían industriales, cuatro obreros designados por las Juntas Provinciales de la Foch donde esté asentado el tribunal, y el quinto sería nombrado por los otros cuatro, y si no había acuerdo por el mismo Presidente. La resolución del Tribunal no podía extenderse más allá de 10 días desde la recepción de los informes del Consejo de Administración.

El Tribunal podía imponer multas pecuniarias a las partes que fueran rebeldes, las cuales eran aplicadas por el consejo de Administración y que irían a "objeto de higiene, comodidad o embellecimiento del establecimiento industrial".

En la presentación de este proyecto, se lo justifica por la paz social que traería, cambiando la antigua relación capital-trabajo: "El proyecto torna la relación jurídica de arrendamiento de servicios que ahora rige entre el patrono industrial y el obrero, en contrato de compañía, cuyos aportes son el capital y el trabajo, ambos de igual valorización [...]"23.

Por otra parte, era reflejo de las buenas intenciones de los trabajadores de mejorar las relaciones con el capital: "Este proyecto encarna una intensa y acariciada aspiración del obrerismo mundial, como el único medio de levantar la situación económica y social de las masas proletarias, de establecer la perfecta armonía entre el patrono y el obrero, de hacer desaparecer las huelgas [...]"24.

Por último, en el mes de junio de 1921, Luis Emilio Recabarren presentó a la Cámara de Diputados su proyecto de Cámara del Trabajo o Tribunal de Conciliación _en este caso permanente. El gobierno, señalaba su autor "ha prometido verificar una completa descentralización para repartir con los ciudadanos de las provincias la labor administrativa y compartir así las responsabilidades, comprometiendo a los ciudadanos de las provincias a realizar la labor que necesita el progreso social de nuestro país"25.

Este planteamiento se enmarcaba dentro de una crítica reiterada a la política parlamentaria y donde el progreso social se entiende como una labor de todos los habitantes del país: "Hacer que todos los habitantes de una nación construyan sólidamente el bienestar del porvenir, sin egoísmo y ricos sentimientos de justicia y moral, es dar bienestar inagotable eternamente"26.

Además, respondía a una necesidad de justicia y de paz social, al ir avanzando en asignarle mayor responsabilidad a las personas involucradas en los conflictos la solución de los mismos: "Podríase decir que este proyecto al convertirse en ley, creará en cada provincia un cuerpo legislativo que legislará sobre el problema más grave de la época: la cuestión social y las relaciones entre el capital y el trabajo. Nada más monumental podrá hacer, el parlamento chileno, que repartir la labor de perfeccionar la organización social, entregando a obreros y patrones como elementos directamente interesados, la solución de los múltiples problemas que surgen del trabajo"27.

El proyecto creaba un Tribunal de Conciliación en cada cabecera de provincia en representación proporcional de obreros y patrones. Este tribunal tendría la responsabilidad de resolver todo lo que se relacione con la vida industrial y comercial de la provincia. Entre las atribuciones de la Cámara del Trabajo estaban: "a) Reglamentar las condiciones de trabajo; b) Fijación de salarios mínimos; c) Fijar horarios que en ningún caso superen las 48 horas semanales; d) Reglamentar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo; e) Intervenir y controlar la administración de las respectivas empresas, contratistas y cooperativas obreras de trabajo; f) Aplicar la ley de accidentes; g) Fijar anualmente las utilidades a repartir entre obreros y patrones; h) Reducir el número de establecimientos de una misma industria con fines de economía social"28.

Si se producía un empate en la resolución de algún conflicto al interior del Tribunal de Conciliación resolvería una comisión de tres personas elegidas por el Presidente de la República. Además se establecían penas a aquellas industrias que violaran los acuerdos, con multas de 1.000 a 1.500 pesos a beneficio de la Cámara. Igual multa sufrirían los consejos o juntas obreras. Los reclamos deberían hacerse ante la Cámara la que resolvería en un plazo de seis días, durante el cual no podían los obreros declararse en huelga. Si cumplido el plazo no se producía el fallo, los obreros podrían declararla para apoyar su reclamo. Por último, los gastos que generaba la Cámara serían costeados por partes iguales entre el Estado, la Federación Obrera y la organización patronal.

Ninguno de los anteriores proyectos tuvo un curso significativo. Por ejemplo, el de "Socialización Industrial", la Federación Obrera de Chile se lo hizo llegar al Gobierno para que lo incorporara en el que estaba preparando Moisés Poblete, entonces Director de la Oficina del Trabajo, pero no fue considerado.

IV. LEGISLACION LABORAL Y REGULACION DEL TRABAJO

Para la historiografía europea la política social empresarial debe ser enmarcada dentro de una nueva gestión y diseño de estrategias laborales, acordes con la nueva realidad industrial y el sujeto trabajador urbano. El proceso de industrialización produjo una ruptura en la antigua relación capital-trabajo. El halo ético que rodeaba el salario _cualquiera fuera la forma de pago_, la subordinación del trabajador al empleador, la ausencia de un contrato de trabajo formal, manifestaciones "primitivas" de protesta social, características de las relaciones laborales tradicionales, desaparecieron con la revolución industrial. Así, el empresariado se vio necesitado de difundir una nueva cultural industrial, fundamental para garantizar la "paz social" y la buena marcha de la industria, en un contexto de surgimiento de nuevas ideologías, crisis económica, creciente proletarización y movilidad laboral. Prioritario en ello era lograr el consentimiento individual y colectivo a los objetivos de la producción industrial, para lo cual debía generar incentivos a la producción (como aumento de salarios y promoción), garantizar condiciones laborales básicas y crear un sistema de negociación que resolviera institucionalmente los conflictos laborales29.

En un contexto de explotación creciente de la mano de obra, un elemento central fue garantizar la mayor permanencia de los trabajadores en sus lugares de trabajo, así como hacer que esa permanencia fuera continua. En un inicio, frente a la ausencia de medidas legales protectoras, las relaciones laborales se regulaban de una manera libre y voluntaria entre las partes: de ello se derivaba que las modalidades de pago, jornadas de trabajo y funciones al interior de la unidad productiva se caracterizaran por ser muy variadas.

Enfrentados a esa realidad los trabajadores tenían que responder con medidas poco institucionalizadas como el "San Lunes", que les permitía retomar el control sobre su tiempo _y no sólo el trabajo_, "robando" días no trabajados en la semana que les renovaba sus energías, pero lo más importante, que les permitía retomar el control sobre sus vidas. Es cierto que muchas de las ausencias _siguiendo la versión patronal_ se debían a lo extendido que se encontraba el alcoholismo en la población trabajadora, por lo cual la no concurrencia al trabajo se veía como la manifestación económica del vicio y el pecado. Sin embargo, y aunque parezca paradojal, en un mercado de mano de obra liberalizado los trabajadores tenían incentivos para trabajar dependiendo si el dinero obtenido por cada día _u otra unidad de medida_ laborado les alcanzaba para vivir, por lo que se deduce, que en determinados contextos de sobreoferta de trabajo, se podía faltar algún día a la faena sin perjudicar la fuente laboral misma y sin ver reducidos sus ingresos para sobrevivir. A medida que el mismo trabajo se fue normando, con nuevas modalidades de producción y desarrollo tecnológico, junto con la legislación laboral, o producto de crisis económicas _como la salitrera_ la posibilidad de seguir practicando el "San Lunes" se hizo más difícil. Al garantizar los días feriados y jornadas laborales reducidas no se justificaba seguir faltando el día lunes y se podía apelar a un mandato contractual para castigar aquella práctica. Racionalidad productiva y marco legal regulatorio iban de la mano en relación con el trabajo.

Uno de los primeros proyectos tendientes a regular la jornada de trabajo y el descanso dominical fue el proyecto presentado al Congreso por Malaquías Concha en 1901. Como principios generales se prohibía emplear a niños menores de 12 años en manufacturas, fábricas, minas, canteras y otros trabajos peligrosos, aunque se consideraban en el proyecto algunas excepciones. Los mayores de 12 años y menores de 16 podían ser empleados en la industria a cambio que su jornada de trabajo no durara más de 8 horas, no trabajaran de noche, ni los domingos y festivos. Iguales prohibiciones corrían para las niñas mayores de 16 años y menores de 21. Entre algunas reglamentaciones generales de trabajo, establecía la jornada laboral de 10 horas, el descanso dominical, y el pago semanal de moneda de curso forzoso, quedando prohibidas las multas, las retenciones y los embargos de los salarios.

En el artículo 15 del referido proyecto se establecía: "El día domingo está destinado al descanso, y sólo sería permitido trabajar en él en aquellas industrias que por su naturaleza exigen una explotación no interrumpida. Con todo, un domingo por medio quedará libre el obrero para su descanso"30.

Los diputados Juan Enrique Concha y Armando Quezada en su informe del proyecto, al referirse al artículo antes aludido, aceptaron el descanso dominical "por razones demasiado conocidas y de casi todos aceptadas". No así la limitación a diez horas de la jornada de trabajo, porque atentaba contra la libertad de trabajo y porque "las clases trabajadoras han progresado lo bastante en todo el mundo para que, sin necesidad de prescripciones de la ley, hayan hecho aceptar en todas partes condiciones de trabajo más humanas y convenientes"31.

En 1904, y mientras se discutía un proyecto sobre descanso dominical presentados por los diputados Ramón Carballo y Ramón Corbalán, el diputado Manuel Salas Lavaqui expresaba el espíritu de conciliación con que había sido aprobado por la comisión: "Este proyecto, tal como lo ha aprobado la Comisión, es de sencillísimo despacho, porque es el resultado de una transacción entre las diferentes tendencias que dividían o separaban las opiniones, y la prueba de lo que digo la encontrará la Cámara en el hecho de que haya sido suscrito por la unanimidad de los miembros de la Comisión, en la cual están representados todos los partidos"32.

Sin embargo, en la sesión del 26 de noviembre de 1904, el proyecto será rechazado por el diputado Eduardo Suárez Mujica.

Dos aspectos serán centrales a la hora de la discusión del proyecto de descanso dominical reiniciada en 1907. Nuevamente estarán presentes, por una parte, los grados de control empresarial sobre una población que se veía como independiente y hasta cierto punto rebelde al trabajo compulsivo, y por otra, la necesidad de precisar a qué sectores realmente beneficiaría la ley.

En su discusión general el proyecto tuvo la oposición del diputado radical Suárez Mujica, el mismo que se había opuesto en 1904. Su postura se sustentaba en el hecho que los obreros de nuestro país descansaban lo suficiente por la costumbre _según decía_ de faltar el día lunes a sus labores, con lo que la aprobación del proyecto de ley sólo incentivaría el ocio y los vicios33.

En su exposición el diputado Malaquías Concha sentó el siguiente principio, que será importante a la hora de aprobar el proyecto: "no hay hoy día un solo país civilizado que no haya establecido el descanso dominical, no como una cuestión religiosa, no como una cuestión de santificar el día domingo, sino como una cuestión meramente fisiológica: la necesidad de dar al organismo humano el descanso indispensable para reparar las fuerzas físicas a fin de que pueda ejercitar las funciones que le corresponde, ya sea en el seno de la familia o en el seno de la sociedad"34.

Respecto al hecho de que esta ley fomentaría el ocio y los vicios, Concha señaló lo siguiente: "Por cada ciento que hacen esto, hay mil, dos mil y más obreros que llenan sus tareas, que son hombres pacíficos y sobrios, que dedican el domingo a estar con sus familias y educar a sus hijos, y que no se emborrachan en las tabernas"35.

Los mismos comerciantes no estuvieron al margen de la discusión de la ley de descanso dominical, manifestándose muchos partidarios de su aprobación. En una comunicación leída por el diputado Malaquías Concha, los comerciantes de Valparaíso expresaban su opinión a la Cámara: "Los infraescritos, comerciantes de la plaza de Valparaíso, haciendo uso del derecho concedido por la Constitución Política de la República, a la Honorable Cámara con todo respeto exponen: Que, en vista del informe emitido por la Comisión de Legislación y Justicia en el proyecto de ley sobre descanso dominical, y entendiendo que el comercio en general puede y debe dedicar el día domingo a ese descanso tan necesario y útil al organismo humano; a la Honorable Cámara suplican respetuosamente se digne disponer que para el comercio sea obligatorio la clausura de sus establecimientos y el reposo de sus empleados el día domingo"36.

La ley, para muchos, se imponía más bien como una manera de ratificar una práctica que se daba de hecho, es decir, para ordenarla legalmente. El diputado Ramón Corbalán señalaba al respecto: "Estoy de acuerdo con el honorable diputado por Vallenar en que esta ley no es una necesidad imperiosa en Chile; no es reclamada, como en otras partes, en que hay coerción para hacer trabajar al obrero más horas o más días de los que conviene. Pero, en fin, como doctrina, como medio de ir poco a poco introduciendo en nuestro funcionamiento regular, las disposiciones de esta institución, aceptaré el proyecto"37.

De esta manera se aprobó la ley 1.990, conocida como de Descanso Dominical, en respuesta a una necesidad manifiesta, aunque adaptándola a la realidad. De partida el descanso dominical era obligatorio e irrenunciable sólo para los menores de 16 años y para las mujeres, y un beneficio para aquellos que no hubiesen faltado ni un solo día hábil de la semana.

Se exceptuaban del beneficio dominical aquellas actividades destinadas a reparaciones, que exijan continuidad o fueran necesarias para la buena marcha de la empresa. Sin embargo, se daría en estos casos un día irrenunciable cada dos semanas.

Se establecían multas en caso de violación a la ley y la denuncia podía ser hecha por cualquier particular. Por último, se consagraban legalmente como día de descanso el 1 de enero, el 18 y 19 de septiembre, y el 25 de diciembre38.

Distintas disposiciones legales entre 1912 y 1917 (la ley de protección a la infancia desvalida de 1912, la ley de la silla de 1914, y la ley de sala cuna de 1917) avanzaron en la protección de niños y mujeres trabajadoras, regulando la jornada de trabajo.

En junio de 1919 el Ministerio del Interior nombró una Comisión Especial de Legislación Social, constituida por cinco miembros de la Alianza Liberal, la que se encargó de elaborar una serie de proyectos sobre legislación laboral y la creación de un Ministerio del Trabajo y de Previsión Social. El resultado de esta comisión fue la presentación al Congreso de un proyecto que creaba dicho ministerio, otro sobre jornada máxima de trabajo y uno que regulaba el trabajo de mujeres y niños39.

A fines de 1919 se llevaron a cabo las convenciones del Partido Liberal y Radical. El Partido Liberal estaba deseoso de renovar sus esfuerzos por definir un programa social que fuera expresión de su nueva cara doctrinaria, especialmente cuando el Partido Conservador había hecho lo propio. Un hecho sintomático es que en esta Convención de 1919 tuvo una destacada participación Moisés Poblete, quien habría redactado su declaración de principios, y sería el autor del proyecto de Código del Trabajo de la Alianza Liberal de 1921.

Por su parte, el Partido Radical en su Convención de 1919 declaró en materia social la necesidad de una legislación que regulara las relaciones entre el capital y el trabajo, a través del establecimiento de un salario mínimo, la protección del trabajo infantil y femenino, y la promoción de sindicatos patronales y de obreros40.

Sin embargo fue el Partido Conservador quien se adelantó en presentar un proyecto de Código Laboral. Éste contemplaba tres aspectos: mejoramiento en las condiciones de trabajo, la formación de sindicatos y el establecimiento de mecanismos de conciliación y arbitraje. En relación con la jornada laboral establecía las 48 horas semanales (artículo N° 2), sin hacer referencia directa a las 8 horas diarias, aunque se entendía que era en una jornada semanal de seis días: "Con todo los obreros podrán estipular, por salarios complementarios, mayor número de horas de trabajo, con tal que no excedan de doce y que estén interrumpidas por un descanso de no menos de diez, entre una y otra jornada. En casos fortuitos se podrá estipular accidentalmente más de doce horas de trabajo por una remuneración convenida"41.

Se prohibía el trabajo a los menores de 12 años, aunque aquellos de doce a 14 podrían ser contratados sólo por 6 horas diarias en la industria y 8 en el comercio (artículo N°4). Además, prohibía el trabajo nocturno de mujeres y niños menores de 14 años.

Su discusión aplazada ese año por la aprobación de la ley de instrucción primaria obligatoria comenzará en agosto de 1920. Su principal defensor fue Juan Enrique Concha, el mismo que inició la política social del partido y al cual se le reconocería más tarde la autoría del proyecto.

El 11 de noviembre de 1920 fue aprobado el proyecto de Código Laboral del Partido Conservador en su trámite general. Inmediatamente se inició su discusión particular. Un aspecto que movió el interés de los senadores fue la disposición que establecía las 48 horas semanales de trabajo (artículo 2 del proyecto original), cuestión que para el senador Malaquías Concha era contradictoria con las disposiciones de los siguientes incisos del mismo artículo, en orden a permitir en casos especiales extender la jornada laboral a 12 o más horas. En respuesta el senador Juan Enrique Concha precisó el espíritu de aquella disposición: "El obrero deberá trabajar durante cuarenta y ocho horas semanales, o sea, a razón de ocho horas diarias; pero como en la práctica no trabaja el día lunes y aún el martes, en los días restantes podrá trabajar el número de horas necesario para completar cuarenta y ocho horas semanales, fórmula que, por lo demás, es igual a la adoptada en las conferencias de Washington y en el Tratado de la Liga de las Naciones"42.

En abril de 1920 los partidos de la Alianza Liberal se reunieron en una convención para designar su candidato para la próxima elección presidencial, resultando electo Arturo Alessandri por sobre Heliodoro Yáñez.

En su discurso de aceptación Alessandri estableció los principales lineamientos de su campaña electoral, además de los puntos programáticos que llevaría a la práctica de ser electo Presidente de la República. Reiteró su compromiso con las libertades públicas, la necesidad de un gobierno fuerte, mostrándose dispuesto a cambiar la Constitución de la República. Sin embargo, un aspecto destacable fue su apoyo a la dictación de una legislación social que reglamentara "las relaciones entre el capital y el trabajo": "De un extremo a otro del universo surge una exigencia perentoria, reconocida por todos los pensadores y por los más eminentes estadistas, en orden a resolver con criterio de estricta justicia y equidad los derechos que reclama el proletariado en nombre de la solidaridad, del orden y la convivencia social"43.

Reconociendo el papel del proletariado en la organización industrial moderna, reafirmó la obligación del Estado de velar por su protección: "El progreso económico de los pueblos, que es la atención preferente de todo Gobierno racionalmente organizado, es la resultante precisa del esfuerzo personal del individuo y del capital que utiliza y remunera su esfuerzo. En consecuencia, si el proletariado que representa el músculo, el vigor, el esfuerzo inteligente en el inmenso laboratorio económico donde se genera la riqueza de los países, es un factor eficiente y necesario del progreso, debe ser atendido, protegido y amparado. Hay para ello razones morales, de justicia y razones materiales de convivencia"44.

Enfrentado el país a conflictos que como la huelga carbonífera, señaló la necesidad de una acción más enérgica del gobierno a través de normas que conjuraran tal peligro, especialmente como la ley de arbitraje obligatorio.

Para ello proponía una serie de medidas, entre las que se encontraban el mejoramiento de las habitaciones obreras, haciéndolas cómodas, higiénicas y baratas; velar por una remuneración que satisfaga las necesidades más vitales; protección frente a los accidentes del trabajo, las enfermedades y la vejez; protección a mujeres y niños; además de la creación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En julio de 1921, la Alianza Liberal presentó su propio proyecto de Código Laboral a la Cámara de Diputados. Éste contemplaba más de seiscientos artículos que abarcaban materias como las condiciones de trabajo, contratos individuales y colectivos, sindicatos y mecanismos de conciliación y arbitraje45.

En materia de jornada y condiciones laborales incorporaba los principios discutidos largamente en nuestro país y aquellos de la Primera Conferencia Internacional del Trabajo de 1919. Aquellos aspectos aparecían en el Libro Segundo titulado "De la Reglamentación del Trabajo".

Con respecto a la edad mínima de admisión se prohibía cualquier trabajo remunerado o no de los niños menores de 14 años, exceptuando "aquellos trabajos en que sólo se emplean los miembros de una misma familia", y el trabajo de alumnos de las Escuelas Profesionales (artículo N°140). Además, se prohibía el trabajo de los mayores de 14 años y menores de 18 que no hubiesen completado su instrucción primaria elemental (artículo N°141). Por último, como aspecto importante, prohibía el trabajo nocturno de mujeres y menores de 18 años (artículo N°190).

En relación con la duración de la jornada de trabajo se establecía la jornada diaria de 8 horas y la semanal de 48 (artículo N°149): "Sin embargo, un decreto del Presidente de la República, previo acuerdo celebrado entre la mayoría de los jefes de una empresa y la mayoría de los trabajadores pertenecientes a la industria, podrá establecer el descanso después del medio día del sábado; en este caso, podrá excederse del límite de las 8 horas en el resto de los días de la semana, hasta enterar el total de 48 horas"46.

La ley N° 4.053 conocida como "Contrato de Trabajo", y aprobada el 8 de septiembre de 1924, junto con otras leyes, por efecto de un movimiento militar, reguló aquellos aspectos referidos a reglamentación del trabajo y limitaciones que afectaban a mujeres y niños. En cuanto a la duración de la jornada de trabajo se reafirmaba el principio dispuesto tanto en el proyecto conservador como liberal, estableciendo la jornada diaria de 8 horas y la semanal de 48. Como excepción se establecía la negociación entre trabajadores y empresarios con el fin de establecer el descanso del medio día del sábado (contenido en el proyecto liberal), con lo cual se podía extender la jornada, y en caso de accidente, reparación o caso fortuito donde no se podía detener la marcha de la industria (contenido en el proyecto conservador). Pese a lo anterior, la jornada de trabajo no podía exceder las 10 horas e interrumpidas por un descanso no menor de 10 horas entre una y otra jornada.

En cuanto a la prohibición del trabajo de menores, se estableció la edad mínima de 18 años para ofrecer libremente la prestación de sus servicios. Para los menores de 18 y mayores de 14 se exigía una autorización expresa del padre o de la madre, de los abuelos si no los tuviera o persona o institución que estuviera a su cargo, siendo admitidos en trabajos acordes con su edad y por un máximo de 8 horas diarias. Hacía una salvedad para los niños mayores de 12 años y menores de 14`"que hubieran cumplido con la obligación escolar, podrán ser admitidos en los trabajos que determine el reglamento". Sin duda que todas las anteriores restricciones al trabajo de menores se enmarcaban más en los principios aprobados por las Convenciones del Trabajo de la OIT que a los principios de los proyectos conservador y liberal, en cuanto éstos eran más permisivos. En relación con la prohibición del trabajo nocturno de los menores se hizo una mediación entre el proyecto conservador _que establecía la prohibición en los 14 años_ y el liberal _que la establecía en los 18_, estableciendo el límite en los 16 años. El artículo N°32 hacía una referencia explícita a las mujeres de cualquier edad, las cuales no podrían ser ocupadas en trabajos mineros subterráneos ni en faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o peligrosas.

En 1925, durante la visita de Mr. Albert Thomas, Director de la OIT, Chile ratificó las Convenciones Internacionales del Trabajo _especialmente la de 1919_. Así, en agosto de aquel año, a través de los respectivos decretos, se reconoció la jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales, la edad mínima de 14 años para trabajos industriales, la prohibición del trabajo nocturno de niños y mujeres, así como el derecho de asociación de los trabajadores, incluidos los trabajadores agrícolas. De esta forma nuestro país se integraba al selecto grupo de naciones que había ratificado los convenios del trabajo, poniendo fin a una primera etapa caracterizada por la discusión sobre los alcances de la naciente legislación, los órganos llamados a fiscalizar su cumplimiento y los derechos involucrados en la relación capital-trabajo.

A partir de 1925 se inicia otra etapa en la formulación y aplicación de la legislación social en Chile. La primera etapa de ilusión acerca del poder civilizador de la ley, con la consiguiente paz y progreso que traería, dio paso a una etapa de puesta en práctica, bajo un contexto de fuerte sindicalización de los trabajadores y populismo-castrense no exento de crisis políticas, que finalizó con la aprobación del Código Laboral de 1931.

V. CONCLUSIONES

Hoy día el tema del tiempo de trabajo ha vuelto a tener importancia. Discusiones en torno a la flexibilización laboral reflejan la centralidad que todavía tiene el trabajo _pese al discurso contrario_ en la organización de nuestras vidas. La tendencia histórica de reducción de la jornada laboral ha dado paso a la reorganización del tiempo trabajado, para responder a necesidades nuevas en la utilización del tiempo productivo y de descanso, facilitar la incorporación de otros sectores al mercado laboral, así como adaptarse a requerimientos tecnológicos impensados hace medio siglo atrás. También _por qué negarlo_ algunos sectores reclaman por la pérdida del estatuto jurídico del trabajo y de sujeto asalariado que conlleva aquel proceso de flexibilización.

Lo que nos interesa destacar es que el movimiento de justicia social que hizo suyo las demandas por reducción de la jornada de trabajo y el establecimiento del descanso dominical, se fue _más temprano que tarde_ complementando con la racionalización productiva que suponía el desarrollo del capitalismo. El empresario comenzó a necesitar sujetos más funcionales a la producción industrial, con una mayor eficiencia y compromiso laboral, por lo que el mejoramiento de las condiciones de trabajo puede ser entendido como fundamental en la construcción de un nuevo sistema de relaciones laborales, que suponía derechos laborales, pero también deberes con la productividad.

Por lo tanto, las leyes sociales que se fueron aprobando a partir de 1907, sobre descanso dominical y reducción de la jornada de trabajo, son expresión de las demandas obreras por el mejoramiento de las condiciones laborales, pero también la concesión que los sectores dirigentes (políticos y empresarios) estaban dispuestos a ofrecer a cambio de un mayor compromiso con la producción industrial.

No cabe duda que esta problemática en torno a la organización del tiempo trabajado ha cambiado. A partir de las últimas décadas, en pleno proceso de globalización, la demanda de la reducción de la jornada laboral ha sufrido un doble traspié: en algunos aspectos se ha revertido por la tendencia de algunos países de liberalizar el mercado de trabajo, haciendo que las personas estén dispuestas a trabajar más tiempo para obtener ingresos extras; pero también se ha confundido por las políticas de flexibilización laboral, que bajo la instauración de la jornada parcial, se busca instaurar _para algunos_ el empleo parcial o subempleo. De qué manera se resolverá tal disyuntiva, entre el proceso de reversión ya señalado o el de confusión que supone la flexibilización laboral está por verse.

 

NOTAS

1 Para una visión general de la evolución de la jornada laboral en Europa y Norteamérica, así como las demandas del movimiento obrero en, Ramón Jáuregui, Francisco Egea y Javier de la Puerta, El tiempo que vivimos y el reparto del trabajo (Barcelona, Editorial Paidos, 1998), pp. 165 a 197.         [ Links ]

2 Ibíd., p. 177.

3 Ibíd.

4 Jean-Michel Bonvin, L' Organisation internacionale du travail (París, Puf, 1998).         [ Links ]

5 Sobre la relación de la OIT con nuestro país a comienzos del siglo XX, ver, Juan Carlos Yáñez, Chile y la Organización Internacional del Trabajo (1919 - 1925). Hacia una Legislación Social Universal, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 22 (2000), pp. 317 - 332.         [ Links ]

6 Sergio Grez, De la `regeneración del pueblo' a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810 - 1890) (Santiago, Ediciones Dibam, 1997).         [ Links ]

7 Hernán Ramírez, Historia del movimiento obrero. Antecedentes. Siglo XIX (Santiago, Editorial Austral, 1956), p. 247.         [ Links ]

8 Para el desarrollo de esta idea Juan Carlos Yáñez, Discurso revolucionario y práctica de conciliación. Notas sobre el movimiento popular-obrero: 1887 - 1924, Santiago, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia 112 (2003), pp. 325 - 367.         [ Links ]

9 El Trabajo, Iquique, 23 de febrero de 1902.

10 Ibíd.

11 Aparte del proyecto laboral presentado a la Cámara de Diputados en 1901, Malaquías Concha había luchado por eliminar el sistema de fichas como forma de pago en las salitreras.

12 La cuestión social II, en La Claridad del Día, La Unión, 4 de diciembre de 1904.

13 Democracia y socialismo II, en La Reforma, Santiago, 28 de diciembre de 1907.

14 El texto completo en Fernando Ortiz, El movimiento obrero en Chile (1891 - 1919) (Madrid, Ediciones Michay, 1985), pp. 303 - 308.         [ Links ]

15 Ibíd., p. 304.

16 Ver, por ejemplo, La Defensa Obrera, Valparaíso, 30 de enero de 1915.

17 El Mercurio, Santiago, 28 de agosto de 1919.

18 Citado por Jorge Barría, Los movimientos sociales de Chile desde 1910 hasta 1926 (Aspecto político y social) (Santiago, Editorial Universitaria, 1960), p. 122.         [ Links ]

19 Jorge Barría, Los movimientos, op. cit., pp. 132 - 136. Lamentablemente este autor no hace ninguna referencia al proyecto de Cámara del Trabajo.

20 El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 7 de enero de 1921.

21 Sobre el primer punto, ver Juan Carlos Yáñez, Estado, consenso y crisis social. El espacio público en Chile: 1900 - 1920 (Tesis de magíster en Historia de Chile, Universidad de Santiago, 1999);         [ Links ] y sobre el segundo aspecto, El mismo, Chile y la Organización Internacional del Trabajo (1919 - 1925), op. cit.

22 El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 1 de marzo de 1921.

23 El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 5 de marzo de 1921.

24 Ibíd.

25 La Federación Obrera, Santiago, 21 de agosto de 1921.

26 Ibíd.

27 Ibíd.

28 Ibíd.

29 P. Saly, Industrialisation et sociétés (París, Atlante, 1998), p. 212.         [ Links ]

30 Boletín de la Sofofa, N°1, Santiago, 1 de enero de 1903.

31 Ibíd.

32 Cámara de Diputados, sesión de 18 de noviembre de 1904.

33 Cámara de Diputados, sesión del 14 de junio de 1907.

34 Ibíd.

35 Ibíd.

36 Ibíd.

37 Ibíd.

38 Esta ley, pese a sus avances, presentó tantos vacíos que tuvo que ser reformada en 1917.

39 Archivo Nacional, Dirección General del Trabajo, Vol. 67, Comunicaciones Enviadas (1921).

40 Programa del Partido Radical (Santiago, Editorial Numen, 1920), pp. 5 a 11.

41 Cámara del Senado, sesión del 2 de junio de 1919.

42 Cámara del Senado, sesión del 11 de noviembre de 1920.

43 Arturo Alessandri, Recuerdos de Gobierno (Santiago, Editorial Universitaria, 1952), I, p. 434.         [ Links ]

44 Ibíd.

45 El texto completo se encuentra en el Boletín de la Oficina del Trabajo, N° 17, Santiago, 1921.

46 Ibíd., p. 59.